miércoles, 13 de junio de 2012

Los bancos pequeños en apuros tendrán que quebrar para que salgan el resto adelante


BRUSELAS.- La Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado el pasado fin de semana que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.

   "No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.
   Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.
   Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.
   "Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.
   La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".
   Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.
   "Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.

Almunia, de acuerdo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de  Competencia, Joaquín Almunia, ha apostado también por una liquidación ordenada de entidades financieras no viables y ha considerado que es una opción normal que ya ha sido adoptada por diferentes países europeos.
   El vicepresidente de la CE ha señalado que es "lógico" que se opte por una liquidación ordenada cuando el coste de reestructurarla y vender sus activos es superior. "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza" ante este tipo de medidas, ha recalcado.
   "Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos, de distribuirlos entre otras partes del sector financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos", ha concretado.

El TSJ no admite el recurso de súplica contra la orden de ingreso en prisión del exalcalde de Totana

MURCIA.-   La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha desestimado el recurso de súplica que presentó el abogado José María Caballero contra la orden de ingreso en prisión del exalcalde de Totana y exdiputado, Juan Morales, ordenada el pasado 30 de mayo por la Sala.

   Entiende la Sala, según se desprende del auto dictado este martes, que no existe tal vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión, y el derecho a la libertad, como defiende el letrado Caballero.
   Apunta, en este sentido, que "no existe concreción alguna de cómo se ha producido la imaginaria falta de tutela efectiva, a un proceso con todas las garantías y a la no indefensión, así como el derecho a la libertad en relación con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
   Juan Morales, en opinión de los magistrados Juan Martínez Moya --como presidente-- y Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, "ha disfrutado en el proceso seguido contra él de la defensa contradictoria, como de la audiencia bilateral, de la motivación de las resoluciones judicial e incluso logró, a petición suya, la nulidad de las escuchas telefónicas por violación del juez natural predeterminado por la ley".
   Considera que ha tenido un proceso "supergarantista" más que un proceso "raquítico y esquemático guiado únicamente por la rapidez inusitada que pudiera cercenar o laminar algún derecho de los que estaban siendo sometidos a enjuiciamiento".
   En lo que respecta a la presumible indefensión que alega el abogado defensor, la Sala advierte que "nada de ello ocurre en el presente supuesto, pues no se encuentra en situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él con abogado desde la primera declaración como imputado y durante todo el curso del procedimiento, tanto en la fase declarativa como en la ejecutoria".
   Por ello, la Sala expresa su sorpresa por esta alegación, más aún cuando la sentencia "es firme y en ella el Tribunal ya le impuso la pena de prisión de dos años a Morales".
   Y es que, continúa el auto, la ejecución de las sentencias en sus propios términos "forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, ya que en caso contrario, las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna".
   De esta forma, tacha de "erróneas" las afirmaciones vertidas en el escrito de recurso, por "no ajustarse a la realidad ni a la verdad de los hechos ocurridos en el supuesto enjuiciado".
   Lo que sucede, recuerda, es que Morales "utilizando el cargo público en beneficio propio, centralizó todas las actuaciones urbanísticas del municipio de Totana, quedando la tramitación de los convenios urbanísticos supeditada al interés particular del mismo y su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos".
   En concreto, cifra en 15,4 millones de euros la cantidad de dinero con la que pretendía enriquecerse. A esto hay que unir el hecho de que se trataba de un alcalde en el ejercicio de sus funciones, "con una premeditación y un plan preconcebido, viéndose inmerso en la comisión de delito continuado de cohecho y malversación, vulnerando bienes jurídicos protegidos que son los que cumplen la función social relevante al constituir un atentado contra el Estado de Derecho".
   Se suma a esta cuestión la preocupación, desde todos los ámbitos de la sociedad, según la Sala, "que la corrupción en Europa frena la estabilidad económica", haciendo referencia a un comunicado que emitió el pasado día 6 la Organización Transparency Internacional, sostenida por la Comisión Europea, en el que "ve que se está gestando una unión entre dinero, política y poder, necesitando Europa una mayor transparencia para resolver la crisis".
   En este informe se cita el caso explícito de España que, junto a Grecia, Italia y Portugal, "al advertir que esas disfunciones ponen en peligro la estabilidad económica, anunciando enormes déficits públicos que son prueba de ineficacia y de malas prácticas de corrupción".
   Concluye la Sala en sus Fundamentos de Derecho justificando que este recurso debe ser desestimado porque el auto que dictó de ingreso en prisión de Morales "es ajustado a Derecho".

Arias Cañete quiere recuperar el "espíritu" del Plan Hidrológico de 2001

TOLEDO.- El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.
   Igualmente, ha avanzado que será "de larga duración" y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice sus objetivos".
   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar "obras faraónicas para trasvasar agua", a planificar e iniciar, que no finalizar, "obras faraónicas para desalar agua".
   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.
   "Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura", ha agregado.
   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.
   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.
   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.
   "La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo", ha añadido.
   Con ello, ha indicado que este "importante reto" ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos "lo antes posible".
   De hecho, ha puntualizado que el avance "más significativo" en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
   "El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia - Costa, Tinto - Odiel - Piedras, Guadalete - Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño - Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros", ha finalizado.
   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.
   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.
   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de 'La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río', y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país "hacer lo contrario". En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.
   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. "Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara", le ha advertido.
   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. "Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta", ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. "La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase", agrega.

Todas las Cajas de Ahorro que operen en Murcia tendrán que destinar un porcentaje a su Obra Social

CARTAGENA.- La Asamblea Regional de Murcia ha decidido modificar de la Ley 371998 de Cajas de Ahorro de la Región de Murcia, una propuesta formulada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, que determina, entre otras cuestiones, que todas las Cajas de Ahorros que operen en la Región de Murcia tengan que destinar un porcentaje a Obra Social.

   En este sentido, el diputado del PSOE, Alfonso Navarro, ha dicho que "de esta forma se modifica la estructura de las cajas", y que esta modificación "contempla cuarenta artículos" atendiendo "a la normativa estatal", lo que supondrá "que las cajas que tengan o no su razón social en la Región de Murcia, pero que operen aquí, tengan que destinar una cantidad de depósitos a su Obra Social", aunque ha matizado que esa cantidad "no se cuantifica".
   Navarro ha indicado también que de esta forma "se profesionalizan los órganos de Gobierno", y también que "se garantiza la capitalización de las cajas a través de cuotas participativas".
   Por su parte, el diputado Popular, Fernando López Miras, ha indicado en su intervención que de esta manera "se fortalecen las Cajas de Ahorro", y que éstas tendrán ahora "capacidad de emitir cuotas participativas con derecho a voto".
   Y además, ha dicho que "ahora se menciona en la modificación la honorabilidad y prestigio reconocido de quienes accedan a los órganos de Gobierno de las Cajas".
   Se trata pues de "profesionalizar su gestión" y así las cajas serán ahora "fundaciones de carácter especial", pues "resulta necesaria la adaptación a la nueva legislación".
   También ha indicado que "se dota de más transparencia a las cajas" y que "quien vota en contra de esta modificación, vota en contra de la profesionalización de órganos de las Cajas de Ahorro".
   De igual forma, ha aludido a quienes acceden a los altos cargos de las cajas, diciendo que "ahora deberán demostrar cinco años de experiencia en alta dirección y en cargos de análoga dimensión", y que se vigilarán "las incompatibilidades del cargo y la regulación de las dietas".  
   Por contra, para el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, José Antonio Pujante, esta modificación impulsada por los Grupos Popular y Socialista, "resta transparencia y control democrático a las Cajas de Ahorro". Renunciando con ello "al su carácter público".
   Por ello, ha continuado diciendo, "vamos a votar en contra", ya que "significa la privatización de las cajas" y que "conocemos el ejemplo de Bankia, anunciando beneficios y poco después pérdidas de 23 mil millones de euros".
   "No estamos de acuerdo con la socialización de las pérdidas", ha dicho Pujante, a lo que ha añadido que "nos parece poco democrática la forma de tramitación por lectura única de esta modificación", ya que "se trata del fin de la función social de las cajas".

Simulacro universitario en la UCAM

MURCIA.- El obispo de Callao (Perú) y nuevo doctor por la UCAM, monseñor José Luis del Palacio, encargado de impartir el discurso en representación del resto de Doctores, ha destacado que la educación de los jóvenes "es el progreso y la renovación del mundo, porque son la mayor riqueza social con la que contamos".

   Durante la celebración este miércoles, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de la festividad de su patrón, San Antonio de Padua, se ha distinguido a aquellos profesores que han sido Doctores por la Universidad, a los Catedráticos, y a los Directores de Cátedras y Escuelas.
   En su discurso, monseñor José Luis del Palacio ha incidido en la necesidad de seguir investigando. "En este trípode en el que se apoya la Universidad Católica San Antonio, la docencia, la investigación y la evangelización, es un don de Dios, y gracias a este trípode hemos podido ser doctores. La cultura hace más hombre al hombre".
   Así, ha recalcado que las sociedades "no se transforman por las revoluciones, sino por el testimonio de los maestros".
 "La educación de los jóvenes es el progreso y la renovación del mundo, porque son la mayor riqueza social con la que contamos. Es decir, los educadores son los pilares de una nación", ha aseverado.
   Tras la celebración de la Eucaristía, presidida por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, y concelebrada por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, y el obispo de Callao (Perú), monseñor José Luis del Palacio, ha tenido lugar el solemne Acto Académico.
   El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, ha presidido el acto acompañado por el obispo de Cartagena; el arzobispo de Zaragoza; el obispo de Callao; por la rectora de la UCAM, Josefina García Lozano; y el rector honorario, Antonio Montoro, según fuentes de la institución docente.
   Durante su homilía, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, ha resaltado el hecho de que la Fundación San Antonio de Padua haya creado la Universidad Católica de Murcia, "que tiene la misma vocación que su patrono, San Antonio de Padua".
   Del mismo modo, monseñor Ureña ha dedicado parte de su Homilía al concepto de Razón. "Una universidad se mueve constantemente dentro del ámbito de la Razón. La Iglesia no tiene miedo a la Razón, siempre que se mantenga dentro de sus límites", ha asegurado el arzobispo de Zaragoza, que además ha añadido que la UCAM "tiene que ser centinela de la Razón".
   Del mismo modo, durante el acto académico también ha intervenido el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, quien ha mostrado su felicitación a la Universidad por la celebración de su Patrón, y ha asegurado que "el recorrido histórico de la UCAM es breve, pero las posibilidades son eternas".
   El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, ha señalado la calidad como pilar de la institución, "docencia e investigación de calidad deben de ir unidas", y ha afirmado que "si queremos ofrecer una enseñanza de calidad, tenemos que mantener una buena relación con nuestros alumnos".
   Para concluir, Mendoza ha asegurado que la Universidad "está llamada a generar sabiduría y conocimiento, a ser instrumento de bien y concordia, y estímulo y fortaleza".

Banco Mare Nostrum condenado en Barcelona y Tarragona

BARCELONA.- El Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona ha declarado la nulidad de un contrato de permuta financiera de tipos de interés que el Banco Mare Nostrum le vendió a una pequeña empresa. La entidad financiera tendrá que devolver a su cliente 25.046 euros. El collar fue colocado tras suscribir un préstamo hipotecario. El cliente, sin estudios superiores ni conocimientos en materia financiera, es considerado minorista según la clasificación de la normativa MIFID, y así publica el último Boletín de la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros.

La sentencia afirma que el afectado mantenía una relación de confianza –no solo profesional, sino también personal- con el director de la sucursal, por lo que confío plenamente en el ofrecimiento del instrumento financiero. En el Banco le aseguraron que se trataba de un producto seguro, que le protegería frente la subida del Euribor y le podría aportar beneficios.
No quedó acreditado que el cliente fuera debidamente informado de los riesgos que asumía con la contratación del producto. Banco Mare Nostrum incumplió la Ley del Mercado de Valores al no facilitar una información conveniente a su cliente ni asesorarlo teniendo en cuenta el tipo de cliente y su experiencia, para que éste último tomara una decisión con conocimiento de causa.
Tampoco se le informó antes de la firma del contrato del coste de cancelación anticipada. Después de que el cliente registrara varias liquidaciones negativas hasta llegar al importe de 25.046 euros, y tan solo registrar como positiva una de 205 euros, se interesó por la cancelación del Collar, ya que éste solo le estaba proporcionando cuantiosas pérdidas económicas. Fue entonces cuando la entidad crediticia le comunicó que dicho coste de cancelación supondría 18.685 euros.
Y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado también al Banco Mare Nostrum, que tendrá que devolver a su cliente las cantidades resultantes del contrato. La nueva sentencia confirma lo dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Amposta.
Los magistrados fallaron en favor del afectado afirmando que existió error en el consentimiento del cliente, porque la entidad financiera le vendió un producto como si se tratara de una cobertura frente a la subida de los tipos, en un momento en el que se produjo una fuerte caída de los mismos. La sentencia hace hincapié en que el banco no cumplió su deber de información y asesoramiento, ya que no advirtió a su cliente de los riesgos que tendría que asumir si el Euribor bajaba.
De manera que los magistrados consideraron que Banco Mare Nostrum tenía información privilegiada al conocer de alguna forma el comportamiento futuro del Euribor, información que no compartió con su cliente, vendiéndole el instrumento financiero directamente.

El Congreso pide revisar los blindajes de directivos de entidades rescatadas

MADRID.- El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas indemnizaciones ya hayan sido devengadas, caso de Banco Mare Nostrum.

   Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos parlamentarios, se pide al Ejecutivo que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB".
   Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este tipo de operaciones.
   Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.
Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso, CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorro que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.
   En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB".
   Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera"
   El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". 
"Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.
   Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia" sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro.
   También el diputado 'popular' Fernando López-Amor se ha congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.
   A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que, "en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad".
 "Esperamos que en la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido López-Amor.
   Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste, que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la práctica.
   El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades, y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos" de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al sistema.
   En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones".
 "Es ruin que entidades intervenidas con dinero de todos regalen indemnizaciones multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.
   Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no, será una solución en falso", ha advertido.

martes, 12 de junio de 2012

Padre Clemente de Alcudia, capuchino, una vida dedicada a Murcia / Paco Poveda


Vino a Murcia hace más de medio siglo y acaba de morir hace una semana a los 85 años. El capuchino valenciano Clemente de Alcudia era el religioso más antiguo en el Colegio San Buenaventura, de la plaza Circular, donde siempre dió clase en Primaria pero atendía todas aquellas necesidades puntuales que se iban produciendo y él podía solucionar. Era un comodín nada comodón como atestiguan esas ojeras que le caracterizaban desde que le conocí en octubre de 1960 al comenzar a darme clase.

 Pese a su veteranía y entrega, nunca quiso ser rector de la comunidad de padres y hermanos legos desplazados, al principio, desde los conventos de Totana y Orihuela y, por contra, era un excelente relaciones públicas con la sociedad murciana y con los padres y madres de alumnos, a los que solía conocer por su nombre pese al paso del tiempo. Estaba muy implicado con toda la comunidad escolar que se ha ido renovando a lo largo de ese medio siglo. 

Clemente se ordenó sacerdote en Orihuela el 21 de marzo de 1953 llamándose todavía Joaquín Tréscoli Chornet-Marqués. Perteneciente a una pudiente estirpe de la nobleza terrateniente de L'Horta, al sur de Valencia, su familia entregó toda su dote a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos a partir de lo cual Clemente se mantuvo con humildad en la austeridad material sin renunciar a lo básico. Nunca quiso ser trasladado fuera de Murcia y aquí pasó prácticamente toda su vida como religioso y como persona muy incardinada en el vecindario más próximo, al que asistía en diversos órdenes de la vida y del espíritu. Desde el primer año de su ordenación y hasta julio de 2010 ejerció de capellán en la ermita de la pedanía murciana de Santa Cruz aunque también solía oficiar en la de San Antón, en Llano de Brujas. Actualmente solía hacerlo únicamente en el convento de las Capuchinas.

En los últimos tiempos era frecuente verlo, todavía bastante lúcido, por los alrededores del colegio departiendo con los vecinos y ex alumnos, a los que siempre preguntaba por padres y hermanos, que también habían pisado los Capuchinos. Y es que Clemente de Alcudia llevaba ahora mucho tiempo, más dedicado a labores litúrgicas y a visitar enfermos, que a labores educativas aunque era por antonomasia desde siempre el relaciones públicas del centro. Hace pocos meses pude hablar un rato con él, en la esquina del paseo Alfonso X el Sabio,  al interesarse sobre cómo le iba a mis hijos y por el estado de salud de mis ancianos padres.

Desde los años 50 y 60 del siglo pasado, junto al muy prematuramente desaparecido Padre Buenaventura de Orán, Clemente formaba con él un tándem de profesores jóvenes capuchinos incorporados al colegio en la segunda tanda tras la fundación del colegio por el Padre Estanislao, en los años 40, para competir en buena lid con el internado de los Maristas de 'La Merced' y el de los Jesuitas de 'Santo Domingo', en Orihuela.

Clemente de Alcudia fué sepultado hace unos días en el cementerio particular en el huerto del convento-madre de La Magdalena, de los Padres Capuchinos, en la localidad de Massamagrell, al norte de la ciudad de Valencia, donde reposan los restos de otros legendarios capuchinos entregados a la formación humanista y en valores de varias generaciones de murcianos, como Hugolino y Benjamín Piquer, y cuyo rector actual es otro clásico fraile pasado por Murcia, como es el recordado Padre Bernardo, en su momento responsable de disciplina a sus 27 años y con toda la barba.

Hoy se ha celebrado en Murcia una misa funeral en la parroquia capuchina de Nuestra Señora de los Buenos Libros a la que hemos acudido numerosos ex alumnos de bastantes promociones, educados todos bajo el lema 'Ciencia y Virtud' como una impronta grabada para siempre a fuego en nuestras mentes, piel y corazón por personas como Clemente de Alcudia que, con su tránsito, definitivamente cierra todo un ciclo de existencia del Colegio San Buenaventura desde su apertura en 1947, y por el que han pasado otros frailes díficiles de olvidar, como el ya desaparecido Padre Juan Crisóstomo, enterrado en Totana, junto a Ángel de Novelé, los todavía vivos Padre Claudio o Padre Generoso de Javalí, disfrutando de su jubilación en el convento de Alicante junto a Fray Abel, y en Valencia como capellán, el Padre Alberto. 

Fiel a la regla capuchina, Clemente de Alcudia se mezcló con el mundo y nunca se encerró en el convento. Si bien como perteneciente a una orden predicadora nunca pisó la misión capuchina de Valledupar, en Colombia, cambió ese gozo experimentado por algunos de sus hermanos en San Francisco por el de evangelización de los murcianos en vez los indios motilones.

Algunos acudiremos pronto a Massamagrell a pedir la intercesión de Clemente de Alcudia para quedar protegidos en tiempos tan inciertos y turbulentos. 

Gracias y descansa en paz para siempre, amigo y maestro.

Los murcianos pagarán 3.100 millones de los 100.000 millones del rescate a la banca española

MURCIA.-   Los coordinadores de IU-Verdes en la Región, José Antonio Pujante y en el municipio de Murcia, Francisco Muñoz, opinan que el rescate de 100.000 millones de euros, "en principio", a la banca española "no es ni más ni menos que un rescate al Estado español, que asumiremos cada uno de los ciudadanos", lo que supondrá "unos 2.200 euros por persona", extrapolado la cantidad a la Región, "hablaríamos de que los murcianos asumirían una carga de unos 3.100 millones de euros", han asegurado desde la formación de izquierdas.

   Por lo que critican la "nefasta y criminal" gestión de los responsables máximos de las distintas entidades financieras, "una actitud negligente en la que presumiblemente hay estafa y malversación de dinero", aunque sin ninguna alusión directa a Cajamurcia por parte de Pujante.
   En Murcia, Pujante ha recordado el caso de la CAM, "que apostó por Polaris World", así como en parques temáticos como Terra Mítica y otros proyectos como la autopista Cartagena-Vera o el aeropuerto de Corvera, siguiendo sin alusiones directas a Cajamurcia; al tiempo que ha subrayado la responsabilidad política, pues, ha enfatizado, "todos los dirigentes del Consejo de Administración de la CAM eran miembros del PP o nombrados por el partido".
   Según el coordinador regional de IU-Verdes, "el PP no quiere que se sepa la verdad, bajo ningún concepto", por ello la formación de izquierdas ha presentado recientemente una propuesta en la Asamblea para que se investigue todo el sistema financiero de la Región", algo que el grupo parlamentario Popular "ha rechazado"; así como en el Congreso de los Diputados para que se cree una investigación "con el fin de saber la verdad sobre la crisis de la banca".
   Aseguran que la primera medida que se va a adoptar en esas entidades financieras que se acojan al fondo de rescate será una reestructuración bancaria "que obligará indudablemente al cierre de oficinas y a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)".
    Así como que el rescate de la banca española supondrá unos 3.000 millones de euros anuales "sólo de intereses", por lo que Pujante aventura que se producirá una subida del IVA, y la posibilidad, tal como apunta la OCDE, de adecuar la edad de jubilación a las expectativas de vida. Por lo que "nos vamos a jubilar en la antesala de nuestra propia muerte, poco antes de ir al tanatorio", ha ironizado Pujante, "cuando en Francia se ha retrotraído la edad de jubilación a los 60 años".
   "El gran triunfo de la clase trabajadora en el siglo XIX fue precisamente la reducción de la jornada laboral, y el año 36 la introducción de las vacaciones remuneradas, y aunque se dijo que eso iba a ser la hecatombe de la economía, supuso la creación de empleo y de la economía entorno al ocio, tiempo libre y turismo", ha recordado.
   Las medidas que nos esperan son un "retroceso", ha señalado Pujante, quien ha afirmado que "vamos a intentar competir con China, bajando las condiciones laborales; es un auténtico disparate".
   Así las cosas, IU-Verdes opina que el rescate de la banca española no resolverá el problema del país y critica que la banca "tenga todo tipo de ayudas mientras la sanidad, la dependencia y la educación se ven seriamente recortadas".
   Por lo que exigen la comparecencia del presidente Mariano Rajoy como ejercicio de transparencia, "que no huya como un cobarde ante los medios de comunicación" y que dé "todo tipo de explicaciones ante la sede de la soberanía popular".
   Asimismo, ha apostado por la creación de una banca pública, similar al de Dakota del Norte (Estados Unidos), porque "no tiene sentido la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios". Es decir, una banca "eficiente, con rentabilidad, que da beneficios y que invierte solo en la economía productiva", ha explicado en rueda de prensa Pujante.
   También por la intervención del Estado español para que se transforme el Banco Central Europeo (BCE) "como último banco prestamista con capacidad para emitir deuda pública", y la creación de un Tesoro Público Europeo y la consideración de ilegítima de parte de la deuda española.
   Por ello, la formación de izquierdas, que señala que apoyará cualquier movilización que se haga como consecuencia del rescate a la banca española, realizará un acto el próximo jueves, día 14, que se engloba dentro de la campaña federal, para hablar sobre la crisis de la banca, las consecuencias, causas y propuestas de esta formación política "con el fin de que la ciudadanía sea consciente de la situación, se rebele, proteste y se indigne porque a los chorizos negligentes se les inunde de dinero a mansalva, yéndose con cuantiosas pensiones, y sin embargo se recorte en educación y políticas sociales".
   Y es que el presupuesto estatal para Educación en 2012 es de 3.106 millones de euros, y el de Sanidad, 2.309 millones de euros mientras que el rescate a Bankia es 23.465 millones, ha recordado Francisco Muñoz, quien ha lamentado "tanto recorte y presión ejercida estos dos últimos años sobre ciudadanos, que encima no ha dado sus frutos", pues mientras en mayo de 2010 había 4,6 millones de parados con una prima de riesgo de 164, en mayo de 2012 la cifra ascendía a 540 y a 4,7 millones de desempleados.
   El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el edificio Moneo e intervendrán José Francisco Bellod, doctor en Economía y miembro del área de Economía de IU-Verdes y el coordinador regional de la formación y diputado por Murcia, José Antonio Pujante.

Monseñor Ureña vuelve a Murcia por unas horas

MURCIA.- El arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, anteriormente obispo de Cartagena, preside mañana miércoles la eucaristía con motivo de la Festividad de San Antonio de Padua, patrón de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), que concelebrarán el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, y el obispo de Callao (Perú), monseñor José Luis del Palacio. 

   El acto tendrá lugar a las 10.30 horas en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos. Al concluir la ceremonia tendrá lugar el tradicional desfile de doctores y un acto académico presidido por el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza y la rectora, Josefina García Lozano.
   Asimismo, tendrá lugar la entrega de distinciones a distintos miembros de la UCAM, según han informado fuentes de la institución docente.

Murcia lidera el mayor porcentaje de efectos devueltos impagados en abril

MADRID.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma que registró el mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos durante el pasado mes de abril, al situarse en el 5,1 por ciento, lo que supone diez décimas más que la registrada en el conjunto nacional (4,1 por ciento), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados en la Región de Murcia ascendió a 33,1 millones de euros en abril y a 562,2 millones de euros los efectos vencidos.
   El importe medio de los efectos devueltos impagados en la Región de Murcia se elevó a 3.273 euros, superior a la cifra nacional (1.952), y el importe medio de los efectos de comercio vencidos alcanzó los 2.802 frente a los 2.025 nacional.
   En el conjunto del país, el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de familias y empresas aumentó un 8,9 por ciento en abril en relación al mismo mes de 2011, hasta sumar 331.121.
   La subida de abril pone fin a los descensos experimentados en febrero y marzo, cuando los impagos en las compras a plazos descendieron un 1,5 y un 4 por ciento, respectivamente, en tasa interanual.
   El importe total de los efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 646 millones de euros en abril, cifra superior en un 20,1 por ciento a la de abril de 2011, mientras que el valor medio de dichos efectos creció un 10,3 por ciento y se situó en 1.952 euros.  
   El porcentaje de los efectos de comercio impagados sobre vencidos alcanzó el 4,1 por ciento en el cuarto mes del año. El importe medio de los efectos vencidos (2.025 euros) fue superior al de los impagados (1.952 euros).

Ecologistas lamenta que se hayan producido cinco incendios en zonas protegidas en un mes

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha lamentado que se hayan producido cinco incendios en zonas protegidas o sensibles en un mes, siendo el último en la costa de Cartagena. Por ello, la organización ecologista ha vuelto a solicitar a la Consejería de Presidencia que, de manera urgente, se aprueben y desarrollen "medidas de gestión, prevención y vigilancia, de las que carece la Región".

   Y es que, ha insistido, "en cosa de un mes ha habido cinco incendios, presumiblemente provocados, en espacios protegidos o sensibles, como se puede ver en la tabla adjunta".
   "Mientras esto ocurre, ha reprobado, se recortan drásticamente los presupuestos y el personal destinado a la gestión del medio ambiente de toda la Región, dejando el medio natural en una posición muy desfavorecida".
   En este sentido, ha comentado que "no sólo se suprimen puestos de agentes medioambientales y personal y medios para la protección más directa de los espacios naturales, sino que también se ha reducido mucho en técnicos, personal y presupuesto necesario para la adecuada tramitación de expedientes y denuncias, la revisión y aprobación de proyectos que pueden afectar al medio ambiente y la elaboración de estudios, de planes de gestión".
   También se han "privatizado" algunos trabajos, "como las limpiezas y talas en montes, o las labores de "limpieza" tras un incendio, ha dicho Ecologistas.
   Además, cabe destacar que "lo poco que se ha hecho en materia de incendios ha ido destinado principalmente a las labores de extinción, que son muy necesarias, pero si no se acompañan de mejora de la prevención y gestión, puede suponer un auténtico desastre ambiental y socioeconómico".
   De hecho, "se ha recortado en personal de vigilancia de los espacios naturales, tanto agentes medioambientales de la Consejería de Presidencia como en efectivos de Protección Civil en muchos ayuntamientos que otros años han colaborado en las labores de vigilancia y concienciación en los montes de la región durante los meses con riesgo alto de incendio".
   Esta "falta" de vigilancia, según la organización, "se une a la falta de Planes de Gestión que deberían establecer actividades prohibidas en determinados lugares y fechas, cierre de determinados caminos rurales a vehículos a motor en determinadas fechas y medidas preventivas como las labores de concienciación y vigilancia".
   Por todo esto, la asociación ecologista, además de exigir la investigación "urgente" de los incendios para esclarecer su intencionalidad y localizar y sancionar ejemplarmente a los posibles, ha exigido que se redacten, aprueben definitivamente y se pongan en marcha de manera urgente la Estrategia Forestal de la Región de Murcia, la Ley de Montes Regional y el Plan Forestal de la Región de Murcia.
   Para terminar, ha reclamado que "se dote de presupuesto y personal para la vigilancia y prevención de los espacios naturales en esta campaña 2012, para evitar que este verano tengamos que lamentar incendios como el acontecido el año pasado en la Sierra del Molino, o casos aún más graves".

El Museo Naval estudia la viabilidad del traslado del submarino Peral a su nueva sede

CARTAGENA.- El Museo Naval de Cartagena acogerá durante los días 13 y 14 de junio reuniones técnicas de trabajo para estudiar la viabilidad del traslado del submarino Peral desde su ubicación actual hasta el edificio de grandes piezas del Museo, según informaron fuentes de la Armada en un comunicado.

   Técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España y del Órgano de Historia y Cultura Naval de la Armada, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de la Delegación de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y otros especialistas, se reunirán para abordar la restauración de este fondo museístico, icono de Cartagena y de la Armada, y garantizar la conservación de una obra clave de la ingeniería industrial española del siglo XIX.
   Este miércoles, el equipo de trabajo visitará el exterior de los submarinos 'Foca' y 'Tiburón', ubicados dentro del Arsenal de Cartagena, y del 'Peral', situado en el muelle Alfonso XII del puerto.
   A primera hora del jueves, 14 de junio, se inspeccionará el interior del submarino 'Peral' con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, encargado de proporcionar los medios logísticos y de seguridad necesarios para que los técnicos permanezcan en el interior del casco durante toda la mañana.

El nuevo director de la AGA desvela problemas de compatibilidad entre Corvera y San Javier

MURCIA.- El coronel Emilio Juan Gracia, futuro director de la Academia General del Aire (AGA), ha afirmado este martes que la decisión para gestionar la convivencia entre el aeropuerto de San Javier y la entrada en funcionamiento del de Corvera se encuentra en el Ministerio de Defensa y del Ejército del Aire.

   No obstante, Gracia ha asegurado que "estamos preparados para hacer lo que nos digan que hagamos, ya que hay personal formado y todo es coordinable". "Lo único que pasa es que habrá que buscar una solución que nos satisfaga a todos desde el punto de vista de seguridad y de flexibilidad de uso", ha indicado.
   Con motivo de su presentación al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por su nuevo destino, Gracia ha explicado que en lo que afecta es en lo referido al "uso compartido del espacio aéreo".
   Aún así, ha insistido en que "todo se puede coordinar en función de espacio y tiempo, es buscar eso", tras lo que ha manifestado que "puede ser un todo o un nada, todo es gestionable y en base a eso hay voluntad y lo que no se puede hacer pues no se hace".

El FROB denuncia al Banco de Valencia ante la Audiencia Nacional

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ha denunciado a la cúpula del Banco de Valencia ante la Audiencia Nacional por la existencia de indicios de delito cuya gravedad exige su "inmediata actuación", según informaron fuentes judiciales. Esta entidad iba a salir a subasta y uno de los postores para que le fuese adjudicada era Banco 'Mare Nostrum', liderado por Caja Murcia.

   En el escrito remitido al juzgado de instrucción nº 3 de Valencia y firmado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo informa de que sus administradores detectaron posibles delitos que deben ser conocidos por la Audiencia "por su naturaleza y número de posibles afectados, condición de cotizada del Banco de Valencia y repercusión en la economía nacional".
   Ante la existencia de indicios de actuaciones irregulares en la entidad, las personas designadas por el FROB para ejercer las funciones que le corresponden como administrador provisional solicitaron una investigación independiente que culminó en un informe pericial que refleja actuaciones que podrían ser constitutivas de delito, indica.
   "Por ello y en el convencimiento de que las circunstancias expuestas exigen la inmediata actuación de la Audiencia Nacional, el FROB ha considerado ineludible poner a disposición del juzgado central de instrucción el informe pericial realizado mediante la presentación de la correspondiente denuncia", indican.
   Tras recibir el informe del FROB, el juzgado ha remitido con fecha del 4 de junio un oficio a las diferentes partes que integran el procedimiento para, entre otras cuestiones, preguntarles sobre la competencia para investigar a Banco de Valencia o remitirlo a la Audiencia Nacional por el tipo de delitos y la cantidad de afectados. Tras pronunciarse las partes, el juzgado informará sobre su postura.
   En la junta general de accionistas de la entidad celebrada el pasado 14 de mayo, el administrador del FROB Juan Antonio Iturriaga anunció que estaban elaborando un informe muy amplio y preciso y que próximamente iniciarían "alguna acción legal significativa derivada de los hechos y circunstancias" ocurridos.
   El FROB ha puesto esta denuncia en conocimiento del juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia, que instruye la querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el consejo de administración de la entidad por dos delitos societarios: falsedad contable y administración desleal
   En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio, el juez iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.
   Por este motivo, Fiscalía pidió al juzgado que recabase documentación registral e informes a la entidad bancaria y a Banco de España. También solicitó libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo.
   Esta misma documentación también fue requerida por Diego Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la querella que presentó en febrero con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia.
   A esas dos acciones legales se unirá la acción social de responsabilidad que la junta aprobó que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja, contra el exconsejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como exconsejero delegado y expresidente.
   De este modo, Banco de Valencia promoverá ante los tribunales una acción civil contra los administradores con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su gestión. De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores responden frente a la sociedad del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o por los realizados.

Fitch rebaja el rating y la calificación de viabilidad del Banco Mare Nostrum, amenazado de más recorte

LONDRES.- Fitch ha anunciado esta tarde que reduce el rating de 18 entidades financieras españolas, a tres de las cuales pone la perspectiva en vigilancia negativa para una posible rebaja (donde mantiene a otras cinco), así como la calificación de viabilidad de 15 entidades, como consecuencia de la reciente decisión de la agencia de degradar en tres escalones la nota de España, hasta 'BBB' con perspectiva 'negativa'

Asimismo, la calificadora de riesgos ha tenido en cuenta en su decisión las preocupaciones respecto a un mayor deterioro potencial de las carteras de determinadas entidades, algo especialmente cierto en el caso de entidades muy expuestas al sector inmobiliario y de la construcción, y en el de aquellas con bajos niveles de capital, caso claro de Banco Mare Nostrum, en el se integra Caja Murcia. 

Este recorte, explica la agencia, se produce tras el sufrido por la calificación soberana de España (hasta “BBB” desde “A”, perspectiva negativa). Además, incluye las preocupaciones en torno a la posibilidad de que se produzca un mayor deterioro en los préstamos de crédito de algunos bancos, especialmente, aquellas entidades cuyo balance está muy expuesto a la construcción y al sector inmobiliario, y también aquellas que tienen las bases de capital más bajas.

La firma recuerda que prevé que España siga en recesión durante el resto de este año y el próximo, frente a la estimación previa de que se beneficiaria de una leve recuperación en 2013. “Las entidades rebajadas hoy son puramente nacionales, por tanto, su capacidad de generación de ingresos, perfil de riesgo, acceso a la financiación y coste de la misma están muy determinados por la evolución de la economía en el país y de su mercado inmobiliario”, afirma Fitch.

En opinión de la agencia, “la debilidad de la economía española seguirá afectando al volumen de negocio, lo que unido a los bajos tipos de interés, ejercerá presión sobre los ingresos. Los bancos se enfrentan al reto de aumentar aún más los niveles de cobertura de los préstamos ante el deterioro de los activos ligados al ‘ladrillo’, al mismo tiempo que deben hacer frente unos requisitos de capital más estrictos”.

No obstante, Fitch señala que “no ha cambiado su perspectiva sobre el apoyo del Gobierno al sector financiero tras el anuncio de que recibirá hasta 100.000 millones del EFSF/ESM. El reciente recorte de rating de España ya incluía los costes fiscales de reestructurar y recapitalizar la banca, que en el caso base eran de entre 50.000 y 60.000 millones y en el más negativo de 100.000 millones”.

Así, ha rebajado hasta “BBB” desde “A-” a CaixaBank, La Caixa, Kutxabank, Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito, y Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito. Mientras, que el recorte de Caja Laboral Popular ha sido de “BBB+” a “BBB”. Explica la agencia que “aunque expuestas al entorno macroeconómico español y sensibles a posibles recortes en la calificación de España, estas entidades tienen poca exposición al sector inmobiliario y buenas bases de capital”.

Al mismo tiempo, se muestra preocupada por la relativa exposición al “ladrillo” y débil ratio de capital de Banco Mare Nostrum (rebaja a “BBB-” desde “BBB”, en revisión negativa para otro posible recorte) y de Liberbank (reduce hasta “BBB-” desde “BBB+”, en revisión negativa para otra posible rebaja).

Además, rebaja la calificación de Banco Popular hasta “BBB-” desde “BBB” (perspectiva negativa); y la de de Banco Sabadell, a “BBB” desde “BBB+” (y la pone en vigilancia negativa para una posible rebaja). En vigilancia sitúa también la calificación de Cajamar (a la que ha recortado hasta “BBB-” desde “BBB+”) y la de Unicaja Banco (a la que ha rebajado de “A-” hasta “BBB-”)

Por último, Fitch reduce el rating de la CECA, del Banco Cooperativo Español, de Banco Guipuzcoano y de Bankia hasta “BBB” desde “BBB+”, con perspectiva negativa.

Además, reitera la calificación de Banca Cívica en “BBB”, con perspectiva negativa y la de “BB” para Banco Financiero y de Ahorros (BFA), con perspectiva estable.

Fomento presentará este mes un plan de reestructuración en 17 aeropuertos para ajustar oferta y demanda

MADRID.- El Ministerio de Fomento presentará antes de que termine junio un plan de reestructuración operativa "muy potente" en 17 aeropuertos de la red, para solucionar el "importante desajuste entre la oferta y la demanda" que presentan con el objetivo de ahorrar en el gasto de su funcionamiento, lo que implicará la revisión de horarios y de categorías profesionales.

   Así lo avanzó la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien explicó que se realizarán este tipo de actuaciones en 17 aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros, para pasar de 2.000 horas a 708,9 horas abiertos operativamente.
   Pastor puso como ejemplo que algunos de los aeropuertos de la red de Aena inician su actividad muchas horas antes del primer vuelo y horas después de que aterrice el último.
   Se trata de ajustar la oferta con la demanda con un "compromiso de ahorro en el gasto en funcionamiento para lo que, en paralelo, se está trabajando con los sindicatos en la revisión de categorías profesionales más adecuadas". Según dijo Pastor, esto permitirá adecuarlas al "siglo XXI".
   Pastor explicó que se abordará caso por caso en cada aeropuerto. Por ejemplo, en un aeropuerto que abre de 5.00 horas de la mañana a 20.00 horas de la tarde ocho días a la semana, se podría pasar a un horario de 15.00 horas a 21.30 horas durante seis días a la semana lo que sería suficiente para atender la demanda.
   "Tenemos un gran reto por delante y el equipo que lidera José Manuel Vargas, presidente de AENA, está trabajando de manera muy intensa ultimando un plan coherente y adecuado a la situación insostenible que presenta la empresa, antes de que termine junio", incidió.
   Pastor recordó que el gestor aeroportuario no recibe un "solo euro" del erario público, sino que vive de sus ingresos y de las tasas aeroportuarias, y que acumula una deuda que roza los 15.000 millones de euros.
    En esta línea, informó de que próximamente se sacará a concurso las licitaciones de los espacios comerciales en las tiendas de los aeropuertos libres de impuestos, una "fuente importante de riqueza", tal y como se ha hecho con los contratos publicitarios, para incrementar en un 20% los ingresos comerciales.
   Asimismo, el ente llevará a cabo un Plan de Marketing en los aeropuertos para promover la red y contar con 20 nuevos destinos este verano, para ofrecer 96 ciudades en 31 países.
   Entre la nueva oferta, se refirió a Air Berlin, que ha reforzado su 'hub' en Mallorca, al aumento de la conectividad en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, o a las conexiones que ofrecen Asturias o Vigo con Ibiza y Sevilla con la compañía Volotea.
   En cuanto a una posible flexibilización de la subida de las tasas aeroportuarias, que según aumentarán un 10,2% de media este año, Pastor apuntó que se ha incluido una propuesta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para rebajar las tarifas en "días valle y meses valle" en Canarias y en Baleares.
   "Hemos hecho un estudio en profundidad para ver cuándo baja la actividad y poder captar más clientes en los meses de invierno bajando las tasas", apuntó. Ya durante su intervención señaló que con un modelo de tarifas flexible se incentivará el tráfico en las islas, donde ya se ha garantizado el transporte aéreo interinsular.
   Preguntada por una eventual salida a Bolsa de AENA, Pastor reiteró que en esta situación el ente está en un proceso de "puesta en valor" para hacer frente a los problemas encontrados, fruto de las grandes inversiones realizadas.
   "Lo que se está haciendo en AENA es ponerla en valor para que pueda entra capital privado en los próximos años", señaló.

lunes, 11 de junio de 2012

Los promotores inmobiliarios plantean una regresión al modelo económico fracasado

MURCIA.- La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm) ha convocado este lunes la primera reunión de la Mesa de Turismo Residencial de la Región, en donde el sector del turismo residencial se postula como uno de los pilares básicos para la recuperación económica de España y de la Región, así como una de las vías para dar salida al importante estocaje de inmuebles que existe.

   El objetivo de este grupo de trabajo es aglutinar y canalizar esfuerzos para impulsar el sector de la vivienda turística y todos los servicios y actividades asociadas, según fuentes de Apirm.
   Durante el pasado año, la cifra de venta de viviendas a extranjeros alcanzó en la provincia de Alicante las 9.198 unidades, mientras que en la Región se situó en 1.452. Esas 9.198 ventas de inmuebles en Alicante supusieron una facturación de 1.180 millones de euros aproximadamente, "cuantía similar a lo que facturó la planta de Ford en toda España".
   Mientras que la Región de Murcia "ha realizado en total un 15 por ciento de las ventas de Alicante. La diferencia es muy amplia y más siendo provincias vecinas", ha señalado el presidente de Apirm, José Hernández, quien ha reclamado "medidas para darle la vuelta a este escenario".
   Desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, advierte que "la venta de viviendas a extranjeros es una inestimable contribución a las arcas estatales, regionales y locales".
   Por ello, en la primera reunión de la Mesa de Turismo Residencial (Apirm) planteará la necesidad de "aunar todos los datos estadísticos que los distintos organismos tengan en materia relacionada con vivienda".
   El objetivo es poder tener cifras reales y actualizadas que sirvan de guía y aporten transparencia al sector. Asimismo, facilitar la inversión extranjera "es un objetivo prioritario", para lo cual la Asociación de Promotores propone desarrollar medidas legislativas que faciliten el acceso de la adquisición de vivienda a extranjeros.
   Desde el punto de vista de la promoción, se propone apostar por una imagen de la Región de Murcia como destino turístico y residencial de calidad. "Las políticas de turismo deben ir de la mano de las actuaciones inmobiliarias y residenciales. Es una de las principales carencias de la Región de Murcia y creemos que ha llegado el momento de aunar esfuerzos y complementarnos", explica el presidente de Apirm.
   Están llamados a formar parte de la mesa la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (Dirección General de Vivienda), la Consejería de Cultura y Turismo (Dirección General de Turismo), la Consejería de Economía y Hacienda (Dirección General de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos), el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, la Federación de Municipios de la Región y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Murcia, sin perjuicio de que otros colectivos puedan sumarse a esta iniciativa.

400 días después del terremoto a Valcárcel lo siguen esperando en Lorca

LORCA.- El miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Lorca y responsable de los temas relacionados con los seísmos, Antonio Navarro, ha señalado que "casi 400 días y todo sigue igual", pero, ha enfatizado, "no se pueden permitir más excusas". 

   "Después de este tiempo, miramos hacia atrás y vemos lo de siempre; la desesperación de los que no obtienen soluciones, la incompetencia y sumisión de los que tienen que exigir esas soluciones, y la desfachatez de los que se siguen financiando con el dinero de las soluciones", ha agregado.
   Navarro ha aprovechado para invitar al alcalde y a los miembros de su equipo de Gobierno "a que salgan a la calle y pregunten a sus vecinos si alguien cree que desde el Ayuntamiento se ha exigido con la contundencia necesaria al presidente Valcárcel que envíe esos más de 40 millones de euros de los lorquinos con los que se debe seguir financiando la Comunidad Autónoma desde hace meses, y que al parecer no tienen prisa en mandar".
   O si se ha exigido con la fuerza suficiente que lleguen de una vez a Lorca los 21 millones de euros del Fondo de Solidaridad Europeo, ya que, asegura, "sabemos desde hace tiempo que ese dinero llegó a Madrid y después nunca más se supo".
   "La respuesta a estas dos preguntas es un no con mayúsculas. Es más, cada vez somos más los que pensamos que es precisamente esa incompetencia y esa actitud de sumisión y complacencia del equipo de Gobierno municipal una parte importante de la culpa de que ese dinero no haya llegado todavía a sus destinatarios. Como no tenemos a nadie capaz de imponer y defender que Lorca es la prioridad; Lorca ha dejado de ser prioridad", ha lamentado.

Docentes de Escuelas de Idiomas protestan contra nuevos horarios, que aumentan los alumnos y bajan sus horas lectivas

MURCIA.- Medio centenar de profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Región de Murcia han protagonizado este lunes una 'cacerolada' a las puertas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, para protestar contra los nuevos horarios que la Administración regional pretende "imponer" para el próximo curso académico y que supondrían "un aumento de alumnos, que recibirán menos horas lectivas".

   Además, estos nuevos horarios supondrían el despido de entre el 10 y el 20 por ciento del total de la plantilla de profesores, integrada actualmente por 180 docentes, según han hecho saber en un contacto con los medios de comunicación el portavoz de los docentes y delegado de CCOO, Vicente Soler, y la delegada de FETE UGT, Conchi Casanova.
   En concreto, el nuevo horario propuesto por la Consejería supondría un aumento de tres horas lectivas semanales por profesor, que pasarían de impartir 17 horas lectivas a un total de 20. Como contrapartida, la Consejería pretende aumentar el número de alumnos que depende de cada profesor, de forma que cada docente se tendría que hacer cargo de un nuevo grupo de 35 alumnos.
   De esta manera, Soler denuncia que las Escuelas de Idiomas acogerían 3.000 nuevos alumnos, y el aumento de horas lectivas impartidas por cada profesor se traduciría en una disminución de las horas recibidas por cada alumno, según recoge el borrador que la Dirección General de Recursos Humanos está redactando en aplicación del Real Decreto 14/2012.
   Estos nuevos horarios, según Soler, suponen "una merma enorme de la calidad educativa", ya que "representa un recorte de las horas lectivas que reciben los grupos de alumnos por semana y también un recorte en el tiempo de preparación de clases, de corrección de trabajos y exámenes".
   Soler también remarca "la pérdida de puestos de trabajo" que supondrán estos nuevos horarios al ampliar el número de grupos". Soler ha calculado que el número de profesores interinos que se tendrán que ir a la calle "variará entre diez y 20, dependiendo de los departamentos".
   Por ejemplo, ha señalado que los departamentos de chino o árabe cuentan con pocos docentes y "apenas van a ver reducida su plantilla", y los recortes se concentrarán en los idiomas con más volumen de profesores, como inglés.
   Por contra, los docentes de las Escuelas de Idiomas proponen que "el aumento de horas lectivas al profesorado no sea a costa de perder o de quitar tiempo a los grupos que ya existen". Por tanto, plantean aumentar el tiempo lectivo a cada grupo desde las 4 horas y 15 minutos que actualmente reciben a las cuatro horas y media.
   Y es que las escuelas de idiomas "tienen siempre muchos problemas para cubrir todos los contenidos de la programación anual, y al quitar tiempo lectivo va a haber muchos más problemas, va a repercutir negativamente en la calidad del servicio que reciben los usuarios de este tipo de centros".
   Los docentes explican que la propuesta inicial de la Consejería, que suponía mantener el número de alumnos por profesor y que cada grupo recibiera 4 horas y 30 minutos de horas lectivas, "beneficiaría a todos" y "podía ser de consenso", pero lamentan que la Administración ha cambiado el planteamiento.
   Con esta propuesta inicial "se incrementaba el tiempo lectivo de atención a los grupos de enseñanza presencial y las dos horas que sobraban hasta cubrir las 20 horas lectivas, se podían dedicar a prácticas de refuerzo, a desdobles o bien a la creación de grupos o cursos monográficos, lo que supondría también a la administración una fuente de ingresos extra", añade Soler.
   En este sentido, ha anunciado que el profesorado va a hacer el próximo miércoles una entrega de firmas de toda la comunidad educativa en contra de todas estas medidas. Será la segunda remesa de firmas, tras la entrega de 4.000 recogidas entre alumnos y profesores que ya se realizó y a la que "se ha hecho poco caso".
   Por su parte, la directora general de Formación Profesional, Begoña Iniesta, ha explicado que lo que ha hecho la Consejería es "aplicar el Real Decreto 14/2012 por el que se establece el horario semanal lectivo de los docentes en 20 horas". La aplicación de esta medida se va a aplicar en las escuelas de idiomas "permitiendo que esas tres horas más de trabajo se puedan optimizar".
   La directora general dice que el nuevo horario ha atendido las reivindicaciones históricas de los profesores de las escuelas de idiomas como, por ejemplo, la necesidad de ampliar los refuerzos, las pruebas de nivel o que existiera la posibilidad de que las pruebas terminales específicas de certificación contaran con horario lectivo.
   No obstante, admite que se ha reducido en 15 minutos el horario semanal de los grupos de las escuelas de idiomas, lo que "permite cumplir el currículo, que establece que sean más de 120 horas al año, y permite optimizar los recursos porque se va a poder atender a 3.000 alumnos más".
   Iniesta justifica que "existen muchas solicitudes de alumnos que quieren cursar estas enseñanzas", y considera que es una medida "que no va en detrimento de la calidad de la enseñanza porque el currículo se sigue cumpliendo".
   En relación a los despidos, Iniesta ha señalado que aproximadamente cerca del 90 por ciento de los docentes de las escuelas de idiomas son funcionarios docentes e, incluso, los interinos sustentan idiomas minoritarios que se van a seguir ofertando.
   Por tanto, calcula que en el ajuste final puede producirse el despido de "uno o dos profesores interinos", pero añade que la Consejería se va a ampliar "para que eso no se produzca".

Culpan a Ballesta, Bernal y Valcárcel de la situación Universidad de Murcia

MURCIA.- Los sindicatos CSIF, Fete-UGT, SIME y Sterm han registrado este lunes más de 500 firmas de trabajadores contra la reducción de la jornada y retribuciones al personal interino de la UMU en el Rectorado de la Universidad de Murcia; así como un manifiesto en el cual más de la mitad de la plantilla del Personal de Administración y Servicios (PAS) ha firmado en contra de las medidas de ajuste planteadas por la universidad.

   Alfonso Ros, del sindicato de empleados públicos SIME, ha transmitido así la preocupación de los agentes sociales en la universidad por la situación económica actual y sus posibles repercusiones en las plantillas del Personal de Administración y Servicios (PAS) y del Personal Docente e Investigador (PDI); de hecho, en este último caso, se habla de una reducción de unas 70 personas en el personal asociado.
   El origen de la situación, según los sindicatos, tiene dos líneas críticas, como es la reducción del presupuesto de la universidad, de 10,1 millones de euros, "con el agravante de que esa reducción ha de aplicarse solamente en el segundo trimestre" y viene como adicional a los recortes ya desarrollados en la UMU, de unos 35 millones de euros en los dos últimos ejercicios.
   La segunda línea, han explicado, es la deuda reconocida de la Comunidad con la UMU, que ronda los 66 millones de euros. "Una penalización de una administración que ha cumplido y reducido casi en 25 millones su presupuesto anual a partir de planes de austeridad", señalan al respecto.
   Tras lo que tachan como responsables de la actual situación de la universidad al ex rector de la universidad y actual consejero de Universidades, José Ballesta, el vicepresidente y consejero de Economía, Juan Bernal y el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel.
   Y es que, ha puntualizado Ros, "se nos han planteado una serie de recortes en la universidad, --a falta de definir--, que podrían afectar a las plantillas del PDI y del PAS". En concreto, ha remarcado, en el personal de Administración y Servicios, se habla de una reducción de un tercio en la jornada laboral para los 280 interinos, de los que 40 "ya han recibido la carta de despido".
   Además, "se nos apuntan otra serie de medidas dirigidas a recorte de salarios", ha afirmado en rueda de prensa Alfonso Ros, y explicado que estos 280 interinos podrían quedarse con unas retribuciones aproximadas de entre 700 y 900 euros mensuales, "un agravio importante".
   Al tiempo que ha recordado que los funcionarios llevan acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 25 por ciento en los últimos años, "entre primeros incrementos de sueldo por debajo del IPC, congelación de retribuciones, recorte de salarios, suspensión de las aportaciones al Plan de Pensiones o subida de jornada laboral".
   La situación se hace "insostenible" para la economía familiar, ha apuntado este sindicalista, que recuerda que "los funcionarios no somos más que trabajadores de una empresa con unos sueldos ya bajos, mientras se plantea una mayor reducción".
   En el manifiesto dirigido al rector de la UMU, José Antonio Cobacho y leído por la delegada sindical de Fete-UGT Ana Belén Barqueros, CSIF, SIME, Fete-UGT y Sterm trasladan la inquietud y sentimiento de impotencia del personal laboral temporal de la universidad y funcionarios interinos, así como de la falta de reconocimiento a su labor tras la comunicación por parte de Gerencia de reducir sus jornadas a 25 horas, "con la consecuente reducción de 1/3 de su masa salarial".
   Los trabajadores tachan de injusta la destrucción "sin reparos" de una parte de esta institución, pues, apuntan, "no podemos obviar que junto a las drástica disminución que supondría en su ya ajustada capacidad económica, otro grave perjuicio sería la reducción de sus cotizaciones a la Seguridad Social ni tampoco tendrán acceso a compatibilizar esta situación con otro trabajo".
   En cuanto a aquellos servicios "con predominio de personal interino" quedarán al borde del "colapso", perjudicando en muchos casos "a compañeros funcionarios de carrera que habrán de sobrellevar una carga de trabajo adicional sin compensación alguna".
   Por todo ello y previo a la "imposición" de esta medida los sindicatos y personal firmante solicitan que se aplique la reducción al máximo del capítulo II del presupuesto, "buscando una mayor eficacia en la gestión de estos gastos con la generalización de la centralización de compras, reducción al máximo de gastos de funcionamiento de centros y departamentos".
   Así como la reducción de gastos superfluos como los protocolarios, de comisiones de servicio, de coordinadores u otras duplicidades, de complementos vitalicios de cargos directivos y de retribuciones por desempeño de cargo académico o la limitación de la concesión de comisiones de servicios externos".
   La semana pasada la Junta del Personal de Administración y Servicios acordó la convocatoria de una asamblea general de la plantilla para manifestarse y decidir si llevar a cabo un calendario de movilizaciones.
   Esta asamblea se convocaría un día posterior a la reunión con el Rectorado de la universidad, --que posiblemente se desarrolle este jueves--, donde está previsto que se les informe sobre la propuesta concreta de recortes.
   Al respecto, el delegado sindical de Sterm Sindical en la UMU, Rafael Guerrero ha asegurado que tanto CSIF, SIME, Fete-UGT como Sterm están dispuestos a participar en todas aquellas alternativas que se acuerden, "llámese encierro, concentraciones o huelga".