sábado, 9 de junio de 2012

Valcárcel se aleja de la realidad murciana con un discurso retórico, huero y vacuo en este 9 de junio


JUMILLA.-   El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha destacado, durante su discurso en el acto de conmemoración del XXX Aniversario de la constitución del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que "pese algunos errores cometidos, la Región de Murcia ha visto reforzada su imagen en el conjunto de España con el modelo autónomico".

   Valcárcel ha destacado que gracias a la Constitución Española "conceptos como democracia, diálogo, libertad, participación o consenso se habían consolidado en el vocabulario de los españoles, mientras en la Región de Murcia el Estatuto de Autonomía aspiraba a impulsar el desarrollo de las distintas comarcas, sobre la base de unas relaciones armónicas que permitieran terminar con los desequilibrios regionales internos".
   Y es que, según ha explicado, "gracias a aquel proceso de cambio institucional que se inició el 9 de junio de 1982, la Región de Murcia ha visto reforzada su identidad dentro del conjunto de esa España; una identidad que, tal y como se recoge en su preámbulo, tiene en nuestro Estatuto de Autonomía su principal medio de expresión para construir nuestro presente y determinar nuestro futuro".
   De estos 30 años, el presidente ha indicado que el balance es "muy positivo por los logros obtenidos desde entonces, aunque este modelo no es ajeno a las críticas. Pero, nadie puede dudar que esta España de las Autonomías es un modelo de Estado cuyas innegables cualidades abundan en aspectos como la cohesión territorial, el autogobierno o una producción legislativa mejor adaptada a las necesidades y las peculiaridades históricas y culturales de cada Comunidad".
   Sin embargo, ha matizado que "cabe plantearse la necesidad de revisar y de reformar, de una manera global, los planteamientos iniciales que sirvieron como fundamentos para la creación de nuestras administraciones tal y como son ahora".
   En este sentido, se ha referido a "las injustificables duplicidades administrativas o el inadecuado uso de los caudales públicos en ámbitos no esenciales para el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar y la atención a los ciudadanos, que deja bien a las claras que nuestro sistema autonómico es todavía mejorable".
   Se ha referido entonces, al fundamental principio de Lealtad Institucional, "cuyo fin último no es otro que la consecución de una unión más estrecha entre las partes que conforman un todo, el Estado, y lo hace mediante la conjunción de una pluralidad de intereses en un interés general, común y superior".
   "La lealtad institucional, en la que creemos y de la que hemos hecho gala desde el Gobierno de la Región de Murcia, incluso cuando nos hemos sentido menospreciados y perjudicados, es perfectamente compatible con la reivindicación y la exigencia de la aplicación de criterios de igualdad para con las comunidades autónomas y de solidaridad entre todas ellas", ha destacado Valcácel.
   Igualmente, ha añadido que ese principio "supone un deber de voluntad negociadora, por medio del cual queden desterrados la imposición de una sola de las partes, y una efectiva voluntad de alcanzar compromisos. Siempre con una vocación constructiva en las formas, en el estilo y en los procedimientos".
   Por ello, ha reclamado la unión de todos "sin renunciar a los idearios propios, pero anteponiendo aquello que nos une más, que es construir entre todos la Murcia y la España del presente y del futuro, dejando atrás la crisis".
   El presidente ha afirmado que "debemos tomar ejemplo de aquellos murcianos que nos precedieron, y afrontar nuestros problemas con la misma solvencia y unidad con que lo hacían ellos. Porque ellos nunca perdieron la confianza en que todo terminaría por mejorar algún día, como al final así terminaba sucediendo, un ciclo histórico tras otro".
   Y es que, en su opinión "ése es el ejemplo que debemos seguir los murcianos de hoy si queremos dejar atrás cuanto antes la crisis y recuperar la senda de la creación de empleo. Hoy, como antes, nos toca asumir algunos sacrificios y ceder en aquellos aspectos menos esenciales para poder garantizar el sostenimiento, en definitiva, de nuestro Estado del Bienestar".
   Treinta años después, continuó, "podemos alardear con orgullo de que buena parte de esos propósitos se han hecho realidad gracias a la implicación y a la generosidad, por encima de ideologías e intereses propios, demostradas por quienes hicieron posible este Estatuto que hoy conmemoramos, así como por todos los murcianos que desde entonces han participado en la construcción de esta realidad común".

La CAM condenada a devolver cantidades entregadas a cuenta

ALBACETE.- El juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Hellín ha condenado solidiaramente a la promotora 'Cleyton Ges' S.L. y a la Caja Ahorra del Mediterráneo (CAM) a devolver a 55 compradores de viviendas en el paraje 'Las Higuericas' de esta localidad las cantidades entregadas a cuenta, que ascienden a 1.494.710 euros, más lo intereses devengados desde la fecha de interposición de la demanda.
   Según la sentencia,  el tribunal ha estimado íntegramente la demanda sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad que interpusieron 55 compradores de la promoción inmobiliaria 'Finca Parcs', situado en el paraje 'Las Higuericas'.
   La parte demandante, los 55 compradores, fundamentaron su solicitud en los incumplimientos "graves" de la promotora, como el largo retraso en la entrega de los inmuebles objeto de los contratos suscritos, la falta de obtención de la licencia de primera ocupación en plazo y la inexistencia de aval aseguraticio de las cantidades entregadas a cuenta durante la construcción.
   La sentencia recoge jurisprudencia e indica que, en casos de incumplimiento contractual, se procederá a resolverlo cuando este incumplimiento sea "esencial" y no "accidental", es decir un incumplimiento básico y grave de la obligación.
   En el caso concreto de la demanda, según reza la sentencia, todos los contratos suscritos disponían de una cláusula en la que se recogía que las obras de las viviendas comenzarían una vez obtenida la preceptiva licencia municipal de edificación, debiendo concluir no más tarde de 18 meses desde su inicio.
   Así las cosas, el contrato establecía que si transcurrido dicho plazo no hubiera finalizado la obra, los compradores podrían optar entre dar por resuelto el contrato o esperar a la finalización de las obras.
   Los contratos se celebraron entre los años 2005 y 2007 y a la fecha de la presentación de la demanda, en 2011, aún no se había producido la entrega de los inmuebles.
   En ese sentido, la sentencia pone de manifiesto que se trata de una demora excesiva en el cumplimiento de los contratos. A ello se une, la falta de la llamada cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, una circunstancia "imputable únicamente a la empresa promotora" y que, según añade el documento, "debe ser considerada como causa de la resolución del contrato".
   También queda patente en la sentencia la falta de aval que garantizase las cantidades que los demandantes entregaron a cuenta, y que también supone causa de resolución de contrato, ya que se trata de una obligación de carácter legal e imperativo.
   Por todo ello el Juzgado ha estimado en esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, la demanda de resolución de contratos.

viernes, 8 de junio de 2012

Pujante acusa a Valcárcel y a su Gobierno de "mirar hacia otro lado" ante la crisis y la corrupción

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Mixto José Antonio Pujante ha acusado este viernes al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y a su Gobierno, en su intervención en el Debate del Estado de la Región, de "mirar cínicamente hacia otro lado" y no darse cuenta de la verdadera situación de la Región.

   Pujante le ha advertido que la crisis no es "un designio divino ni un mal que sobrevive porque sí", responde a políticas concretas, "a políticas neoliberales de desregularización financiera, de apuesta por la especulación urbanística íntimamente ligada al poder financiero".
   En este sentido, ha recordado la desregularización inmobiliaria con la Ley del Suelo de Aznar "del todo urbanizable, más desregularización y connivencia financiera da como resultado a desastre económico en España y en la Región de Murcia".
   De hecho, ha defendido, "el pozo negro de las entidades financieras se debe al atracón de impagos de préstamos al ladrillo especulativo", así como la construcción para garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda, "no para especular".
   Algo que, ha indicado, "ahora tiene consecuencias judiciales" y ha hecho mención al caso Umbra que, más allá de las consecuencias penales que pueda tener, "es ejemplo una forma de hacer urbanismo inaceptable".
   "Aunque la máxima expresión simbólica de esta forma de actuar es la huida del ex alcalde y ex diputado del PP Juan Morales con el cruce de declaraciones del delegado del Gobierno y la Justicia", ha recordado.
   Pero lo que, a juicio de Pujante, resulta "bochornoso" es el mantenimiento el alcalde de Fortuna, "condenado por comprar votos para usted y su partido, por la Audiencia Provincial, y que ni dimite ni es cesado".
   El diputado del Grupo Mixto ha señalado al Gobierno regional como responsables "del pozo en el que nos encontramos", a pesar de que insistan en apelar a la "herencia recibida". El Gobierno regional junto con el de Mariano Rajoy que con más contrarreformas laborales, más recortes sociales, más dinero a los bancos "nos conducen al abismo".
   Ha opinado que los planes de Reequilibrio "no han obtenido los resultados deseados, al contrario, han deprimido aún más la economía regional" y los ajustes en servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales "fracturan la sociedad liquidando la débil cohesión social".
   Pujante ha hecho una foto a la situación regional ha destacado que la tasa de paro regional está casi en el 27 por ciento, con más de 200.000 parados (en 2007 había 57.000, un 8,27%) y con perspectivas de crecimiento.
   Además, está por encima del 50 por ciento entre jóvenes menores de 25 años, y en el primer trimestre, según la EPA, un 16 por ciento de los hogares murcianos tienen todos sus miembros en paro (50.000 familias sin ingresos salariales) y un 33 por ciento con la mitad de los activos parados.
   A esto hay que añadir que en los últimos cinco años se han producido más de 16.0000 ejecuciones hipotecarias y hay una previsión de 2.000 más; así como que ha aumentado la población en riesgo de pobreza y exclusión.
   Por ello ha rechazado la vía de los recortes sociales "se puede y se debe gastar mejor" y ha propuesto la "reducción en gastos corrientes, ahorro energético, compra centralizada o en salarios altos cargos, entre otros" pero no en sanidad, educación y servicios sociales.
   De igual forma, ha propuesto subir los impuestos a los que más ganan y tienen, porque "las reducciones salariales, el despido de empleados públicos y privados reducen el consumo y por ende la actividad económica".
   Pujante no ha olvidado en su discurso a Lorca y las consecuencias del terremoto, que asoló la ciudad hace algo más de un año. En aquel momento, ha recordado, en plena campaña electoral autonómica y local, marcó el discurso de la campaña y la agenda política posterior. Todo ello en un contexto de crisis económica.
   "Pese a la crisis era necesario dar una respuesta que, más allá de las actuaciones inmediatas, fuese generosa y solidaria a fin de recuperarla íntegramente", ha reclamado, pero "un año después Lorca está profundamente herida, no sólo en lo material sino en su orgullo y confianza en las instituciones".
   Ha destacado que "se prometieron 1.650 millones de euros, pero el Plan Lorca se ha diluido como un azucarillo". A su juicio, las actuaciones "son aisladas, no hay planificación y se actúa a salto de mata".
   A pesar de que, ha advertido, "aquí no vale el argumento de la crisis porque estamos en una situación de emergencia y es necesario actuar con contundencia y determinación".
   Finalmente ha acusado al presidente Valcárcel de "hacerle mucho daño a Lorca al no asumir sus compromisos y responsabilidades de pago en su momento".

García Retegui (PSOE) acusa a Valcárcel de descontrol en la gestión y "no en momentos de crisis, sino en los de bonanza"

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha intervenido este viernes en la Asamblea Regional de Murcia en el marco del Debate sobre el Estado de la Región, donde ha acusado de "descontrol en la gestión, como las auditorias lo dicen claramente, y no en momentos de crisis, sino en los de bonanza".

   De igual forma ha dicho que el discurso del presidente fue "tan sólo para echarle la culpa al anterior Gobierno", sin hacer referencia a que "la crisis se ha debido a los excesos del suyo".
   Además, García Retegui ha dicho que "el Debate sobre el Estado de la Región se celebra antes que nunca", por lo que le ha preguntado "qué quiere ocultar, los despidos que se van a producir en Educación y Sanidad" o que "es la primera vez que se ha colocado la Sanidad y la Educación entre los problemas de los ciudadanos".
   Para la portavoz Socialista, Valcárcel "se escondió detrás de otras comunidades", y también que le ha dicho que "somos una Región en bono basura", o que "somos la Región en donde más ha aumentado el paro".
   También le ha dicho a Valcárcel que no dijo ayer "ni una sola palabra de Contentpolis ni al Campus Mare Nostrum, cuando anteriormente eran proyectos prioritarios". Y Respecto a la Paramount que "es sólo un proyecto que nos cuesta dinero público, no el proyecto". A lo que ha añadido que "esperemos que la Paramount salga adelante", donde matizó que "conozco por mis sobrinos lo que es trabajar en un parque temático, un trabajo precario para sacarse un dinero en verano y así poder estudiar".
   Para la portavoz Socialista "son los murcianos los que critican al Gobierno, no la bancada socialista", porque "este desastre tiene que ver con su gestión", y que "sus sueños se convierten en pesadillas para los murcianos".
   El PSOE ha puesto sobre temas como "el retraso de dos años que pronostican los técnicos para el AVE", o "el déficit, que ha crecido desde 2008 por tres", así como el rechazo de su Gobierno "a un pacto en nombre de la sanidad pública", donde "nosotros le hemos indicado de dónde se puede sacar la financiación".
   Y también le ha indicado que "es incapaz de hacer un programa serio, pero capaz para hacer recortes" o que "la Comunidad donde más pagan los ayuntamientos por servicios sociales".
   Lorca también ha ocupado parte de la intervención en la Asamblea Regional de Begoña García Retegui, donde ha dicho que ayer, el presidente Valcárcel "no contó lo que ha ocurrido en Lorca", ya que su trabajo al respecto "no se mide por las palabras sino por los esfuerzos presupuestarios".
   A todo esto ha añadido que "la situación de los vecinos exige respuestas" y que no cree positivo "que las ayudas queden embalsadas en el Gobierno Regional", por lo que ha aprovechado para preguntarle que "cuándo van a cobrar los lorquinos".
   Así pues, la portavoz Socialista ha pedido "una rectificación". Y le ha dicho al presidente que "Cómo se atreve a mentir con Lorca". García Retegui ha finalizando su intervención sacando temas como el medio ambiente, donde ha indicado que "estamos en una Región incumplidora en materia medioambiental", pues "ni se reúne el consejo asesor, ni hay plan de mantenimiento del Mar Menor". O el vertedero de Abanilla, "que causó el espanto de los eurodiputados, que dijeron que estamos peor que en Nápoles".

Incidente con Soler

El diputado por la circunscripción del Guadalentín, Manuel Soler Miras, ha lamentado la falta de respeto del presidente Ramón Luis Valcárcel, quien en la réplica a los grupos parlamentarios "ha arremetido verbalmente contra este diputado, aludiendo a cuestiones personales".
   A su juicio, "el presidente ante la falta de argumentos políticos para defender su ineficaz gestión en el municipio de Lorca, recurre siempre al insulto y descalificación, utilizando frases impropias de un presidente autonómico y en un lugar, como es el Parlamento, que se merece el máximo respeto".
   El PSOE explica que el presidente Valcárcel ha acusado al diputado socialista, durante su intervención, de haber distribuido folletos electoralistas a escasas horas de producirse los terremotos, existiendo un acuerdo entre todos los partidos políticos de paralizar la campaña electoral.
   En este sentido, Manuel Soler ha desmentido las acusaciones del presidente y ha hecho las siguientes precisiones, que los folletos contenían "sólo y exclusivamente" información relacionada con los terremotos y las ayudas a las familias afectadas.
   Así como que "fue el PP el que sí continuó la campaña electoral, en pedanías lorquinas y municipios costeros, a través de coches con megafonía y cartelería y pidiendo el voto expresamente para este partido".
   Soler ha tachado de "lamentable" que el presidente tenga que recurrir a estos métodos para desviar la atención "del desastroso comportamiento que el Gobierno regional está teniendo con los damnificados por el terremoto".
   "Se le llena la boca de Lorca y lorquinos, alude constantemente al apoyo que tanto él como su partido dan al municipio de Lorca y no le da vergüenza haber incluido en los presupuestos regionales para 2012, tan sólo 206.000 euros destinados a la rehabilitación y reconstrucción de viviendas para Lorca".
   También es "lamentable", a juicio del diputado lorquino, "que transcurridos 13 meses de haberse producido los terremotos no se haya reconstruido ni un solo edificio de los derribados y que más de 7.000 vecinos se vean obligados a vivir fuera de sus hogares al no tener una vivienda".  
   Igualmente, ha censurado que la Administración regional esté embalsando el dinero que el Gobierno de España ha enviado para la reconstrucción de Lorca, "algo reconocido por el anterior Comisionado, nombrado por el PP, así como el viceportavoz del Grupo Popular en el consistorio lorquino".
   Soler ha apostillado que "la gran desilusión para todos los damnificados por el terremoto es que el presidente no ha aportado soluciones para los graves problemas que sufre el municipio. No existe compromiso en firme de cuándo se aprobará el Plan Lorca, rechazado hasta hoy por el Gobierno de Rajoy y ausente en los Presupuestos Generales del Estado para 2012".

Pujante (IU-Verdes) dice que el ingreso en prisión de Morales "simboliza una etapa negra" en la Región

MURCIA.- El coordinador y diputado de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este viernes que el ingreso en prisión del ex alcalde de Totana y ex diputado regional, Juan Morales, "simboliza una etapa negra en la que se apostó intensamente por la economía especulativa vinculada al ladrillo y ha estado relacionada con la corrupción".

   Pujante ha expresado su deseo de que "se cumpla hasta sus últimos extremos la Justicia y que se abandone de una vez por todas todo aquello que ha conducido a esta situación tan perjudicial para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia".
   Para el dirigente de la federación de izquierdas, el ingreso en la cárcel del exalcalde de Totana "representa el fracaso de un modelo económico especulativo por el que el PP apostó intensamente en esta Región", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Morales deberá permanecer como mínimo diez meses y medio sin salir de prisión

MURCIA.-   El ex alcalde de Totana y ex diputado, Juan Morales, deberá permanecer como mínimo diez meses y medio en la prisión de Murcia II, en Campos del Río, sin poder salir ni disfrutar de los permisos de fin de semana, ya que previsiblemente se le clasificará en segundo grado, que es el régimen ordinario, según fuentes de la Fiscalía.

   En concreto, el primer grado (no hay permiso de salida ni ningún beneficio penitenciario) no se le aplicará al no ser considerado un delincuente peligroso; por lo que se prevé que la cárcel le asigne el segundo grado, en virtud del cual ingresa en prisión, se le asigna una celda y se le dan actividades.
   El segundo grado contempla que cuando se cumpla una cuarta parte de la condena podrá disfrutar de permisos de salida de fin de semana, como mínimo 18 al año; una situación que no se dará hasta que haya hecho efectivos en la cárcel esos diez meses y medio (total de la condena asciende a tres años y seis meses).
   No obstante y aunque no es lo habitual, según las fuentes, la progresión al tercer grado se puede dar antes. Esto significaría que al interno se le permite salir fuera de la prisión para desempeñar alguna actividad laboral que deberá acreditar e ingresar sólo por las noches para ir a dormir.
   Este tercer grado no se le hubiese podido conceder a Morales si la pena hubiera sido superior a los cinco años, pero al ser tres años y seis meses se le podrá aplicar. Este grado lo decide la denominada Junta de Tratamiento del centro penitenciario, formada por un psicólogo, un jurista criminólogo, un educador y un jefe de servicio, que se reúnen de forma periódica.
   Esta junta es la encargada de tratar al interno y basándose en la conducta y su progresión y si está en condiciones de poder empezar a salir ya en libertad, se le concede entonces el tercer grado, que suele se la progresión del segundo al tercero.
   Las fuentes apuntan que el tercer grado no se suele conceder antes de la cuarta parte de la condena, momento a partir del cual podrá tener permisos de salida. Finalmente, una vez que Morales haya cumplido previsiblemente las tres cuartas partes de la condena, será puesto en libertad condicional.
   Morales se entregó este jueves por la tarde a la Guardia Civil para ingresar en la prisión de Campos del Río. Su abogado, José María Caballero, solicitó la suspensión de la condena por la vía ordinaria, que le fue denegada siendo recurrida después en súplica, estando pendiente de resolver.
   Una segunda vía que utilizó Caballero fue pedir la suspensión de condena por la petición del indulto a través del Ministerio de Justicia, que lo tendrá que decir.
   Según fuentes de la Fiscalía, Caballero apuntó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional por considerar, según manifestó, que se habían vulnerado los derechos fundamentales, como el de libertad, del ex alcalde. No obstante, no podrá acudir al TC en recurso de amparo hasta que se resuelva la súplica que ha presentado.
   La Justicia también entiende que los seis días que Morales ha estado desaparecido desde que la Sala de lo Civil y lo Penal firmara dos órdenes, nacional e internacional, de búsqueda y captura no lo ha hecho en calidad de fugitivo, puesto que en ningún momento "ha habido delito de evasión de presos o de detenido, ya que no estaba arrestado, sino que estaba en una zona no localizable".

Los inmigrantes marroquíes residentes en España están en mala posición

CASABLANCA.- Los inmigrantes marroquíes residentes en España están en mala posición. Es la comunidad extranjera más afectada la crisis, según Walter Actis, miembro del Centro de Investigación español del Colectivo Loé al diario L`Economiste.

Los hombres son los que más han padecido la caída de la oferta de empleo. El índice de paro ha pasado del 17% en 2007 al 48% en 2011. La explicación estaría en el tipo de trabajo. “Los hombres ocupaban en su mayoría empleos que han sido duramente castigados por la crisis en diferentes sectores como la construcción, el comercio y la hostelería” explica Actis… 
El paro entre las mujeres ha alcanzado el 56,5%...lo que se explica por las características del perfil del inmigrante marroquí. “Las mujeres solo constituyen el 30%, contrariamente al resto de las comunidades extranjeras, concretamente la latinoamericana, en las que llegan a alcanzar hasta el 60%” subrayaba Ángeles Ramírez, profesora en la universidad Autónoma de Madrid. 
“Más de la mitad de las inmigrantes marroquíes (67,1%) se instalaron en España acogiéndose a la reagrupación familiar y la mayoría (74,2%) no transfieren dinero a Marruecos”. Paralelamente, el incremento de parados marroquíes en España se ha traducido en un incremento explosivo en el número de beneficiarios de los subsidios de paro, que ha pasado de 27.000 en 2007 a 104.000 en 2010.

Ordóñez pide limitar el dinero público para sanear la banca

MADRID.-  El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha reclamado que entre los principios para encarar el saneamiento de la banca española deben primar el de limitar "en lo posible" el uso del dinero público y reducir "al mínimo" el tiempo de presencia del Estado en las entidades.

   En su discurso pronunciado ante el consejo de gobierno del Banco de España, que será su última intervención antes de ser sustituido por Luis Linde, Fernández Ordóñez recomienda al Gobierno seguir estos principios a pesar de que los cambios en las condiciones económicas y de los mercados han obligado "a irlos modulando".
   El gobernador saliente, quien tilda de "crucial" continuar con la reestructuración del sector como condicionante de la "pauta de salida" de la recesión, también apunta a seguir con el impulso de procesos de integración para contrarrestar la "excesiva" fragmentación y el sobredimensionamiento del sector.
   Para Fernández Ordóñez, la banca tendrá además que reforzar su solvencia y fomentar la transparencia, al tiempo que emplaza a resolver las "debilidades" estructurales del modelo de las cajas de ahorros.
   Fernández Ordóñez, que dejará su cargo el próximo 10 de junio, valora la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB), al considerar que contribuyó de forma "muy positiva" a la relajación de las tensiones en los mercados en la primera mitad de 2011, con la prima de riesgo por debajo de los 200 puntos básicos.
   Se congratula también de que la transformación de las cajas en bancos, con la desaparición de unas 30 entidades, quedó "en la mayoría de los casos" en manos de otras "más sólidas y eficientes".
   En este sentido, concreta que el número de empleados y de oficinas se redujo en un 12% a cierre de 2011, con lo que se situó en cifras similares a las que existían en 2004.
   El todavía gobernador del Banco de España recuerda que las empresas y familias aún deben acometer un proceso "relativamente dilatado" de reducción de sus niveles de endeudamiento, por lo que avisa de que, "en el corto plazo", la recuperación del crecimiento "no podrá apoyarse" en el crédito, tal y como sucedió en el pasado. Por último, cifra en un 4% la caída del crédito al sector privado no financiero en 2011.

El FGD puede aportar hasta 7.900 millones al Sabadell

BARCELONA.- El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) puede aportar a Banco Sabadell hasta 7.900 millones de euros en diez años en el marco del Esquema de Protección de Activos (EPA) de CAM, adjudicada en proceso competitivo al banco que preside Josep Oliu.

   Así figura en los datos remitidos por la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acerca de las provisiones que puede llegar a aportar el FGD por pérdidas de activos de Banco CAM que se puedan ir produciendo en el futuro.
   La Comisión Europea, que aprobó la operación el 30 de mayo, estimaba una ayuda estatal de entre 7.200 y 8.200 millones.
   Banco Sabadell prevé consolidar la información financiera con Banco CAM en los resultados de este primer semestre, y completar la operación de fusión el 8 de diciembre.
   Una vez realizada la integración, la entidad contará con una cobertura del 16,1%, el doble que la media del sistema financiero español, y puede alcanzar el 22,7% si se añade el efecto de "riesgo equivalente cero" generado por la exposición adicional neutralizada por el EPA.
   En importe, la cobertura alcanza los 21.700 millones de euros de provisiones totales, de los que unos 16.300 corresponden a provisiones para el saneamiento de Banco CAM, 3.200 son provisiones de Banco Sabadell en 2011, y 2.300 son cobertura a través de la cuenta de resultados de 2012.
   Por carteras, la cobertura es del 54,1% en la de promoción inmobiliaria subestándar y dudosa y activos inmobiliarios; del 40,3% en promoción inmobiliaria en situación normal; del 50,3% en el subtotal de activos inmobiliarios, y del 5,5% en crédito a empresas, pymes y particulares.

Juan Morales, el primer exalcalde de la Región con sentencia firme que ingresa en prisión por corrupción durante su mandato

MURCIA.- Juan Morales ha pasado a convertirse en el primer exalcalde de la Región de Murcia que, con sentencia firme condenatoria, ha ingresado en prisión por las actuaciones urbanísticas corruptas realizadas durante su mandado en Totana y de las que pudo lucrarse.

   Desde este jueves por la tarde, Morales se encuentra en la prisión de Campos del Río y previsiblemente no será hasta dentro de diez meses y medio cuando pueda disfrutar de los permisos de fin de semana y salir de la cárcel, si antes no se le aplica el tercer grado, que supondría que sólo acudiría a prisión por las noches para dormir.
   El fiscal, en su escrito, califica como "graves" los delitos cometidos por Morales. Coincide la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en este sentido, tal y como lo expone en el auto dictado el 30 de mayo de este año, en el que se acordaba su detención e ingreso en prisión.
   Sostiene la Sala que Morales, que desempeñó el cargo de regidor en Totana en las legislaturas 1995-1999 y 2003-2007 y el de diputado regional en el periodo comprendido 2003-2007 renovando por cuatro años más hasta 2011, aprovechándose de tal condición cometió unos hechos que "como máximo responsable municipal nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular y en otros, buscando el trato de favor para sus amistades".
   En concreto, en la legislatura 2003-2007 para conseguir sus objetivos utilizó "todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa y sin el más mínimo recato en actuar tanto él, de forma directa, como en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de estos movimientos estaba su persona".
   Y es que, apunta la Sala, al menos desde 2004 centralizó en su persona todas las actuaciones urbanísticas del municipio, entre las que destacaba lo relacionado con la tramitación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Totana, que "conocía a la perfección".
   En aquel momento, Morales vio una vía "fácil" para la participación personal en las plusvalías que se estaban dando en una época, precisamente, de bonanza económica, conocida como 'pelotazos urbanísticos'.
   En concreto, la actuación urbanística que iba a desarrollar la mercantil con sede en Galicia, denominada Inmonuar S.L., en el paraje de El Raiguero, suelo considerado como rústico y no urbanizable, era para la construcción de unas 5.000 viviendas en un terreno de unos dos millones de metros cuadrados.
   El entonces alcalde de Totana se ofreció a realizar funciones que le eran ajenas a su cargo, como el convencer a los propietarios de los terrenos, la mayoría agricultores, y por otro lado negociar con la empresa para llevar a buen puerto este proyecto urbanístico, según se recoge del auto.
   Además, siendo conocedor que esto era contrario a la función pública que ostentaba, solicitó en concepto de 'peaje' una compensación económica como comisión.
   Por ello, la Sala entiende que es la persona de Morales la que desde el principio "propicia la existencia de esa comisión ilegal, ya que es él que la solicita, quien concreta la cantidad a abonar, quien ordena y coordina la operación, exige la firma de un documento público de reconocimiento de deuda, lo impulsa todo de una forma insistente y firma el convenio urbanístico".
   Las cantidades solicitadas por Morales para su enriquecimiento personal a través de sus testaferros ascendían a 15,4 millones de euros en su conjunto.
   De forma que entiende la Sala que el delito de cohecho continuado cometido por Morales no ha sido realizado "esporádica y ocasionalmente una sola vez, porque le han tentado desde fuera los particular con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana, sino que es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde".
   Consideran los magistrados de la Sala que no se pueden tolerar comportamientos que "en vez de servir con objetividad los intereses generales, sirven únicamente su mezquino interés privado mediante la percepción de dinero por el ejercicio de funciones públicas, lo que supone la conculcación del principio de imparcialidad".
   Igualmente, advierte que para la sociedad "es inasumible que los titulares de los tres poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- se vean inmersos, como sucede en el caso presente, en la comisión de delito continuado de cohecho y malversación, teniendo pendiente proceso penal por delito de prevaricación, no sólo porque los delitos por los que ha sido condenado tengan un bien jurídico protegido que esté llamado a cumplir una función social de primer orden, sino que es la función social relevante al constituir un atentado contra el Estado de Derecho proclamado en la Constitución por parte de quien ha sido diputado en la Asamblea Regional de Murcia y alcalde de Totana".
   En estos casos, son los jueces y tribunales los que, en su labor de defensa del Estado de Derecho, "han de pronunciarse contra quienes lo degradan y lo corrompen".
   En su opinión, la corrupción de los políticos "conduce a la desconfianza de la sociedad en ellos, por lo que en este caso concreto y con estos delitos graves continuados y en las circunstancias especiales que se producen, es cuando la pena ha de cumplir una irrenunciable función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad en la vigencia de la norma infringida con el delito, o sea la función de prevención general positiva".

Diego de Ramón solicita la comparecencia de Juan Bernal y Patricio Valverde ante la Audiencia Nacional

MURCIA.- El abogado de Plataforma CAM, el murciano Diego de Ramón, ha solicitado de la Audiencia Nacional que cite a declarar como testigos a ex consejeros de la CAM como Juan Bernal Roldán, actual consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente de la Comunidad de Murcia; Antonio Sánchez Carrillo, exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Murcia; Eduardo Martínez Oliva, jefe del Gabinete del alcalde de Murcia; Patricio Valverde Megías, exconsejero de Industria de la Comunidad de Murcia; el empresario José García Gómez; Juan Antonio Gisbert García, ex director general de la caja, y Esperanza Zambudio Mompeán, según adelanta hoy 'La Verdad'. 

Todos ellos fueron, en distintas épocas, miembros de la Asamblea General de CAM y, en algunos casos, como el de Juan Bernal, integrantes del Consejo de Administración, por lo que considera que su testimonio podría aportar luz sobre las causas por las que la entidad financiera acabó siendo intervenida.
De Ramón también reclama la citación del exvicepresidente de CAM, Armando Sala Lloret, entre otras muchas pruebas que considera necesario realizar para esclarecer los hechos denunciados en las tres querellas que hasta el momento ha interpuesto contra exdirectivos de la caja de ahorros.
Otra de las diligencias propuestas es que testifique el jefe de los servicios jurídicos de la entidad, «para que legitime los créditos superiores a 300.00 euros que fueron declarados fallidos». También reclama un careo entre los exdirectivos Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el secretario general José Pina Galiana y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés, para aclarar cuestiones referidas a «los fallidos todavía no declarados, como las indemnizaciones».
Por último, ha reclamado la nulidad de la subasta de Banco CAM , ya que antes de su adjudicación al Banco Sabadell la entidad alicantina, durante su proceso de conversión en banco, segregó del propio Banco CAM las cuotas participativas y las derivó, junto a la Obra Social y a créditos morosos, a CAM .

Corruptelas entre "ángeles" del cuerpo

MURCIA.- Los nueve miembros de la anterior junta directiva del Colegio de Enfermería, presidida por Diego Gutiérrez, cobraron en un solo año más de 182.000 euros en concepto de dietas, primas y manutención. La auditoria externa que encargó en su día la propia institución revela que al menos parte de los directivos cobraban por acudir a actos y reuniones relacionadas con el Colegio, se revela hoy en el diario 'La Verdad'. 

Esas primas ascendieron, en el año 2010, a 132.701 euros. A esa cantidad hay que sumar 31.622 euros en dietas y 18.259 por manutención, taxis, parking y estancias en hoteles. En total, 182.538 euros.
La auditoría, a la que ha tenido acceso 'La Verdad', revela además los pagos no justificados que el Colegio hizo a varias empresas, algunas de ellas supuestamente vinculadas a miembros de la institución. Por ejemplo, en 2010 se pagaron 28.548 euros en concepto de «relaciones públicas para la protocolización y asistencia del presidente a los distintos actos convocados».
Una de las empresas con la que se cerraban habitualmente contratos es Dircom Manager. Como ya informó 'La Verdad', el apoderado de esta sociedad era Jesús Cobarro Jaén, director de Comunicación del Colegio e hijo del extesorero, Jesús Cobarro Gómez. Así figura en el Registro Mercantil. Después apareció Dircom Business. El hijo del extesorero ya no figura en los documentos del Registro Mercantil, pero sí aparece la misma administradora que en Dircom Manager: Beatriz Gracia Gómez.
La auditoría señala que Dircom Business está «vinculada a algunos miembros de la Junta de Gobierno», aunque no especifica cuáles. Precisamente con esta sociedad es con la que aparece un agujero de mayores proporciones. En total, hay pagos no justificados a Dircom Business por valor de 218.203 euros en el año 2010. Muchas de las facturas llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la empresa se embolsó del Colegio 672 euros en concepto de gastos de protocolo por un simple encuentro con el recién nombrado director del Servicio Murciano de Salud, José Antonio Alarcón. También cobró protocolo por unas jornadas de matronas (413 euros), o por actividades similares en el Reina Sofía o en Caravaca (707 euros en ambos casos). Además, Dircom facturó 2.897 euros por la compra de marcapáginas-imán, 1.503 euros por la adquisición de «sobres americanos», y 2.030 euros por una fiesta en el Happy Park.
El Colegio contrataba a empresas externas para llevar a cabo servicios que podría haber desarrollado el personal propio de la institución. Así, Dircom organizó la presentación de un libro del presidente, Diego Gutiérrez, en el restaurante Churra. Cobró por ello 986 euros.
Los anteriores responsables del Colegio, que abandonaron la institución tras la intervención del Consejo General de Enfermería en octubre, deberán dar cuentas ante el juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que ha abierto diligencias y está estudiando la auditoría. La nueva junta del Colegio, encabezada por Amelia Corominas, se ha personado en la causa.
Los colegiados pudieron conocer ayer los detalles de la auditoría en una asamblea general. Corominas, que ganó las elecciones del Colegio en marzo, cumple así con una de sus promesas electorales. Tanto la anterior junta como el Consejo General de Enfermería se negaron en su día a facilitar a los colegiados esta información.

Neoladrillismo o cómo volver a tropezar otra vez en la misma piedra / Juan López de Uralde

El ayuntamiento de Tarifa ha aprobado la construcción de más de 300 viviendas y 1.400 plazas hoteleras junto a la playa de Valdevaqueros. Si no lo evitamos, este paraje único, libre de construcciones, y ubicado entre los Parques Naturales del Estrecho y los Alcornocales, puede caer bajo la nueva ola del ladrillo. No es el único. Como si nada hubiera ocurrido en España en estos últimos años, se suceden los nuevos proyectos urbanísticos en los lugares más bellos de nuestro litoral. Es el neoladrillismo. 

Así, aquellos parajes que por estar peor comunicados, o por haber sido emblemas de la protección ambiental, se han librado del brutal urbanismo de la última década, están ahora muy amenazados. Se trata de lugares singulares de especial belleza, y hasta ahora prácticamente vírgenes, que lograron sobrevivir de la voracidad urbanística. Hablamos por ejemplo de la playa de Es Trenc, en Mallorca. Un inmenso arenal que ha sufrido varias veces la amenaza de construcciones, pero que hasta ahora se había mantenido incólume gracias a la tenacidad de los grupos ecologistas, en especial del incansable GOB. En Murcia la amenaza se cierne sobre las costas de cabo Cope, hasta ahora ajenas al ladrillazo que inundó otras zonas de su litoral como La Manga del Mar Menor. En Almería es el Cabo de Gata el espacio sometido al riesgo de una nueva ola del ladrillo, como si no estuviera grabada en nuestra retina la imagen de ese espantoso hotel en la playa de El Algarrobico. 
Pero ¿cómo es posible que esto ocurra con la que está cayendo precisamente como consecuencia de un urbanismo salvaje y de una burbuja inmobiliaria que no se supo o no se quiso parar? Ahí tenemos a Bankia, arrastrada al abismo precisamente por los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Un abismo que parece arrastrarnos a todos y que, si no se remedia, va a costarnos miles de millones de euros de dinero público mientras se recortan servicios básicos para la ciudadanía.
 Sin embargo, parece que esté modelo, el de los 5 millones de parados, sigue teniendo defensores en diferentes instancias y que podría volver. La falta de alternativas de los grandes partidos le abre el camino. Ahora no vendrá de la mano de una banca fuertemente endeudada, sino a través de inversores o fondos extranjeros específicos que buscan dónde invertir. El neoladrillismo no es masivo, ni se da en cualquier parte. Busca lugares de especial valor para proyectos de alto standing que puedan comercializarse perfectamente entre inversores extranjeros. 
Puede ser un buen negocio para ellos, pero en España sólo dejará más destrucción agotando todavía más el atractivo turístico de nuestra costa, a cambio de muy poco. Ya hemos visto lo que nos ha traído la economía del ladrillo. Volver a escuchar los mismos argumentos de hace una década para justificar que se enladrille la playa de Valdevaqueros en Tarifa es inaceptable. No debemos permitirlo. No podemos consentir que una vez más se engañe a la gente con un falso desarrollo cuyas consecuencias ya conocemos. Tenemos que decir no. Otra vez no.

El Banco de España duda de que BMN pueda devolver las ayudas del FROB y sugiere intervención

MADRID.- Según informa hoy El Economista, el Banco de España considera “prácticamente imposible” la “devolución del apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenaba Bancaria (FROB)” a Banco Mare Nostrum. Por otra parte, fuentes del supervisor no descartan que el presidente ejecutivo de la entidad, el murciano Carlos Egea (en la imagen), dimita o sea destituido la próxima semana si hubiese sospecha fundada de presunta comisión de graves delitos societarios porque asi se desprendiese, y se confirmase en sus justos términos, del informe definitivo de la última inspección del Banco de España y de que, en consecuencia, se han venido también alterando las cifras reflejadas en balance. A renglón seguido podría actuar de oficio, o a instancia de parte, la fiscalía anticorrupción, en Madrid, tal como ha sucedido en el caso de Bankia.

 Según el último informe de seguimiento elaborado por los inspectores del supervisor es “prácticamente imposible el cumplimiento de las medidas contempladas en el contrato y plan de integración y la devolución del apoyo financiero del FROB, pudiendo encontrarse en la situación prevista en el artículo 7.1.c) del RD-L 9/2009 de 26 de junio”, siempre según El Economista.

Dicho artículo se refiere a la toma de control de la entidad por el FROB y a la sustitución de los gestores por incumplir de forma grave el plazo de ejecución o las medidas concretas del plan.

En cuanto a los informes que recibirá el próximo lunes el nuevo gobernador del Banco de España, Luis Linde, se escribe hoy en 'El Financiero' que "habrá un tercero del servicio de inspección en el que le explicarán al nuevo Gobernador que la viabilidad de Banco Mare Nostrum no está muy clara, y que lo mismo conviene empezar a tomar cartas en el asunto".

El informe del Banco de España, que se terminó el 8 de mayo (tres días antes del anuncio de la segunda reforma de De Guindos) y que analiza la situación de la entidad a cierre de 2011, advierte que se aprecian desviaciones "muy significativas" respecto a las estimaciones de la entidad sobre el cumplimiento del plan de integración, desviaciones que cuestionan "la generación de resultados para poder devolver las ayudas", se escribe en 'El Economista'.

Pero el incumplimiento de los objetivos marcados en el plan, no es lo único que se resalta en el informe. Los inspectores también se refieren, entre otras muchas cosas, a cambios de criterios contables, "márgenes inflados", una inadecuada calificación del riesgo y, en su opinión, un incorrecto ajuste contra reservas que habría librado a la entidad de registrar pérdidas en 2011.

El grupo BMN, nacido de la unión de Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, recibió en junio de 2010 915 millones del Frob en participaciones preferentes.

La desviación de sus objetivos, según se recoge en el documento, "ha llevado a BMN a revisar a la baja sus previsiones de resultados en diversas ocasiones, aumentando el esfuerzo de optimización de empleados y oficinas".

BMN anunció inicialmente una reducción de 1.049 empleados y el cierre de 171 oficinas, unos objetivos que luego fueron ampliados para alcanzar a 1.650 trabajadores y 280 sucursales.

El informe recoge algunos fragmentos de varias actas del comité de dirección de BMN, donde se refleja que la entidad es consciente de que los resultados no se corresponden con sus previsiones iniciales. Así, el 11 de mayo de 2011, se afirma que "el presidente manifiesta su preocupación por los resultados provisionales del primer cuatrimestre, en los que se han alcanzado unos niveles de mora y adjudicados muy por encima de los objetivos presupuestados".

Ello implica, según el acta de esta reunión "revisar todos los cálculos para los dos próximos años, que son los más relevantes para la viabilidad del grupo, estableciendo un nuevo plan de negocio para el resto del ejercicio".

El diario El Economista se puso en contacto con fuentes de la alta dirección del Banco de España para conocer su opinión acerca del informe de seguimiento de BMN realizado por el equipo inspector asignado a esta entidad. Afirman que el documento no había llegado hasta ninguna persona de la alta dirección de la institución debido a un fallo en la cadena de supervisión y que aún no se ha sometido a ningún tipo de control interno.

Estas fuentes afirman que los informes que elaboran los equipos de inspectores reciben el visto bueno del cabecera, el jefe de equipo. En este caso, aseguran, el cabecera unió la información elaborada por su equipo sin ponderarla ni darle forma, algo que sí se hace habitualmente. En su lugar, carga directamente el informe en el disco x, el soporte donde se archivan los documentos que aún no son definitivos, y no se lo comunica al jefe de grupo, por lo que ni éste, ni el jefe de departamento, ni el director general llegan a tener conocimiento del informe de seguimiento trimestral de BMN.

El fallo en el procedimiento de la supervisión lo atribuyen estas fuentes del Banco de España al estrés al que está sometido este inspector, que últimamente soporta una importante sobrecarga de trabajo, dicen desde el vértice.

En todo caso, sostienen, el documento se encuentra en fase de formación de opinión y sólo cuando sea un informe definitivo pasará al Sigas (Sistema Integrado de la Gestión de la Actividad Supervisora), que es la base de datos donde se almacenan todos los informes.

En cuanto a su contenido, estas fuentes afirman que contiene juicios de valor descabellados, como el de que los gestores no están capacitados para dirigir una entidad de 70.000 millones de euros de balance, o que podría estar en situación de ser intervenida. Apuntan, además, como garantía de profesionalidad, que en la alta dirección de BMN hay algún exinspector del Banco de España. Éste es el caso del director de riesgos del grupo.

En cuanto al ajuste de 452 millones realizado contra reservas, que el informe sostiene que es contrario a las normas contables, aseguran que está regulado por la NIC 8, (una norma internacional de contabilidad sobre cambios en las políticas contables y corrección de errores) y el valedor de su aplicación es la CNMV. Al haber, aseguran, autorización previa de este organismo, el Banco de España también da su visto bueno.

Sobre el trasvase de provisiones recogido en el informe, de activos no inmobiliarios a inmobiliarios, el supervisor admite que los hubo, si bien siempre se cumplió la norma.

Admiten también que hubo retrasos de BMN en facilitar información a los inspectores, pero no lo atribuyen a una actitud de obstaculización a la labor supervisora, sino por las dificultades que ocasiona que los sistemas informáticos de las cuatro cajas que conformaron el grupo "no están asentados".

Asimismo, afirman que consideran que lo que se vierte en el documento es sustancialmente falso y que existen conceptos erróneos. Ahora, el informe deberá pasar el control interno y se debe "tamizar" y suavizar sus términos, concluyen.

jueves, 7 de junio de 2012

Piden a Viudes que haga caso al Presidente de Puertos del Estado


MURCIA.- Ecologistas en Acción ha remitido un escrito al Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, a raíz de las declaraciones del Presidente de Puertos del Estado, don José Llorca, en las cuales éste esgrimía que:
•     “…En los últimos años se han ejecutado en España importantes obras portuarias, incluso de récord, de tal forma que en la actualidad tenemos abrigo suficiente para los próximos 20 ó 25 años…”.
•     “…En una coyuntura económica como la actual en la que existe una sobre capacidad portuaria y en la que es necesario destinar gran parte de los recursos para reducir la deuda, no es momento de invertir en nuevas infraestructuras, ahora hay que pagarlas…”.
•     “...insto a los presentes a no descapitalizarse en capital humano, apostar por la internacionalización, la innovación y las nuevas tecnologías”.
 “Ganar en capacidad no es equivalente a construir nuevas infraestructuras, hay que explotarlas mejor…
En el escrito remitido por los ecologistas, éstos solicitan a Viudes que, en base a dichas declaraciones, se desestime definitivamente la Terminal de Contenedores en El Gorguel. También han reiterado a Viudes que si tan necesario considera albergar un mayor número de contenedores en el puerto de Cartagena, aproveche la inacabada e infrautilizada infraestructura del Valle de Escombreras, cuya ampliación ya se “vendió” en 1996 con la misma excusa con que ahora se pretende justificar la terminal en El Gorguel.
Para los ecologistas, en estos momentos más que nunca es necesario seguir las recomendaciones del Presidente de Puertos del Estado, en el sentido de no construir nuevas y caras infraestructuras de dudosa necesidad, y de explotar mejor las ya existentes, muchas aún por pagar, aspectos que coinciden con lo expuesto en múltiples ocasiones por Ecologistas en Acción, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Comunidad Europea.
Según Natalia Martín, responsable de medio marino de la asociación: “en los tiempos de crisis actuales, seguir apostando por infraestructuras faraónicas de dudosa justificación y que realmente no responden a un interés general, es llevar a la sociedad a hipotecarse asumiendo elevados costes derivados de la nefasta gestión de las administraciones públicas, y limitando las posibilidades de inversión pública en servicios básicos y realmente necesarios, como sanidad, educación , servicios sociales, etc”.
Respecto a las recientes declaraciones de Viudes, Natalia Martín ha asegurado que “al igual que ha hecho el Gobierno Regional con Marina de Cope, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena lanza de nuevo anuncios triunfalistas que pretenden hacer creer a la sociedad que la ejecución del proyecto está asegurada, y que su construcción es ya un hecho sin lugar a dudas, algo que está muy alejado de la realidad”.
Martín recuerda, además, a Viudes que: “la afección a la Red Natura 2000 es un hecho indiscutible, por lo que la Comisión Europea tendrá la última palabra, le guste o no a los promotores del proyecto, es decir, a la Autoridad Portuaria de Cartagena y al Gobierno Regional”.
Por todo ello, Ecologistas en Acción exige, tanto a la Autoridad Portuaria de Cartagena como al Gobierno Regional, que dejen de vender la costa de la Región de Murcia, y de correr cortinas de humo para enmascarar la realidad de la nefasta situación actual en la Región de Murcia. La pretensión de volver al ladrillazo, y la apuesta por proyectos totalmente insostenibles, que no reportarán un beneficio a los ciudadanos y ciudadanas de la Región, sólo servirían para llenar los bolsillos de especuladores y corruptos, al tiempo que aumentarían el lastre que impide a este territorio salir del agujero de la crisis.

El ex alcalde de Totana se entrega voluntariamente a la Guardia Civil e ingresa en prisión

MURCIA.- El ex alcalde de Totana y ex diputado regional, Juan Morales, ha comparecido voluntariamente este jueves por la tarde ante la Guardia Civil de la Región de Murcia, que ha procedido a su traslado al centro penitenciario Murcia II, dando cumplimiento a lo ordenado en auto judicial de 30 de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado. 

   Cabe recordar que por auto de 30 de mayo, la Sala Civil y Penal ordenaba "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de Morales por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio. El tribunal decretaba el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
   La Guardia Civil, tras personarse en varios domicilios, constató la imposibilidad de localizar a Morales porque se encontraba en paradero desconocido, por lo que el tribunal decretó su busca, detención e ingreso en prisión y emitiendo orden de busca y captura nacional e internacional.
   El abogado de Morales presentó un recurso a esta orden, pero la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia, mediante auto notificado en la mañana del pasado martes, acordó no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de Morales por la petición de indulto "y mientras se tramita y resuelve el mismo".
   El ahora interno ha comparecido voluntariamente esta tarde ante los agentes responsables de su acompañamiento hasta el centro penitenciario ubicado en Campos del Río, que han dado inmediato cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial.
   El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una presunta trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.
   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

Desde el PSRM se critica el "discurso plano" de Valcárcel que "no acepta la realidad y echa la culpa a los demás"

CARTAGENA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Rafael González Tovar, ha criticado la intervención del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en el debate sobre el estado de la Región con un discurso "plano, de no aceptación de la realidad, de echar siempre la culpa a los demás y no reconocer los propios errores".

   González Tovar ha destacado que el presidente "ha ido de rama en rama y no ha querido llegar al tronco, y mucho menos a la raíz de la situación que está atravesando la Región".
   En este sentido, ha destacado que la Región es "el punto cero del 'boom' inmobiliario y estamos pagando la crisis de una forma muy especial" y eso era lo que Tovar esperaba que reconociera.
  Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT en la Región de Murcia, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, han criticado este discurso por "mirar al pasado" y proponer soluciones "demasiado lejanas".
   Así, Daniel Bueno ha criticado que Valcárcel se haya dedicado a "mirar al pasado para criticar la situación que estamos y a poner las soluciones desgraciadamente demasiado lejanas".
   Por su parte, Antonio Jiménez ha ido más lejos y ha calificado el discurso de "políticamente inaceptable", ya que, ha argumentado, "no se compadece con la situación real que están viviendo las familias, trabajadores y empresas".
   Por tanto, ha insistido, "es políticamente incoherente con la situación actual".
   Jiménez ha considerado que la situación de la Región de Murcia es "de UCI económica, catastrófica" y esta situación "requiere de otro tipo de medidas".
 "No es momento de auto complacencias sino reflexión, conjunción y medidas que nos ayuden a salir de esta crisis", ha concluido.

Volverá el déficit y Murcia a la cabeza

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado de que las comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit asumido para este año (1,5%) y se quedarán alrededor del 2,2% a pesar de los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Así lo ha señalado el experto de Fedea Juan Rubio en una rueda de prensa, donde ha explicado que las CC.AA. registrarían un déficit del 2,2% si no se tuvieran en cuenta esos planes de ajuste y que, tras analizarlos, se quedarán en ese entorno porque han sobrestimado los ingresos.
   "Históricamente los planes de ajuste no han servido para nada", ha dicho Rubio, quien ha explicado que tradicionalmente las comunidades sobrestiman los ingresos en un 7%.
   Este año, las comunidades tuvieron que presentar sus presupuestos sin que se hubiera elaborado el Presupuesto del Estado, lo que les llevó a realizar una sobrestimación de ingresos de 12.235 millones: unos 6.000 millones por el sistema de financiación autonómica, unos 3.000 millones en concepto de transferencias de capital y unos 3.000 millones por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos.
   Una vez presentados los planes de reequilibrio, con un incremento de ingresos por valor de 4.710 millones, aún registrarían un desfase de unos 7.525 millones en ingresos, lo que les llevará a registrar un déficit final cercano la 2,2%.
   En este escenario, las comunidades que registrarían más déficit serán Castilla-La Mancha (-4,9%), Murcia (-3,7%), Baleares (-3,4%) y la Comunidad Valenciana (-3,3%). Las que mejor se comportarán serán Madrid (-0,8%), La Rioja (-1%), Galicia (-1,1%) y Castilla y León (-1,7%).
   Rubio ha puesto como ejemplo lo que pasó en 2011, año en el que las comunidades presentaron planes con un incremento de ingresos de 3.194 millones y la realidad fue que los ingresos bajaron en 6.057 millones. En gastos, presentaron recortes por 8.557 millones que al final se quedaron en unos 6.300 millones.
   Dos de los principales problemas de las comunidades, según Rubio, son las competencias de Educación y Sanidad, dos partidas muy difíciles de controlar, y la "grave opacidad" de las cuentas, tal y como ha demostrado el plan de proveedores, mecanismo que ha permitido aflorar nuevas facturas que han acabo por elevar el déficit de 2011.
   Preguntado por las comunidades que van peor, Rubio ha admitido que hay tres que van muy mal: la Comunidad Valenciana, la primera con la que se podría aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria,  La Rioja y Castilla y León, aunque estas dos últimas van mejor y son menos importantes. 
   En cuanto a la política fiscal en general, Rubio ha recordado que España es uno de los países con la presión fiscal más baja. "Pagamos pocos impuestos nos guste o no", ha dicho, tras afirmar que si no se eleva la recaudación habrá que recortar el estado de bienestar. "No podemos tener una presión fiscal a la americana y un gasto a la alemana", ha dicho.
    Así, ha apostado por subir los impuestos indirectos, IVA e Impuestos Especiales, por subir determinadas tasas y por introducir una tasa sobre el patrimonio similar a la de Francia, una medida que podría aportar un punto de PIB.
   En el caso del IVA, Rubio cree que el Gobierno ha hecho bien diciendo que no lo subirá hasta el año viene, y ha apostado por combinar la ampliación de la base imponible del impuesto (limitando los productos que se pueden acoger a la tasa reducida y superreducida) con una subida del tipo general que no ha querido cuantificar.
   En paralelo, ha apostado por eliminar deducciones en algunos impuestos, eliminar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados y bajar "drásticamente" los impuestos sobre las rentas laborales, no solo en cotizaciones, sino que también se puede el IRPF.
   Por otro lado, Rubio ha repasado el índice que elabora Fedea para ver la evolución de la economía en este momento y ha dicho que ahora está en niveles  similares a los de la crisis de 1992.
   "La situación es como mínimo preocupante", ha dicho, tras confiar, sin embargo, en que el país supere la recesión a mediados del año que viene porque históricamente las recesiones no suelen durar más de seis trimestres.

Ecologistas reclaman que se investigue "urgentemente" las causas de los dos incendios en Ajauque y Rambla Salada

MURCIA.- Ecologistas en Acción reclama que se investigue "urgentemente" las causas de los dos incendios ocurridos en el humedal protegido de Ajauque y Rambla Salada en menos de un mes, para poder poner a disposición judicial a los presuntos responsables, ya que hay fuertes sospechas de que puedan ser provocados.

   Así, califica de "desastre ecológico" que hayan ocurrido dos incendios en menos de un mes en el humedal protegido de Ajauque y Rambla Salada, afectando a más de 20 hectáreas de terreno protegido, con especies de flora y fauna protegidas, lo cual agrava las consecuencias del incendio.
   La superficie arrasada estaba cubierta por matorral característico de humedales salinos, saladares y carrizales, y sobre todo con presencia de especies animales de gran interés ambiental. Entre estas especies se encuentran el aguilucho cenizo, cigueñuela (por la que se declaró la ZEPA), taray o distintas especies de limonium.
   "A falta de poder evaluar 'in situ' los daños ambientales que ha provocado el incendio realmente, las previsiones no son nada halagüeñas teniendo en cuenta el alto valor ecológico de la zona quemada y por la importancia que tiene que sucedan dos incendios tan seguidos y en plena época de nidificación de aves vinculadas a este espacio, así como por la singularidad de un tipo de ecosistema del que cada vez queda menos representación en nuestro territorio".
   Los ecologistas han reiterado la necesidad de una urgente investigación que lleve a dar con los responsables del incendio, a los que, en su caso, "debería imponérseles sanciones ejemplarizantes". En este sentido los ecologistas advierten que "la demora en el inicio de las investigaciones sólo favorece a los responsables de este desastre ecológico".
   Ecologistas en Acción insiste en que estos incendios son "consecuencia directa de la mala gestión forestal y de los espacios naturales y especies amenazadas". Recuerdan que "los incendios se apagan en invierno, y que las medidas de prevención y control no sólo consisten en la compra de efectivos, sino también en el control de actividades y accesos en determinadas zonas de riesgo en las épocas de mayor peligro de incendio".
   Esto significa que "no sólo hay que invertir más en las labores de prevención, sino que hay que mejorar mucho la gestión, especialmente en las zonas protegidas donde un incendio puede acabar con poblaciones de especies amenazadas. Y hablar de gestión significa hablar de Planes de Gestión y de limitaciones de usos y actividades en determinados lugares y determinadas fechas".
   En este sentido, la organización denuncia que en los últimos años el dinero invertido "ha sido destinado principalmente a medios de extinción, pero las asignaturas pendientes siguen siendo la prevención y la gestión de los espacios naturales y forestales de nuestra región. Así, es absolutamente irresponsable que todavía queden Planes de Gestión tanto de espacios naturales, como de especies silvestres, pendientes de aprobar, y entre las que están algunas de las afectadas por este incendio".
   Además, Ecologistas en Acción de la Región Murciana lamenta la "inconsciencia del Gobierno regional, que mantiene pendientes de aprobación documentos esenciales para la correcta gestión forestal y la prevención de incendios en Murcia, como se viene denunciando desde hace varios años, tras incendios como el de la Sierra del Molino en Calasparra o el de la Peña del Águila en Cartagena, a pesar de lo cual el Gobierno Regional ha mantenido su inmovilismo habitual".
   Pero además, los ecologistas advierten que "existe un tercer documento que lleva años guardado en un cajón". Se trata de la "Estrategia Forestal de la Región de Murcia, de la que se presentó un borrador en el año 2003, e incluso se hizo una revisión del borrador en 2008, pero que a día de hoy no ha sido aprobado definitivamente por el Gobierno de la Comunidad".
   Por ello Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Valcárcel "no esté haciendo los deberes ni en materia de planificación forestal, ni de prevención efectiva de incendios, siendo una prueba evidente estos dos incendios en menos de un mes y en el mismo espacio".
   Y esta situación "se agrava aún más con la constante pérdida de medios humanos y económicos que posee la administración regional destinada a Medio Ambiente, como consecuencia de la nefasta política ambiental que este Gobierno Regional lleva haciendo desde el año 1995".

Acuerdan no recolectar albaricoque por los bajos precios que quiere pagar la industria

MURCIA.- Los agricultores de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM) y las cooperativas de Castilla-La Mancha han acordado no recolectar albaricoque de la variedad Búlida para industria a partir de este jueves, 7 de junio, a las 18.00 horas "debido a los bajos precios que pretende pagar la industria conservera". 

   Según informaron fuentes de FECOAM en un comunicado, los precios "ruinosos" para el albaricoque de la variedad Búlida fueron acordados este miércoles por las industrias conserveras cifrados en 0,27 euros por kilogramo para la fruta de primera calidad y 0,18 euros por kilogramo para la fruta de segunda.
   Los cooperativistas critican que estos precios "están muy por debajo de los costes de producción", por lo que han acordado parar la recolección del albaricoque.

Decretan apertura de juicio oral contra Sigifredo Hernández y otros dos acusados por el caso del Molino de Oliver

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, que investigaba los hechos en torno al derribo del Molino de Oliver, en Aljucer, y la destrucción de su escudo heráldico BIC, ha procedido a acordar la APERTURA DE JUICIO ORAL y dar por formulada la ACUSACIÓN contra Sigifredo Hernández, Presidente de la Junta de Hacendados, otro directivo y el responsable de la empresa que ejecutaba la obra, “como autores responsables criminalmente,  sin circunstancias modificativas, de un delito CONTRA EL PATRIMONIO HISTORICO del art. 323 del Código Penal”, según un comunicado de 'Huermur'.

En el citado auto, se indica también las penas solicitadas por la Fiscalía para los acusados, consistente en:
         - 1 año y 9 meses de prisión
- Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
- Multa de 16 meses, con cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 del Código Penal
- Costas
- Responsabilidad civil, indemnización por el valor de los trabajos de restauración del escudo heráldico
Además, el Juez indica que el órgano competente para el presente caso será el Juzgado de lo Penal que por turno corresponda, y que se notifique a los ya acusados para que muestren su conformidad o disconformidad con la acusación, además de tener que presentarse mañana día 8 en el Juzgado para ser notificados.
Por todo ello, y ante la gravedad de que un cargo público, que ostenta la representación, tanto de un Tribunal Consuetudinario reconocido por la Ley del Poder Jucidial y elegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, como la representación del Alcalde de Murcia en su pedanía al ser Alcalde-Presidente de la Junta Municipal de Santa Cruz, y presidente del Partido Popular en la pedanía, HUERMUR exige la inmediata dimisión de todos los cargos que ostenta.
Ante la posible negativa de Sigifredo Hernández a abandonar los cargos a los que se aferra desde hace años, HUERMUR ha remitido varias misivas informando de estos hechos, tanto al Alcalde de Murcia, para que lo cese como Alcalde Pedáneo, como a los Comités Regional y Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, para que procedan a aplicarle los nuevos estatutos del partido, le abran el correspondiente expediente, le retiren su militancia y lo cesen en los cargos que ostenta.
Desde HUERMUR se considera inadmisible que se mantenga ni un minuto más en sus cargos a alguien sobre quién pesan acusaciones tan graves y que de forma inminente se va a sentar en el banquillo, ya que no es un simple imputado.

Egea no ceja en encontrar pareja para BMN

MADRID.- BMN, el grupo formado por la integración de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, está abocado a entrar en un proceso de fusión tras la última vuelta de tuerca que ha dado el Gobierno de Mariano Rajoy a la reforma financiera.

Sin embargo, según señalan algunos observadores, la intención del banco presidido por Carlos Egea siempre ha sido la de salir a Bolsa, aunque las condiciones de los mercados no se lo han permitido, más si cabe tras las malas experiencias de Banca Cívica y Bankia, recuerda hoy 'El Boletín' en sus páginas de opinión.

Por ello, la intención del banco podría ser ahora la de buscar una integración con alguna entidad que ya está cotizada. En los mentideros se mencionan nombres como CaixaBank o el Popular, aunque es muy difícil que estas dos entidades se avengan a un acuerdo.

De hecho, la opción más factible es una fusión con Unicaja, en pleno proceso de absorción de Caja España-Duero, que tampoco está en el parqué. No obstante, BMN se guarda un as en la manga con la subasta de Banco de Valencia, que sí cotiza y que podría otorgarle un camino directo hacia la Bolsa.

miércoles, 6 de junio de 2012

El Banco Popular tampoco quiere tratos con Egea


MADRID.- Aunque Banco Mare Nostrum (BMN), fruto de la unión de Caja Murcia, Caja Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, persigue fusionarse con el Banco Popular, la entidad presidida por Ángel Ron no está interesada en esta operación, por lo menos de momento. Hoy por hoy la adquisición de la entidad presidida por Carlos Egea no conlleva ayudas públicas, ya que BMN es FROB 1, recuerda 'Hispanidad'.

Al parecer, el presidente de BMN, el murciano Carlos Egea, y el del Banco Popular, el gallego  Ángel Ron, habrían mantenido ya algún contacto en las últimas fechas,  según el periódico 'Ideal", de Granada, sin resultados positivos hasta hoy mismo, reconocieron fuentes próximas al grupo bancario, que admiten la existencia de otros contactos paralelos con diversas entidades de crédito.
Desde BMN se mantiene como mejores opciones para la creación de un nuevo grupo bancario, las de Unicaja y Kutxa Bank (las cajas vascas), con quienes también han hablado sin concretar nada.
Pero la percepción del Popular podría cambiar en dos semanas, y es que el ministro De Guindos ha afirmado este miércoles que dentro de quince días se conocerá el resultado de la auditoría realizada por las dos consultoras -Oliver Wyman y Roland Berger- sobre la situación de las entidades financieras españolas. Así, el Ejecutivo esperará a su dictamen para tomar alguna decisión nueva sobre el sector.
De todas maneras, CX continúa siendo la primera opción del Popular. Lo malo, en este caso, es que sus rivales son el BBVA y el Santander, que ya han mostrado su interés en múltiples ocasiones. Por eso, Ron no descarta volver a contactar con La Caixa, pero sólo si la operación CX no llega a buen puerto y la situación del Popular, tras la adquisición por sus propios medios del Pastor, y las nuevas exigencias del Gobierno, le ‘obligan’ a hacerlo.
"Popular descarta cualquier tipo de inyección de capital público", asevera el banco, tras recalcar que ya ha incorporado los cambios regulatorios actuales y provisiones aceleradas en los libros del sector inmobiliario y de particulares.
   Además, sostiene que ya cumple con los requisitos de capital de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) en junio y de las autoridades españolas sin problemas y alcanzará el 10,8% en 2013.
    Pese a estas importantes provisiones, el banco prevé generar unos beneficios de 905 millones de euros en los dos ejercicios, y "significativamente mayores" en 2014, gracias a la generación de ingresos ordinarios y extraordinarios.
   Concretamente, calcula que obtendrá un beneficio neto de 325 millones en 2012, lo que supone un descenso del 32% en relación a los 480 millones del año anterior, y espera ganar 580 millones en 2013, lo que arrojará un crecimiento del 78,5%. 
   El Popular también acometerá un agresivo plan de venta de activos con el que prevé obtener plusvalías de 2.000 millones de euros en  2012 y 2013, entre las procedentes de la venta del 51% de popular-e, y de sucursales e inmuebles adjudicados.
   Sobre la ampliación de capital anunciada en octubre 2011 con la adquisición del Pastor por importe de 700 millones de euros, Popular avanza que se llevará a cabo en nueve meses o un año.
   En este escenario, la política de dividendos del banco se mantendrá sin variación, con un 'pay out' del 50%, con lo que se destinará la mitad de la ganancia a la retribución al accionista.
El Banco Popular constituirá de forma voluntaria una provisión de 2.800 millones de euros por créditos de la cartera no inmobiliaria, de hipotecas, empresas y consumo, a partir de un escenario estresado.
   Estas provisiones permitirán cubrir una pérdida esperada del 7,9% de dicha cartera de 79.000 millones de euros, según el plan de negocio 2012-2013 remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   "Popular incorpora en sus planes dotaciones por encima de la pérdida esperada contempladas en los modelos avanzados para las carteras de empresas no inmobiliarias y particulares", destaca el banco que preside Ángel Ron.
   Así, para cubrir eventuales pérdidas en su cartera de créditos,  la entidad dedicará un total 10.100 millones de euros, de los que 7.300 millones corresponden a las exigencias de los dos últimos decretos de saneamiento aprobados por el Gobierno.
   Popular especifica que cumplirá con las exigencias de los decretos de saneamiento por el sector inmobiliario aprobados en febrero (4.000 millones de euros) y en marzo (3.300 millones) en un periodo de dos años con sus propios recursos.