domingo, 3 de junio de 2012

El sector industrial en la Región de Murcia logra un crecimiento del 1,8% hasta marzo

MURCIA.- El sector industrial en la Región de Murcia, considerado en términos agregados, logró un balance positivo en el primer trimestre de 2012. De hecho, presentó un incremento del 1,8 por ciento que se contrapone al fuerte descenso de la actividad registrado en el ámbito nacional del 5,6 por ciento. 

   En esta leve recuperación ha jugado un papel protagonista la evolución del sector energético, y también algunas actividades centradas en el comercio exterior, según se desprende del Boletín de Coyuntura Económica de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM).
   En cualquier caso, el comportamiento de las diferentes ramas de la actividad que componen la industria regional ha sido muy heterogéneo y va desde las fuertes caídas a los avances notables, si bien la producción industrial no energética cae a un ritmo cercano al 10 por ciento, añade la patronal.
   El sector agroalimentario, mantiene tasas positivas pero el ritmo es cada vez más bajo. En concreto, la producción de la Industria de la Alimentación aumentó un 3,2 por ciento en el primer trimestre, en tanto que la ralentización quedó más patente en la Fabricación de Bebidas, con un retroceso de unas cuatro décimas.
   Estas tasas quedan muy alejadas de los registros logrados a lo largo de 2011 y evidencian la amenaza que representa la recaída de la economía mundial para la recuperación económica de la Región de Murcia.
   El sector energético presentó un avance extraordinario gracias al impulso que ha supuesto la ampliación de la planta de Repsol en el Valle de Escombreras.
   En concreto, se aprecian tasas de variación de dos, e incluso tres, dígitos desde el pasado octubre. En cómputo, el primer trimestre del año la producción de estas actividades se incrementó un 61,7 por ciento. También logró un avance muy fuerte la Industria del Cuero y el Calzado (+35,5 por ciento), y algo más moderado la fabricación de productos de plástico y caucho (+6,7 por ciento).
   En el lado contrario, se sitúan la mayoría de las actividades. Cabe destacar el retroceso la Fabricación de Minerales No Metálicos (-27,7%), la Industria del Mueble (-21,1%), y la textil (-16,8%). En general, bienes de consumo duradero, bienes de equipo y bienes intermedios, este último en directa relación con la profunda caída del sector de la construcción, registraron un mal primer trimestre.
   En definitiva, la industria regional no acaba de encarar la recuperación, condicionada por numerosas incertidumbres. En este sentido, a la atonía de la demanda nacional, se suma la amenaza de recesión internacional.
   Esta circunstancia debilita el dinamismo exportador, pilar que sustenta, en buena medida, las expectativas de las ramas industriales. Queda patente, eso sí, la importancia del sector energético, una actividad capaz de generar alto valor añadido en la que la Región se encuentra muy especializada.
Esto contrasta conque propietarios de terrenos del polígono industrial de Los Camachos, en Cartagena, están en situación de ruina, con sus viviendas hipotecadas para hacer frente a los pagos de unas parcelas donde no pueden construir por falta de financiación y que tampoco pueden utilizar como dación en pago.
Durante el último año, algunos de los industriales de Los Camachos habían llegado a un acuerdo con Sepes, entonces dirigido por Pedro Saura, para permutar las parcelas de su propiedad por otras de menor tamaño, con lo que saldaban la deuda y aún disponían de terreno a la espera de poder iniciar una actividad cuando la situación económica lo permitiera.
En los últimos meses, en cambio, ni siquiera se ha abierto una línea de diálogo con los nuevos responsables de la Sociedad Estatal .
Estos empresarios han constituido una plataforma de afectados y han pedido, a través del presidente de la Federación de Parques Empresariales de Cartagena (Fepecar), Antonio Betancor, una reunión urgente con Lucía Morales, la nueva responsable, para plantear posibles soluciones a la “ruina” a la que les está llevando este polígono.
La primera fase de Los Camachos cuenta con una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados, todo vendido, pero únicamente ocupada en un 25%.

El patrullero 'Infanta Elena' regresa a Cartagena tras su participación en la 'Operación Atalanta'


CARTAGENA.- El patrullero 'Infanta Elena' ha atracado este domingo en el muelle de Don Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena tras finalizar su participación en la operación 'Atalanta' de lucha contra la piratería en aguas del océano Índico. 

   De este modo, los 104 miembros de la dotación han permanecido cuatro meses fuera de su base en Cartagena, según han informado fuentes de la Armada en un comunicado.
   Y es que, durante los 88 días que ha permanecido integrado en la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) ha realizado cinco escoltas a buques del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 32 registros a buques y embarcaciones de distintos tipos y 46 inspecciones visuales a corta distancia.
   Sin embargo, su actuación más destacable ha sido la liberación del pesquero de Sri Lanka 'Nimesha Duwa' que, con seis pescadores a bordo, llevaba seis meses secuestrado y era utilizado como buque nodriza para ataques piratas en el canal de Mozambique.
   Relevante ha sido también la ayuda prestada a un grupo de pescadores somalíes que se encontraban a la deriva con la embarcación estropeada. Además de haber reparado la misma, se les facilitaron alimentos, agua y asistencia médica.
   Por otro lado, en los puertos que ha visitado en las costas del Índico ha colaborado con las agencias gubernamentales locales en adiestramiento en tareas relativas a la seguridad marítima.
   Esta es la segunda vez que el 'Infanta Elena' participa en la operación. En 2011 fue desplegado también de febrero a junio, un período entre monzones en el que las buenas condiciones meteorológicas aumentan el riesgo de ataques piratas a la comunidad marítima.

La orden de caza 2012-2013 incluye medidas de gestión cinegética para controlar la población de arruí en la Región


MURCIA.- La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, introduce nuevas medidas de gestión cinegética en la Orden de Caza 2012-2013 que contribuyen a controlar el desarrollo de las poblaciones de arruí en los montes de los alrededores del Parque Regional Sierra Espuña, para minimizar su impacto en las explotaciones agrícolas, la ganadería o los montes.

   El período ordinario de caza mayor del arruí se fija del 1 de julio de este año al 31 de enero de 2013, aunque en la modalidad de montería, estará autorizado del 9 de septiembre al 31 de enero su abatimiento en los cotos de caza no ubicados total o parcialmente en los términos municipales de Mula, Totana, Alhama de Murcia, Pliego, Aledo y Lorca.
   Así, esta medida se introduce en consonancia con la aplicación del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, que regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, con el objetivo de evitar la expansión de la especie cinegética arruí en la modalidad de montería, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   El consejero de Presidencia, Manuel Campos, subrayó que la nueva orden, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), "se adecua a la realidad de esta especie, que ha experimentado un aumento de sus poblaciones en los últimos años, para hacer un seguimiento a la densidad de población del arruí y mantener un nivel óptimo de ejemplares".
   Campos resaltó que la citada orden "aúna y armoniza los elementos claves para adaptar y planificar los recursos cinegéticos a la realidad de la Región, gracias a una previsión de los períodos hábiles, las modalidades, las zonas y especies".
   El período general de caza mayor se enmarca del 12 de octubre de 2012 al 6 de enero de 2013, si bien fija como período hábil para las monterías y las batidas del 9 de septiembre al 17 de febrero y para los aguardos o esperas nocturnas, desde el 20 de mayo hasta el 17 de febrero.
   Además, los aficionados a esta práctica podrán cazar la cabra montés desde el 12 de octubre hasta el 3 de febrero, y el ciervo, muflón y gamo entre el 9 de septiembre y el 17 de febrero del próximo año.
   En cuanto a la caza menor, se mantienen los períodos y las modalidades empleadas para el control de especies como la perdiz roja, codorniz común, faisán vulgar, paloma torcaz, paloma bravía, tórtola común, zorzal real, zorzal común, zorzal alirrojo, zorzal charlo, estornino pinto, zorro, conejo, liebre ibérica, urraca, grajilla, corneja  y gaviota patiamarilla.
   De este modo, el período general de caza menor comprende del 12 de octubre al 6 de enero de 2013, período en el que se autoriza para la práctica cinegética el auxilio de dos perros, con cazador y escopeta, y queda prohibido el uso de perros de la raza galgo.
   Por otro lado, se mantiene el control sobre la población del conejo para evitar su posible afección a cultivos agrícolas y al resto de fauna silvestre. Hasta el 16 de junio, está autorizada la caza del conejo, con arma de fuego sin el auxilio de perros, en los cotos de caza autorizados en Yecla, Mazarrón, Ulea, Campos del Río, Ojos, Murcia, Torre Pacheco, Cartagena, Fuente Álamo, Alhama de Murcia, Totana y San Javier.
   Esta medida se complementará con otro período de caza, con arma de fuego y con ayuda de dos perros, desde el 17 de junio hasta el 9 de septiembre.
   Por su parte, la caza de zorro con perros de madriguera se podrá realizar desde 1 de julio hasta el 31 de marzo, mientras que en lo referente a la caza en ojeos de perdiz roja, se podrá todos los días del 12 de octubre al 6 de enero.
   La caza de zorzal real, zorzal común, zorzal alirrojo, zorzal charlo, estornino pinto, urraca, gaviota patiamarilla y la paloma bravía, estará autorizada todos los días desde el 7 de enero de 2013 hasta el 17 de febrero de 2013.
   La media veda estará abierta los jueves, domingos y festivos durante el 5 de agosto al 9 de septiembre para la caza de la codorniz común, paloma torcaz, paloma bravía, tórtola común, urraca, grajilla, corneja, y gaviota patiamarilla. El número máximo a cobrar por cazador y día se fija en diez ejemplares por especie.
   Asimismo, la Consejería también ha publicado en el BORM la normativa relacionada con el ejercicio de la pesca fluvial en los cursos y masas de agua existentes en la Región, en concreto, en cotos de pesca fluvial, aguas libres y vedados.
   Una de las medidas novedosas es la introducción de ejemplares de trucha común como pieza de pesca, con el fin de que paulatinamente pueda sustituir a la trucha arco-iris. Además, en el período comprendido del 1 de marzo al 31 de julio la pesca del barbo será en la modalidad sin muerte en todos los cursos y masas de agua, coincidiendo con su época de reproducción.
   Las medidas mínimas para la pesca fluvial de la trucha común y trucha arco-iris se establece en 19 centímetros; el barbo, en 20 centímetros; la carpa, en 18; el black-bass, en 21, y el boga de río, gobio, carpín común y carpín dorado, en 10 centímetros. No obstante, no se requerirán unas dimensiones mínimas para el lucioperca, lucio y el cangrejo rojo.
   Y es que, la talla se mide por la longitud comprendida entre el extremo anterior de la cabeza hasta el extremo final de la aleta caudal, por lo que serán inmediatamente devueltos al agua de procedencia aquellos ejemplares capturados cuyas medidas sean inferiores a las establecidas según su especie.
   Sólo se puede pescar con dos cañas al alcance de la mano y con dos anzuelos por aparejo en cada una de ellas. Queda prohibido el empleo de redes o artefactos de cualquier tipo con mallas, con la excepción de salabre o sacadera de mano como accesorio auxiliar en la pesca con caña.
   Finalmente, para el ejercicio de la pesca fluvial se prohíbe el empleo de aparatos electrocutantes o paralizantes, fuentes luminosas artificiales, explosivos y sustancias que crean rastro, venenosas, paralizantes, tranquilizantes, atrayentes o repelentes, y la utilización de instrumentos punzantes.

Jesús Samper, epicentro de los negocios que se ponen en marcha en la Región

MURCIA.- Llegó como un empresario madrileño dispuesto a hacerse cargo de un club de fútbol histórico a punto de desaparecer y que nadie quería. Eso fue hace diecisiete años. Y al cabo del tiempo se ha convertido en una especie de factotum económico de operaciones urbanísticas en Murcia con el que se cuenta para casi todo. Por lo menos, para todo lo caro. Y también ha devenido esa mala compañía que puede ser peligrosa, como muestra la imputación judicial, el martes, del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, recuerda hoy 'El Confidencial'.

Él es Jesús Samper, el negociante bajo cuyos auspicios se puso el jueves la primera piedra de lo que será el parque cinematográfico de atracciones Paramount Pictures y el centro de ocio LifeStyle, “que prevé recibir más de 3 millones de visitantes al año y generar más de 22.600 puestos de trabajo” a partir de su conclusión, en 2015, en medio millón de metros cuadrados adquiridos por Premursa (Promociones Emblemáticas Murcianas), la nueva etiqueta del prohombre del fútbol.
Cuando Samper llegó a Murcia, sempiternamente acompañado de su hermano y brazo derecho Juan Antonio, poco se sabía de él. Pero era alguien en España. Tenía información de primera mano de la situación del Real Murcia, puesto que fue secretario de la Liga de Fútbol Profesional. Después, su empresa Santa Mónica Sports Management se hizo con los derechos publicitarios de la selección española de fútbol.
Quizá por eso, José Luis Morga, que fue presidente de la Federación Murciana de Fútbol, pensó en él cuando en 1994 el histórico Real Murcia estaba abocado a la desaparición por la incapacidad de convertirse en sociedad anónima deportiva y la negativa de una veintena de ilustres empresarios murcianos a comprar las acciones.
Los prebostes económicos locales fueron convocados al efecto nada menos que por el entonces presidente regional de Murcia, el socialista Carlos Collado. Se negaron. Y apareció Samper de la mano de Morga. Desde entonces, este empresario madrileño con muy buenas conexiones futbolísticas en España y en varios países latinoamericanos, se ha convertido en una especie de clave sobre la que se cierran muchos buenos negocios. Pero también otros no tan claros. A pesar de lo cual está ampliando su influencia promocional desde el municipio capitalino a otras zonas de la región murciana.
Samper llegó como un terremoto. Se hizo cargo del club de fútbol, construyó un nuevo estadio a cambio de terrenos reclasificados para una inversión millonaria y construir un centro comercial anexo al campo de juego. También provocó algún resquemor y alguna variación en el guión previsto: al final, en la zona norte de la capital murciana hubo dos grandes centros comerciales (Nueva Condomina y Thader), porque Metrovacesa tenía derechos adquiridos y la pelea por las competencias al respecto entre comunidad autónoma y ayuntamiento se saldó con la dimisión del consejero de Economía, Patricio Valverde, y la del concejal de Urbanismo, Ginés Navarro.
Samper siguió adelante con su proyecto urbanístico: el Centro Comercial Nueva Condomina, de 110.000 metros cuadrados, “el más grande de todo el arco mediterráneo”, según su página web.
Se cambió la normativa para que los dos pudieran ser construidos y coexistir apenas a un kilómetro de distancia entre ellos. Entre los dos grandes centros comerciales le hicieron la cama al comercio tradicional del centro de la ciudad y ahora, con la crisis, son grandes extensiones de galerías vacías de lunes a jueves, con muchos locales cerrados, en alquiler o venta. Un espejismo en el que se basó el desarrollo de la zona norte de la ciudad que se propuso el Ayuntamiento que el secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Cámara, preside desde 1995.
Al mismo tiempo que la crisis mostró la irrealidad de tamañas superficies comerciales, la Fiscalía inició investigaciones por irregularidades en la construcción y desarrollo del auspiciado por el dueño del Real Murcia, Jesús Samper. El magnate está imputado por inducción a la prevaricación, blanqueo de capitales y delito fiscal. Desde el martes, el alcalde Cámara está en la misma situación procesal.
Entretanto, el centro comercial Nueva Condomina ha cambiado tres veces de gestores y propietarios. En marzo de 2007 la dueña del centro Deparcom –gestionada por Juan Manuel Trujillo, cuñado de Samper– lo vendió a Brithish Land y PREF por unos 350 millones de euros. A principios de mayo se ha sabido que BNP ParisBas se hará cargo de él porque los actuales propietarios no pueden hacer frente al crédito que obtuvieron para comprarlo. De su rentabilidad económica da idea también el anuncio de que el 16 de junio el supermercado Eroski cierra sus instalaciones allí.
Y entonces llegó la Paramount
Nada de esto preocupa al promotor inicial. Jesús Samper presentó el jueves en Alhama de Murcia –rodeado del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, el alcalde Alhama y la creme de la creme murciana– su siguiente promoción bajo la franquicia de Paramount Pictures: el parque temático cinematográfico adosado al centro de ocio LifeStyle.
Esto ocurría dos días después de conocerse la imputación del alcalde de Murcia, Cámara, junto a Samper, el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y tres altos funcionarios y ex funcionarios del ayuntamiento capitalino, entre otros, en el ‘Caso Umbra’, en el que el juez intenta aclarar si hubo prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros cargos, por los convenios urbanísticos que se firmaron para que Samper construyera el estadio Nueva Condomina, “regalado” al ayuntamiento, y el centro comercial del mismo nombre, a cambio de reclasificaciones urbanísticas en la zona norte del municipio que quintuplicaban las edificabilidades inicialmente previstas.
Y ocurría también en medio de una polémica desatada el mismo miércoles cuando se supo que la Comunidad puede avalar la inversión que se supone van a hacer inversores aún desconocidos para que se construya el parque Paramount Pictures y el LifeStyle Center sobre un millón de metros cuadrados en Alhama de Murcia.
Resulta que Premursa puso la primera piedra del nuevo parque sin tener inversores asegurados para construirlo, y por eso ha pedido a la Comunidad que avale la inversión con 25 millones de euros. La administración regional ya participó con un 10% en el capital inicial de cien millones de euros de Premursa, aunque el PP dijo que era totalmente privada y no entraría en el capital.
Y también parece que todo el mundo en Murcia está dispuesto a comer en la mano de Samper: el martes, el rector de la Universidad pública (UMU), José Antonio Cobacho, firmaba un acuerdo con el controvertido empresario para que los alumnos de la Escuela de Turismo hagan prácticas en el parque Paramount del que el jueves se ponía la primera piedra. Como testigo del anuncio figuró el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz.

La complicada exposición al ladrillo de BMN deja a Egea compuesto y sin novia

ZARAGOZA.- "Ha sido un matrimonio forzado, no exento de presiones políticas y abiertamente condicionado por las obligaciones marcadas en el último Decreto Ley de Reforma del Sistema Financiero. Pero, pese a todos estos condicionantes, en absoluto irrelevantes y siempre dispuestos a penalizar la soltería, Ibercaja ha jugado sus cartas con la habilidad necesaria como para terminar con la pareja más atractiva de este acelerado baile bancario: Liberbank", escribe en 'Heraldo de Aragón', Mikel Iturbe.

"La presión del Ministerio de Economía fue constante y sostenida en la doble exigencia de decidir tanto el nombre del contrayente como la fecha de la boda. Finalmente, Economía solo logró fijar la fecha, antes del 31 de mayo. El nombre de uno de los cónyuges, finalmente, cambió. La idea inicial del ministro de Economía, Luis de Guindos, pasaba por unir a Ibercaja con BancoMare Nostrum (BMN), un SIP formado por Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra y con una complicadísima exposición al ladrillo de muy difícil digestión. 

La oposición a este proyecto de fusión fue frontal desde el primer momento. Los primeros ejecutivos de la entidad aragonesa, Amado Franco (presidente) y José Luis Aguirre (director general), expresaron su abierta disconformidad con una operación que podría haber lastrado las cuentas de Ibercaja. Apoyados por la prudente oposición de Luisa Fernanda Rudi y otros discretos pero intensos respaldos, lograron modificar la idea inicial de Economía para terminar centrándose en Liberbank, una entidad ajena a cuestiones de naturaleza política y gestionada bajo una exigencia profesional, una característica objetivamente apreciable y que ha facilitado el proceso de entendimiento.

La discusión sobre la sede social, otro de los caballos de batalla abordados en las intensas jornadas de negociación, se ha resuelto con el peso que traslada la composición accionarial del nuevo banco: ocho cajas de ahorro de seis comunidades autónomas distintas.

Por ello, y aunque Zaragoza mantendrá la sede operativa, la sede social se instalará formalmente en Madrid; una evidencia que no posee intención de trasladar volumen de negocio alguno a la capital. Queda por resolver la cuestión fiscal y tributaria, pero es intención de los actuales gestores que cada caja continúe liquidando sus cuentas en sus respectivas comunidades. Pese a todo, lo más importante de este acuerdo de fusión se descubre en el liderazgo que ejercerá una caja aragonesa (Ibercaja será la entidad mayoritaria minoritaria), una evidencia que quedará reforzada en el consejo del banco resultante gracias a la CAI. Pese a que tanto Ibercaja como CAI no superarán el 49 por ciento, la idea de que sea un aragonés (Amado Franco) el que presida un gran banco no parece un asunto menor".

El Gobierno afianza el plan de una banca pública

MADRID.- El Gobierno avanza progresivamente en la idea de conformar una banca pública liderada por José Ignacio Goirigolzarri ante el tibio interés que el sector financiero ha mostrado por las subastas de entidades nacionalizadas y la falta de recursos del fondo de garantía de depósitos, informaron hoy fuentes financieras.
 
   Los bancos no han mostrado excesivo entusiasmo por los procesos de adjudicación pendientes, los de Banco de Valencia y Catalunya Caixa, a los que se añadirá, con toda probabilidad, el de Novacaixagalicia, ya que exijen un elevado respaldo público para quedárselas.
   La idea inicial del Gobierno de Mariano Rajoy era concluir las adjudicaciones de las nacionalizadas durante el primer semestre del ejercicio y que el coste de la reestructuración del sistema financiero recayese exclusivamente sobre la banca y no sobre el contribuyente.
   No obstante, los dos últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno obligan a la banca a acometer un esfuerzo en provisiones para cubrir eventuales pérdidas por el ladrillo de 84.000 millones de euros, lo que ha congelado su interés comprador.
   Asimismo, tanto las entidades como el Ministerio de Economía ven lógico aplazar las subastas hasta conocer las valoraciones que hagan sobre la banca española Oliver Wyman y Roland Berger de acuerdo al encargo del Gobierno para despejar las dudas de los mercados sobre la valoración de los activos.
   Además, la última adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell ha dejado esquilmado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), instrumento que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades y con el que se están sufragando las subastas.
   El rescate de Bankia, que acarrea respaldo público por importe global de 23.465 millones de euros, ha terminado de desbaratar el escenario del sector financiero, que ahora cuenta con la presencia del Estado en la quinta parte de su accionariado.
   Con este telón de fondo, el departamento que dirige Luis de Guindos es consciente de las dificultades de devolver las entidades nacionalizadas al sector privado, por lo que ha puesto sus ojos en Goirigolzarri, flamante presidente de Bankia, para liderar un banco público que aglutine a las entidades nacionalizadas.
   Las tres entidades nacionalizadas por el Estado suman un volumen de activos de 466.000 millones de euros en activos consolidaddos y contarían con una cartera conjunta de más de 17 millones de clientes y una red comercial compuesta por 5.475 oficinas.

El relevo en el Banco de España puede abrir otro conflicto jurídico

MADRID.- El anunciado relevo en el Banco de España, habida cuenta de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, abandona el cargo el día 10 de junio, puede abrir un nuevo conflicto jurídico entre dos leyes sobre si el candidato debe o no comparecer previamente ante el Congreso para ser examinado.
 
   Esta situación deriva de la Ley de 2006 de Conflicto de Intereses de los Altos Cargos, que dejó establecido que los candidatos a los órganos constitucionales y reguladores debe ser sometidos a un examen en el Congreso "con carácter previo al nombramiento" para certificar su idoneidad para el puesto y la ausencia de incompatibilidades.
   El conflicto jurídico ya se produjo con el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que no se sometió a examen previo porque el Gobierno, cuando le nombró, optó por seguir la ley específica de la institución, más antigua que la de 2006 pero de mayor rango por su carácter orgánico.
   Ante las protestas del PSOE, al final el Gobierno congeló el nombramiento hasta que Romay Beccaría compareció en el Congreso, donde pasó el examen sin problemas, y fue después cuando ya tomó posesión.
   Con el Banco de España puede suceder ahora lo mismo, según aseguran fuentes parlamentarias. La ley del organismo regulador, de 1994, establece que el gobernador será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y que, "con carácter previo", el ministro de Economía y Hacienda habrá de informar al Congreso sobre el candidato.
   En cambio la citada ley de 2006 da a entender que quien debe ser examinado con carácter previo es el propio candidato a gobernador, pues habla de que el examen de idoneidad es exigible al "presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier organismo regulador y de supervisión".
   La cuestión es que no hay mucho tiempo para decidir el procedimiento, habida cuenta de que Fernández Ordóñez ha anunciado su marcha para el día 10 y se espera que su sustituto esté ya en su despacho al día siguiente, lunes 11 de junio, cuando recibirá los resultados de las auditorías independientes sobre el sector financiero encargadas a dos empresas extranjeras.
   Los ajustados plazos harían por tanto necesario que socialistas y 'populares' negociaran esta decisión a lo largo de esta próxima semana, especialmente si es necesario que el candidato comparezca en la Cámara baja, si bien la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez, ha confirmado que este órgano no tiene prevista ninguna sesión hasta la semana siguiente.
   En todo caso, se espera que esta vez el relevo en la cúpula del Banco de España se haga con consenso entre los dos grandes partidos, con opción a que el PSOE pueda aportar nombres para el puesto de subgobernador.
   Hasta ahora despuntan tres nombres para suceder a Fernández Ordóñez: Luis María Linde, que acaba de ser nombrado consejero y cuya edad no le permitiría completar su mandato (todo gobernador debe dejar el cargo al cumplir 70 años); Fernando Bécquer, consejero autonómico y alto cargo del PP en los noventa y actualmente directivo de Iberdrola pero también de la nacionalizada Bankia; y José Luis González Páramo, que acaba ahora mandato en el Banco Central Europeo (BCE).
   Como subgobernador y a sugerencia del PSOE se ha mencionado a Vicente Salas, el consejero del Banco de España que ha sido relevado hace sólo una semana.
   Los socialistas se fían de la palabra del ministro Luis De Guindos de que elegirán a alguien con un "perfil profesional y adecuado" y esperan que no haya motivo para que tener que protestar. Por el mismo motivo, también confían en que el PP no les ponga trabas al nombre que propongan como subgobernador.
   Lo que sí han acordado los dos grandes partidos es negociar los nombramientos lo más cerca posible a la sucesión para evitar filtraciones y situaciones de interinidad. Ahí se decidirá quién presenta la propuesta al Parlamento, si es el ministro Luis De Guindos, como parece más probable, o se habilita una comparecencia del candidato a gobernador.

Un catedrático valenciano de Economía da eventualmente por absorbido a BMN

ZARAGOZA.- Las cajas de ahorros españolas han sufrido el mayor tsunami de su historia. La reestructuración del sector financiero ha arrasado con un modelo que, poco antes de la crisis económica del 2008, contaba con más de 45 cajas. Hoy, apenas queda el esqueleto de ellas. Casi cuatro años después, una docena de entidades, ya todas convertidas en bancos, sientan las bases del nuevo modelo bancario en España, cimentado en grandes grupos con un volumen de activos, en muchos de los casos, superiores a los 100.000 millones de euros. Al menos, ese es el objetivo que persigue el Gobierno de Rajoy, que en las últimas semanas ha presionado a las medianas, como Ibercaja y Unicaja, para protagonizar nuevas fusiones. Y así ha sido en el caso de la aragonesa. Pero todo no está dicho. Las turbulencias financieras y la crisis de Bankia, a la que el Estado deberá de aportar más de 23.000 millones de euros, todavía pueden abrir un nuevo escenario, según se comenta hoy en 'El Periódico de Aragón'.

Hasta que eso ocurra (si es que ocurre), una de las consecuencias del terremoto bancario español ha sido la pérdida de poder financiero por parte de algunas comunidades autónomas, bien por una mala gestión o por la politización de los órganos de las cajas de ahorros, entre otras razones. Pero Aragón ha conseguido ser una de las pocas comunidades que han sobrevivido hasta ahora. Al menos, las entidades que operan en el territorio han podido salir airosas, puesto que no han sido intervenidas, no han necesitado ayudas, no han sido presa de escándalos políticos y, en esencia, han liderado sus fusiones o SIPs durante esta etapa tan convulsa.
Esta misma semana se conocía el último movimiento en el sector financiero, la fusión de Ibercaja, con Caja3 (grupo liderado por CAI) y Liberbank. La primera tendrá el 46,5% de la participación, por lo que liderará la nueva entidad, y se sitúa como la séptima entidad de España, con unos activos de 114.000 millones de euros, un tamaño que hace tres años --antes de las fusiones-- sólo superaban Santander, BBVA, La Caixa y Caja Madrid. Además, sumará 13.000 empleados, seis millones de clientes y 2.500 oficinas con presencia en todas las provincias, salvo Ceuta y Melilla. Entre Ibercaja y CAI controlarán el 49,8% de la participación.
A estas alturas, encontrar a alguna comunidad en una situación similar desde el punto de vista financiero resulta complicado. Una mirada por el retrovisor es suficiente para ver en qué situación se encuentran comunidades como Madrid y Valencia. El caso Bankia, con un agujero de 23.000 millones de euros, es paradigmático y en él están atrapadas ambas regiones. Pero además, en Valencia ha habido otros episodios como el de la CAM, intervenida en diciembre del 2011 y vendida a un euro al Banco Sabadell, y el Banco de Valencia, único banco que ha quebrado en esta crisis, que dan una idea de la descomposición de un sector dirigido en los últimos años.
"Lo que quiebra una entidad es la gestión", asegura el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos, que resta importancia a la presencia de políticos en los consejos de administración, ya que, "donde más presencia del sector público ha habido estos años ha sido en las cajas vascas --llegó hasta el 60%-- y eso no ha significado una mala gestión en absoluto". El problema para este experto es que una buena parte de las cajas "han infravalorado los riesgos" en una etapa en la que si la entidad tenía como clientes a un promotor o un constructor como, prácticamente se aseguraba cientos de hipotecas.
En España ha habido muchos ejemplos. El proceso de reestructuración ha actuado como una selección natural en el sector financiero. De hecho, para encontrar a una antigua caja de una comunidad liderando algún nuevo grupo bancario hay que remitirse a Caixabank --Banca Cívica-- y Sabadell (Cataluña), Kutxabank (País Vasco) y Unicaja --Caja España-Duero-- (Andalucía). Pero hoy solo la primera rebasa en tamaño a Ibercaja tras su fusión con Liberbank. En cuanto a la solvencia, la aragonesa cuenta con una situación holgada. Otro grupo, pero que está condenado a ser absorbido en el futuro, es Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Penedés y Sa Nostra).
 Maudos afirma, en este sentido, que Ibercaja está "muy por encima de la media en salud bancaria", ya que es una entidad "muy fuerte" y su gestión ha sido "un éxito". Al respecto, considera que si el grupo del que forma parte --junto a grupo Caja3 y Liberbank-- tiene que asumir unas provisiones de 2.000 millones de euros "no tendrá problema" para hacerlo. Y es que los dos decretos del Gobierno obligan al conjunto de las entidades españolas a sanear el ladrillo con 84.000 millones de euros. Y eso es solo por los activos tóxicos inmobiliarios. Por ello, el catedrático asegura tajante que "la realidad es que de esto solo se sale con dinero público".
Además de Bankia y de la CAM, que pasó a manos del Sabadell por un simbólico euro, existe un grupo de entidades que también está en verdaderos apuros. Es el caso de Nova Galicia Banco, que nació de la fusión de Caixa Galicia y Nova Caixa Galicia. En septiembre del 2011 fue nacionalizada y ahora está en proceso de venta. O de Catalunya Bank, que surgió de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Esta entidad está nacionalizada de facto al poseer el FROB el 90 % de las acciones. Actualmente está en venta.
Se trata de dos ejemplos con escasa posibilidad de solución, a no ser que el Estado se quede con estos grupos, según opina el investigador del IVIE. Y pone un ejemplo. El Estado calculó 15.000 millones para sanear el sector y solo Bankia necesita unos cuantos más, ilustra Maudos.
Sin embargo, todo indica que la reestructuración no ha tocado a su fin. Los problemas detectados en Bankia y la nueva evaluación que realizarán este mes las tasadoras independientes pueden suponer otra vuelta de tuerca para un sector que ha ido dejando cadáveres por el camino y que hoy se encuentra en estado de shock.

Adicae ataca a BMN

"Banco Mare Nostrum en abril de 2012 lanzó una oferta de canje de emisiones de participaciones preferentes por depósitos. Sin embargo la entidad no esta publicitando ni ofertando a sus clientes con preferentes esta solución, y en muchos casos se les ofrece un canje unicamente por el 40 – 50% del nominal en el plazo fijo, y el resto en acciones", dice Adicae en un comunicado.

 "En el documento de oferta de recompra Mare Nostrum se recogía que quien no aceptara el canje se le ofertarían “instrumentos que capitalizaran como capital principal para la entidad”, es decir acciones.  Pero en la oferta, no recogía ningún límite ni porcentaje, por lo que es un fraude y una manipulación", añade.

"Adicae está poniendo en marcha una campaña para evitar estas maniobras", concluye.

sábado, 2 de junio de 2012

Adiós a la CAM / Felipe Pérez Morales

Tras el beneplácito de Bruselas y con ayudas mil millonarias del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el Banco de Sabadell se ha hecho por fin con el control de la CAM por el precio simbólico de un euro. 
 
Trabajé en la Caja de Sureste, después de Alicante y Murcia y, al final, Caja Mediterráneo durante 39 años, 12 como director de oficinas y asesor de métodos y los últimos 27 (1972-1999), como auditor de oficinas y servicios centrales. Conocí la profesionalidad y rigor de los inspectores del Banco de España (BdE), por lo que no puedo entender la pasividad del supervisor, incumpliendo durante años la Ley 26/1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, pasividad que también ha afectado a otras cajas y bancos, como estamos viendo en estos días. 
 
He leído con detenimiento el informe de 49 folios emitido por la inspección del BdE el 25 de enero pasado, en el que se relatan hechos puestos de manifiesto «en el curso de los trabajos puntuales de inspección 'in situ' realizados durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011», y ¿qué medidas se adoptaron en estos años? Pues al parecer ninguna hasta julio de 2011, cuando la Ley 13/1994 en su artículo 23.1.f. facultaba al BdE, en cualquier momento, para «acordar respecto a ellas y a sus órganos de administración y dirección la incoación de expedientes sancionadores y las medidas de intervención, de sustitución de sus administraciones o cualesquiera otras medidas». De haberse actuado a tiempo, la situación hubiese sido muy distinta, creo que más barata para el FGD, y la CAM hubiera salido adelante. 
 
Me resisto a creer que por parte de alguien en el seno del BdE existiese animadversión hacia la CAM, pero de ser así debió pensar que detrás de unos malos directivos había una entidad con 130 años de historia, más de tres millones de clientes, 1.000 oficinas y 7.000 empleados. Lo cierto es que en este país de filtraciones, desde finales de 2010 comenzaron a difundirse noticias alarmantes en los medios de comunicación, provocando una fuga de depósitos de más de 6.000 millones de euros que llevaron a la caja a una situación irreversible. 
 
Parafraseando al señor Fernández Ordóñez, me atrevo a afirmar que su gestión al frente del Banco de España y, más concretamente en el caso de la CAM, ha sido «la peor de la peor». 
 
Solo me resta desear al Banco de Sabadell los mayores éxitos en esta nueva andadura, sabiendo que junto con el negocio financiero hereda el potencial humano de una plantilla de empleados altamente cualificados.

La UMU implanta una central de compras para lograr mejores precios

MURCIA.- La Universidad de Murcia ha puesto en marcha una central de compras que tiene como objetivo la consecución de mejores precios en la adquisición de bienes, de conformidad con lo aprobado por el Consejo de Gobierno de esta institución docente.

La iniciativa, según han indicado fuentes universitarias, "trata de mejorar la eficiencia del gasto asociado a material estandarizado y de uso común".
Las fuentes han añadido que la Universidad tiene en proyecto ampliar en los próximos meses la lista de artículos que deberán ser adquiridos de forma obligatoria a través de esta central de compras.

Abrir la «Europa fortaleza» a los inmigrantes

BRUSELAS.- Europa se debate entre dos ideas opuestas: el rechazo a los inmigrantes que ocupan deseados puestos de trabajo y no se integran en nuestras sociedades y la necesidad de recibir extranjeros por cuestiones económicas, demográficas y sociales. Bruselas apremia a los Estados miembros a articular una política migratoria común que ofrezca seguridad a los europeos y abra canales a la migración legal y la movilidad. Hay más de 20 millones de inmigrantes regulares en la UE.
 
Son exactamente 20,2 millones los nacionales de terceros países presentes en la UE con papeles, lo que representa el 4% de la población total, según el informe sobre las migraciones en 2011 presentado por la Comisión Europea. No hay datos fiables sobre la inmigración ilegal. Según Bruselas, el año pasado se denegó la entrada en la UE a alrededor de 343.000 personas, un13 % menos que en 2010. También en 2011, bajó ligeramente el número de detenidos, ue fueron 468.500 y los Estados miembros expulsaron en torno a 190.000 nacionales de terceros países (un 15 % menos que en 2010). Aumentó, sin embargo, el número de solicitudes de asilo, que llegó a 302.000, un 16% en comparación con el año anterior, pero muy por debajo de las solicitudes recibidas hace una década.
Más datos, aunque referidos a 2010 cuando la crisis económica ya afectaba al mundo laboral. Entonces la tasa media de empleo de los nacionales de terceros países entre 20 y 64 años fue del 58,5%. Los visados Schengen que se expidieron en 2011 fueron 12,7 millones, la gran mayoría en Rusia, seguida de Ucrania, China y Turquía.
De esta lluvia de cifras, la Comisión Europea saca unas conclusiones que resumió la comisaria de Interior, Cecilia Malmström: «La Unión Europea necesita una política de migración sólida y coherente, que responda tanto a corto como a largo plazo a las necesidades. Precisamos una gestión eficaz de nuestras fronteras exteriores, con el fin de garantizar la libre circulación dentro de la UE, de aportar una auténtica protección a quienes la necesiten y, al mismo tiempo, de brindar canales para la migración legal y la movilidad». 

¿Y qué piensan los ciudadanos europeos de todo esto?
Pues, según una encuesta de Eurobarómetro, hay división de opiniones. Mientras un 42% de los encuestados cree que la UE debería promover la inmigración laboral desde países no pertenecientes a la UE para ayudar a abordar los retos demográficos y la escasez de mano de obra, un 46 % discrepa.
El 68 % de los encuestados considera que los inmigrantes legales deben tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales. Sin embargo, son mayoría los que piensan que los inmigrantes pueden tener dificultades de integración, a causa de la inmigración, y la mitad de los europeos cree que la inmigración enriquece a los países de la UE económica y culturalmente.
El informe sobre inmigración y asilo de 2011 recomienda superar la retórica anti-inmigración, que amplifica las desventajas y olvida la contribución positiva de la migración a Europa para crecer y prosperar. Propone actuaciones en un doble sentido de concienciar a la población europea sobre esa idea y, a la vez, a los inmigrantes de la necesidad de adaptarse a las sociedades en las que viven.
Infundir confianza es esencial, dicen los expertos de la Comisión Europea. Por tanto, hay que evitar que se implante el concepto de «Europa fortaleza», sin renunciar a tener unas fronteras seguras con vías legales de entrada de extranjeros. La UE no puede vivir aislada. Por eso, se necesita una mayor implicación de asociaciones de migrantes, empresarios y sindicatos para establecer una política que responda a las necesidades europeas y también ofrezca seguridad a quienes necesitan protección.
En consecuencia, Bruselas plantea a los Estados actuar en diferentes frentes: garantizar que las oportunidades de migración legal y movilidad respondan a las necesidades de la UE, trabajar en la integración efectiva, responder a las presiones migratorias aplicando las medidas existentes para reducir la migración irregular mediante la cooperación con países terceros y lograr un sistema europeo común de asilo en 2012.
Para conseguirlo, la UE es consciente de los problemas de financiación de los Estados y afirma, un tanto abstracta, que «el apoyo de la UE a través de la ayuda financiera en materia de migración y movilidad sigue siendo un aspecto importante de solidaridad en el interior de la UE y de la cooperación con los países no pertenecientes a la Unión».

El rector de la UMU se apunta a la propaganda engañosa de Valcárcel

MURCIA.- Los alumnos de la Escuela de Turismo de la Universidad de Murcia (UMU) realizarán prácticas para trabajar en el parque de ocio Paramount según se ha hecho creer tras el acuerdo firmado entre el presidente de Proyectos Emblemáticos Murcianos, Jesús Samper, y el rector de la UMU, José Cobacho, quien se convierte así en cómplice de un gran fiasco y fraude a los alumnos y sus padres a base de engordar la engañosa propaganda del agotado y miserable Gobierno de Valcárcel. 

El director de esta escuela, Bernardino Benito, aseguró tras la firma del acuerdo que se dirige a los alumnos que están en el último año de los estudios para que pasen por unos cursos de formación a petición de Paramount Park con el objetivo de que más tarde puedan hacer prácticas en este parque y en tres años que concluyan las obras poder entrar a formar parte de la plantilla. 

Los cursos se adaptarán a las necesidades del parque de ocio y por el momento está por cuantificar el número de alumnos que se beneficiarán, aunque el rector auguró que posiblemente este convenio se extienda a otras carreras universitarias. 

Samper se mostró satisfecho de poder llegar a este convenio entre la universidad y la empresa que dirige «para dar salida en estos tiempos de pocos horizontes» a unos jóvenes que tras las prácticas podrían engrosar la plantilla.

El vertedero de Cañada Hermosa recoge un 5% menos de basura no recuperable desde que comenzó la crisis

MURCIA.- El vertedero de Cañada Hermosa, gestionado por Cespa, ha recogido un 5 por ciento menos de basura no recuperable desde que comenzó la crisis, ya que en 2005 entraron 192,39 millones de toneladas y 182,47 millones en 2011 (casi 10 millones de toneladas menos), según han informado la empresa que gestiona el vertedero.

   Por contra, en este mismo periodo se ha recogido un 53 por ciento más de selectiva -aquellas que se han separado de los residuos mediante su depósito en diferentes contenedores para que sean reciclados- pasando de 12 millones de toneladas en 2005 a 18,44 millones en 2011 (6,4 millones de toneladas más).
   El vertedero de Cañada Hermosa alberga la basura de todo el municipio de Murcia y otros cercanos, como Alcantarilla, Mula y Santomera; así como el rechazo -aquello que no se puede utilizar- de la planta de Ulea, que va directamente al vertedero.
   El complejo cuenta con una planta de envases, una de selección, otra de biogás, una de compostaje, un vertedero controlado activo y un aula medioambiental.
   La planta recoge diaria mente 600 toneladas de residuos sólidos urbanos al día; entre 20 y 25 toneladas de envase al día; 25 toneladas de lodos y el vertedero (rechazos) 400 toneladas al día.
   El cartón, el papel y el vidrio depositados en su correspondiente contenedor van directamente a empresas recicladoras.
   El Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es el lugar al que diariamente se transporta la basura. Una vez recibida, la basura se selecciona, trata y elimina.
   La planta principal, que tiene 17 años, es capaz de tratar 40 toneladas de basura a la hora.
   Con la actual estación de biogás que cuenta la planta se genera dos megavatios a la hora de electricidad, lo que al año equivaldría a la que necesitan 77.000 farolas durante un año.
   Esta energía se utiliza para autoabastecimiento (entre el 25 y el 30 por ciento) y el resto pasa a la red eléctrica.

viernes, 1 de junio de 2012

Defensa suspende las convocatorias de soldados y marineros por la crisis


MADRID.- El Ministerio de Defensa mantiene suspendidas las convocatorias para incorporar nuevos soldados y marineros a las Fuerzas Armadas y no prevé ofertar nuevas plazas por el momento, una situación inédita desde que acabó el servicio militar obligatorio en 2001, han informado hoy fuentes del Departamento que dirige Pedro Morenés.

   Según han indicado las citadas fuentes, actualmente no hay previsión de ofertar ninguna plaza para tropa y marinería, en espera también de que se concrete la "reducción coyuntural" anunciada por el ministro de Defensa para afrontar la crisis económica. El año 2011 se hicieron cuatro convocatorias para reclutar unos 4.300 soldados y marineros.
   De este modo, una vez pasado ya el primer semestre del año, resultará imposible que en 2012 se incorporen a los Ejércitos y la Armada soldados reclutados este año, ya que, aunque se abrieran en los próximos meses convocatorias, no se incorporarían a las unidades hasta 2013.
   El ministro de Defensa ya ha anunciado que pretende poner en marcha una "reducción coyuntural" de las Fuerzas Armadas, aunque no ha fijado techos y ha insistido en que cualquier redimensionamiento en el terreno militar necesita de un escenario de al menos cinco años. Se espera que Morenés fije el nuevo horizonte una vez que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, le presente su informe 'Visión 2025' sobre el futuro de las Fuerzas Armadas.
   Hasta entonces, la única cifra recortada que se conoce es la del nuevo máximo de tropa y marinería, que la ley de presupuestos ha bajado desde los 83.000 a los 81.000 soldados y marineros como límite máximo.
   La Ley de la Carrera Militar establece que las Fuerzas Armadas deben situarse entre los 130.000 y los 140.000 militares, una horquilla en la que no se encuentran en la actualidad. Según datos aportados en el Congreso por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, en la actualidad hay 126.541 militares.
   De ellos, algo más de 81.000 son soldados y marineros y se espera que esta cifra baje de los 80.000 este año, según fuentes de Defensa. En ello puede influir, además del reclutamiento, que algunos contratos de tropa y marinería no sean renovados.
   Desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas y hasta 2009 todos los años abrían alrededor de 11 convocatorias para tropa y marinería, con alrededor de un millar de plazas cada una. El reclutamiento se paralizó en 2010, cuando sólo hubo una oferta de 325 plazas, y en 2011 volvió a aumentar a las 4.300 plazas.
   A día de hoy, la previsión de Defensa es no ofertar ninguna plaza, aunque otras fuentes apuntan a que en septiembre podría abrirse una única convocatoria de alrededor de un millar de plazas, en función de cómo evolucione la situación.
   De ser así, estos militares de nuevo ingreso no se incorporarían a las unidades hasta 2013, ya que antes de hacerlo deberían pasar por los Centros de Formación de Tropa (CEFOT), donde los soldados reciben cuatro meses de instrucción.    
   El pasado viernes, el Ministerio de Defensa confirmó que los dos centros de formación de tropa de Cádiz y Cáceres continuarán activos, recibiendo tropa "en función de la evolución de la oferta de empleo público".
   Fuentes militares han asegurado que esta situación no variará si este año no se convocan nuevas plazas, aunque los centros pasarían a dedicarse a otro tipo de tareas y se proyectarán otras actividades para mantener su actividad.
   Hasta el momento, las únicas plazas de ingreso directo ofrecidas por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas son para oficiales y suboficiales. En concreto, se han establecido 248 para los centros docentes militares de oficiales y 30 para las academias de suboficiales.
   Asimismo, hay 25 plazas para la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de Medicina, de las que 10 son por ingreso directo, siete para militares de carrera y ocho para tropa y marinería.

Las CCAA registran equilibrio hasta marzo

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron equilibrio presupuestario en el primer trimestre del año, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta que han recibido del Estado), registraron un déficit de 4.787 millones de euros, el 0,45% del PIB.

   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que las comunidades han registrado un déficit cero gracias a los anticipos que han recibido del Estado en los primeros meses del año.
   Estos anticipos han incrementado considerablemente el déficit de la Administración Central en los primeros meses del año (hasta 25.462 millones, el 2,39% del PIB) y han permitido a las comunidades cerrar el primer trimestre en equilibrio.
   Así, el Estado se ha acercado ya considerablemente a su objetivo para el conjunto del año (3,5%), mientras que las comunidades siguen lejos del déficit del 1,5% del comprometido para el cierre de 2012.
   El Gobierno no ha querido cuantificar estos anticipos porque hay comunidades que han necesitado más que otras, aunque ha dicho que la influencia de estas medidas tanto en el déficit del Estado como de las comunidades se diluirá en los próximos meses.
   Con o sin anticipos, la cifra de las comunidades al cierre del primer trimestre es inferior a la del año anterior, cuando ascendió a 8.090 millones de euros (-0,75% del PIB), cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no concedió estos anticipos.
   Según las cifras totales, ocho comunidades han registrado superávit gracias a estos anticipos en el primer trimestre, encabezadas por Castilla-La Mancha (+0,59%) e Islas Baleares (+0,57%). A continuación se situaron Cataluña (+0,45%), Canarias (+0,30%), La Rioja (+0,26%), País Vasco (+0,25%), Asturias (+0,11%), Castilla y León (+0,08%) y Aragón (+0,07%).
   La Comunidad Valenciana, por su parte, ha registrado déficit cero, mientras que Navarra (-1,44%) y Murcia (-0,61%) son las que más déficit tuvieron en los tres primeros meses del año. A continuación se situaron Andalucía (-0,44%), Canarias (-0,30%), Extremadura (-0,23%), Galicia (-0,19%), Madrid (-0,10%) y Cantabria (-0,02%).
   En cambio, en términos homogéneos, todas las comunidades registraron déficit en el primer trimestre menos el País Vasco (+0,25%). Las regiones con más déficit fueron Navarra (-1,44%), Murcia (-0,85%), Comunidad Valenciana (-0,70%) y Andalucía (-0,60%).
   Las que contaron con un menor saldo negativo en las cuentas fueron La Rioja (-0,16%), Aragón (-0,20%), Asturias (-0,23%), Castilla y León (-0,24%), Castilla-La Mancha (-0,28%), Baleares (-0,28%) y Canarias (-0,30%).
   En una posición más intermedia se quedaron Cataluña, con un déficit del 0,46%, Cantabria (-0,47%), Madrid (-0,48%), Extremadura (-0,55%) y Galicia (-0,56%).
   Preguntado por si puede garantizar que las comunidades cumplirán el 1,5% pactado, Montoro ha asegurado que las regiones están en una buena senda, tal y como muestran los datos, aunque ha dicho que es pronto para garantizar el cumplimiento.
   Según ha dicho, celebra los datos del primer trimestre, pero "en absoluto" está confiado porque la confianza consiste en trabajar y poner medidas. "No cabe otro tipo de confianza", ha dicho.
   En este sentido, ha recordado que, de momento, se han aprobado todos los planes de saneamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) menos el de Asturias, que sigue trabajando con el Ministerio de Hacienda.
   Finalmente, Montoro ha recordado que es la primera vez que se publican estos datos en términos de Contabilidad Nacional gracias a la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad, lo que supone "un avance muy importante" para la clarificación y conocimiento del sector público y de las comunidades. "Es realmente un paso muy positivo en clave de transparencia", ha dicho.

El Gobierno asegura que controla a las flotas en zonas de pesca de atún rojo, incluidas a las chinas

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha garantizado este viernes que mantiene un "seguimiento constante" de todas las flotas, incluidos los buques de pabellón chino, que operan en las zonas de pesca del atún rojo en el Mediterráneo, informó en un comunicado.

   El departamento que dirige Miguel Arias Cañete respondió de este modo a una denuncia de la organización ecologista WWF España, que advirtió de pesca ilegal de atún rojo en aguas españolas por parte de dos grandes flotas no mediterráneas.
   "En aquellas ocasiones en que se detectan infracciones relativas a pesca ilegal, se procede al apresamiento del buque infractor y su desvío a puerto", detalló el Ministerio, antes de apuntar que la labor de control e inspección se realiza "con independencia de las denuncias realizadas por la asociación ecologista WWF".
   En todo caso, agradeció "la información suministrada" y animó a las ONG a que "presenten información veraz sobre posibles incumplimientos".
   España mantiene desde 1997 el control e inspección de la Zona de Protección Pesquera en el Mar Mediterráneo al objeto de verificar e impedir la pesca ilegal o no autorizada en estas aguas.
   "Estas actuaciones habituales se refuerzan durante los meses de primavera y verano, cuando se establece una especial vigilancia coincidiendo con la pesquería de atún rojo", aseguró el Ministerio, que detalló que el control de esta pesquería se lleva a cabo en el marco de un plan de recuperación de esta especie.
   En este sentido, subrayó que el control y vigilancia de la pesquería se extiende a las actividades de los buques pesqueros "en general, con independencia de su pabellón", para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
   Para llevar a cabo estas actuaciones, existe un acuerdo conjunto de los ministerios de Defensa y de Agricultura sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, firmado en 1988. Mediante este acuerdo, la Armada opera con los patrulleros de altura Alborán, Arnomendi y Tarifa, con base en Cartagena, que controlan "de manera habitual" las aguas marítimas españolas del Mediterráneo.
   Asimismo, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior suscribieron en 1997 un acuerdo marco para el control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, por el que patrulleros ligeros de la Guardia Civil llevan a cabo misiones de control, inspección y vigilancia pesquera en el Mediterráneo.
   El Ministerio explicó que para la vigilancia de la zona de protección pesquera también se dispone del avión Roche, que opera con regularidad desde los aeropuertos del litoral peninsular de Levante y Baleares, así como los helicópteros Alcotán, que realizan su vigilancia tomando como base principal los aeropuertos de Alicante, Valencia, Reus, Palma de Mallorca e Ibiza.

Greenpeace celebra el interés del Parlamento Europeo sobre la Ley de Costas

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha valorado positivamente que varios europarlamentarios hayan mostrado interés en los planes del Gobierno de España de modificar la Ley de Costas de 1988 y han mostrado su interés de hacer un seguimiento de la reforma, para intentar establecer canales de interlocución acerca de esta cuestión.

   Así, la ONG afirma que tras la comparecencia del director general de Costas y de la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terreste el pasado 25 de abril en el Parlamento Europeo, los europarlamentarios estimaron que quedaban "numerosas incógnitas" sin despejar sobre la reforma.
   Por ello, varios eurodiputados han elaborado un documento que han remitido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Ahora se espera que en unas semanas España responda con la "máxima transparencia a dicha comisión de trabajo".
   Además, añade que en el marco de la comisión de trabajo creada sobre la Ley de Costas de España, creada en el seno de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, los europarlamentarios han formulado varias preguntas al Ministerio acerca de sus planes de modificar la norma.
   Concretamente, la eurodiputada danesa del grupo Verdes/Ale, Margrete Auken, ha remitido una batería de preguntas a Arias Cañete que recogen algunas de las cuestiones que se plantean desde la plataforma 'No a nuestra costa' que forman más de 160 organizaciones.
   Auken ya elaboró en 2009 un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo donde denunciaba la urbanización excesiva en España y, particularmente, en las zonas del litoral, con el consiguiente destrucción de ecosistemas marinos.
   El informe es relevante porque en contados casos la Eurocámara se pronuncia sobre prácticas concretas en determinados estados miembros, y ello solo sucede cuando se trata de situaciones flagrantes hacia las disposiciones comunitarias.
   "Los europarlamentarios del grupo Verdes/ALE han planteado cuestiones al Ministerio tales como, cómo se va a incluir en la reforma los protocolos europeos de gestión integrada de zonas costeras, las medidas de adaptación al cambio climático o el impacto económico sobre una posible prolongación de las concesiones", ha explicado la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

El TSJ podría emitir orden internacional de búsqueda y captura del ex alcalde de Totana

MURCIA.-   La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) podría emitir una orden internacional de búsqueda y captura si el exalcalde de Totana, Juan Morales, sobre el que pesa una orden de detención e ingreso en prisión inmediata, no aparece.

   La Unidad Adscrita de la Policía Judicial de la Guardia Civil que se encuentra en el Palacio de Justicia se puso en contacto con Morales el pasado miércoles, para ponerle en su conocimiento una notificación y cumplir la orden de la Sala.
   Aunque el contenido de dicha notificación, con fecha de ese mismo día, no trascendió a Morales, que según le manifestó a los agentes se encontraba en Cádiz y que llegaría esa misma noche a Totana, quedando en hablar con ellos al día siguiente --jueves-- para que le fuera comunicada esta notificación, éste apagó el móvil al enterarse por los medios de comunicación que se ordenaba su ingreso en prisión, por lo no ha sido posible que la Unidad lo localice desde el miércoles.
   En concreto, la Sala Civil y Penal ordenaba "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de Morales por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.
   Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
   De este modo, al no poder localizar a Morales, la Unidad Adscrita de PJ de la Benemérita se ha puesto en contacto con el TSJ para que se curse la requisitoria para busca y captura de esta persona que no está localizada, ya que todo reo tiene obligación de estar localizado a disposición del tribunal.
   Al ser una sentencia firme y de condena, si no está localizado el TSJ firmaría la requisitoria, que aún no está notificada, para dar traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una orden internacional de busca y captura.
   Habrá que esperar hasta que el auto esté confirmado y la orden esté firmada por los magistrados de la Sala, Juan Martínez Moya, Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, para oficiarlo tanto a Guardia Civil como Policía Nacional para que se le localice.
   La búsqueda no se limitaría sólo a España, sino que se extendería por todos los países, puesto que se tiene la impresión de que "ha desaparecido del mapa y que podría estar por alguna zona de la Región agazapado en algún sitio".
   Y es que, aún presentado recurso de súplica su abogado, Morales iría a prisión. No obstante, si Morales se pusiera en contacto con la Guardia Civil no se emitiría esta orden y en caso de que ya se hubiera dictado, se revocaría automáticamente.

Las Cáritas del Mediterráneo denuncian que la UE "fomenta" la inmigración irregular

MADRID.-   Las Cáritas del Sur y del Norte del Mediterráneo, reunidas en la Conferencia anual MigraMed, consideran que las políticas "restrictivas" de la Unión Europea "fuerzan a las personas a realizar viajes peligrosos en el que arriesgan sus vidas, generan y potencian la migración irregular y fracasan a la hora de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas".

   Según ha informado Cáritas Española, presente en la conferencia celebrada en la ciudad italiana de Cagliari, todas las Cáritas del Mediterráneo expresaron su "preocupación" por estas políticas, "puesto que se centran principalmente en la devolución, externalización, control de fronteras y la criminalización de las personas migrantes, y no en el cumplimiento de los derechos humanos y en el bienestar de los necesitados".
   La organización señala que "las enormes operaciones de control fronterizo de la UE fuerzan a las personas a encontrar rutas alternativas a través de la actividad de contrabandistas y traficantes" mientras que sus políticas de externalización del control de fronteras "colocan en una situación de especial responsabilidad" a países que tradicionalmente han sido territorios de tránsito, convirtiéndolos así en lugares de destino donde los derechos de los migrantes son vulnerados.
   "Resulta inadmisible que en nuestro mundo de abundancia aún hoy seamos testigos de personas que arriesgan y pierden sus vidas al cruzar el Estrecho para llegar a Europa. Durante el viaje, las personas migrantes se enfrentan a diversos tipos de abuso, explotación y tráfico de personas", denuncia Cáritas.
   Por ello, pide a la UE que se "abstenga de potenciar" la migración irregular, vele por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y posibilite medios legales en relación a la movilidad humana con políticas migratorias "realistas", y que se abstenga de detener a migrantes y solicitantes de asilo, ya que, según afirman, "la detención debe ser empleada exclusivamente como última ratio en casos excepcionales.
   Cáritas recuerda que la Doctrina Social de la Iglesia ampara el derecho a buscar una vida mejor y en paz en un lugar diferente al de origen, así como el derecho a gozar de condiciones de vida decentes en el mismo, y señala que tanto el Derecho Internacional como el Derecho de la Unión Europea reconocen el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y volver al mismo; así como el derecho a solicitar asilo, el derecho al asilo y el principio de no devolución.

El abogado ex alcalde de Totana asegura que Morales no se ha fugado "ni tiene intención" y está perfectamente localizado

MURCIA.- José María Caballero, el abogado del ex alcalde de Totana y ex diputado regional, Juan Morales, asegura que su cliente sigue a la espera de que se le notifique la orden de ingreso en prisión por el auto de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, por el que se ordena "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso", contra la que, según Caballero, "cabe recurso". 

   De hecho, ha declarado, "está esperando a que se resuelvan las cosas que hemos presentado, entre ellas una petición esta mañana con solicitud de la suspensión de la ejecución".
   El letrado ha afirmado que tampoco ha recibido la resolución, así como que Morales no se ha fugado, "ni tiene intención" y está perfectamente localizado, "basta con levantar el teléfono para que aparezca".
   Caballero, que ha criticado enterarse por los medios de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ haya firmado dos órdenes, nacional e internacional, de busca y captura del ex alcalde de Totana, asegura, por tanto, conocer donde está su cliente.
   Y entiende "que aquí la cárcel es la última de las soluciones y medidas a adoptar", por lo que lamenta esta medida cautelar "después de estar cuatro años largos a disposición de la Administración de Justicia"; todavía, ha señalado, estamos recurriendo para que se le de el "mismo" trato generalizado que se da en este tipo de sentencias.
   En cualquier caso la resolución que se ha dictado "es recurrible, y pensamos recurrir, de manera que el ingreso de prisión así, a priori, sin otras alternativas, no nos parece adecuado", ha explicado, por lo tanto, "Morales está esperando se resuelvan las cuestiones".
   "No está fugado ni tiene intención de fugarse ni de eludir la acción de la Justicia", ha aclarado el letrado, quien dice que la orden de búsqueda y captura es "injustificada" pues, ha enfatizado, "hasta ahora a Morales se le requirió, a través de su representación procesal, para que presentara las llaves de sus coches y casa, y así lo hizo".
   Pero ahora, ha exclamado, "nadie le ha llamado para que vaya a ejecutar ni cumplir nada, por tanto este hombre no se da por enterado de nada en absoluto, cuando le requieran como corresponde, siguiendo el procedimiento seguido hasta ahora, Morales se presentará" porque "siempre ha estado a disposición de la Justicia".
   Caballero desconoce por qué se ha dejado de utilizar extraordinariamente el procedimiento habitual, criticando que no se le haya notificado la resolución de la Sala, enterarse de la misma por los medios de comunicación y que se no haya requerido a Morales a través de su defensa "como se ha venido haciendo siempre"; "se nos ha obviado", ha reprobado, "mandando las citaciones a Policía y Guardia Civil".
   El abogado de Juan Morales lamenta, de tal forma, que no se le hayan notificado las últimas órdenes del TSJ "como habitualmente desde el inicio del procedimiento", pues "las notificaciones no se hacen por teléfono y por parte de la Policía Judicial". Eso es una "alteración" de lo que venía siendo el trámite habitual "hasta este momento".
   Así ha afirmado a Europa Press que tiene "perfectamente" localizado a Morales y que "basta con que levante el teléfono para que aparezca". Ante la última orden del TSJ, Caballero insiste en que "seguimos utilizando el procedimiento ordinario correspondiente y es que vamos a recurrir la resolución para pedir el indulto".
   "Vamos a seguir usando los trámites normales" por lo que si ellos consideran oportuna la orden de búsqueda y captura adelante, pero "nos llama la atención que a una persona condenada por agresión sexual que tiene otro procedimiento abierto por agresión sexual se le de la suspensión" porque, ha indicado, "son personas que delinquen un poco", mientras a Morales se le considera un delincuente peligroso "y se le trata de otra manera".
   Caballero podría presentar, asimismo, la semana próxima un recurso de súplica contra el auto de la Sala del TSJ de Murcia.

El PSOE destaca "ceguera" PP ante macroproyectos como Paramount y Marina de Cope, "poco creíbles y que no llevan a nada"

MURCIA.- La diputada nacional y secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE, María González Veracruz, ha destacado este viernes la "ceguera" del Partido Popular y criticado que el Gobierno regional "siga" poniendo piedras y trayendo macroproyectos urbanísticos como Paramount y Marina de Cope, "poco creíbles y que no llevan a nada".

   A juicio de la socialista, denota su "ceguera" ante la situación actual, "que ellos han provocado y ante las perspectivas de futuro, que son nulas a día de hoy en la Región".
   De hecho, cabe recordar que la agencia de calificación crediticia Fitch ratings recortó ayer la nota a ocho comunidades autónomas españolas, entre ellas Murcia, debido a los problemas de la economía española y a los "considerables esfuerzos adicionales" que tendrán que hacer para reducir sus déficits.
   Según la diputada socialista, "hay una correlación demostrable entre la mala situación que tiene la Región de Murcia, cuya crisis es más intensa que en otros lugares, y la apuesta que han hecho por el ladrillo, por dejar acampar a sus anchas la especulación".
   Desgraciadamente, ha recordado González Veracruz, "esta semana no sólo hemos visto la puesta de primeras piedras", en clara referencia al Paramount Park y LifeStyle Center, "que no llevan a nada", también, ha argumentado "hemos visto que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha sido imputado con casos que tienen que ver con lo mismo", por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación a los convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad. Es decir, ha agregado, "por un modelo de desarrollo insostenible y que ha traído la ruina a la Región".
   De tal forma, la diputada nacional y secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE ha aprovechado que el próximo 9 de junio es el 30 aniversario de la Región para "soñar con otro modelo de desarrollo que nos ofrezca realmente algo de futuro, especialmente a los jóvenes".
   "Desde luego con la ceguera que tienen los gobernantes del PP, si siguen poniendo piedras en macroproyectos que no aportan nada a la Región, poco futuro tendremos", ha remarcado.
   González Veracruz ha subrayado así, y ante el proyecto de Marina de Cope, que el patrimonio natural de la Región "es una fuente de economía para Murcia y no solo hay que respetarlo, sino que habría desarrollarlo desde un punto de vista sostenible".
   Tras lo que ha aclarado que el PSOE "está por el progreso y el desarrollo de esta Región", y ha advertido que quien les intente tachar de 'antimurcianos', "se equivoca", porque "todo aquello que dijimos, desgraciadamente está sucediendo".
   Así, ha manifestado que "los socialistas están por el desarrollo de la Región, pero de forma sostenible y que beneficie a todos, no sólo a unos pocos".

El Gobierno regional estudia un aval para Paramount Park que no superaría los 11 millones de euros

MURCIA.- El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha confirmado que el Gobierno regional está estudiando conceder un aval para la ejecución del proyecto Paramount Park y LifeStyle Center, y que éste no superaría en ningún caso los 11 millones de euros que costó la adquisición de los terrenos donde se prevé construir.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bernal ha confirmado que la solicitud del aval por parte de la sociedad promotora del parque de ocio, Premursa, no es "muy elevada" y que la Comunidad Autónoma "no correría riesgo", al tiempo que supondría avalar "determinadas etapas del proyecto", aunque no ha especificado cuáles.
   A este respecto, Ballesta ha destacado que a la Región de Murcia, que cuenta con 200.000 parados y una tasa de paro juvenil del 50 por ciento, "no le sobran proyectos" de este tipo y "no se puede permitir" desaprovechar oportunidades así. "Lo conveniente es que tuviéramos muchos proyectos que estudiar", ha señalado.
   Al ser preguntado por si el Gobierno regional está preocupado por la falta de inversores en el proyecto del Paramount Park y LifeStyle Center, Ballesta ha contestado que a quien le tiene que preocupar es "a la sociedad" que impulsa esta iniciativa, Premursa, y que es la que "tiene que buscar inversores".
   Independientemente de que la sociedad tenga que seguir buscando recursos, Ballesta ha confirmado que esta sociedad ya ha captado 27 millones de euros de inversión.