El socialista Iglesias defiende a ultranza a las CCAA y augura que ninguna será intervenida

MADRID.- El portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha hecho una cerrada defensa de modelo territorial del Estado, ha considerado "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos y ha augurado que ninguna comunidad será intervenida.

Así lo ha señalado en sintonía con el líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes porque el Estado autonómico "no funciona bien si periódicamente" los presidentes de las comunidades y el del Gobierno "no comparten estrategias generales".

Se ha referido a la situación económica y ha recordado que hay tres autonomías gobernadas por el PP -Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León- "que han hecho aflorar un déficit unos meses más tarde que otras", lo que ha provocado una nueva desviación al alza de cuatro décimas del déficit de 2011, hasta el 8,9 % del PIB.

En concreto, ha considerado "imposible" que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no supiera que había "una desviación del déficit de más de mil millones en Madrid", ya que fue consejero de Hacienda de esta comunidad.

Sin embargo, el portavoz del PSOE ha señalado que "no será necesario" intervenir ninguna comunidad y ha hecho hincapié en que es "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos.

Así, ha recordado que son las comunidades las que tienen las competencias en la salud de los ciudadanos, la educación, los servicios sociales y la dependencia, y que "es mucho más difícil" hacer los ajustes en estas políticas "que dejar de construir trenes de alta velocidad".

"Es extraordinariamente injusto que carguen contra las comunidades por el hecho de que tienen más dificultades para ajustar sus déficits y sus presupuestos, porque cerrar un hospital es muy complicado y no deberíamos hacerlo, cerrar una escuela es muy complicado y no deberíamos hacerlo, y estas son responsabilidades autonómicas", ha señalado.

Por otro lado, Iglesias ha considerado que si hay un momento en los últimos 30 años, "desde el primer despliegue de las autonomías", en el que el Estado y las comunidades, y estas entre sí, deberían ser capaces de cooperar más, es el actual.

Por este motivo, el portavoz del PSOE ha recalcado que sería "muy importante" que se convocara una Conferencia de Presidentes que, como en las celebradas anteriormente, debe acoger el Senado.

"El Estado autonómico no funciona bien si periódicamente los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno de la nación no comparten estrategias generales. No funciona bien si no somos capaces de tener un espacio, como es el Senado, donde las comunidades autónomas puedan debatir, encontrarse, coordinarse", ha manifestado.

También se ha referido a la reforma del Senado, para la que se ha constituido una ponencia en la comisión de Reglamento de la cámara que mañana celebrará su segunda reunión, y ha asegurado que debería haberse hecho "hace mucho tiempo, pero el PP no ha querido".

"Ahora parece que hay una actitud distinta", ha continuado el portavoz del PSOE, quien ha avanzado que su partido, al igual que el PP, es partidario de que el Senado sea cámara de primera lectura para las leyes territoriales y de "tener un modelo similar al alemán".

"Nuestro modelo territorial es similar al alemán y, por tanto, deberíamos tener una cámara territorial similar al Bundesrat", ha opinado Iglesias, para quien la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado no ha funcionado, especialmente en las dos últimas legislaturas, "porque ha habido poca generosidad por parte del PP, que no ha querido avanzar en los temas territoriales".

"En este momento en que hay una gran mayoría de comunidades autónomas dirigidas por el PP, ellos tienen toda la capacidad para hacer estas reformas. Se han comprometido y quiero pensar que ese compromiso es firme. Nuestro apoyo para esa reforma ya saben que lo tienen", ha concluido.

La financiación local, la eterna reivindicación municipal

MADRID.- Los alcaldes llevan años pidiendo insistentemente un nuevo sistema de financiación local para mejorar su autonomía financiera, pero no han conseguido que sus demandas se materialicen a pesar de las buenas palabras del resto de administraciones. ¿Se aprobará por fin durante esta legislatura?

El Gobierno y los ayuntamientos son conscientes de que, antes de acometer una reforma de la Ley de Haciendas Locales, hay que resolver una cuestión vital para los consistorios: el reparto de competencias.

El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha apostado por revisar la ley de Bases de Régimen Local (1985) dentro de la ordenación administrativa que pretende el Gobierno para hacer efectiva la máxima de "una administración, una competencia".

Con esa norma se quiere poner freno a las llamadas "competencias impropias" de los consistorios, aquellas que prestan los ayuntamientos a pesar de que no son titulares de las mismas, como la construcción de guarderías o de otros servicios sociales.

Estas "competencias impropias" representan hasta el 26% del presupuesto total de los 8.116 ayuntamientos, como recuerda el vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maíllo.

"Esta vez sí", responde el también presidente de la Diputación de Zamora cuando se le pregunta si esta será la legislatura definitiva para la financiación local, cuyos últimos cambios datan de 2004, con una serie de modificaciones a la ley aprobada en 2002.

Para Maíllo, es "imprescindible" y "necesario" que el Ejecutivo lleve a cabo una reforma de la Ley de Haciendas locales, que debe venir precedida por la también anhelada reforma competencial.

Una queja extendida entre los alcaldes es que se ha prestado más atención a la situación económica de las comunidades que a la de las corporaciones locales.

"No ejercemos la suficiente capacidad de presión", explica, por su parte, el alcalde de Zaragoza y portavoz socialista en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Juan Alberto Belloch, quien pide que la FEMP sea mucho "más enérgica como sujeto interlocutor" con el Gobierno.

Belloch afirma que hay un cierto "escepticismo" entre los alcaldes sobre si en esta legislatura se aprobará una nueva ley. "Ojalá sea así. Yo, desde luego, lo dudo", apostilla el alcalde.

Advierte además de que este proceso de reforma sería "tan largo y extenso en el tiempo" que se deben tomar "medidas urgentes" para paliar la situación de las entidades locales.

Insiste en que lo primero que hay que hacer es aclarar las competencias impropias, pero no para "pelear por más", sino para que estén bien financiadas aquellas que correspondan a los consistorios.

En este proceso, continúa Belloch, hay que hacer una reforma para que no haya duplicidad de competencias y que los ayuntamientos tengan sentido de la "responsabilidad", para evitar los "excesos manifiestos que ha habido" anteriormente.

Coincide con Belloch el presidente de la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta y alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien cree que esta modificación debe hacerse en "el marco de ese esquema que el Gobierno está pensando y ha comprometido de una administración, una competencia".

De la Torre apuesta por una estructura municipal similar a la de otros países europeos como Francia, Italia o Alemania.

El alcalde de Málaga subraya que la problemática actual de los ayuntamientos va ligada a "dos cuestiones: financiación y competencias".

Las modificaciones en estos ámbitos deberían ir acompañadas de una "política muy seria, rigurosa y austera" de los ayuntamientos y de la "sensibilidad del Estado y las autonomías" para mejorar la situación de los consistorios, agrega De la Torre.

Las comunidades son objeto de crítica por parte de muchos ayuntamientos al considerar que el proceso de descentralización se paró en las regiones y que estas no han querido ceder competencias e ingresos a los municipios.

El alcalde de Málaga llega a decir que este "mal proceso" de descentralización ha llevado a que haya más déficit público y que España tenga un "municipalismo más débil" que el del resto de países europeos.

En palabras de Belloch, los ayuntamientos se sienten "absolutamente" discriminados frente a las autonomías y el municipalismo "se está convirtiendo en un producto que solo sostiene quien está en la oposición".

"Quién esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque no ha habido ni un solo Gobierno municipalista hasta ahora. Ninguno, ni del PSOE, ni del PP", asevera el regidor zaragozano.

Martínez Maíllo recuerda que los ayuntamientos no están recibiendo fondos a través de las PICAS (la participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas), algo reivindicado históricamente por los alcaldes.

El modelo estaba pensando para un reparto en los ingresos de un 33% para cada uno de los niveles de la Administración (general, autonómica y local), pero los ayuntamientos apenas llegan al 13%, comenta el vicepresidente de la FEMP.

Ante estos datos, se ha reforzado el consenso en la vida municipal, que se ha reflejado en la aprobación en el Senado en febrero de una moción con el apoyo de todos los partidos, a excepción de la abstención de Amaiur.

El texto, presentado por CiU, pedía al Gobierno que apruebe este año una nueva ley de financiación local y una norma de gobierno municipal para clarificar las competencias.

Los ayuntamientos siguen esperando estas dos leyes para afrontar su difícil situación, y mientras tanto tapan sus agujeros con medidas como el plan de pago a proveedores, con el que liquidarán 1.967.000 facturas por un importe total de 9.750 millones de euros.

El Fiscal Jefe Anticorrupción ordena recopilar las investigaciones abiertas contra bancos y cajas

MADRID.- El Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha dado una orden a los delegados de la Fiscalía en todas las provincias para que le remitan información de todas las investigaciones que tienen en marcha sobre posibles irregularidades en bancos y cajas de ahorros, según informaron hoy fuentes jurídicas.

   Salinas ha cursado la petición hace unos días a través de una nota interna de servicio, en la cual reclama a los delegados Anticorrupción que le remitan información sobre las investigaciones de cualquier operación económica que están llevando a cabo ellos y también las que han puesto en marcha, si las hay, las Fiscalías de todas las provincias, tanto en anticorrupción como en delitos económicos.

   La Fiscalía que dirige Antonio Salinas centraliza en estos momentos las investigaciones de las presuntas irregularidades y de las operaciones dudosas de la Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida por el Banco de España en marzo de 2010 y las relativas a las indemnizaciones millonarias de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y las denuncias por venta de cuotas participativas y preferentes en esta caja valenciana. Ambos procesos están ya judicializados en la Audiencia Nacional.

   El Fiscal Anticorrupción también tiene abiertas, desde noviembre de 2010, diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia por las prejubilaciones e indemnizaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España.

   Una historia que se repite en Caixa del Penedés - integrada en Banco Mare Nostrum (BMN)- , donde también la Fiscalía investiga "una posible responsabilidad penal" en relación con las pensiones millonarias que se asignó la cúpula de la entidad financiera y que en conjunto superaba los 20 millones de euros. Estas dos últimas investigaciones aún no se encuentran judicializadas.

   Pero, además de estas investigaciones que centraliza la Fiscalía que dirige Salinas, también puede haber otras en curso en las fiscalías provinciales en virtud de la orden que dio en abril el Fiscal General del Estado al fiscal superior de Castilla y León para que la fiscalía de cada provincia de esa CCAA investigara las presuntas indemnizaciones, prejubilaciones y créditos de los ex directivos de cajas ya fusionadas como Caja Segovia, Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y Caja Avila, tras una denuncia de IU en esta región.

   De hecho, la Audiencia Provincial de Segovia ha ordenado reabrir el caso, que archivó un juzgado de instrucción de Segovia, por las presuntas irregularidades cometidas por directivos de Caja Segovia antes de la incorporación de la entidad en Bankia. Se trata de las prejubilaciones otorgadas al exdirector general Manuel Escribano --de unos 12 millones de euros-- y al resto del Comité de Dirección, que sumarían otros 30 millones.

   También la Fiscalía de León abrió a finales de 2011 diligencias de investigación por las indemnizaciones recibidas de Caja España por el ex alcalde de la capital leonesa y que ascendieron a 554.000 euros.

   Ahora, el Fiscal Jefe Anticorrupción quiere tener una fotografía de las investigaciones que se han iniciado en cada una de las fiscalías y para ello cursó hace unos días la orden de servicio, una petición interna para recopilar la información de lo que está en curso.

El PSOE impulsará mociones en ayuntamientos para que la Iglesia pague el IBI de inmuebles

MADRID.- El PSOE impulsará mociones en todos los Ayuntamientos españoles para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, así como para que se presente una ley de libertad y conciencia religiosa y una revisión de los acuerdos de España con El Vaticano.

    Esta fue la decisión que tomó la comisión permanente de la ejecutiva federal en su última reunión, en la que solicitó al responsable de política municipal que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los plenos municipales.

   De esta manera, el partido socialista ha preparado un documento modelo en el que se incluye una exposición de motivos para justificar esta moción. Así, recuerda que "la regla básica de un sistema fiscal justo" es que todos los ciudadanos e instituciones contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica".

   A día de hoy, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992).

   Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.

   Sin embargo, los socialistas consideran que esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada, ya que en las décadas precedentes "se ha realizado una aplicación extensiva de la misma", de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje o lonjas, entre otros.

   En ese sentido, el secretario de ciudades y política municipal, Gaspar Zarrías, ha señalado que el PSOE apuesta por una legislación que "evite privilegios y discriminaciones" por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones "igual que el del resto de instituciones".

   "Los socialistas defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos", ha resaltado.

   Por el contrario, Zarrías ha criticado la política fiscal del Gobierno ya que, a su entender, pretende condonar las deudas "a los que defraudan" y aumentar los impuestos a los trabajadores. Así, ha asegurado que "fruto de esa política" es el reciente Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que insta a las corporaciones locales a una subida del IBI entre el 4% y el 10% y cuya aplicación "obliga a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos e instituciones".

   El dirigente socialista ha salido también al paso de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela, en el sentido de que el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica "puede afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas".

   Así, Zarrías ha pedido a Rouco "que no amenace" en nombre de esta ONG, ya que "son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos" los que a través de subvenciones permiten a Cáritas "hacer la magnífica labor que hace". Además, ha pedido a Rouco Varela que diga "cuánto ha puesto la Iglesia Católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor supone una sorpresa".

Ahora resulta que no falta agua en la Cuenca del Segura, según el presidente de la CHS

MURCIA.- El nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la sociedad de cara a cómo se presenta el verano. Según ha confirmado, se plantea "con plenas garantías para agricultores y ayuntamientos, ya que las reservas actuales de agua permiten asegurar los riegos y los envíos para abastecimiento". 

   Actualmente, ha puntualizado, los embalses de la cuenca del Segura cuentan con 635 hectómetros cúbicos de agua, "estando previsto que concluya el año hidrológico con 348 hectómetros (contando sólo con los recursos del Segura, no los del trasvase del Tajo)".

   De ahí que Ródenas haya dejado claro que este verano no será peor que el pasado, sino "similar", ya que "se cumplirán todos los compromisos con los usuarios de la cuenca".

   El agua acumulada en los embalses de la Cuenca del Segura permite garantizar la campaña de riegos del próximo verano al regadío tradicional con 270 hectómetros cúbicos del río Segura, lo que supone que los agricultores podrán disponer de todos los recursos programados para sacar adelante sus cultivos.

   Todo hace prever que los embalses del Segura terminarán el año hidrológico con 348 hectómetros cúbicos de reservas, siempre que se mantengan las previsiones de consumo aprobadas en la última comisión de desembalses y no haya una situación meteorológica excepcional.

   Sin embargo, ha advertido, "no podemos olvidar que las reservas de los embalses nos ayudan a empezar mejor el año hidrológico", por lo que ha hecho un llamamiento "al uso responsable del agua en todos los ámbitos, agricultura y abastecimiento".

   Ródenas también ha rechazado que puedan haber cortes de aguas en este año hidrológico, "ni siquiera reducción en los derechos de los usuarios", por lo que los agricultores "pueden muy tranquilos, pero con responsabilidad".

   Y es que, ha insistido, "en el horizonte del presente año hidrológico no hay razón para la intranquilidad de los agricultores".

   Pese a esto, ha considerado que hay que tener en cuenta que durante el último periodo de sequía se llegó a reservas inferiores incluso a la reducción prevista este año.

   Por ello, ha subrayado que "resultan de vital importancia las reservas que se han acumulado en los años precedentes, gracias al aumento de las aportaciones y a la red de embalses que gestiona la CHS, y que convierte a la Cuenca del Segura en una zona muy regulada".

   Aunque no declina prever qué va a ocurrir más adelante, ha advertido que "si no se producen lluvias de importancia antes del final del año hidrológico, la cuenca del Segura comenzará el año 2012-2013 en situación de Pre-Alerta, lo que implica que la Confederación deberá tomar ciertas medidas de precaución".

   En cualquier caso, ha asegurado que tiene la seguridad de que la cuenca del Segura, gracias a las infraestructuras (embalses) con las que cuenta y la experiencia atesorada de anteriores sequías, "es una de las zonas más preparadas para hacer frente a la escasez de agua".

   En la actualidad, la Cuenca del Segura está sufriendo uno año muy seco, lo que implica una reducción gradual de las reservas con las que cuenta.

   En concreto, en lo que llevamos de año hidrológico (de octubre de 2011 a abril de 2012) ha sido el tercer periodo más seco de la década. En cifras, se puede observar que ha llovido un 21 por ciento menos que el año pasado (151 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 2011-2012 frente a los 191 l/m de 2010-2011) y un 34 por ciento menos que la media de los últimos diez años (227 l/m).

   En esta situación de Pre-Alerta se aspira a movilizar la inercia de los hábitos del consumidor, empezando a crear conciencia social del uso del agua.

   Las medidas tendentes a reducir la demanda se planificarán de forma que al inicio del siguiente estado se haya conseguido una reducción del 5 por ciento en los usos de abastecimiento y regadío.

   Se realizará el seguimiento rutinario de la demanda analizando mensualmente la evolución de la misma y verificando el grado de cumplimiento de las previsiones de consumo; y se constituirá la Oficina Técnica de la Sequía por técnicos de la Comisaría de Aguas, Dirección Técnica y Oficina de Planificación Hidrológica.

   Para los usos urbanos las medidas previstas son la redacción de los informes de definición de la situación de la cuenca, una vez alcanzado este nivel se incrementará, de las tres fechas del año (trimestrales) 1º de octubre, 1º de diciembre, 1º de abril y 1 de julio, pasándose a realizar con carácter mensual mientras se esté en esta situación.

   También se incluye, entre otras acciones, preparación de campañas de difusión del uso racional del agua; prohibición de usos que no exijan agua potable; y campaña de difusión del uso racional del agua.

   Además de optimizar la utilización de desembalses de presas destinadas a la generación de electricidad; y las escorrentías no reguladas.

El Ayuntamiento de Murcia sigue apoyando una prostitución avanzada

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia mantiene su colaboración con el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los trabajadores sexuales, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   Desde esta asociación se atiende gratuitamente a personas que trabajan en calles y carreteras, clubes, pisos y de forma autónoma. El Ayuntamiento viene colaborando desde 2005 con esta asociación, a la que aporta una subvención de 50.000 euros para apoyar sus actividades de carácter social

   CATS acude semanalmente a los lugares de prostitución tanto en calle como en club para informar, apoyar y dar a conocer los servicios de la asociación y ofrece un servicio de atención telefónica. Asimismo realiza labores de sensibilización y de prevención de infecciones de transmisión sexual.

La Región de Murcia amplía los aceites amparados con la Marca de Calidad Agroalimentaria

MURCIA.- La Región ha aumentado el número de aceites amparados con la Marca de Calidad Agroalimentaria Control Región de Murcia, que es la figura de calidad de la que es propietaria la Comunidad Autónoma, con la concesión del uso de este sello de garantía en el etiquetado del aceite de oliva virgen extra a la almazara Olmo Vega. 

   Así, el director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, explicó que "esta marca certifica que el aceite de oliva virgen extra de la marca comercial 'De Olmo Vega', posee una calidad diferenciada y está sometido a un procedimiento adicional de control que garantiza que este aceite llega al consumidor en óptimas condiciones físico-químicas y organolépticas".

   De este modo, la zona de producción se encuentra ubicada en el municipio de Jumilla, en el paraje conocido como Cañada de Albatana, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Con la marca comercial se puede envasar el aceite extraído de las variedades Picual, Cuquillo y Arbequina. Las aceitunas que dan origen a estos aceites son recolectadas con el mayor esmero directamente del árbol, con el grado de madurez adecuado y son molturadas antes de las 24 horas posteriores a la recolección.

   El aceite procedente de la variedad Picual presenta gran estabilidad, aromas frutales, ligero amargor y un matiz picante. El aceite elaborado con la variedad Arbequina es denso, afrutado, entre verdoso y amarillo, con aromas frutales, suaves y dulces. Por su parte, la variedad Cuquillo produce aceites de color amarillo pálido, sabor dulce y muy fluido.

   La Región de Murcia apuesta por la calidad diferenciada que ya se está obteniendo tanto con las variedades tradicionales, tales como Cuquillo y Cornicabra, sobre todo, como con otras recientemente introducidas, como Picual, Arbequina y Hojiblanca, o en los aceites Virgen Extra convencionales obtenidos por molturación conjunta de distintas variedades, o en 'coupages' de diseños propios de algunas empresas.

   García Lidón señaló que "dicha promoción debe pasar por explotar adecuadamente todo el potencial de calidad de los aceites, a través de una estrecha colaboración entre agricultores, empresas implicadas en la producción y distribución, y el sector de la hostelería, restauración y establecimientos afines".

   Y es que, la producción regional de aceite de oliva en la presente campaña ha sobrepasado las 8.000 toneladas, según datos de la Agencia para el aceite de oliva. La superficie de cultivo del olivar para la producción de aceite de oliva es de 21.925 hectáreas.

   De ellas, 3.011 están ya en cultivo ecológico y 1.396 en producción integrada. La superficie regional de olivar se completa con las 1.204 hectáreas dedicadas a la producción de aceituna de mesa (Mollar de Cieza y Cuquillo, sobre todo), de las que 11 hectáreas son de cultivo ecológico.

   La comarca con mayor superficie de olivar es el Altiplano, con 8.828 hectáreas, seguida del Valle del Guadalentín, con 5.160 y del Noroeste, con 3.641, según la última estadística agraria regional. Las variedades predominantes son Cuquillo y Cornicabra, con destino, principalmente, a la producción de aceite.

   En la comarca del bajo Guadalentín, en la última década, se ha ampliado el cultivo del olivar, mayoritariamente con la variedad Arbequina, en plantaciones superintensivas, porque permiten la recolección mecanizada a muy bajo coste y registran altas producciones por hectárea los primeros años de cultivo.

   La Consejería de Agricultura y Agua sigue potenciando la mejora continuada de los aceites de oliva a través de la Marca de Calidad Agroalimentaria Control Región de Murcia, el Panel de Cata Regional, la Red Dacus para el control de la Mosca del Olivo, el Programa 'Agricultura Limpia', la Mejora Nutricional del Olivar, los cursos de formación y la transferencia tecnológica, principalmente.

El alcalde de Murcia se encuentra desprestigiado ante la Oposición por su opacidad e ineficacia

MURCIA.- El portavoz del grupo municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de  Murcia, muestra su alarma porque los acuerdos de Pleno "no se cumplan". Y es que denuncia que dos meses después de presentar una moción, --aprobada en Pleno por todos los grupos políticos--, para que se estudiara que los ruegos y preguntas se contestaran de forma oral, el PP les ha trasladado su intención de no llevarla a la práctica, porque, explica, "ahora consideran que no procede".

   Según Serna, "esta es una acción democrática buena, participativa, un signo de transparencia que hace más cercana la actividad municipal y que se hace en muchos otros ayuntamientos españoles". Por lo que lamenta la situación de "indefensión" con la que se encuentran como oposición y critica la falta de transparencia del equipo de Gobierno de Miguel Ángel Cámara.

   Además, "el Pleno es el mayor órgano de Gobierno que tiene el municipio, y desligitimar los acuerdos tomados allí es peligroso y debe empujar a la reflexión", ha añadido Serna, quien ha especificado, "que presentamos una serie de preguntas o solicitamos información para realizar nuestro trabajo como oposición, con todo el derecho que nos otorga la legislación como concejales a conocer detalles de la actividad municipal, que finalmente no se nos aporta sin mayores explicaciones".

   De hecho, ha recordado, "denunciamos que en numerosas ocasiones hemos requerido información y formulado preguntas que no se nos responden o no se nos facilitan".

   Por ejemplo, ha señalado, cuando la formación política solicita conocer los destinatarios de las entradas de determinados eventos regaladas a terceras personas, el coste de los alquileres que paga el Ayuntamiento por los inmuebles que tiene arrendados, el presupuesto ejecutado del año 2011 y de 2012 de las Juntas Vecinales y Juntas de Distrito o el número de pasajeros que el tranvía de Murcia tiene por parada.

   Ésta última "es una información que he pedido hace cuatro o cinco meses y no se nos ha facilitado porque parece que al equipo de Gobierno no le interesa dar a conocer que hay determinadas paradas del tranvía que tienen un bajo número de pasajeros", ha destacado Serna, quien ha añadido que esto demostraría "el error de haber diseñado unas líneas con un trayecto por zonas que no tienen densidad de población".

   Con lo que parece, ha continuado, "que el Consistorio municipal no realiza una gestión todo lo adecuada que el equipo de Gobierno debiera, o que incluso no da la información por dejadez o incluso por obstruir la labor de la oposición, algo que no queremos terminarnos de creer".

   Esto es "absolutamente grave" porque, según ha expuesto el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, "si a los concejales no se nos contesta lo que preguntamos ni se nos da la información solicitada, la labor democrática de un Consistorio no funciona".

   A su parecer, esto demuestra que "no se está cumpliendo uno de los principios básicos de cualquier sociedad democrática, y es que los partidos políticos, mediante la representación que le han otorgado los ciudadanos, realicen sus funciones en las administraciones".

   "Están haciendo un daño a la institución, a la actividad política municipal y a la salud democrática", ha concluido Serna, que pide al equipo de Gobierno municipal "un poco de seriedad, rigor y conciencia política y democrática".

Los gestores de las Cajas quebradas se han llevado 93,2 millones de euros

MADRID.- La reciente nacionalización de Bankia ha despertado numerosas suspicacias. Aparte de la lógica preocupación por sus ahorros, muchos ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que hacer tamaño esfuerzo cuando son muchos los directivos que han abandonado las Cajas de ahorro con elevadísimas indemnizaciones tras una dudosa gestión, que ha obligado al Estado a inyectar ayudas públicas, se pregunta 'Intereconomía'. 

No faltan voces que incluso piden la intervención del Fiscal General del Estado para que investigue dichas liquidaciones, además de los créditos que muchos de ellos mantienen con las entidades que abandonan. Los ex directivos han recibido ya más de 93 millones en indemnizaciones. Una cifra que sobrepasaría ampliamente los cien millones si se suman las cantidades pendientes de recibir. 

Antiguos gestores siguen reclamando un resarcimiento, como el que fuera director general de Caixa Penedés –entidad que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum–, que reclama por vía judicial los 3,7 millones de euros que no le han dado a su salida de la entidad. Otros directivos han llegado incluso a blindar su futuro nada más incorporarse a su nueva responsabilidad. Es el caso del ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza, que pactó una indemnización de diez millones de euros a su salida. Una suma escandalosa para una entidad nacionalizada desde septiembre. 

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tiene casi el 90% de su capital, ha iniciado la venta de la firma, aunque, por el momento, el proceso no ha despertado gran interés.

Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 25.000 millones de euros, está ya en manos de José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación por valor de 52 millones de euros, que puso fin a los desencuentros con el presidente del Banco, Francisco González. 

Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que según fuentes del sector podría percibir en acciones.

El panorama de las Cajas de ahorro en España ha dado un vuelco de 360 grados. El interés de los políticos por financiar proyectos innecesarios muchas veces y su exposición al ladrillo las han empujado al abismo. Su presunta solvencia ha dejado al descubierto profundos agujeros en sus cuentas. 

Sólo unas cuantas entidades han sobrevivido a esta hecatombe.

La Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias contra la antigua cúpula de la CAM

ALICANTE.- El rosario judicial de los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) no ha hecho más que empezar. El Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional ya acumula tres denuncias distintas interpuestas contra la anterior cúpula de la entidad financiera. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite el pasado mes de noviembre la querella presentada por el abogado Diego de Ramón contra la ex directora general María Dolores Amorós por presunta estafa, delito societario y falsedad documental.

A través de la Plataforma CAM, a esta querella ya se han adherido como acusación particular cerca de 500 clientes de la caja que perdieron sus ahorros en productos financieros como las cuotas participativas, cuyo valor ha quedado reducido a cero tras la intervención. Del medio millar de demandantes, un centenar son extranjeros: fundamentalmente británicos, pero también algunos alemanes, italianos y suizos.

Por su parte, los sindicatos que representan a la plantilla de la caja, agrupados en la Plataforma Unidad Sindical de CAM, presentaron el pasado 26 de diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia contra el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores generales Dolores Amorós y Roberto López Abad. En su denuncia, que la Fiscalía ya ha remitido a la Audiencia Nacional, los sindicatos piden que se investiguen las pensiones vitalicias que se asignaron los miembros de la comisión ejecutiva de CAM. 

También la Asociación por la Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, ha presentado una denuncia contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo, por presuntos delitos societarios, de falseamiento de cuentas y acuerdos abusivos con ánimo de lucro.

Tras ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Grande-Marlaska ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción nº 3. Actuando como sustituto, el juez Eloy Velasco dictó el pasado día 9 un auto en el que acumula las tres denuncias en una misma causa e insta al Banco de España a paralizar, hasta que se resuelva el proceso judicial que puede prolongarse durante varios años, el expediente disciplinario abierto a 49 exconsejeros y directivos de la caja.

 Por su parte, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga ha anunciado que la entidad presentará otra denuncia para anular las pensiones vitalicias que se asignaron el equipo directivo de la caja. De hecho, el Juzgado de lo Social de Alicante que confirmó el despido de María Dolores Amorós y rechazó todas sus pretensiones ya estableció que el pago de dichas prestaciones sociales es «injusto e ilegal», tal como recuerda 'Abc'.

General Electric y Aegon reclaman 1.100 millones de € por la quiebra de la CAM

ALICANTE.- Dos multinacionales, la aseguradora holandesa Aegon y el grupo norteamericano General Electric (GE), reclaman cerca de 1.100 millones de euros para ejecutar la cláusula de rescisión de los contratos que mantenían con la antigua caja de ahorros, según publica 'Abc'.

CAM constituyó en 2004 una alianza estratégica con Aegon para desarrollar el negocio de los seguros y, en 2005, con GE para ofrecer financiación a los clientes de la eléctrica. En ambos contratos se introdujo una cláusula según la cual si en algún momento se producían cambios en la titularidad de CAM la relación quedaría disuelta y la caja se vería obligada a abonar indemnizaciones millonarias a sus socios.

Un supuesto que ya se planteó cuando Caja Mediterráneo pactó constituirse como Banco junto a Cajastur y otras dos cajas de ahorros, y que finalmente se ha concretado con el desembarco del FROB como accionista único del Banco Base.

Según un informe elaborado por el Banco de España el pasado mes de julio —escasas horas antes de que acordara intervenir la caja— el cambio de titularidad de CAM obligará a la entidad financiera alicantina a pagar a Aegon una cifra que ronda los 736 millones de euros, mientras que la ruptura con General Electric supondrá otros 384 millones.

Las fuentes consultadas por Abc indicaron que ambas multinacionales ya han planteado su demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que todavía no ha emitido su dictamen.

La alianza con la aseguradora se llevó a cabo mediante la creación de un holding —en forma de sociedad tenedora de cartera— al que CAM aportó la totalidad de las acciones de su filial Mediterráneo Visa, mientras que Aegón realizó dos aportaciones: una dineraria de 150 millones de euros y otra en especie, en forma de valores de renta fija por un importe de 250 millones de euros.

En aplicación de la cláusula de rescisión de contrato, CAM debe devolver a Aegon los valores de renta fija aportados —o activos por un valor equivalente— y recomprarle sus acciones en el holding, cuyo precio deberá ser estimado por un experto independiente. Un informe elaborado por Tower Watson en diciembre de 2010 estimó en 736 millones el coste que tendría para CAM la ruptura del contrato: 383 millones por la compra de las acciones del holding y 353 por los bonos que Aegon aportó a la alianza. En el consejo de administración de CAM celebrado el pasado 30 de junio —tres semanas antes de la intervención—, la directora general, María Dolores Amorós, informó a los consejeros de que Aegon había presentado ante la Corte Internacional de Arbitraje una demanda para ejecutar la cláusula de rescisión de su contrato con la caja, que se encontraba inmersa en el proceso para transformarse en Banco CAM. La entidad financiera alicantina encargó al despacho de abogados Uría y Menéndez su representación en el litigio, mientras que Aegon contrató los servicios de Garrigues.

Tras conocer estos datos, uno de los consejeros preguntó a Dolores Amorós cuánto reclamaba Aegon como indemnización en el conflicto. Significativamente, la directora general afirmó que «lo que se discute en el arbitraje es la ruptura del acuerdo exclusivamente» y, por tanto, dio a entender a los consejeros que la operación no iba a tener ningún coste para la caja. Un coste que el Banco de España cifra en más de 700 millones de euros.

Pero Aegon sólo es la mitad del problema. Según las fuentes consultadas, también General Electric ha presentado ante el Tribunal de Arbitraje una demanda para ejecutar la cláusula de rescisión del contrato que firmó con CAM en 2005.

En este caso, la ruptura del contrato provocada por la quiebra y cambio de titularidad de la caja tendría un coste de 384 millones de euros para CAM, según las estimaciones del Banco de España. Caja Mediterráneo deberá recomprar las acciones de la sociedad conjunta Camge que posee General Electric, por un importe estimado de 295 millones de euros, además de comprarle participaciones preferentes por un valor de 89 millones, según el informe elaborado por el regulador.

La Oposición cree que el cobro de vados responde al afán recaudatorio del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.-  Los grupos de la Oposición en el Ayuntamiento de Murcia coinciden en criticar el nuevo sistema de cobro de la tasa del vado en las pedanías de Murcia "por su afán recaudatorio".

   Según el portavoz de UPyD en Murcia, Rubén Serna, "responde más a sacar dinero que a dar un servicio o cumplir una petición de los vecinos". Y es que, ha explicado, "lo que se está denunciando por parte de las pedanías es que se está haciendo sin ser solicitado".

   Tras lo que ha puesto en duda, desde el punto de vista legal, que se pueda reclamar no sólo el pago del año en curso, sino también de años anteriores.

   A su juicio, "es casi surrealista que se intente cobrar por algo que ni se está usando ni se ha pedido, es el caso por ejemplo, del vecino que tiene un bajo, una puerta de cochera que no lo usa como tal, sino como almacén".

   "Este afán recaudatorio excesivo contrasta con el gasto millonario en contratos de transporte como el tranvía o instalaciones como Terra Natura", ha exclamado Serna, que entiende que dicha tasa les llegue "al que de forma periódica vaya renovando la placa de su cochera, pero cuando uno no tiene coche o no la utiliza para ello, no necesita ese espacio de la carretera".

   Aparte, ha señalado, el servicio de grúa "muchas veces no tiene la efectividad que sería deseable, pues resulta imposible que la grúa llegue a tiempo para quitar el vehículo que molesta de un domicilio que está a unos 15-20 kilómetros del depósito municipal".

   Serna ha criticado, de tal forma, "esa política recaudatoria de poquito a poquito y al ciudadano corriente, cuando hay contratos del Ayuntamiento que son absolutas hipotecas para futuras generaciones".  

   El coordinador de IU-Verdes en Murcia, Francisco Muñoz, entiende que hay que pagar los vados, aunque no está a favor "de que se cobren con carácter retroactivo por la dejadez del Ayuntamiento de Murcia".

   Así anuncia que presentarán una moción en los plenos de las Juntas Municipales donde se muestran, asimismo, de acuerdo con el pago de los vados "pero no con su carácter retroactivo".

   Muñoz demanda así al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, "que haga su trabajo, inspeccione y haga pagar a los ciudadanos los impuestos correspondientes", tras lo que considera que el Consistorio debería hacer pagar a la Iglesia el Impuesto de Bienes Inmuebles.

   Mientras, desde el Ayuntamiento de Murcia apuntan que están dando facilidades para que todos los vecinos que cuentan con vado en situación anómala "se pongan al día y la regularicen". Es decir, informan, "que quien tenga salida de vehículos debe darse de alta voluntariamente si no lo ha hecho cuando lo puso".

   Recuerda que el pago se puede realizar de manera fraccionada y que todos los vecinos "estamos obligados a abonar nuestros impuestos porque ello redunda en beneficio de todos; pues si todos pagamos, pagamos menos".

El cultivo del cerezo en Jumilla es ya una realidad económica alternativa a otros frutales

MURCIA.- El director general de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó que "el cultivo del cerezo en Jumilla es ya una realidad económica alternativa a otros frutales", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   García Lidón realizó estas declaraciones con motivo de la celebración de la X Jornada técnica sobre el proyecto I+D de introducción del cerezo en la Región de Murcia, celebrada el pasado jueves en la finca experimental 'La Maestra' del citado municipio.

   El responsable autonómico señaló que "la cereza jumillana ya es demandada en el mercado nacional y viaja a otros mercados lejanos como producto exportable de alta calidad", y añadió que las características calizas de los suelos de Jumilla y el clima soleado, "dan lugar a una cereza de alto contenido en azúcares y de firmeza de fruto muy apreciada por los consumidores".

   Y es que, en Jumilla, el período de recolección de esta fruta se extiende desde mediados de mayo hasta la primera decena de julio. Los asistentes a la Jornada técnica comprobaron sobre el terreno la colección de 70 variedades que la Consejería de Agricultura y Agua tiene implantadas en la finca 'La Maestra', cuyos árboles se encuentran ya en su quinto verdor.

   Asimismo, observaron el comportamiento de la variedad Newstar sobre diversos patrones que han permitido el cultivo del cerezo en los particulares suelos de la zona, en comparación con algunas selecciones de patrones introducidos de otros centros de investigación nacionales y extranjeros.

   El encuentro incluyó también una visita a la plantación comercial de la finca Toli, en la que se han alcanzado producciones medias superiores a 25.000 kilos por hectárea en 2011. Este año se espera también una cosecha abundante y de alta calidad de mercado.

   Por otro lado, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) lidera este proyecto de I+D sobre introducción del cerezo en la Región de Murcia. En el marco de esta iniciativa, tiene establecidas tres colecciones de variedades situadas en zonas con diferentes condiciones climáticas, que se ubican en La Alberca, El Chaparral (Bullas) y Jumilla, así como plantaciones de referencia, parcelas de seguimiento y de observación extendidas por las diversas comarcas murcianas.

   Los resultados anuales del proyecto se presentan a través de Jornadas técnicas organizadas en las distintas comarcas de la Región en las que puede ser de interés este cultivo. En ellas se recogen las opiniones de los asistentes y permiten evaluar el interés que muestran sobre las distintas variedades, tras conocer su comportamiento en calidad y producción.

La Denominación de Origen Yecla impulsa los vinos de producción ecológica

MURCIA.- El secretario general de la Consejería de Agricultura y Agua, Francisco Moreno, destacó el impulso de la DO Yecla a la producción ecológica de vino de esta zona, que alcanza las 2.000 hectáreas, "lo que contribuye a la diversificación de su oferta para llegar a todos los mercados y dar respuesta a las nuevas demandas".

   Moreno presidió junto con el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, la toma de posesión de Pascual Molina, reelegido presidente de la Denominación de Origen Yecla. El acto se celebró en el Ayuntamiento, en el marco de las celebraciones organizadas con motivo del V Certamen de Vinos de Yecla San Isidro 2012.

   El secretario general de la Consejería de Agricultura calificó al responsable de la DO Yecla como "una persona comprometida con la viticultura y el medio rural, que ha sido una parte fundamental en el proceso de difusión de los vinos de esta denominación", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Pascual Molina es, desde 2008, presidente de este Consejo Regulador, del que fue también vocal durante siete años. Es presidente de Bodegas La Purísima, una de las ocho bodegas inscritas a esta denominación.

   Asimismo, ha sido vicepresidente de COAG, vocal de la Cámara Agraria Regional y ha participado en la Conferencia de los Consejos Reguladores del Vino. Actualmente, forma parte del Consejo de Fecoam.

   La Denominación de Origen Yecla abarca una superficie de 6.150 hectáreas de viñedo, situadas dentro de los límites de este término municipal, y ocho bodegas asociadas al Consejo Regulador, así como 570 viticultores adscritos.

   Y es que, la producción de vino de Yecla es de 6,3 millones de litros de vino anuales, de los que un 90 por ciento se exporta, principalmente a Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido y Alemania.

Ecologistas en Acción critica que Murcia desproteja 2.000 hectáreas de Cabo Cope en favor del desarrollo urbanístico

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha criticado que el Gobierno regional desproteja 2.000 hectáreas de Cabo Cope en favor del desarrollo urbanístico del proyecto de Marina de Cope, según han informado fuentes ecologistas en un comunicado.

   De este modo, indican que "por ignorar las continuas advertencias de colectivos civiles y profesionales, podríamos llegar a un escenario de paralización judicial ante la presunta ilegalidad del proceso de desprotección y recalificación de este territorio, que hasta el año 2001 fue parte de un parque regional costero, pendiente tan sólo de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)".

   Sin embargo, el Gobierno Regional optó por desproteger 2.000 hectáreas del futuro Parque "para permitir el desarrollo urbanístico aprobado posteriormente, y aún hoy estamos a la espera de que dicho PORN sea aprobado definitivamente", han añadido.

   Asimismo, indican que "los organismos públicos murcianos no pueden continuar promoviendo la ocupación urbanística de espacios naturales y paisajísticos para destinarlos al turismo de sol y playa, en contra de todos los criterios de turismo sostenible, integración de la población y creación de empleo estable y de calidad que marca Europa".

   Por otro lado, han dudado de la legalidad de los informes que permiten la viabilidad del proyecto, "y estamos deseando que el Tribunal nos envíe los expedientes para poder rebatirlos, junto a otros defectos de forma".

   "Los ciudadanos tienen que entender que parte de sus impuestos pueden terminar pagando a los promotores, por la actitud irresponsable del gobierno al no esperar al pronunciamiento de la justicia, y esto significaría menos dinero cuando tenga que ir a un hospital o graves carencias en el colegio de sus hijos", han subrayado.

   Sin embargo, explican que "aún queda mucho camino por recorrer para la colocación de la primera piedra y vamos a continuar recurriendo los procesos legales que se aprueben, divulgando alternativas de desarrollo más justas con la población local y los pequeños propietarios".

   "Seguiremos impulsando los modelos realmente sostenibles para la sociedad y para el medio natural, que son una realidad en otros territorios que han sabido gestionar sus espacios naturales protegidos y rescatar la economía local genuina", han concluido.

Spanish property: Polaris golf resort homes crash to a third of original price

Murcia's credit-fuelled building spree ends in rash of repossessions, empty villas and roads to nowhere

Spain's building boom once enticed investors hoping to profit from the popularity of the country's southern regions. Photograph: Miles Brignall

MURCIA.- They were once Europe's most ambitious holiday homes projects, vast developments financed by supersized loans from Spain's cajas and banks. The properties were widely advertised on television in the UK to entice investors chasing the good life in the sun and hoping to profit from the property boom.

But five years on, the Polaris World holiday dream of sun-drenched apartments overlooking golf courses designed by Jack Nicklaus has turned sour. Apartments that once sold for €200,000 (£160,000) are struggling to fetch €60,000. The last resorts built are now ghost villages.

Welcome to Murcia, the very heart of Spain's property boom and bust, where repossessions are sweeping the region and where losses are straining balance sheets of almost every Spanish bank.

The drive along the dual carriageway from Murcia airport into desert-like scrub of the hinterland is a journey through the hubris of the credit-fuelled building boom, back to a time when more cement was mixed in Spain than in every other European country combined. Either side of the road lie unfinished and repossessed, golf resort developments.

Good roads complete with zebra crossings built to link homes that have never been constructed, simply stop in the middle of nowhere. Conference centres lie unused on the edge of vacant developments. Stores, restaurants and sports facilities have failed to materialise as the developers have run out of cash. Those who bought "luxury' villas for €1m in the good times would be lucky to get a third for them now – if, that is, they could ever find a buyer happy to tolerate living on an unfinished complex.

At the heart of the boom was Polaris World, which built seven resorts on the Costa Calida, and inspired a number of copycat developments in what was once one of the poorest regions of Spain. The group, backed by cheap euro loans bought acres of agricultural land to build self-contained, gated holiday resorts each constructed around a golf course.

Promoted with a memorable TV campaign fronted by Jack Nicklaus and a very slick sales operation, Polaris convinced thousands of buyers – many from the UK – to pay top prices for property in the desert.

Many put down large deposits on more than one property hoping to cash in on rising values. At the peak of the market some made a profit, but as the financial crisis began to unfold in 2008, prices began to fall. The company kept building despite the slump in the prices of its existing developments. By 2010, Polaris World was forced to relinquish most of its assets – the golf courses and unsold properties – to a consortium of banks led by CAM Bank (Caja de Ahorros del Mediterraneo), the leading lender behind the Murcia building spree.

In December last year, CAM was sold to Banco Sabadell for just €1 – after Spain's deposit guarantee fund injected €5.25bn into the stricken lender.

Many British buyers who bought early and off-plan pulled out before completion. Delays in construction, a decline in the value of the pound, and falling prices didn't help. Those who did go ahead were often financed by Spanish banks with mortgages on generous terms – in some cases up to 115% of the property value.

Today the bank-owned apartments that were selling for €200,000 at the market's height, are being offered "as new" for €68,000 by the banks desperate to get them off their balance sheets. Private sellers asking €50,000 struggle to find a buyer. Many owners who want to bail out can't as their mortgages exceed the value of the property. They can't even get decent rental income as everyone is chasing the same renters, and rents have slumped. Those who handed the keys back and walked away have been are being pursued by debt collectors once back in the UK.

Despite everything that has happened the established Polaris World sites have fared better than some of the recent arrivals.

At the massive La Torre resort this week, the golf courses were looking well-tended, – but no one was on them. The bars and restaurants except one, were closed, communal pools lie unused and a five star Intercontinental Hotel is bereft of visitors. For sale signs abound.

On the nearby Hacienda Riquelme (another Polaris World) resort, a 30 minute drive from the coast, a British couple were among the few visitors. Of the 1,700 units, it's understood that only 150 are occupied.

Next door is the "exclusive, bespoke resort" of Peraleja Golf, built by a Spanish family firm around a Seve Ballesteros-designed course. Outside their home we met Jim and Jackie McVicar, from Kent. The retired couple spend nine months a year at their impressive villa for which they paid €650,000. They moved there after managing to get out of a Polaris World apartment "intact".

Their villa was completed to a high standard, but the developer has run out of money, and the vast majority of unsold houses lie as ugly concrete shells. By the entrance to the community, which along with every other 'urbanization' has a full security desk, lies an empty building that was planned as a convention centre.

"We've suggested that they put in some windows and basic fittings into the empty homes to make them saleable but I guess they've run out of money. If we tried to sell we'd be lucky to get €450,000 – it's not a problem for us as we really like it here but for those with big mortgages … it's very difficult," said Jim.

He revealed a neighbour had paid more than €1m for a similar villa that would now be worth a fraction of that – assuming they could find a buyer.

The newest of the Polaris World resorts, El Valle, is perhaps the most surreal. The development, the furthest from the coast, comprises several hundred homes, but on the day of our visit, there were just four people on site – three of whom were staff. Everything is complete, and in good condition. And almost totally devoid of life.

At the Mosa Trajectum resort next door, one almost expects to see tumbleweed blowing down the main street. Here the golf course looked dry and less well-tended. The houses that had been started looked finished, but immaculate roads just stop as if someone had decided mid-project that enough was enough. The sales office, typically a vital feature of such developments was long abandoned..I called in At Polaris World's glass-clad HQ for an explanation of what had gone wrong, when I revealed I was reporting for The Guardian. The spokeswoman said: "There's nothing I can tell you. I don't know anything." the spokeswoman said.

http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/25/spanish-property-polaris-homes-crash

Cayo Lara pide investigar responsabilidades penales en la gestión de cajas de ahorro

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido que se habrá una comisión de investigación para depurar las responsabilidades, "incluso penales" en las gestión de las cajas de ahorro.

   En el marco de la ejecutiva federal de IU celebrada este sábado en Madrid, Lara ha indicado que pidieron en el Congreso de los Diputados abrir una comisión de investigación, y que recibieron un rechazo del Partido Popular a tal iniciativa .

   "El PP, que presume de transparencia, niega dar explicaciones en el Parlamento e impide que se aclare la situaciones de las entidades de crédito en España", ha señalado.

   Lara se ha preguntado qué gestión han hecho los anteriores administradores con los recursos de los ciudadanos, pero también "qué es lo que ha hecho el supervisor del Banco de España que ha permitido que se produzca tamaño desastre" en Bankia.

   Además, el dirigente de IU ha reiterado el apoyo de la nacionalización de Bankia. "El Estado tiene que entrar para quedarse con carácter de permanencia en la banca pública en España, para que los clientes de las entidades no pierdan la seguridad".

   Asimismo, Lara ha indicado que la nacionalización no debe ser para salvar a los banqueros, sino "para dar una salida social a la crisis, dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, y para apoyar un nuevo modelo de desarrollo productivo".

   Por último, Lara ha indicado que nadie sabe lo que necesita Bankia. "Primeramente eran 4.000 millones de euros para salvarla, en menos de una semana 7.500 millones, ayer 15.000 millones y tras el consejo de la entidad, 19.000 millones".

La fractura social en la Región de Murcia / Patricio Hernández *

Tras cuatro largos años de crisis económica y de políticas de ajuste dirigidas obsesivamente a la reducción del déficit, un abismo se ha abierto en la sociedad murciana. La pésima gestión impuesta ha roto ya la cohesión social, empobreciendo a amplias capas sociales y puesto en situación de riesgo de exclusión a cientos de miles de personas, además de abrir agujeros negros de miseria cada vez mayores.

Esta fractura social, desconocida en su magnitud en toda nuestra historia democrática, aumentará aún más con los nuevos recortes presupuestarios y el desmantelamiento acelerado de la protección social que se desprenden del Plan de Reequilibrio Financiero de la región y las medidas antisociales del Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo se reduce nuestra capacidad para salir de la crisis e incluso de amortiguar sus perniciosos efectos.

La región que no hace mucho, en la cresta de un boom inmobiliario especulativo, se presentaba como exitoso modelo a imitar, ha visto como se desplomaban sus indicadores socio-económicos hasta sumirse en la depresión. La falta absoluta de medidas para combatir esta situación, unida con la dogmática contumacia de nuestros gobernantes, anuncia que la aguda crisis social va a ir a más. Si no se corrige sustancialmente esta política estamos abocados a un inevitable estallido social.

Los datos cruzados de los principales indicadores sociales caracterizan una muy sombría situación quizás aún no percibida por la mayoría de la población en toda su crudeza, pero que debemos calificar de grave emergencia social.

La tasa de paro regional ya ha alcanzado su máximo histórico, casi el 27%, superando los 200.000 desempleados, y tendencia al alza. Entre los jóvenes menores de 25 años ya ha pasado del 50%. Según la EPA, en el primer trimestre de este año los hogares con todos sus miembros en paro eran ya más del 16% (hace cinco años eran sólo el 2,9%), lo que supone más de 50.000 familias sin ingresos salariales. Otro 33% de las familias tenían al menos la mitad de los activos parados. La cifra no deja de crecer, ahora realimentada por las importantes pérdidas de empleo público.

También la tasa de empleo ha caído nueve puntos en cinco años (hasta el 46,88% en el tercer trimestre de 2011, unos 559.000 ocupados). Por su parte los desempleados que estaban en esa fecha a punto de dejar de percibir la prestación por desempleo eran el 22,3% (casi 40.000 personas). La tasa de temporalidad era escandalosamente alta, del 35,1% (afectando a 163.000 asalariados). Añádase para completar el cuadro los bajos salarios: según la Agencia Tributaria algo más del 65% del total de asalariados (unos 375.000) se pueden considerar ´mileuristas´ (en salario neto, después de impuestos y cotizaciones), y de ellos nada menos que 212.000 tenían un salario anual inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): no llegaban a los seiscientos euros).

En los últimos cinco años se han producido en las región más de 16.000 ejecuciones hipotecarias, una por cada 840 habitantes. Sólo en el último trimestre de 2011 aumentaron un 417%. Los desahucios en perspectiva son más de 2.000, y la previsión es su continuado aumento por la crisis laboral.

La población en riesgo de pobreza y exclusión no para de aumentar y los datos que aporta la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN Región de Murcia) son escalofriantes: según el nuevo indicador europeo agregado (AROPE), en la región se alcanzó en 2010 el 36,3 % de la población en riesgo de pobreza y exclusión, casi medio millón de personas (la segunda mayor del país, 11,6% por encima de la media). Sólo en un año (2009-2010) la población que sufre Privación Material Severa saltó del 6,3% al 15%. Las personas bajo el umbral de la pobreza según renta eran casi el 30% en 2010 (creciendo cinco puntos desde 2007) y alejados en 8,5% de la media española.

La Encuesta de Condiciones de Vida 2011 (Instituto Nacional de Estadística, INE) refuerza estos datos al señalar el bajo ingreso anual neto por persona (en 2010 era de 7.629 euros, más de 2.000 por detrás de la media española). Ese año éramos los primeros en porcentaje de personas que no podían permitirse una semana anual de vacaciones (55%), y los segundos en incapacidad de afrontar gastos imprevistos (48,8%).

Por su parte Unicef acaba de publicar que la tasa de riesgo de pobreza infantil (0-17 años) ha llegado al 39,4% (en relación con las familias españolas), la segunda peor del país.

¿Qué respuesta pública podemos esperar a estas cifras terribles que nos acercan a países de bajo desarrollo humano? Muy poca. El Informe DEC 2012 sobre Desarrollo de los Servicios Sociales, clave para conocer nuestra capacidad institucional de respuesta, es muy desalentador al dar al Sistema Regional de Servicios Sociales la calificación de «irrelevante» (con 3,6 puntos sobre diez). Subrayemos la mala situación de las Rentas Mínimas de Inserción, que deberían ser claves en una situación como la nuestra: la reciben una de cada 754,8 personas, casi cinco veces menos que la media estatal, y con una cuantía muy inferior.

¿Estamos tocando fondo en nuestra capacidad de aguante? ¿Habrá estallido social? Parece claro que las redes familiares y sociales de sostenimiento de toda esta precariedad y situaciones de necesidad estructural se están agotando. Tampoco puede ser una alternativa la creciente economía sumergida (los sindicatos dicen que ya puede estar en la región próxima 40%), sin derechos y que estrangula los ingresos de la hacienda pública.

Pero lo peor es que en el horizonte no se vislumbra ninguna voluntad de corregir el rumbo de las políticas públicas de gestión de la crisis, lo que garantiza su profundización. Las condiciones objetivas para el estallido social en la región están dadas. Aún no las subjetivas, que tienen muchos y complejos componentes (psicológicos, sociales, políticos), pero a las que podemos llegar por la desesperación a la que se está empujando a muchos ciudadanos, abandonados a su suerte en un mercado muy deprimido por un estado en abierta retirada y con políticas radicalmente equivocadas.

(*) Presidente del Foro Ciudadano

En Aragón piensan que una fusión con BMN hace peligrar la solvencia de Ibercaja

ZARAGOZA.- Ibercaja y Caja3 se han convertido en las patatas calientes que tiene el Gobierno de Aragón sobre la mesa. En el actual contexto económico, quizá es uno de los asuntos más importantes y el más delicado. El nuevo decreto del Ejecutivo de Rajoy que obliga a provisionar los activos inmobiliarios sanos a las entidades financieras --el grupo tendrá que dotar 697 millones de euros netos para cumplir con estos requisitos-- y la presión del Ministerio de Economía para buscarle un nuevo matrimonio a Ibercaja --Liberbank y Banco Mare Nostrum-- hace peligrar la solvencia del banco presidido por Amado Franco. Además, inquieta sobremanera la posibilidad de perder la identidad aragonesa y el domicilio social, según cuenta 'El Periódico de Aragón'.

La presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, consciente de este problema, lleva varias semanas presionando en la sombra para que el nuevo escenario no perjudique los intereses de la comunidad. Sin embargo, la jefa del Pignatelli todavía no se ha pronunciado con contundencia sobre este particular ante los ciudadanos, ya que teme dar un traspiés y quedar en evidencia en caso de que, finalmente, los planes salgan torcidos y la solución final no sea la deseada. Cálculos políticos.

Ayer mismo, en el pleno de las Cortes de Aragón, Rudi realizó un ejercicio de equilibrismo. Defendió la independencia de Ibercaja y Caja3 en las negociaciones que están manteniendo en un escenario tan complejo como el actual y, por tanto, descartó "injerencias" políticas como, por otra parte, viene siendo habitual en los últimos años desde la DGA. Enfrente tenía al presidente del grupo socialista, Javier Lambán, que puso el dedo en la llaga al preguntarle sobre este particular. "Los procesos de fusión que el PP está imponiendo a cajas saneadas como Ibercaja y Caja3 no tienen justificación y son indeseados", precisó el socialista. Y aprovechó para golpear donde más duele: Esta actuación "podría acabar con el perfil aragonés de las cajas y el compromiso con la economía y la sociedad aragonesas". Lambán aprovechó para preguntar por qué no se facilitó la fusión de Unnim e Ibercaja, a la que calificó como "motor de la economía aragonesa".

La presidenta, que personalmente tampoco entiende las razones de la adjudicación de Unnim al BBVA, no se mojó y fue políticamente correcta. "Todas las gestiones que están haciendo (las entidades) cuentan con mi apoyo", indicó Rudi, a lo que añadió: "No estropeemos las negociaciones que llevan muy bien los dirigentes de las cajas aragonesas".

Pero la realidad es testaruda y desde el Ministerio de Economía trabajan con la tesis de que son necesarias menos entidades y de un tamaño notable. Insisten en que no pueden quedar bancos pequeños o medianos en el sector financiero, e Ibercaja, hoy por hoy, es una de ellas, aunque no ha necesitado ni ayudas públicas ni ha tenido que echar mano de sus activos para salvar los muebles, como sí han hecho otras.

Mientras, la tormenta que se ha desatado en el sector financiero a raíz de los problemas generados por Bankia y la posterior actuación del gobierno está provocando movimientos constantes en una partida de ajedrez que parece no tener fin. En esta coyuntura, el Gobierno sigue presionando y todo apunta a que las negociaciones entre Unicaja, Ibercaja, Liberbank y BMN parecen haberse reactivado. En principio, las entidades deben presentar sus planes al Banco de España el día 11 de junio. Eso, en principio. Entretanto y, según fuentes cercanas a Amado Franco, éste estaría que "echa humo" dado el nuevo contexto financiero, que echa por tierra su idea de que la solvencia debe de estar por encima del tamaño. Algo que tiene muy claro.

A día de hoy, BMN y Liberbank parecen ser las entidades más afectadas por el nuevo decreto del Gobierno y el esfuerzo de provisiones es excesivo para ellas, por lo que una fusión a tres bandas --Ibercaja, BMN y Liberbank-- parece cobrar fuerza, según publicaba esta misma semana el diario Cinco Días.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/rudi-y-laberinto-bancario_759941.html

El Gobierno analiza con "todas las cautelas" la forma de ayudar a las CCAA

MADRID.-   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno está analizando "con todas las cautelas y garantías" un mecanismo de ayuda que permita a las comunidades autónomas financiarse a un coste menor.

   Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que este tipo de mecanismos son "complejos" y hay que analizarlos teniendo en cuenta todas las dificultades que entrañan.

   La portavoz ha reconocido que varias comunidades han trasladado al Gobierno la necesidad de contar con un mecanismo de este tipo y que el Ejecutivo trabaja en esta materia. "Cuando se apruebe se lo comentaremos", ha dicho.

   Ante la pregunta de por qué el Gobierno no informó el pasado viernes tras el Consejo de Ministros de la nueva cifra de déficit del año 2011 si ya la conocía, Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que este asunto no compete al Consejo de Ministros, sino a las comunidades y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Además, ha recordado que el Gobierno envió un comunicado el viernes por la noche y que esta misma semana ha trasladado el nuevo dato a las instituciones europeas en un "ejercicio de transparencia".

   "Entiendo que es una novedad el cambio en la transparencia de las administraciones públicas", ha ironizado la portavoz, tras recordar que ha transcurrido muy poco tiempo desde que España conoció la nueva cifra hasta que se la comunicó a Bruselas.

   Sobre el aplazamiento que ha anunciado la Junta de Andalucía en la puesta en práctica de su plan de ajuste para negociar con los sindicatos, la vicepresidenta ha asegurado desconocer la paralización, y ha recordado que todas las comunidades tienen que cumplir.

   Así, ha pedido a todas las regiones que se ciñan a lo pactado en el CPFF y que ejecuten las medidas necesarias para cumplir con la consolidación fiscal, al tiempo que les ha advertido de que, a partir de ahora, tienen que enviar mensualmente la información de sus cuentas al Gobierno.

Equo RM se opone a la urbanización de Marina de Cope

MURCIA.-   Ante la reciente aprobación, por parte de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de la modificación de los planes urbanísticos de Águilas y Lorca, "último obstáculo para la urbanización de la Marina de Cope", así como la publicación del segundo informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, EQUO Región de Murcia (RM) se ha vuelto a oponer a la urbanización de dicho paraje.

   De este modo, han expresado "su perplejidad por el hecho de que, en un plazo relativamente breve, se hayan solventado unos trámites burocráticos a la carta, para acelerar el proyecto y, sin embargo, otras actuaciones mucho más urgentes en la zona, como son las subvenciones a los damnificados por el terremoto de Lorca, siguen durmiendo el sueño de los justos cuando se cumple ya un año de la catástrofe natural".

   En este sentido, han señalado que "el Gobierno regional y las cajas de ahorros que han favorecido la explosión de la burbuja inmobiliaria, propietarias de parte de los terrenos, siguen empeñadas en apostar por el modelo del ladrillo y por un turismo no respetuoso con el medio ambiente", según han informado fuentes de la citada formación política en un comunicado.

   Y es que, EQUO RM recuerda que en el proyecto de Marina de Cope se prevé la construcción de unas 5.000 viviendas (tras la reducción de la edificabilidad en una reciente sentencia) y 20.000 plazas hoteleras, así como cinco campos de golf, centros deportivos y de ocio, así como una marina interior para 2.000 embarcaciones.

   "Este proyecto, totalmente insostenible desde el punto de vista ambiental, está enclavado en una zona que supone el hábitat para especies emblemáticas como la tortuga mora o diversas rapaces. Además, la zona afectada incluye 700 hectáreas de hasta 34 hábitats de interés comunitario", han subrayado.

   Asimismo, recuerdan que está pendiente el fallo del Tribunal Constitucional sobre la denuncia interpuesta por el Partido Socialista en 2001, cuando el gobierno de Valcárcel modificó el área protegida a la baja, reduciéndolo en un 64 por ciento, de modo que todavía no puede darse luz verde al proyecto de Marina de Cope.

   Frente a este modelo de turismo, EQUO RM es decididamente favorable a una alternativa que siga los presupuestos de un 'Nuevo Acuerdo Verde'; un modelo que apueste por nuevos focos de empleo, como las energías renovables, el eco-turismo de baja intensidad o la agricultura ecológica.