martes, 29 de mayo de 2012

Más de 4.000 agricultores y propietarios se suman al manifiesto por un desarrollo sostenible de Sierra Espuña


TOTANA.- Un total de 40 entidades agrarias de Totana, que representan a más de 4.000 agricultores y propietarios agrícolas, se han adherido al manifiesto por un desarrollo sostenible y equilibrado de Sierra Espuña y su territorio circundante.

   En el citado escrito está firmado por los representantes de cooperativas agrarias, comunidades de regantes, asociaciones de propietarios agrícolas, Atrias (Agrupaciones de Tratamientos Integrados para la Agricultura) y organizaciones profesionales de agricultores, según fuentes de COAG.
   Se solicita expresamente además de diversas peticiones y valoraciones en relación con diferentes cuestiones que afectan al sector agrícola local (vigilancia rural, edificabilidad de viviendas y almacenes en zonas rurales, problemas de los pozos de agua de riego, etc.); -pendientes algunas de ellas de su valoración para una próxima reunión del Consejo Asesor Agrario Local- la desaparición y extinción del arruí de la Reserva de Sierra Espuña, de los terrenos municipales y de toda la Región de Murcia.
   Y es que, argumentan en el escrito, "los supuestos beneficios que la caza puede producir en el entorno de Sierra Espuña y especialmente en Totana son ridículos respecto a los cuantiosos daños que estos animales representan para los cultivos de secano y de regadío, de lo que pueden dar fe cientos de agricultores y propietarios agrícolas afectados".
   Las entidades agrarias firmantes declaran también que se adhieren a la Plataforma y al Manifiesto por un desarrollo sostenible y equilibrado de Sierra Espuña y su entorno territorial suscrito por 20 entidades sociales y empresariales del entorno de Sierra Espuña el pasado 25 de abril, en el que se hacen diversas valoraciones sobre el incumplimiento de la Ley y la normativa por el Parque de Sierra Espuña y su entorno socio-económico.
   También se manifiesta por estas entidades agrarias su oposición a que el arruí "se utilice como reclamo turístico para cubrir las numerosas deficiencias medioambientales y de gestión de Sierra Espuña, a fin de obtener la concesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible, a la que expresamente nos oponemos".
   Todas las entidades agrarias firmantes han delegado su representación en la Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG), para que desarrolle en su nombre "todas las acciones y actuaciones que considere necesarias, ante organismos públicos y privados, para la consecución de las peticiones planteadas".

Ibercaja, Liberbank y Caja3 crean el séptimo grupo financiero de España sin BMN

MADRID.- Los consejos de administración de Ibercaja Banco, Liberbank y Banco Grupo Caja3 han aprobado el protocolo de integración para crear el séptimo grupo financiero de España sin BMN, informaron las entidades en un comunicado.

   En concreto, la nueva entidad contará con un volumen de activos de 114.000 millones de euros, un capital principal pro forma (a 31 de diciembre de 2011) del 10,5% y una holgada posición de liquidez.
   El nuevo grupo, que no ha recibido ayudas públicas, será líder en sus territorios de actuación, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la provincia de Burgos, donde tendrá una cuota de mercado superior al 10%, además de una presencia muy significativa en Madrid y Valencia.
   Además, tendrá sedes operativas y servicios centrales distribuidos en sus territorios de origen y la sede social en Madrid, por lo que la operación tendrá efectos neutros sobre la tributación autonómica.
   La integración de los tres bancos, participados por ocho cajas de ahorros: Ibercaja, Grupo Cajastur (en el que se integra CCM), Caja Inmaculada, Caja Cantabria, Caja Extremadura, Cajacírculo de Burgos y Caja Badajoz, "se basa en la complementariedad en las líneas de negocio, con un modelo de gestión de banca minorista y de cercanía a sus clientes", indicaron las entidades, destacando, asimismo, su afinidad cultural y vocación social, que seguirá presente a través de sus Obras Sociales.
   La nueva entidad se funda bajo los principios del buen gobierno corporativo. Así, el consejo de administración tendrá un máximo de quince miembros, un tercio de los cuales será independiente y los otros dos reflejarán proporcionalmente el accionariado de los bancos que se integran.
   Ibercaja Banco contará con una participación del 46,5%, Liberbank del 4,% y Banco Grupo Caja3 del 8%. El presidente será Amado Franco Lahoz y el Consejero Delegado, Manuel Menéndez Menéndez.
   La suma de Ibercaja, Liberbank y Caja3 tendrá un volumen de negocio de 181.000 millones de euros y unos activos de 114.000 millones de euros, lo que sitúa al grupo en el séptimo puesto por tamaño en el sector financiero español.
   Asimismo, nacerá con unos recursos propios de 7.000 millones de euros; una holgada posición de liquidez, con casi 14.000 millones de activos líquidos y 15.000 millones de capacidad de emisión, que multiplican por tres los vencimientos de los dos próximos años, y una moderada dependencia de los mercados mayoristas, con un coeficiente inferior al 20%.
   Las entidades destacaron que la alianza permite alcanzar "un tamaño adecuado para competir en un entorno global y acceder en las mejores condiciones de competitividad a la financiación en los mercados".
   Con una red de más de 2.500 oficinas, el nuevo grupo atenderá a casi seis millones de clientes con un modelo de negocio basado en banca minorista de proximidad, con el cliente como eje central de objetivos y acciones.
   Además, como grupo propiedad de cajas de ahorros, comparte afinidad cultural y mantendrá la vocación social de las cajas que la integran, impulsando la permanencia de sus Obras Sociales.

La deuda de ayuntamientos de la Región con entidades financieras supera los 1.000 millones

MURCIA.- IU-Verdes calcula que la deuda de los ayuntamientos de la Región de Murcia con las entidades financieras "alcanza los 1.017 millones de euros", por lo que ha reclamado a las administraciones central y autonómica que cumplan "con su obligación" de financiar a las entidades locales.

   El montante de la deuda de los consistorios, según la federación de izquierdas, "es el resultado de la suma de los 717 millones de euros que éstos debían al finalizar el año 2011, más otros 300 millones por los préstamos ICO derivados de los planes de ajuste para el pago a proveedores que han suscrito 35 municipios".
   La organización denuncia que "el tipo de interés de estos préstamos se aproxima al seis por ciento, y no al cinco por ciento como apuntó en un principio la Comisión Nacional de Administración Local del ministerio de Hacienda, y además será revisable trimestralmente".
   "Estas medidas no hacen sino apretar cada vez más el nudo de las cuentas municipales, precipitando el estado de quiebra técnica de muchos ayuntamientos, a la vez que vuelve a recapitalizar a los bancos que especulan con la deuda de los consistorios", ha advertido.
   En este sentido, IU-Verdes recuerda que las entidades financieras "conceden préstamos a 5.000 ayuntamientos por valor de casi 10.000 millones de euros a un tipo de interés del seis por ciento, cuando ellas obtienen el dinero del Banco Central Europeo (BCE) al uno por ciento".
   Por ello, ha pedido a los gobiernos regional y central que "financien a las entidades locales a través de la participación de éstas en los impuestos del Estado".

IU-Verdes exige al Gobierno regional "que no conceda el aval al proyecto Paramount"

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha exigido al Gobierno autonómico que "no conceda ningún aval a proyectos dudosos" como el de instalación de un parque de la multinacional Paramount en Alhama.

   Pujante ha reclamado al Ejecutivo que destine el dinero de ese aval a apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia, "que son las que sostienen el empleo", para incentivar la economía regional y evitar "más cierres y más gente al paro".
   Además, ha criticado que Jesús Samper "pida ahora auxilio porque no encuentra inversores" para un proyecto "discutible y que está en el aire", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
Por su parte, el coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado la oposición de su formación política a un posible aval de la Comunidad Autónoma al proyecto Paramount, encabezado por el empresario Jesús Samper.
   Sánchez ha recordado la posición de escepticismo de su partido sobre este proyecto y ha añadido que, "siempre hemos mantenido que en ningún caso el proyecto debía suponer riesgo alguno ni perjuicio económico para los ciudadanos de la Región, ya suficientemente castigada por la crisis económica y la mala gestión de sus administradores".
   Además, ha señalado que "desde UPyD mostramos recientemente nuestras reservas hacia la construcción del Parque Paramount tras la decisión de la empresa de reducir la superficie del proyecto en una tercera parte".
   En este sentido, ha reiterado las dudas de UPyD sobre la viabilidad del proyecto Paromount, y ha considerado un "mal síntoma" que hace unas semanas se vinculase gran parte de la proyección económica del Parque a la zona suprimida, y que se dedique a centro de negocios y hoteles, "algo que no parece muy lógico cuando el proyecto está en su fase inicial y a pesar de que se nos anuncia la primera piedra del parque para el próximo jueves".
   Rafael Sánchez ha subrayado la inconveniencia para "un tipo de proyecto que es deficitario en toda Europa, incluido la instalación emblemática de Eurodisney".
   "Esperemos que no surja ninguna sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que los terrenos adquiridos para el proyecto pertenecían a  distintos grupos empresariales y bancarios que iban a ser destinados a macro urbanizaciones, aunque finalmente no se realizaron tras la caída en picado del sector inmobiliario", ha señalado Sánchez.
   Por todo ello, Rafael Sánchez se ha mostrado crítico ante la posibilidad, anunciada por el consejero Antonio Sevilla, de que el Gobierno regional diese su aval económico para la construcción del Parque.
Finalmente, el responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro Gavilán, formuló una pregunta escrita el 17 de mayo en la que se demandaba al Gobierno regional si estaba pensando o entraba en sus previsiones avalar con fondos públicos el Proyecto de Paramount Park, pero la Administración autonómica "no ha dado respuesta a tal cuestión" hasta el momento.
   El diputado considera que "resulta sorprendente y hasta ofensivo que el Gobierno regional lance, 'por boca de ganso' un globo sonda sobre la posibilidad de que el Proyecto de Paramount Park sea avalado en su fase de inexistencia con fondos públicos; un Proyecto, un negocio, que no cuenta en estos momentos con ningún inversor, nada extraño, y que, por lo tanto, no existe como tal posibilidad de negocio".
   Por ello, el Grupo Socialista apela a lo que quede de responsabilidad y de sentido común al Gobierno regional y deje de ofender a la inteligencia de los murcianos, según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.
   Navarro agregó que "no es de recibo que se hagan planteamientos que si en otros momentos podrían resultar impertinentes, hoy con lo que está cayendo, son claramente ofensivos para todos los murcianos, pero muy especialmente para los que están sufriendo y van a experimentar más descarnadamente los ajustes y los recortes que el Gobierno regional ha decidido llevar a cabo".
   Añade que "tampoco es de recibo lanzar esta idea, ni siquiera como globo sonda, cuando los servicios básicos como la sanidad y la educación van a sufrir recortes drásticos que van a repercutir en la desaparición o disminución de los mismos o en la minoración de su calidad y cantidad".
   Manifiesta, igualmente, el Grupo Parlamentario Socialista que "no es de recibo lanzar un globo sonda con este asunto en el momento preciso en el que el Gobierno regional ha decidido mandar al paro a miles de empleados públicos de la sanidad, de la educación y de los servicios; es sencilla y llanamente ofensivo y chulesco".

La Comunidad estudiará las condiciones del aval

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, ha confirmado que el promotor del parque de ocio y entretenimiento Paramount Pictures en Alhama de Murcia, Jesús Samper, ha solicitado un aval a la Comunidad para respaldar el proyecto, aunque ha señalado que la Administración autonómica tendrá que estudiar "en qué condiciones se solicita, por qué cantidades y ver la viabilidad del asunto".
   En una rueda de prensa y al ser preguntado por este tema, Sevilla ha manifestado que no puede determinar la viabilidad del aval hasta no conocer sus circunstancias.
   De todas formas, ha afirmado que "no está sucediendo nada extraño que no suceda en otros ámbitos empresariales", ya que las empresas que invierten en cuestiones de este tipo "desean el respaldo de las administraciones para que esas inversiones sean más atractivas".
   Sevilla ha señalado que, indudablemente, el proyecto "está concretando sus inversores y tiene dos vías: se está barajando la posibilidad de que, si no saliese la primera vía saliese una segunda vía, pero los negocios funcionan así".
   "Hay que ver propuestas concretas, hay que ver que se van arrancando, que los municipios toman sus decisiones de índole de ordenación del territorio, y que los inversores, a medida que se van dando pasos se van incorporando a esta cuestión", ha ratificado.


Ferrmed cierra en Murcia el proyecto de Corredor Mediterráneo que presentará en Europa, con la línea Lorca-Baza

MURCIA.- Murcia ha acogido este martes la reunión empresarial para recabar sugerencias y cerrar definitivamente el estudio técnico del Corredor Mediterráneo, que incluye por primera vez la línea Lorca-Baza, y que se presentará previsiblemente a principios de junio a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y posteriormente a la Comisión Europea.

   El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, y el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, han presidido esta reunión empresarial sobre el estudio argumental del Corredor Mediterráneo, con el fin de hacer las últimas rectificaciones y dar el visto bueno final al texto definitivo.
   En concreto, este documento contempla lograr a corto plazo, en 2015 ó 2016, que desde Cartagena y desde Murcia se pueda llegar a la frontera "sin solución de continuidad, con un ancho internacional y con trenes de 750 metros", según ha ratificado Amorós en un contacto con los medios de comunicación.
   Posteriormente, Amorós ha avanzado que "se deberán de desdoblar las líneas donde haga falta, teniendo en cuenta los tráficos que hemos estudiado y que se van a ir desarrollando en los años próximos".
   Respecto a las novedades que incluye el documento, Sevilla ha confirmado que un primer paso consiste en "hacer un esfuerzo incorporando un tercer carril en aquellos recorridos en los que sea posible, aprovechando al máximo los existentes para generar el tráfico lo antes posible".
   El consejero ha manifestado que esto "no desvirtúa en absoluto el Corredor Mediterráneo ideal", pero es un avance porque "se generan ya tráficos hacia Europa desde Cartagena, y las empresas que están en este recorrido pueden ya pensar en vías de negocio e inversión, así como en modificar sus costes y ver una viabilidad fiable y definitiva de que este tráfico hacia Francia va a existir de manera inminente".
   Amorós ha señalado que en Ferrmed hay "unanimidad total" a este respecto, ya que la Asociación "tiene una predilección especial hacia Murcia porque, una vez que el Corredor esté totalmente desarrollado, entendemos que se va a convertir en un centro de comunicaciones importantísimo".
   El secretario general de Ferrmed ha señalado que, aparte de las líneas norte-sur, estarán "las conexiones con Madrid remozadas, habrá un by-pass para las mercancías por la parte norte de la ciudad, habrá una conexión doble hasta Almendricos, y de allí habrá una línea que va a seguir hasta Almería y de Almería por la costa hasta Algeciras".
   Asimismo, ha precisado que desde Almendricos habrá también una línea que empalmará en Guadix (Granada) con el eje transversal andaluz, lo que significará "poder ir de Murcia a Sevilla en muy pocas horas, lo que será una ventaja importantísima de cara al futuro", ha añadido.
   El secretario general de Ferrmed ha recordado que mantuvo un contacto hace un mes con la ministra de Fomento, quien se mostró "muy receptiva" en cuanto a la necesidad de invertir en el Corredor Mediterráneo.
   Este estudio también se traducirá al inglés y se presentará en la Comisión Europea, un foro en el que Amorós estuvo la semana pasada y donde se mostraron interesados en hablar con más detalle de la conexión de Almendricos y Guadix "porque es el camino más corto para unir los nodos de Valencia, Cartagena y Sevilla".
   Amorós ha confirmado que el proyecto supondrá una inversión total de 24.000 millones de euros desde la actualidad hasta 2025, incluyendo el coste de las líneas de alta velocidad, contemplando el trayecto desde Tarragona a Castellón, donde la línea no estaba prevista.
   No obstante, Amorós ha señalado que el coste a corto plazo, entre 2015 y 2016 a lo sumo, ascendería a unos 3.700 millones de euros teniendo en cuenta el ancho internacional, el tercer carril y las conexiones con los puertos, como las dársenas de Escombreras y El Gorguel, en la Región de Murcia.
   Posteriormente, ha señalado que el resto de la ejecución "irá viniendo". Por ejemplo, ha señalado que la inversión más fuerte, de hasta 8.000 millones de euros, habría que hacerla por la costa en Andalucía, y luego habría que remozar la línea entre Almendricos y Guadix, que costaría alrededor de unos 2.000 millones de euros.
   El resto del dinero corresponde al coste de desdoblar las líneas "donde haga falta" y, sobre todo, en la circunvalación de Murcia, la circunvalación de Valencia y la circunvalación de Barcelona para que los trenes de mercancías puedan pasar sin problemas con los trenes de cercanías.
   Amorós ha explicado que la propia ministra señaló que este proyecto se podría hacer con capital "público-privado", porque el proyecto tiene una rentabilidad socioeconómica "del 11,65 por ciento, que es una rentabilidad buena", aunque ha admitido que, probablemente, habría que pagar "un peaje en la sombra o algo así por parte del gobierno para pagar la parte privada".

España pide a la UE que financie el 75% de los corredores mediterráneo y central

BRUSELAS.- El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido este martes a la UE que financie el 75% de los corredores mediterráneo y central con el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020. Méndez de Vigo ha solicitado además que no se reduzcan los fondos para la agricultura y que Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha mantengan dos tercios de las ayudas comunitarias que reciben actualmente.

   "Hay que aplicar a los corredores mediterráneo y central unas tasas de cofinanciación del 75%", ha dicho Méndez de Vigo durante el debate público sobre las perspectivas financieras de la UE para los próximos siete años mantenido por los responsables de Asuntos Europeos de los Veintisiete.
   El representante español ha avisado de que "los Estados más afectados por la crisis son los más vulnerables a posibles recortes" en el presupuesto de la UE. Por ello, ha pedido que, a la hora de decidir el reparto de los fondos, se empleen "datos económicos actualizados" sobre el nivel de renta de las regiones y nuevos indicadores como "el déficit de competitividad o innovación respecto a la media de la UE".
   Méndez de Vigo también ha defendido "incrementar la prima por desempleo al menos en un 50% para todas las categorías de regiones".
   "España considera imprescindible garantizar una asignación de dos tercios de los fondos percibidos en el periodo actual para aquellas regiones que saldrán de convergencia en el próximo marco financiero", ha señalado el secretario de Estado para la UE en referencia a Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
   El Gobierno español se opone a que la UE pueda en el futuro congelar las ayudas regionales como sanción a los países con déficit excesivo por considerar que "ello iría en contra del principio de equidad, puesto que no afecta por igual a todos los Estados miembros".
   Méndez de Vigo ha reclamado a la Comisión "un estudio más profundo" sobre su propuesta de utilizar la tasa a las transacciones financieras, que España apoya, para financiar el presupuesto comunitario. Y ha pedido que se eliminen las compensaciones que reciben algunos países por beneficiarse poco de las ayudas europeas, como el cheque británico.
   "Las compensaciones responden a una situación del pasado. Las circunstancias que justificaron su creación han desaparecido y nos pronunciamos por una total eliminación de las compensaciones para el próximo periodo", ha dicho.
   España ha suscrito una declaración con otros 14 países en defensa de la política de cohesión de la UE como instrumento para impulsar el crecimiento. El resto de firmantes son Polonia, Croacia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia.

La Audiencia Nacional investiga irregularidades contables en la CAM

MADRID.- La Audiencia Nacional ha advertido a la exdirectora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, de que investiga las "posibles irregularidades contables" realizadas por los responsables de la caja de ahorros detectadas por el Banco de España, según un auto dictado el pasado 16 de mayo.

   El juez Eloy Velasco desestima un recurso de reforma presentado por Amorós y le recuerda que en "el pliego de cargos formulado en el expediente disciplinario incoado por el Banco de España se recogen y amplían los datos referentes a posibles manipulaciones contables realizadas por los responsables de la CAM".
   La exdirectora de la caja alicantina recurrió el auto que admitió a trámite la acusación particular del abogado Diego de Ramón en representación de unos 300 afectados por productos financieros vendidos por la caja.
   Amorós aseguraba que los querellantes "no acreditan siquiera indiciariamente que los directivos de la CAM hubieran manipulado la contabilidad" y negaba la validez del informe de 25 de enero de 2012 elaborado por inspectores del Banco de España en el que se describen todas las presuntas irregularidades cometidas en la caja.
   Asimismo, Velasco rechaza la alegación de la exidirectora de la CAM, en la que asegura que los inspectores del organismo supervisor han incurrido en un presunto delito de falsedad en su informe, en el que se describen numerosas irregularidades contables, en operaciones inmobiliarias y en la autoconcesión de pensiones vitalicias.
   El juez avala la actuación de los inspectores a pesar de que el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid haya admitido a trámite una querella presentada por el presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, contra ellos por falsedad. El próximo 28 de junio declaran como imputados dos jefes de inspección del Banco de España.
   Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha solicitado a la CAM que remita al juzgado un listado con los nombres de las personas que ocuparon los puestos directivos de la entidad entre 2001 y 2011, según una providencia dictada el pasado 9 de mayo.
   El pasado mes de noviembre, el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón contra la exdirectora general de la CAM por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
   El informe del Banco de España describe numerosas irregularidades en la gestión, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario, y en la comunicación de unos beneficios de 38,9 millones de euros en marzo de 2011 cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Un juez abre diligencias previas contra Fernández Ordóñez por la CAM

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid ha incoado diligencias previas por la denuncia presentada por Manos Limpias contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.

   Según el auto dictado dictado el 21 de mayo, el juez concluye que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" por lo que abre diligencias y lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.
   De esta forma se abre el primer paso para la apertura de un proceso penal por la gestión llevaba a cabo en Bankia, que cerró 2011 con unas pérdidas de 2.979 millones de euros y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que anunció ayer 'números rojos' de 3.318 millones de euros.
   El sindicato acusa al gobernador del Banco de España por su "grave imprudencia" al permitir la concesión de créditos "sin controlar el riesgo", lo que podría constituir varios "delitos penales" por omitir su labor de supervisión de las entidades financieras, según la denuncia presentada.
   Además, Manos Limpias acusa a Fernández Ordóñez de no supervisar correctamente a Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que también tuvieron que ser intervenidas por el Banco de España ante su situación de quiebra.
   Por otro lado, el sindicato considera que los antiguos presidentes de Bankia incurrieron en presuntos delitos societarios, falsedad documental, administración desleal y malversación de caudales públicos.
   En la denuncia se les acusa de conceder una "millones de créditos fallidos a los especuladores" del sector inmobiliario y de "maquillar los balances" en la declaración de sus cuentas presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hechos denunciados posteriormente por los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB).
   El sindicato también denuncia el incumplimiento por parte de España de la directiva europea 30/0/2009, que limitaba las indemnizaciones a los banqueros a dos años de retribuciones fijas y obligaba a devolver los pagos en exceso.

Fernández Ordóñez dejará el Banco de España un mes antes de lo previsto

MADRID.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha reunido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le ha transmitido su intención de adelantar la fecha de su cese al próximo 10 de junio, un mes antes de que acabe oficialmente su mandato (12 de julio).

   En un comunicado, el Banco de España ha explicado que tras el 11 de junio (fecha de recepción de los planes de reestructuración de las entidades financieras) comenzará una nueva etapa en la que habrá que tomar decisiones "muy importantes", como la aprobación de dichos planes y los trabajos relacionados con las evaluaciones de las consultoras privadas (Oliver Wyman y Roland Berger) sobre el sistema bancario.
   Si permaneciera en la institución hasta que finalizara su mandato, Fernández Ordóñez solo dispondría de un mes para tomar estas decisiones, por lo que cree que "la mejor" decisión para la institución y para su sucesor es que pueda incorporarse el 11 de junio y participar plenamente en estas decisiones.
   Según el actual gobernador, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de las cuentas del Banco de España, la liquidación del Presupuesto y la presentación del informe anual la próxima semana se cierra un periodo de cinco años y once meses al frente del banco emisor.
   Tal y como ha transmitido el Banco de España, Rajoy ha entendido que la decisión de Fernández Ordóñez favorece una transición "ágil y eficiente" en el puesto del gobernador, y servirá para que el Banco de España siga aportando su "conocimiento y profesionalidad" en la resolución de los problemas de la economía y del sistema bancario.
Son muchos los nombres que han sonado para suceder al actual gobernador, aunque en los últimos días ha cobrado fuerza el de Luis Linde, que el pasado viernes fue nombrado nuevo consejero de la institución por su acreditada experiencia en el sector financiero.
   Linde, de 67 años, entró así en el consejo de administración del Banco de España, pero no en la comisión ejecutiva, donde se llevarán a cabo los nombramientos teniendo en cuenta los pactos que han regido de composición de la misma.
   De ser nombrado miembro de la comisión ejecutiva, Linde podría seguir la trayectoria descrita por los dos últimos gobernadores de la institución, Fernández Ordóñez y Jaime Caruana. Según los estatutos del Banco de España, 70 años es la edad máxima para ser consejero de la institución.
   El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó el pasado lunes que tiene los candidatos a próximos gobernador y subgobernador en la cabeza, y que le trasladará su propuesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Dejó claro que ambos cargos deben tener una cualificación profesional absoluta, tanto a escala nacional como internacional, y carecer de involucración política.
   Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha valorado la decisión del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de anticipar un mes su salida de la institución, pues el PP considera que el balance de su mandato es "negativo" y que ha habido "más luces que sombras".
   "Me parece que ha tomado una decisión ajustada a la realidad", ha comentado Alonso en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la marcha del gobernador.
   A su juicio, con el adiós de Miguel Angel Fernández Ordóñez se cierra un ciclo en el Banco de España, "que ha acumulado más sombras que luces", y ahora hay que tratar de restablecer "el prestigio" de la entidad. "Su balance es negativo", ha zanjado, declinando comentar nombres de posibles sucesores.

El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, imputado por las reclasificaciones de terreno

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, a petición de la Fiscalía para que preste declaración el próximo 15 de junio como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a los convenios urbanísticos de la zona Norte de la ciudad, tal como adelantó hace bastantes semanas el diario 'La Opinión'.

Este juzgado investiga desde octubre de 2010 una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia conocida como Operación Umbra que comenzó con el registro de la sede de la Gerencia de Urbanismo de Murcia y de otras dependencias oficiales y privadas para aclarar si esos convenios urbanísticos causaron perjuicios dinerarios al ayuntamiento y beneficios a conocidos empresarios como Jesús Samper (dueño del Real Murcia CF, Juan Torres-Fontes Suárez (ex gerente de Profusa inmobiliaria de ElPozo) o Valentín Francisco Vera Meseguer, así como a funcionarios municipales como el ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, los ex directores de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas y Alberto Guerra, el ex jefe de Planeamiento Joaquín Peñalver Motas y otros.
El fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, considera necesaria la declaración como imputado de Cámara en tanto que firmante de los convenios urbanísticos investigados.
Cámara firmó el 7 de octubre de 2010 un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias que afectan a la Gerencia de Urbanismo, cuyo entonces concejal, Fernando Berberena, y director, Alberto Guerra, estaban ya imputados.
El Plan General de Ordenación Urbana de Murcia de 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, y seis de esos convenios son los que han sido investigados porque la compensación obtenida por las arcas municipales fue sensiblemente inferior a las valoraciones de acuerdo con el mercado inmobiliario de la época.

Carlos Egea se va quedando solo en el nuevo proceso de fusiones financieras

SANTANDER.- Liberbank, el banco de Caja Cantabria, Cajastur y Caja de Extremadura, ultima una fusión con Ibercaja Banco, grupo bancario con sede en Zaragoza. La operación, según fuentes consultadas, se encuentra en una fase muy avanzada y podría anunciarse en breve, al existir un principio de acuerdo en la mayoría de los términos y condiciones de la integración, según adelanta hoy 'El Diario Montañés'.  En cuanto a posibles aperturas a otros proyectos, el presidente de Unicaja, el sevillano Braulio Medel, ha aclarado hoy que no tienen acuerdo o preacuerdo con otra entidad o con un grupo (en clara referencia a BMN) para formar otro más amplio.

Los Consejos de Administración de Liberbank e Ibercaja se reunirán hoy y con toda probabilidad aprobarán la integración. La operación, que sería una fusión casi entre iguales por el tamaño de ambas entidades, daría lugar al séptimo grupo financiero del país con un volumen de activos de 115.847 millones de euros, 2.795 oficinas y 12.758 trabajadores.
Fuentes próximas a la operación confirmaron ayer lunes que ambos grupos negocian una integración desde hace varias semanas y que los contactos se han intensificado desde que el pasado 20 de abril el Ministerio de Economía instara a los cuatro grupos de bancos medianos -Liberbank, Ibercaja, Unicaja y Banco Mare Nostrum- a fusionarse. 
El deseo del ministro Luis de Guindos era una unión a cuatro bandas, pero las dificultades de una operación de esas dimensiones -conformarían el quinto banco del país con 270.000 millones- han derivado en eventuales acuerdos a dos bandas como el que Liberbank e Ibercaja ultiman. El peso de Caja Cantabria -hoy representa el 14% de Liberbank- se reducirá notablemente con la entrada de Ibercaja en el nuevo grupo bancario.
Liberbank e Ibercaja podrían comunicar hoy mismo la fusión una vez finalicen las reuniones de sus respectivos consejos de administración. Y es que medios periodísticos de Castilla La-Mancha, donde Liberbank es propietario de Banco CCM, daban ayer por hecha y cerrada la operación.
En el transcurso de las negociaciones, los dos grupos bancarios han tenido que contemplar las nuevas exigencias del Gobierno incluidas en su segundo decreto de reforma del sistema financiero para provisionar los activos financieros sanos vinculados al sector inmobiliario. En el caso del grupo de Caja Cantabria, Cajastur y Caja de Extremadura las dos reformas -la primera fue aprobada en febrero- le supondrán un impacto de 1.336 millones entre provisiones y capital, un esfuerzo económico que en la práctica le empuja a una fusión.
La integración de Liberbank e Ibercaja Banco daría lugar al séptimo grupo bancario del país y sería una operación que afectaría a ocho entidades financieras. En efecto, el presidido por Manuel Menéndez está formado por Cajastur, Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Y el encabezado por Amado Franco está integrado por Ibercaja y Caja3, grupo que surgió de la fusión de Caja Inmaculada (Aragón), Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz. 
El futuro grupo Liberbank-Ibercaja tendría presencia en todo el territorio nacional y sería líder en sus territorios de origen: Asturias, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Madrid tendría cerca de 300 oficinas y también sería fuerte en La Rioja. De acuerdo con los datos de las memorias e informes de ambos grupos, la red comercial sería de 2.795 sucursales. El nuevo grupo tendría un volumen de negocio de 186.596 millones de euros y 7.504 millones en fondos propios. Sumaría dos entidades bastante saneadas con ratios de 'core capital' superiores al 10%. Según la información que trascendió, Amado Franco ocuparía la presidencia del nuevo grupo y Manuel Menéndez sería el consejero delegado.
Por el momento no se conocen más detalles de la operación, ni los plazos para que sea operativa, la sede del nuevo grupo y el impacto en el empleo, que será relevante si se tiene en cuenta que en Liberbank participa Caja Extremadura y en Ibercaja-Caja3 Caja Badajoz. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, adelantó el pasado viernes que una integración iba a tener un impacto fuerte en su comunidad autónoma porque «se iban a solapar muchas oficinas» e «iba a ir a la calle mucha gente».
La nueva fusión de Liberbank e Ibercaja es la tercera operación en la que participa Caja Cantabria. En mayo de 2010 protagonizó una de las mayores fusiones de cajas al unirse a la alicantina CAM, Cajastur y Caja de Extremadura. El proyecto fracasó en marzo de 2011 por el agujero detectado en las cuentas de la CAM debido a su exposición al ladrillo.
Egea, un problema 
Hace cinco días fuentes próximas a BMN habían señalado al periódico 'Ideal' de Granada que la mejor alternativa que considera la cúpula de este grupo bancario, es la de una fusión con Unicaja, presidida por Braulio Medel (en la imagen). 
La unión de BMN, con 68.000 millones de euros en activos a cierre del pasado ejercicio, y de Unicaja, con 79.000, daría lugar a un potente grupo bancario que sumaría 147.000 millones y que se situaría, con el mapa financiero conocido hoy en día, como el séptimo en el ranking nacional atendiendo a este criterio de activos. 
Pero a Unicaja y Medel no parece gustarle esta opción con el presidente de BMN y Caja Murcia, Carlos Egea, de por medio pese a la insistencia del también murciano Antonio Jara, presidente de Caja Granada y vicepresidente de BMN, para que se consume esa fusión, muy andaluza, antes del 30 de junio próximo. 
Sin descartar su propio hueco y peso dentro del conjunto del sistema financiero de España, Unicaja y Caja España-Duero quieren certificar su unión primero. Y no sólo eso, la nueva entidad busca «seguir ostentando» el «claro liderazgo» que ya tiene en sus territorios de origen a través de sendas Cajas, según 'Abc' de hoy.
Según destacó Medel, «satisfechos» con la evolución de los trabajos, el proyecto «está perfectamente encarrilado» y «marcha a muy buen ritmo», con «muchos ámbitos en los que ya trabajamos como una sola entidad», pese al retraso acumulado por el «momento complicado» de cambio de regulación en el que se enmarca. 
Y es que fue el 26 de septiembre de 2011 cuando ambas cajas aprobaron unirse, aunque las variaciones en el sistema con nuevas necesidades de recapitalización han ido demorando la firma que, por el momento, juntará a Unicaja y Caja España-Duero, aunque no se descartan más compañeros de viaje pese a que Egea hizo en su día inviable una fusión de BMN con las cajas castellano-leonesas. 
El presidente de la entidad andaluza aseguró que «no tenemos» firmado «ningún acuerdo ni preacuerdo» con otra entidad o grupo, pero sí admitió «conversaciones» que «si viéramos» que permiten «servir mejor» a los objetivos a un proyecto que calificó de «acierto», «no sólo es que podemos, es que debemos» hacerlo. «Es una hipótesis de futuro potencial», precisó.
Sin necesidad de nuevos socios, Medel reiteró que el proyecto en marcha con Caja Duero-Caja España ya se basa en un plan económico «absolutamente solvente y muy sólido» incluso en «hipótesis más negativas del comportamiento de la economía».
 «Consideramos que está suficientemente blindado», con un rating del 10% que «ninguno supera». 
«Los cimientos del proyecto difícilmente pueden ser más sólidos que los que son», subrayó el máximo responsable de Unicaja, quien defendió que «no» contempla la «necesidad de inyectar más provisiones», concluye Medel.

La Fiscalía remite a Anticorrupción una denuncia contra Fernández Ordóñez por la gestión del 'ladrillo'

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia presentada contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo, Jaime Caruana, así como contra los directivos de las cajas intervenidas por no frenar el riesgo que acumulaba el sector financiero con su exposición al ladrillo.

   Según informó la denunciante, la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), en un comunicado, todos ellos son "presuntos autores de un delito de prevaricación por omisión y como responsables de la nefasta situación que atraviesan las entidades financieras en España".
   A partir de ahora, Anticorrupción asignará a un fiscal para que se encargue de estudiar la denuncia de CIC y comprobar si existen indicios de delitos penales en los hechos denunciados.
   Entre las pruebas aportadas por el sindicato se encuentra el informe elaborado por la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha 25 de mayo de 2006, en el que se advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, de la existencia de "motivos suficientes para la preocupación" por la exposición de los bancos al sector inmobiliario y el riesgo de que los errores "acabaran siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   Además, CIC también ha aportado un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007 en el que también se advertía a España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
   El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, apuntó que "existen multitud de operaciones fallidas otorgadas sin ningún rigor técnico, concedidas a empresas sin ingresos recurrentes, o con un capital social despreciable para la cantidad que se concedía".
   Postigo añadió que estos procedimientos siguieron un patrón de comportamiento que ha terminado por anular los recursos propios de las cajas de ahorros, "poniendo en grave riesgo todo el sistema financiero español".
   "Los 19.000 millones de euros del rescate del Gobierno a Bankia son un ejemplo bastante relevante de la dimensión del problema y aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se empeñe en tapar y no investigar qué ha ocurrido en Bankia, el sindicato exige que esto no sea así", indicó Postigo.
   Por último, CIC denunció la situación de bloqueo que se mantiene sobre la comisión de investigación presentada en el Congreso por los grupos parlamentarios La Izquierda Plural y el Grupo Mixto el pasado 16 de febrero, sobre las causas de la crisis financiera y el papel de las entidades financieras, de los reguladores y supervisores y de las entidades asociadas en la burbuja inmobiliaria.

Denuncia anterior

El abogado español Diego de Ramón presentó la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', en la primera semana de febrero de 2011.


Esta denuncia se basaba entónces en un reciente informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y delegado de supervisión del Banco Central Europeo.

El escrito, no admitido todavía a trámite pero convertido 'de facto' en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a reparto en los primeros días de febrero de 2010 en un juzgado de guardia de Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y operativa, del Banco de España.

lunes, 28 de mayo de 2012

Cerca de 200 personas se concentran nuevamente contra los recortes de interinos

MURCIA.- Cerca de 200 personas se ha concentrado nuevamente a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda para protestar contra los recortes del Gobierno regional que, según advierte, "pueden suponer la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo en la Administración y Servicios de la Comunidad".

   A la concentración han acudido sindicatos de Administración y Servicios Públicos de la Región de Murcia --CCOO, CSI-F, FSES, Intersindical y FSP-UGT, junto con la Asociación de Funcionarios Interinos y Contratados Laborales de la Comunidad (AFIC).
   Los convocantes han portado pancartas y coreaban consignas de 'no al despido de interinos y contratados', 'Sobran políticos, no funcionarios' y 'Valcárcel vete ya y llévate a Bernal'.
   Desde CSI-F, su portavoz, Ángel López, ha reclamado un estudio económico, ya que "las estimaciones que tenemos es que el ahorro por parte de la Administración regional en contratar a empleados públicos y no a través de empresas privadas o concierto estaría en torno al 40 por ciento".
   Por su parte, la secretaria de Organización de la FSP-UGT, María José Salazar, ha advertido que "para primeros de julio está previsto que se recorten probablemente, según palabras de Valcárcel, cerca de 2.200 interinos"
   En su opinión, "no hace falta ese recorte de interinos porque la Administración necesita esos empleados públicos para que siga funcionando y no se pierda calidad en el bienestar social".
   "Estamos aquí porque no sabemos qué puede ocurrir con esos interinos, ya que según el plan de reajuste está previsto que se vayan, pero no nos han dicho cuántos de ellos se irán", ha reprobado.
   El presidente de la FSES (Satse y Anpe), Clemente Hernández, ha dejado claro que son los interinos "los más afectados y cientos de miles pueden quedarse en el paro".
   Mientras que el portavoz de Sterm-Intersindical, Vicente Cervantes, ha destacado que el acto sirve para reivindicar la defensa del empleo público, dadas las "amenazas tan graves que ha habido por parte de la Administración, que en una gestión de los recortes absolutamente clasista y ataca a los eslabones más débiles de la sociedad".
   En este caso, ha criticado que estos recortes "se centran en el personal interino, que se cuantifica en una cifra de 2.200 personas que podría ir a la calle".
   Cervantes cree que "otra austeridad es posible", y ha mostrado su agrado de que "haya unidad de todos los sindicatos en defensa del personal interino".

La emisión neta de deuda en 2011 de Murcia alcanzó los 363 millones de euros

MADRID.- La emisión neta de deuda de la Comunidad de Murcia se situó en 363 millones en 2011, según la Memoria del Mercado de Deuda Pública correspondiente al año 2011 del Banco de España.

   A nivel general, la deuda del Estado en circulación aumentó un 10,2 por ciento en 2011, hasta 580.516 millones de euros, un incremento inferior al registrado en 2010, cuando creció un 14 por ciento.
   Así lo anunció hoy el jefe de la División de Instrumentación de Política Monetaria del Banco de España, Javier Maycas, en una rueda de prensa, donde avanzó que la emisión neta se redujo un 17 por ciento y alcanzó los 53.603 millones de euros, frente a los 64.812 millones de 2010, por el descenso de la necesidad de endeudamiento del Estado a unos 47.000 millones, fruto de la continuidad del ajuste en las cuentas públicas.
   Durante 2011, la emisión neta de deuda del Estado se concentró en la captación de fondos mediante bonos y obligaciones del Estado, por importes de 24.262 millones de euros y 28.490 millones, respectivamente.
   La emisión neta de letras se cifró solamente en 851 millones de euros, lo que ha favorecido que la vida media del saldo de deuda del Estado se estabilizara en torno a los seis años y medio.
   Por las menores necesidades de financiación, la actividad del Tesoro en el mercado primario registró una reducción del 4 por ciento en el volumen de colocaciones brutas, que ascendió en 2011 a 199.724 millones, frente a los 208.624 millones del año anterior. Además, el volumen de amortizaciones fue ligeramente superior al de 2010.
   Las líneas que contabilizaron la mayor emisión neta fueron los bonos a cinco años, cuyo volumen colocado en términos brutos coincidió con el incremento en su saldo vivo, y las obligaciones a diez años.
   Sobre la política de emisión del Tesoro, Maycas ha asegurado que el programa de financiación se ha ejecutado mediante un total de 91 subastas y sus correspondientes segundas vueltas, frente a las 76 celebradas en 2010, así como mediante la colocación por sindicación de dos referencias.
   Por su parte, el coste medio de la financiación captada aumentó en 130 puntos básicos influido por la crisis de deuda soberana en Europa, al pasar de 2,54 puntos básicos a 3,85 puntos. En 2010, el coste aumentó en 37 puntos básicos.
   Hasta el 30 de abril, en cambio, el coste se ha reducido hasta los 3,04 puntos básicos por el estrechamiento de los costes en los primeros tres meses del año.
   En este contexto, el diferencial entre la rentabilidad de la referencia española a diez años y el correspondiente bono alemán fue ampliándose en 2011 hasta alcanzar en diciembre un valor medio de 360 puntos, frente a los 247 puntos básicos de diciembre de 2010.
   Según la Memoria, la variación más significativa en las tendencias de letras, bonos y obligaciones fue el aumento de 22.800 millones de euros por parte del sistema crediticio, una vez excluido el Banco de España.
   Por su parte, los inversores no residentes aumentaron sus tenencias en unos 2.000 millones como consecuencia del aumento de su cartera en bonos y obligaciones, que compensó la caída en sus tenencias de letras.
   Así, los inversores no residentes siguen siendo el primer grupo inversor, con el 48,8 por ciento del total de deuda, aunque disminuyeron su participación en 4,6 puntos.
   Por su parte, las carteras de los inversores institucionales (fondos de inversión, fondos de pensiones, empresas de seguros etc.) se situaron como segundo grupo inversor, con un 18,3 por ciento de las tendencias tras elevarse en 16.600 millones.
   Asimismo, resalta el incremento en las tendencias de las Administraciones Públicas en 3.800 millones, aunque su cuota cayó en 0,5 puntos y se situó en el 11,4 por ciento. La participación de las carteras de empresas no financieras y familias disminuyó del 5,2 por ciento de 2009 al 4,7 por ciento de 2010.
   En concreto, destaca la emisión neta de Madrid (1.195 millones) y la de Galicia (507 millones). En niveles más reducidos, pero considerables se sitúan Murcia (363 millones), Navarra (361 millones), Castilla-La Mancha (322 millones), Baleares (300 millones), Aragón (265 millones) y Valencia (200 millones).
   Por último, destacan las emisiones netas negativas de Canarias y Andalucía, con valores negativos de 18 y 129 millones, respectivamente.
   La emisión neta de deuda de otros emisores en el mercado de deuda pública en anotaciones registró un incremento significativo (40,6%) al cifrarse en 11.302 millones, gracias a las comunidades autónomas (3.507 millones) y, sobre todo, al grueso de emisión de otras instituciones públicas (7.795 millones) por las emisiones del FROB.
   En el mercado secundario de deuda del Estado, la negociación creció un 9,5 por ciento gracias al crecimiento en sus dos ámbitos de negociación: entre titulares creció un 8,7 por ciento, hasta los 9,2 billones de euros, mientras que la contratación con terceros subió un 10,1 por ciento, hasta 11,1 billones.

Las praderas submarinas absorben el doble de carbono que los bosques

MADRID.- Las praderas submarinas, que ocupan el 0,2 por ciento de la superficie oceánica de la Tierra y que son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta, entierran más del 10 por ciento del carbono que los mares absorben cada año, según un equipo internacional de científicos que ha descubierto que las praderas submarinas pueden almacenar el doble de carbono que los bosques templados y tropicales del planeta.

   El trabajo, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido publicado en el último número de la revista Nature Geoscience y confirma el "relevante papel" que estos ecosistemas cumplen en la mitigación de los efectos del cambio climático.
   Se trata del primer análisis global del almacenamiento de carbono en estas praderas, después de compaginar 3.640 estimaciones de carbono almacenado en el suelo y la biomasa de 946 praderas submarinas distribuidas por todo el planeta.
   El trabajo demuestra que las plantas que rodean las costas pueden enterrar hasta 830 toneladas de carbono por hectárea en el suelo que tienen debajo. Mientras, un bosque tropical puede almacenar una media de 300 toneladas por hectárea.
   Los científicos calculan que más de una cuarta parte de la extensión de las praderas de posidonia ha sido destruida, principalmente por la eutrofización de la costa y los dragados del fondo, que están provocando que la tasa de pérdida global se acelere. De hecho, en la actualidad son uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.
   "Las praderas pueden acumular depósitos de carbono orgánico en sus suelos de más de un metro de espesor. En algunas como las de la especie Posidonia oceánica en el Mediterráneo, el espesor de estos depósitos puede ser de hasta más de cuatro metros", ha destacado el investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes Óscar Serrano.
   Además, los científicos calculan que las praderas acumulan aproximadamente el 90 por ciento del carbono que tienen en el suelo sobre el que crecen y, a diferencia de los bosques, continúan haciéndolo indefinidamente mientras sube el nivel del mar.
   Para el investigador del CSIC Carlos Duarte, la gran capacidad de las praderas como sumideros se debe a que este ecosistema "fija más carbono que el que consume o respira", a que parte de la producción neta del ecosistema se entierra y a que atrapan y entierran partículas de la columna de agua.
   Asimismo, ha añadido que, a diferencia de los suelos de los bosques, el sedimento en las praderas submarinas se acumula verticalmente mientras el nivel del mar sube y, por tanto, pueden aumentar su volumen a lo largo de siglos y milenios. "La ausencia de fuegos en el mar contribuye también a que estos sumideros de carbono persistan", ha agregado.
   Por su parte, el investigador del CSIC en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Miguel Ángel Mateo, ha apuntado que estos depósitos de carbono orgánico son el resultado de la acumulación durante "siglos y milenios". Concretamente, donde mayor concentración de carbono se ha encontrado durante la realización del trabajo es en las praderas de posidonia del Mediterráneo.
   En este contexto, los científicos subrayan que los resultados demuestran que es "fundamental conservar y restaurar las praderas submarinas para conservar su capacidad como sumidero de CO2" y que su conservación, junto con la de los manglares y las marismas contribuiría a mitigar los impactos del cambio climático, además de preservar los beneficios que aportan a la sociedad.

La administración pública española paga ya a 160 días frente a los 65 de media europea

MADRID.- La administración pública española ha aumentado sus plazos de pago de las facturas a proveedores hasta los 160 días en 2012, un 4,5% más respecto al mismo periodo de 2011, con lo que supera en 95 días a la media europea, fijada en 65 días, según informa Intrum Justitia en un comunicado.

   El director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, explicó que "estas cifras muestran la falta de eficacia de la Ley de Morosidad, ya que los plazos de pago de administraciones públicas y empresas en España no solo no han disminuido, sino que mantienen su escalada".
   De esta forma, el 90% de las empresas españolas cree que el Gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer para combatir la morosidad, a pesar de que el próximo 31 de mayo los ayuntamientos podrán empezar a pagar a los proveedores en el contexto del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores (FPP).
   Salvaterra consideró que "esta inyección a empresas será muy positiva y puede contribuir a regularizar las facturas con retraso en el pago y que se comiencen a pagar en tiempo las facturas vigentes".
   Además, respecto a la Directiva Europea de lucha contra la morosidad, el 81% de las empresas españolas cree que no ha tenido un impacto positivo; esta cifra se reduce hasta el 64% a nivel europeo.
   Así, el 80% de las empresas españolas teme un impacto negativo en su liquidez como consecuencia de los retrasos en los pagos e impagos. Más alarmante es el porcentaje de empresas que ve amenazada su supervivencia por la morosidad, que se sitúa en el 45%.
   Esta combinación de elementos ha supuesto que en 2012 las empresas españolas hayan encabezado el ranking europeo con el plazo medio de pago más largo: 97 días (45 más que la media europea).
   Por último, Salvaterra afirmó que "se tiene que interiorizar la importancia que tiene no pagar las facturas a tiempo; eso sumado a los impagos tiene un resultado fatal en la economía de las empresas porque las pérdidas por impagos suponen para España un déficit de 28.590 millones de euros".

El arzobispo de Granada niega privilegios en el pago del IBI y ve una "motivación política" en el debate

GRANADA.- El arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez,  mantiene que la Iglesia católica "no tiene ningún privilegio" respecto al pago del IBI y considera que el debate abierto en torno a este asunto tiene "una motivación exclusivamente política".

   A preguntas de los periodistas sobre la intención del PSOE de impulsar mociones en todos los ayuntamientos para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, el arzobispo granadino ha subrayado este lunes que privilegios respecto a este impuesto "los tienen un montón de entidades deportivas, culturales y de todo tipo", pero no así la Iglesia católica.
   El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, afirmó la semana pasada que la cantidad que se recaudaría en toda España si la Iglesia pagara el IBI no superaría nunca los 100 millones de euros.
   "Hablar de los privilegios, creo que tiene una motivación exclusivamente política en estos momentos", ha añadido el arzobispo, que al hilo de una pregunta posterior sobre la huelga de hambre que mantienen tres parados en la Curia, ha destacado que el "pueblo cristiano es el que está haciendo más por paliar la crisis de manera efectiva", mediante iniciativas como la recogida de alimentos.
La diócesis de Cartagena pertenece a la provincia eclesiástica de Granada.

domingo, 27 de mayo de 2012

La Audiencia Nacional pide a la CAM que identifique a todos sus directivos entre 2001 y 2011

MADRID.- La Audiencia Nacional ha solicitado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que remita al juzgado un listado con los nombres de las personas que ocuparon los puestos directivos de la entidad entre 2001 y 2011, entre ellos el murciano y ex vicepresidente 1º de la entidad, Javier Guillamón Álvarez (en la imagen), según una providencia dictada el pasado 9 de mayo.

   "Líbrese de oficio a la CAM a fin de que sea remitida certificación de las personas que integraron la comisión ejecutiva, el comité de dirección y las comisiones de riesgos, auditoría, inversiones y retribuciones durante el periodo 2001-2011", según la providencia dictada por el juez Eloy Velasco, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska.
   Además, el magistrado encomienda a la Unidad de Apoyo de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la labor de "ejecución" de la orden.
   Según fuentes jurídicas solventes, esta petición de nombres supone el primer paso para que los directivos de la entidad alicantina sean llamados a declarar como testigos o imputados por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión.
   Estas diligencias de investigación las asumirá previsiblemente el juez Javier Gómez Bermúdez en junio, después de su nombramiento como titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional en sustitución de Grande-Marlaska, que pasa a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que supone un intercambio de cargos entre ambos.
   El pasado mes de noviembre, Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental.
   En marzo, el juez admitió la personación como acusación particular de unos 300 clientes de la entidad, representados también por De Ramón, que denuncian la presunta estafa sufrida por la adquisición de productos financieros como las cuotas participativas o las participaciones preferentes, entre otros.
   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).
   En los informes emitidos por el Banco de España y los administradores del FROB se describen numerosas irragularidades, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario. En marzo de 2011, los gestores de la CAM comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   Además, se investigan las causas del despido disciplinario impuesto el pasado 28 de septiembre por el Banco de España a Amorós (directora entre noviembre de 2010 y agosto de 2011) por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.

UPyD pide al Gobierno decidir las inversiones del AVE con criterios de rentabilidad

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que pide al Gobierno que decida las inversiones que se destinan al AVE en función de criterios de rentabilidad económica y que fomente de manera más decidida la red de ferrocarril convencional por ser la que utiliza la población de manera mayoritaria.

   En el texto, la formación magenta señala que la inversión en Alta Velocidad de los últimos años ha supuesto un "gasto excesivo" para las arcas públicas y critica que las decisiones han sido "muchas veces injustificadas" y tomadas por criterios "partidistas" y no de "rentabilidad económica", dando lugar a un sistema "insostenible" y "subvencionado mayoritariamente".
   En paralelo, esto ha conllevado el "abandono" del ferrocarril convencional de media distancia, que es el "utilizado por la mayoría de los usuarios".
   Por eso, pide al Gobierno que "reconsidere las inversiones en el AVE" y que "sean otorgadas exclusivamente con criterios de rentabilidad económica a través de un análisis obligatorio de viabilidad económico-financiera y social".
   También reclama la redacción de un Plan de Ferrocarriles que promocione "con especial atención" los regionales, Cercanías y de Larga Distancia, así como un plan de impulso de transporte de mercancías para hacer una red "moderna, eficaz y competitiva".
   "Si las inversiones realizadas en AVE hubieran sido o se destinaran a la red de ferrocarril convencional, las mejoras en velocidad y servicios ferroviarios hubiera conllevado más beneficios para la sociedad y menor coste de inversión para el Estado. Además, el impulso del transporte ferroviario de mercancías conlleva ventajas como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, ahorro de costes a las empresas y la descarga de carretera de la circulación de transportes de camiones", concluye la propuesta.
   Además de proponer su debate en el Pleno de la Cámara, esta iniciativa está incluida en el orden del día de la Comisión de Fomento que se celebrará este miércoles, 30 de mayo.

El Gobierno "no descarta" ninguna fórmula de colaboración público-privada para Paradores

MADRID.- El Gobierno "no descarta" ninguna fórmula de colaboración público-privada para la cadena hotelera del Estado, Paradores, si bien matiza que eso "en modo alguno significa la privatización" de la red, imcluido el de Puerto Lumbreras.

   El ministro de Industria, Energía y Turismo ha cifrado en 110 millones de euros el 'agujero' de déficit que se encontró en la compañía cuando asumió la cartera ministerial.
   Actualmente, de la red de Paradores, que cuenta con 93 establecimientos, 23 de ellos presentaron pérdidas durante el último ejercicio, un 25% del total.
   La Sociedad Paradores de Turismo ingresó entre 2008 y 2011 un total de 1.006,1 de euros, de los cuales 985,75 millones procedían de ingresos de explotación, según consta en una respuesta al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví.
   En concreto, las ventas de los establecimientos alcanzaron su nivel más alto en 2008, con 259,9 millones de euros de ingresos y, a partir de ese momento, comenzaron un declive sostenido hasta cerrar 2011 con 238,22 millones de euros.
   Los ingresos totales han seguido una senda similar, con el punto más alto en 2008 (265,06 millones) y el más bajo en 2010 (243,24 millones), si bien el pasado ejercicio las cifras se recuperaron y Paradores cerró el año con unos ingresos totales de 251,1 millones de euros, aunque registró pérdidas por 83 millones de euros.
   Sin embargo, estos datos no son óbices para que el Gobierno se plantee otras fórmulas de gestión, entre las cuales "no se descartan fórmulas de colaboración público-privada", aunque eso no suponga de forma automática la privatización de la red.
   Paradores registrará en 2012 pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno.
   Según las mismas estimaciones, la empresa presidida por Ángeles Alarcó generará unas ventas de 235,1 millones de euros, mientras que su partida de gasto principal serán los gastos de personal, por valor de 129,5 millones de euros, por delante de otros gastos de explotación por valor de 65,8 millones de euros.
   Alarcó ha reconocido que Paradores no atraviesa por un buen momento, tras acumular un déficit de 110 millones de euros, y que ante la falta de presupuesto solo continuarán adelante las obras que ya se han iniciado. No obstante, estimó recientemente que la cadena podría volver a beneficios en "tres años".

Hacienda retendrá el 50% de la financiación a los ayuntamientos que no han aprobado un plan de saneamiento

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retendrá el 50 por ciento de la participación en los ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos con deudas a proveedores que no han presentado el correspondiente plan de ajuste o que, habiéndolo presentado, se les rechazó.

   Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación. El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento.
   Sin embargo, de ese total, y según precisó el propio Beteta en una conferencia reciente, 2.004 consistorios no han elaborado el obligado plan de ajuste y otros 315, que sí lo presentaron, han obtenido una valoración negativa.
   La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído servirá de aval.
   Entre esos planes de ajuste rechazados Beteta ha asegurado que figuran "datos escalofriantes" como los de un ayuntamiento de Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría 7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462 haciéndolo.
   El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de incumplimiento sin embargo no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior, 2.496.
   Resueltos estos trámites, cientos de grandes empresas, de pymes y de autónomos podrán cobrar a partir del 1 de junio las 1,62 millones de facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos que se han acogido a este plan; la deuda total suma 9.750 millones de euros.
   La segunda pata de este programa es autonómica. Los gobiernos regionales tienen una vía paralela a la municipal para financiar también el pago de esta deuda. En estas fechas, los proveedores están revisando y aceptando los datos de las facturas penduentes y a lo largo de junio, las comunidades deberán cerrar y firmar los créditos con los bancos para que empresas y autónomos puedan empezar a cobrar.
   Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia, Navarra y el País Vasco. Presentan en total casi cuatro millones de facturas, por valor de 17.255 millones de euros.

Advierten que Bankia "va a contaminar" al resto del sistema bancario español

LEÓN.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado hoy en León que no se conoce una "gestión peor" por parte del Gobierno que la nacionalización de Bankia, y ha advertido de que "se ha hecho tan mal" que el proceso iniciado "va a contaminar" al resto del sistema financiero español.

López ha criticado en su intervención durante la apertura del XII Congreso del PSOE de León que el Ejecutivo nacionalizase el cuarto banco del país un lunes por la mañana, y que cada día se haya ido conociendo una nueva cifra para salvar a la entidad.
El secretario de Organización de los socialistas ha denunciado que nadie del Gobierno haya explicado cómo se ha llegado a la situación actual, y ha incidido en que el PSOE va a pedir "transparencia" para saber quiénes son los responsables de esa "mala gestión" y garantías para que los recursos aportados por el Estado "no tengan un coste para los ciudadanos".
López ha añadido que hablar de banca pública no significa socializar las pérdidas de los bancos, un día después de que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, presentara el plan de recapitalización de la entidad y solicitara al Estado 19.000 millones de euros.

El socialista Iglesias defiende a ultranza a las CCAA y augura que ninguna será intervenida

MADRID.- El portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, ha hecho una cerrada defensa de modelo territorial del Estado, ha considerado "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos y ha augurado que ninguna comunidad será intervenida.

Así lo ha señalado en sintonía con el líder de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes porque el Estado autonómico "no funciona bien si periódicamente" los presidentes de las comunidades y el del Gobierno "no comparten estrategias generales".
Se ha referido a la situación económica y ha recordado que hay tres autonomías gobernadas por el PP -Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León- "que han hecho aflorar un déficit unos meses más tarde que otras", lo que ha provocado una nueva desviación al alza de cuatro décimas del déficit de 2011, hasta el 8,9 % del PIB.
En concreto, ha considerado "imposible" que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no supiera que había "una desviación del déficit de más de mil millones en Madrid", ya que fue consejero de Hacienda de esta comunidad.
Sin embargo, el portavoz del PSOE ha señalado que "no será necesario" intervenir ninguna comunidad y ha hecho hincapié en que es "injusto" responsabilizar a las autonomías de los problemas económicos.
Así, ha recordado que son las comunidades las que tienen las competencias en la salud de los ciudadanos, la educación, los servicios sociales y la dependencia, y que "es mucho más difícil" hacer los ajustes en estas políticas "que dejar de construir trenes de alta velocidad".
"Es extraordinariamente injusto que carguen contra las comunidades por el hecho de que tienen más dificultades para ajustar sus déficits y sus presupuestos, porque cerrar un hospital es muy complicado y no deberíamos hacerlo, cerrar una escuela es muy complicado y no deberíamos hacerlo, y estas son responsabilidades autonómicas", ha señalado.
Por otro lado, Iglesias ha considerado que si hay un momento en los últimos 30 años, "desde el primer despliegue de las autonomías", en el que el Estado y las comunidades, y estas entre sí, deberían ser capaces de cooperar más, es el actual.
Por este motivo, el portavoz del PSOE ha recalcado que sería "muy importante" que se convocara una Conferencia de Presidentes que, como en las celebradas anteriormente, debe acoger el Senado.
"El Estado autonómico no funciona bien si periódicamente los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno de la nación no comparten estrategias generales. No funciona bien si no somos capaces de tener un espacio, como es el Senado, donde las comunidades autónomas puedan debatir, encontrarse, coordinarse", ha manifestado.
También se ha referido a la reforma del Senado, para la que se ha constituido una ponencia en la comisión de Reglamento de la cámara que mañana celebrará su segunda reunión, y ha asegurado que debería haberse hecho "hace mucho tiempo, pero el PP no ha querido".
"Ahora parece que hay una actitud distinta", ha continuado el portavoz del PSOE, quien ha avanzado que su partido, al igual que el PP, es partidario de que el Senado sea cámara de primera lectura para las leyes territoriales y de "tener un modelo similar al alemán".
"Nuestro modelo territorial es similar al alemán y, por tanto, deberíamos tener una cámara territorial similar al Bundesrat", ha opinado Iglesias, para quien la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado no ha funcionado, especialmente en las dos últimas legislaturas, "porque ha habido poca generosidad por parte del PP, que no ha querido avanzar en los temas territoriales".
"En este momento en que hay una gran mayoría de comunidades autónomas dirigidas por el PP, ellos tienen toda la capacidad para hacer estas reformas. Se han comprometido y quiero pensar que ese compromiso es firme. Nuestro apoyo para esa reforma ya saben que lo tienen", ha concluido.