La Policía prohíbe cupos de detención de inmigrantes

MADRID.- La Dirección General de la Policía ha aprobado una circular, que se hará pública mañana lunes, por la que se prohíben los cupos de detención de inmigrantes y las redadas "indiscriminadas". Este documento pretende eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades.

   El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha decidido oficializar en esta circular las instrucciones que el comisario general de Extranjería y Fronteras ya transmitió en relación con la prohibición de establecer cupos de identificación de extranjeros y las actuaciones masivas o indiscriminadas basadas en criterios étnicos. El objetivo es difundir estas instrucciones de forma más clara y directa para evitar cualquier interpretación imprecisa, ha explicado el Ministerio del Interior en un comunicado.

   Además, el documento especifica que las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán "de forma proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo". Estas instrucciones reiteran la prohibición de actuaciones "innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico" otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   Del mismo modo, resalta la improcedencia de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros que, tras su identificación, se constate su estancia irregular en España, siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio.
Desde Bilbao,  el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno nunca ha aceptado "redadas indiscriminadas" a inmigrantes y ha apuntado que "no hay un orden" para identificar a los ciudadanos "por etnia y raza".
   En este sentido, ha asegurado que lo que el Cuerpo Nacional de Policía hace es "cumplir con las obligaciones que la ley establece".
En este sentido, ha remarcado que "no hay un orden que tienda a identificar a los ciudadanos por etnia y raza". "Ni ha habido ni la va a haber", ha aseverado.

El calentamiento del Mediterráneo extinguirá el 90% de la Posidonia

MADRID.- El calentamiento del agua superficial del mar Mediterráneo acabará con el 90 por ciento de las poblaciones de Posidonia oceánica en menos de cuatro décadas, según un estudio realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La Posidonia oceánica es una planta de crecimiento extremadamente lento que se caracteriza por su longevidad milenaria y por formar extensas praderas de hasta cuarenta metros de profundidad.

El trabajo, publicado en el último número de la revista Nature Climate Change y elaborado sobre un escenario "moderadamente optimista" de emisión de gases de efecto invernadero, advierte de la "extinción funcional" de esta especie a mediados de este siglo.

La investigación, elaborada en el marco de los proyectos españoles Vanimedat-2, Medeicg, y Escenarios, y el europeo Sesame, examina la evolución temporal de la temperatura superficial máxima esperada durante este siglo en el Mediterráneo occidental.

Para ello, los científicos han empleado proyecciones de diez modelos climáticos globales y dos modelos regionales.

"Todos los modelos proyectan un rápido calentamiento del agua superficial del mar balear en verano a lo largo de este siglo, lo que daría lugar a un aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor", según Gabriel Jordà, investigador del CSIC en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, un centro mixto del CSIC y la Universidad de Baleares.

"De media, la temperatura en superficie del agua durante la época estival podría aumentar a finales de siglo 3 o 4 grados centígrados" hasta que "a partir del año 2050, la temperatura superaría cada verano los 28 grados, provocando la aceleración de la mortalidad de Posidonia", explica el investigador.

Entre los beneficios ecosistémicos de las Posidonias, destacan el enterramiento de dióxido de carbono, el reciclado de nutrientes, la protección costera de la erosión y el aumento de la biodiversidad.

Las plantas de esta especie que pueblan los fondos marinos de las Baleares se encuentran actualmente en regresión, no sólo por el calentamiento del agua, sino también por la contaminación o los anclajes de las embarcaciones.

Según el investigador del CSIC Carlos Duarte, a la especie no le quedan más opciones que adaptarse, lo cual, apunta, "es poco probable considerando sus bajas tasas de reproducción sexual y mutación", o "disminuir drásticamente hasta casi extinguirse".

Los científicos han examinado también la evolución de esta especie conforme a tres escenarios de mitigación de los efectos.

"Si se hubiesen mitigado las perturbaciones locales en 2010, la extinción funcional de las praderas se hubiese retrasado una década; pero si esa mitigación se produjera en 2030, la extinción sólo se retrasaría dos años", precisa la investigadora del CSIC Núria Marbà.

Las acciones para mitigar otras perturbaciones locales, a pesar de ser beneficiosas, sólo aumentarían modestamente la resistencia de la especie al calentamiento marino, según esta investigadora.

Por ello, la única solución para garantizar que este ecosistema milenario continúe proporcionando servicios más allá de este siglo es que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan cuanto antes en todo el mundo, advierten los científicos.

El fiscal Torres-Dulce, las cajas de ahorro y una misa en San Patricio, de Nueva York / Apunte de Argárico

Creo recordar que era la mañana del domingo 26 de febrero de 2006 cuando saludé por última vez al ahora fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a la salida de la misa de 11 en la puerta lateral izquierda de la catedral católica metropolitana de San Patricio, en la Quinta Avenida, de Nueva York, que había sido oficiada en inglés por el entonces cardenal-arzobispo Egan. 

Iba acompañado del director de cine, José Luis Garci, y del periodista Luis Herrero. Y estaba allí, como excelente crítico de cine en la COPE además, por algo de Broadway y para nada como fiscal español en busca de algún sujeto de altura huído a los Estados Unidos. 

Era a la sazón cónsul general de España en la ciudad de los rascacielos el excelente diplomático murciano, Juan Manuel Egea Ibáñez, miembro de una honorable saga familiar muy conocida en determinados círculos sociales de nuestra región y licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia.

Ahora me veo a Torres-Dulce en busca de los presuntos delincuentes de 'cuello blanco' que anidaron durante tantos años en las cajas de ahorro y no le arriendo la ganancia con el melón que acaba de abrir porque el saqueo parece generalizado, a fondo y a bastantes niveles. Por esta tierra y colindantes a lo largo de la costa mediterránea sabemos, creo, de más sobre ello, y no sólo el batallador abogado Diego de Ramón o esa Comisión para denunciar la Corrupción, que acaba de nacer en Murcia al calor del movimiento 15-M y que la veo su perfecta coadyuvante. Delatores de buena fé no han de faltarle a don Eduardo para luchar contra la codicia y el latrocinio tan enquistados en estructuras viciadas y podridas por repletas de inmorales crónicos.

Como amigo de amigos comunes y conocedor de muchas víctimas sufrientes hasta yo le ofrezco mi modesta colaboración con la Justicia desde Murcia y Alicante por si sus fiscales anticorrupción en ambos lugares fuesen un poco escépticos -que no lo creo- para recibir denuncias fundadas que les muevan a investigar e informar a sus superiores jerárquicos, incluido don Eduardo, cuya honestidad y profesionalidad me constan a prueba de bomba. ¡Cómo se nota que la Merkel sabe de sobra que ciertos tipos de corrupción institucional enquistada son la raíz de la ruína de España! y a este paso de sus acreedores europeos.

No piense el lector que don Roberto López Abad es el único y la CAM una excepción. No. Lo que al fiscal general del Estado le ha puesto en marcha ha sido la sospechosa conducta pusilánime-permisiva del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con las cajas de ahorro, casi sin excepción, durante su mandato. Y el saqueo a que siguen estando sometidas algunas por sus todavía directivos al aprobar indemnizaciones y pensiones multimillonarias a quienes se van iendo antes de que los echen por su desastrosa gestión cuando se destapa, pese a los excelentes y duraderos maquillajes contables en sus balances, blanqueados año tras año y ejercicio tras ejercicio.

Pienso, además, que la mala situación por la que atraviesa en España la Monarquía de la dinastía borbónica, a raíz del 'caso Urdangarín', aconseja demostrar a la sociedad española y europea, que el yerno del Rey Juan Carlos I no es el peor de los supuestos corruptos y que en España existe realmente la justicia para aquel que, en razón de su cargo o empleo importante-relevante, se cree impune por tanto que sabe y calla. El reto de La Zarzuela es demostrar ahora que no es así y que el esposo de la infanta doña Cristina es un aficionado y un chapucero para estas cosas del sucio dinero comparado con lo que circula por las cajas de ahorro mas osadas y menos profesionales en el vértice.


Digo ésto porque presumo que algún ilustre megalómano conocido por sus delirios de grandeza va a ser de los primeros en probar la nueva cicuta destilada al efecto y que ya puede despertar cien veces a De Guindos en Washington que, tras el informe del FMI y la defenestración de Rodrigo Rato, intuyo que tiene muchas papeletas para encontrar muy pronto su particular cadarso. Así que vaya encomendándose al mismo San Patricio, por patrón de su pueblo, con vistas a ese trance, que aquello que se le pase por alto a la Fiscalía sé de sobra quienes pueden corregirla con datos para aburrir y asombrar. Don Eduardo y su cruzada jurídica-civil se lo merecen.

No sé por qué pero apostaría doble contra sencillo que alguna de las dos denuncias presentadas en sendos juzgados de guardia de Murcia y Madrid  hace más de un año por el letrado murciano Diego de Ramón contra el gobernador del Banco de España, a propósito de las cuotas participativas de la CAM, pudiese prosperar ahora pese a que Torres-Dulce parece querer dejarlo de lado -de momento y mientras siga siendo gobernador hasta el próximo 15 de julio- aunque no sé si podrá cuando alguien demuestre a partir de esa fecha algún presunto delito o supuestos delitos derivados de su activa pasividad supervisora y otras actitudes con las cajas, del todo más que sospechosas. 


Posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal, son los supuestos penales que indaga la Fiscalía con ayuda de la Policía Judicial en las cúpulas de las cajas de ahorro y aledaños de sus particulares cloacas. Lo que no quiere decir que desprecie otros tipos penales colaterales en la comisión de los anteriores delitos.

Suficiente panoplia para ver entrar en nuestras cárceles más próximas a distinguidos ciudadanos que aspiran a pasar a la historia por lo que nunca han sido pese a pagar durante años 'espejos de blancanieves' con el dinero de todos los impositores aunque con cargo a la Obra Social al igual que los trajes del mejor corte y paño para circular regularmente por hoteles de cinco estrellas, ni una menos. Así que los periodistas vamos a tener carnaza asegurada para titulares durante los próximos, al menos, 72 meses, según cálculos de la Policía que ya anda en ello.

"Todas aquellas actividades que, por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación", añade, lo que demuestra que muchos exempleados de espíritu cívico y democrático están filtrando todo o parte de lo que saben y puede inducir a la investigación ante el fuerte escándalo del que han sido testigos o tienen noticia o evidencia cierta a lo largo de tantos años.  

Como se ha constatado, en algunos casos, que el dinero a directivos proveniente de indebidas indemnizaciones y, por otros conceptos legalmente muy discutibles, han acabado en paraísos fiscales, es por lo que la Fiscalía va a ser implacable en la recuperación de esos activos incorrectamente percibidos y su repatriación a España para su decomiso por el Ministerio de Hacienda, que tan falto anda de recursos por aquellos que debieron tributar en su día y no lo hicieron. Y es que a todo 'marrano', también al lorquino, le llega su 'sanantón', sí señor. Porque Torres-Dulce, estoy seguro, es un fiscal de una vez.

 Imagen singular de San Patricio, esculpida en piedra, existente junto al crucero en la neogótica catedral católica metropolitana de Nueva York y fotografiada por Argárico el domingo 26 de febrero de 2006

IU-Verdes de Cartagena pide una comisión de investigación por las obras del barrio universitario

CARTAGENA.- El concejal del Grupo Municipal IU-Verdes en el Ayuntamiento de Cartagena, Cayetano Jaime Moltó, ha considerado sobre el caso Puerta Nueva que "este asunto requiere una comisión de investigación porque la alcaldesa se ha quedado sin fuerza argumental".

   Puerta Nueva es la empresa adjudicataria de las obras del barrio universitario de Cartagena, por las que la Oposición ha pedido a la alcaldesa, Pilar Barreiro, "explicaciones por una supuesta dejación de funciones al renunciar al control de los intereses del municipio, saliendo del consejo de administración de la empresa en el 2007" y dejando de cobrar el ayuntamiento "3,5 millones de euros en concepto del 30 por ciento del sobreprecio final de las viviendas".  

    Cayetano Jaime Moltó ha advertido que "no se puede tolerar que desde la liquidación de la primera fase del barrio universitario, no se conozcan los cambios significativos que se han realizado en la empresa donde ella era consejera y que se oculte información relevante".

   El concejal de IU ha señalado que "al no renovar nadie del ayuntamiento en el cargo como consejero de Puerta Nueva, se ha producido una grave irresponsabilidad", a lo que ha añadido que "esto ha causado graves perjuicios económicos a la ciudad".

   Asimismo, ha comentado la carga de trabajo de la alcaldesa de Cartagena, quien "no tiene el don de la ubicuidad" y el hecho de que compatibilice su cargo de alcaldesa con el de diputada por Murcia en el Congreso de los Diputados.

   A su juicio, "debería existir un impedimento legal para evitar duplicidades", porque así no se puede atender bien "las responsabilidades que tiene aquí".

   Al respecto de las ocupaciones de la alcaldesa Pilar Barreiro, Cayetano Jaime Moltó ha dejado entrever que "30.000 parados en Cartagena son motivos suficientes para tener una alcaldesa con dedicación exclusiva" y que "los sindicatos ya están hablando de hacer una huelga general local".

   A esta situación se habría llegado, según ha argumentado, porque "la alcaldesa y el resto del PP ridiculizan y niegan la situación del paro en Cartagena y afirman que sólo afecta al 10 por ciento de la población, mientras que nosotros defendemos que alcanza a uno de cada cuatro, es decir, hasta al 25 por ciento".

   Ha señalado como principal solución "la creación de una mesa de empleo de carácter urgente para buscar una salida a esta situación".

   De igual forma, ha dicho que hay otra serie de temas "intolerables" como el hecho de que "nos hemos gastado más de 40 millones de euros en el Hospital del Rosell y ahora se habla de cerrarlo", o que "el pabellón de deportes no se termine de una vez porque se cogió una oferta a la baja y ahora salen modificados imprevistos que no se pueden pagar".

   Finalmente, el concejal de IU-Verdes ha defendido que "debe haber una responsabilidad penal ante los incumplimientos electorales", ya que "son una estafa y deberían estar perseguidos".

Piden a la edil de Hacienda de Murcia que aclare si se ha autorizado una 'amnistía' fiscal en el cobro de los vados

MURCIA.- El concejal socialista Juan Patricio Castro exige a la responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, Isabel Martínez Conesa, que aclare si ha autorizado una 'amnistía' fiscal en el cobro de la tasa de vados en las pedanías "puesto que los alcaldes pedáneos del PP están informando a los vecinos tanto en asambleas como en las Juntas Municipales de que si se dan de alta su vado y pagan este ejercicio no se les aplicará el cobro de la retroactividad en los últimos cuatro años en sus recibos".

   "En La Glorieta, la concejal dice una cosa y los alcaldes pedáneos del PP dicen lo contrario", ha explicado Castro. Mientras en el Pleno del Ayuntamiento rechazan una moratoria, ya son dos las Juntas Municipales gobernadas por el Partido Popular que, a propuesta del PSOE, han aprobado solicitar al Ayuntamiento que se abra un plazo para que aquellos vecinos afectados puedan regularizar sus vados.

   Para el edil del PSOE, "esta rebelión viene a confirmar la tesis que ha mantenido el Grupo Socialista desde el principio e insistimos en que se trata de una medida fuera de lugar en esta época de dificultades económicas y por eso le pedimos a la edil de Hacienda que rectifique y frene su afán recaudatorio".

 "Nosotros estamos a favor de que se cumplan las ordenanzas municipales, pero con sentido común y siendo sensibles a la situación actual", ha subrayado.

   Además, estas contradicciones, prosigue el concejal socialista, están dando lugar a un agravio comparativo porque "mientras algunos vecinos están pagando sólo un año de tasa al dar de alta sus vados voluntariamente a otros se les han enviado facturas con cuatro años de retroactividad, con sanciones de entre 300 y 600 euros".

   Por otra parte, el Grupo Socialista ha continuado esta semana con la campaña informativa a los ciudadanos y además, en algunas pedanías se han establecido oficinas de atención directa a los vecinos en las diferentes sedes del PSOE como en Alquerías (Calle del Carmen, nº 41 bajo; martes y jueves 19.30 a 21.00 horas), Torreagüera (Calle Federico García Lorca nº1, lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas) y Los Ramos (Centro Cultural, lunes de 19.30 a 21.30 horas).

   Asimismo en Javalí Viejo, el pedáneo socialista José Francisco Navarro está a disposición de los vecinos en el Centro Cultural los martes y jueves de 19.30 a 21.00 horas. Además, han continuado las asambleas informativas para explicar la situación a los vecinos de Rincón de Beniscornia y Zeneta y próximamente se celebrará también una reunión en El Palmar.

   Hasta el momento se han visto afectados por esta medida los vecinos de Javalí Viejo, El Palmar, Era Alta, Barqueros, Cabezo de Torres y La Ñora, aunque ésta se va a aplicar en todas y cada una de las pedanías, según han explicado fuentes del partido.

El PSRM destaca la ausencia de paridad en la nueva ejecutiva del PP

MURCIA.-   La secretaria de Igualdad del PSRM-PSOE, Rosa Peñalver, ha destacado la ausencia de paridad en la nueva ejecutiva regional del Partido Popular, resultante del XV Congreso de este partido, según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   Peñalver indicó que "este resultado es una prueba de que el Partido Popular no cree en la Igualdad ni tampoco en el potencial de sus mujeres, donde entre 37.000 afiliados seguro que hay más de 8 mujeres políticas competentes y perfectamente preparadas para hacer una buena labor".

   En este sentido, reprochó que "Valcárcel incumple la Ley de Igualdad, de hecho tiene recurrida esta Ley, lo que demuestra que el PP desafortunadamente sigue siendo un partido mayoritariamente de hombres".

   Peñalver mostró su preocupación por los pasos atrás que suponen para las mujeres los recortes que el Gobierno de Rajoy a nivel estatal está realizando en leyes como Dependencia, Educación y Sanidad, que sin duda, ayudaban a las mujeres en conciliación, y en facilitar su incorporación al mercado laboral. "Porque los recortes sociales son, sin duda, recortes en igualdad siempre", concluyó.

¿La CAM?, pregunten al director general

VALENCIA.- “Cuando llegamos, la CAM era un politraumatizado”. José Antonio Iturriaga, administrador por encargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de Caja Mediterráneo o, mejor dicho, del Banco CAM tal y como se denomina tras la segregación de la obra social, no se fue por las ramas. En la comisión creada por las Cortes Valencianas para investigar qué pasó con una de las joyas del devastado sistema financiero valenciano, explicó que con el cambio de dirección en 2001 —fecha en que llegó a ella Roberto López Abad— la entidad emprendió “una huida hacia adelante”. Le llevó a un crecimiento del crédito de más del 300% y a una incidencia en el negocio del ladrillo tan agresiva que, de 53.000 millones de euros en préstamos concedidos, sólo 1.000 millones eran ajenos al sector inmobiliario, revela 'El País'.

El administrador desgranó los males: una morosidad demasiado alta, excesiva dependencia de los mercados mayoristas, “deficiencias significativas” en el sistema de control... Los diputados se revolvieron en sus asientos. Hasta el punto de que consideraron innecesario citar a los otros dos administradores del FROB, Tomás González Peña y Benicio Herranz. El 2 de mayo empezó un largo calendario de comparecencias al que se han negado a someterse el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y otros responsables del organismo supervisor, pero por el que han pasado ya dos directores del Instituto Valenciano de Finanzas para decir que no tenían competencias sobre la entidad.

Salvar la CAM, tras la intervención por el Banco de España en julio de 2011, ha exigido del Fondo de Garantía de Depósitos una inyección de 5.249 millones. Y según Iturriaga, que citó el pliego de cargos del Banco de España contra sus gestores (que pueden ser inhabilitados por 10 años), hubo “prácticas reprobables y no autorizadas”. A la espera de que el Banco de Sabadell se haga cargo de la entidad, su actual administrador anunció una demanda, cuyo ámbito no precisó, sobre los directivos de la CAM “en fechas próximas” por las improcedentes indemnizaciones que se aplicaron.

Tampoco se cortó Iturriaga al opinar que los consejos de administración de las cajas, con el peso de la designación política de sus miembros, “adolecen de falta de conocimiento, profesionalidad e independencia”. Para ratificarlo, sólo hubo que seguir, en las sucesivas sesiones de la comisión, las intervenciones de quienes formaban la cúpula de la caja. “Representar institucionalmente a la entidad” era toda la función de su cargo, declaró el presidente de la CAM, Modesto Crespo, un hombre muy próximo al exjefe del Gobierno valenciano Francisco Camps, ante unos parlamentarios que a duras penas contenían su estupefacción cuando añadió que carecía de conocimientos financieros.

Por más que el socialista Ángel Luna, la diputada de Compromís Mireia Mollà o el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró se esforzaran por mostrar su incredulidad (el popular David Serra estaba más preocupado por señalar al Banco de España y eximir a la Generalitat Valenciana de cualquier interferencia), Crespo negó conocer cuánto cobraban los directivos y dejó sin explicar por qué se autoconcedió retroactivamente dietas de 300.000 euros en una empresa participada por la caja. Quien presidió la CAM en un periodo en el que pasó de declarar 244 millones de beneficios a finales de 2010 a 1.136 millones en pérdidas seis meses después, echó balones fuera, pero dejó el más importante en el tejado de la dirección general.

Su vicepresidente primero, Ángel Martínez, tuvo menos escrúpulos a la hora de señalar con el dedo al director general. Aparte de atribuir su desgracia, como todos los responsables de la CAM que han pasado hasta ahora por la comisión, al fracaso del sistema institucional de protección (SIP) con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura (algo que ocurrió porque el consejo de administración se negó a evaluar a la baja los activos que la entidad alicantina aportaba al denominado Banco Base), Martínez insistió en que todo lo que llegaba al consejo de la CAM venía informado favorablemente por el equipo directivo encabezado hasta 2010 por López Abad y posteriormente por María Dolores Amorós.

 “Nuestra labor era analizar, dirigir y gestionar la obra social”, alegó este consejero de confianza del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. Tuvieron que recordarle (lo hizo el socialista Luna) que cobraba unos 100.000 euros anuales en dietas de empresas participadas por la CAM. Benito José Nemesio, vicepresidente segundo, se escudó también en que carecía de conocimientos para evaluar las operaciones que pasaban por el consejo y Armando Sala, que fue vicepresidente antes de que lo desplazaran por su adscripción zaplanista en las guerras internas del PP, llegó a apuntar que las actas de los consejos no están claras. “No se ajustan a la realidad”, señaló.

No es de extrañar que la expectación sea máxima para la sesión de la comisión parlamentaria que se celebrará mañana, en la que están citados López Abad y Amorós. En la sala todavía resuena la voz de Iturriaga, el administrador, cuando afirmó tajante que la CAM no habría sobrevivido aunque no se hubiera desencadenado la crisis económica global y que habría arrastrado a sus socios si hubiera culminado la fusión fría en el SIP.

Los gestores de la CAM podrían enfrentarse a diez años de inhabilitación

ALICANTE.- Los gestores que han estado al frente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) los últimos años pueden enfrentarse a una inhabilitación para trabajar en cualquier entidad financiera durante los próximos diez años.

Según el pliego de cargos remitido por el Banco de España a medio centenar de expedientados, los antiguos miembros del consejo de administración y la comisión de control de la CAM se enfrentan a la acusación de varias infracciones "muy graves" por su gestión al frente de la entidad.  

Así, el Ministerio de Economía podría decidir, a instancias del Banco de España, la inhabilitación de los directivos por un periodo de hasta diez años en cualquier cargo dentro de entidades de crédito o de la administración, en función del puesto que ocuparan.
Además, los miembros del consejo de administración podrían enfrentarse también a una multa de hasta medio millón de euros, que en el caso de los miembros de la comisión de control se reduciría a 6.010 euros al ir regulados por la normativa específica de las cajas.

Las infracciones de las que se les acusa, tal y como se recogía también en el informe elaborado por los inspectores del Banco de España en el mes de enero y en el que se sustenta el expediente, son deficiencias en el control de la entidad, irregularidades contables y una incorrecta remisión de documentación requerida por el organismo regulador.
El pliego de cargos señala que la CAM "ha carecido" de los mecanismos básicos de control interno, "lo que ha provocado un creciente deterioro de sus activos y la carencia de liquidez para hacer frente a sus compromisos y ha conducido a la caja a una situación de tal gravedad que ha resultado irreversible".
Por lo que respecta a las irregularidades contables, el documento señala que la CAM pasó créditos dudosos a fallidos, realizó operaciones de titulización que contradecían las directrices del Banco de España y registró plusvalías "inexistentes", lo que permitió "ofrecer unos resultados positivos que en modo alguno trasladaban la imagen fiel de la entidad".

Por último, apunta que los gestores de la caja declararon su "imposibilidad" para elaborar un plan para superar la "delicada situación" en la que se encontraba la entidad el mismo día que se lo requirió el Banco de España.

Las responsabilidades que atribuye este pliego de cargos son provisionales y contra este documento cabe presentar alegaciones que, una vez resueltas, darán lugar a la propuesta de resolución definitiva.
El presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés, ya ha avanzado que presentará, al menos, dos alegaciones, al considerar que la Asamblea de la entidad sabía que recibía retribuciones de otros organismos y que desconocía la gravedad del contenido recogido en el requerimiento del Banco de España.
De hecho, en el mes de marzo, un Juzgado de Madrid admitió a trámite una querella presentada por Avilés contra dos inspectores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en la que alegaba que el informe elaborado por el Banco de España incluía informaciones inciertas sobre su gestión, lo que podría suponer un delito de falsedad de documento público.
El Banco de España decidió sustituir a los gestores de la CAM el pasado 22 de julio y tres semanas después los administradores del FROB destituyeron a la que había sido hasta entonces la directora general de la caja, María Dolores Amorós.

El Congreso auditará a BMN y CAM por haber recibido dinero público

LA CORUÑA.-  «Queremos saber qué destino han dado las entidades al dinero público que han recibido del FROB», explica la parlamentaria del PP Irene Garrido (diputada en el Congreso) e integrante de la subcomisión de Economía creada para examinar los bancos que han recibido ayudas del fondo de reestructuración ordenada bancaria en sus distintas fases y que en total rondan los 18.000 millones de euros: a través del primer fondo (FROB 1) obtuvieron 10.065 millones de euros y con el segundo (FROB 2) ingresaron 7.551, y ahora algunas entidades están pendientes de captar más dinero a través de los bonos convertibles o cocos, es decir, el FROB 3, adelanta hoy 'La Voz de Galicia'.

Los diputados que forman parte de la subcomisión quieren que los presidentes de todas estas entidades expliquen para qué ha servido esta inyección de dinero público, pero Garrido explica que todavía no está decidido quiénes tendrán que comparecer, qué documentación se va a solicitar y si las sesiones serán abiertas o a puerta cerrada. La fórmula de la auditoría quedará definida el próximo 30 de mayo, en la primera sesión ordinaria de esta subcomisión.

«Ese día quedarán decididos asuntos como la forma de trabajo, quién comparecerá, el ritmo de encuentros o qué tipo de documentación se pide», explica la diputada. Una de las entidades que tendrá que dar más explicaciones es Bankia. El resultado de la mayor fusión de cajas de ahorros está formado por Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Segovia, Canarias, Rioja y Caixa Laietana. Las siete crearon el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, con el respaldo de los 4.465 millones que les dio el fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) mediante un instrumento que funciona de manera parecida a un crédito.

Y como ocurre cuando este no se paga, o no se puede pagar, el Estado ha ejecutado y se ha quedado con la entidad. A esta nacionalización se sumará otra inyección de dinero público que, según las estimaciones, podría elevar hasta 7.000 millones el total de ayudas públicas recibidas por Bankia.

Otra de las entidades que ha recibido mayores inyecciones es la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). Ante la agónica situación de la entidad de ahorros alicantina, el Banco de España se vio forzado a intervenir e inyectar 2.800 millones de euros.

Posteriormente la entidad se vendió a Banco Sabadell con una inyección de casi 2.500 millones del fondo de garantía de depósitos y otra de la misma fuente equivalente al dinero que se pidió al Estado.

También serán llamadas a rendir cuentas Caja España-Duero, Catalunya Caixa, Kutxabank, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum (BMN), Unnim y Novagalicia Banco.

La entidad gallega, resultado de la fusión de las antiguas cajas habría recibido 1.162 millones en la primera ronda de ayudas públicas.

Pedro Saura dice que hay un desvío de dieciocho millones de euros en la Comunidad de Murcia

MURCIA.- El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura, ha dicho que hay un desvío de 18 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia y que ello supone un incremento de una décima sobre el 4,33 por ciento del PIB que estaba previsto.

Saura ha desvelado este dato en su cuenta de twitter donde afirma que "Murcia también se desvía del déficit anunciado en 18 millones".

Y ha afirmado que posiblemente este dato no se haya dado a conocer "porque sólo se ha hablado de los grandes", en referencia a las comunidades de Valencia y de Madrid.

Comentó además que como economista se ha molestado en hacer el cálculo entre la liquidación del presupuesto que el gobierno dio hace un mes y el déficit que ahora se plantea en el plan de reequilibrio, donde le salió 18 millones de euros de diferencia.

A su juicio, esta desviación "pone de manifiesto el desgobierno de los años de Ramón Luis Valcárcel; cinco años mirando para otro lado. El problema ha ido a más por las consecuencias de haber mirado a otro lado".

Para Saura, exsecretario general del PSRM-PSOE, Valcárcel, recién reelegido presidente del PP murciano, "es el peor gestor de la historia de la democracia en la Región", y la consecuencia de todo ello "la paga su clase media".

El PIB regional estimado es de 28.559 millones de euros, de los que el déficit sería de 1.237 millones, es decir, el 4,33%, asegura.

ONGs lamentan que las tradicionales ayudas de las cajas de ahorro "tienden a desaparecer"

MURCIA.- Las ONG Cáritas y Jesús Abandonado han criticado que las ayudas que tradicionalmente recibían hace unos años por parte de las cajas de ahorro "tienden a desaparecer" como resultado del proceso de reestructuración financiera y de su conversión en entidades bancarias.

   El secretario general de Cáritas, Antonio Sánchez, recuerda que antes otras cajas de ahorro convocaban subvenciones, como Bankia, Caja Duero o Caixa Galicia, pero ha afirmado que, actualmente, la única caja de ahorros que sigue generando subvenciones directas e indirectas es La Caixa.

   Por ejemplo, explica que Cáritas tiene comprometida con La Caixa un programa denominado 'Proinfancia', que está dando un resultado "extraordinario" gracias a servicios como refuerzo escolar y ocio en los que se trabajan valores con los más pequeños.

   Asimismo, el programa que financia La Caixa permite dispensar atención psicológica a los niños y a sus familias, así como acompañamientos, al tiempo que provee a las familias de dinero para ir al supermercado a comprar alimentos infantiles, reparte prótesis, audífonos o gafas.

   La Caixa "también ha convocado un par de subvenciones competitivas", recuerda Sánchez, quien insiste en que es la única caja que "ahora mismo está dando subvenciones".

   Sánchez ha señalado que es preciso "estudiar la manera de captar los recursos que no entran por esa parte, lo que se hace en forma de campaña", con el fin de compensar el desfase presupuestario gestionando ideas y campañas nuevas.

   Por ejemplo, entre estas iniciativas imaginativas se encuentra la creación de un equipo de implantación social en colaboración con el Colegio de Economistas de la Región de Murcia, que todavía es "incipiente", pero que "va a sentar las bases para hacer captación de recursos y depender menos de la administración pública".

   El vicepresidente primero de Jesús Abandonado, José Moreno, ha indicado que las cajas de ahorro, por su naturaleza fundacional, tenían la posibilidad de "aportar a la sociedad una serie de bienes y servicios de carácter cultural y asistencial que, por circunstancias lamentables, han desaparecido".

   Recuerda que, hace tan sólo tres años, se pensaba que el modelo era, incluso, exportable, y se hablaba de hacer unas cajas de ahorro sin fronteras, porque su modelo era "mucho más ambicioso, más organizado y mucho mejor que los microcréditos, por ejemplo, o cualquier otra fórmula".

   Moreno explica que, hace sólo dos años, el conjunto de las cajas de ahorros aportó a la sociedad a través de sus obras sociales tanto como los Fondos FEDER de la Unión Europea, lo que ha llevado a la sociedad española "importante a nivel europeo", gracias a las ayudas sociales, asistenciales, de patrimonio histórico-artístico y de difusión cultural.

   En concreto, recuerda que hace dos o tres años, las cajas de ahorro aportaron "algo así como 2.300 millones de euros en el conjunto de toda España, tanto como los fondos europeos". A nivel de la Región de Murcia "había cantidades muy importantes de dinero", pero tanto las ONG como entidades culturales "han notado el cambio de rumbo".

   Reconoce que las cajas de ahorro "han cumplido esa misión a lo largo de centenares de años con brillantez", según Moreno.

Valcárcel, reelegido como presidente del PP de Murcia

MURCIA.- El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Valcárcel, ha sido proclamado este sábado presidente del Partido Popular de la región con el 98,14 por ciento de los votos, siendo reelegido en el cargo que ocupa desde el año 1993.    

En total, se han emitido un total de 970 votos, de los 1.320 compromisarios que tenían derecho a voto, con un total de 952 votos a favor, diez en blanco y ocho nulos.
La nueva Comisión Ejecutiva del Partido Popular de la Región de Murcia, que ha sido elegida en el XV Congreso del partido, contará con cuatro vicesecretarias, tuteladas por Pedro Antonio Sánchez, Inmaculada González, Francisco Bernabé y Mónica Meroño, repitiendo Miguel Ángel Cámara como secretario general hasta su eventual imputación judicial llegado el caso.
   Respecto a quien encabezará cada una de esas vicesecretarías, Valcárcel ha comentado que su contenido "es lo que voy a empezar a trabajar durante este fin de semana y cuando me reúna con la Comisión Ejecutiva, abordaremos los contenidos y sus principales áreas".
   De este modo, los miembros que formarán parte de esa Comisión Ejecutiva serán Joaquin Bascuñana, Francisco Bernabé, Miguel Ángel Cámara, Alfonso Cerón, Manuel Durán, Francisco Espejo, Patricia Fernández, Teodoro García, Inmaculada González, Enrique Jiménez, Agustín Llamas, Fernando López Miras, Salvador Marín, Visitación Martínez, Juan Martínez, Mónica Meroño, Laura Muñoz, Marcos Ortuño, María del Carmen Pelegrín, Juan Carlos Ruiz, Pedro Antonio Sánchez e Isabel Toledo.
   Finalmente, como miembros natos de esa comisión también estarán María Teresa Caballero, José Hernández, José Joaquín Peñarrubia, Pedro José Pérez y José Gabriel Ruiz.

Torres-Dulce ordena depurar las responsabilidades penales por la gestión de cajas de ahorro

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro" y se examine, entre otros asuntos, "si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo".

   Así lo ha asegurado el fiscal general en una entrevista, en la que ha calificado de "varias y variadas" las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.

   Ha concretado que entre los organismos investigados no se encuentra "de momento" Bankia, aunque "otra cosa es que pueda haberlo en el futuro" y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.

   "En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Banckia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no".

   Torres-Dulce ha añadido que él es "muy beligerante" en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa "extraordinariamente". No obstante, ha declinado señalar asuntos concretos "por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación". Ha añadido que "se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía".

  "Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido", ha añadido Torres-Dulce, que ha insistido en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita "con mayor presteza".

   "No se trata de falta de colaboración", según el fiscal general, que reclama celeridad para poder ejercer "un mayor ritmo investigador". El principal representante del Ministerio Público ha explicado que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una "mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos".

   Según ha podido adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. "Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal", ha señalado Torres-Dulce.

   "Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explica el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación".

   Torres-Dulce ha señalado que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. "No vamos a investigar todo lo que haya hecho la 'Caja X', sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal", ha concretado.

   Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general ha señalado: "Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave".

   Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce ha anunciado que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver "con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales".

   Ha advertido que el los últimos tiempos "está muy presente" la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a "financiación de partidos políticos", pero también existen otros casos "que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante".

   Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, "empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores".

   Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de  Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.

   El fiscal general ha insistido en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede "intentar conseguir una condena como sea", sino a través de los medios legales.

   "En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -ha añadido- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías y derechos fundamentales".

Preguntas para las que no tengo respuesta / Apunte de Argárico

A propósito del congreso regional de los peperos, me llama un amigo y colega gallego, desde Vigo, y me ha hecho preguntas para las que no tengo respuesta aunque él dice sí tenerlas pero prefiere, antes de revelarmelas, ver si soy capaz por deducción de llegar a ellas. Esas preguntas son:

1.- ¿Por qué se ataca tanto al juez Garzón desde Murcia para desprestigiarle mientras un orondo magistrado protege a Valcárcel y nadie de esos mismos letrados le señala?

2.- ¿Cuál es la relación, profunda y muy desconocida, de Bankia con Murcia y por qué otra alejada región española le está tan agradecida a Ramón Luis sin aparente razón?

3.- ¿Cómo se explica que un mediocre, como Valcárcel, se perpetúe en el cargo 20 años, por muy marioneta que sea de poderes fácticos locales, al igual que la súbita amistad con Samper en claro detrimento del poder del tan sospechoso Cámara en círculos de Madrid?

4.- ¿A qué se debe que la derecha europea coloque, sin rechistar, a ese mismo mediocre de presidente del Comité de las Regiones pese a una gestión catastrófica al frente de nuestra región?

5.- ¿Para qué se encargó al CNI una investigación sobre Valcárcel, cuyas conclusiones se desconocen por la Opinión Pública, si no se pensaba actuar contra su galopante corrupción?

Si alguien puede aportar algo, se lo agradeceremos todos, más que nada por explicarnos cosas que vemos y no nos encajan en nuestra lógica de gente de a pié y alejada del Poder con mayúsculas.

Ah!, mi amigo me ha preguntado qué tal me llevo con la cuestionada Guardia Civil de Cartagena y al inquirirle yo por qué me hacía esa pregunta, me ha contestado lacónico: 'No, por nada'.

También me ha dicho que pronto me desvelará el jeroglífico de tanto apoyo político de Rubalcaba (ex ministro del Interior) al pillo de González Tovar (ex delegado del Gobierno) "y a la inútil de su hija aparte de que, como buen dictadorzuelo, tenga que rodearse de esbirros incapaces, como la murciana que lleva de vicesecretaria aún sin credenciales".

Tres exconsejeros murcianos piden acceder al correo de la cúpula de la CAM

ALICANTE.- Tres ex consejeros murcianos de Caja Mediterráneo (CAM) han pedido al Banco de España que les facilite copia de todos los correos electrónicos recibidos y enviados por los ex directores generales de la entidad Roberto López Abad y María Dolores Amorós, para poder acreditar las presuntas irregularidades detectadas en su gestión.

La petición ha sido planteada por Juan García Gómez, Juan Bernal Roldán y Manuel Muelas Yébenes en el pliego de alegaciones que han presentado al expediente diciplinario abierto por el servicio de Inspección del Banco de España a 49 ex consejeros y directivos de la CAM. Como informó ayer ABC, estos tres antiguos miembros del consejero de administración no niegan la existencia de irregularidades, pero las atribuyen al «núcleo duro» formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los dos ex directores generales. Entre ellas citan que los ex directivos de la entidad se estipular «indemnizaciones millonarias por prejubilarse», a pesar de la delicada situación financiera que atravesaba la CAM, así como el hecho de que algunos de ellos se incorporaran al ERE cuando ya se había cerrado el plazo legal establecido.

En su pliego de alegaciones, los tres ex consejeros piden que el Banco de España inste a la CAM a facilitarles abundante documentación interna para poder ejercer su defensa. Entre otras pruebas, reclaman copia de todos los correos electrónicos que circularon por las cuentas corporativas de López Abad y Dolores Amorós, del expresidente Modesto Crespo (desde 2007), así como de los exvicepresidentes Ángel Martínez (desde 2007) y Armando Sala (desde 2004).

Asimismo, reclaman que el Banco de España, la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) les faciliten copia de todos los informes y comunicaciones que han mantenido en relación con la CAM.

Como informó Abc, estos tres exconsejeros sostienen en su pliego de alegaciones que desconocían todas las irregularidades que han podido producirse en la CAM, ya que durante su etapa como miembros del consejo la entidad no les facilitaba ningún documento y todos los acuerdos se aprobaban sin debate previo.

Moody's rebaja el rating de Murcia hasta el 'bono basura'

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado la calificación de  Murcia, situandola en el grado de 'bono basura', debido a su "pobre comportamiento fiscal" en 2011 y a la "baja probabilidad" de que el Gobierno Valcárcel cumpla con los objetivos fiscales marcados por el Gobierno central para 2012, según informó la agencia en un comunicado. Murcia está así un paso más cerca de la calificación correspondiente a la insolvencia.

   En concreto, la agencia sitúa en 'bono basura' la nota de Murcia, que baja dos escalones desde 'Baa2' a 'Ba1'.

  La agencia ha situado la perspectiva de su rating en 'negativa'.

   La última vez que la agencia recortó la calificación de la deuda soberana española fue el pasado 13 de febrero, cuando la situó en 'A3' con perspectiva 'negativa', dos escalones por debajo del rating 'A1' que Moody's otorgaba hasta esa fecha a España.

   Moody's destaca que la autonomía rebajada cerró 2011 con un nivel de déficit superior al 3% del PIB, cifra que excedió de forma "considerable" el objetivo del 1,3% que había marcado el Gobierno. Además, advierte de que existe "considerable incertidumbre" acerca de su capacidad para lograr alcanzar el objetivo del 1,5% marcado para este año.

   La agencia cree que las reformas estructurales en sanidad y educación anunciadas en abril ayudarán a reducir el déficit regional en el medio plazo, pero considera que algunas medidas serán "complicadas" de implementar y su efecto en las cuentas de este año será limitado. "En consecuencia, Murcia continuará dependiendo de incrementar su deuda para cubrir sus grandes desequilibrios fiscales", añade.

   Otro argumento de la rebaja es el "significativo deterioro" de la métrica de su deuda como consecuencia de la refinanciación de la misma mediante el Fondo para la Financiacion de los Pagos a Proveedores. Moody's apunta que la deuda se incrementará hasta el 143% en Murcia frente al 97%  de finales de 2011.

   En el caso de Murcia cree que su posición de liquidez es "más débil" que la de la mayoría de las autonomías, un riesgo que se ve en gran parte compensado por las recientes medidas anunciadas por el Gobierno para dotar de liquidez a las regiones.

   Por otro lado, señala que la estabilización de la perspectiva del rating de Murcia requerirá que los gobiernos locales y regional implementen planes detallados para restaurar el equilibrio fiscal y revertir sus ratios de deuda. "Cambios en el marco institucional que resulten en un marco de financiación más estable podrían ejercer una presión al alza en las calificaciones", añade.

   Por el contrario, advierte de que un mayor deterioro del entorno operativo en España que ponga bajo presión el rating soberano del país tendría un impacto negativo en los notas de las administraciones regionales y locales. Además, agrega que cualquier señal de debilitamiento del apoyo del Gobierno central será un factor negativo para la calificación crediticia de las autonomías.

   A nivel individual, la agencia considera que cualquier empeoramiento de los progresos hacia los objetivos de consolidación fiscal añadiría nuevas presiones al rating específico de esa comunidad autónoma.

La imagen de la Virgen de la Arrixaca, antigua patrona de Murcia, regresa a la iglesia de San Andrés tras su restauración

MURCIA.- La imagen de la Virgen de la Arrixaca, antigua patrona del Reino de Murcia cuya talla data del siglo XIII y es de autoría anónima, ha sido entregada este viernes a la iglesia de San Andrés una vez restaurada en el Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM).

   La Virgen de la Arrixaca es una antigua talla sedente derivada de la iconografía bizantina, y la imagen fue realizada en madera de nogal, policromada y dorada con oro fino al agua.

   Santa María de la Arrixaca fue patrona de Murcia hasta 1731, fecha en que fue sucedida en tan honorífico cargo por la Virgen de la Fuensanta, actual patrona. Desde entonces, la imagen fue perdiendo el fervor popular hasta que en 1885 fue devuelta al culto en su capilla de la Iglesia de San Andrés por la Real y Antigua Hermandad de Devotos de Santa María de la Arrixaca.

   La talla ha permanecido durante nueve meses en el CRRM para su recuperación, presupuestada en 6.000 euros. El proceso de intervención ha consistido en análisis químicos y estratigráficos que han aportado información sobre las distintas intervenciones a las que la escultura ha sido sometida a lo largo de la historia.

   Debido a las modificaciones realizadas a la pieza original entre los siglos XVII y XVIII, y la imposibilidad real de recuperar la policromía original de la obra, se ha realizado la restauración retirando únicamente las últimas aportaciones pictóricas, que datan del siglo XX y que alteraban notablemente el aspecto de la Virgen y del Niño.

   La fiesta de la Virgen de la Arrixaca se celebra el último domingo de mayo, por lo que la talla podrá ser exhibida este año en su iglesia de San Andrés en perfecto estado una vez concluido el proceso de restauración.

   El CRRM forma parte del Consejo General de Centros e Institutos de Restauración, constituido por ocho comunidades autónomas, y dispone de unos medios tecnológicos y humanos de primer nivel que le permiten realizar intervenciones sobre cualquier obra artística con toda precisión.

   Entre las muchas funciones que desempeña, destaca el control del catálogo de los bienes muebles pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Murcia, así como la tasación y valoración de aquellos ofertados a la misma, la revisión del catálogo de los bienes muebles de la Iglesia o la organización de cursos, conferencias y jornadas científicas dentro y fuera de la Región.

   A lo largo de toda su trayectoria, ha intervenido en la recuperación de bienes muebles pertenecientes a instituciones eclesiásticas, ayuntamientos, conventos y parroquias, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, cofradías y centros museísticos y culturales.

   Entre sus restauraciones más significativas destacan las pinturas del siglo XII del convento de Santa Clara La Real en Murcia, la recuperación del conjunto pictórico mural de los siglos XIV y XV del actual Museo y de las pinturas de la Capilla de San Antonio de la Catedral de Murcia, la recuperación de las 13 imágenes y trono de la Cena de Salzillo, pertenecientes a la Cofradía de Jesús de Murcia, así como del Cristo de la Preciosísima Sangre de Nicolás de Bussy perteneciente a la Cofradía de la Sangre de Murcia.

   A estas intervenciones se suman otras en obras de autores tan significativos como Zurbarán, Ribera, Murillo, Nicolás Salzillo, Paolo Sístori, Germán Hernández Amores, Sorolla, Ramón Gaya, Pedro Sánchez Picazo, Luís Garay, José Capuz o Mariano Benlliure, entre otros.

El PSRM advierte que el plan de ajuste aprobado en el CPFF "no es el que Bernal ha presentado ni está en la web de la CCAA"

MURCIA.- La portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha alertado este viernes en rueda de prensa que el plan de ajuste aprobado este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "no es el que el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha presentado en la Asamblea Regional ni está colgado en la página web de la Comunidad".

   Por ello, García Retegui ha dejado claro que en dicho plan aprobado en el seno del CPFF "puede haber nuevas sorpresas con respecto al plan que se nos comunicó en su día", ya que, ha puntualizado, "hay que añadirle medidas de los reales decretos con recortes en sanidad y educación".

   Desde el PSRM se tiene la convicción de que "habrá nuevos ajustes probablemente por indisponibilidad de crédito y porque han cambiado las circunstancias económicas". "Estamos peor que cuando se presentó el plan de ajuste en la Comunidad y en el conjunto de España económicamente".

   Por ello, ha pedido la comparecencia de Ramón Luis Valcárcel en la Asamblea "para que explique cómo afectarán a los ciudadanos los recortes adicionales que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

   Y es que, ha denunciado públicamente, el Plan de Ajuste "es una nueva vuelta de tuerca a derechos y a rentas de la clase media y de los que menos tienen".

   "Con este Plan pagarán justos por pecadores, ya que no es justo en el reparto de las cargas. Ahora sabemos por qué el presidente no quiso venir a la Asamblea", ha manifestado la portavoz socialista en la Asamblea, quien ha explicado que el PP "dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero el ajuste que proponen no se hace a los que han vivido por encima de sus posibilidades, sino al conjunto de la ciudadanía".

   En esta línea, ha criticado que este Plan "no castiga a los especuladores ni se pide un esfuerzo mayor a los más beneficiados ni a los bancos, dado que la mayoría del ajuste restringe derecho y rentas de las clases medias y trabajadores".

   "Caen los ingresos y las rentas por IRPF, cada vez consumimos menos, y eso supone menos ingresos para las arcas públicas", ha indicado Retegui, quien ha destacado que se tendrá que estar atento "para ver qué ocurre con algunos entes y organismos públicos y también sobre la gestión de la Comunidad donde persiste el despilfarro".  

   Según Retegui, "en tan sólo seis meses, el efecto de ese recorte en el bolsillo de los ciudadanos será de 60,2 millones, lo que significa que el Gobierno regional, que dijo que no necesitaba las medidas del Gobierno de España para cuadrar sus cuentas, al final las ha cuadrado subiendo los impuestos, las tasas universitarias, con el copago a la mayoría de los ciudadanos, el deterioro de la calidad de los servicios, la supresión de servicios públicos, las guardias en oncología pediátrica o de los puntos de atención continuada, y la destrucción de empleo".

   Al mismo tiempo, ha continuado, "la inversión vuelve a bajar y no sólo se irán a la calle interinos y eventuales y sustitutos, sino también muchas personas que trabajan en servicios dependientes de la Comunidad y para empresas, fundamentalmente en sectores como la construcción, turístico e industrial, que verán recortadas sus subvenciones".

   La parlamentaria socialista considera que "hay otra forma de salir de la crisis y no sólo con recortes". En este sentido, ha puesto como ejemplo a comunidades como Andalucía, que "ha logrado preservar líneas rojas y no recortar en sus servicios públicos fundamentales".

El Sindicato Médico pide el cese de todo el equipo directivo del SMS

MURCIA.-   El Sindicato Médico de la Región de Murcia, tras conocer que la Consejería de Economía y Hacienda va a controlar las cuentas del Servicio Murciano de Salud, pide el cese del equipo directivo del SMS, ya que esta situación refleja la incompetencia de los cargos que dirigen este órgano para gestionarlo adecuadamente.

   CESM Murcia considera que si se pueden tomar decisiones en Sanidad con un completo desconocimiento de cuestiones como qué especialista es el adecuado para atender a un niño con un problema oncológico, "la mayoría de los cargos directivos son innecesarios y se puede ahorrar su coste, dejando que sea el director general de presupuestos el encargado de toda la gestión del SMS".

   Por ello, esta organización sindical se pregunta si finalmente será Hacienda, con su ánimo intervencionista, la responsable de decidir qué tratamientos reciben los ciudadanos, dónde y cómo.

   Igualmente, el Sindicato Médico exige que se cumplan las leyes sobre la movilidad obligatoria de los facultativos de guardia, contemplando que, además de no estar permitido, trasladar a un médico de un hospital a otro supone un deterioro de la calidad asistencial por el desconocimiento de la ubicación de los servicios o de un aparataje distinto, entre otros aspectos.

   Además, esta organización pide a la Administración que explique a los ciudadanos que está dispuesta a jubilar a médicos en condiciones de ejercer, a pesar de la falta histórica de facultativos que registra la Comunidad Autónoma, y las consecuencias asistenciales que esta medida tendrá.

Banco CAM suspende el pago de intereses de obligaciones subordinadas previsto para el 25 de mayo

MADRID.- Banco CAM ha suspendido el abono semestral de intereses de una emisión de obligaciones subordinadas que estaba previsto para el próximo 25 de mayo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

   La entidad alega las pérdidas por valor de 2.731 millones de euros que registró en 2011. El pago de los intereses de este tipo de deuda se pueden suspender en el supuesto de que la entidad emisora haya registrado 'números rojos' en los seis meses naturales anteriores.

   El Banco de España adjudicó el Banco Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a Banco Sabadell el pasado 7 de diciembre por el precio simbólico de un euro, después de que la entidad fuera intervenida el pasado 22 de julio por sus graves problemas de solvencia.

La socialista Retegui acusa a Valcárcel de haber llevado a Murcia a "estar peor valorada que en toda su historia"

MURCIA.- La portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha afirmado este viernes que el presidente Ramón Luis Valcárcel "nos ha llevado a estar peor valorados que en toda nuestra historia", en referencia a la rebaja de calificación de la agencia de calificación crediticia Moody's a Murcia, situándola en el grado de 'bono basura'.

   Y es que, ha dicho Retegui en rueda de prensa, "nos sube los impuestos, recorta derechos, sube las tasas y empeora la prestación de los servicios y aún así nos siguen calificando como bono basura".

   Por ello, considera que el Plan de ajuste presentado este jueves "no ha sido suficiente para generar una mínima confianza".

   Asimismo, indica, el PP tiene este fin de semana congreso y Valcárcel "pretende pasar lo más rápido posible para no dar explicaciones y no tener que reconocer la situación tan comprometida en la que deja a la Región, porque lo que quiere es irse a Europa".

Hacienda revisará las nóminas del SMS para fortalecer el control interno de la función interventora de la Comunidad

MURCIA.- La Consejería de Economía y Hacienda revisará a priori, y no a posteriori como se venía haciendo hasta ahora, las nóminas del Servicio Murciano de Salud (SMS), según lo publicado en el BORM del Plan de Fiscalización, donde se recogen medidas de reorganización de la función interventora propia de la Comunidad, ya estimadas en 2010, recogidas ahora en el Plan de Reequilibrio.

   De este modo, fuentes de la Consejería de Sanidad han desmentido que Economía y Hacienda haya intervenido el SMS, que "sigue siendo un ente autónomo, que se rige por su Consejo de Administración y toma sus propias decisiones".

   En concreto, han explicado las fuentes que lo que publica el BORM es el plan de fiscalización, que comienza con el SMS como ente autónomo, "un organismo público que no está dentro del Gobierno regional y no es ninguna consejería".

   Es un punto recogido en el Plan de reequilibrio con el que "se pretende fortalecer el control interno de la función interventora de la Comunidad, pero eso no es intervenir el SMS, que mantiene su capacidad de decisión y hará las nóminas y las compras".

   La Consejería de Sanidad y Política Social, al igual que el resto de Departamentos del Ejecutivo regional, está trabajando con la Consejería de Hacienda en citado Plan de reequilibrio.

   Dentro de la Ley 5/2010, de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, se contemplaban diversas medidas.

   Cabe puntualizar que el Servicio Murciano de Salud "ya contaba, y sigue contando en la actualidad, con un servicio de control interno que efectuaba la fiscalización a posteriori de las nóminas y a auditorias externas, lo que se refuerza ahora con un sistema de control previo, como se hace con las consejerías, que afecta solamente a determinados gastos del personal".

   Además, el SMS "también es sujeto de las auditorías externas que se llevan a cabo todos los años, en un sistema de control similar al que se realiza en la Comunidad Vasca, mucho más completo que en el resto de CCAA que ha permitido saber con exactitud la situación económica del Servicio Murciano de Salud en los últimos años".

El Gobierno apoyará la financiación de las CC.AA. con el instrumento que considere "oportuno"

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno apoyará la financiación de las comunidades autónomas, aunque tomará la decisión que considere "oportuna" para hacerlo y tendrá en cuenta el cumplimiento de los planes de reequilibrio.

   Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la cuestión no se ha tratado en la reunión de este viernes y no ha precisado si la ayuda se concretará en 'hispanobonos'.

   En cualquier caso, la portavoz ha afirmado que el Gobierno es "muy consciente" de las necesidades de financiación de las comunidades y los vencimientos de deuda que tienen por delante, como el resto de las administraciones.

Montoro podrá destituir a cargos públicos que incumplan la Ley de Estabilidad

MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

   La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.

   La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

   La norma establece que el órgano competente para "ordenar la incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano competente será el titular de Hacienda.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la pérdida de la condición de alto cargo".

 "La inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.

   Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable podría ser el  presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que "el responsable solo puede ser el competente".

 "La competencia determina la responsabilidad", recalcó entonces.

  Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.

   Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

   Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.

   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.

   Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".

   Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.

   Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

  El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera  que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.

   Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

Tres exconsejeros acusan a la cúpula de CAM de ocultar datos

ALICANTE.- Tres ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM) han dirigido al Banco de España un pliego de alegaciones en el que atribuyen las posibles irregularidades detectadas en la gestión de la entidad al «núcleo duro» directivo formado en torno al ex presidente Modesto Crespo y a los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, según 'Abc'.

El escrito remitido al regulador está firmado por Juan García Gómez —que fue consejero de CAM entre 2004 y 2010—, Juan Bernal Roldán y Manuel Muelas Yébenes, estos últimos consejeros desde febrero de 2010 hasta que la caja fue intervenida, el pasado julio. Los dos primeros fueron elegidos en representación de los ayuntamientos, mientras que Muelas procede de los impositores.

En su pliego de alegaciones, asumen que las irregularidades expuestas en el expediente disciplinario abierto por el Banco de España «no son la manifestación de una conducta negligente por parte de los consejeros, sino una clara manifestación de una conducta continuada y planificada por parte de quienes tienen el control efectivo de la entidad». 

Los mismos gestores que, añade el escrito, se fijaron «indemnizaciones millonarias por prujubilarse, a pesar de la situación financiera», y aprobaron la incorporación de directivos de la caja al ERE cuando ya se había cerrado el plazo legal de inscripción.

Los tres ex consejeros que firman el pliego de alegaciones explican que la gestión diaria de la caja estaba formada por un núcleo duro» en torno a Modesto Crespo, López Abad y María Dolores Amorós, junto con los tres vicepresidentes y el resto de miembros del comité de dirección.

Los firmantes de la alegación añaden que el equipo directivo ocultaba información a la mayoría de los consejeros, a los que se les impedía incluso obtener copias de las actas del consejo y de otros documentos internos: sólo se les permitía tomar notas a mano, por motivos de seguridad.

Durante las reuniones del consejero, señala el escrito, todas las cuestiones se aprobaban sin debate previo y sin que hubiera apenas margen para pedir aclaraciones. Todos los informes internos que eran expuestos ante el consejo estaban avalados previamente por los auditores, por el propio Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En estas circunstancias, añaden los firmantes de la alegación, les resultaba imposible conocer unas irregularidades que «sólo han podido salir a la luz después de una concienzuda labor inspectora del Banco de España, labor que ni es posible ni le es exigible a un consejero general de la entidad. ¿Teníamos que hacer de detectives privados para investigar el trasfondo de los préstamos y refinanciaciones que se hacía?».