jueves, 3 de mayo de 2012

Rajoy plantea "repensar" la coordinación y el reparto de competencias entre administraciones públicas

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró hoy convencido de que no se debe "desandar" ni la configuración autonómica del Estado, ni la inclusión de España en la UE, pero sí cree que se debe "repensar" y "evaluar" la coordinación entre las instituciones administrativas del Estado y el reparto de competencias, con la supresión de "duplicidades innecesarias".

   El jefe del Ejecutivo realizó estas afirmaciones durante la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como presidente del Consejo de Estado. Un acto al que han acudido, además de los presidentes del Congreso y el Senado, los ministros de Justicia, Exteriores, Sanidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la secretaria general del PP.
   En su discurso, Rajoy defendió las reformas que está llevando a cabo porque se asientan en un "mandato inequívoco" de los ciudadanos en las urnas y aseguró que tienen una doble orientación, por una parte, consolidar los logros del Estado del bienestar y, por otra, "potenciar el ámbito de autonomía de las personas y erradicar las cortapisas externas a la libertad con que deben regir su destino, su vida y su vocación profesional".
   En su intervención, apeló al espíritu con el que se realizó la Constitución de Cádiz y dijo que su ejemplo debe servir de "estímulo" y de "guía" para afrontar con "valentía, determinación y equilibrio" los "profundos cambios" que necesita el país. En este punto, aseguró que estos cambios sólo se pueden llevar a cabo desde el "espíritu de concordia" que tuvo su "más elevada cima en la Constitución de 1978".
   Y refiriéndose a ésta última, dejó clara su opinión de que la Constitución Española dio un "paso original, decisivo y de gran calado" que, añadió, "en modo alguno debe ser desandado". Se trata, señaló de la "configuración autonómica del Estado". Tampoco, puntualizó, se debe desandar el camino de la inserción de España en la UE, "que ha sido el motor de algunas de nuestras modificaciones constitucionales".
  Sin embargo, considera que ambas circunstancias "invitan", ahora que son tiempos de crisis, a "repensar y evaluar" la estructuración más adecuada de los poderes públicos.
   Para ello y buscar "mayor eficacia" en las instituciones administrativas "a todos los niveles" dijo que "será preciso arbitrar fórmulas más eficientes, de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso, de entidades y organismos que no resisten una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos".
   Rajoy considera que esta será una tarea "delicada" y que requerirá el conocimiento de la realidad y la "intuición de la evolución futura, viable y deseable" de las estructuras institucionales públicas. Por ello, dijo que cuenta con el "saber acumulado" del Consejo de Estado, al que se comprometió a consultar, y con el Centro de Estudios Constitucionales.
   En este contexto, deseó al nuevo presidente y a los consejeros de Estado "mucha suerte y mucho tesón" porque, dijo, en esta Legislatura van a "tener mucho trabajo" y la asistencia de este órgano al Gobierno "va a ser más necesaria que nunca" y destacó la "privilegiada reputación de autoridad" que ha logrado el Consejo de Estado.
   El jefe del Ejecutivo destacó los valores de Romay Beccaría como un hombre de "diálogo, consenso y conciliación", así como su "altura como jurista de reconocido prestigio" que se une a una "experiencia vital y laboral singularmente rica".

La FEMP propone ceder competencias en municipios de menos de 20.000 habitantes

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha defendido la pervivencia de los municipios como instituciones políticas, aunque acepta que los de pequeño tamaño puedan perder su estructura administrativa para que sean otras entidades, como las diputaciones, las que la asuman.

   Según la FEMP, la supresión de municipios no va a cambiar "la realidad en cuanto al asentamiento de la población en nuestro país", por lo que, con independencia de su tamaño, "deben ser respetados como institución política básica", ya que, además, los ayuntamientos son sobre todo "expresión de la voluntad política de sus vecinos".
   No obstante, reconoce que "no todos tienen capacidad suficiente para la prestación de servicios", pero que existen soluciones a este problema, ya que "la solución a las carencias de los municipios de insuficiente capacidad de gestión pasa por la disociación entre su entidad política y su estructura administrativa".  
   Por un lado, propone que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias "que no puedan ser ejercidas por ellos mismos" a entidades mayores, como diputaciones, cabildos o consejos insulares.
   Por otro lado, sugiere la prestación conjunta de servicios con la que los municipios puedan suplir esas insuficiencias de gestión, "sin que ello supusiera la necesidad de crear nuevas instituciones", de modo que advierte de que una nueva ley de gobierno local debería "arbitrar y potenciar" los mecanismos adecuados para ello.
   Así figura en un documento que la FEMP ha enviado a Administraciones Públicas, en el que explica su criterio sobre cómo ordenar las competencias de las entidades locales, una aportación al trabajo que realiza el Gobierno para reordenar el sector público español bajo la exigencia de evitar duplicidades y cumplir la premisa de una competencia, una administración.
   En el texto, de nueve folios, se hace un diagnóstico de la situación de las entidades locales y se proponen vías para reconocerles una serie de competencias y una financiación suficiente, en una ley orgánica de obligado cumplimiento.
   La FEMP dice ser "consciente" de que la Constitución "se olvidó de unas de las instituciones básicas de la configuración" del Estado, al no hacerlas "merecedoras de una regulación de carácter orgánico". En el caso de que esto no cambie, y se siga viendo a las entidades locales como las "hermanas pobres" de las instituciones al no dotarles de una ley orgánica que regule sus competencias, pide que se modifique la regulación del conflicto en defensa de la autonomía local contenido en la Ley del Tribunal Constitucional para "relajar los requisitos de legitimidad para su interposición".
   Además, reclama un "pacto político" que comprometa tanto a Estado como a comunidades autónomas a "respetar la configuración que la ley básica establezca y a los principios en los que se fundamenta el sistema", como son autonomía local, descentralización o suficiencia financiera.
   Así pues, considera que las relaciones entre las administraciones públicas deberían basarse en el "principio de lealtad institucional", garantizando la "autonomía local" frente a lo que ve como "posibles pretensiones de tutela que se pretendan ejercer desde otros ámbitos, eliminando los controles de conveniencia y oportunidad, que estarán expresamente prohibidos".
   Un ejemplo que pone es que la construcción de infraestructuras de competencia estatal autonómica "no puede conllevar la imposición al ayuntamiento donde se ubique de cargas u obligaciones económicas de ningún tipo que le obliguen, bajo mecanismos de naturaleza coactiva, a confinanciarlas a través de distintas fórmulas".
   En el documento enviado al Gobierno, la FEMP viene a insistir, como lleva haciendo desde anteriores legislaturas, en una financiación adecuada a las competencias de las entidades locales, una condición sin la que, según argumenta, "no estarán obligadas a asumir la competencia ni a prestar los servicios o realizar las actividades que de ella se derivan".
   Para la FEMP, existe una "absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias" de las corporaciones locales, razón a la que atribuye directamente la "escasez de recursos municipales".
   Así pues, reclama que las leyes que supriman o modifiquen cualquier tributo de percepción municipal, provincial o insular que mengüe los ingresos de las haciendas locales arbitrarán "medidas de compensación", además de dotar de "carácter incondicionado" a las transferencias que se reconozcan a las entidades locales por otras administraciones públicas".
   Para evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, la FEMP sugiere atenerse a los principios de estabilidad presupuestaria expuestos en la ley aprobada en el Senado la semana pasada, pero también a "mecanismos de colaboración" entre administraciones para, "desde la lealtad institucional, evitar la duplicidad del servicio".
   En cuanto a la concreción de las competencias que, para la FEMP, deben ejercer las entidades locales, el documento explica en una serie de puntos los requisitos para fijar esos servicios y actividades de los que, a su juicio, deben encargarse estas administraciones.
   A su juicio, no existe en la actual Ley de Bases de Régimen Local una "concreción suficiente de las competencias locales", ya que el listado de materias que incluye está "vacío de contenido competencial", lo que ha llevado a la "confusión en la realización de actividades y prestación de servicios".
   Así, propone que una futura ley de bases que sustituya a la actual reconozca la competencia de los municipios para intervenir en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra entidad, además de la inclusión en esa norma de una listado de materias en las que se reconoce un interés local relevante.
   Entre otras, la FEMP considera que deben ser competencia local las materias relacionadas con urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua potable, asistencia social primaria, seguridad, protección civil, tráfico y movilidad, promoción turística, políticas activas de empleo o padrón municipal.
   También sugiere que las leyes sectoriales estatales o autonómicas puedan ampliar las competencias establecidas, siempre previo estudio sobre la idoneidad de las mismas basándose en los "principios de autonomía, descentralización, proporcionalidad, subsidiariedad y suficiencia financiera".
   La FEMP cree que también hay que tener en cuenta las características demográficas, geográficas u organizativas del municipio, además de dotar de la financiación adecuada a estas corporaciones para que puedan ejercer dichas competencias.

Válcarcel niega tajante la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy intervenga la Comunidad Autónoma

BRUSELAS.-   El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha descartado de manera tajante este jueves la posibilidad de que el Gobierno central de Mariano Rajoy intervenga la Comunidad Autónoma porque ésta ha presentado las medidas de reajuste necesarias "para cumplir el compromiso de déficit" del 1,5 por ciento del PIB regional para este año como máximo en el marco de su nuevo plan de estabilidad presupuestaria.

   "No tenemos la más mínima duda de que los planes son los que la región necesita para cumplir el compromiso de déficit y por tanto no hay riesgo alguno de que haya intervención por parte de nadie. Así de claro se lo digo", ha explicado el dirigente murciano en declaraciones a la prensa desde Bruselas, donde esta tarde intervino ante el pleno del Comité de las Regiones de la UE, órgano consultivo que representa los intereses de las regiones europeas.
   Válcarcel ha dejado claro en este sentido que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha planteado "ningún tipo de trabas" al plan de reequilibrio autonómico remitido "con luz y taquígrafos" con las "medidas" que piensa impulsar para reequilibrar las cuentas autonómicas en el contexto actual de desaceleración económica.
   El presidente murciano ha recordado que Murcia lleva "haciendo planes de reequilibrios" desde 2010 para "ajustar el presupuesto a las realidades objetivas de la región de Murcia" y aunque ha reconocido que su presupuesto de 2012 se traduce en "una merca también importante porcentualmente hablando con respecto al anterior presupuesto" aprobado en diciembre pasado, ha insistido en que se debe adaptar a los presupuestos generales del Estado. "Hay que hacerlo así. De otra manera no se puede gobernar", ha recalcado.
   Valcárcel ha insistido en la importancia de contribuir a generar "confianza" en España en el actual contexto de crisis y ha considerado "peligroso" abrir un debate encaminado a "generar dudas en torno a si intervención sí, intervención no" por parte del Estado central si alguna comunidad autónoma incumple el objetivo del 1,5 por ciento del PIB regional de déficit máximo para este año.
   "Todo lo que sea generar dudas en torno a si intervención sí, intervención no, lógicamente no hace sino ahondar mucho más la quiebra de esa confianza", ha justificado.
   El plan de reequilibrio supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos.

UPyD-Aragón considera "impensable" un trasvase del Ebro

ZARAGOZA.- La coordinadora territorial de UPyD-Aragón, Cristina Andreu, ha propuesto realizar una gestión hidráulica "de país". Ha afirmado que es "impensable" realizar ahora un trasvase del río Ebro por su coste. 

  Tras reunirse la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, Cristina Andreu ha reclamado "una gestión integral del agua, pensando en la cuenca y el caudal ecológico".
   La coordinadora de UPyD-Aragón ha exigido que se tengan en cuenta las necesidades futuras de la comunidad autónoma y de todas las comunidades.
   Además, Andreu ha recomendado gestionar no solamente la oferta, sino también la demanda de agua. La líder de UPyD-Aragón ha expresado que "hoy por hoy hablar de trasvase es avivar las aguas, que aquí, en Aragón, siempre son revueltas".

IU-Verdes presenta una moción en la Asamblea Regional contra los peajes en las autovías

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado una moción en la Asamblea Regional para evitar que el Gobierno central ponga en marcha un plan para el pago de peajes a los vehículos que circulen por la red de autovías del Estado, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   La iniciativa insta al Gobierno autonómico a que reclame al Ejecutivo central que desestime el establecimiento de este impuesto en autovías españolas, por considerar que "únicamente tiene un fin recaudatorio".
   El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha opinado que la aplicación de esta medida demuestra que "la inoperancia del Gobierno, del PP, la vuelve a pagar la ciudadanía", y pone "en entredicho" el derecho a la movilidad.
   Pujante ha criticado que "no se aporte alternativa real" para evitar el impuesto como la potenciación de una red de transporte público que permita la movilidad de la ciudadanía desde un punto de vista "sostenible y eficaz".
   "Si seguimos así pagaremos hasta por respirar", ha concluido el dirigente de la federación de izquierdas.

No en las autovias de la Región

El coordinador Regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha manifestado la oposición de su formación política a la posibilidad de que se cobren peajes por el uso de las autovías de la Región.
   Sánchez cree que el Gobierno intenta sacar ingresos de "cualquier lado" sin importarle las repercusiones que esta "escalada de cobros" pueda tener entre los ciudadanos. Asimismo, Rafael Sánchez considera que la mayoría de las propuestas del PP tienen el denominador común de ser indiscriminadas.
   Además, el coordinador de UPyD considera que, de llevarse a efecto esa medida en la red estatal de autovías de la Región, habría muchos casos en los que no existiría una alternativa gratuita a la autovía de pago, "lo que resulta inaceptable".
   En este sentido, Sánchez ha citado el trayecto entre Murcia y Cartagena entre los que no tendrían posibilidad de alternativa gratuita, al ser la autovía A-30, en ese trayecto, el desdoblamiento de muchos tramos de la carretera nacional N 301.
   Rafael Sánchez ha subrayado que todavía queda mucho terreno de donde poder ahorrar "antes de poner más tasas y repagos indiscriminados".

El Ayuntamiento de Lorca recibe la aprobación a su plan de ajuste

LORCA.- El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha informado junto al concejal de Economía, Luís Amador, de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el plan de ajuste del Ayuntamiento, convirtiéndose en uno de los primeros municipios de España en recibir el visto bueno del Gobierno Central. 

   El primer edil ha explicado que "esta aprobación nos va a permitir poner en manos de las pequeñas y medianas empresas lorquinas casi 25 millones de euros, posibilitando que el Ayuntamiento elimine la deuda que mantenía con proveedores y contratistas". El alcalde ha calificado como "un losa muy pesada" la herencia recibida en este aspecto, al tiempo que ha asegurado que "hemos conseguido quitarnos de encima una carga que se estaba convirtiendo en insoportable".
   Francisco Jódar ha señalado que la recepción de estos 25 millones de euros "es una auténtica inyección de vida al tejido socioeconómico de nuestra comarca que nos llega justo cuando más la necesitábamos". En breve, ha remarcado, "los acreedores del Ayuntamiento van a recibir la cantidad que se les adeudaba. De hecho ya tenemos previsto celebrar un pleno extraordinario para la aprobación de este trámite, en el que procederemos a la formalización del procedimiento".
   Este pleno, ha añadido el alcalde de Lorca, será el próximo 15 de mayo. Además, antes del 25 de mayo, se concretará con el ICO el préstamo, y el dinero llegará a los proveedores durante el mes de junio.
   El primer edil ha subrayado "el efecto de dinamización que va a suponer esta medida, que permite al Ayuntamiento poner el contador de la deuda con proveedores a cero, al tiempo que limpiamos la era, como se suele decir coloquialmente".
   El préstamo del ICO posibilita que el Ayuntamiento cierre un préstamos de 25,8 millones de euros, una cantidad que se pondrá en manos de las PYMES a las que el Consistorio Municipal les debía dinero, y cuyo número se sitúa en 730. El alcalde ha aclarado, en este sentido, que se ha optado por no negociar "quitas" con las empresas, atendiendo a la difícil coyuntura que atraviesa el municipio, golpeado por la crisis y los efectos de los terremotos.
   El Ayuntamiento, con carácter previo, ha realizado una fase de información a los proveedores municipales cuyas principales fechas han sido 21 marzo (publicación del listado completo de proveedores municipales), hasta el 22 de abril (plazo para beneficiarse del nuevo sistema de pagos) y 8 mayo (periodo de verificación de facturas para los acreedores), según han informado fuentes municipales.
   Hasta el momento, y de acuerdo con los datos de los que dispone el área económica del Ayuntamiento, en torno al 99 por ciento de los acreedores se han adherido al proceso de pago.
   El alcalde de la localidad ha recordado que la deuda global existente en el Ayuntamiento se ha ido reduciendo paulatinamente desde 2007, año en el que la cantidad heredada por la actual administración ascendía a 105,4 millones de euros. Mediante la aplicación de sucesivas medidas de ahorro, el Consistorio redujo este 'guarismo', situándolo en 2010 en 98,2 millones, mientras que en la actualidad, se concreta en 93,1 millones.
   Jódar ha anticipado que a partir de ahora la gestión municipal se marca tres objetivos principales dentro del trabajo del área económica: la eliminación de la deuda comercial, "algo que se conseguirá gracias a los 24,8 millones de euros que se ponen en manos de los proveedores".
   Cumplir la ley de morosidad, "consiguiendo que la administración municipal pague en aproximadamente 40 días". Durante este año, ha apuntado, se está consiguiendo reducir ostensiblemente el periodo de pago a proveedores, de tal forma que las facturas registradas en enero se pagaron en abril, mientras que las de febrero se están pagando ya.
   Y por último la consolidación del equilibrio presupuestario, objetivo, ha concluido, "que ya se ha conseguido con las cuentas del año 2011".

El PSOE exige explicaciones a Cruz por "la compra realizada por Murcia Cultural de 500 libros suyos"

CARTAGENA.- El responsable de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Navarro, va a solicitar la comparecencia en Comisión en la Asamblea del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, para que explique "la compra realizada por Murcia Cultural de 500 libros suyos por los que se pagaron 3.000 euros, en septiembre de 2010". 

   En su opinión, el consejero "debe aclarar todo lo acontecido con este hecho, habida cuenta que es el consejero de Cultura y que quien compra sus libros es precisamente una empresa pública regional, vinculada a su Consejería". Por ello, el consejero de Cultura "tendrá que explicárnoslo por razones de ética y estética política", ha insistido.
   Para el Grupo Parlamentario Socialista, "resulta cuando menos sorprendente y abusivo que Murcia Cultural, que hasta 2008 compraba como máximo 100 libros de escritores murcianos considerados de interés, haya hecho una excepción con el propio consejero y haya quintuplicado la compra del número de ejemplares haciendo esta singular excepción".
   Asimismo, el diputado socialista va a solicitar información en la Cámara para saber "cómo se tomó la decisión de comprarlos, cuántos se han comprado, criterios de esa compra y en qué bibliotecas pueden encontrarse".
   También va a solicitar información sobre la compra de libros de otros autores murcianos desde 2007, dónde están distribuidos y criterios objetivos de compra, según fuentes del PSOE.
   "El consejero es autor de otros libros, por lo que es necesario saber si también se han comprado ejemplares de los mismos, y de ser así cuál ha sido su coste y cuáles han sido los criterios en los que se ha basado la compra", ha advertido.

Afectados piden el embargo de bienes gestionados por CAM desde Centroamérica

ALICANTE.- La Plataforma CAM ha pedido a la Audiencia Nacional el embargo tanto de cuentas como de propiedades que sociedades participadas por Caja Mediterráneo pudieron haber vendido a moradores físicos de Murcia y la Comunidad Valenciana a través de testaferros en las sucursales que CAM tenía en Centroamérica.

Esta petición también recoge la necesidad de rastrear acciones, cuentas corrientes, depósitos y valores que "presuntamente puedan tener financieros, políticos valencianos y murcianos -a nombre de sociedades piramidales interpuestas-, fideicomisos, testaferros, fundaciones o empresas creadas para tal fin" en dichas sucursales.
La iniciativa ha sido presentada por el abogado Diego de Ramón a través de un escrito de ampliación de embargo a las medidas ya solicitadas por la Plataforma en su querella popular, "a la que ya se han sumado más de 400 afectados", según ha apuntado el letrado.
De Ramón, que ha facilitado a los medios este escrito, asistió ayer tarde a una asamblea celebrada en Alicante con afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes de CAM, a los que ha informado de la situación jurídica de la querella popular presentada en la Audiencia Nacional el pasado 6 de marzo.
Su petición de embargo tiene como fin lograr que los afectados obtengan una compensación económica a través de la responsabilidad patrimonial que pudiera tener CAM.
Por ello, pide que los posibles embargos que se ejecuten se pongan a disposición de la Audiencia Nacional, la cual tendrá que dar cuenta al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales en el Banco de España.
En su escrito, el letrado informa que CAM estaba presente en EE.UU. (CAM Miami Agency), Islas Caimán (CAM Global Finance), México (CAM México) y República Dominicana (CAM República Dominicana).
"...Para resumir la operatoria entre CAM y sus participadas, la entidad tiene que operar necesariamente con oficinas locales en los sitios donde va a realizar sus inversiones, que casualmente son paraísos fiscales o las ilegales 'zonas francas' como les llaman algunos anglosajones", según recoge textualmente el documento.
En este sentido, se añade que "para operar en la zona del Caribe y Centroamérica, necesariamente necesita tender puentes con el Reino Unido y Holanda (Islas Caimán), Estados Unidos (Miami)" y para ello "se valió" de otras entidades bancarias no españolas.
Además, apunta como necesario que en el rastreo digital de cuentas y propiedades inmobiliarias colabore la Policía Federal Mexicana de Finanzas y la de Florida.
Por lo que respecta a los afectados, De Ramón ha manifestado que residentes alemanes, británicos, franceses, holandeses y belgas, propietarios de cuotas participativas o de participaciones preferentes, también se han sumado a la querella.
"Ya no son intereses nacionales, son europeos, y los jueces serán más celosos en el cumplimiento de sus obligaciones, pues tienen que preservar intereses internacionales, incluso con mayor celo que los nacionales", ha afirmado el letrado.

Bankia y Mare Nostrum, una losa para De Guindos / José Hervás *

Tras la caída de Lehman Brothers, las dificultades de Mare Nostrum podrían suponer un segundo tropiezo para De Guindos

Expertos conocedores del informe íntegro del Fondo Monetario Internacional sobre el sector financiero español dan por hecho que las dos entidades a las que se refería el resumen ejecutivo del organismo internacional, colocado en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad, son, además de la siempre mencionada Bankia, la SIP Mare Nostrum. De ser como dicen algunos expertos vendría a poner en una situación incómoda al ministro de Economía, que fuera consejero de Mare Nostrum y quien ejercía un gran ascendiente sobre las decisiones del todavía presidente del grupo y presidente de Caja Murcia, Carlos Egea Krauel. La solución no parece sencilla. Frente a quienes demandan decisiones rápidas sobre las cajas con problemas para acabar con la incertidumbre internacional sobre el sector, la respuesta de Economía es que el Banco de España no le apoya en las decisiones. 

Ordóñez querría no tener que intervenir ninguna otra entidad antes de agotar su mandato. Total le quedan 15 días. Y la intervención de Bankia o Mare Nostrum supondría el reconocimiento explícito del fracaso de su labor de supervisión. Y de paso un segundo tropiezo sonado de De Guindos. En el propio grupo parlamentario popular, además, algunos reiteran que al día de hoy la reforma financiera sigue sin hacerse o que se trata de una reforma fallida. El objetivo fundamental de la misma, volver a facilitar el crédito a particulares y para que las empresas puedan mantener su actividad, no se ha conseguido.
 
No todos se muestran críticos con De Guindos. Existen algunos que consideran que, pese deberle toda su carrera política y parte de la personal al ex vicepresidente del Gobierno, se han pasado al enemigo, cuestionando incluso la meritoria labor que está desempeñando la Oficina Económica del Gobierno para tratar de encontrar una solución adecuada. 

Lo de solución rápida sería más complicado conseguirlo. Los más de 200.000 millones de activos tóxicos de muy difícil cobro que calculan se mantienen en los balances de los bancos y cajas españoles exigirán más de un quinquenio para ser absorbidos. La sugerencia cada vez más invocada es apelar al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera que entrará en vigor el próximo 1 de julio, pese a que hasta ahora se ha considerado tabú. 

El talón de Aquiles 

En cuanto al grupo Banco Mare Nostrum, Sistema Institucional de Protección (SIP) formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, ya admitía que necesitaba más de 1.000 millones para hacer frente a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno tras aprobarse el pasado 3 de febrero el Real Decreto de reforma del sistema financiero.

En la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BMN cifraba en concreto en 1.039 millones sus necesidades en relación con la cobertura de las provisiones referidas a los activos en riesgo del grupo.

De ellos, 674 millones de euros corresponden a las nuevas exigencias relativas al reforzamiento del capital, mientras que los 256 millones restantes hacen referencia a las provisiones que el grupo debe alcanzar para cubrir así los activos tóxicos vinculados al sector del ladrillo.

Como ha venido siendo habitual desde la promulgación del decreto entre todas las entidades que necesitaban alcanzar los nuevos requisitos, también los gestores de BMN han confiado en que los excedentes redujeran en parte las necesidades de capital. Sus esperanzas se cifraban además en el saneamiento de las cuentas con la siempre socorrida apelación a la optimización de los recursos, el recorte de gastos y otras medidas para mejorar la eficacia de sus activos.

Y por supuesto confían en la prórroga a la que quieren agarrarse como clavo ardiendo si se hacen en la subasta con el Banco de Valencia. 

Las dificultades del grupo para poder cumplir con las nuevas exigencias no son nuevas. Ya hace ahora un año, cuando el Banco de España dio a conocer en marzo del 2011 las necesidades más modestas de recapitalización del grupo, según el plan ideado por Elena Salgado, llegó a hablarse de la renuncia de Carlos Egea que daría paso al prestigioso economista Luis de Guindos. Medios murcianos recordaban entonces que De Guindos era en ese momento consejero de la entidad y hombre muy cercano a Rodrigo Rato, con el que ocupó altos cargos en el Ministerio de Economía durante los gobiernos de Aznar. 

El relevo, decían entonces, tendría ya el visto bueno del propio Banco de España y de la sede central del PP en Génova 13, ante la no objeción del presidente del PP murciano y de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en aras de un entendimiento posible para incorporar a Caja Duero y Caja España, ambas radicadas en Castilla-León, feudo del PP, al banco 'Mare Nostrum'. 

Los directivos de ambas entidades castellanas parecían esgrimir su falta de entendimiento con Egea Krauel para no terminar de rematar un acuerdo y verse obligadas a negociar con 'Unicaja', en la órbita del PSOE. 

Es evidente que se trata de un capítulo no cerrado. Cuando un ministro dice que no descarta que las entidades creen sociedades intermedias para depositar sus activos inmobiliarios, es que ya están en ello. Y será un proceso de más de un día.

(*) Periodista


Reflexiones sobre la Universidad / César García *

Una de las pruebas irrebatibles que se ha hecho imprescindible a la hora de denunciar la falta de calidad de las universidades españolas es la baja clasificación que obtienen en los rankings internacionales, donde siempre aparecen del puesto 200 para arriba. Aunque la metodología que utilizan estos rankings, basada fundamentalmente en la publicación de artículos en revistas académicas de ciencias y tecnología en detrimento de las humanidades o de otros aspectos relacionados con la enseñanza, pueda ser discutible, son una buena orientación. Llorar y lamentarse, como hace la Comisión Europea, de que estos criterios siempre favorecen a las universidades norteamericanas, no sirve de mucho cuando el resto del mundo los sigue a pies juntillas.
Sin embargo, en esta ocasión, me gustaría hablar de otros aspectos que se suelen dejar de lado acerca de la experiencia universitaria en España y que contribuyen activamente a su desprestigio.

El primero de ellos tiene que ver con el escaso interés que tiene como experiencia vital. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos, ir a la universidad supone un rito de paso, ya que suele implicar abandonar el hogar paterno y enfrentarse a los desafíos de la vida cotidiana (convivencia con otras personas, sexo, alcohol, trabajo, etcétera) en solitario, en España ir a la universidad apenas supone para una mayoría de estudiantes trasladarse a otro barrio y bajarse en otra parada de autobús o estación de Metro. El resto de las constantes vitales, como seguir viviendo en casa de los padres o salir con los mismos amigos, permanecen inalterables. El riesgo en términos monetarios o coste de oportunidad también es mínimo, ya que los alumnos españoles sólo vienen a pagar el 15% de la matrícula (desde ahora el 30%). Un hieratismo que se traslada a una enseñanza que empieza y termina en el aula y fundamentalmente basada en atender a las explicaciones del profesor, realizar exámenes y quizá escribir algún trabajo.

Esta capacidad de decidir por parte del universitario también se manifiesta dentro del aula, donde la percepción de la autoridad del profesor no liquida la posibilidad de un intercambio de ideas u opiniones acerca de un determinado tema. El estudiante no siente complejo de recoger el guante de una determinada pregunta del profesor en voz alta y existe en general una buena predisposición a embarcarse en el método socrático de búsqueda de la verdad, algo lejano en la universidad española en la que el estudiante protege su libertad marcando distancias con los profesores.

El escaso entusiasmo que en España suscita la experiencia universitaria se agudiza por la inexistencia de un auténtico mercado universitario y la ausencia de competencia entre los centros, ya que los estudiantes no encuentran ningún motivo para ir a una universidad fuera de su ciudad o región, ya que todas ofrecen más o menos lo mismo. Los campus tienen todos más o menos la misma estética y el marketing y la construcción de marca huelgan por su ausencia al tener una clientela cautiva. No deja de llamarme la atención, en una de las universidades con más estudiantes del mundo como es la Complutense, no ver ni una sola sudadera con su logotipo por las calles o que en la facultad de Ciencias de la Información la librería todavía tenga un formato de ventanilla en el que los estudiantes ni siquiera tienen la oportunidad de tener contacto físico con los libros.

La creación de universidades a la puerta de casa ha promovido el localismo hasta niveles inimaginables hace décadas cuando al menos había universitarios que se desplazaban a Madrid, Barcelona u otras ciudades a ampliar horizontes. Este localismo también es favorecido por la disponibilidad de fondos públicos de carácter regional que hacen que el profesorado se centre en no pocas ocasiones en investigaciones de ámbito muy local como requisito para acceder a los mismos.

En Estados Unidos la competencia se manifiesta en varios aspectos fundamentales: la existencia de un mercado de profesores dispuestos a moverse y que pueden contratarse con la misma libertad con la que una empresa contrata a cualquier tipo de empleado; un mercado de estudiantes que buscan recibir la mejor educación posible; y un mercado de empresas y agencias que, en su mayoría con dinero privado, desarrollan actividades investigadores en campos diversos.

Frente al complejo entramado burocrático que requiere la contratación de profesores en la universidad española, la estadounidense se caracteriza por la libre contratación de docentes. Enviar un currículum y unas publicaciones, pasar una serie de entrevistas y realizar una demostración docente son los requisitos para optar a una plaza de profesor en cualquier universidad. La contratación es al 100% realizada a gusto de los departamentos y el porcentaje de doctores que suelen terminar en la misma universidad en la que realizaron el doctorado es mínimo, justo al contrario de lo que sucede en la universidad española donde la endogamia y las relaciones personales siguen poseyendo un alto valor añadido. Mientras que en España la vida universitaria se asemeja a la de un árbol, es decir, nacer, desarrollarse y morir en el mismo sitio, en Estados Unidos el aperturismo genera una dinámica de competencia entre las universidades por contratar a los mejores profesores y entre profesores por realizar los méritos suficientes para trabajar en los mejores centros.

La burocracia afecta fundamentalmente a la función pública, donde la política de ascensos y los plazos están fijados de antemano. Me pregunto qué motivación puede tener un profesor titular de universidad si tiene garantizada una plaza de por vida y unos suplementos salariales que se perciben en función de la antigüedad y con independencia de la calidad de las clases o el número de publicaciones. Es, como casi todo en España, una cuestión de dejar que pase el tiempo. Ello sin entrar en el tema del tipo de incentivos que se ofrecen: las promociones una vez que se tiene la plaza suponen 200 o 300 euros mensuales de diferencia. Al no existir mercado por las altas barreras burocráticas se da la circunstancia de que todos los profesores titulares cobran más o menos lo mismo en cualquier universidad. ¿Se imaginan un profesor laureado de la Universidad de Berkeley cobrando igual que otro en la Universidad estatal de West Virginia?

Al igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación las universidades americanas tratan de ofrecer los mejores productos, es decir, programas más interesantes y la mayor cantidad y calidad de actividades posibles para captar los mejores estudiantes. Es un fenómeno que se retroalimenta y recíproco, cuanto más prestigio tienen los profesores de los departamentos, atraen mejores estudiantes y viceversa. El resultado es una alta capacidad innovadora y gran flexibilidad para adaptar los programas académicos a las necesidades de los estudiantes y de toda la sociedad .

No en vano, en Norteamérica existen multitud de rankings que establecen el prestigio de cada universidad según un conjunto de parámetros como relación calidad-precio, atención al alumno, la calidad del profesorado e incluso la calidad de vida en el campus. A diferencia de España, los universitarios americanos no saben en qué universidad van a terminar después de acabar high school (bachillerato). Lo normal es solicitar plaza en varias universidades al mismo tiempo teniendo como único criterio la calidad y no necesariamente la cercanía a su domicilio. De hecho, toda aquella familia que puede permitírselo suele enviar a sus hijos a estudiar a universidades fuera del área normal de residencia al entender que favorece el crecimiento individual.

Una experiencia vital más rica y un mercado más abierto redundaría en una mayor diversidad de estudiantes y de profesores que elevaría el nivel académico general. España, gracias al idioma, al clima y a la calidad de vida, podría tener opciones de atraer talento académico como sucede en EEUU, donde no siempre el salario es lo más importante para atraer a los mejores profesores. Pero para ello hay que tener el liderazgo necesario para hacer reformas de verdad y no sólo recortes.

(*) César García (Madrid, 1970), doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor de comunicación en la Central Washington University

miércoles, 2 de mayo de 2012

IU-Verdes cree que el anuncio de Cámara sobre La Paz es una muestra del "abandono municipal a los vecinos"


MURCIA.- IU-Verdes ha afirmado este miércoles que el anuncio del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en relación a que el proyecto de rehabilitación del barrio de La Paz sigue en marcha por la aprobación de los estatutos de la Junta de Compensación, "es una muestra palpable del abandono municipal a los vecinos de este barrio".

   Para la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, "es vergonzoso que el alcalde siga sosteniendo la eterna mentira sobre la rehabilitación de La Paz y que a estas alturas, fracaso tras fracaso, siga sin tener nada que ofrecer a los vecinos de este barrio".
   "A excepción de comprometerlos en un proyecto en el que los propios vecinos deben de asumir como promotores más de cien millones de euros tan sólo en gastos de urbanización", ha puntualizado Herguedas, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   Herguedas recuerda que los estatutos ahora aprobados "llevan más de dos años dando vueltas por las dependencias de Urbanismo sin salir adelante dadas las graves deficiencias detectadas".
   A la espera de poder analizar con detenimiento su contenido, la edil insiste en que el sistema de compensación que se propone en La Paz "es un engaño y una trampa para los vecinos". 
"La elección de este sistema supone que en la práctica este barrio no se va a rehabilitar nunca", ha concluido.

El FROB presentará en "próximas fechas" una demanda en el juzgado contra las prejubilaciones de la CAM

VALENCIA.- El administrador provisional del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Banco CAM SA, José Antonio Iturriaga, ha explicado este miércoles que el tema de las prejubilaciones de directivos de la entidad está actualmente "en estudio" y ha asegurado que en las "próximas fechas" presentarán una demanda al respecto "en el ámbito procesal y jurídico adecuado".

   El administrador del FROB se ha expresado en estos términos durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes, presidida por el diputado 'popular' Rafael Maluenda, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del parlamentario socialista Vicent Esteve, que ha fallecido esta semana a los 49 años.
   Preguntado por los grupos parlamentarios sobre la retribuciones de los miembros del consejo de administración y de los altos cargos de la entidad alicantina, Iturriaga ha asegurado que tanto el FROB como el Banco de España han llevado a cabo una serie de investigaciones sobre este asunto que, además, también se está tratando de aclarar por parte de los tribunales.
   En otro momento de su intervención, José Antonio Iturriaga se ha referido a los "grandes factores" que han contribuido al "deterioro" de la entidad alicantina. Entre ellos, ha destacado el crecimiento de más del 300 por ciento de los créditos concedidos entre 2002 y 2008, "con una significativa concentración hacia el sector inmobiliario, que incluso siguió aumentando cuando se atisbaba la crisis".
   Otras causas que, en su opinión, han llevado a la CAM a su intervención por parte del Banco de España son los "elevados" ratios de morosidad; el "excesivo" nivel de dependencia de los mercados mayoristas y las "deficiencias significativas" en el sistema de control de la entidad. También se ha referido a la política de "huida hacia delante, de no reconocimiento de la situación de crisis".
   El administrador provisional del FROB en Banco CAM ha resaltado que los "principales responsables de donde hemos llegado son, sin lugar a dudas, el consejo de administración y los altos directivos de la entidad". A juicio, "el consejo de administración no ha tenido la diligencia adecuada".
   Iturriaga ha explicado que la intervención de CAM y Banco CAM fue solicitada por los consejos de administración de ambas entidades "ante la imposibilidad de encontrar una solución viable para la recomposición de su situación patrimonial y de liquidez".
   El representante del FROB, quien ha subrayado que el capital total inyectado por parte del Fondo a Banco CAM ha sido de 5.249 millones de euros, ha señalado que el proceso de subasta de Banco CAM está sujeto a una serie de autorizaciones preceptivas y, en la actualidad, solo falta el documento de la Unión Europea, aunque cree que estará disponible "en las próximas dos semanas".
   El diputado del PP David Serra, en su intervención, ha subrayado que los mecanismos de control de la entidad y los órganos de supervisión "han tenido a lo largo de los años una actividad que no ha funcionado como debía de haber funcionado" y, al respecto, ha instado a Iturriaga a explicarlo. También le ha interrogado sobre la obra social y a cerca del nivel de riesgo que tiene Banco CAM con el Consell.
   Al respecto, el administrador provisional del FROB en Banco CAM ha manifestado que "el nivel de riesgo que Banco CAM tiene con el conjunto de la administración de la Generalitat es del 10 por ciento, cuando su cuota de mercado está en el 14 por ciento".
   Por su parte, el parlamentario del PSPV Ángel Luna ha explicado que el objetivo de esta comisión es "investigar un procedimiento nefasto para los intereses de los valencianos" y, en esta línea, ha criticado que en la documentación facilitada hay "incomprensiblemente un vacío". "Me da la sensación de que ustedes han dirigido la investigación hacia donde querían y han enseñado lo que querían enseñar", ha dicho Luna dirigiéndose a Iturriaga.  
   El representante socialista ha preguntado al administrador del FROB "por qué no se actuó antes; a qué esperó el Banco de España ante una situación que se iba degradando a los ojos de todos".
   Asimismo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha destacado que ante la "nefasta gestión y descontrol" de la entidad alicantina, la ciudadanía tiene muchos preguntas. Entre otras cuestiones, Mollà ha preguntado a Iturriaga sobre la situación de las cuotas participativas, sobre las retribuciones e indemnizaciones y sobre las competencias de control que tienen el Instituto Valenciano de Finanzas y el Banco de España.
   Por parte de EUPV el diputado Lluís Torró ha expresado su "perplejidad" por cómo "una entidad de las dimensiones, la tradición y la historia de la CAM en un abrir y cerrar de ojos pasa de una situación de beneficios y tranquilidad a otra de caos". Al respecto, ha preguntado por las perspectivas de futuro de la CAM y sobre qué pasará con la obra social.
   Iturriaga, en su segunda intervención, ha explicado que la CAM fue la única entidad en el mercado que emitió cuotas participativas, que son "análogas a las acciones" y cuyo valor va "en consonancia con el de la entidad". En esta línea, ha señalado que el folleto de emisión de las cuotas participativas establece un criterio de reparto que "ha dado que el valor de las cuotas participativas a 31 de diciembre es cero", por eso "CAM, en nuestra humilde opinión, no tiene que hacer frente" a ningún pago al respecto.
   Por otro lado, ha indicado que una fundación regulada por las normas de la Generalitat  será la encargada de llevar a cabo las actuaciones propias de la obra social. Para ello, "se están trabajando los estatutos" de nueva fundación con las 'conselleries' de Justicia y de Economía y con el Instituto Valenciano de Finanzas. En otro orden de cosas, ha explicado que están estudiando que la CAM se salga de Terra Mítica "y de otras inversiones que no son estratégicas".
   Luna ha propuesto que Iturriaga tuviera un nuevo turno de intervención y se suprimieran las comparecencias de otros dos administradores provisionales del FROB en Banco CAM --Tomás González y Bernicio Herranz-- previstas para este miércoles, lo que han aceptado por unanimidad todos los grupos parlamentarios. Maluenda ha agradecido a González y a Herranz su "buena disposición" y "colaboración" con la comisión de investigación.
   La primera sesión de comparecencias de la comisión de investigación sobre la CAM se ha prolongado durante unas cuatro horas y continuará con la intervención del ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada.

Archivo histórico y Hemeroteca de Murcia digitalizan 133.763 documentos de los siglos XVI, XVIII, XIX y XX

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia continúa digitalizando su base documental. En la última fase se han digitalizado un total de 63.763 documentos de archivo y de hemeroteca pertenecientes a los siglos XVI, XVIII, XIX y XX.

   La archivera municipal, María Ángeles Jover, ha destacado, la Ejecutoria de Doña Juana sobre la pesca en el Mar Menor que data del siglo XVI.
   Otros documentos del Archivo son las Actas Capitulares del siglo XVIII (1701-1800), un total de 99 libros. También 8 libros de cartas reales de los Cartularios Reales, del siglo XVI, así como otros 70 documentos del siglo XVI. Estos últimos "son los documentos reales, recibidos en Murcia que afectaban al Consejo Murciano y al resto de los consejos del reino de Murcia". En total, del Archivo Histórico, son 63.763 imágenes.
   Por otra parte, de la Hemeroteca, se han reproducido 68 nuevos títulos de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX publicados en Archena, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Murcia -la mayoría son de esta ciudad- y Yecla. En total son 70.000 nuevas imágenes digitalizadas.
   "Hay títulos muy importantes de otros lugares como es 'El Cantón murciano que estaba parcialmente digitalizado pero no completo; también el 'Diario de Cartagena', que es un periódico de principios del siglo XIX". Y de Murcia destaca 'Las Provincias de Leante', el 'Heraldo de Murcia'.
   La archivera municipal ha explicado que la digitalización se lleva a cabo dentro del Archivo Municipal y se encarga a empresas expertas en el manejo de documentación antigua. Además utilizan escáners aéreos para evitar lo máximo posible el contacto con los documentos.
   En el año 2002 comenzaron las digitalizaciones en la Hemeroteca, en el año 2005 en el Archivo y en el 2008 en la Biblioteca. María Ángeles Jover ha recordado que todos los documentos digitalizados se pueden ver en la página web.

Hacienda aprueba el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de San Pedro que permitirá pagar más de 5.300 facturas

SAN PEDRO DEL PINATAR.- El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha recibido la valoración favorable, por parte del Ministerio de Hacienda, del Plan de Ajuste local, aprobado en el Pleno del pasado 28 de marzo para acceder a las operaciones de crédito a largo plazo con las que se financiarán los pagos pendientes a más de un millar de proveedores.

   La alcaldesa del municipio, Visitación Martínez, ha explicado que la aprobación del Plan de Ajuste permitirá la concertación de operaciones de préstamo a largo plazo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), necesarias para el pago de 5.307 facturas.
   Según ha señalado, "alrededor de 1.000 proveedores, a los que se adeuda 17,13 millones de euros, ya han aceptado cobrar a través de este mecanismo de financiación, regulado por el Real Decreto 4/2012".
   Por ello, ha destacado que "gracias a esta herramienta de financiación dotada por el Gobierno central la mayoría de los acreedores del Ayuntamiento verán aliviada la difícil situación en la que se encuentran debido, en gran medida, a la nefasta gestión del anterior equipo de Gobierno socialista, que dejó las arcas municipales en una situación crítica".
   La primer edil ha indicado que la valoración favorable del Ministerio de Hacienda ratifica que el Plan de Ajuste presentado por el Ayuntamiento es un "documento veraz y técnicamente contrastado, que permitirá al Consistorio alcanzar y mantener el equilibrio en las cuentas públicas y asumir el pago a proveedores".
   Asimismo, ha resaltado que este Plan de Ajunte "es el reflejo de la política económica iniciada por el equipo de Gobierno desde el inicio de legislatura, basada en la austeridad, la transparencia y la eficiencia en la gestión, pilares que fueron también la base de los presupuestos para este ejercicio".
   La alcaldesa ha incidido en que este Plan de Ajuste "lleva aparejado un gran esfuerzo para la tesorería municipal, ya que incluye el compromiso de mantener la contención en el gasto y desarrollar medidas de ahorro que permitan al Consistorio asumir las obligaciones del crédito, a la par que asegurar el correcto funcionamiento de los servicios municipales", según fuentes municipales.

Aprobado el plan de ajuste del Ayuntamiento de Torre Pacheco que permitirá pagar más de 3.600 facturas

TORRE PACHECO.- El Ministerio de Hacienda ha informado favorablemente el Plan de Ajuste Económico y Financiero presentado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, dentro del Real Decreto establecido por el Gobierno de España para establecer un mecanismo de financiación de los pagos a proveedores de las entidades locales.

   De este modo, se permitirá la financiación del pago a los 398 proveedores a los que se les adeudan un total de 3.673 facturas, según fuentes municipales.
   Casi el 100% de los proveedores (99,7 por ciento) se han adherido a este plan gracias al cual podrán acudir a las entidades bancarias y cobrar las facturas pendientes de pago.

Un mínimo de 5.000 habitantes, una de las opciones para agrupar ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha trabajado con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos, según informaron fuentes del Ejecutivo, con el fin de ahorrar gastos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

   Esta, la posible fusión de municipios, es una de las cuestiones que podrían estar mañana sobre la mesa en la reunión que tendrán el grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el catálogo de competencias de los ayuntamientos españoles.
   La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales, así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá ejercer cada una de ellas, es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días. Y esto es así por varios motivos, uno de ellos porque hasta la fecha los ayuntamientos estaban ejerciendo una serie de competencias que no tenían asignadas, pero también lo es porque dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
   Sin embargo, sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir, que el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.
   Por ello, una de las opciones con las que ha estado trabajando el Ministerio, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o por no poder ejercer competencias en solitario. En la actualidad el número de municipios españoles asciende a más de 8.000, pero esta cifra es considerada elevada por el Ejecutivo y así lo ha manifestado en público alguno de los ministros.
   Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades.
   La reordenación en profundidad de la administración local y sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante, aunque hasta la fecha no se había concretado.
   Sin embargo, ahora se perfila como una cuestión de cierta urgencia, teniendo en cuenta que esta, además, es una de las reformas que ha citado el Gobierno en su Plan de Reformas que ha enviado a la Unión Europea. De hecho, mañana está previsto que un grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la FEMP se reúnan para abordar estas cuestiones y revisar también el informe que ha concluido la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".
   Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales. Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas.

CHA "estará enfrente del Gobierno" si recupera el trasvase del Ebro"

ZARAGOZA.- El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha asegurado que su partido "estará enfrente del Gobierno español en caso de que recupere el trasvase del Ebro", después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, "no nos ha dicho que no se iba a hacer".

   En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, presidida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, Palacín ha mostrado su "indignación" y una "preocupación importante".
   "Pensamos que es una tomadura de pelo a los aragoneses que se vuelva a hablar de recuperar el trasvase del Ebro", ante al cual "salimos infinidad de veces a la calle y que creo que tendremos que volver a salir" porque CHA "tendrá una oposición frontal" al mismo.
   Asimismo, ha preguntado al Gobierno de Aragón "cómo permite que el señor ministro no niegue el trasvase del Ebro, cuando, en estas Cortes hemos aprobado hace escasas fechas una iniciativa que decía que las Cortes estaban en contra de ese próximo trasvase del Ebro".
   Palacín también ha criticado que "estamos volviendo a vivir un ataque frontal a nuestros ríos" y el ministro "no nos ha querido contestar nada del caudal ecológico" por lo que "nuestros ríos van a tener serios problemas en las próximas fechas con la bajada del caudal ecológico que marca el plan de cuenca".
   Joaquín Palacín ha argumentado, respecto a las obras hidráulicas del recrecimiento del embalse de Yesa y de la construcción de Biscarrués, que "estamos viviendo el enfrentamiento de dos modelos, uno que apuesta por el despilfarro de recurso ambientales, del agua, una de las mayores riquezas que tendremos en el futuro los aragoneses" y también "por el despilfarro de recursos económicos".
   En este sentido, ha apuntado que Yesa se licitó en un primer momento por "109 millones de euros y vamos por 300 millones", mientras que desde CHA "apostamos por un aprovechamiento adecuado de los ríos" y de los recursos económicos, especialmente en un momento de crisis.
   Sin embargo, ha manifestado, se quiere impulsar "una política que rompe la equidad territorial", en la que "unos están por encima de otros", sin que se resuelvan los problemas porque "los regantes siguen sin poder regar y los habitantes del territorio siguen con esa espada de Damocles que les está coartando su desarrollo con la posible pérdida de trabajo en algunas zonas, como la Galliguera".
   Por eso, ha esgrimido que "se habla de consenso, cuando existen soluciones mucho más técnicas y baratas", y en el caso de Yesa "existen otras soluciones mucho mejores" y "no estamos de acuerdo con la respuesta sobre la inseguridad de los desprendimientos de laderas", que "no es un pequeño problema", sino que "desde hace tiempo se está produciendo y aquí parece que es algo normal".
   Además, "no entendemos cómo se están quitando tierras" para "carreteras que no serían necesarias, si no se recupera la cota máxima" de forma que "parece una tramitación oscura y compra de voluntades".
   El diputado de CHA ha subrayado que "tampoco existe consenso" respecto a Biscarrués ya que es una obra con "muchos problemas medioambientales" y "se pierde un desarrollo en la zona y puestos de trabajo", si bien hay "soluciones más baratas y más sostenibles, como los embalses de Valcuerna y Almudévar, que solucionarían los problemas de los regantes de forma más rápida".
   Finalmente, ha expuesto que su modelo en política hidráulica es el embalse de San Salvador, en el que "ha habido diálogo y participación del territorio" y "sí ha habido un consenso de regantes y de los territorios que se van a ver afectados" por la obra.

La Comunidad Autónoma debe ayudas a productores de frutos secos "con las que está pagando otros compromisos"

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista defenderá dos mociones este viernes en la Asamblea Regional con el fin de que la Comunidad Autónoma pague a los productores de frutos secos de la Región las ayudas correspondientes a 2010, y para solicitar a la Unesco que se declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad las abejas y la apicultura.

   Así lo ha explicado diputado regional socialista Manuel Soler, quien opina que "el Gobierno regional debe pagar con carácter de urgencia a los productores porque ya llevan un gran retraso, de un millón de euros, a los que hay que sumar los dos millones que tiene del Gobierno central".
   En rueda de prensa, Soler ha explicado que la extensión media declarada en Murcia con derecho a estas subvenciones está en torno a las 65.000 hectáreas de frutos secos.
   "El último año que los productores recibieron con normalidad la ayuda fue en 2009, donde se ingresaron 16 millones de euros entre algo más de 6.000 productores de frutos secos", ha apuntado el socialista, quien ha detallado que de esta cantidad, 10 millones proceden de la Comunidad Económica Europea, tres millones del Ministerio de Agricultura y otros tres de la Comunidad de Murcia.
    A partir de entonces, los tres millones de la Comunidad Autónoma son rebajados a "tan solo" un millón, "pero lo más preocupante es que no han cobrado ni la mayor parte de los 3 millones del Gobierno de la Nación ni el millón del Ejecutivo regional".
   De esos 4 millones, ha añadido, "los productores de frutos secos, principalmente de almendra, solo han cobrado 1,3 millones de euros". Por lo que el PSOE considera "de extrema gravedad" que con este dinero "se estén pagando otros compromisos del Gobierno de Murcia".
   Al tiempo que ha aclarado que los productores de frutos secos sí que han cobrado las ayudas comunitarias correspondientes al ejercicio 2010 (153,63 euros por hectárea).
   Por otra parte, el diputado regional, que espera el apoyo de los demás grupos parlamentarios, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista defenderá este viernes una moción en la Asamblea Regional para solicitar a la Unesco que se declare las abejas y la apicultura, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
   Y es que, ha acentuado, "en la Unión Europea hay alrededor de 700.000 apicultores, de los cuales cerca de un 97 por ciento no son profesionales y representan aproximadamente el 67 por ciento de las colmenas de la UE y la producción de miel en la UE se estima en 200.000 toneladas".
   Al hilo, Soler ha indicado que, además de producir miel, las abejas son muy importantes para la agricultura en general, y en particular en el cultivo de frutales, especialmente el almendro, porque con la polinización se consigue un aumento en las producciones. "Sólo en el sector agrario en España el beneficio se estima en más de 4.000 millones de euros, y en todo el mundo está considerado en torno a 153.000 millones de euros", ha subrayado.
   A esto se une, ha resaltado, "el beneficio medioambiental que juega la abeja en los ecosistemas es imprescindible para la humanidad". De hecho, "un tercio de la dieta humana procede directa o indirecta mente de la polinización realizada por las abejas", ha añadido el socialista, quien ha recordado que la miel, como integrante de la dieta mediterránea, fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2010.
   En la Región de Murcia existen en torno a cien apicultores profesionales y unos 200 aficionados, que son propietarios de 100.000 colmenas. Pero en los últimos tiempos, entre las fuertes heladas que han retrasado la floración, y los ataques que se vienen produciendo por el parásito asiático llamado 'Varroa' "han desaparecido el 30 por ciento de las colmenas".
   Además, ha señalado, publicaciones científicas informan de ciertos estudios realizados, entre ellos el del ecologista del Instituto Nacional de Agricultura francés Mickael Henry, que investigó los efectos de un pesticida a base de neonicotinoides. "Se pudo comprobar, según el investigador, que muchas abejas afectadas no volvían a sus colmenas, ya que el pesticida produce un ataque a su sistema nervioso y éstas pierden la memoria, aparte de que se constató una importante reducción en el peso de los insectos, y una disminución del 85% de las abejas reinas", ha afirmado.
   Con todo esto, el diputado socialista ha destacado que la rentabilidad para los apicultores es casi inexistente, "pues cada uno de ellos tiene que invertir más de 6.000 euros al año en tratamientos para controlar el parásito".
   Así ha recordado las Jornadas estatales sobre Apicultura celebradas por COAG en octubre de 2010, donde se elaboró un manifiesto en el que se solicitaba que las abejas y la apicultura fuesen declaradas Patrimonio de la Humanidad; "las cooperativas de ámbito nacional, otras organizaciones profesionales agrarias, y la asociación de apicultores de la Región de Murcia también lo están demandando", ha afirmado.
   Por ello, ha concluido, "desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la declaración de Patrimonio Inmaterial de las abejas puede ayudar ha que las Administraciones tomen conciencia de la importancia que la apicultura tiene para el planeta, y pueda ser de utilidad para encontrar solución a algunos de los problemas que tiene este sector".

Ana Pastor: la integración de FEVE en Renfe y Adif será "muy positiva"

OVIEDO.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha indicado que el Gobierno trabaja en la integración de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en Renfe y en Adif, lo que "va a ser muy positivo para todos", además de suponer una mejora en eficiencia y un ahorro de costes. 

   Pastor, que ha eludido responder si la medida tendrá repercusión en términos de plantilla, se ha referido a FEVE y Renfe como dos compañías "hermanas", que "pueden trabajar de forma conjunta".
   Del mismo modo, y preguntada sobre el cobro adicional para circular por autovías que estudia el Ejecutivo, ha señalado que el Gobierno de España y el Ministerio de Fomento trabajan para que el sistema de transporte sea "eficiente, de calidad y con la menor carga posible para el erario público".
   "Estamos trabajando en la línea de hacer más eficiente el transporte público", se ha limitado a responder al ser preguntada sobre los detalles de la medida.

Anticorrupción ya está en la pista de antiguos gestores de la CAM

MADRID.- La Plataforma de Afectados por la CAM ha solicitado a la Audiencia Nacional nuevas diligencias de investigación, dentro de la causa abierta en noviembre contra los antiguos directivos de la entidad por presuntas irregularidades en la gestión, según el escrito presentado.

   De esta forma, los más de 400 afectados personados en la causa acumulan peticiones de diligencias como la comparecencia en calidad de imputados de más de una decena de los antiguos gestores de la caja alicantina, el embargo de sus bienes, el rastreo de cuentas en el extranjero o el depósito de 4,6 millones de euros de fianza para cubrir las pérdidas sufridas, entre otras.
   La instrucción de la causa está paralizada a la espera de que se nombre un nuevo juez titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 en sustitución de Fernando Grande-Marlaska, que admitió la denuncia y que ahora ha pasado a ocupar la presidencia de la Audiencia Nacional.
   Hasta el nuevo nombramiento, la instrucción la ha asumido el titular del Juzgado de Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Sin embargo, no es previsible que Velasco avance con la causa hasta la llegada del nuevo juez, según explicaron fuentes jurídicas.
   Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción está a la espera de recibir un informe encargado al Banco de España sobre las presuntas irregularidades de los antiguos gestores de la caja alicantina. Además, el juez tendrá que pronunciarse sobre la reciente personación de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   En su nuevo escrito, la Plataforma, representada por el abogado Diego de Ramón, pide que se anule la segregación del Banco CAM de la antigua caja de ahorros, aprobada el 21 de junio de 2011, antes de su posterior adjudicación al Banco Sabadell en diciembre de 2011.
   Los afectados consideran que esta medida supuso un "presunto fraude" a los acreedores de las participaciones preferentes, porque estos productos de inversión se quedaron en la caja de ahorros y no fueron traspasados a Banco CAM, por lo que éste no "tiene que responder" por ellos.  
   Además, solicitan el embargo de las propiedades inmobiliarias y de las cuentas corrientes depositadas en sociedades participadas por la CAM en México, Reino Unido, Estados Unidos y Holanda.
   La querella acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa" de que "podían retirar sus inversiones en todo momento" y de que la entidad tenía beneficios, cuando al cierre de 2011 registró unas pérdidas de 2.700 millones de euros.
 La CAM fue intervenida por el Banco de España el 22 de julio de 2011.

El Gobierno fijará las reglas para que la banca segregue activos inmobiliarios

BRUSELAS.- El Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas para que la banca segregue sus activos inmobiliarios dudosos y los desconsolide de su balance, pero no aportará "en principio" ayudas públicas con el fin de facilitar el proceso, según ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. La operación podría afectar hasta 170.000 millones de activos problemáticos.

   De Guindos se ha reunido este miércoles a petición propia con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, responsable del control de ayudas públicas. Ambos "han mantenido una conversación general sobre el sistema financiero", según el portavoz de Almunia.
   El ministro de Economía no ha dado tampoco detalles sobre la reunión y se ha limitado a señalar que "el comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado".
   De Guindos ha explicado que las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno ha exigido a la banca para sanear sus activos inmobiliarios -ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas- ya los sitúan "en valores de mercado".
   "A partir de ahí, lo que se facilita enormemente es el proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.  Y eso es lo que de alguna forma se va a favorecer en los próximos días", desde ahora y hasta finales de año, que es el plazo máximo que se ha dado a la banca, ha señalado.
   Esta segregación, ha resaltado De Guindos, tiene dos implicaciones positivas para las entidades: en primer lugar, "reduce los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario" y además les permite "dedicarse a ser bancos y no a ser inmobiliarias".
   "Es un planteamiento que además se va a hacer con absoluta transparencia, se va a hacer con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que son las adecuadas y que consideramos que son atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos", ha sostenido.
   En este proceso, el Gobierno y el Banco de España se limitarán a establecer "cuáles son las reglas para que efectivamente eso se produzca", pero no aportarán ayudas públicas. "En principio, si la valoración es la correcta, que el planteamiento es que la valoración es la correcta, son operaciones de mercado", ha sostenido.
   Así, la creación de sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos no será iniciativa del Ejecutivo sino que "dependerá de los planteamientos que hagan las entidades".
   La segregación, ha resaltado De Guindos, "podría llegar a afectar a 170.000 millones de euros", que son los considerados dudosos a finales de 2011 según se recoge en el decreto ley que obligaba a las entidades a aumentar sus provisiones.
   En su opinión, en estos momentos "donde está el problema es en el suelo" porque "en estos momentos no existen transacciones en España". Pese a la rebaja de precio del 80%, "antes de que empiece a haber transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente en nuestro país".
   Por lo que se refiere a la vivienda terminada, el ministro de Economía ha defendido que el descuento del 35% de media "es relativamente bastante adecuado y bastante próximo a lo que es las demandas del mercado". "Los bancos están vendiendo muchas viviendas terminadas y está habiendo un proceso de reducción de la vivienda terminada en los balances de los bancos", ha agregado.
   Además, De Guindos ha vuelto a pronosticar que "se van a ir produciendo operaciones de fusiones y de adquisiciones adicionales en el ámbito de las cajas de ahorro como ya hemos visto alguna en las últimas semanas".
   "También puede haber actuaciones adicionales desde el punto de vista de las provisiones por cada uno de los bancos", ha vaticinado el ministro. Y ha puesto de ejemplo a una entidad, a la que no ha identificado, que ya ha cumplido durante el primer trimestre con las exigencias de provisiones del real decreto y que a su juicio aun así seguirá aumentándolas durante el resto del año.