Las exportaciones murcianas crecen un 52% anual en febrero con el principal incremento de productos energéticos

MURCIA.- Las exportaciones de la Región de Murcia ascendieron a 752,7 millones en febrero de este año, cifra que supone un avance del 52 por ciento anual, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

   Así, el director general de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos, Luis Martínez de Salas, explicó que este incremento "se ha visto impulsado principalmente por las exportaciones de productos energéticos, que presentaron un perfil extraordinario con unos datos muy significativos".
   En concreto, incidió en este resultado la ampliación de la planta de Repsol en Escombreras, ya que su puesta en marcha ha llevado a que la tasa de cobertura energética regional pase del 2,5 por ciento en los dos primeros meses de 2011 al 26,9 por ciento actual.
   Con los datos acumulados hasta febrero, además de los productos minerales, con un incremento anual del 1.100,5 por ciento, destacaron por su buen comportamiento las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco (11,9 por ciento), piel (24,4 por ciento), calzado (19,2 por ciento), metales (13,1 por ciento) y transporte (9,9 por ciento).
   Por otro lado, con una conducta recesiva se situaron, entre otros, los productos vegetales (-0,4 por ciento), cemento (-80 por ciento) y maquinaria (-32,2 por ciento).
   Y es que, las importaciones alcanzaron en febrero los 1.127,4 millones euros, lo que supone un crecimiento del 23,2 por ciento anual y una continuación de la tendencia desacelerada iniciada a final de 2011.
   Los datos de exportación en el conjunto de España, han supuesto que las ventas al exterior alcanzaran en febrero los 17.978 millones euros, un 4,9 por ciento más que hace un año, mientras las compras se situaron en 21.737 millones, un 6,6 por ciento superiores a las de febrero del año anterior.
   Finalmente, Martínez de Salas afirmó que si se mantiene el actual ritmo en el crecimiento de las exportaciones, "esperamos cerrar un año con unas cifras claramente superiores a la del año anterior".

Un trabajo de la UMU recibe un premio por su aportación a la Ética Empresarial

MURCIA.- El trabajo 'Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y Derecho Mercantil', coordinado por la profesora de la Universidad de Murcia (UMU) Rosalía Alfonso Sanchez, obtuvo uno de los dos accésits del V Premio Forética-MSD a la Investigación en Ética Empresarial por su excelente labor promoviendo una trasformación de las empresas hacia una gestión responsable.

   La obra realizada colectivamente y dirigida por la investigadora contribuye "a la redefinición efectiva de la empresa como organización de stakeholders en el contexto del Derecho Mercantil", en palabras del jurado.

   Asimismo, el jurado destacó la relevancia de esta investigación al difundir la RSE entre expertos en derecho mercantil, pues estas personas son las que han de implementar formalmente la transformación de las empresas hacia una gestión responsable, según fuentes del departamento de Promoción de la Investigación (Prinum), dependientes del Vicerrectorado de Investigación.

   El objetivo directo de esta obra es analizar jurídicamente la RSE incidiendo en su desarrollo y en la configuración jurídica de las sociedades mercantiles y sus relaciones con sus distintos grupos de interés.

Rosalía Alfonso es Profesora Derecho Mercantil y además directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia.

En esta V edición del Premio Forética-MSD a la Investigación en Ética Empresarial se han presentado más de 30 candidaturas internacionales cuyo objetivo es promover y fomentar el desarrollo de la RSE como campo de estudio.

Las reformas del Gobierno en Sanidad y Educación

MADRID.- - El Gobierno español detalló finalmente los recortes de 10.000 millones de euros anunciados hace dos semanas en las áreas de Sanidad y Educación, tradicionalmente protegidas en España. Las medidas, aprobadas en sendos decretos, requieren la participación de las comunidades autónomas, que tienen transferidas ambas competencias. El Gobierno estima en 7.000 millones el ahorro que se obtendrá en Sanidad y en 3.000 millones de euros el de Educación.

SANIDAD

* Pago de medicamentos. Se modifica el sistema de pago de los medicamentos con receta en función de edad, renta y enfermedad. Sanidad tiene previsto un ahorro de cientos de millones de euros con esta modificación.

* Lucha contra el turismo sanitario. Se aplicará una directiva europea para evitar el abuso del sistema sanitario por parte de extranjeros. El Gobierno espera ahorrar 1.500 millones de euros con ello.

* Plataforma de compras. Las Comunidades Autónomas adquirirán los fármacos de forma colectiva para reducir su precio.

* Dosis. Las farmacias distribuirán la dosis de medicamentos prescrita por el médico.

* Cartera de servicios básicos. Se establece un catálogo común de servicios básicos y otro de prestaciones suplementarias, con miras a igualar la atención de las diferentes comunidades. También se incorpora un Fondo de Garantía Asistencial al Fondo de Cohesión para garantizar la atención de pacientes que viven en zonas limítrofes entre comunidades.

* Revisión del vademécum. Se revisará la lista de tratamientos, medicamentos y terapias ofertados para retirar los que hayan quedado obsoletos o superados por productos más modernos.

* Recursos Humanos. Se fomentará la movilidad del personal médico.

* Pacto sociosanitario. Se estudiarán medidas de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales.

* Nuevas tecnologías. Se extenderá a toda España herramientas tecnológicas como recetas electrónicas e historiales clínicos informatizados.

EDUCACIÓN

* Se establece un margen del 20 por ciento sobre los límites de alumnos por clase en colegios e institutos.

* Los profesores impartirán más horas lectivas y se modificará la forma en que compensaban sus horas extras.

* Las bajas de docentes inferiores a 10 días se cubrirán con recursos del propio centro, y no con sustitutos.

* No se crearán más complementos retributivos para los profesores.

* Bachillerato. Los centros ya no tendrán obligación de ofertar al menos dos de las tres modalidades de bachiller

* Formación Profesional. Se aplaza al curso 2014-15 la introducción de los módulos de FP de 2.000 horas.

UNIVERSIDADES

* Matrícula universitaria. Las comunidades autónomas podrán aumentar hasta el 25 por ciento la proporción de las tasas universitarias que paga el alumno, y que hasta ahora tenían un máximo del 15 por ciento del coste real del curso.

* Los profesores universitarios que no investiguen elevarán sus horas lectivas.

* Carreras ofertadas. Se estudiará la reducción de títulos ofertados en los diferentes centros, estableciendo un mínimo de alumnos por carrera y centro.

* Las universidades tendrán que atenerse a criterios de estabilidad presupuestaria.

* Contratación de personal. Se limitará la contratación de empleados públicos.

Los chinos concentraron siete de cada diez altas de autónomos extranjeros

MADRID.- Los chinos siguieron sumando afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el primer trimestre del año, al suponer casi siete de cada diez nuevas altas de autónomos extranjeros durante el primer trimestre.

   En concreto, entre enero y marzo se dieron de alta en el RETA 543 cotizantes chinos, lo que elevó el número total de afiliados de esta nacionalidad a 37.084, un 1,5% más que en diciembre. En conjunto, los emprendedores procedentes de China suponen ya el 17,7% del total de autónomos extranjeros afiliados al RETA.

   Les siguen los rumanos, que representan el 11,2% del total de inmigrantes autónomos y que entre enero y marzo elevaron su cifra de cotizantes en 293 personas (+1,3%), hasta los 23.380. Sumando ambas nacionalidades se obtiene que casi el 29% de los trabajadores extranjeros con un negocio propio en España es o chino o rumano.

   Además de los autónomos chinos y rumanos, la marroquí ha sido otra nacionalidad que ha visto incrementada significativamente su presencia en el RETA durante el primer trimestre, al sumar 135 cotizantes en estos tres meses, un 1,1% más.

   El resto de las nacionalidades mayoritarias o registraron muy pocos afiliados, caso de Alemania e Italia (14 y 13 ocupados más, respectivamente) o cerraron el trimestre con menos cotizantes, especialmente Argentina, que perdió 453 afiliados (-7,9%).

   Durante el primer trimestre del año, el RETA registró 792 altas de autónomos extranjeros, un 0,4% más, hasta situarse en 209.304 trabajadores, según un informe de la organización de autónomos ATA, que ha destacado que el colectivo inmigrante está amortiguando en parte la pérdida de autónomos españoles.

   De hecho, en el conjunto del RETA se perdieron entre enero y marzo un total de 20.871 afiliados, en contraste con los 792 autónomos extranjeros que decidieron darse de alta en este periodo.

   Asturias (+1,3%), Baleares (+1,2%) y Cataluña (+1,1%), además de las ciudades autónomas de Ceuta (+5,2%) y Melilla (+2,2%), fueron las comunidades que lideraron el crecimiento relativo de autónomos extranjeros durante el primer trimestre del año.

   Con repuntes superiores a la media nacional (0,4%) se situaron también las comunidades de Navarra (0,8%), Andalucía (0,7%) y Madrid (0,5%).

   En valores absolutos, Cataluña concentró casi el 60% de las nuevas altas de emprendedores extranjeros registradas en el primer trimestre, con 473 nuevos afiliados. Le siguieron Madrid (189 autónomos extranjeros más), Andalucía (179 altas) y Baleares (145 altas).

   Por el contrario, en ocho de las 17 comunidades se perdieron emprendedores extranjeros hasta marzo. En términos absolutos, las mayores caídas se las anotaron Canarias (90 inmigrantes menos), Galicia (-53) y Castilla y León (-49).

El Gobierno sancionará a las autonomías que no cumplan con el déficit con retirada de financiación

BARCELONA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado este sábado que el Gobierno podrá sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit, un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención.

   En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión de la dirección del PP catalán, ha detallado que si una autonomía o una corporación local no cumple con el objetivo de déficit la sanción se materializará a través de "su participación en los ingresos del Estado".

   Este mecanismo está contemplado en la Ley de Estabilidad, y Montoro ha defendido que es una normativa que proviene de Europa y que el Gobierno se limita a aplicar a España para así afrontar la salida de la crisis con garantías.

Los familiares de las víctimas del Yak-42 echan fuego contra el Gobierno tras el indulto de militares condenados

MADRID.- El presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, se ha mostrado "furioso" por el indulto parcial concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a dos oficiales condenados en el caso sobre el accidente del Yakolev 42, al considerarlo "inhumano y una burla". 

   "Señor Rajoy, así no se hace memoria de 62 militares. Esto es inhumano y una burla", expresó Sencianes, visiblemente compungido, en rueda de prensa, para después garantizar que los familiares estarían dispuestos a ir "al infierno" para hacer justicia por el incidente de mayo de 2003 en Turquía.

   El presidente de la asociación además aseguró que ya se esperaban este indulto, si bien quiso dejar claro que no se explican el porqué. Y esgrimió que la causa llevaba pendiente dos años.  

   Para Sencianes, los comandantes "profanaron" cadáveres y "falsearon" documentos oficiales, por lo que exigió la salida del ejército de los implicados.

   "España ahora no sólo tiene crisis económica, sino también democrática, pues se da un golpe al Estado de Derecho", explicó, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo de Rajoy se alinea con esta decisión en el lado de los "delincuentes".

   Por último, la asociación anticipó que seguirán buscando esclarecer los hechos en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde los servicios jurídicos de la asociación apuntaron que la estrategia a seguir aún no está definida, pero recordaron que un indulto "no borra" la condición de culpables de los comandantes.  

   El Consejo de Ministros aprobó este viernes la concesión del indulto parcial para el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, condenados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Los indultos afectan únicamente a las penas de inhabilitación de un año que les fueron confirmadas a ambos por el Tribunal Supremo.

   Los dos oficiales fueron condenados en 2009 como cómplices de un delito de falsedad documental por su responsabilidad en el accidente aéreo que provocó la muerte de 62 militares en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, siendo ministro de Defensa el cartagenero Federico Trillo, actual embajador del Reino de España en Gran Bretaña.

Liberado el médico cartagenero del Opus Dei que había sido secuestrado en Nigeria

MADRID.- El médico español, de Cartagena, José Manuel Machimbarrena Corcuera, miembro del Opus Dei, secuestrado el pasado 4 de abril en la zona sur de Nigeria, fue liberado anoche por sus captores, según han confirmado este sábado fuentes diplomáticas españolas.

   Machinbarrena, de cuya liberación apenas se conocen detalles, se encuentra "cansado pero en buen estado de salud", según las fuentes diplomáticas españolas, que han explicado que el médico se ha trasladado a su vivienda de Enugu.

   El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha expresado su "satisfacción" por la liberación de Machinbarrena. El ministro se involucró "personalmente" en las gestiones realizadas por la Embajada de España en Nigeria y por las autoridades locales.

   Pese a que las fuentes no han querido entrar a valorar posibles autorías del rapto, García Margallo lo atribuyó en su momento a razones económicas y no políticas.

 El Estado donde se produjo el secuestro se encuentra justo al norte de la conflictiva región del Delta del Níger, pero lejos de las zonas septentrionales donde en los últimos meses la secta islamista Boko Haram ha incrementado sus acciones y atentados.

Costes de las facturas en los cajones municipales / Fernando Urruticoechea *

El coste para el ayuntamiento de Murcia de financiar los 18 millones de facturas en los cajones será de 6.710.151,29 €.  Dicho con otras palabras, la irresponsabilidad de sus gestores de gastar sin cobertura presupuestaria, además de ser ilegal -gasto nulo de pleno derecho según el art. 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales-, le va a costar a los ciudadanos murcianos más de seis millones de euros en intereses bancarios, lógicamente a lo largo de los 12 años de vigencia del préstamo que se verán obligados a suscribir.

El primer año, de carencia, el coste de intereses será de 900.000 €, que deberán incluirse en el Presupuesto, como los de todos los años. El segundo año, de carencia, el coste de intereses será de 900.000 €. El tercer año, con cuota constante, el coste de intereses será de 867.675,65 €. El cuarto año, el coste de intereses será de 794.854,90 €. Y así sucesivamente, hasta el año 12, cuyos pagos por intereses supondrán 60.860,43 €; total 6.710.151,29 €.

La deuda de Cartagena es mayor.

El caso de Totana es más grave y especialmente preocupante, ya que para una deuda de 28.900.000 €, le supondrá unos intereses totales de 10.773.520,68 €. La cuota mensual constante durante los 10 años de amortización será de 306.529,34 €, comprensiva de 120.416,67 € de intereses y 186.112,67 € de amortización.

Y van a tener que pagar, claro que sí, ya que el Estado ha preparado unas condiciones bien claras, con las que si un ayuntamiento deja de pagar la amortización mensual al banco, el Estado las abonará al banco, pero descontando al ayuntamiento ese importe de la transferencia mensual que le efectúa en concepto de Participación en los Impuestos del Estado.

Los del ayuntamiento de Madrid son para aterrorizar. Las alegrías de Gallardón, cuyos dineros cantando se vienen, cantando se van, le van a suponer al Ayuntamiento un desembolso mensual de 10.786.862,90 € y unos intereses totales de 379.123.547,98 € a desembolsar en los 12 años del préstamo de 1.017.000.000,00 €.

Son cifras mareantes, que significan la miseria para tales ayuntamientos en los próximos años.

Lo que yo digo es que quienes gestionen tal miseria para los próximos años no pueden ser sus causantes. Es imprescindible ejemplarizar para que no vuelva a suceder esta locura y las gestiones municipales sean más profesionales.

Como contraejemplo, los ciudadanos de Crevillente no tendrán que pagar nada por intereses bancarios derivados de deudas ilegales con los proveedores, ya que en este Ayuntamiento los políticos y los funcionarios llevan una gestión que cumple la legalidad vigente, al menos en materia presupuestaria.

No debemos consentir que los dineros de los ayuntamientos se sigan llevando como los del sacristán "cantando se vienen, cantando se van".

(*)  Interventor municipal con habilitación estatal superior

Existen "demasiadas" facultades de Medicina en España, según el decano de la Complutense

MADRID.- El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Álvarez-Sala, ha celebrado la creación de la Comisión de Racionalización de la Universidad anunciada por el Gobierno ya que, a su juicio, en España hay "demasiadas" facultades de Medicina.

   Así lo ha reconocido durante la inauguración del XVII Congreso de Neumomadrid que se celebra estos días, recordando que actualmente hay 39 facultades de Medicina, una por millón de habitantes, "es decir, el doble de la media de la Unión Europea".

   Además, ha añadido, algunas tienen 25 alumnos por clase, un número llamativo cuando "existen diez facultades más en espera de creación", según Álvarez-Sala.

   Por su parte, la presidenta electa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Pilar de Lucas, también ha hecho hincapié en el "momento difícil" que se está viviendo, y ha destacado el papel de los médicos en este momento, que han "aceptado que hay que trabajar más y quieren ayudar a que el sistema sanitario público siga siendo sostenible".

   En este sentido, ha propuesto "mejorar la gestión clínica y reducir la variabilidad, y elaborar y poner en marcha protocolos".

   Durante los dos días que dura el Congreso se han inscrito, como señala la presidenta de Congresos de la sociedad, cerca de 500 asistentes, alrededor de 150 comunicaciones, ponentes nacionales e internacionales y se ha contado con la participación activa de los asistentes en las mesas de debate.

Las televisiones autonómicas deberán evitar el déficit si se las quedan los gobiernos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios de televisión".

La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es "ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos servicios de "mayor eficacia y eficiencia".

La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.

En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma" deciden prestar el servicio público de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que 'de facto' ya aplicaban algunas comunidades.

En cualquier caso, la Comunidades Autónomas que decidan quedarse con las televisiones autonómicas tendrán que cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha subrayado.

Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

El Gobierno cambia la Ley para evitar que los extranjeros vengan a España a recibir asistencia sanitaria

MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

   En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".

   Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".

  "Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".

   Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.

   Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".

   Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".

   Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.

   La directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.

   El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.

   A su juicio, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".

  Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".

   El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".

   Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.

   El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".

    De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.

El Ministerio de Hacienda no plantea objeción alguna al Plan de Reequilibrio del Gobierno murciano

ARCHENA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "no ha planteado ninguna objeción a los documentos que se han presentado desde la Comunidad de Murcia", según ha manifestado el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta.

   En la rueda de prensa que ha ofrecido tras informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Ballesta ha explicado que el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha mantenido contactos con dicho Ministerio, que no ha planteado objeciones con respecto al Plan de Reequilibrio económico-finaciero, aprobado inicialmente hace una semana en Consejo de Gobierno, y que supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos.

   "A raíz de las noticias que han surgido con otras CCAA y no con la de Murcia, se han establecido esos contactos para conocer si había algún problema con la Región", ha indicado Ballesta, quien insiste en que lo que le ha transmitido Bernal, tras contactar con Madrid, es que "no hay ningún problema con los documentos presentados de la Región".

Hacienda dice que cualquier CCAA puede ser intervenida de forma "inmediata"

MADRID.- La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que cualquier comunidad autónoma puede verse sometida a una intervención "inmediata" si se dan las condiciones necesarias para que esto ocurra.

   Así lo ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras participar en una jornada sobre la estabilidad presupuestaria organizada por la Embajada de Suiza en España y el Real Instituto Elcano, donde no ha querido precisar si el Gobierno tiene ya en mente a algún territorio concreto.

   La secretaria de Estado ha explicado que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará en la primera quincena de mayo, el órgano que analizará los planes de reequilibrio de las comunidades y que podrá activar los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad.

   En este sentido, ha confiado en que la Ley ya esté plenamente en vigor en ese momento, tras su paso por el Senado la semana que viene, de forma que se puedan aplicar "todos y cada uno" de los mecanismos para proceder "contundentemente" en esta materia.

   Currás ha admitido que el Gobierno puede haber rechazado ya algunos de los planes de reequilibrio presentados por las comunidades, aunque no ha querido especificar cuáles y se ha limitado a explicar que no se trata de un rechazo en sí, sino que forma parte del procedimiento para consensuar dichos planes.

   En cualquier caso, ha afirmado que todas las comunidades autónomas están recibiendo sugerencias y recomendaciones, que además suelen ser bien recibidas por los diferentes territorios. "Cualquier recomendación de la Secretaría de Estado de Hacienda es bien aceptada por las comunidades", ha dicho.

   Durante su participación en las jornadas, Currás ha repasado las líneas principales de la Ley de Estabilidad, que no puede ser otra cosa que "la hoja de ruta" que debe guiar a todas las administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados.

   A su parecer, la norma permitirá a las administraciones cumplir "sin fisuras y devaneos", y ayudará así a superar la crisis que atraviesa la economía española y a recuperar la confianza, algo necesario, aunque suponga asumir algunos "sacrificios" a corto plazo. "Vale la pena", ha dicho.

   Según Currás, el Gobierno aspira a que la Ley de Estabilidad imponga "comportamiento constante" en todas las administraciones, ya que se basa en la estabilidad, la plurianualidad, la transparencia, la eficiencia en la asignación de recursos, la responsabilidad y la corresponsabilidad. "El Gobierno tiene el firme compromiso de cumplir (la ley)", ha aseverado.

La ONU presenta una iniciativa de gestión de riesgos ante desastres naturales en ciudades

NUEVA YORK.- La Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres (UNISDR) presentó esta semana una iniciativa para apoyar a las ciudades en la gestión de riesgos ante desastres naturales. El año 2011 fue el de mayores pérdidas económicas por ese tipo de siniestros en la historia registrada, con un total estimado en 380.000 millones de dólares.

La iniciativa de la UNISDR consiste en una herramienta on line de autoevaluación para los gobiernos locales, que se ha probado en más de 20 ciudades de distintas partes del mundo.

La herramienta se inscribe en la campaña de la UNISDR que promueve la planificación e inversión para reducir los riesgos ante desastres y buscar la adaptación al cambio climático.

IU-Verdes inicia una campaña para "poner nombre y apellido" a los responsables de la crisis

MURCIA.- El área de Juventud de IU-Verdes en la Región de Murcia ha iniciado una campaña consistente en la pegada de carteles, la distribución de chapas, panfletos y material por las calles con la intención de poner "nombres y apellidos" a los "verdaderos culpables" de la crisis, que identifica fundamentalmente con "políticos, empresarios y banqueros".

   Esta campaña de carácter regional, que lleva por título '¿Quién ha vivido por encima de nuestras posibilidades?', ha sido presentada en rueda de prensa la responsable del área de Juventud de IU-Verdes de la Región, Lucía Martínez, y la miembro de la comisión coordinadora del área de Juventud de esta formación, María Belló.

   La campaña, que también contempla la celebración de actos públicos para llegar a la "mayoría de gente", se extenderá a los diferentes municipios de la Región de Murcia a partir de este jueves y hasta finales de junio, como mínimo.

   Martínez admite que la campaña "no podrá poner nombre y apellidos a todos los culpables de la crisis, porque la lista es, desde luego, inacabable", pero va a señalar a los responsables que "están más a la vista, tanto empresarios, como políticos, banqueros y todos aquellos que se han estado lucrando en la época de bonanza y ahora lo siguen haciendo, durante la crisis".

   En el cartel de la campaña figuran, entre otros "responsables de la crisis", el Rey Juan Carlos I en primer plano, rodeado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; y el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

   Asimismo, se pueden ver rostros como el de la canciller alemana, Angela Merkel; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell; el duque de Palma, Iñaki Urdangarín; y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato.

   "Aunque la campaña es de ámbito regional, es extensible a todo el Estado, porque los culpables de la crisis no sólo están en la Región de Murcia", según Belló, quien ha remarcado que en la Comunidad "hay nombres propios que han llevado a Murcia a una deuda muy grande y que la siguen abocando a una crisis muy aguda".

   No obstante, ha insistido en que "la situación se está viviendo en todo el Estado y en toda Europa", por lo que la campaña señala a "responsables de la crisis también en la UE, a quienes nos han llevado a esta situación mediante el establecimiento de la Europa del capital".

   La campaña considera que la situación actual "no es una crisis", sino "una estafa", y denuncia que la juventud "es uno de los sectores más perjudicados", mientras que los culpables "son los mismos que, en su momento, la generaron, y que actualmente nos obligan a pagarla".

   Por ello, Martínez ha remarcado que los jóvenes "no vamos a asumir que nos exijan que arrimemos el hombro para solventar los errores de una evidente mala gestión, mientras destruyen empleo y echan a familias enteras de sus casas, van camino de privatizar la educación, venden la sanidad y, además, nos mandan a la juventud a un futuro bastante precario".

   En este sentido, puntualiza que la juventud "se siente estafada por aquellos que, en su momento, nos dijeron que la formación era la única vía para alcanzar un empleo digno y son los mismos que ahora nos roban el futuro y solo nos dejan acceso a un empleo precario y mal remunerado en el mejor de los casos, o la salida del país".

   Por su parte, Belló ha indicado que "a diario nos están bombardeando con que hemos sido nosotros los que hemos generado la situación que estamos viviendo porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades".

   Sin embargo, ha recordado que los jóvenes "éramos los que soñábamos hace años con ser mileuristas y somos los que estamos pagando ahora los excesos de los que se forraron a nuestra costa en los años de bonanza".

   Así, ha explicado que los jóvenes de IU-Verdes de la Región "no podemos mantenernos impasibles mientras vemos que nos están robando nuestro futuro". Por eso, se proponen señalar a los que "sabemos que realmente son los culpables, quienes han vivido por encima de sus posibilidades y de las nuestras".

   IU-Verdes explica que "la juventud es uno de los pilares en los que se apoya el sistema para poder sobrevivir y no hundirse". Por lo que ha avanzado que "vamos a seguir luchando y denunciando a todo aquel que abuse de una tragedia de los jóvenes para enriquecerse ellos a su costa, y para que no seamos nosotros los que carguemos con los excesos de los demás".

El director territorial de la Inspección de trabajo dice que "la economía sumergida va unida a una tolerancia social clara"

CARTAGENA.- El director territorial de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, Diego Martínez, ha comparecido este jueves ante la Comisión Especial de Empleo de la Asamblea Regional, donde ha dicho que "la economía sumergida va unida a una tolerancia social clara" y que "existe un problema de empresas ficticias, empresas inexistentes, que se crean sin una actividad real, de las cuales se han eliminado 34 desde 2009".

   De éstas ha dicho que son "fuente de facturas falsas, donde las personas pagan porque les den de alta de cara a la obtención de prestaciones como el desempleo o la incapacidad temporal o la maternidad".

   Igualmente ha señalado que "Murcia es pionera en sistemas de detección de esta problemática", ya que "en 2009 se anularon 34 códigos de cuenta de cotización de estas empresas", suponiendo la anulación de su alta "7.800.000 euros". También ha indicado que actualmente hay "132 casos en investigación, lo cual da una imagen del fenómeno".

   Diego Martínez ha admitido que "hay más economía sumergida, pero que Murcia es pionera en sistemas de detección gracias al cruce de datos, que está dando magníficos resultados".

   Martínez ha querido destacar también "que comparece ante la comisión para trasladar datos desde 2006 hasta la actualidad", y que así éstos "se puedan analizar, contribuyendo a minimizar la economía sumergida", ya que "es un fenómeno complejo".

   Además, el director territorial ha informado de que "Murcia funciona con 3 inspectores y 10 subinspectores". También ha dado datos como que "hay previstas 8.516 actuaciones para 2012".

   Diego Matínez ha propuesto ante la Comisión de Empleo de la Asamblea, que lo ideal sería un "cambio de concepción social", ya que actualmente "el trabajador joven no valora su situación de futuro", a lo que ha añadido que "la Seguridad Social sí que somos todos" y que "desgraciadamente la crisis aumenta la economía sumergida".

   Como solución, ha propuesto "una mayor coordinación administrativa", eso es, "un grupo conjunto de actuación entre la inspección de trabajo y la agencia tributaria".

   Finalmente, ha dicho que "en Murcia no hay más economía sumergida que en otras regiones".

   Por parte del PSOE, Francisco Javier Oñate ha dicho que "Murcia tiene el 35 por ciento de economía sumergida, que es el mayor de España" y que "si afloraran los ocho millones de euros de la economía sumergida, se equilibrarían los porcentajes de déficit".

   José Antonio Pujante, del Grupo Mixto, ha pedido "el incremento de medios humanos con el fin de regularizar la eco sumergida", así como "la necesidad de llegar a acuerdos entre la Administración regional y la del Estado" pues "hay que incrementar la plantilla de inspectores de Hacienda".

   Y ha finalizado diciendo que "los 60.000 millones de fraude fiscal al año, es la cantidad justa para ajustarse al déficit" y que "así serían innecesarios los recortes del Gobierno".

UPyD exige al alcalde de Murcia una explicación oficial por la retirada de la pancarta de 'Agua para Todos'

MURCIA.- El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, a través de su concejal José Antonio Sotomayor, exige un pronunciamiento oficial del alcalde Miguel Ángel Cámara sobre la retirada del cartel de Agua para Todos.

   Para Sotomayor, resultaría "una incoherencia" que esta retirada fuera definitiva y "quedaría patente" el oportunismo político, dado que la llegada al gobierno del Partido Popular y "su postura ambigua" ha generado incertidumbre sobre el futuro de nuevos trasvases.

   Así, la formación magenta, a través de una pregunta en el próximo Pleno municipal, requerirá al Alcalde una explicación oficial sobre este hecho, y si se tiene intención de volver a reponer la pancarta, en qué plazos se tiene previsto.

   UPyD considera que declaraciones como las del ministro de Agricultura Arias Cañete, de esperar a que se realicen los planes de cuencas antes de decidir cómo resolver el déficit de la cuenca del Segura, generan incertidumbre a la hora de valorar futuros trasvases.

   Si bien UPyD se ha manifestado siempre en contra de la colocación pública del lema Agua para Todos y de la utilización política de un tema como el del agua en la Región, "los murcianos no entenderían la contradicción de la retirada de la pancarta estos momentos".

   Esto daría a entender "que su fin era electoralista y simplemente hacer frente al anterior gobierno de la nación" del Partido socialista, concluye Sotomayor.
El Ayuntamiento de Murcia ha retirado «provisionalmente» del balcón principal del edificio la pancarta 'Agua para todos' que colocó años atrás cuando fue derogado el trasvase del Ebro.
Este emblema, que resumen la posición del agua del PP de la Región de Murcia, volverá a su lugar cuando sea reparado o cambiado por otro, indicaron fuentes municipales, que niegan que se trate de una retirada definitiva. 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región aumentan 1,07% en marzo y se sitúan en 80.936

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 80.936 en marzo, lo que supone un aumento del 1,07 por ciento con respecto al mismo mes de 2011, según informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia registró un aumento en marzo de 860 personas, frente al crecimiento del 0,55 por ciento registrado en el conjunto nacional.

   En lo que va de año el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región decreció en 3.294 personas, lo que supone un descenso del 3,91 por ciento con respecto al año anterior.

   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 72.126 pertenecen al Régimen General, 4.995 al Régimen de Autónomos, 3.668 al Régimen del Hogar (en extinción), 147 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.

   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 43.204 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 1.693 ; y el general, con 27.229.

   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 13.034 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 67.902 son extracomunitarios.

Rajoy dice que "no hay dinero en España para los servicios públicos"

BOGOTÁ.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió el jueves un esfuerzo a los españoles ante los recortes de Sanidad y Educación anunciados en los últimos días, en un contexto de fuerte crisis económica que ha dejado a casi cinco millones de españoles en el paro.

"Se trata de pedir un esfuerzo (...) es necesario, es imprescindible porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos", dijo a la prensa en Colombia, donde se encuentra en visita oficial.

"Vamos a seguir haciendo reformas en el futuro, no queda más remedio, son el pasaporte para superar esta difícil situación", añadió.

España se encuentra bajo presión de la Unión Europea y los mercados financieros para reducir el gasto público con la intención de alcanzar en 2013 el compromiso pactado con Bruselas de un déficit del 3 por ciento.

El Gobierno ha anunciado en los últimos días reformas en los sensibles departamentos de Educación y Sanidad, añadiendo un ahorro de 10.000 millones a los sobrios presupuestos generales del Estado presentados este mes.

Esas reformas elevan el precio que los españoles tendrán que pagar por los medicamentos con receta o por la universidad, además de aumentar las horas lectivas de los profesores o reforzar la coordinación en la gestión sanitaria en las diferentes comunidades autónomas.

Felipe González no lo ve así

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho hoy que "hay una salida a la crisis pero no por la senda que vamos", en un acto de homenaje organizado por Radio Sevilla con motivo del 20 aniversario de la Expo 92, que se cumple mañana.

La salida de la crisis no pasa "por la destrucción de una sociedad cohesionada, ni por el liberalismo que nos llevó a esta crisis", según González, quien ha añadido que "hay que ayudar a este gobierno aunque no se deje ayudar, porque lo importante es salir de la crisis".

"Hay que cambiar la política europea", ha insistido González, que ha acusado a la canciller alemana, Angela Merkel, de que "no comprende que una Europa alemana siempre fue un desastre para Europa y para Alemania, y que Alemania funciona con perspectiva de futuro cuando es una Alemania europea".

González ha calificado de "caótica" la actual situación europea en la que "los que se sienten coyunturalmente más perjudicados critican a los más próximos", y ha insistido en que "el problema es Merkel" y en que por sus políticas se prolongará la crisis, porque "la austeridad es necesaria, pero no para que baje la economía de dos puntos en dos puntos".

González ha confesado que está "irritado con el uso electoral que Sarkozy hace de España, cuando lo que hace falta es un presidente que le diga a Merkel que no lleva razón", a la vez que ha advertido de que "los mercados serios no van a invertir hasta que no vean posibilidad de crecimiento".

El expresidente ha recordado que la deuda del Reino Unido es superior a la de España y paga intereses del 1 % en vez del 6 %, porque tanto el banco central británico como la reserva federal estadounidense propician la liquidez e impiden que los especuladores les marquen el ritmo.

Al mismo tiempo ha lamentado que Merkel se acompañe de "talibanes que no permiten que el Banco Central Europeo cumpla su función" y ha calificado de "dogma estúpido" el déficit cero.

González ha pedido "acompasar la deuda para reducir el déficit con tiempo" y se ha preguntado "¿el imperativo categórico del déficit en el 3 % a costa de qué?, para responderse: "Mientras más caiga la economía menos valen los activos, más capital se necesita y menos liquidez y más paro" y volver a preguntarse: "¿A cambio de qué se están produciendo los sacrificios?"

En el plano nacional, González ha señalado que España "necesita una política de austeridad, pero que impuesta será un error dramático porque acabará con la economía", por lo que ha señalado que al acometer las reformas estructurales precisas "es mejor que haya consenso y diálogo, sin destruir lo que ya se ha hecho".

"Si acertamos el 20 % para salir de la crisis -ha dicho- el 80 % restante dependerá de que seamos capaces de encontrar el camino como europeos".

Cayo Lara insta al Gobierno a hacer campaña contra el fraude

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha instado al Gobierno a hacer campaña contra el fraude, que ha cifrado en 90.000 millones de euros anuales entre los 60.000 millones por empresas que eluden el pago de impuestos y los 30.000 millones a los que se eleva la economía sumergida, señalando que, según un informe de Tax Justice Network de noviembre de 2011, España ocupa la décima peor posición del mundo en la materia.

   En rueda de prensa en el Congreso y en la semana en que han comenzado los debates parlamentarios sobre los presupuestos de 2012, Lara ha insistido en que "hay alternativas a los recortes", que no considera la vía ni para salir de la crisis ni para resolver el problema del déficit y cumplir con los objetivos pactados con la UE.

   Así, ha recordado que el Gobierno podría "hacer campañas publicitarias" y "una reforma fiscal progresiva" para luchar contra la evasión fiscal en lugar de acometer "amnistías fiscales" y "rebajar impuestos".

   "Defraudar a la hacienda pública no puede ser un deporte nacional, sino que tiene que ser una obligación. Es una obligación social de todos los ciudadanos con el Estado de Bienestar y con la educación pública", ha zanjado.

   En este punto, Lara ha hecho referencia al informe 'El coste del abuso fiscal' de la organización Tax Justice Network sobre el nivel de fraude fiscal de 145 países, basado en datos oficiales sobre PIB de cada gobierno así como las estimaciones del Banco Mundial sobre economía sumergida.

   Este documento sitúa a España, con un 22,5% de economía sumergida, como el décimo país donde más fraude se registra, con 107.350 millones de dólares menos de recaudación. El ranking lo encabeza Estados Unidos que, con una tasa de economía sumergida del 8,6%, deja de recaudar 337.349 millones de dólares.

   Ocupan los siguientes puestos Brasil (280.111 millones), Italia (238.723 millones), Rusia (221.023 millones), Alemania (214.996 millones), Francia (171.264 millones), Japón (171.147 millones), China (134.385 millones) y Reino Unido (109.216 millones); si bien el porcentaje de economía sumergida con respecto al PIB nacional sólo Rusia (43,8%) y Brasil (39%) tienen porcentajes superiores al de España.

   Así, la evasión fiscal en el total de los países analizados (que suman el 98,2% del PIB mundial y el 92,4% de la población del planeta) se estima en 3,1 trillones de dólares, equivalente al 5,1% del PIB global. Una cifra equivalente al 54,9% de lo que los estados analizados invierten anualmente en sus departamentos de Sanidad pública, cifrado en 5,7 trillones de dólares.

   Por continentes, la economía sumergida registra sus cotas más altas en África (34,8% del PIB) y Sudamérica (36,8%), mientras que Europa (20,5%) supera las cifras tanto de Asia (17,7%) como de Oceanía (14,1%) y Norte América (10,8%). Sin embargo, las mayores consecuencias económicas recaen en el Viejo Continente, que deja de recaudar 1,5 billones de dólares al año, más del doble de lo defraudado en Asia (665.000 millones) y muy por encima de los 452.000 millones de Norte América.

   Esto supone, concluye el informe, que uno de cada seis dólares que circulan en el mundo no paga impuestos, una ratio que baja a uno de cada cinco dólares en Europa, con picos en países como Italia o Grecia.

BMN anuncia una 'sangría' de empleo y el cierre de 400 oficinas

MADRID.- El grupo financiero BMN, que agrupa a Sa Nostra, Cajamurcia, Caixa Penedès y Caja Granada, suprimirá 1.850 empleos (el 21 por ciento de la plantilla) y eliminará 400 oficinas (23 por ciento de las sucursales) a través de una segunda fase del Plan de Reestructuración.

   En un comunicado, BNM ha recordado que durante la primera fase del citado Plan, que finalizó el pasado mes de marzo, ya se cerraron 300 sucursales y se desvincularon a 1.350 profesionales, de manera que, a través de la segunda fase, se eliminarán 100 nuevas oficinas y 500 nuevos puestos de trabajo.

   Por otra parte, la entidad financiera ha informado de que ha sido la primera en pactar con los sindicatos una rebaja salarial media para todos los empleados del 4 por ciento, que "se implementará aplicando una mayor reducción a los profesionales con sueldos más elevados".

   Mediante estas medidas, BNM pretende alcanzar un ahorro de costes de explotación de un 25 por ciento, después de firmar un preacuerdo con los representantes sindicales para emprender la segunda fase del Plan de Reestructuración.

   Por otro lado, ha recordado que presentó su Plan de Cumplimiento de los requerimientos de provisiones y capital del Real Decreto Ley 2/2012 para el Saneamiento del Sector Financiero, en el 2012, que fue recientemente aprobado por el Banco de España.

   De esta manera, ha recalcado que BNM continúa "avanzado en la consecución de sus objetivos principales, entre los cuales, además de la reestructuración y capitalización, destaca la reducción del riesgo inmobiliario".

   En este sentido, ha anunciado que para este año, está prevista la venta y subrogación de 12.000 viviendas, que se sumarán a las 12.447 ya realizadas durante el año anterior

Investigan sueldos, indemnizaciones y prejubilaciones en las cajas de CyL

VALLADOLID.- Las fiscalías provinciales de León, Soria y Segovia mantienen abiertas distintas investigaciones con el fin de depurar posibles responsabilidades penales respecto de los sueldos, indemnizaciones, prejubilaciones y créditos otorgados a consejeros y personal directivo de las entidades de ahorro de Castilla y León, en concreto de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.

   Las tres vías investigadoras son consecuencia de la denuncia interpuesta en noviembre de 2011 ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, por el coordinador regional de IU y portavoz del Grupo Mixto en las Cortes, José María González Suárez, después, además, de que el Fiscal Superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo, elevara consulta a la Fiscalía General del Estado sobre si las pesquisas eran competencia de Fiscalía Anticorrupción y la respuesta de Eduardo Torres Dulce fuera que las mismas competían a cada una de las fiscalías provinciales.

   Y es que Torres Dulce, según una información del diario El Mundo, entendía que "no concurren elementos de conexidad [entre las citadas cajas de ahorro] que justifiquen su tramitación conjunta" y que "no hay razones fundadas" para que sea la Fiscalía Anticorrupción la que investigue los hechos denunciados.

   El Fiscal Superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha explicado que a finales del pasado mes de enero, tras recibir la consulta evacuada a la Fiscalía General del Estado, dio órdenes para que se iniciaran las investigaciones en la Comunidad, que, según ha precisado, llevan a cabo las fiscalías de León, Segovia y Soria, "que desde entonces estarán haciendo lo que tengan que hacer".

   Martín Granizo, quien ha indicado que entre las supuestas conductas irregulares investigadas podrían incluirse delitos societarios y contra el patrimonio, ha apuntado además que "en León ya tenían alguna otra denuncia, al igual que en Segovia por los mismos hechos, que se han remitido al juzgado".

   La denuncia de IU que ha dado origen al proceso investigador incluía una serie de supuestas irregularidades desde 2008 y entre las que destacan una serie de "créditos de escasa solvencia" o en condiciones "ventajosas" para algunos consejeros de Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia.

   Dentro de esos préstamos personales sobresalían una serie de créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio por un monto superior a los 27 millones de euros, dentro del que se incluía un préstamo a una empresa de su propiedad por valor de 13.000.000 de euros.

   De igual modo, se refería una serie de préstamos "irregulares" en el seno de Caja España entre los años 2006 y 2009 cuando se concedieron a uno de sus directivos, Santos Llamas, préstamos a empresas vinculadas a su propiedad por valor de 17.600.000 euros y un préstamo hipotecario, al mismo beneficiario, por importe de 15.200.000 euros.

   La denuncia se completaba con una serie de puntos vinculados a indemnizaciones millonarias para directivos de entidades en "condiciones mucho más favorables" que la del resto de trabajadores y entre las que sobresalían los cerca de 6 millones de euros de Caja Segovia a su exdirector general, Manuel Escribano, en concepto de prejubilación.

Casi 100.000 inmigrantes abandonaron España en 2011

MADRID.- Un total de 85.941 inmigrantes salieron del Padrón el año pasado, cuando la población extranjera se redujo un 0,7 por ciento pese a que se produjeron 45.494 altas de personas procedentes de países europeos, según el avance de resultados a 1 de enero de 2012 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. 

   En concreto, el número de residentes en España al iniciarse el año era de 47.212.990 habitantes, lo que supone un aumento de 22.497 respecto a las mismas fechas de un año antes. De ellos, 5.711.040 son extranjeros, el 12,1% del total de inscritos.

   Durante el año 2011, el número de españoles empadronados aumentó en 62.944 personas (un 0,2%), mientras que el de extranjeros descendió en 40.447 (un 0,7% menos). De ellos, los oriundos de países de la Unión Europea se incrementaron en 45.494 (hasta 2,4 millones de personas), mientras que los nacidos fuera de la UE se redujeron en 85.941 personas, hasta los 3,2 millones.

   Según la estadística del INE, las bajas más numerosas se produjeron entre los ciudadanos de Ecuador, que perdieron 54.330 habitantes, los de Colombia, con 28.506; los bolivianos, de los que figuran 14.374 menos; los de Argentina, que se han reducido en 12.348; los peruanos, que restan 10.701 y los brasileños, que en enero de este año eran 8.553 menos.

   En términos relativos, las comunidades que experimentaron una mayor reducción poblacional fueron la de Ecuador (-15,1%), la de Colombia (-10,4%) y la Argentina (-10,2%), conforme el avance del Padrón Municipal.

   En cuanto al aumento del número de residentes procedentes de la UE se debió al impulso de los ciudadanos rumanos, la comunidad que más creció el año pasado, con 30.263 nuevas personas empadronadas pese a que desde el mes de julio y por Real Decreto, estos ciudadanos ya no tienen derecho a trabajar libremente en España, sino que necesitan un permiso laboral como el resto de inmigrantes de fuera del continente europeo.

   Entre enero de 2011 y enero de 2012 también creció la comunidad pakistaní en 9.461 personas, los marroquíes sumaron 9.142 nuevos ciudadanos y los chinos vieron crecer su comunidad en 8.681 personas.

   Por lugar de residencia, los mayores descensos de población extranjera se produjeron en la Comunidad de Madrid, que perdió 57.656 extranjeros; la Región de Murcia, con un descenso de 3.796; la Comunidad Foral de Navarra, donde la reducción fue de 2.452 habitantes foráneos; Cataluña, con 1.945 menos y la Comunidad Valenciana, donde fueron 1.616 bajas. En términos relativos, las mayores pérdidas fueron las de Madrid (5,5%) y Navarra (3,4%).

   Con todo, también se produjeron incrementos de población extranjera en algunas zonas de España. En términos absolutos, Andalucía (13.465), País Vasco (5.906), Canarias (2.665) y Melilla (1.228) son las que vivieron el año pasado un mayor aumento de habitantes foráneos.

   En total, la población extranjera supone el 12,1 por ciento de los residentes en España, pero sigue teniendo mayores porcentajes de presencia en en Baleares (21,6%), la Comunidad Valenciana, (17,2%) y Región de Murcia (16,1%). Mientras, en Extremadura (3,8%), Galicia (4,0%) y Principado de Asturias (4,7%) es donde menos peso tienen los inmigrantes respecto del conjunto de habitantes.

   El 49,3% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 50,7% son mujeres. Entre los españoles hay más mujeres (51,1%), mientras que entre los extranjeros predominan los hombres (51,9%). Además, el 15,8% de la población tiene menos de 16 años, el 41,1% tiene entre 16 y 44 años y el 43,1% tiene 45 o más años, conforme los datos del INE.

   La estadística destaca que mientras los empadronados españoles de entre 16 y 44 años son el 38,4% del total, entre los extranjeros la población de esta edad supone el 59,9 por ciento.

Correos recortará su plantilla en 2.000 personas

MADRID.- Correos reducirá en 2.000 empleos su plantilla este año mediante bajas incentivadas y el traspaso de funcionarios a la Administración General del Estado, con el fin de adecuarla al descenso de la actividad postal, según indicó el presidente de la sociedad, Javier Cuesta.

   La compañía postal pública, que actualmente suma 58.000 empleados, de los que 22.000 son funcionarios, también suspenderá este año las aportaciones al plan de pensiones.

   Con estas dos medidas Correos reducirá en un 5,3%, hasta 1.434 millones de euros, los gastos de personal correspondientes a 2012. Según detalló Cuesta, este capítulo de gastos supone el 73,1% del total de gastos de explotación la compañía, que se rebajarán en un 3,6%, hasta los 1.961 millones.

   La sociedad postal, actualmente integrada en SEPI, busca adecuar sus gastos al descenso del 5% que prevé en su actividad en el presente ejercicio, que cerrará con una pérdida antes de impuestos de 164,4 millones.

   Correos prevé que los ingresos de explotación todo el grupo Grupo Correos (empresa matriz y las filiales Chronoexprés, Nexea y Correos Telecom) caigan un 11,2% este año, hasta 1.933,4 millones de euros, y que su cifra de negocio se reduzca un 8,9%, hasta 1.903 millones de euros, según detalló el presidente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

   De su lado, los gastos de explotación se reducirán un 3,5%, hasta 2.107,7 millones, y los resultados financieros caerán un 15,4%, hasta 9,9 millones, de forma que el resultado antes de impuestos arroje un saldo negativo de 164,4 millones.

   Según el presidente de la entidad, estas cifras son resultado de la situación económica general, pero también de la liberalización del mercado postal, que ha elevado la competencia, especialmente en los segmentos "más rentables, aprovechándose de las inversiones ya realizadas por Correos y aplicando políticas de bajo coste".

 "Falta el desarrollo normativo de la liberalización para garantizar la sostenibilidad financiera del servicio postal universal", reclamó.

   Asimismo, indicó que desde 2007 los envíos postales han caído un 24,8% (un 7,9% sólo en 2011), mientras que los costes del servicio postal universal se mantienen como consecuencia de la alta dispersión y baja densidad poblacional del país.

   Según Cuesta, Correos también sufre una pérdida de actividad como consecuencia de la generalización de la comunicación electrónica, por las políticas de recortes en las empresas y el desarrollo de la administración telemática.

   Correos como empresa matriz (excluyendo las tres filiales), registrará un descenso del 12% en sus ingresos de explotación, que se situarán en 1.788,9 millones, como consecuencia del menor número de procesos electorales y por la vuelta a la tarificación bimensual de las compañías eléctricas.

   A estos dos factores es preciso sumar la subvención pública que finalmente se apruebe en los presupuestos generales del Estado, cifrada actualmente en medio millón de euros.

   Así, el resultado neto de explotación de la matriz será de 173 millones de pérdidas, con 6,5 millones de beneficios en los resultados financieros, por lo que el balance final (sin contar impuestos) será de 166,5 millones de euros de pérdidas.

   Respecto a las inversiones, Cuesta ha precisado que se mantendrán en un nivel "moderado" de 74,3 millones de euros, destinados fundamentalmente a infraestructuras, mecanización, transporte y sistemas informáticos para lograr más ahorros y potenciar nuevas áreas de actividad.

   El presidente de Correos ha aprovechado su comparecencia para avanzar también los datos de liquidación del pasado ejercicio, que elevan a 1.946 millones el importe neto de actividad, a 1.515 millones los gastos de personal y a 384 millones el servicio exterior. Así, el año se cerró con un saldo positivo de 3 millones de euros, antes de impuestos.

   También ha precisado que las subvenciones consignadas en el pasado presupuesto para el servicio postal universal se fijaron en 43 millones de euros, si bien al cierre del ejercicio el coste real se elevó a 200 millones de euros, por lo que "habrá un déficit de 160 millones" que el Estado deberá validar y compensar.

   En este sentido, ha recordado que aún están pendiente de pago por parte del Estado 318 millones de los 562,7 millones de euros devengados por las liquidaciones de 2008, 2009 y 2010.

   Si esta cantidad se suma a la que se deberá cuando se apruebe la liquidación del pasado ejercicio, la cifra de la que Correos será acreedor ante el Estado será de 476,1 millones de euros, junto a los 205 millones de Tesorería que están consignados ante la Dirección General del Tesoro por orden gubernamental y a los que puede acceder en cualquier momento que lo necesite, cosa que ocurrirá previsiblemente este año.

   Por todo ello, el presidente del grupo ha expresado su firme apuesta por "explotar nuevos mercados" como el del marketing multicanal, la paquetería o los servicios financieros, así como de fomentar una mayor eficiencia operativa y económica, ofreciendo más calidad y soluciones que demandan los clientes tales como mejoras en el uso de tecnologías o la tecnificación de la gestión.

   En concreto, Cuesta ha hecho referencia al convenio entre Correos y Deutsche Bank para la prestación de servicios financieros, un acuerdo "mejorable" y con el que no está "contento". Además, también ha apostado por aprovechar al máximo la "red capital de oficinas y recursos humanos" para construir nuevos negocios.

   Estas iniciativas se concretarán en el nuevo Plan Empresa 2011-14, en el que la dirección de Correos ya está trabajando y que servirá para trasladar las ideas contenidas en el plan anterior a medidas "de acción rápidas y concretas". La integración del grupo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) favorecerá también a estos objetivos.

   El portavoz socialista en la materia, Román Ruiz, ha recordado que Correos es "la primera empresa pública del país", con 4.500 millones de envíos al año y 19 millones de clientes particulares y dos millones de empresas. Por eso, ha instado al presidente a usar los instrumentos con los que cuenta para "adecuarse a la nueva situación de más competitividad", ofreciendo además la colaboración del PSOE en este objetivo.

   Su homólogo en el PP, Carlos Muñoz Obón, ha aprovechado para desear "mucha suerte" a Cuesta en la nueva tarea que acomete, que ha reconocido es "difícil por la coyuntura de austeridad y por el cambio regulatorio" en el sector.

Las banderas nacionalistas ocultan el bosque argentino de Repsol-YPF / José Luis Vidal Coy *

Entre tanto ondear de banderas nacionalistas, tanto cruce de acusaciones y tanta estentórea voz, han pasado desapercibidas algunas cosas importantes en el espinoso asunto de la toma de control por el estado argentino del 51% de la petrolera YPF, controlada por Repsol.

Antonio Brufau, el presidente petrolero español, ha tenido éxito en estos últimos días en hacer creer a mucha gente a este lado del Atlántico que nos han quitado nuestra parte en YPF (el 57%), o incluso que nos han arrebatado un trozo de nuestra Repsol. Si el adjetivo posesivo es de aplicación en este caso lo veremos más adelante. Antes de nada, el presidente de Repsol debería explicar por qué razones su compañía estaba teniendo negociaciones secretas para vender a la china Sinopec la parte argentina de la petrolera.

Esto no es ninguna invención ni intoxicación interesada, sino que fue publicado el día 17 de abril, el martes, por el nada sospechoso Finantial Times en su edición electrónica.

Sinopec participa con el 40% en las actividades de Repsol en Brasil. En la información firmada por Miles Johnson en Madrid, Jude Webber en Buenos Aires y Anousha Sakoui en Londres se asegura que la petrolera española quería vender su 57% de YPF a Sinopec por más de diez mil millones de dólares y que no informó previamente al Gobierno argentino ni de sus intenciones ni de las negociaciones “secretas” en curso.

También se dice que Repsol declinó el martes hacer comentarios sobre este asunto. ¿Alguien puede imaginar por qué? Seguro que sí. ¿Podemos deducir de lo que cuenta el FT alguna de las razones que llevaron al Ejecutivo de Cristina Fernández a la expropiación? Quizá. También podía explicar la viuda de Kirchner qué papel juega en todo el asunto el Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que tiene un 25,46% en YPF.

Cínicamente, Sinopec hizo saber ayer que no es el momento adecuado para entrar en YPF, cuando la semana pasada tenía casi ultimado un preacuerdo con Repsol. Argentina puede que se haya disparado en el pie, como se le escapó y retiró muy oportunamente al canciller español García Margallo, pero es seguro, si el FT no miente, que Repsol ya andaba trapicheando con YPF y probablemente no haya obtenido sino lo que ella misma se ha buscado.

Por eso trae cuenta apartar las banderas rojigualdas que agita el gobierno de Mariano Rajoy ayudado por el PSOE para intentar obtener más datos que nos pongan a alguna distancia del embrollo y verlo con cierta nitidez. Lo de “nuestra” es otro de esos árboles que ocultan el bosque.

La primera voz americana que lanzó anatema a la nacionalización de YPF fue el políticamente agonizante –hay elecciones en julio– presidente mexicano Felipe Calderón. PEMEX, la estatal petrolera mexicana, participa con un 9,5% en Repsol después de aquella rocambolesca historia del verano pasado que le costó a Sacyr y a su expresidente Luis del Rivero la posición de accionista de referencia en la petrolera española.

O no tan española, porque, además del 9,5% de PEMEX, el 42% de Repsol es de fondos de inversión multinacionales gestionados por grandes bancos. Y la patria del capital ya sabemos cuál es. Entre “nuestros” propietarios nacionales de Repsol destaca Caixabank, con casi el 13%, y Sacyr, que mantiene el 10%. Como se ve, ejemplar capitalismo popular, aquel invento de Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevado al paroxismo por los neocons actuales cuyos desmanes financieros han dado lugar a la actual crisis sistémica.

Tan popular como la cantidad de perjuicios medioambientales por derrames y otras circunstancias, que no son exclusivos de Repsol sino comunes a todas las prospecciones, yacimientos e instalaciones relacionadas con el petróleo.

En la inauguración ayer de la nueva planta de Repsol en Escombreras (Cartagena, Murcia), la mayor inversión industrial en España con 3.000 millones de euros y que estuvo realzada por el Príncipe de Asturias por lo que todos sabemos, la compañía presumió de que, a pesar de haberse duplicado la capacidad de su antigua factoría, el impacto ambiental ha crecido mínimamente.

No es cuestión de discutir sobre ese impacto. Pero hay que señalar que, aun dando por buena esa apreciación, los riesgos ambientales sí han crecido: la puesta en marcha de la nueva planta ha llevado asociada la instalación de un segundo oleoducto de Cartagena a Puertollano que pasa bajo el lecho del pantano del Cenajo, reserva reguladora de todos lo regadíos y el abastecimiento humano de la Cuenca del Segura.

(*) Periodista
 

http://www.cuartopoder.es/planetaherido/las-banderas-nacionalistas-ocultan-el-bosque-argentino-de-repsol-ypf/2029