Rajoy y sus 'barones' cuerdan fijar un "sistema de prioridades" para salvar servicios sociales básicos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales del PP se han comprometido este sábado a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello se han marcado como reto establecer un "sistema de prioridades" para salvar la prestación de esos servicios.

 En esta línea, han apostado por acometer una "profunda" reforma de las administraciones públicas y los servicios que prestan, eliminando duplicidades y ordenando competencias, pero sin devolverlas.

   Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha explicado ante la prensa las medidas acordadas por los 'barones' del PP en esta "fructífera" reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, y a la que han asistido también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis De Guindos, respectivamente.  

     En este encuentro, Rajoy y sus 'barones' han suscrito una declaración de cuatro páginas en la que, entre otros puntos, expresan su apoyo con el cumplimiento de los objetivos de déficit y las reformas que está realizando el Gobierno. Cospedal ha definido este texto como "el gran pacto del Partido Popular" y ha invitado a sumarse a otros grupos políticos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a un gran pacto con el primer partido de la oposición, si bien ha recordado que el PSOE ya votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta misma semana en el Congreso.

   La 'número dos' del PP ha explicado que para poder garantizar los servicios sociales básicos, el Ejecutivo central y los gobiernos del PP "están estableciendo un sistema de prioridades para que los servicios sociales básicos se puedan mantener" porque "de otra manera, con la situación económica" que han "heredado" del PSOE sería "imposible" mantenerlos.

   "El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de lo servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", ha insistido Cospedal, que ha recalcado que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.  

    En la reunión en 'Génova', los presidentes del PP se han comprometido a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible", en palabras de Cospedal.

    De hecho, en el documento que han suscrito figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añade el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".

   En cuanto a las competencias -el documento no habla en ningún momento de devolverlas como planteó esta semana Esperanza Aguirre--, se comprometen a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración". El ordenamiento de las competencias, añade, debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales. Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", dice el manifiesto.

    Además, la número dos del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha destacado que España saldrá de la crisis si cumple el objetivo de déficit y sigue adelante con las reformas. "Ese mensaje de confianza absoluta ha sido apoyado y respaldado por todo los presidentes del PP", ha dicho, para subrayar que todos los presidentes se han comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 por ciento fijado para las CC.AA.

    Durante la reunión, los presentes han compartido el "diagnóstico" de la situación, subrayando que España se encuentra en una situación "muy difícil", y han manifestado su respaldo "sin fisuras" a las reformas del Ejecutivo y, en concreto, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Sabemos que hemos heredado la peor situación que haya tenido nunca un Gobierno de España en la democracia española", ha indicado Cospedal, que se ha mostrado convencida de que se saldrá de esta situación "complicada".

     En la declaración firmada por los presidentes del PP se recoge además la importancia de la lealtad institucional que "tanto se ha olvidado en los pasados ocho años", según Cospedal. Tras recordar que España está formada por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas , ha señalado que "no se puede hacer una política de oposición ente las partes y el todo".

 "Nunca más con el PP al frente del Gobierno de España se dará la espalda a las CC.AA. como se ha hecho estos últimos ocho años ni las comunidades actuarán con deslealtad hacia los intereses generales de los españoles", ha proclamado.

    Cospedal ha manifestado que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a no establecer nuevos servicios que tengan que prestar las CCAA sin la suficiencia financiera necesaria y las CCAA se han comprometido a racionalizar las respectivas administraciones, evitar duplicidades y gestionar el dinero de los ciudadanos de manera "eficaz, austera y sobria".

   Finalmente, la secretaria general de los 'populares' ha asegurado que las Comunidades Autónomas "no son el problema de España" sino que tienen que ser "parte de la solución". Con este espíritu, ha dicho que las CC.AA. Se han  comprometido a hacer los mayores ejercicios de austeridad para que las normas y las pautas fijadas en la ley de Presupuestos Generales del Estado estén recogidas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de todas y cada una de las autonomías.

   Ante el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad que debe realizar el Gobierno, Cospedal ha indicado que los presidentes han planteado "fórmulas" en sus comunidades y ha recordado que se estudiarán la próxima semana en las dos conferencias sectoriales convocadas.

EQUO RM denuncia públicamente que los últimos recortes del Gobierno regional "precarizan los servicios públicos"

MURCIA.- EQUO RM denuncia que la disminución en 623 millones de euros aprobada en el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero, presentado por los consejeros de Obras Públicas, José Ballesta, y de Economía, Juan Bernal, supondrá "un grave empeoramiento en los servicios públicos, en la calidad de vida de la ciudadanía y en sus derechos sociales".

   Para Equo, los ajustes en la Consejería de Sanidad "son preocupantes, con una reducción de 95 millones de euros, consistentes, entre otras medidas, en el cierre parcial de centros de salud, disminución de guardias y sustituciones de vacaciones, reducción de servicios del hospital del Rosell de Cartagena o el recorte en el Plan de Salud Bucodental infantil".

   Asimismo, el 'tijeretazo' en la Consejería de Educación, estimado en 14,7 millones, "supondrá el despido de miles de profesores interinos, con el consiguiente aumento de la ratio del alumnado y el deterioro progresivo en la calidad de la enseñanza", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   "El capítulo cultural es otro de los damnificados por la jibarización presupuestaria, que ya ha propiciado la desaparición de iniciativas destacables como el Festival de Jazz o el de Música Antigua, la situación precaria de la Orquesta Sinfónica de Murcia  (que recibe 500 mil euros menos) y que ahondan en la difícil situación de los museos y las bibliotecas murcianas, lo que hará que nuestra Comunidad se hunda aún más en la cola de los índices culturales", han criticado.

   Y es que, según han señalado, a ello "se añaden los recortes tanto a las Universidades públicas (en más de 31 millones de euros) que precariza la enseñanza superior y disminuye la I+D+i, como al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), en casi 16 millones, un departamento encargado de áreas tan sensibles como son las ayudas a la dependencia, la gestión de las pensiones no contributivas, las residencias de mayores o los centros ocupacionales para personas con discapacidad".

   Por ello, apela una vez más a un cambio en el modelo de desarrollo económico, con el avance en sectores como las energías renovables, la rehabilitación de edificios, la movilidad sostenible, la eficiencia energética o la agricultura ecológica, todos ellos con un gran potencial económico y de generación de empleo.

IU-Verdes acusa al PP de "vender humo" con la creación de empleo en el Aeropuerto de Corvera

MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas ha acusado al PP de "vender humo" en relación a la creación de puestos de trabajo en el Aeropuerto de Corvera, y ha anunciado que va a preguntar al concejal de Empleo, José María Tortosa, por los cambios con respecto a las previsiones iniciales que repercuten en los cursos de formación que deben de impartir los municipios de Murcia y Fuente Álamo.

   Para Herguedas, "es poco riguroso que a estas alturas del proceso- los cursos deberían de comenzar en mayo- el Servicio Regional de Empleo someta a los municipios a un continuo baile de cifras y que después de tanta propaganda sobre la creación de empleo, estos se reduzcan a lo anecdótico", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   Asimismo, ha asegurado que "se anunciaron 20.000 empleos pero sólo se prevén 315 cursillistas para el municipio de Murcia, y lo más grave es que ni siquiera está asegurado que alguna de estas personas por cuya formación el Ayuntamiento de Murcia va a pagar 410.000 euros en total acaben trabajando en el aeropuerto, porque la selección la va a hacer la empresa y en ningún lugar se garantiza la contratación de estas personas".

   Por ello, ha preguntado al concejal Tortosa sobre la oferta municipal de estos cursos de formación, así como por las repercusiones que los mismos en la contratación de personas del municipio de Murcia y al proceso de licitación del paquete de cursos en marcha en la actualidad.
En otro orden de cosas, el aeropuerto alicantino de El Altet perdió un 11,2 por ciento de pasajeros durante los tres primeros meses del año en relación con el mismo periodo de 2011, hasta 1,48 millones de viajeros.
En cuanto al número de vuelos, en El Altet la caída interanual fue del 18,8 por ciento, con 11.418 operaciones.
   Durante el mes de marzo, el aeropuerto de Alicante registró 603.500 pasajeros, un 9,5 por ciento menos interanual. El número de vuelos operados en ese mes fue de 4.430 en Alicante, lo que supone caídas del 28,4 y 16,7 por ciento, respectivamente.

Valcárcel quiere condecorar con oro al último alcalde franquista de Murcia y a quien quería volar El Cenajo

MURCIA.- El Ejecutivo regional ha aprobado el inicio del expediente para la concesión de Medallas de Oro de la Región de Murcia al exsecretario general de CROEM y exalcalde franquista de Murcia, Clemente García García, al Club Taurino de Murcia y a la Unidad Militar de Emergencias. A estos galardones se une la Medalla de Oro cuya tramitación inició el Consejo de Gobierno el pasado 30 de marzo para distinguir al expresidente regional Andrés Hernández Ros, quien en tiempos de la Dictadura de los amigos de Clemente García llegó a planear la voladura de la presa de El Cenajo.

   El portavoz del Gobierno, José Ballesta, ha explicado que la Medalla de Oro a Clemente García reconoce su extensa trayectoria profesional en defensa de los intereses de la Región de Murcia.

   Asimismo, distingue con este mismo galardón al Club Taurino de Murcia por su labor de promoción del arte de la tauromaquia durante sus 125 años de existencia.

   Igualmente, el Consejo de Gobierno reconoce el trabajo desarrollado, en estrecha colaboración con los servicios regionales, por la Unidad Militar de Emergencias (UME), en las actuaciones derivadas de la atención a los ciudadanos de Lorca.

   El Gobierno murciano otorgará también la Medalla de Oro a Andrés Hernández Ros, presidente autonómico que rubricó el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que cumple este año sus primeros treinta años de vida.

El Plan Reequilibrio supone reajuste de 623 millones, 404 por reducción gastos y 219 por impuestos

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado inicialmente, en su sesión de este viernes, el Plan de Reequilibrio económico-financiero, que supondrá un reajuste de 623 millones de euros, de los que 219 vendrán de medidas procedentes de nuevos ingresos y los 404 restantes de reducción de gastos.

   Así lo ha anunciado en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien ha dejado claro que su aprobación es inicial por cuando "hay 14 días a partir de este momento para que el Gobierno regional mantenga contacto tanto con los afectados como con los interesados para recoger sugerencias y proposiciones".

   Del montante total (623 millones), el reajuste presupuestario que se hará de la modificación del presupuesto de la Comunidad para este año se sitúa en 546 millones de euros, mediante el aumento de ingresos o la reducción de gastos.

   Por otro lado, hay que sumarle 77 millones que provienen de las mayores operaciones financieras y de los intereses derivados de los pagos a proveedores.

   Así, en total serán 623 millones que se descomponen de la siguiente forma: 219 proceden de nuevos ingresos, en tanto que 404 millones de la reducción de gastos.

   Antes de desgranar los diferentes bloques de medidas que contiene dicho plan, Bernal ha subrayado que es "para adaptarnos al nuevo escenario presupuestario", dejando claro que "se trata de la mejor medida que podemos adoptar desde este Gobierno para salir de la crisis y combatir esta situación".

   El objetivo, ha dicho, es "avanzar hacia la sostenibilidad presupuestaria", poniendo de manifiesto, en este sentido, que "las políticas sociales se garantizarán y se mantendrán".

   El primer paquete de medidas es el referido a los ingresos impositivos, que tendrá una suma de 81 millones para este año. El Gobierno regional recupera el Impuesto sobre el Patrimonio, que supondrá una recaudación de 21 millones de euros, lo que Bernal ha justificado defendiendo que en este contexto "es un instrumento adecuado".

   En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aquellas operaciones de herencia o donaciones que superen las bases imponibles superiores a 300.000 euros no habrá esa bonificación del 99 por ciento. El impacto recaudatorio estimado para este año es de 15 millones de euros, de 53 millones si se tiene en cuenta 2013.

   Mientras que en el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente, cuyo impuesto de gravamen se aumentará un 50 por ciento. La recaudación entonces será de 33 millones; y una cuarta medida será la del incremento del tipo de gravamen general en actos jurídicos documentados, que pasará del 1 al 1,2 por ciento, lo que supondrá este año un aumento recaudatorio de 12 millones y de 18 en 2013.

   El segundo paquete, por importe total de 138 millones, en la línea de los ingresos es sobre el patrimonio, para lo que el Gobierno regional ha decidido vender inmuebles, cuyo impacto recaudatorio estiman en 60 millones para este año; y se recupera el proyecto de venta de puntos de amarre en concesiones portuarias, cuya previsión recaudatoria es de 78 millones.

   En el capítulo de reducciones de gasto corriente, referido a la disminución de gasto, mantenimiento o funcionamiento de carácter administrativo, se prevé la reducción de asistencias técnicas, alquileres, contratación centralizada a través de la Administración general, sustitución de contratos de servicio por actuaciones de funcionarios y reducción de consumos de electricidad, luz, teléfono, entre otros, en todas las consejerías. Esto supondrá un total de 25,8 millones.

   Igualmente, todas las consejerías estarán sometidas al apartado de reducción de sus actuaciones, lo que supondrá reducción o supresión de determinados proyectos o programas relacionados con los capítulos 4,6 y 7 del presupuesto de la Comunidad, que se estima en 168 millones de euros.

   Por consejerías, la partida más importante de reducción, en el capítulo de gastos, será en Universidades, Empresa e Investigación, que alcanzará los 31,2 millones de euros; Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 27,8 millones; seguida de Presidencia, 25,9 millones; Cultura y Turismo, 18,2 millones; IMAS, 15,9 millones; Educación, Formación y Empleo, 14,7 millones; Agricultura y Agua, 11,9 millones; Sanidad, 9,6 millones; y Economía y Hacienda, 4,6 millones.

   En el capítulo de Universidades, su titular, José Ballesta, se ha limitado a precisar que cualquier modificación "tendrá que pasar por un acuerdo específico de las universidades públicas, previa negociación".

   Bernal ha puntualizado también que se prevé una reducción del 3 por ciento de la nómina de los altos cargos, "lo que no se ha previsto para los funcionarios"; y la supresión de siete altos cargos, que no ha especificado cuáles, lo que representará un gasto de 500.000 euros, que "aunque no es representativo, sí es ejemplarizante".

   En esta línea, se reducirá un 25 por ciento el personal eventual de gabinete en el conjunto de todas las consejerías y un descenso del 5 por ciento en la remuneración de los diputados, que en el caso de las dotaciones de gabinete será de un 30 por ciento.

   En cuanto a los liberados sindicales, se ajustarán a lo establecido en el Estatuto del Empleado Público, que supondrá una reducción de 1,8 millones de euros.

   Sobre el sector público empresarial, el consejero ha hablado de "un ambicioso plan de disoluciones, fusiones, y en general de reestructuración de todas las empresas del sector público regional", con lo que se pasará de las 72 actuales a 38, un ahorro de 4,5 millones.

   Uno de los mayores recortes lo sufrirá el Defensor del Pueblo, a quien se le propondrá reducir su presupuesto de 1,6 millones a únicamente 400.000 euros. A lo que se une el recorte de la radiotelevisión pública regional, cuyo presupuesto se verá reducido en seis millones en 2012 y con la idea "avanzar hacia la privatización de la televisión pública de la Región de Murcia".

   A través del Grupo Parlamentario Popular, Bernal ha adelantado que se solicitará la presentación de una proposición de ley de medidas urgentes en materia de equilibrio presupuestario que se hará con carácter "inmediato".

   De manera, ha dicho, que a partir del 1 de mayo y una vez aprobado dicho plan, "se trasladará a la Asamblea el proyecto de ley de reajuste presupuestario cuya finalidad es adaptar los PGE como también a nuestro plan".

   Irá acompañado, ha desvelado, de otro proyecto de ley de acompañamiento que incorporará aquellas medidas que por su impacto superior a un año tengan que tener en cuenta efectos de reajuste de 2012; y un proyecto de ley de reestructuración del sector público autonómico para su reorganización.

   Finalmente, el portavoz del Gobierno regional ha afirmado que "no ha sido este un Consejo de Gobierno fácil y sencillo porque se han tenido que adoptar medidas duras, difíciles, dolorosamente duras, dolorosamente difíciles".

   Mantiene que "se han asumido desde la más estricta de las responsabilidades del Gobierno de la Región de Murcia". Asegura que las han planteado "alejándonos de la frialdad de los números, de la lejanía de las cifras y los datos y teniendo siempre en cuenta que detrás de cada una de estas decisiones hay seres humanos".

   Ballesta insiste en que "el fin es reactivar la economía de esta Región y generar empleo". "Ese es el fin último que buscamos y por lo tanto frente a estas medidas reactivas ante la crisis, en las próximas semanas vamos a presentar también medidas proactivas frente a la crisis", ha concluido el portavoz del Gobierno Regional, José Ballesta.

¿Peligra alguna universidad de la Región?

MADRID.- La ministra de la presidencia, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han anunciado este viernes la puesta en marcha de una comisión de doce expertos que habrá de elevar en seis meses una propuesta para la reforma del sistema universitario. 

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que esta comisión, constituida este mismo viernes, tiene el "objetivo fundamental de colocar la universidad española a los niveles de otras universidades europeas y del mundo en general", de los que se encuentra "muy lejos".

   Para ello, la comisión, compuesta por once vocales y presidida por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Real Academia de Farmacia, Teresa Miras; evaluará durante un plazo de seis meses la situación del sistema universitario y elevará al Gobierno recomendaciones para su mejora, en aspectos como la "organización y gobernanza", la "selección y acreditación del profesorado o elección de los alumnos", y el ámbito financiero.

   Así lo ha explicado el titular de Educación, quien ha afirmado que "la situación es muy susceptible de mejora" en las universidades, donde a su juicio hay una "desproporción entre resultados e inversión" porque, "pese a la extensión e ingentes recursos, la situación no se puede calificar como satisfactoria".

   En este sentido, ha apuntado que el número de alumnos, que ya supera el millón y medio, cumple ya con los objetivos de la Estrategia 2020 y ha destacado que el gasto público en Educación Superior en relación con el PIB se sitúa en los niveles de la OCDE mientras el gasto por estudiante está muy cerca de la media.

   Pese a ello, "solamente un tercio de los estudiantes terminan un título sin repetir ningún curso", media que en la OCDE está en el 40 por ciento, y la tasa de abandono en la universidad es del 30%, el doble que en Europa. "Si esto lo convertimos en dinero, significa que estamos tirando unos 3.000 millones de euros por culpa de este abandono universitario", ha añadido.

   Asimismo, ha apuntado que "no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo", el sistema está "muy poco internacionalizado", con menos de un cinco por ciento de alumnos extranjeros, y tiene una proporción "muy elevada" de profesorado que no tiene un sexenio vivo, "es decir, que no está investigando ni generando conocimientos".

   Wert ha incidido también en que acabados los estudios, los resultados tampoco son satisfactorios, como en su opinión muestra que "entre los parados en el tramo de edad de 25 a 29 años, el 21% son universitarios". 

 "Si ampliamos la observación para hablar de subempleados, tendríamos un panorama más complicado", ha asegurado.

   A su juicio, estos resultados se deben a "muchas causas" y, entre ellas, a la extensión "peculiar" que ha tenido el sistema universitario en España, donde actualmente hay 79 universidades públicas y privadas y 236 campus universitarios, en comparación con los diez centros que funcionan en California, estado norteamericano con población similar a la española.

   En esta línea, ha desgranado que la oferta académica en España es de 2.413 grados, 2.758 master y 1.680 doctorados. "Obviamente, el resultado es que casi el treinta por ciento de los títulos tienen menos de cincuenta alumnos de nuevo ingreso, es decir, algo más de la cuarta parte de los títulos tienen una masa crítica inferior al mínimo de eficiencia que se considera en las comparaciones internacionales", ha apuntado.

   "No se trata de si sobran alumnos o universidades sino de algo que es evidente y es que el ajuste entre alumnos y oferta dista de ser óptimo. La propia Conferencia de Rectores reconoce que existe una oferta sobrante del orden del 13%", ha señalado el ministro, para incidir en que tener una elevada tasa de alumnos universitarios respecto del total de estudiantes es "excelente", pero no si después de licenciados tienen problemas para trabajar.

   Para Wert, una de las consecuencias directas de esta situación de sobre oferta de títulos y universidades es "la absoluta falta de movilidad" de los estudiantes españoles, ya que "sólo el 7% cambia de distrito universitario", frente al 52% que se desplaza en Reino Unido.

   "El elemento de movilidad más importante, que es el Programa Erasmus, tampoco parece que se guíe por criterios universitarios", ha afirmado el ministro, para destacar que "casi la cuarta parte" de los 'erasmus' españoles se desplazan a Italia y "es evidente" que sus universidades "no son las más importantes no ya del mundo, ni siquiera de Europa".

   El titular de Educación ha señalado asimismo otras causas, como el sistema de selección y acreditación del profesorado o "la endogamia", y ha destacado por "evidente" que el sistema de gobernanza universitaria dictado por la Ley Orgánica de Educación "no ha dado el resultado que se esperaba". En su opinión, la "amplia autonomía" que se dio a las universidades "no ha venido acompañada" de una rendición de cuentas y por ello, "la autonomía universitaria no ha rendido los frutos que se debía esperar".

   El ministro ha destacado que para afrontar todas estas situaciones el Gobierno ha considerado adecuado organizar la citada comisión de expertos, "personas con mucha experiencia y profundamente comprometidas con la mejora de la universidad" que colaboran de forma "desinteresada y generosa" y que "representan no sólo la excelencia académica en su campo" sino que aportan "generaciones distintas e incluso orientaciones ideológicas" diversas al estudio.

   Los once miembros serán el catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Óscar Alzaga Villaamil; el catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia y miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG), José A. de Azcárraga; el doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Salvador Barberá, y el doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, Félix Goñi.

   Asimismo, son vocales el catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV; José Capmany; la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Elisa Chulia Rodrigo; y el catedrático de Economía y Estrategia en el Departamento de Empresas y Economía en la London School of Economics, Luis Garicano.

   Por último, integran el grupo el presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid y actual vicepresidente Segundo del Banco Santander, Matías Rodríguez Inciarte; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja, Mariola Urrea; y el ex rector de la Universidad Complutense y catedrático del mismo centro Rafael Puyol.

Un economista ultraliberal respalda que las autonomías están quebradas por la Sanidad

MADRID.- El economista ultraliberal Pedro Schwartz ha respaldado este jueves la propuesta de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de devolver al Estado las competencias de Sanidad, Justicia y Educación, ya que a su juicio "las autonomías están quebradas por la Sanidad" y "habría que centralizarla".

   Así lo ha manifestado durante su intervención en el programa de Telemadrid 'El Círculo'. "Las autonomías están quebradas por la Sanidad, sí habría que centralizarla. Esperanza Aguirre dice lo que piensa todo el mundo y eso molesta", ha dicho.

   Pedro Schwartz ha explicado que los últimos tiempos han sido muy críticos para España, y recordó que "la tormenta ocurrirá más veces porque los mercados están muy nerviosos y son muchos los países del euro los que están en dificultades". No obstante, en su opinión "hay demasiado drama. Desdramaticemos porque creo que vamos a salir adelante".

   Tampoco ha considerado que en España se fuera a producir un "corralito" como el argentino, porque "solo puede ocurrir si al país al que se intervine se le saca del euro, sino, no".

   "Sí pude ocurrir que venga un quipo de intervención enviado por la troika, es decir el Banco Central, el Fondo Monetario y la UE, a ver el presupuesto y ver cómo se está gastando", ha indicado.

   Para Schwartz no es motivo de alarma que no se pueda pagar en metálico más de 2.500 euros. "Se hace un cheque y ya está", como tampoco le parece una "locura" que se intente "rascar para que las personas que usan los servicios paguen algo más por ellos y se suba el precio del billete de Metro o las matriculas universitarias.

Hoy se cierra por orden judicial el fracasado aeropuerto de Ciudad Real

CIUDAD REAL.-   El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, ha mostrado su "respeto" ante la decisión de los administradores concursales del aeropuerto de Ciudad Real, cuya única pista será cerrada a todo tipo de tráfico aéreo este viernes, día 13 de abril.

   En rueda de prensa, a preguntas de los medios, De Lara se ha manifestado así ante la petición de los administradores concursales de suspender la actividad del aeropuerto durante un año, algo que fue aceptado por el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real que lleva el concurso de acreedores.

   En todo caso, De Lara ha expresado su esperanza de que el aeropuerto pueda ser reabierto cuando pase la actual situación de crisis económica y que, en su entorno, como estaba previsto en un principio, se puedan instalar empresas e industrias.

El Gobierno regional prevé la destrucción de 8.000 nuevos empleos este año

MURCIA.- El Informe Económico 2012 que ha preparado la Dirección General de Economía prevé que en el primer semestre del año, que califica de "negativo", continúe la destrucción de empleo hasta el punto de que a lo largo del año "aumente en 8.000 nuevos puestos de trabajo destruidos".

   Sin embargo, en dicho informe se recoge la previsión del segundo semestre de 2012, que contempla "una estabilización de los indicadores de actividad y empleo".

   Aunque la tasa de crecimiento será negativa, situándose en un -1,1 por ciento, "es inferior a la calculada por el Gobierno de la nación (-1,7 por ciento).

   Datos éstos que ha dado a conocer en rueda de prensa el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, quien ha puesto de manifiesto que la previsión para el próximo año es de "crecimiento positivo", en tanto en cuanto se estima en un 0,5 por ciento del PIB, confirmado, según ha dicho, por datos de Hipalink y BBVA, que han previsto para la economía regional tasas de crecimiento "positivo" en 2013.

   A la luz de estos datos, Bernal ha considerado que "son una pequeña luz que no debemos de ignorar, ya que podría significar que en 2013 haya esa ligera recuperación y el inicio de un proceso de creación de empleo, así como el final que se necesita del proceso de destrucción de empleo".

   A pesar de ello, incide en que el informe "dibuja un panorama difícil y confirma la dureza y persistencia de la crisis, pero también dice que en 2013 se puede empezar a vislumbrar esa recuperación suave y anima a redoblar esfuerzos para salir cuanto antes de esta situación".

   Por otro lado, el titular de Economía, que ha confesado no ver síntomas de recuperación, ha afirmado que los indicadores económicos que se exponen en dicho informe exponen una situación de la economía murciana que es "negativa", por cuanto se caracteriza por un crecimiento "negativo y una destrucción de empleo".

   "La crisis está siendo intensa, persistente y prolongada en el tiempo", ha subrayado Bernal, quien achaca estas cifras negativas que lastran el crecimiento económico de la Región a la "enorme caída de la construcción".

   Precisamente, por sectores económicos se observa que todos, a excepción de la construcción (que cayó un 6,9 por ciento), registraron aumentos que en el caso de la Agricultura se situó en un 1,9 por ciento en 2011, seguido de Industria (1,7) y Servicios (0,8).

   En concreto, tacha de "negativos" los datos del sector de la Construcción, ya que la caída de viviendas iniciadas se situó en un 56 por ciento y las terminadas en un 77 por ciento, mientras que en obra pública el descenso fue del 44 por ciento.

   En materia de ocupación, en 2011 se destruyeron 16.000 puestos de trabajo y la tasa de paro se situó en el 25,4 por ciento, según ha desgranado el consejero, quien precisa que el 86 por ciento del empleo que se destruyó el pasado año lo fue en el sector de la construcción.

   Este dibujo "negativo" de la situación lo confirma, a su juicio, "el hecho de que tenemos una reducción en el número de empresas, aumento de la morosidad y caída importante de créditos hipotecarios que se concedieron en 2011". Por contra, las exportaciones, según ha resaltado, crecieron un 11 por ciento el pasado año, "lo que da un síntoma de que por esta vía tenemos también posibilidades de actuación".

   En turismo, ha apostado por "mejorar para favorecer la entrada de turistas, las pernoctaciones hoteleras y el grado de ocupación".

   De ahí que se haya preparado un paquete de medidas económicas que tiene que inspirar tanto el Plan de Reequilibrio como el de reajuste presupuestario para 2012, que persiguen el objetivo de crear empleo.

   Prueba de ello es que se apostará por el modelo de crecimiento de la Región que "ya conocemos y por el que podemos y debemos seguir apostando, con las debidas adaptaciones e incorporaciones".

   Al hilo, ha subrayado que el modelo de crecimiento "está basado en una agricultura innovadora y competitiva", tras lo que ha hecho referencia a que el modelo de crecimiento "dispone de un sector agroalimentario potente".

   En materia de actividad turística, ha destacado que la Región "dispone de un entramado innovador avanzado", mientras que ha mencionado también la posibilidad de que la Tercera Edad "se puede convertir en un elemento fundamental que permite nuclear proyectos ambiciosos en materia residencial".

   Entrando más en profundidad en algunas de estas medidas, ha apostado por recuperar el sector de la construcción, ya que mientras que en la Región anteriormente vivían 110.000 personas de ellos, "hoy sólo viven 50.000".

   Se apuesta, por ello, por "poner en venta el parque de viviendas de segunda residencia terminadas en la Región", para lo que la Consejería de Obras Pública "ya está elaborando un certificado de calidad de viviendas que pretende normalizar para que ganemos confianza de los mercados internacionales, así como la elaboración de una normativa de exigencia de calidad a nuevas promociones residenciales".

   Otra de las medidas es la correspondiente a saldar la deuda con los proveedores. En este sentido, ha adelantado que "un total de 1.400 millones de euros van a ser inyectados en la economía privada en los dos próximos meses, lo que permitirá que una gran parte del tejido empresarial de Murcia recupere confianza y equilibrio y pueda pensar en nuevos proyectos".

   Igualmente, se apostará por siete proyectos "donde hay inversión privada pero mucha iniciativa pública". Se trata de la Ciudad Alimentaria, la Dársena de Contenedores de El Gorguel, la regeneración de la Bahía de Portmán, el proyecto de Marina de Cope, el aeropuerto regional, el proyecto Paramount y el Parque Científico.

   Por último, se actuará en el impulso de aquellos sectores considerados estratégicos, como el agrario, donde se consolidará la marca de calidad Región de Murcia; y el de la industria agroalimentaria, apostando por asegurar el abastecimiento de agua, profundizar en innovación agraria y continuar con las ayudas de la PAC.

   En materia de turismo, ha continuado, los esfuerzos se centrarán en "comercializar los paquetes turísticos"; y en innovación, ha desvelado, está en marcha el proceso de concentración de centros tecnológicos.

   Para concluir, también ha hecho referencia al esfuerzo que realizarán en materia de tramitación y regulación. Así, "se simplificará todas las tramitaciones se cualquier actividad empresarial, lo que significa que se agilizarán y simplificarán trámites en materia medioambiental y urbanística, así como garantizar los tiempos de respuesta".

   "También se implantarán cartas de servicios en todas las consejerías y se llevará a la Asamblea Regional las modificaciones normativas necesarias para que haya mejor regulación", ha anunciado.

   De esta forma, ha puntualizado que el proyecto de Ley de simplificación administrativa "estará en la Asamblea tramitado antes de final de año, al mismo tiempo que se luchará contra la economía sumergida".

Bernal adelanta que el presupuesto regional se tiene que recortar en 500 millones y advierte de nuevos impuestos

MURCIA.- El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha anunciado este jueves que el Plan de reequilibrio presupuestario, que se presentará este viernes en Consejo de Gobierno, contempla un recorte de 500 millones de euros aproximadamente de los presupuestos de la Comunidad.

   Bernal, quien ha hecho estas declaraciones tras presentar en rueda de prensa el Informe Económico 2012, ha cifrado en 500 millones la cantidad que se tiene que recortar del presupuesto regional, desmintiendo, de este modo, las informaciones que apuntaban a 1.200 millones de euros.

   Tras reconocer que es un reajuste "duro y que producirá daño al presupuesto regional", Bernal confía en que el Consejo de Gobierno apruebe dicho plan, del que se esperan medidas de nuevos impuestos donde la Comunidad tiene competencia, así como de reducción de gastos; aspectos ambos en los que ha declinado entrar más a fondo, puesto que se está a la espera de su aprobación en Consejo de Gobierno, que será el encargado de "valorar el paquete final".

   En el caso de que se apruebe, ha explicado que se hará inicialmente, puesto que se dispondrá de un plazo de 10 días para comentarlos con los agentes sociales, económicos y diversas instituciones, con el objetivo de que se someta al "diálogo".

   Al hilo, ha destacado que Europa "está obligando a España a que nos ajustemos a un determinado nivel de déficit y somos parte de España y Murcia quiere cumplir la parte que le toca y ajustar su déficit a lo que le corresponde".

   En esta línea y preguntado sobre si teme que el Estado le obligue a recortar más de lo previsto hasta ahora al poner encima de la mesa los recortes en Sanidad y Educación, el consejero espera que no, ya que "hay un plan de reequilibrio que tiene unas normas para calcularlo y lo hemos hechos".

   Se trata, según ha comentado, "de un debate nacional y una valoración de posibilidades, pero lo único que hace es analizar posibilidades, nada más".

   Un debate nacional, ha insistido, que "tenemos que esperar", confiando, al mismo tiempo, que no afecte al plan de reequilibrio. No obstante, ha apuntado que "si paralelamente a eso todo el Estado y las CCAA tienen la duda de que hay una situación que requiere de medidas adicionales, pues ese debate está en marcha pero en una fase muy inicial".

Murcia lidera el mayor porcentaje de efectos devueltos impagados en febrero

MURCIA.- La Región de Murcia, junto con Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Extremadura, fue la Comunidad Autónoma con el mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos durante el pasado mes de febrero, al situarse en el 5 por ciento, lo que supone siete décimas más que la registrada en el conjunto nacional (4,3 por ciento), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados en la Región de Murcia ascendió a 28 millones de euros en febrero y a 539,3 millones de euros los efectos vencidos.

   El importe medio de los efectos devueltos impagados en la Región de Murcia se elevó a 2.937 euros, superior a la cifra nacional (1.933), y el importe medio de los efectos de comercio vencidos alcanzó los 2.837 frente a los 2.124 nacional.

   En el conjunto del país, el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de familias y empresas bajó un 1,5 por ciento en febrero en relación al mismo mes de 2011, hasta sumar 322.548.

   El descenso de febrero contrasta con la subida interanual del 1,1 por ciento que se registró en enero después de que en los últimos cuatro meses de 2012 los impagos en las compras a plazos experimentaran caídas interanuales.

   El importe total de los efectos de comercio devueltos impagados ascendió a 624 millones de euros en febrero, cifra superior en un 12,8 por ciento a la de febrero de 2011, mientras que el valor medio de dichos efectos creció un 14,5 por ciento y se situó en 1.933 euros.  

   El porcentaje de los efectos de comercio impagados sobre vencidos alcanzó el 4,3 por ciento en el segundo mes del año. El importe medio de los efectos vencidos (2.124 euros) fue superior al de los impagados (1.933 euros).

UPyD Cartagena propone la elaboración de un mapa regional de riesgos ambientales sobre la salud

CARTAGENA.- UPyD Cartagena ha reclamado la necesidad de elaborar "un mapa regional de riesgos ambientales sobre la salud de la población", tras lo que se ha posicionado por el desarrollo de un sistema "sostenible", que no perjudique al medio ambiente y por lo tanto a los ciudadanos, y su salud. 

   Con respecto a las alertas que se van comunicando sobre los niveles de contaminación por medios oficiales, organizaciones medio ambientales y los propios ciudadanos, considera que el Ayuntamiento de Cartagena "se tiene que posicionar escogiendo las mejores opciones para que el municipio progrese dentro de un sistema sostenible".

   Desde esta posición inicial ha exigido que "se realicen planes de actuación consensuados entre la administración regional, local y organizaciones medioambientales, y se cumplan".

   Desde UPyD se propone al Ayuntamiento que "apueste por mejorar el transporte público y la construcción y promoción del uso de carriles-cibi para reducir el tráfico por el centro de la ciudad; además de una mayor inspección sobre la contaminación en las zonas industriales".

   Igualmente, sugiere que "se fijen nuevas metas como puede ser optar para la Capital Verde Europea". Para el coordinador local de UPyD, Fulgencio Egea, "es el momento de optar por nuevas políticas que hagan progresar a Cartagena, políticas innovadoras, o por lo contrario estancarnos, económica y socialmente, en las políticas del PP de Cartagena basadas en grandes obras, con altos costes y baja rentabilidad para los ciudadanos, políticas ideadas para promover el despilfarro y no el bienestar de los ciudadanos".

Beteta dice a los funcionarios que deben "olvidarse de tomar el cafelito"

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado este jueves en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales.

   Durante su partipación en el Foro Aragonex, Beteta ha subrayado que "nada será como antes" y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

   Así, ha señalado que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, "que no sumisión".

   Beteta ha indicado que la economía española tiene que ganar en competitividad y ligar las subidas salariales a este concepto y cuando las circunstancias lo aconsejen, al tiempo que ha asegurado que los salarios de los empleados públicos no deberían vincularse con la evolución de la inflación.

   El secretario de Estado se ha referido también a la reforma laboral, apuntado que ésta se ha hecho para modernizar las relaciones laborales un país con más de 5 millones de desempleados y "harto" de escuchar "palabras vacías".

 "No entiendo por qué se venera tanto un régimen que es herencia del Franquismo", ha añadido.

   En cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal, que incluirá la prohibición para empresarios y profesionales de pagar en metálico operaciones por importe superior a los 2.500 euros, Beteta ha indicado que la sociedad entera "tiene que rebelarse contra la economía sumergida".

   Así, ha advertido de que cuando no se emiten facturas en las operaciones comerciales. "se está poniendo en peligro el pago de medicamentos y la educación", entre otras cosas. "Es malo que lo haga una empresa y que el particular lo tolere. Y yo creo que no es cuestión sólo de multa. Para las empresas está el riesgo de la reputación", ha añadido.

El PSOE pide garantías a la Comisión Europea para los inversores de CAM

BRUSELAS.- El eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo se ha dirigido a la Comisión Europea (CE) para pedir que se dé "garantías" a los inversores con acciones preferentes de entidades "que cuentan o han contado con el apoyo del Estado" como Novacaixagalicia (NCG), Unim o Caja Mediterráneo (CAM).

A través de una pregunta parlamentaria, el eurodiputado socialista reclama que se respeten los derechos de los consumidores que han invertido en estos productos y ahora se ven afectados.

"¿Dispone de alguna información al respecto?, ¿puede afirmar que el proceso de comercialización de las participaciones preferentes se ha hecho conforme a la legislación comunitaria en vigor?, pregunta el europarlamentario.

Más allá, cuestiona a Bruselas si la CE "está trabajando con las autoridades competentes para garantizar que los planes de acompañamiento a las ayudas de estado garanticen los derechos de los consumidores que han invertido en estos productos".

Sánchez Presedo ha remitido a Bruselas a través de la pregunta escrita los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cuantifica las participaciones preferentes negociadas en estos momentos en los 11.000 millones de euros.

La página web del órgano regulador califica a estos productos de "complejos de riesgo elevado" con "una liquidez limitada".

Sánchez Presedo informa asimismo a la CE de que "distintas asociaciones de consumidores denuncian que varias entidades financieras habrían comercializado a lo largo de la última década y durante la crisis estos valores como garantizados carentes de riesgo".

La CNMV, de hecho, explica Sánchez Presedo al Ejecutivo comunitario, ha abierto hace pocas semanas expedientes sancionadores a cuatro de los dieciocho emisores de participaciones preferentes, al tiempo que su presidente reconocía la existencia de "problemas puntuales" en su colocación.

"Los cambios en la valoración de las entidades en proceso de reestructuración han afectado a la rentabilidad de las participaciones preferentes que han emitido", añade el eurodiputado, quien apunta además que "en algunos casos su negociación ha llegado a ser suspendida o las entidades emisoras han ofrecido el canje por productos alternativos como acciones".

Así, asegura Sánchez Presedo, "en estos momentos, la principal fuente de incertidumbre afecta a los tenedores de participaciones preferentes emitidas por entidades que han contado o cuentan con apoyo del estado como Novacaixagalicia, Unim o la Caja de Ahorros del Mediterráneo".

Los accionistas díscolos condicionarán la subasta de Banco de Valencia

VALENCIA.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) da luz verde este jueves a la subasta de Banco de Valencia, la primera de un banco en España. El matiz conlleva novedades y nuevos jugadores hasta ahora inauditos, según 'Economía Digital'.

Porque la historia de la entidad valenciana, intervenida en noviembre por el Banco de España desde que se destapara un agujero de 600 millones de euros, no sólo la escribirán los administradores públicos y las entidades dispuestas a acudir a la puja. Los accionistas valencianos esperan “presentar batalla” en las próximas semanas.

De forma paralela a la subasta, un nutrido grupo de accionistas minoritarios, liderados por el empresario Vicente Simó, se han unido para hacerse fuertes y pelear para no perder el valor de sus acciones. Y no se trata de ninguna minoría desechable. El paraguas Pro Banco de Valencia representa el 25% del capital social de la entidad. En total, cerca 1.800 personas con 125 millones de acciones.

Esta asociación espera jugar un papel decisivo en la próxima junta de accionistas, una cita que todavía no se ha celebrado pero que se intuye inminente, antes del verano. Porque el Banco de España ha comenzado la subasta sin aclarar si las acciones de la entidad valenciana tendrán valor. Y en el seno de esta asociación se teme que se produzca una operación acordeón, que supondría reducir a cero el precio de los títulos. “Y eso significa que mucha gente perdería los ahorros de toda la vida”, asegura Simó.

“Si se confirma, nos preparamos para una junta de general accionistas muy movida y caldeada, con numerosas impugnaciones”, augura Simó, que ha presentado un estudio de Caruana & Asociados, basado en el flujo de caja, que atribuye a la entidad un valor de 900 a 950 millones de euros. Incluso ha señalado que tanto la Bolsa como el propio Frob le otorgan igualmente un valor a la entidad.

Por ello, estos accionistas proponen que realice una operación similar a la de Banesto en los años noventa. Además, esperan para el futuro de la subasta un nuevo socio que tenga poca presencia en territorio valenciano, que mantenga la marca Banco de Valencia y permita la presencia de capital y representantes valencianos en el consejo.

De momento, y como punto de partida, las entidades interesadas ya tienen en su poder desde el martes los cuadernos de venta. El primero en admitirlo ha sido Carlos Egea, presidente del Banco Mare Nostrum (BMN) y principal favorito para hacerse con el Banco de Valencia. De hecho, es el único que ha mostrado públicamente su interés en adquirirlo.

A Egea le interesa el banco valenciano porque le permitiría completar su presencia en el arco del Mediterráneo con el grupo liderado por Caja Murcia y que también cuenta con Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra como accionistas. BMN apenas cuenta con 44 oficinas en Valencia y Castellón de las cerca de 1.500 que tiene el grupo, por lo que serían complementarios. Pero además, Banco de Valencia, entidad ya cotizada, le permite salir a bolsa sin la necesidad de hacer una oferta pública de venta.

Egea, sin embargo, no es el único. Otras entidades como Popular, Ibercaja o Bankinter también han mostrado su interés en hacerse con el cuaderno de ventas para estudiar si acudirán a la puja. De hecho los dos primeros ya mostraron su interés por la catalana Unimm, que finalmente fue adjudicada al BBVA. Los interesados disponen ahora de tres semanas para presentar sus ofertas no vinculantes al Banco de España, que seleccionará a los candidatos más idóneos, para que puedan estudiar a fondo las cuentas de la entidad.

Fomento anuncia un 'Macrocontrato' de concesión en el Corredor Mediterráneo

MADRID.- El Ministerio de Fomento acometerá en colaboración con la iniciativa privada, a través de un contrato de concesión, las obras de implantación de un tercer carril en la línea ferroviaria del Corredor Mediterráneo, un proyecto estimado en 1.200 millones de euros.

   La implantación de un tercer carril en este Corredor supondrá su conversión al ancho de vía por el que circulan los trenes AVE y al que actualmente existe en toda la red ferroviaria Europa.

   De esta forma, Fomento busca promover el transporte de carga por tren "para que las mercancías españolas lleguen al centro de Europa a través de Francia", según indicó la titular del Departamento, Ana Pastor.

   Pastor indicó que el proyecto se acometerá a través de un contrato de colaboración público-privada, un sistema por el que el capital privado adelanta la mayor parte de la inversión necesaria para acometer el proyecto, para recuperarla una vez que la obra se pone en marcha mediante el cobro de un canon o tasa anual a la Administración.

   Por ello, según indicó Fomento en un comunicado, la ministra "animó" a empresarios españoles y a inversores internacionales a participar en este proyecto.

   El Ministerio enmarca esta iniciativa en su intención de impulsar la coloración del capital privado en la promoción de obra pública, para compensar el descenso del presupuesto público.

   Para ello, Fomento prevé modificar la legislación sobre concesiones para delimitar los riesgos del concesionario y dar más seguridad jurídica, e incrementar la participación pública en algunos proyectos de forma que alcance incluso el 50%.

Se publicará trimestralmente el estado de gastos e ingresos de cada CCAA

MADRID.- El Gobierno publicará trimestralmente el estado de gastos e ingresos de las comunidades autónomas en términos de contabilidad nacional, comenzando "muy pronto" por dar a conocer las cifras con las que se cerró el ejercicio de 2011, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

   "En España muy pronto vamos a publicar el estado de ingresos y gastos de las comunidades autónomas una por una, traducidas a contabilidad nacional. Primero, el cierre de 2011 para mayor transparencia; y, después, el seguimiento trimestral de cada comunidad autónoma. Para que no haya dudas de que estamos todos en el mismo empeño: reducir el déficit público y generar confianza para poder tener cuanto antes recuperación económica a través del crédito y la apuesta decidida de las instituciones europeas para superar la crisis", ha puntualizado.

   Y es que la reducción del déficit para generar confianza es el principal objetivo del Gobierno en este ejercicio y que pasará por unas "reducciones superiores a las previstas" y a las que "hubieran sido deseables en un momento de recesión económica" pero que a las que España está obligada por "la desviación oculta del déficit público, negada por el Gobierno socialista hasta en el traspaso de poderes".

   Por último, Montoro ha asegurado que la reducción del 8,5 por ciento de déficit con el que se cerró el pasado ejercicio hasta el 5,3 por ciento acordado con Bruselas se hará "con la máxima transparencia frente a las instituciones europeas, los inversores internacionales y los socios europeos".

   "Y a ese respecto promoveremos el apoyo a los presupuestos, que también llevan adelante las oportunas correcciones en los presupuestos de las comunidades autónomas y las entidades locales. Y desde el Gobierno queremos insistir en que esa reducción es la manera más corta para volver a la recuperación económica y a la creación de empleo. Significa un esfuerzo grande, pero lo vamos a hacer la Administración General del Estado y el conjunto de las comunidades y las corporaciones locales", ha insistido.

La Junta manchega espera que haya una "oferta seria" para el aeropuerto de Ciudad Real

TOLEDO.- La consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha asegurado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal espera que haya "una oferta seria" por el aeropuerto de Ciudad Real para  encontrar "alguna salida" para la situación actual de la infraestructura.

   En una rueda de prensa donde ha presentado las Jornadas Cervantinas que se desarrollarán en la localidad toledana de El Toboso, Casero ha manifestado en este sentido que las ofertas llegadas hasta ahora "han colaborado a crear estigmas que no hacían falta" en el aeropuerto.

   Casero ha subrayado que cuando el nuevo Gobierno 'popular' tomó posesión "ya se encontraba en marcha el concurso de acreedores" en el aeropuerto, y ha aseverado que "es lamentable que una infraestructura de esta importancia haya sido un ejemplo de despilfarro que no tenía el objetivo que tenía que tener".

Esperanza Aguirre: "No soy monedita de oro, digo lo que pienso"

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha referido este miércoles a la acogida que ha tenido en el PP su propuesta de cambio del modelo autonómico, después del encuentro que mantuvo ayer con el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y ha asegurado que ella no es "monedita de oro" y que dice lo que piensa, en referencia a la expresión popular 'No soy monedita de oro para caerles bien a todos".

   Después de que tras el encuentro de ambos dirigentes, Rajoy señalara que "ni se plantea" una reforma del Estado de las Autonomías y que hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya asegurado que no se va a acometer tal reforma, los periodistas le han preguntado sobre qué le parece la respuesta de sus compañeros de partido a las propuestas sobre la devolución, entre otras cosas, de las competencias de Sanidad y Educación, al Estado.

   En este sentido, Aguirre ha indicado que Rajoy, cuando dijo que no se planteaba la reforma estaba respondiendo a una "pregunta sobre otro asunto que no tenía nada que ver" con su propuesta. Sobre las palabras de Gallardón, ha apostillado: "No soy monedita de oro, digo lo que pienso, y eso es lo que tienen que valorar los ciudadanos".

   Y es que Aguirre ha insistido en su idea y que la "mejor manera" de ahorrar es reducir la cantidad de administraciones públicas que tiene España. "Creo que eso es lo mejor para que sea competente de una sola cosa una sola administración y se acaben las duplicidades", ha señalado.

   A su juicio, "hay que acabar con ello porque nadie entiende, ni analistas nacionales ni internacionales, que tengamos distritos, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas, Gobierno de la Nación y comunidades europeas".

   Sobre las declaraciones del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que ha insistido en la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa que incluya a las autonomías para definir una "transición económica", Aguirre solo ha recordado que ayer ya lo dijo "con toda claridad", y que cree que España necesita una reforma de las administraciones.

   "España entra en un momento muy difícil y ese momento requiere de una reforma de las administraciones públicas que no puede acometer un solo partido", ha considerado la presidenta del Gobierno regional, quien ha añadido que esta cambio "debería acometerlo el PP y el PSOE".

   "Estamos en un momento tan difícil y delicado que creo que para que España pueda salir de la crisis necesitamos todos arrimar el hombro, prescindiendo de ideologías políticas y de las administraciones en las que estemos", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que, en definitiva, "lo que hay que hacer es lo que sea más eficaz y mejor para España".

   También se ha referido a las palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha rechazado la idea de devolver competencias al Estado y que ha dicho que quien lo quiera hacer que lo haga porque así "demostrarán" que hay comunidades autónomas que responden puramente a una "cosa artificial" que se creó para hacer el "café para todos" y para diluir las aspiraciones de Cataluña y el País Vasco.

   Aguirre ha mantenido sus palabras y ha asegurado que el Estado autonómico "se crea para integrar en el conjunto de España a Cataluña y País Vasco". En su opinión, "los treinta y tantos años que han pasado han servido para que veamos que la integración no se ha logrado pero si se ha logrado para multiplicar el gasto de las otras quince CCAA".

 "Tenemos que reflexionar y estudiarlo porque España necesita un cambio en la forma de las administraciones públicas", ha concluido.

USO Murcia denuncia la partida de un millón de euros en los Presupuestos de la Comunidad para CROEM, UGT y CCOO, 'sin ningún fín último'

MURCIA.- El sindicato USO Región Murciana ha denunciado públicamente este miércoles en rueda de prensa el conjunto de subvenciones destinadas a la patronal Croem y a UGT y CCOO que se recogen en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año, que "ascienden a casi un millón de euros sin ningún fin último".

   Al respecto, el ex secretario general de USO en Murcia y militante de base, Luis Casalins, ha sugerido al consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, que en virtud de los "reajustes en el presupuesto nacional, el tijeretazo que tiene que hacer sea de ese casi millón de euros".

   A los que se sumaría, en caso de ser necesario, "22 millones de euros del presupuesto para la ejecución del segundo año de vigencia del Pacto por la Estabilidad en el Empleo".

   Precisamente, Casalins ha recordado que esto fue motivo de presentar un recurso de queja ante el Defensor del Pueblo nacional para solicitar que interpusiese un recurso de inconstitucionalidad "contra determinados incisos de la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2012".

   En concreto, USO critica la partida de gastos y subvenciones nominativas concedidas a CCOO y UGT y a la patronal por importe superior a 279.000 euros "justificada para estudios de planificación económica", así como la partida de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, que suma en conjunto entre los tres más de 516.000 euros "para actuaciones complementarias en materia de trabajo y empleo".

   "Entre todas las subvenciones casi se llega a un millón de euros", ha reprobado Casalins, quien ha puesto de manifiesto que "se atenta contra los principios constitucionales que hablan de la libertad e igualdad de participación de grupos sociales y la igualdad ante la ley sin favoritismos".

   Tras presentar este recurso de queja, ha informado que la Defensora del Pueblo nacional en funciones ha denegado la petición de USO de interponer recurso de inconstitucionalidad "al basarse en el principio de igualdad de trato". Aunque desde USO Región Murciana se acata esta resolución, aseguran que no la comparten, ya que "se trata de un dinero público y tiene que haber una proporcionalidad en su distribución".

   Por todo ello, Casalins ha avanzado que de seguir la Comunidad en esta línea de subvenciones nominativas presentará un recurso contencioso-administrativo.

Retegui le pide a Valcárcel que "de la cara y explique cuáles son los recortes que se van a llevar a cabo en Murcia"

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Begoña García Retegui, ha dicho este miércoles en la sede del Parlamento Autonómico de la Región de Murcia, que Valcárcel debe "dar la cara y explicar en la Asamblea cuáles son los recortes que se van a llevar a cabo en sanidad y educación", y "qué es lo que va a ocurrir con los servicios públicos en la Región".

   Ante esa futura comparecencia de Valcárcel en la Asamblea, ha dicho que es "por el bien de las cuentas regionales" y que "el presidente no puede seguir escondido y sin explicar de una vez y de manera clara y cuantificada, cuál es su propuesta, en qué situación quedarán a los servicios públicos tras los recortes, cómo se van a financiar y si Murcia va a seguir existiendo como Comunidad Autónoma".

   Por este motivo, Retegui ha indicado que los socialistas "van a pedir la comparecencia inmediata del presidente", ya que "todas las partidas presupuestarias han sufrido una merma importante y que los presupuestos se han convertido en papel mojado".

   Respecto a este tema económico, la portavoz Socialista ha añadido que "ya eran unos presupuestos que reducían de una manera importante la partida para educación y sanidad" y que como "los presupuestos de 2012 contemplaban un crecimiento de la economía que no se va a producir, hemos entrado en una situación muy grave".

   Retegui ha también ha dicho que "el PP anuncia por sorpresa un recorte de 10.000 millones para las comunidades autónomas, que Esperanza Aguirre quiere hacer desaparecer parlamentos autonómicos, De Guindos anuncia por dónde van a ir los recortes en la comunidad, y a Palacios le parece muy bien, en fin es un espectáculo lamentable".

   Para la portavoz Socialista "todo esto es lo contrario que exige el momento, puesto que lo que necesitamos es rumbo y confianza", a lo que ha añadido que "el PP no ha sido receptivo a nuestra propuestas, para asegurar el mantenimiento de las políticas sociales. Sólo con sus recortes moriremos, no podremos resistir".

   Además, "no hay hoja de ruta, ¿alguien sabe lo que va a hacer el Gobierno de Valcárcel en los consejos Interterritoriales en materia sanidad y de cumplimiento de objetivos de déficit? ¿Qué medidas va a adoptar? ¿Va a aumentar los impuestos a las grandes fortunas?" Retegui se ha referido a las materias de educación y sanidad, diciendo que ellas "que ya están tocadas" y que ya se pronostican "694 plazas menos en sanidad y que no se cubrirán plazas vacantes en el curso que viene en diversificación".

   Por lo que sugiere "propuestas alternativas", ya que "de los 10.000 millones de euros del recorte del PP, nos corresponde el 3 por ciento por población".

   Retegui ha dicho que los socialistas están dispuestos a dialogar y que como propuestas "hay que mejorar los ingresos a través del impuesto de sucesiones, de impuestos a los bancos y a las grandes superficies, para que con ello se garantice la sanidad y la educación".

Murcia registra el tercer mayor descenso en la producción industrial, con un 9% en febrero

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de febrero de 2012 descendió un 9 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registró una caída del 3 por ciento.

   El sector que más ha influido en el descenso interanual de la producción industrial en la Región de Murcia es el de los bienes intermedios, con una variación del índice respecto al mismo mes del año anterior del -18,1 por ciento y una repercusión en el índice general de -6,522.

   También presentan repercusiones negativas la producción de bienes de consumo no duraderos, con una variación interanual de -3,4 por ciento y una repercusión de -1,177; la producción de bienes de consumo duraderos, con un -20,2 por ciento y una repercusión de -1,017; y de los bienes de equipo, con una tasa de -9 por ciento y repercusión de -0,776. En sentido contrario sólo presenta variación positiva la energía, con un 2,3 por ciento y un 0,362 de repercusión.

   La mayor repercusión negativa la registra la industria química y farmacéutica con un decrecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 25 por ciento y una repercusión de -4,888, seguida de otras industrias con un -23,2 por ciento y un -2,108 de repercusión.

   Se registran las mayores repercusiones positivas en la industria del cuero y del calzado, con una tasa interanual de 71,9 por ciento y una repercusión de 0,559 seguida de la fabricación de productos de caucho y plásticos con una variación de 10,6 por ciento y un 0,417 de repercusión.

   Por su parte, el resto de ramas de actividad que han aumentado su producción con respecto al mes de febrero del año anterior son: el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; refino de petróleo con un 2,4 por ciento, y la industria de la alimentación con un 0,8 por ciento.

   Presentan, por otro lado, variaciones interanuales negativas la fabricación de otros productos minerales no metálicos, con un -38,2 por ciento; la fabricación de muebles, con un -22,3 por ciento; la industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados, con un -18,9 por ciento; otras industrias extractivas, con un -15,5 por ciento; la industria textil y de la confección, con un -13,5 por ciento; la fabricación de bebidas, con un -7,8 por ciento y, por último, la metalurgia y fabricación de productos metálicos, con un -2,5 por ciento.

La Intervención General del Estado pone contra las cuerdas a la Autoridad Portuaria de Cartagena

 
CARTAGENA.- El Grupo Municipal de IU-Verdes ha pedido al Ayuntamiento de Cartagena que exija responsabilidades a la Autoridad Portuaria por las demoledoras irregularidades que se recogen en el informe de la Intervención General del Estado, donde se detectan deficiencias e irregularidades en todas y cada una de las áreas de gestión económico-financiera, calificándose de importancia cualitativa y cuantitativa las irregularidades verificadas.

En este documento se analizan y valoran los principios de legalidad relativos a la tramitación administrativa, contable, financiera y presupuestaria del conjunto de administraciones públicas, incluidos los entes y organismos dependientes de las mismas. 

En el último informe aparecido, correspondiente a 2009 y que se puede consultar en la web, se audita a las 29 autoridades portuarias del país, siendo tan sólo las de Cartagena y Bilbao las que presentan un informe desfavorable al identificar el auditor circunstancias que afectan a las cuentas anuales en cuantías y conceptos muy significativos y que demuestran que las cuentas no reflejan de una forma fiel la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad.

De ese modo, el informe señala que se han realizado reiteradas advertencias sobre el incumplimiento de la legalidad y defectos de gestión sin que ni Puertos del Estado ni la Comunidad Autónoma de Murcia hayan dictado instrucciones para su erradicación.

Entre esas irregularidades se encuentran la imputación de gastos de personal en aplicaciones inadecuadas, pagos en conceptos retributivos no autorizados, abono de indemnizaciones de despido por importe muy superior a lo establecido en la legislación laboral y pagos de éstas a personas muy próximas a la edad de jubilación, deficiencias e irregularidades en la liquidaciones (de tasas, tarifas y otros ingresos), retrasos y defectos en la gestión de impagados, fraccionamientos de contratos, procedimientos de contratación sin publicidad, abuso de la contratación a través de negociados o contratos menores sin cumplir los requisitos para su aplicación, uso excesivo del modificado de contratos y la utilización de criterios de selección como criterios de adjudicación en contrataciones.

En el informe también se apunta que en el período 2009-2016 el Estado aportará 231 millones de euros por conflictos tarifarios y 465 millones para financiar operaciones de crédito, lo que supone un total de 696 millones de euros cuando en el cuatrienio anterior se habían obtenido 924 millones de beneficio.

Este informe demuestra que se están llevando a cabo en la Autoridad Portuaria unas prácticas sólo atribuibles a comportamientos calificables como de iniciados en la gestión pública o de prácticas próximas a la corrupción política que en nada favorecen a la imagen del Puerto de Cartagena y su gestión, que debería ser transparente y sujeta a la legalidad.

Por ello, Izquierda Unida-Verdes, a través de una moción presentada por el concejal Cayetano Jaime Moltó, ha pedido al Ayuntamiento que solicite a las administraciones competentes la adopción de las medidas necesarias para que tan demoledor informe de auditoría pública no se vuelva a producir en el futuro.

Así, se solicita que el pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma a adoptar, de acuerdo con las atribuciones legales que le corresponden, los cambios necesarios en relación a las máximas responsabilidades de gestión en el Puerto de Cartagena.

También pide la formación de izquierdas que se inste al Gobierno de la Nación a que inicie los procedimientos de investigación y persecución por los daños ocasionados al interés público, así como que exija responsabilidades de todo tipo a los causantes de los hechos denunciados.

Morenés anuncia una reducción "coyuntural" de los miembros de las FFAA

MADRID.- El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que la reorganización que el Departamento está planificando debido a la difícil situación económica "lleva a una coyuntural reducción" del número de miembros de las Fuerzas Armadas.

   Así lo ha explicado el ministro ante el Pleno del Congreso en respuesta a una interpelación del portavoz de Defensa de CiU, Jordi Xuclà, quien ha llamado a hacer un "mayor sacrificio" en el establecimiento del número de efectivos "necesarios" para la eficiencia del Ejército.

   Morenés no ha aclarado qué números está manejando el Ministerio, pero ha explicado que ésta es una de las conclusiones del informe solicitado al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez.

   "He encargado al JEMAD --ha recordado--, que me dé un escenario para el año 25, pero escalonado y progresivo desde que tenga incidencia sobre todo en temas de eficiencia y eficacia de las Fuerzas Armadas, sin prejuzgar, aunque ya puedo decir que sí lleva a una coyuntural reducción del número de tropa y marinería, en general de miembros de las Fuerzas Armadas".

   Por el momento, la única reducción que se conoce es la de soldados y marineros, ya que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado establece como nuevo límite máximo los 81.000 militares de tropa y marinería, que en 2011 estaba en 83.000. Según la Ley de la Carrera Militar, el número de miembros de las Fuerzas Armadas debe estar en una horquilla entre los 130.000 y los 140.000 militares.

   Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado que el informe elaborado por el JEMAD todavía no es definitivo ni se ha aprobado de manera definitiva, sino que se están manejando borradores.

Secuestrado un médico cartagenero del Opus Dei en el sudeste de Nigeria, donde vivía desde 1978

LAGOS.- El médico español José Manuel Machimbarrena Corcuera, de 58 años, ha sido secuestrado en la localidad nigeriana de Enugu, en el sudeste del país, donde residía desde 1978, y donde compaginaba su trabajo como doctor con una labor social y humanitaria como integrante de la Niger Foundation Hospital, una iniciativa promovida por miembros del Opus Dei, según han informado fuentes próximas al doctor. Cuando el facultativo estaba llegando a su casa, varias personas interceptaron su vehículo y le secuestraron a punta de pistola.

La zona es mayoritariamente cristiana, con poca presencia de musulmanes, lo que podría inducir a pensar que se trate de un secuestro para pedir un rescate económico, como ha sucedido en otras ocasiones con occidentales. Sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis, ya que el grupo islamista radical Boko Haram, aunque tiene presencia en el norte de Nigeria, ha cometido atentados por todo el país y utiliza también los secuestros para recaudar fondos.

El secuestro se produjo el pasado 4 de abril cuando el médico llegaba a su casa procedente del hospital de Enugu, que promociona la Niger Foundation Hospital, según agregaron las citadas fuentes.

Machimbarrena Corcuera, que nació en Cartagena "aunque se considera de San Sebastián", estudió medicina en la Universidad de Navarra y es director de los servicios clínicos del Niger Foundation Hospital, una iniciativa promovida por el Opus Dei, que opera desde 1993.

La institución del Opus Dei lleva a cabo iniciativas de promoción de servicios sociales en Nigeria desde octubre de 1965.

La Fundación "promocionaba iniciativas educativas, médicas y asistenciales en zonas rurales y Machimbarrena, trabajaba también como médico con los más desfavorecidos", han señalado las citadas fuentes.

El médico cartagenero combina su trabajo en la Fundación con su labor como médico en el hospital de Enugu, han señalado las mismas fuentes.

Machimbarrena es una persona conocida en la zona de Enugu, ya que, además de atender desde hace mucho tiempo a los enfermos del lugar, se ha ocupado de canalizar las ayudas de particulares y ONGs para facilitar medicinas y material sanitario a sus pacientes. También ha sido el principal impulsor de un dispensario rural en Iwollo, a donde suele desplazarse desde Enugu, para atender a los pobladores de zonas más desfavorecidas.

"Contribuía con su labor a paliar la situación de los más necesitados", han informado.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, han indicado desde Madrid que mantiene contacto con la familia y que la embajada de España en Nigeria trabaja con "discreción" para solucionar el caso y mantiene contacto con las autoridades locales.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confirmado el secuestro de un español en Nigeria pero ha precisado que se trata de hecho motivados por razones económicas y no políticas ante el cual el Ministerio ha dado un pasó atrás para dar margen a la negociación.

    García Margallo ha explicado que el Gobierno ha tenido noticia del secuestro, producido en la zona sur del país, y no en la región norte, lo que abunda en la idea de que se trata de un secuestro económico en el que "al parecer no hay implicaciones políticas de ningún tipo".
  
   "La organización a la que pertenece (el médico) ha pedido absoluta discreción y margen de negociación en un secuestro que tiene todas las características de secuestro económico --ha insistido--. El Gobierno está actuando con la discreción que tiene que actuar".

Fuentes familiares, que no conocen los detalles ni motivos del secuestro, han destacado la "valía personal y el compromiso social" del doctor secuestrado, quien se desplazó a Nigeria en 1978 fichado por un hospital de la capital del país promovido por personas del Opus Dei para intentar paliar el déficit de atención sanitaria.

    Posteriormente, el propio Machimbarrena contribuyó a la creación de la Fundación en 1993 junto con otros miembros del Opus Dei y, desde entonces, compagina la atención de los pacientes en su consulta y la promoción de actividades educativas, de formación, de voluntariado, de higiene y de salud en las casas, enseñando a la población.

Esta Fundación, surgida en 1993, se dedica a la promoción de centros médicos en el ámbito rural de Nigeria, en poblaciones que no tienen instalaciones sanitarias, por lo que hace una labor "de ayuda a los desfavorecidos", según informaron fuentes próximas a la familia de doctor.

   Las actividades de la Fundación son impulsadas por personas con un espíritu cristiano, miembros del Opus Dei, que es una institución de la Iglesia Católica que lleva trabajando desde 1965 en Nigeria.