MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia enviará en los próximos días la citación como imputado en el 'caso Umbra' al alcalde de Murcia. El diario 'La Opinión' dice haber tenido constancia de que el juez ha decidido imputar a Miguel Ángel Cámara Botía en la trama de presunta corrupción de la zona Norte, puesto que su firma aparece en prácticamente la totalidad de los documentos investigados.
Esta determinación del titular del juzgado, solicitada por la Fiscalía, se fundamenta en la necesidad de interrogar al alcalde y a otros procesados respecto a los convenios presuntamente irregulares firmados por el primer edil. Puesto que las preguntas que se realizarán a Cámara no solo involucran a terceros, sino que tratan de esclarecer la legalidad de documentos rubricados por él mismo, es necesario garantizar su derecho de defensa, lo que justifica su imputación. Al acudir a los tribunales en calidad de imputado, el alcalde dispondrá de una serie de derechos que le amparan frente a una comparecencia como testigo; por ejemplo, podrá negarse a declarar y estará asistido por un abogado.
El alcalde tendrá que acudir a declarar como imputado el próximo mes de mayo. Fuentes cercanas al caso detallan que Cámara será interrogado por cada uno de los convenios firmados por el alcalde: Nueva Condomina, Casino de Murcia y otros promovidos por distintas empresas de construcción y ejecutados en la zona Norte del municipio. Especial hincapié harán las partes al interrogar al alcalde en las actuaciones que autorizó en la remodelación del Casino de Murcia, en el que según las fuentes, la actuación del alcalde como máximo responsable del Ayuntamiento fue mayor que en otros. Igualmente, en la comparecencia de Cámara se le preguntará sobre su aprobación del acuerdo firmado en 2001 por el empresario y presidente del Real Murcia Jesús Samper, que supuso la construcción del complejo deportivo y de ocio Nueva Condomina.
La imputación del alcalde a petición del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ya se dejaba entrever en un documento incluido en uno de los numerosos tomos del sumario, cuyo contenido adelantó hace unos meses este periódico. Dice Lozano, en referencia a los imputados Higinio Pérez Mateos y Renato de Noce, que «como profesionales contratados por promotoras que firmaron convenios urbanísticos con el Ayuntamiento, se acredita cómo a su vez tienen relaciones mercantiles o negocios inmobiliarios, tanto con el gerente de Urbanismo (impulsor de los convenios) como con el jefe de Planeamiento, que realiza valoraciones presuntamente perjudiciales para el Ayuntamiento y beneficiosas para los promotores sin la adecuada justificación, estando pendiente de acreditar el verdadero conocimiento que el concejal de Urbanismo y el alcalde (como firmantes) tenían al respecto».
Las referencias al Ayuntamiento por parte del fiscal continúan, y respecto a las presuntas irregularidades por las compensaciones al aumentar la edificabilidad en la zona Norte, añade Lozano que «resulta ingenuo pensar que el Ayuntamiento solo pretendía grandes equipamientos deportivos (¿por ejemplo, la Nueva Condomina?) y de ocio (¿por ejemplo, un campo de golf para que los jóvenes de Murcia puedan practicar este noble deporte?) de todos los propietarios de suelo en la zona Norte». En cuanto al ??? de cesión sobre la edificabilidad en los convenios, el fiscal la tacha de «absurda y perjudicial», y concluye que «el Ayuntamiento no solo incumple la Ley del Suelo, sino que burla de modo fraudulento su propia normativa, porque quien realmente financia las cesiones que debía recibir gratuitamente como donación es el propio Ayuntamiento en vez del dueño, como dice el PGOU».
«La interpretación de los técnicos municipales es absurda por artificiosa», concluía el fiscal tras revisar la documentación de la que es último responsable Miguel Ángel Cámara, que ahora tiene la oportunidad de defender su gestión urbanística ante el juez.
