Diego de Ramón pide que declaren los responsables políticos últimos de Urbanismo en el 'caso Umbra'

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha pedido esta noche al juzgado de instrucción nº 8 de Murcia que, en diligencias previas del 'caso Umbra', llame a declarar a los responsables últimos de Urbanismo de la Comunidad Autónoma en julio de 2006: el consejero de Obras Públicas y Vivienda, el director general de Urbanismo y el presidente de la Comunidad Autónoma que sancionó el día 20 con su firma los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio de Murcia, según ha confirmado el propio letrado.

En su escrito solicita, igualmente, la comparecencia de los consejeros regionales que formaron parte del Consejo de Gobierno que adoptó o aprobó dichos convenios urbanísticos así como los informes jurídicos previos. En esa fecha Ramón Luis Valcárcel presidía las reuniones de dicho órgano, el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, era el consejero responsable y Alfonso Guerrero Zamora, el director general correspondiente.

De Ramón expresa la salvedad de que sean desaforados al efecto quienes mantengan dicha situación para poder comparecer judicialmente y declarar sobre la aprobación de dichos convenios urbanísticos ya que los considera responsables de la aprobación definitiva de los ámbitos suspendidos de la adaptación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Murcia a la Ley del Suelo de la Región.

El célebre letrado sostiene en su escrito al juez instructor que 'la interpretación que hace la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del suelo especialmente protegido (coincide plenamente con los intereses de los grandes propietarios de suelo) y habida cuenta que esta categoría de suelo es la única que legalmente tiene la consideración de no urbanizable, conduce al disparate urbanístico de dar viabilidad legal a que todo un territorio municipal pueda tener aprovechamiento urbanístico ya sea como suelo de sistema general de protección, urbanizable o urbano'.

El Ayuntamiento Murcia afirma que el TSJ de Murcia y el Tribunal de Cuentas avalaron la legalidad de los convenios Zona Norte

MURCIA.- La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Nuria Fuentes, ha afirmado este lunes, a través de un comunicado, que la legalidad de la tramitación de los convenios de la Zona Norte "ya fue avalada en su día por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el análisis riguroso del Tribunal de Cuentas".

   En concreto, las sentencias a las que ha hecho alusión son la del TSJ de Murcia de fecha 30 de diciembre de 2005, número 983/05; la de fecha del 16 de julio de 2006, número 461/06; y la resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 3 de junio de 2009, número 8/09.

   Al respecto, Fuentes ha añadido que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia confirmaron, por partida doble, "la plena validez del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, incluyendo la ordenación de la zona Norte, y muy detalladamente el convenio urbanístico del que se derivó el correspondiente plan parcial Nueva Condomina, aprobado con los votos favorables del PP y PSOE".

   Por ello, ha recalcado que todos los procesos administrativos que emanan del Consistorio "está avalados por informes favorables de técnicos independientes".

   Respecto al plan parcial Nueva Condomina, ha aclarado que "siguió la tramitación prevista en el PGOU y contó en el Pleno Municipal con los votos favorables de PP y PSOE".

   Por ello, ha salido al paso de las informaciones publicadas en los últimos días, manifestando que "todos los trámites administrativos municipales, en cumplimiento de la Ley, están avalados por los pertinentes informes favorables de técnicos independientes, sin que hasta la fecha se haya adoptado decisión alguna que no cuente con el visto bueno de los mismos".

España perderá hasta 2,87 millones de turistas por la subida de tasas aeroportuarias

MADRID.- La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur dice que la "desproporcionada" subida de tasas aeroportuarias que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 podría provocar "una caída máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones", que dejarían de generar un gasto de 1.636 millones de euros de derrama turística durante un año, en los diferentes destinos españoles de su área de influencia.

   El 'lobby' ha expresado su "notable preocupación" por los "desfavorables efectos" que dicha subida pudiera generar sobre los resultados del sector turístico en el conjunto del año.

   Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat, con 1,16 millones menos de turistas, seguida de Madrid-Barajas, con 945.115 turistas menos, Palma de Mallorca con 268.567 turistas menos, Málaga con 146.616 turistas menos, Canarias, con 128.240 turistas menos, Alicante (-113.671) y Tenerife Sur con 100.390 turistas menos.

   En un comunicado, el 'lobby' de las principales empresas del sector turístico señala que según sus propios estudios de sensibilidad el promedio de la subida de tasas aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles sería del 50,3% en Madrid, del 53,6% en Barcelona y del 12,9% en Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur.

   "Exceltur apela a las fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el turismo pueda seguir ejerciendo de locomotora de la recuperación económica y del empleo en España", señaló la alianza presidida por Fernando Conte.

   Según los informes realizados por Exceltur, en el momento actual la sensibilidad para el conjunto del sector turístico de cualquier subida en los costes y precios "es más alta que nunca", con un impacto negativo en la decisión final de viajar y en las cuentas de resultados de las empresas, con el consiguiente efecto sobre su capacidad de generación de empleo.

   Asegura que en el caso de los destinos vacacionales la subida de tasas puede provocar la eventual redirección de los vuelos por parte de los touroperadores hacia otros destinos competidores en países emergentes, especializados en el turismo de 'sol y playa' y con menores costes operativos "que han aplicado agresivas políticas de reducción de tasas para atraer demanda turística en este año 2012".

   "En el actual escenario macroeconómico de recesión en parte de las economías europeas --incluida España--, la subida de tasas aeroportuarias incide sobre el ya de por si débil consumo, reflejando la gran sensibilidad al precio del transporte aéreo en España y en Europa, así como en el resto de subsectores turísticos", subrayó el lobby .

   Los impactos finales sobre la actividad turística en España "estarán en función de la repercusión que las compañías hagan del incremento de las tasas sobre el precio que paga el consumidor".

   En este sentido, prevé que la subida de tasas se traduzca en un incremento del precio de los billetes debido a que las aerolíneas no podrán asumirla por la presión generada en sus márgenes derivada del encarecimiento del crudo.

   Se trata de un fenómeno que puede intensificarse a partir del último trimestre del año, en la medida en que cuando entre en vigor el aumento de tasas la programación de verano "estará muy avanzada".

   Es muy probable que a partir de entonces la redirección de vuelos a los países emergentes más especializados en el 'sol y playa' se acentúe, por sus menores costes asociados a la operativa de transporte.

   Esto es especialmente significativo, por cuanto los costes de operar son en estos países --principalmente los aeropuertos de Turquía, Egipto, Marruecos y Grecia-- mucho más bajos que en los destinos españoles, habiendo la mayor parte de estos países aplicado "drásticas medidas de reducción de sus tasas en 2012 para impulsar su atractivo turístico".

   Concretamente, y según los cálculos de Exceltur, el coste total por operación con tasas por pasajero de España asciende a 24,28 euros, por encima de Marruecos (23,19), Turquía (22,51) y Grecia (20,36 euros).

UPyD exige al Partido Popular que cumpla sus promesas con Cartagena

CARTAGENA.- UPyD Cartagena han denunciado públicamente la falta de cumplimiento de las promesas "populistas" del Partido Popular "que sólo ha perseguido la propaganda y la información mediática a fin de conseguir votos", según han informado fuentes de la formación magenta en un comunicado.

   Así, en relación a la continuidad en las construcción de los submarinos S-80, algo que UPyD considera vital para Cartagena, "al haber un recorte tan brusco en Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, se queda en duda sobre su construcción a medio y corto plazo". Además, añaden que UPyD llevaba en su programa las inversiones en defensa, puesto que supone cerca de un 6 por ciento del PIB español.

   Del mismo modo, opinan que la construcción de unos nuevos juzgados unitarios, y no dispersados como en la actualidad; el Registro Civil o el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo deberían estar adheridos dentro del edificio principal.

   "La promesa eterna del AVE sigue sin concretarse, Valcárcel admitió que traería el AVE a Murcia, pero viendo el recorte tremendo en Fomento dudamos de que se pueda cumplir, máxime cuando todavía estamos muy lejos de las catenarias y de un sistema convencional de vía rápida que nos acerque a la capital en tres horas", han subrayado.

   Por último, han indicado que el Centro de Parkinson "que lleva en el congelador, desde las promesas del 2003, sin concretarse el lugar y fecha para su definitiva construcción, debería haberse hecho en su momento", pero confían en que la alcaldesa y diputada nacional, Pilar Barreiro, lo cumpla en esta legislatura.

   El Coordinador de UPyD Cartagena, Fulgencio Egea, opina que "estas promesas les van a pasar factura al PP por defraudar a todos los cartageneros. Tienen tanta preocupación a nivel nacional de cumplir con lo que Europa les ha mandado, que se olvidan de quien realmente ostenta la Soberanía Nacional, el pueblo".

El socialista Manuel Soler muestra su esperanza en que la corrupción se zanje "tanto en un partido como en otro"

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Manuel Soler, ha considerado que el tema de la corrupción "debería zanjarse tanto en un partido político como en otro".

   Soler ha contestado de esta forma en rueda de prensa al ser preguntado por la presunta imputación del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

   El diputado socialista ha reconocido que "también en algunas ocasiones en las filas del PSOE ha habido algo", pero ha indicado que "hay más problemas dentro del PP que en el PSOE".

   A su juicio, los partidos políticos "tenemos que poner más empeño en que no tengamos problemas", y ha esperado que lo consigan "por el bien de la sociedad".

El Gobierno prevé ahorrar otros 10.000 millones en sanidad y educación

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido este lunes a la inquietud de los mercados con un nuevo paquete de reformas en educación y sanidad con las que el Ejecutivo prevé un ahorro de 10.000 millones de euros.

   En concreto, Rajoy se ha citado en el Palacio de La Moncloa con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para "definir el Programa Nacional de Reformas" y "determinar las reformas encaminadas a lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha este mes", según ha informado el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.

   Además, el jefe del Ejecutivo ha citado a su equipo económico para definir los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012, que se presentarán a la Comisión Europea en este mes de abril.

   A esa reunión han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.

   En el Programa de Estabilidad se establecerá "el firme compromiso" de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. En el mismo, se introduce un cuadro macroeconómico que refleja que "la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española", según el Gobierno.

   Además, el Programa de Estabilidad "reafirma" el compromiso de reducción del déficit de las Comunidades Autónomas al 1,5% del PIB en 2012.

   En los próximos días, las comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Hacienda, adaptarán sus presupuestos a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y actualizarán sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Para ello, se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a principios de mayo.

   En la reunión de Rajoy con sus ministros también se han abordado reformas en el ámbito financiero. En concreto, se ha decido proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del Sector Público y "avanzar decididamente en el proceso de consolidación del sector".

   Igualmente, se han estudiado medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contracción financiera que vive la economía española.

   Según informa el Gobierno, todas estas decisiones suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de los costes y la mejora de competitividad y la flexibilidad de la economía española, como en el sector energético, la unidad de mercado, el mercado de alquiler, el fomento de la actividad emprendedora o las actuaciones en I+D+i.

El alcalde de Murcia acaba imputado en el 'caso Umbra', según 'La Opinión'

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia enviará en los próximos días la citación como imputado en el 'caso Umbra' al alcalde de Murcia. El diario 'La Opinión' dice haber tenido constancia de que el juez ha decidido imputar a Miguel Ángel Cámara Botía en la trama de presunta corrupción de la zona Norte, puesto que su firma aparece en prácticamente la totalidad de los documentos investigados.

Esta determinación del titular del juzgado, solicitada por la Fiscalía, se fundamenta en la necesidad de interrogar al alcalde y a otros procesados respecto a los convenios presuntamente irregulares firmados por el primer edil. Puesto que las preguntas que se realizarán a Cámara no solo involucran a terceros, sino que tratan de esclarecer la legalidad de documentos rubricados por él mismo, es necesario garantizar su derecho de defensa, lo que justifica su imputación. Al acudir a los tribunales en calidad de imputado, el alcalde dispondrá de una serie de derechos que le amparan frente a una comparecencia como testigo; por ejemplo, podrá negarse a declarar y estará asistido por un abogado.

El alcalde tendrá que acudir a declarar como imputado el próximo mes de mayo. Fuentes cercanas al caso detallan que Cámara será interrogado por cada uno de los convenios firmados por el alcalde: Nueva Condomina, Casino de Murcia y otros promovidos por distintas empresas de construcción y ejecutados en la zona Norte del municipio. Especial hincapié harán las partes al interrogar al alcalde en las actuaciones que autorizó en la remodelación del Casino de Murcia, en el que según las fuentes, la actuación del alcalde como máximo responsable del Ayuntamiento fue mayor que en otros. Igualmente, en la comparecencia de Cámara se le preguntará sobre su aprobación del acuerdo firmado en 2001 por el empresario y presidente del Real Murcia Jesús Samper, que supuso la construcción del complejo deportivo y de ocio Nueva Condomina.

La imputación del alcalde a petición del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ya se dejaba entrever en un documento incluido en uno de los numerosos tomos del sumario, cuyo contenido adelantó hace unos meses este periódico. Dice Lozano, en referencia a los imputados Higinio Pérez Mateos y Renato de Noce, que «como profesionales contratados por promotoras que firmaron convenios urbanísticos con el Ayuntamiento, se acredita cómo a su vez tienen relaciones mercantiles o negocios inmobiliarios, tanto con el gerente de Urbanismo (impulsor de los convenios) como con el jefe de Planeamiento, que realiza valoraciones presuntamente perjudiciales para el Ayuntamiento y beneficiosas para los promotores sin la adecuada justificación, estando pendiente de acreditar el verdadero conocimiento que el concejal de Urbanismo y el alcalde (como firmantes) tenían al respecto».

Las referencias al Ayuntamiento por parte del fiscal continúan, y respecto a las presuntas irregularidades por las compensaciones al aumentar la edificabilidad en la zona Norte, añade Lozano que «resulta ingenuo pensar que el Ayuntamiento solo pretendía grandes equipamientos deportivos (¿por ejemplo, la Nueva Condomina?) y de ocio (¿por ejemplo, un campo de golf para que los jóvenes de Murcia puedan practicar este noble deporte?) de todos los propietarios de suelo en la zona Norte». En cuanto al ??? de cesión sobre la edificabilidad en los convenios, el fiscal la tacha de «absurda y perjudicial», y concluye que «el Ayuntamiento no solo incumple la Ley del Suelo, sino que burla de modo fraudulento su propia normativa, porque quien realmente financia las cesiones que debía recibir gratuitamente como donación es el propio Ayuntamiento en vez del dueño, como dice el PGOU».

«La interpretación de los técnicos municipales es absurda por artificiosa», concluía el fiscal tras revisar la documentación de la que es último responsable Miguel Ángel Cámara, que ahora tiene la oportunidad de defender su gestión urbanística ante el juez.

El alcalde Cámara se sorprende ante los rumores de su eventual imputación por el 'caso Umbra'

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha defendido que en el Ayuntamiento "se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

   Cámara ha hecho estas declaraciones ante la información aparecida en el diario 'La Opinión', que apunta que el Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia tiene previsto imputarle en los próximos días en el denominado caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

   Cabe recordar que esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.

   Respecto a esta información, Cámara dice estar "muy tranquilo, con la confianza que da saber que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento se han tomado siempre con transparencia y publicidad, disponiendo de los informes favorables de los funcionarios municipales y buscando en todo momento el interés general".

   En este sentido, Cámara defiende que su participación en la tramitación de los expedientes administrativos, "al igual que sucede con el resto de concejales, responde exactamente a la establecida en la Ley".

   "He firmado los acuerdos de los órganos colegiados, bien sea el Pleno o la Junta de Gobierno, y siempre con los informes técnicos y jurídicos favorables. Si no lo hubiera sido así, nunca habría firmado", asevera el primer edil.

   Por ello, reitera su "total disponibilidad" para "cuanta aclaración" se le pueda solicitar, y ofrece su "disposición a prestar nuestra colaboración, como hemos hecho desde que presido el Ayuntamiento".

   "Los murcianos podemos estar tranquilos porque desde el Ayuntamiento de Murcia, con el Gobierno del Partido Popular, se actúa siempre desde la legalidad, con la legalidad y por el interés general", ha concluido.

   La operación Umbra comenzó el pasado 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.

   En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

El PSRM critica que los PGE de 2012 no prevén partidas para el Plan Lorca ni la reactivación del municipio

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Manuel Soler, ha lamentado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 no incluyen "ninguna partida económica" destinada al Plan Lorca, ni contempla dinero "que pueda reactivar la economía del municipio" tras los terremotos del pasado 11 de mayo.

   En una rueda de prensa, Soler ha mostrado "su sorpresa" por la ausencia de partidas para Lorca en los PGE, y se pregunta "qué hacen ahora el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, cuando tanto han cacareado en contra del Gobierno anterior, diciendo que no apoyaba a los lorquinos y que no ponía dinero para los lorquinos".

   Soler ha recordado que el Plan Lorca "comenzó el mismo día 11 de mayo de 2011, cuando se produjeron los terremotos, con los planes de emergencia que se pusieron en marcha, y la publicación, sólo dos días después de los seísmos, de dos reales decretos, el 6/2011 y el 17/2011".

   Sin embargo, posteriormente, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Lorca "elaboraron lo que se ha llamado Plan Lorca, cuantificado en 1.650 millones de euros".

   Soler indica que el PSOE ha planteado en la Asamblea Regional diferentes iniciativas encaminadas a que el Gobierno murciano "también tiene que arrimar el hombro con los desastres del terremoto de Lorca, y que su ayuda no se veía contemplada en los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2012".

   En este sentido, puntualiza que los presupuestos regionales "sólo contemplaban una partida de 206.000 euros para vivienda en Lorca, y una partida de 10.000 euros para patrimonio histórico cultural", que ha calificado de "ridículas" en comparación con las "necesidades del municipio tras los terremotos".

   El diputado regional ha recordado que el PP siempre contestaba que, al ser un problema de tal magnitud, "tiene que se atendidos con cargo a los presupuestos del Gobierno de la nación". Sin embargo, Soler lamenta que en los PGE de 2012 "no aparece el Plan Lorca ni aparecen partidas que puedan reactivar la economía del municipio".

   Por lo tanto, los socialistas se preguntan "dónde están aquellos compromisos", si el Gobierno murciano "no apoya económicamente a Lorca y tampoco el Gobierno de la nación". Todo ello, en contraste con las "afirmaciones insistentes" del PP de que "están con los lorquinos y que apoyan a las familias que han tenido problemas con los terremotos".

   Soler ha ironizado con que este apoyo "será moral, porque económicamente, los lorquinos no lo estamos notando".

   A su juicio, el Real Decreto 11/2012 que ha publicado recientemente el actual Gobierno de la nación, "lo que viene a decirle al Gobierno regional es que cumpla con su obligación y su compromiso de poner el 50 por ciento de las ayudas, tal y como firmó en un convenio con el anterior Ejecutivo socialista".

   "Como Valcárcel ha dicho que no tiene dinero, le dan un préstamo del Instituto de Crédito Oficial por una cuantía de 115 millones de euros para que pague lo que debe a los lorquinos damnificados por los terremotos", según los reales decretos 6/2011 y 17/2011, y según se comprometió el propio Valcárcel".

   Soler recuerda que el Gobierno murciano ha afirmado en "reiteradas ocasiones" que no tiene dinero y que "no pagaría". Sin embargo, el propio Gobierno central, de su mismo partido, le ordena ahora que pague "a través de un Real Decreto, y le da el dinero para que lo haga".

   En este sentido, Soler se pregunta "qué hacen ahora Valcárcel y el alcalde de Lorca cuando tanto han cacareado en contra del Gobierno anterior, diciendo que no apoyaba a los lorquinos y que no ponía dinero para los lorquinos".

   Sin embargo, el diputado socialista explica que, hasta finales de 2011 llegaron a Lorca "404 millones de euros" gracias al anterior Gobierno socialista. Por contra, critica que desde que el actual Gobierno ejerce sus funciones "no tenemos conocimiento de que haya llegado una nueva partida".

   El Real Decreto 11/2012 "solo ofrece un préstamo al Gobierno de Murcia "para que pague lo que debe y hace una prórroga en la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para el ejercicio 2012".

   Asimismo, este Real Decreto "pide que se elabore un nuevo plan en el plazo de nueve meses, porque el que se ha hecho no es de su agrado". Así, ha indicado que ese plazo de nueve meses "coincide justo con el fin del ejercicio 2012".

   Por lo tanto, se pregunta "donde están esos mil millones aproximadamente que faltan, y que deberían estar contemplados, al menos, en una buena parte en los PGE de 2012, y el resto en los ejercicios siguientes".

   Soler recuerda que, cuando el actual presidente, Mariano Rajoy, visitó Lorca "dijo que el PP era consciente de la gravedad del problema, y que si llegaba al gobierno de la nación lo tendrían en cuenta y apoyaría a las familias lorquinas".

   Sin embargo, asevera que, esto al menos "no se va a cumplir en el ejercicio 2012", por lo que los lorquinos "nos sentimos engañados una vez más por el PP, porque nos han dejado abandonados, y solo nos dan buenas frases pero sin contenido económico".

   Soler ha manifestado su preocupación a este respecto porque Lorca "tiene ahora algo más de 3.000 familias que, o se ha destruido su vivienda o está catalogada en una situación de peligro y no puede ser habitada". Concretamente, ha recordado que hay 155 edificios para derribar pero que no se han demolido todavía porque "no se dispone de la partida económica suficiente" para ello.

   A este respecto, el diputado regional ha recordado que el anterior Gobierno socialista acordó la ejecución de 300 pisos que correrían a cargo de la Entidad Publica Empresarial de Suelo (SEPES), pero ha lamentado que "los lorquinos no han vuelto a saber nada de esos pisos desde hace ya muchos meses".

   Por ello, explica que está preguntando en la Asamblea Regional y en el Ayuntamiento sobre cuál es el motivo por el que el SEPES no inicia la construcción de esos 300 pisos "que vendrían muy bien a esas familias que han tenido que irse a alquilar un piso, incluso, fuera de la ciudad".

   Al ser preguntado por el nombramiento de la nueva comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de Lorca, Inmaculada García, Soler ha destacado que se le ha dado "rango de secretaria de Estado", al tiempo que se ha nombrado un director de oficina.

   En este sentido, se ha preguntado para qué quieren los lorquinos a estos cargos si no hay "contenido económico" para el Plan Lorca, y en segundo lugar se ha preguntado "dónde ha puesto Inmaculada García la oficina".

   A su juicio, esta oficina "debería estar en Lorca, para que sus responsables pudieran conocer el detalle al pie de calle y los lorquinos supieran a donde dirigirse". Así, ha recordado que el anterior Gobierno socialista "estableció una oficina en la sede de la Cámara de Comercio de Lorca" para que los lorquinos "pudieran depositar sus dudas".

En España sobran más de 41.000 empleados en banca, el 16% del total

MADRID.- La red bancaria en España debe reducirse en un 35% en los próximos tres años, hasta quedarse en unas 25.000 oficinas, según un estudio del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que cifra el excedente de plantilla en el sector en 41.460 empleados, el 16% del total.

   El informe sostiene que es necesario adecuar el tamaño de la red de sucursales a la realidad del país y, de acuerdo a este esfuerzo, prevé el cierre de diez oficinas bancarias al día hasta 2014, un drástico recorte que tendrá efectos en el empleo en el sector.

   El 30% de las oficinas en España genera el 70% del negocio, lo que pone de manifiesto la existencia de un importante excedente de sucursales, sostiene el IEB, tras destacar que el país es el que más oficinas por habitantes tiene.

   Si se tiene en cuenta el tamaño de la red bancaria en 2007, cuando alcanzó un máximo de 46.000 oficinas, la reducción necesaria para racionalizarla será del 40%. "No tiene ningún sentido que España sea el primer país del mundo con más oficinas por habitante cuando ni siquiera estamos entre las diez potencias mundiales", argumenta.

   El estudio recalca que la necesidad de adelgazamiento de la red comercial del sector financiero puede ser incluso superior al 35% en función de los efectos de la crisis económica y del mapa definitivo que surja de la reestructuración bancaria en marcha.

   Según el IEB, la reforma financiera en España dará lugar a que solo haya una decena de grandes entidades.

El PP propone un nuevo reglamento de precios ante el acuerdo con Marruecos

MADRID.- El PP ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que, entre otras medidas, pide al Gobierno que exija a la UE controles aduaneros "eficaces" y un nuevo reglamento de precios con el objetivo de "clarificar y minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas" del nuevo acuerdo de asociación aprobado entre la UE y Marruecos, así como compensaciones para los afectados por el mismo.

   Según el texto, "se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan a clarificar y a minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas", especialmente en las que coinciden en el calendario de exportación a los mercados europeos con las producidas y exportadas por Marruecos.

   Así, los 'populares' apuestan por reclamar a la UE "un sistema eficaz de controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no son rebasados en ningún caso", así como "el cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, de trazabilidad de los productos, así como de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas".

   Además, antes de que se elabore la nueva Política Agraria Común (PAC), el Gobierno debería presentar una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada que "garantice su estricta aplicación" y también debería exigir "un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo".

   Si este acuerdo ocasiona perjuicios a los productores europeos, el PP pide que se ponga en marcha "medidas de apoyo" para "compensar y mejorar su competitividad", comenzando por ayudas del propio Ejecutivo español para incentivar la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas; modernizar y ampliar las instalaciones, y promover actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones.

   Además, el PP reclama al Gobierno "contacto permanente" con el Gobierno francés para controlar la aplicación del control aduanero, con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios, y con el Gobierno marroquí para controlar los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.

   El nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero, provocando las críticas de prácticamente toda la oposición en el Congreso, así como de los partidos de las regiones más afectadas (Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, sobre todo), incluyendo al PP.

   Las asociaciones agrarias, por su parte, anunciaron su intención de recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.

   Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente responsabilizó al anterior Ejecutivo de los "efectos negativos" que pueda producir el acuerdo, dado que votó a favor del protocolo en diciembre de 2010. Asimismo, garantizó que se realizarían las actuaciones necesarias para que se respeten "estrictamente" los términos del acuerdo y para evitar que tenga un impacto negativo en la producción española.

   Así, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció en el Congreso que plantearía, en el marco de la reforma de la PAC, una "profunda modificación" de los mecanismos de precios de entrada para evitar la "competencia desleal" de países que exportan a la UE sin respetar los contingentes pactados y "hundiendo" los precios de las producciones españolas; así como el mantenimiento de los fondos de la PAC que recibe España y de los que dependen las subvenciones a los agricultores.

   Además, tras reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, Aziz Akhanouch, Arias Cañete aseguró que España trabajará en colaboración con el reino alauí para analizar las eventuales crisis del mercado hortofrutícola e "instaurar, llegado el caso, medidas correctivas si son necesarias". En la misma comparecencia criticó sin embargo a quienes "magnifican los daños" del acuerdo y señaló que las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el impacto de este protocolo "son muy limitadas".

   El pasado 13 de marzo la mayoría del PP en el Congreso rechazó una iniciativa del PSOE --que aglutinó el apoyo del resto de la Cámara-- para que el Gobierno aprobara compensaciones a los agricultores por los "perjuicios" que la prórroga del acuerdo de la UE con Marruecos les causará si no se "aplica de forma correcta, equilibrada y justa" y si no se toman "medidas complementarias".

   En su propuesta, los socialistas pedían, entre otras medidas, colaboración del Ejecutivo con los agricultores españoles ante los "bajos precios de sus productos en el mercado comunitario" y la puesta en marcha de un fondo para ayudar al sector a acometer nuevas inversiones que mejoren su competitividad.

   También reclamaban, "de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la PAC, una propuesta de reforma del reglamento de precios de entrada que garantice su estricta y eficiente aplicación" así como controles de los contingentes que entran en Europa, y sus condiciones fitosanitarias e higiénicas.

    Sin embargo, los 'populares' rechazaron la iniciativa y propusieron una enmienda que recogía prácticamente todos los puntos excepto las compensaciones, alegando que era necesario esperar a la entrada en vigor del acuerdo para evaluar los perjuicios y rechazando poner la tirita antes de la herida.

Las CCAA se han comprometido ya a ahorrar 10.000 millones

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que las comunidades ya se han comprometido a ahorrar 10.000 millones de euros en los planes de saneamiento que actualmente está estudiando el Gobierno.

   En declaraciones a Onda Cero, Beteta ha considerado que este nivel de ahorro demuestra que hay "voluntad" en los dirigentes de las comunidades para reducir el déficit desde 2,9% del año 2011 al 1,5% comprometido con Bruselas.

   En cualquier caso, Beteta ha recordado que el Gobierno está a la espera de que se apruebe definitivamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las Cortes para que empiece a funcionar la "enorme batería" de posibilidades que incluye para garantizar el equilibrio presupuestario, desde la advertencia hasta la intervención.

   En este sentido, ha dicho que las medidas que ha puesto en marcha Cataluña se enmarcan en este ahorro de 10.000 millones que ya se ha planteado, aunque habrá que esperar a que la normativa de estabilidad esté en vigor para tomar las medidas necesarias que garanticen que Cataluña cumple la ley como las otras comunidades.

   "Nadie puede salirse del marco de la ley", ha dicho Beteta, tras asegurar que "sí o sí" todas las comunidades van a cumplir el objetivo fijado para este año. "Si hay que llegar a la intervención financiera se llegará", ha advertido, tras admitir que esto sería "muy grave", a pesar de ser una de las posibilidades que fija la nueva ley.

   Preguntado por la situación de Andalucía, Beteta ha asegurado que hay datos facilitados por empresas que demuestran que la Junta "no es transparente", aunque ha confiado en que la entrada en vigor de la ley permita acabar con estas situaciones, un elemento "imprescindible".

   El secretario de Estado ha señalado que el Estado de las autonomías ha sido un "éxito", aunque ha permitido ciertos "excesos" en su desarrollo que han llevado a un "sinfín" de gastos duplicados que al final han provocado que las comunidades hayan tenido un comportamiento "muchísimo peor" que el Estado durante la crisis.  

   En este sentido, Beteta ha resaltado la importancia de conseguir el equilibrio presupuestario y aplicar el "gran principio" que planteó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura: una administración, una competencia, sin gastar más de lo que se ingresa.

   De hecho, ha recordado que los Presupuestos del 2012 ya incluyen una "importantísima reducción" de las subvenciones del Estado a las administraciones territoriales para que pueda dedicar sus "escasos" recursos a materias de su "estricta competencia", tal y como debe ocurrir en las comunidades y corporaciones locales.

   En este sentido, el Gobierno está negociando la redefinición de las competencias con comunidades y ayuntamientos, uno de los "ejes" necesarios en la búsqueda del equilibrio presupuestario en un país en el que el endeudamiento ascenderá al 79,8% del PIB. "Hay que ganar en credibilidad y confianza", ha dicho.

   A su parecer, el equilibrio presupuestario es un "objetivo prioritario" en los Presupuestos y la obligación de reducir el déficit público al 3% en el año 2013, tal y como exige Bruselas, es "absolutamente ineludible".

De Guindos atribuye la mala evolución de la prima a las dudas sobre CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado este lunes que la incertidumbre que pesa ahora sobre España y que se ha trasladado a su prima de riesgo y a su mercado bursátil se deben a los temores de que Europa, que ya se encuentra en recesión, no pueda cumplir con los objetivos de déficit, además de a las dudas sobre la situación de las comunidades autónomas españolas, que fueron responsables de buena parte de la desviación del objetivo de déficit en 2011.

   "A lo largo de la semana pasada, España ha visto cómo se ha ampliado su prima de riesgo y la Bolsa ha tenido una caída importante. Existe un factor general y un factor específico. El factor general es el temor de que la recesión en Europa dificulte el cumplimiento de los objetivos de déficit y que una nueva vuelta de rosca a los Presupuestos vuelvan a afectar al crecimiento y nos metamos en una especie de círculo vicioso. Y el factor específico en España es que existen dudas sobre la situación de las comunidades autónomas porque gran parte de la desviación del año pasado se debió a ellas", ha explicado.

   No obstante, De Guindos, en declaraciones a la SER, ha asegurado que "puede ser posible" que las comunidades cumplan este año con el objetivo de déficit que se les ha marcado y ha insistido en que lo que no puede ocurrir es lo que pasó en 2011, cuando los gobiernos autonómicos fueron responsables de dos tercios de la desviación total sobre el objetivo de déficit.

   El ministro ha apuntado a las comunidades autónomas que España "se juega mucho" y que el Gobierno central "no es el policía malo" que las va persiguiendo para que cumplan sus compromisos. "Es que todos estamos en el mismo barco, en la misma situación y tenemos los mismos compromisos. Y eso es algo importantísimo desde el punto de vista de los mercados", ha indicado De Guindos, que ha recordado que el Estado seguirá mucho más de cerca la evolución del gasto autonómico.

   El titular de Economía ha reconocido que ha hablado este fin de semana con la Comisión Europea y también "con algún colega", algo que ha considerado "lógico" porque es lo que suele hacer un ministro de Economía.

   En todo caso, De Guindos ha subrayado que aunque este año "va a ser muy difícil", después "saldrá el sol", pues la economía española volverá a crecer en 2013 e incluso en el último trimestre de este año, la situación del mercado laboral será "mucho mejor".

 "Iremos viendo cómo se estabiliza lo que está siendo una hemorragia tremenda desde el punto de vista de la destrucción de empleo", ha añadido.

   El ministro de Economía cree que no habrá este año subidas de impuestos adicionales a las ya anunciadas (IRPF, IBI y Sociedades) y ha insistido en que estas medidas no han sido "plato de gusto" para nadie, tampoco para el Gobierno.

   Tampoco lo ha sido, ha admitido, la aprobación de una amnistía fiscal, una medida "que no ha gustado a nadie" pero que De Guindos ha defendido por la excepcionalidad de la situación. El ministro ha recordado que se han puesto incentivos para aflorar el fraude y ha subrayado que quien no lo haga, sabe que tendrá toda la presión de la Inspección de Hacienda.

   De Guindos ha indicado que el presupuesto aprobado para 2012 es "corto" y ha afirmado que el compromiso de España "no es tanto" el objetivo de déficit para este año (5,3% del PIB) como el de 2013, fijado en el 3%.

Carrefour congela el sueldo a más de 6.000 trabajadores de supermercados

MADRID.- Carrefour ha decidido congelar este año el sueldo los más de 6.000 trabajadores de sus cadenas de supermercados 'Express' y 'Market', antiguos 'Champion', como consecuencia de la caída de ventas registrada en dichos establecimientos durante el pasado ejercicio. 

   "Resulta evidente que los resultados de 2011 son inferiores a los de 2010, por lo que se concluye que no procede incremento para el año 2012 de los salarios base del grupo", según recoge una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   En concreto, los salarios base se situarán este año entre los 12.100 euros anuales del grupo de profesionales y los 14.411,29 euros al año del grupo de mandos. Por su parte, el grupo de especialistas se embolsará una retribución anual de 12.826 euros y el de técnicos y gestores, 13.595,56 euros.

   La medida afectará a unos 6.400 trabajadores de unos 154 establecimientos de sus enseñas 'Carrefour Express', 'Carrefour Market' y mini-hipermercados de entre 2.500 y 4.000 metros cuadrados, informaron fuentes sindicales.

   En el transcurso de la negociación del convenio, las mismas fuentes apuntaron que la compañía mantendría las tablas salariales durante los años 2011 y 2012 teniendo en cuenta la situación económica actual y las previsiones de futuro en un entorno comercial fuertemente competitivo y de grave contracción del consumo.

   De esta forma, según las mismas fuentes, la empresa reconocía que no era posible asumir un incremento de los costes si no existía una correspondencia con los resultados de ventas y manifestaba que ya había adoptado otras medidas de control del gasto en distintos capítulos como la renegociación de alquileres o medidas de ahorro energético.

Voluntarios de ANSE trabajan en la Isla Grosa estudiando el fenómeno de la migración de las aves

CARTAGENA.- Voluntarios de la Asociación de Naturalistas del Sureste están trabajando en Isla Grosa estudiando el fenómeno de la migración de las aves en el Mar Mediterráneo, según han informado fuentes de la organización naturalista en un comunicado.

   Así, desde el pasado 30 de marzo tres investigadores de ANSE se encuentran en Isla Grosa realizando una campaña de anillamiento científico de pequeñas aves paseriformes a su paso por la isla y está previsto que permanezcan allí hasta mediados de mayo.

   Durante este tiempo se capturarán diariamente numerosas aves a las que se colocará una anilla metálica con remite del Ministerio de Medio Ambiente antes de volver a ser liberadas.

   Por su situación geográfica, Isla Grosa posee un gran potencial para estudiar el fenómeno migratorio. Su situación estratégica en las proximidades de Cabo de Palos hace que lleguen numerosas aves tras pasar el invierno en África, desde un amplio sector de la costa argelina y marroquí.

   Las pequeñas aves paseriformes, después de cruzar el desierto se enfrentan a otra gran barrera geográfica que es el Mar Mediterráneo. Para superarla deberán volar largas distancias sobre el mar de cientos de kilómetros, y es entonces cuando las islas adquieren un papel fundamental como lugar de parada siendo probablemente los mejores sitios donde estudiar el fenómeno migratorio.

   ANSE lleva estudiando la migración en Isla Grosa desde 2007 y esta es ya la quinta campaña que se realiza en primavera. En campañas anteriores se han capturado un total de 8395 aves de 63 especies distintas.

   Y es que, se han recuperado aves anilladas en Bélgica, Suecia o Noruega mientras que otras anilladas en Isla Grosa han sido recuperadas sitios tan distantes como Alemania, Escocia, Suecia o Rusia.

   Los resultados son incluidos dentro del proyecto 'Piccole Isole' de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, en el que participan numerosas estaciones de anillamiento de diversos países ribereños, y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.

   Isla Grosa tiene además un gran valor por sus colonias de aves marinas reproductoras. La presencia de miembros en ANSE contribuye a que se conserven estas poblaciones evitando las posibles molestias humanas que podría causar la llegada incontrolada de embarcaciones a la isla.

   Asimismo, la isla está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y recientemente se ha aprobado su plan de gestión.

   Los trabajos se realizan por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria, y cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia así como de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. La campaña está financiada por ANSE y por los mismos voluntarios.

Las CCAA con menos PIB son las que más gastan por habitante en medicamentos

MADRID.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) asegura que las comunidades con un Producto Interior Bruto (PIB) más bajo son las que tienen un mayor coste por habitante en medicamentos, según se desprende de los últimos datos de un estudio del Observatorio del Medicamento de esta entidad.

   En dicha investigación se ha analizado la relación entre el PIB per cápita y el coste per cápita en medicamentos a lo largo de 2011, tomando como referencia los datos sobre el PIB nominal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Como media, el gasto en medicamentos y productos sanitarios representa el 1,01 por ciento del PIB per cápita, siendo Extremadura (1,84%), Galicia (1,41%) y Castilla-La Mancha (1,37%) las comunidades con un porcentaje mayor.

   En cambio, en País Vasco (0,78%), Baleares (0,75%) y Madrid (0,61%) el consumo de medicamentos representa un menor porcentaje del PIB.

   Para FEFE, "las diferencias entre unas comunidades y otras son notables", ya que entre la primera, que es Extremadura, y Madrid, que es la que presenta un menor porcentaje, hay una proporción de tres a uno.

   Además, y si se compara con el PIB per cápita de las comunidades, se observa que las regiones con el índice más bajo son las que tienen un mayor coste "per cápita" en medicamentos.

   Y es que, Extremadura, que es la comunidad con el PIB más bajo, es la que más porcentaje del mismo destina a la prestación farmacéutica; mientras que Castilla-La Mancha o Murcia ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente en las tablas de comunidades con menos PIB y más porcentaje destinado a medicamentos.

   Por contra, las comunidades con el PIB per cápita más alto, País Vasco, Navarra y Madrid, están entre las cuatro comunidades con el porcentaje destinado a fármacos más bajo.

   En otro sentido, en este Observatorio también se ha llevado a cabo un estudio demográfico por comunidades que comprende desde 2003 a 2011, en el que se ha podido comprobar aquellas que presentan un mayor y menor crecimiento poblacional.

   Sin embargo, han observado que el consumo de medicamentos a través de recetas no parece tener ninguna relación con los mayores crecimientos de la población.

  Esto se puede comprobar en el gasto per cápita, que presenta un mayor crecimiento en las comunidades en las que la población ha crecido menos. Así, Baleares es la comunidad que tienen un mayor aumento de población y un menor gasto per cápita.

   Por otro lado, y en cuanto a los datos mensuales del gasto, FEFE advierte de que en febrero el número de recetas alcanzó una cifra de 82 millones, lo que representa un aumento del 2,27 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 80,2 millones.

   El gasto disminuye un 6,77 por ciento, y el gasto medio por receta disminuye un 8,84 por ciento.

   En lo que respecta al acumulado del gasto en recetas en los meses de enero y febrero de 2012, y en comparación con los mismos meses del año anterior, se observa un incremento del 1,5 por ciento en el número de recetas, un descenso del gasto de 7,10 por ciento y un descenso del gasto medio por receta del 8,15 por ciento.

Alicante es la provincia en la que se vendieron más viviendas a extranjeros en 2011

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la autonomía que más viviendas vendió a ciudadanos extranjeros en 2011, con un total de 10.730 transacciones, según los datos que maneja la comisión técnica para promocionar la vivienda de segunda residencia en Europa impulsada por las consellerias de Infraestructuras y Economía e integrada por administraciones, cámaras oficiales, colegios oficiales y promotores.

   El último informe del Observatorio Valenciano de Vivienda respecto a las estadísticas del Consejo General del Notariado revela que en 2011 se vendieron a extranjeros más de 10.730 transacciones viviendas, una cifra que supera las 9.300 transacciones de 2010 y las 7.400 de 2009.

   El valor total estimado de estas ventas ascendió a 1.515 millones de euros en 2011, cantidad que también sobrepasa la alcanzada en años anteriores, con 1.431 millones en 2010 y 1.225 millones en 2009, ha informado la Generalitat en un comunicado.

   Las 10.730 viviendas vendidas el año pasado a extranjeros sitúan a la región como la autonomía líder en España en transacciones de inmuebles realizadas por ciudadanos de otras nacionalidades. Así, la Comunitat Valenciana representa el 30,6% de las ventas de inmuebles a extranjeros de toda España, muy por delante de las siguientes autonomías con mayor porcentaje, Andalucía (19,2%) y Cataluña(14,9%).

   Además, Alicante es la provincia española con mayor número de transacciones a extranjeros, con más de 9.200, seguida de Málaga, con más de 4.600 ventas, y Baleares, con más de 2.700 viviendas vendidas.

   En cuanto a las nacionalidades, británicos, rusos y noruegos son los ciudadanos extranjeros que más viviendas compran en la Comunitat Valenciana.

La Región cuenta con más de 13.000 asociaciones inscritas en el Registro oficial de la Comunidad

MURCIA.- La Región de Murcia cuenta a día de hoy con un total de 13.355 asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, que depende y gestiona la Consejería de Presidencia, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

   A este total hay que sumar otras 161 fundaciones inscritas en el Registro de Fundaciones y 41 colegios profesionales inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de la Región de Murcia.

   El Registro de Asociaciones de la Región de Murcia las desglosa en 35 tipos diferentes, entre los que destaca el de asociaciones juveniles por ser el de mayor número de inscripciones. Concretamente, la Comunidad cuenta con 2.223 organizaciones juveniles inscritas y localizadas en las diferentes poblaciones de la Región de Murcia.

   Asimismo, el segundo tipo de mayor cuantía es el de las asociaciones culturales, con 1.598 inscripciones, seguido por el de agrupaciones relacionadas con los espectáculos (teatro, danza, folclore, cine), que alcanza las 1.235 inscripciones.

   Seguidamente, están las asociaciones vecinales, que son 1.051; las asociaciones de madres y padres, 987; animación y recreativas, 798; peñas festeras, 637; mujeres, 454; asistenciales y de apoyo, 388; tercera edad y jubilados, 354; inmigrantes, 261; voluntariado, 258; científicas, 255; y peñas taurinas, 237.

   El resto de tipos están diferenciados por asociaciones ecologistas, peñas huertanas, moros y cristianos, cartagineses y romanos, religiosas, protectoras de animales, amas de casa, estudiantes, damnificados y afectados, protección civil, profesionales, ecuestres, antiguos alumnos, ornitológicas, scouts, artes plásticas y artesanía, minorías étnicas, gastronómicas, fumadores y otros.

   Y es que, tan sólo en el año 2011, la Consejería tramitó la inscripción de 598 nuevas asociaciones, y la constitución de seis nuevas fundaciones y cinco colegios profesionales.

   A lo largo del año pasado, se tramitaron 1.339 solicitudes relacionadas con la gestión de las asociaciones, bien por primeras inscripciones, bien por segundas y sucesivas inscripciones (como por ejemplo por modificación estatutaria, de juntas directivas, cambios de domicilio u otras posibilidades), por las declaraciones de utilidad pública, por los expedientes de cuentas anuales, las disoluciones, los certificados y otras solicitudes presentadas por los interesados.

   Igual pasó en 2011 con las fundaciones, de las que se tramitaron 249 expedientes entre los de nueva constitución, las solicitudes de modificaciones, sobre las cuentas anuales y los planes de actuación, certificados de denominación o bajas. En cuanto a los colegios profesionales, en 2011 se tramitaron 25 solicitudes relacionadas con ellos, tanto por nueva constitución como por modificaciones y otras.

Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales

QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.

El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.

Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.

La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".

Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".

"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.

Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.

"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.

El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.

Las aerolíneas verán incrementada su factura de combustible en casi 30.000 millones en 2012

PARÍS.- Las aerolíneas verán incrementada su factura de combustible en 40.000 millones de dólares (29.975 millones de euros) en 2012, en un escenario de precio medio del crudo de 134,3 dólares el barril, según los cálculos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

   Este coste contribuirá a lastrar nuevamente la rentabilidad del sector, que según la IATA generará unos beneficios de 3.000 millones de dólares (2.273 millones de euros) en 2012, lo que supone reducir a menos de la mitad las ganancias generadas durante el pasado año, cuando el sector de la aviación alcanzó los 7.900 millones de dólares (casi 6.000 millones de euros), según sus últimas previsiones.

   Así, la IATA ha rebajado en un 14% su previsión para 2012 con respecto a su anterior publicación en diciembre del pasado año, que preveía unas ganancias globales de 3.500 millones de dólares (2.652 millones de euros), "debido principalmente al encarecimiento del crudo".

   Este escenario de rentabilidad de la IATA se realizó en un entorno de precios del crudo de unos 115 dólares el barril, casi 20 dólares menos que los precios actuales, por lo que la rentabilidad podría caer incluso más.

   En los dos primeros meses del año, las acciones de las aerolíneas se mantuvieron planas, por debajo de la tónica global del mercado, con un crecimiento del 5%, según el índice Bloomberg.

   Esta tendencia obedece a que los mercados financieros prevén debilidad en los resultados de las aerolíneas debido a la presión sobre los márgenes de los crecientes precios del crudo.

   En este escenario, las aerolíneas deben realizar importantes mejoras en la gestión para retornar a la rentabilidad si no quieren seguir la estela de cierres del sector aéreo, que ya se ha cobrado en 2012 dos víctimas, la catalana Spanair y la húngara Malèv.

Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *

Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.

Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.

La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.

En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).

De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)

Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.

(*) Abogada, profesora titular de Derecho en la Universidad de Murcia

EQUO RM observa "con preocupación" la situación límite a la que están llegando las universidades regionales

MURCIA.- EQUO RM observa "con mucho desasosiego" la situación económica en la que se ven inmersos los dos centros públicos de enseñanza superior en la Región de Murcia, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado. 

   De este modo, los recortes en las partidas presupuestarias de dichos organismos "condenan a nuestra Región a un recorte en el I+D así como a la precarización de nuestras enseñanzas universitarias", han subrayado.

   Y es que, según recuerdan, "los datos del INE para el 2010 denotaban que el gasto en I+D en la Región ya es, de por sí, ciertamente bajo, quedando situada nuestra Región a la cola de las Comunidades Autónomas, sólo superada por Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares e Islas Canarias".

   En ese año, el porcentaje era de un 0,94 por ciento sobre el PIB regional, "muy lejos de la media estatal (1,34%) y a un trecho insalvable de países punteros como Suecia (3,86%), Finlandia (3,48%) o Alemania (2,51%)", critican.

   Por este motivo, para EQUO RM cualquier recorte en el sector universitario "es un grave error que, si bien consigue liquidez a corto plazo, condena a la Región de Murcia a medio y largo plazo. Si a los llamados ajustes presupuestarios autonómicos, le sumamos que la inversión pública en programas de investigación ha sufrido una caída de, nada más y nada menos, un 34% en el presupuesto de 2012, el panorama es desalentador".

   Asimismo, plantea a la ciudadanía una salida a la crisis a través de políticas que apuesten por cambiar un sistema productivo "caduco y obsoleto y, en este sentido, el aumento de la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), y consecuentemente, el apoyo a las universidades, resulta vital, promoviendo y no precarizando organismos fundamentales para el devenir de nuestra Región y para el futuro de nuestros jóvenes".

Según De Guindos, las próximas reformas del Gobierno serán en sanidad y educación

FRANCFORT.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que las próximas reformas que acometerá el Gobierno serán en sanidad y educación. Además, ha asegurado que España "se sobrepondrá" a la crisis económica y que "saldrá reforzada". 

   En una entrevista concedida al diario alemán 'Frankfurter Allgemeine', De Guindos ha descartado que España vaya a seguir los pasos de Grecia, Irlanda y Portugal. "Nos sobrepondremos y saldremos incluso más reforzados sin la ayuda exterior", ha subrayado. "España es un país que ha cometido muchos errores en el pasado y ha acumulado desequilibrios, pero ahora estamos trabajando para corregir dichos problemas", ha indicado De Guindos.

   Para ello, el ministro de Economía ha confirmado que el Gobierno emprenderá reformas en los "servicios públicos, máxime, en sanidad y en educación". Esto supondrá, en palabras de De Guindos, "una racionalización del gasto de las comunidades autónomas". Asimismo, las reformas tendrán como objetivo "mejorar el funcionamiento de los mercados" y, por ende, el del "mercado de alquileres, así como la liberalización del comercio y en los servicios profesionales".

   En este sentido, también ha remarcado la reestructuración del sector bancario, en el que "los más débiles, desaparecerán". Así pues, "tendremos un sector financiero más sano con menos bancos, pero más fuertes", ha sentenciado.

   De Guindos ha sostenido que España "pondrá en orden" las finanzas públicas. "Hemos heredado un legado muy malo, pero lo aceptamos, y ahora hemos de hacer lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años en los próximos seis meses", ha defendido De Guindos, que ha reiterado que España "volverá a ser un socio de confianza en la Unión Europea (UE).

   No obstante, interpelado por la confianza que profesan los mercados por el Gobierno de Rajoy, De Guindos ha argüido que cuando los inversores a "estudien los nuevos presupuestos, responderán de forma positiva". La prima de riesgo española ha alcanzado su máximo en más de cinco meses, justo cuando el Ejecutivo ha aprobado los primeros presupuestos de la legislatura.

   Al respecto, De Guindos ha achacado esta reacción al temor de que los presupuestos "socavaran el crecimiento económico", ante lo cual, "el Gobierno ha de reformar al mismo tiempo el mercado laboral, el sector bancario y en otras áreas para demostrar en las próximas semanas que (España) volverá a crecer en el medio plazo".

   Si bien ha admitido que "este año será difícil", De Guindos ha abogado por que 2012 sea el año en el que se asiente "la base de la recuperación" y ha rechazado "crear falsas expectativas".

   "España tiene un problema de financiación. Si los mercados no reconocen la consolidación (fiscal), todavía pueden incrementar el coste de las finanzas públicas. Esto podría conllevar dificultades para el sector privado". Por esta razón, De Guindos considera que "el control del déficit es esencial" y "la consolidación fiscal inevitable".

   "El anterior gobierno dejó un déficit del 8,5 por ciento en lugar del 6 por ciento previsto. Por ello, hemos de emprender un esfuerzo adicionales y, además, en un contexto de recesión. Sobre todo, debemos recuperar la confianza en la economía española. Esto no implica únicamente que tengamos un déficit del 5,3 por ciento este año, sino que éste sea del 3 por ciento el año próximo. Estamos firmemente comprometidos con esta meta", ha manifestado De Guindos.

   Sin embargo, estas "medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios" también se encaminarán hacia tres importantes vértebras de la economía española: la reducción de la tasa de desempleo, "el verdadero talón de Aquiles", de acuerdo con De Guindos; la economía sumergida y el crecimiento económico.

   Sobre el último de estos ejes, el ministro de Finanzas ha vaticinado "una ligera mejora" después de que este año la economía española se contraiga un 1,5 por ciento. Para revertir esta coyuntura, De Guindos ha apelado por "suprimir el déficit comercial", "reducir la inflación por debajo de la media europea" y aumentar la competitividad. Será el sector servicios y el turístico los que certifiquen tal mejoría económica, ha apuntado.

UPyD ve "nubarrones negros" en la reducción de un tercio del parque Paramount y reitera su escepticismo ante el proyecto

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha reiterado el escepticismo de su formación política hacia la construcción del parque Paramount tras la decisión de la empresa de reducir la superficie del proyecto en una tercera parte.

   Sánchez considera que es un "mal síntoma" que hace unas semanas se vinculase gran parte de la proyección económica del parque a esa zona dedicada a centro de negocios y hoteles, y ahora se suprima, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   "Son unos nubarrones muy negros cuando el proyecto está en su fase inicial y a pesar de que se nos anuncie la primera piedra del parque para mayo", según Sánchez, quien ha reiterado sus dudas para "un tipo de proyecto que es deficitario en toda Europa, incluido la instalación emblemática de Eurodisney".

   En cuanto a los "fondos públicos" empleados, el coordinador de UPyD ha afirmado que "es de esperar que el proyecto no suponga ningún riesgo ni perjuicio económico para los ciudadanos de la Región, ya suficientemente castigada por la crisis económica y la mala gestión de sus administradores".

   "Esperemos que no surja ninguna sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que los terrenos adquiridos para el proyecto pertenecían a distintos grupos empresariales y bancarios que iban a ser destinados a macrourbanizaciones, aunque finalmente no se realizaron tras la caída en picado del sector inmobiliario", ha señalado Sánchez.

   Para finalizar, Sánchez se ha mostrado crítico con la insistencia del Gobierno regional por apostar por un modelo urbanístico sobredimensionado, que nos ha conducido a que la crisis en la Región tenga una intensidad especial.