viernes, 23 de marzo de 2012

Los afectados por el terremoto de Lorca llaman 'cínico' a Valcárcel

MURCIA.- La Asamblea de Vecinos de Lorca ha presentado este jueves al Defensor del Pueblo, José Pablo Ruiz Abellán, una queja por la gestión que está realizando la Comunidad en los asuntos relacionados con el terremoto, así como 6.500 firmas --recogidas en dos días en el municipio-- ante el "cinismo" que está llevando a cabo el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, "que raya el insulto hacia los damnificados".

   Y es que subraya el portavoz de la Asamblea, Juan Carlos Segura, "las ayudas prometidas del Real Decreto 6/2011 no llegan y estamos en una situación agónica".
   Actualmente, apostilló, "hay 10.000 personas desplazadas de sus domicilios habituales, unas 1.500 viviendas por reconstruir y decenas de familias viviendo en situaciones muy precarias".
   Por lo que la asamblea de vecinos de Lorca espera que Ruiz Abellán "inste" a la Administración regional, y al presidente Ramón Luis Valcárcel, "a que agilicen lo máximo posible la tramitación de esas ayudas".
   Ayudas, recordó Juan Carlos Segura en un contacto previo con los medios, "que el Estado envió a los damnificados de Lorca y están retenidas por la Administración regional". Tras lo que se pregunta "cómo es posible que en pleno Siglo XXI pasen estas cosas".
   "No hay un compromiso hacia Lorca", aseguró el portavoz de la asamblea de vecinos, al tiempo que recuerda que la Comunidad Autónoma tiene las competencias en Sanidad y Educación, "y tenemos dos institutos demolidos --I.E.S Ros Giner e I.E.S. Arcas Meca--, así como un centro sanitario --Lorca Centro--".
   De hecho, manifestó, "la partida presupuestaria que la Administración regional dota para el municipio es irrisoria, ridícula, solamente 206.000 euros para la reconstrucción de esos centros", cuando, puntualizan, "la Comunidad estimó que su reconstrucción costaría unos 22 millones".
   El Gobierno regional, continuó, "también eludió su compromiso con el Plan Lorca", 1.650 millones de euros, "con lo que trasladaba directamente su compromiso hacia el Estado". 
"No hay compromiso ninguno, las ayudas tampoco llegan y nos tienen asfixiados a los lorquinos", insistió Segura, quien afirmó que "no podemos más y no sabemos a quien recurrir".
   Así, solicitan que esas ayudas se desbloqueen, "que intervenga el Estado o quien corresponda, pero que llegue ya, de forma inmediata a los damnificados por los terremotos de Lorca".
   En concreto, la asamblea de afectados calcula que la Administración regional tiene retenido unos 26 millones de euros; pues, explicaron, "se han tramitado unos 7.000 expedientes de 15.000, pero esas ayudas aún no se han ingresado a los vecinos".
   "Es urgente que ese dinero vaya llegando ya a los damnificados", exclamó Segura, que ha solicitado a los políticos de las distintas administraciones que "resuelvan lo que tengan que resolver, hagan lo que tengan que hacer pero que ese dinero llegue ya a las familias, que están viviendo en situaciones muy precarias".
   Así las cosas, el Defensor del Pueblo se ha comprometido a "estar con los vecinos", iniciar la petición de información a las administraciones para agilizar, en la medida de lo posible, el flujo de información, a través de un documento oficial, el pago de las ayudas y una mayor implicación para que los lorquinos no se sientan "abandonados".
   Además, indicó, "de ver en qué situaciones están las administraciones para poder abordar la actividad necesaria, desde el punto de vista económico, para que los vecinos se encuentren más atendidos, y puedan iniciar la reconstrucción de su vivienda y concretar y definir el dinero que hace falta".
   A este punto, el Defensor del Pueblo ha recordado que la institución ha recibido una serie de quejas del municipio de Lorca tras el terremoto, algunas de las cuales ya se han resuelto.
   Es el caso de la queja de varios vecinos el pasado año en la que indicaban que las entidades financieras se estaban quedando el dinero del Consorcio de Seguros o la de aquellos padres, que se habían tenido que desplazar, y pedían un transporte público escolar para sus hijos.
   Aunque, manifiesta que están trabajando en otras, a través del Ayuntamiento de Lorca, como la queja de algunos vecinos que no consiguen llegar a un acuerdo con el Consorcio en cuanto a la cantidad a asegurar.
   La queja de la Asamblea de Vecinos de Lorca se enmarca dentro de las protestas que la organización está llevando a cabo contra la gestión del Gobierno regional, y que culminará este domingo, día 25, con una manifestación para mostrar su "pesar y disconformidad" con la "nefasta" gestión de la Comunidad.
   Una manifestación que será seguida, según los primeros cálculos de la Asamblea de Vecinos de Lorca, por unas 4.000-5.000 personas, ya que, de momento, se han habilitado 15 autobuses, "aunque muchos vendrán en sus coches y otros tantos se unirán desde la capital".
   Ésta partirá a las 12.00 horas, con salida en el Jardín de Floridablanca y recorrerá la Gran Vía de Murcia, para finalizar en el Palacio de San Esteban, donde, previsiblemente, los afectados leerán un comunicado de repulsa.

Torres-Dulce será "implacable" contra la corrupción política porque es un "cáncer de la convivencia"

BADAJOZ.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la "corrupción política" e "institucional" se está "revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho", motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser "absolutamente implacable" en los casos en los que apareciera. 

Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en "primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional".
El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional "no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país".

Según Rajoy, si hay enchufes saldrá el nombre y se explicarán las razones

OVIEDO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que la Ley de Transparencia que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros hará que "la gente sepa en qué se gasta su dinero", y que "si se enchufa" a alguien "salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata".

   En un almuerzo-mitin en Ribadesella junto a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Mercedes Fernández, Rajoy ha recalcado que los cargos públicos deben ser "austeros y respetar cómo nunca el dinero de los ciudadanos".
   "La Ley de Transparencia pretende que se gobierne mejor, que se gestione bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero, que si se enchufa salga el nombre y apellidos y se explique cuáles son las razones por las que se contrata, si ha habido concurso público, o simplemente porque se le ha ocurrido al señor de turno", ha indicado.
   Rajoy ha enmarcado la Ley de Transparencia dentro de las reformas que el Gobierno está llevando a cabo y ha añadido que con esta norma "todos los ciudadanos tendrán derecho a saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones".
   "Si dan subvenciones habrá que publicarlas, se sabrá lo que ingresa cada ayuntamiento, comunidad y gobierno; los impuestos que paga la gente, los sueldos de los dirigentes, un sistema de responsabilidad para todos los gestores que hagan un mal uso del dinero de todos los contribuyentes", ha afirmado.

jueves, 22 de marzo de 2012

Los 27 incluyen el Corredor Mediterráneo entre sus prioridades

BRUSELAS.- Los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado este jueves un acuerdo político sobre la nueva lista de proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transportes, que se beneficiarán de financiación de la UE a cambio del compromiso de estar terminados en 2030. Para España, la lista incluye el Corredor Ferroviario Atlántico y, por primera vez el Mediterráneo desde Algeciras a Portbou.

   La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha sido la única en oponerse al acuerdo al no incluir infraestructuras consideradas fundamentales por el nuevo Gobierno, especialmente el Corredor Central, que conectará España y Francia a través de un túnel por el centro de los Pirineos. Pastor reclamaba también la incorporación a la lista de los aeropuertos de Canarias, Alicante y Málaga, así como el puerto de Vigo.
   En su intervención final, Pastor se ha mostrado confiada en que estos proyectos acabarán siendo aceptados en la negociación que se inicia ahora con el Parlamento Europeo, que también tiene poder de decisión en la materia. También Italia ha pedido que se incorporen más proyectos, pero ha dicho explícitamente que aceptaba el compromiso, según fuentes europeas.
   Durante el debate en el Consejo de Transportes, la ministra de Fomento dejó claro que "el actual Gobierno de España no puede compartir la propuesta actual al quedar excluidos itinerarios principales y vertebradores de nuestro país".
   Pastor reclamaba especialmente a la UE "la introducción en la red básica de la Travesía Central a través de los Pirineos, que es un proyecto esencial para las comunicaciones en Europa que ya figuraba como prioritario en la planificación europea del año 2004".
   "España seguirá trabajando incansablemente a lo largo de este proceso legislativo para que la importancia de la Travesía Central sea reflejada en el texto final", ha agregado.
   La ministra de Fomento ha solicitado también "la inclusión en la red básica del puerto de Vigo, que es el primer puerto pesquero de Europa y clave del desarrollo de toda la vertiente Atlántica", así como de los aeropuertos de Málaga, Alicante, Gran Canaria y Tenerife Sur "tanto por su volumen de pasajeros como por su importancia estratégica dentro de una industria de gran peso estratégico europeo como es la turística".
   Finalmente, Pastor ha defendido la incorporación de Zaragoza "como plataforma logística por su ubicación estratégica y nodo central de distribución de mercancías".
   Pero el comisario de Transportes, Siim Kallas, se ha mostrado inflexible y ha rechazado incorporar a la lista ningún nuevo proyecto por considerar que ello sentaría un "precedente diabólico" al dejar sin valor una lista que se elaboró tras dos años de consultas previas.
   "No podemos iniciar estas negociaciones de nuevo", ha dicho Kallas al término del debate público sobre redes de Transporte con los ministros de los Veintisiete.
   En su opinión, si se aceptan las peticiones de un país "otro Estado miembro se presentará con otra propuesta, y si aceptamos ésta los Estados miembros vendrán con otras propuestas. Esto no puede llevarnos lejos". Kallas ha señalado que durante los dos años de consulta ha habido "varias rondas de negociaciones, muchas posibilidades de discutir y de ajustar la metodología y propuestas concretas".
   La nueva norma incluye una cláusula de revisión que estipula que la Comisión tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria en la UE y en los Estados miembros cuando evalúe los progresos realizados en los proyectos a finales de 2023.
   Bruselas quiere que todas las infraestructuras incluidas en la red básica, incluidos el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, estén completadas en 2030. Para ello, ha propuesto movilizar 32.000 millones de euros del presupuesto comunitario durante el periodo 2014-2020. Con estos fondos se costeará entre el 20% y el 40% de los proyectos, especialmente los tramos transfronterizos.
   En el caso del corredor Central, la Comisión está financiando el estudio preliminar del túnel que atravesará los Pirineos y calcula, basándose en experiencias anteriores, que una vez iniciadas las obras tardará en construirse "más de 20 años", lo que incumpliría el requisito de que la infraestructura esté finalizada en 2030. De ahí su rechazo a incorporarlo a la lista de prioridades.

El FROB no vende la Obra Social de la CAM y la convierte en fundación

ALICANTE.- Los administradores de Caja Mediterráneo (CAM) designados por el FROB ya han iniciado el proceso para transformar la caja de ahorros en una fundación especial. Una vez traspasado el negocio financiero al Banco CAM —vendido al Sabadell por el Banco de España—, el patrimonio de la caja se reduce prácticamente al de la Obra Social, valorado en unos 180 millones de euros, según publica hoy Abc.

De este modo, los administradores del FROB quieren garantizar la continuidad de la Obra transformada en fundación, al menos hasta 2015. Durante este período, la entidad podrá seguir subsistiendo con sus recursos propios.
Sin embargo, el objetivo es que el patronato de la futura fundación negocie para captar subvenciones de administraciones públicas y empresas privadas, con el fin de que su labor de mecenazgo cultural y asistencia social pueda tener continuidad en el futuro, una vez perdida su principal fuente de financiación, que era hasta ahora la propia caja de ahorros.
Dos de los administradores del FROB presentaron ayer ante los miembros de la comisión de control de CAM el plan estratégico elaborado que recoge las líneas maestras que seguirá la Obra Social hasta 2015. Según las fuentes consultadas, los representantes del FROB explicaron que la caja podrá transformarse en fundación especial tan pronto como —previsiblemente, a finales de este mes de marzo— las autoridades de la Competencia den su visto bueno a la venta del Banco CAM al Sabadell.
El presidente de la comisión de control, Juan Ramón Avilés Olmos, ha registrado oficialmente en las últimas semanas tres propuestas que, finalmente, serán resueltas por los propios administradores del FROB. En una de ellas, Avilés pide que la CAM asuma —si es preciso liquidando una parte de su patrimonio mediante un concurso voluntario de acreedores— las responsabilidades que ha adquirido con los 54.000 ahorradores que compraron cuotas participativas. Una posibilidad que el FROB parece descartar.
En su segunda propuesta, el presidente de la comisión de control pide que la caja facilite la documentación necesaria para que puedan ejercer su defensa los ex consejeros y directivos que han sido llamados a declarar ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas. 
Y en tercer lugar, Juan Ramón Avilés pide a los administradores del FROB que analicen la sentencia que confirma el despido de la ex directora general María Dolores Amorós, por si ella se desprende la conveniencia de exigir responsabilidades por la vía judicial a otros ex directivos de la caja.

La patronal alerta al comprador de Banco de Valencia de que valorar a cero las acciones "enfadaría" a sus clientes naturales

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, ha advertido este miércoles al futuro comprador de Banco de Valencia de que si reduce a cero el valor de las acciones "va a enfadar" a sus cerca de 50.000 accionistas privados, que "la mayor parte son accionistas valencianos, pero además, son los clientes naturales del banco".

   En este sentido, ha subrayado "lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácil que se pierde y lo que vale un cliente fidelizado".
   Así lo ha señalado González en la rueda de prensa convocada tras la reunión del comité ejecutivo de la patronal autonómica, en la que ha comparecido arropado por los líderes de las provinciales.
   Desde Cierval instan al comprador al que finalmente adjudique la entidad el Banco de España a que no reduzca a cero el valor de las acciones y apelan a las "razones, que en algún caso son sentimentales, pero que en otros casos son de estricta equidad", para que no opte por la conocida como 'operación acordeón' que implicaría que los accionistas pierdan todo el patrimonio invertido.
   González ha admitido que Banco de Valencia "tiene dificultades muy graves" y que sus acciones "no valen objetivamente, ni de lejos, lo que valían hace un año o cuatro meses", pero ha hecho hincapié en la conveniencia de no valorarlas a cero incluso desde el punto de vista de los intereses del futuro comprador.
   "Desde el punto de vista del comprador, yo no reduciría el valor a cero porque creo que eso va a enfadar a los actuales accionistas, que no van a estar contentos si lo reducen a un valor muy pequeño porque nadie está contento cuando pierde mucho dinero, pero estará menos enfadado", ha sentenciado.
   Así, el empresariado de la Comunitat defiende que "una valoración justa, razonable, obviamente por encima de cero, sería una inversión beneficiosa" para el posible comprador, que lógicamente asumiría la gestión, ya que "accionistas no contentos pero que apreciaran positivamente la valoración, equivalen a clientes fidelizados".
   González ha precisado que si bien "no es cuestión sólo de los empresarios", ellos saben especialmente "lo que cuesta conseguir un cliente, lo fácil que se pierde y lo que vale un cliente fidelizado".
   En cuanto a qué comprador preferiría que se hiciese con la gestión de la entidad, ha sido tajante: "El que la pueda gestionar mejor y pueda garantizar mejor que el crédito llegue a las empresas".
   "Al final, ha dejado de ser el Banco de Valencia como era, eso es una obviedad", ha resaltado González, quien apunta que, por consiguiente, su "preocupación fundamental" es que "a las empresas les llegue el crédito, sea quien sea el que se lo haga llegar".

La ex directora general de la CAM recurrirá la sentencia que declaró procedente su despido

ALICANTE.- La ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la sentencia que declaró procedente su despido y que le negó la indemnización que reclamaba de, al menos, diez millones de euros, según ha confirmado hoy el despacho Gómez-Acebo y Pombo.

   Tras conocerse la sentencia, dictada por el juzgado de lo social nº 4 de Alicante, ya se apuntó que los abogados de Amorós consideraban que hay "razones de fondo y forma" para recurrir la sentencia del recurso que había presentado contra su despido de la caja por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   La resolución judicial implica además la pérdida de la indemnización pedida por Amorós, el doble de lo que le correspondía, más el lucro cesante, estimado en, al menos, diez millones de euros. Además, si fuera declarada firme, también implicaría la pérdida del derecho a la pensión de prestación adicional asegurada --la pensión--, fijada en 369.497 euros anuales.
  Aunque la representación legal de Amorós "no la ha recurrido todavía", ya es firme su decisión de presentar el recurso ante el TSJCV, que decidirá si ratifica la sentencia o, por el contrario, declara improcedente el despido.
   Según la sentencia, Amorós evitó que se adoptasen las "decisiones oportunas para reducir o mitigar el impacto de las pérdidas de la compañía", y han conducido a la intervención de la caja por el Banco de España, con las consecuencias que ello ha provocado en la imagen de la entidad, en los clientes que tenían en ella sus depósitos y en la sociedad en general.
   Además, el tribunal subraya que este dato es "esencial y no puede olvidarse, ya que ha sido necesaria la intervención del FROB para suministrarle inicialmente 3.000 millones de euros, más una aportación adicional de 2.800 millones de euros, "los cuales provienen en gran medida del erario público, con lo cual reviste su conducta, si cabe, una mayor gravedad".
   La juez estima igualmente que las conductas imputadas por la entidad no pueden calificarse de "simples errores, o como pretende la actora, de divergencias en la interpretación de la normativa contable y la legislación aplicable", singularmente la circular 4/2004 del Banco de España, porque "era perfectamente conocedora de la obligatoriedad de su cumplimiento, amén del cargo que desempeñaba".

IU-Verdes propone crear una banca pública regional para conceder crédito a pymes y reactivar la economía

CARTAGENA.- IU-Verdes ha presentado este miércoles una iniciativa en la Asamblea Regional por la que solicita la creación de una banca pública regional que garantice el suministro de crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes), economía social y ayuntamientos.

   El coordinador y diputado de la formación, José Antonio Pujante, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo de la banca pública es "impulsar la economía y el desarrollo productivo e innovador de la Región de Murcia".
   Para ello, ha destacado la necesidad de que esta banca acceda a la compra de dinero al tipo de interés del uno por ciento fijado por el Banco Central Europeo (BCE), en igualdad de condiciones que las entidades financieras de carácter privado.
   Según Pujante, la banca partiría del fondo del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región, de unos 150 millones de euros, que también se encargaría de gestionar todo el proceso.
   Además, el tipo de interés de los préstamos sería inferior al cinco por ciento establecido por las cajas de ahorro y bancos de carácter privado, lo que reduce los intereses.
   Para Pujante, su propuesta "no es una idea descabellada" pues ya se lleva a cabo en países como Noruega, donde la banca pública "se ha convertido en un motor económico".
   Ha mencionado también el ejemplo de la banca pública de Dakota del Sur, en Estados Unidos, creada en los años 40 para ofrecer créditos a ganaderos y agricultores, que en 2010 obtuvo casi 62 millones de euros de beneficios.
    "La banca pública de la Región de Murcia iría creciendo y no se dedicaría a la inversión especulativa, sino a la productiva", ha apostillado Pujante, tras insistir en que los bancos privados verían en este organismo "un serio y peligroso competidor que podría aguarles la fiesta".
   Según el coordinador de izquierdas, esto "es perfectamente posible", ayudaría a salir de la crisis económica "e impulsaría decidídamente la economía en la Región de Murcia". La única cuestión, señaló, "sería que la gestión la realizase la propia banca pública autonómica que se creara".
   En principio, la banca pública regional nacería con cuatro oficinas bancarias, dos en Murcia, una en Cartagena y una cuarta en Lorca, así como una oficina de gestión y tramitación virtual.

CCOO recurrirá los servicios mínimos impuestos por la CARM por "abusivos"

MURCIA.- El Área Pública de CCOO-RM ha denunciado públicamente la "imposición" por el Gobierno regional de servicios mínimos para la jornada de huelga general del próximo 29-M. Por ello, ha anunciado su intención de recurrirlos en cuanto sean publicados en el BORM al considerarlos "abusivos, irrespetuosos con el derecho de huelga y por no haber un auténtico proceso negociador".

   En opinión del sindicato, "los servicios falsamente mínimos impuestos no respetan el derecho fundamental a la huelga e incumplen la obligación legal de ser negociados con los promotores de la huelga".
   Tras la reunión celebrada ayer martes, y que considera el sindicato que "adoptó tintes de auténtica farsa al acudir la Administración regional con una posición prefijada e inamovible", ha afirmado que la Administración regional "rechaza todas las contrapropuestas y argumentos de la parte sindical".
   "El afán de negar en la práctica el derecho de huelga llega al extremo ridículo de imponer en algunos departamento, como centros del IMAS y servicios hospitalarios, servicios mínimos superiores en número a la plantilla habitual de esos departamentos", ha explicado en un comunicado.
   Así, subraya que "la voluntad de sobreponer al derecho de huelga, reconocido como derecho fundamental por la Constitución española, un pretendido prestigio de la Administración quiebra toda la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que deja perfectamente claro que el derecho de huelga, matizado por la previsible duración de ésta, prevalece sobre otros derechos, incluso fundamentales, que pueden verse realizados en otras fechas".
   Concluye advirtiendo que el Gobierno regional "ha impuesto una reproducción de los servicios mínimos establecidos en la Huelga de la Función Pública de mayo de 2010, frente a la propuesta final de las organizaciones sindicales de retomar los establecidos por el propio Gobierno regional en la Huelga de 2002, año en que se establecieron unos servicios mínimos que sin coincidir con los propuestos por la parte social, fueron más respetuosos con el derecho de empleados públicos murcianos a hacer huelga".

Una web recoge ideas para la remodelación del puerto de Cartagena

CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena, con la colaboración del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, ha puesto este miércoles en marcha un concurso de ideas para recoger las aportaciones de los cartageneros con el objeto de elaborar tres propuestas de remodelación del Muelle Alfonso XII.

   Así, a través de la web 'www.mojateentumuelle.com', se centralizará la información correspondiente a los proyectos y se facilita la participación de la ciudadanía, que puede realizar sus aportaciones a través de un formulario que consta en la sección 'Participa', enviar sus fotos para que sean incorporadas al Álbum 'Tus fotos' o escribir mensajes que se difundirán a través de la cuenta en twitter:'@abiertaalmar'.
   Además de la participación de los ciudadanos, la campaña también está enfocada a conseguir la implicación de los agentes sociales y organizaciones que tienen relación con la actividad portuaria y náutica.
   Para ello han habilitado banners que faciliten la difusión de este proyecto, al tiempo que se hará constar la adhesión de todas las organizaciones interesadas, según han informado fuentes municipales.
   Durante todo el proceso, que comienza en marzo y se extenderá hasta finales de junio, se realizarán tareas de análisis y diseño arquitectónico que irán acompañadas de labores de investigación social, por lo que se realizarán encuestas a la ciudadanía y se aplicarán otras técnicas como entrevistas en profundidad y celebración de grupos de discusión, con el objeto de conseguir el mayor consenso posible.

EEUU reclama a Odyssey la entrega a España de la parte del tesoro depositado en Gibraltar

MIAMI.- La justicia estadounidense ha reclamado a la empresa cazaterosores Odyssey Marine Exploration la entrega a España de la parte del tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes' que almacena en Gibraltar desde el rescate de los objetos del pecio en 2007.

   El juez de Tampa (Florida) ratifica así la sentencia que obligaba a la empresa cazatesoros a entregar la "totalidad" de los objetos rescatados del interior del pecio español. En la decisión conocida esta miércoles, el juez estadounidense advierte a Odyssey de que si no libera el material que quedó en Gibraltar podría cometer un delito de desacato civil.
   La empresa Odyssey facilitó el pasado viernes un inventario firmado ante notario con el material que supuestamente almacena en el Peñón desde 2007 y que pertenecía al tesoro transportado en la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes'.
   Tras esta decisión judicial, la empresa cazatesoros deberá entregar al Gobierno español estos objetos a no ser, según ha especificado el juez de Tampa, que exista una orden de una corte del Gobierno de Gibraltar que lo impida.
   Un portavoz del Ministerio de Cultura español que dirige José Ignacio Wert ha recalcado la "satisfacción" del Gobierno al ver cumplida la sentencia que daba la razón al Estado y obligaba a devolver la integridad del tesoro.
   Asimismo, las mismas fuentes han indicado que esta decisión judicial supone "un paso más en el camino para tener todo el patrimonio" del pecio español de regreso en nuestro país "lo antes posible".  
   El pasado 24 de febrero llegó a España el grueso del cargamento de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', compuesto por dos conjuntos de monedas, por una parte las individualizadas y, por otra, las que están compactadas en bloques y que son mayoría.
   Al primero de ellos pertenecen las 212 monedas de oro, ya restauradas y cuyos datos, como fecha o emisor, han sido comprobados una por una; y otras 13.077 de plata, entre las que también hay unas 5.000 ya restauradas, y que han sido comprobadas en un muestreo aleatorio.
   El resto de las monedas son de plata, están en 551 contenedores y muchas de ellas están adheridas y compactadas. Completan el tesoro recuperado tres tabaqueras de oro, seis lingotes --cinco de cobre y uno de estaño-- fragmentos de balas y de madera y una polea.

miércoles, 21 de marzo de 2012

Trabajadores de BMN se concentran en toda España para pedir la retirada del plan de reestructuración

MADRID.- Los trabajadores de Banco Mare Nostrum (BMN) se han concentrado este miércoles ante los centros de trabajo de toda España para pedir la retirada de la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

   Fuentes sindicales han indicado que se han registrado concentraciones en Madrid, Granada, y en todos los centros de trabajo de las diferentes entidades que forman BMN, esto es, CajaMurcia, CajaGranada, Caixa Penedés y Sa Nostra.
   De esta forma, los trabajadores han parado su actividad durante diez minutos y se han concentrado delante de los centros de trabajo y apagando el ordenador.
   Asimismo, las fuentes han indicado que mañana jueves se celebrará otra concentración en todos los centros de trabajo, incluido Madrid, pero sólo con los delegados sindicales, quienes organizarán un "almuerzo o picnic reivindicativo" en contra de esta reestructuración.
   En el caso de CajaGranada, los trabajadores tienen previsto instalar mesas de recogidas de firmas en defensa de "lo que dice el Estatuto de CajaGranada, donde se garantiza y se respeta el empleo y las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la entidad".
   Por otro lado, Comfia CCOO ante la falta de acuerdo para que la dirección retire su propuesta de "aplicación de la reforma laboral" en esta segunda reestructuración de Banco Mare Nostrum, ha acordado y con las otras secciones sindicales aumentar la intensidad de las movilizaciones que se están llevando a cabo en los centros de trabajo y mantiene la convocatoria de huelga en BMN para el próximo 19 de abril.
   Asimismo, este sindicato se ha sumado a la huelga general del día 29 de marzo y animan a secundar la huelga contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno, en la que los trabajadores de BMN "tenemos la primera oportunidad de exigir la retirada de la propuesta y una negociación de medidas para el ajuste equilibradas, no traumáticas y basadas en la voluntariedad".
   Comfia-CCOO-BMN hace un llamamiento a la dirección a "reconducir las negociaciones con responsabilidad, transparencia y sentido común". Considera que "la vía del conflicto que la dirección ha escogido, fruto de una propuesta absolutamente injusta y desequilibrada, compromete no solo el futuro de cientos de puestos de trabajo en la actualidad, sino la estabilidad de muchos más en un futuro que, por ahora, se muestra muy incierto".

Fomento contempla rescatar autopistas en quiebra, como la Cartagena-Vera

MADRID.- El Ministerio de Fomento contempla quedarse con alguna de las autopistas actualmente en riesgo de quiebra en caso de que sus cuentas no logren reequilibrarse con las medidas que este Departamento prevé tener listas en "un máximo de seis meses", entre las que figura la promoción de fusiones entre estas vías, según anunció la ministra, Ana Pastor.

   El rescate de las autopistas se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) y en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante estas concesiones, según detalló Pastor durante su intervención en el Nueva Economía Forum.
   Seittsa es un ente público dependiente del Ministerio de Fomento, que hasta ahora contrata determinadas obras de carreteras y ferrocarriles.
   Fomento se ha fijado así el rescate como medida de último recurso al que acudirá para el caso de que no funcione ninguna de las que el Ministerio prevé tener listas en "un plazo máximo de seis meses" para evitar la quiebra de una decena de autopistas.
   Entre estas iniciativas figura la ampliación de los periodos de explotación de la vía que se otorga a las empresas concesionarias, fomentar las fusiones entre autopistas y la concesión de créditos participativos.
   En la actualidad, nueve autopistas están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, como consecuencia del sobrecoste que sufrieron en las expropiaciones y la caída de los tráficos por la crisis. Entre ellas, figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.
   Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son Acciona, Abertis, Globalvía (FCC y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL.
   La ministra de Fomento avanzó que además de solventar el problema de estas vías abordará un "profundo cambio en la legislación sobre concesiones", cuyo eje principal será determinar la asunción de los riesgos de la infraestructura. Además, busca que permita abrir la financiación de obra pública a los fondos de pensiones.
   Todo ello con el fin último de que el capital privado juegue un importante papel en la financiación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el que ya trabaja el Ministerio para presentarlo el próximo mes de julio.
   Por contra, Pastor descarta lograr financiación con medidas como la implantación de la Euoviñeta (peaje que se cobra a camiones que circulan por las autovías) o la imposición de tasas en carreteras, como acaba de anunciar Reino Unido.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".
   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".
 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.
   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".
   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".
   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.
   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".
 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.
   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".
 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.
   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.
   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.
   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".

Los ayuntamientos deberán detallar si piensan recortar personal

MADRID.- Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el 'Modelo de Plan de Ajuste' publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.
   En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.
   Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.
   El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.
   Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.
   También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.
   Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.

El capitalismo más ramplón se ceba con una Lorca arruinada

LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca ha lanzado un nuevo mensaje de tranquilidad a los lorquinos afectados por los terremotos y confirma que ha habido casos particulares en la que las entidades financieras saldaba el pago de la hipoteca que previamente tenían contraídas los damnificados con el dinero del Consorcio de Compensación de Seguros, pero destaca que la mayoría de los casos sobre los que ha tenido conocimiento "se han solucionado".
   "Pero si existe algún caso concreto de problema con los bancos el Ayuntamiento se compromete a mediar", han subrayado hoy fuentes municipales.
   A este punto, el Ayuntamiento ha recordado que hace meses se llegó al acuerdo con las entidades financieras de crear una cuenta a plazo fijo en la que se ingresa el dinero de la indemnización del cliente.
   De esta forma, explicó el alcalde del municipio, Francisco Jódar, el banco o la caja cuenta con el aval de que mantendrá su derecho sobre el bien hipotecado cuando éste se reconstruya y, por otro, los ciudadanos tienen garantizado el dinero que debe ir a la reconstrucción, ya que sólo se pueden sacar fondos a medida que se vayan presentando certificaciones de obra.
   No obstante, añadió el primer edil, si los afectados lo desean podrían utilizar la indemnización para cancelar completamente la hipoteca.
   Así las cosas, el Ayuntamiento de Lorca, que fue consciente de esto a través de la apertura de una oficina municipal de Gestión y Recuperación con motivo de los seísmos, insta nuevamente a los ciudadanos que estén en una situación similar a que se pongan en contacto con el Consistorio.
   De hecho, Interviú publica hoy la historia de varios lorquinos afectados por esta situación. Es el caso, por ejemplo, de Juan Pérez Gazque, quien explica en la revista que el Consorcio de Compensación de Seguros le ingresó 76.647 euros de indemnización el 31 de agosto que su banco no le permite tocar, pero, señala, "si me retraso un día en pagar la hipoteca de la casa derruida, me avisan del recargo".
   "Ellos tienen mis 76.700 euros desde hace siete meses y no me permiten ponerlo a plazo fijo para que me dé intereses que me ayuden a pagar el préstamo", dice este lorquino de 28 años, padre de un bebé.
   Al hilo, Juan Carlos Carrillo, presidente de la Plataforma Lorca, 11 de Mayo, precisa que "los bancos han ido a por los colectivos más desprotegidos. Con el dinero de las indemnizaciones quieren liquidar las hipotecas de todos aquellos a los que hoy no darían un crédito".
    El Defensor del Pueblo de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, ya avanzó en diciembre del pasado año que las entidades financieras se estaban quedando con el dinero que el Consorcio de Seguros pagaba a aquellos lorquinos que habían perdido su vivienda o ésta había quedado muy deteriorada, para amortizar la deuda del préstamo hipotecario.
   Se trata, criticó entonces el Defensor del Pueblo, de un doble problema, por un lado, especificó que el propietario o ex propietario de esa vivienda "no sabe como comenzar a construir una nueva vivienda" ya que se ha quedado sin vivienda y prácticamente sin dinero.
   De esta forma, lamentó Ruiz Abellán, tras la queja de los lorquinos, "tampoco hay dinero para reactivar la actividad económica que supone la construcción de nuevas viviendas".
   A juicio del Defensor del Pueblo, las entidades financieras debían considerar como garantía hipotecaria el dinero que llega del Consorcio, en lugar de la vivienda.
   Según Ruiz Abellán, deberían mantener el dinero del Consorcio en plan finalista, que sirva de garantía de la deuda que tenía el propietario de la vivienda con el banco, e ir dándoselo conforme se vaya construyendo la nueva".
   Así, apostilló, "solucionamos el problema en los dos sentidos, desde el punto de vista de reactivación económica que Lorca tanto necesita y de darle una nueva vivienda al ciudadano".
   Esta, ha destacado al respecto el alcalde del municipio de Lorca, "ha sido la solución aplicada".
   El Defensor del Pueblo tiene previsto mantener este jueves, día 22, una reunión, a las 11.00 horas, con el portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos de Lorca, José Alberto Larios, aunque no ha trascendido más sobre el encuentro.
   Precisamente, la asociación, compuesta por vecinos del municipio lorquino, ha organizado para el próximo domingo, 25 de marzo, una manifestación en el Jardín de Floridablanca de Murcia bajo el lema 'Las ayudas embalsadas y Lorca estancada, soluciones ya'.
   Cabe recordar que en el municipio de Lorca han surgido varios movimientos tras los seísmo, se trata, por ejemplo, de la 'Plataforma Lorca, 11 de mayo', o de la Asamblea de Vecinos Afectados por los Terremotos de Lorca.

Proyecto europeo estudia cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables

VALENCIA.- Un consorcio de centros de investigación, consultoras, gestores de transporte y compañías de prestigio como Procter & Gamble lideran el proyecto europeo 'Conceptos de colaboración para la Co-modalidad (CO3)", en el que España está representada a través de Itene y ZLC en el que se estudiará cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables, según ha informado Itene en un comunicado.

   El proyecto CO3, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea, trabaja en el desarrollo de un modelo que supere los obstáculos a la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores. El próximo 11 de mayo de 2012 celebrará un taller en Valencia.
   Esta iniciativa se ha llevado a cabo porque la capacidad del sistema de transporte europeo está siendo infrautilizada, ya que según reflejan las estadísticas, un cuarto del total de camiones viajan vacíos y el resto solo están cargados al 57 por ciento de su capacidad máxima en promedio.
   En este contexto ha surgido el concepto de 'colaboración horizontal' o combinación inteligente de flujos de mercancías de diferentes empresas, que ofrece una "potente e innovadora" solución para afrontar este problema.
   Las empresas que colaboren e integren sus flujos logísticos pueden alcanzar "importantes" beneficios a nivel económico, social y ambiental, ya que comparten gastos de transporte, lo que a su vez genera menos emisiones. Sin embargo, los cargadores dispuestos a llevarlo a cabo han encontrado frecuentemente una serie de obstáculos y dificultades.
   Uno de los objetivos del proyecto se basa en eliminar dichos obstáculos. CO3 está financiado por el Séptimo Programa Marco de la EU, y su misión estimular la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores, para fomentar una "mayor competitividad y sostenibilidad" de la logística Europea.
   Para alcanzar este objetivo, se desarrollarán una serie de casos de estudio basados en la agrupación horizontal de flujos y en diferentes escenarios comodales diseñados para ser adaptados o modificados a la realidad de cualquier compañía.
   Los cargadores que deseen transportar sus mercancías por Europa de una forma más eficiente y sostenible, tienen una buena oportunidad de participar en CO3 para identificar potenciales empresas colaboradoras y establecer pruebas piloto. Para lograr esto, CO3 proporcionará a las entidades participantes las herramientas operativas necesarias y ofrecerá formación activa durante la implementación de la colaboración horizontal.
   El consorcio desarrollará en paralelo un marco legal para garantizar la neutralidad de los agentes de consolidación e intermediación administrativa/legal, quienes aparecen como nuevos actores esenciales en la creación de la colaboración horizontal. Adicionalmente, se desarrollarán y validarán conceptos innovadores de "beneficios compartidos" que permitan estandarizar contratos de transporte multilaterales.
   Los primeros casos de estudio y seminarios de CO3 están ya en fase de preparación. Las empresas españolas que deseen participar en algún caso de estudio o que deseen aprender más sobre colaboración horizontal, tienen la opción de participar en un taller gratuito que se celebra en las instalaciones de Itene en Valencia el próximo 11 de mayo de 2012.
   Contará con la participación de expertos europeos en el ámbito de la colaboración horizontal como Sven Verstrepen y Kurt Jacobs, de la empresa TRI-VIZOR, que presentarán casos reales en la implantación de este modelo con éxito entre entidades europeas.
   El proyecto CO3, cuyos trabajos concluirán en 2014, cuenta con un consorcio de 18 entidades. Sus resultados estarán continuamente monitorizados por una junta de alto nivel industrial formada por más de 35 empresas europeas de diferentes sectores.

martes, 20 de marzo de 2012

Quedará lo que sepamos defender / Patricio Hernández *

Cada vez que oigo a un representante del gobierno o de los empresarios -sus discursos son ya indistinguibles, sin que tengan la mínima precaución estética de disimularlo- decir que la reforma laboral es “equilibrada”, pienso en el tipo de equilibrio de la fórmula “tú dame el reloj, que yo te daré la hora”.

Toda la justificación que hacen de las bondades de una reforma laboral que supone la destrucción unilateral del sistema de relaciones laborales de la democracia, o de la necesidad de unos recortes sociales que están dinamitando nuestro tímido estado benefactor, está fundada en la repetición incesante, con machaconería mediática, de un tipo de retórica eufemística, que adopta la forma de vulgata económica, en la que el campo semántico está poblado de términos ambiguos (flexibilidad, estabilidad, competitividad, productividad, rigideces, etc.), a los que se hace significar lo que se quiere.

Su éxito está en que se ajusta a un “horizonte de expectativas” previamente creado y extendido, que circula por todas partes, con la complicidad de muchos políticos, periodistas, economistas en nómina, tertulianos o sencillos ciudadanos, en un país que presenta un sistema de medios que no expresa de ningún modo la pluralidad social y la diversidad ideológica, lo que se ha convertido en uno de los problemas más serios de nuestra democracia. Sólo hay que mirar las editoriales de los distintos medios ante la convocatoria de huelga general.

La novedad reside en que antes los gobiernos por conseguir la “confianza de los mercados” corrían el riesgo de perder la confianza del pueblo, y había que elegir, mientras que ahora, bajo el shock de la crisis, pretenden conseguir ambas a la vez de la mano de la amplia hegemonía ideológica del credo neoliberal y del control de una ciudadanía a la que se ha despolitizado durante décadas en sociedades en las que la política está completamente mediatizada.

Para completar y entender el cuadro sólo necesitamos introducir el factor miedo. Ante la huelga inminente nos abrumarán con la denuncia de la violencia de los piquetes, que se corresponde al régimen de primacía de lo visible, pero querrán ignorar la mucho más relevante violencia invisible –reforzada justamente por la reforma laboral- de los miles de trabajadores sometidos a la amenaza empresarial de despido si hacen huelga.

Es justamente la coerción económica y el chantaje laboral el que disuelve la resistencia. Todos estamos amenazados por la precariedad, esa inseguridad subjetiva generalizada que sustenta la inseguridad objetiva y convierte el futuro en algo incierto, en el que no cabe depositar el mínimo de fe y esperanza que hace falta para rebelarse incluso contra el presente más intolerable (Bourdieu).

Esta sofocante hegemonía permite hablar de “silencio de las víctimas” (A. Touraine), e incluso de esa otra forma de servidumbre voluntaria que produce la paradójica situación de que una parte de quienes más sufren aplaudan masoquistamente las decisiones de las que proviene su sufrimiento.

Pero sabemos que este fatalismo económico encubre realmente una concreta voluntad política. Porque esta propuesta ideológica, expedida desde los centros de poder políticos y económicos, que se presenta a sí misma como fundada en el conocimiento incontestable de la ciencia económica, no es sino un conjunto fundamentalista de creencias parecido a una religión que proclama –contra todas las evidencias que tenemos- el progreso de la utopía neoliberal, cuyo absurdo dogma central es que la explotación (de las personas, de la biosfera) puede ser ilimitada en un planeta finito.

Si algo tenemos claro a estás alturas de la crisis es que el capitalismo no va a salir debilitado. Aún más, su versión financiera -ahora dominante- es la que, utilizando recursos públicos ingentes, más rápida se está recuperando, al tiempo que se acelera la revolución política conservadora.

Está también destruyendo un tipo de sociedad, la de los estados de bienestar, que llegó a identificarse con el “modelo social europeo”, que prometía democracia con equidad en un clima de paz social, y que muchos en todas partes del mundo veían como digno de imitación. De paso, y como otro “daño colateral”, ha dinamitado el proyecto europeo, del que hoy desconfían la mayoría de los ciudadanos.

El triunfo neoliberal está provocando el incremento de la polarización social y las desigualdades, y un mayor sufrimiento social que acabará generando nueva conflictividad (democráticamente canalizada o en forma de estallido social descontrolado), pero sobre todo nos aboca a nuevas crisis más graves aún que la actual como consecuencia de la sistemática estupidez humana que nos condena a repetir exactamente las cosas que no debemos hacer.

La partida no está sin embargo decidida. Hay un difusa pero creciente conciencia ciudadana de que hay que retomar el camino original de la democracia – de abajo a arriba- frente a la oligarquización de nuestros sistemas políticos, recuperar el gobierno de la economía desde la política, y abandonar esa idiotez de los economistas de que la naturaleza es un subsistema de la economía. La resistencia a la involución social que se nos intenta imponer renace por todas partes.

Recientemente le preguntaban en una entrevista radiofónica al gran historiador Josep Fontana por lo que quedaría de nuestros estados del bienestar después de la crisis, a lo que sabiamente contestó “sólo lo que sepamos defender”.
 
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia

Viudes no logra intimidar con multas a quienes se oponen a su negocio portuario en El Gorguel

MADRID.- Ecologistas en Acción ha iniciado una campaña de recaudación para hacer frente a la desproporcionada e injusta sanción (8.000€, que han ascendido a casi 10.000€ debido a los recargos) que le ha impuesto la Autoridad Portuaria de Cartagena, por una acción pacífica y simbólica en contra del macropuerto del Gorguel, según un comunicado de esta asociación.

"Como primera actividad de dicha campaña, la asociación ha organizado una comida solidaria que se llevará a cabo en El Gorguel el próximo domingo 25 de marzo, con la ayuda de los vecinos del Gorguel.
Quienes lo deseen, podrán aprovechar la mañana para conocer el entorno, y comprobar "in situ" su belleza paisajística, así como los valores ambientales y culturales de la zona, observables a simple vista, y que serán explicadas por miembros de la Asociación.
A medio día, sobre las 14:00h, quienes hayan adquirido su bono solidario, que cuesta 10 €, podrán disfrutar de un estupendo menú en este entorno incomparable".

Ecologistas en Acción ha facilitado también un número de cuenta para quienes deseen hacer un Donativo solidario, por la cantidad que deseen, con el concepto "SANCIONADOS APC".
3058-0298-36-2720000730

Natalia Martín, responsable de Costas, asegura que "a pesar de esta represalia de la Autoridad Portuaria de Cartagena por oponernos a su proyecto estrella, Ecologistas en Acción nunca se ha dejado intimidar, ni lo hará en el futuro, por lo que seguiremos como hasta ahora luchando con todas nuestras fuerzas para que este proyecto nunca vea la luz en El Gorguel". 

En este sentido, Natalia Martín recordó que a pesar de los periódicos anuncios triunfalistas de Adrian Ángel Viudes, "el proyecto del Gorguel de momento es sólo un castillo de naipes, ya que todavía no se ha elaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental, ni se ha realizado la Evaluación de Repercusiones sobre espacios de la Red Natura 2000". 

Para los ecologistas, resulta difícil de creer que Europa pueda aprobar un proyecto de estas características en el enclave protegido del Gorguel.

Para finalizar, Natalia Martín ha querido "agradecer a todas las personas y colectivos que nos han mostrado su apoyo y solidaridad a raiz de esta injusta y desproporcionada sanción", en especial a los vecinos del Gorguel "sin cuyo apoyo sería difícil haber organizado esta comida solidaria".


http://noalmacropuerto.blogspot.com

Información para el evento:
Para reservar/comprar los BONOS SOLIDARIOS, y para consultar detalles y dudas de la convocatoria:
costas@ecologistasenaccion.org
Natalia Martín - 685 833 964 (Responsable de Costas)

Campañas de costas en la Región Murciana:
http://noalmacropuerto.blogspot.com
http://cabocopevirgen.blogspot.com

La alerta naranja por nieve se extiende al Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Vega del Segura


MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado la alerta naranja por nieve al Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Vega del Segura, según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   Según su previsión, durante todo este martes en las citadas comarcas, así como en el Noroeste y el Altiplano, la nieve acumulada puede alcanzar un espesor de 7 cms. con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.
   Además, la Aemet advierte de que en toda la Región puede haber precipitaciones de lluvia que podrían alcanzar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, también durante la jornada de este martes, lo que significa un nivel de alerta amarillo por este fenómeno.
   Para ello, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias aconseja, ante el riesgo de nevadas, preparar un botiquín de primeros auxilios y con aquellos medicamentos que se usen con frecuencia por los miembros de la unidad familiar; ropa adecuada; y revisar puntos de la vivienda por donde hay contacto con el exterior. así como tejados y bajadas de agua.
   Las calefacciones con circuito cerrado deberán estar provistas con anticongelante, y se deberá prestar atención a las emisoras de radio y TV para obtener información del Meteorología o de Protección Civil.
   Además de disponer de pilas suficientes para la radio y linternas, y si va a salir al exterior llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso.
   No es conveniente salir a la calle las personas de avanzada edad y los niños, y en caso de ventisca, combinación de aire frío, nevadas y fuertes vientos que reducen la visibilidad es preferible evitar las salidas o desplazamientos.
   No realizar ejercicios físicos excesivos puesto que el frío no es bueno para el corazón, tomar precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire y cuidar de los objetos próximos a las estufas.

COAG celebra que la lluvia salve al campo murciano

MURCIA.- La lluvia que ha caído desde la pasada madrugada en la Región, que se encuentra casi en su totalidad en alerta naranja por nieve y con nivel de riesgo amarillo por lluvias, "ha salvado al campo murciano", por lo que hoy es un día "feliz" para el agricultor.

   Así lo ha manifestado esta tarde el secretario de COAG Murcia, Francisco Gil, quien ha precisado que este 20 de marzo ha sido un 6 de enero para el agricultor sin "escribir" la carta a los Reyes Magos.
   "Esto era inesperado totalmente y todos queríamos este agua pero nadie se imaginaba que iba a llegar", ha confesado Gil, quien no ha dudado en expresar la alegría por lo acontecido, ya que el agricultor ayer era una persona "triste" pero hoy es un día "feliz".
   De hecho, ha asegurado que si la gente se desplaza a los pueblos de la Región "donde el secano es su reino se podrá ver a los agricultores con alegría y cara de felicidad, ya que ha salvado muchas cosas".
   En su opinión, esta lluvia "ha salvado todo, porque no había nada en el campo". 
A partir de ahora, ha dicho, "saldrá la floración y habrá verdor para el ganado".

Los autobuses de Latbus cumplen su segundo día de huelga sin incidentes y con un retraso de 20 minutos

MURCIA.- Los autobuses de la empresa pública de transportes Latbus han cumplido su segundo día de huelga "con normalidad" y sin incidentes pero con un retraso de unos 20 minutos en algunas líneas, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Este retraso se debe a que se ha dado prioridad a la salida de los autobuses escolares de las cocheras, dadas las condiciones climáticas de lluvia, y las líneas que han salido con posterioridad llevaban un cierto retraso.
   De todas formas, Cano ha explicado que los autobuses han tomado la salida "con regularidad y con más puntualidad que en otras ocasiones". Asimismo, ha indicado que los servicios "están circulando bien en principio".
   Cano confirma que los empleados todavía no han recibido la llamada de ninguno de los responsables de la empresa y no ha habido toma de contacto con ellos, lo que consideraban previsible "dado el puente de San José que ha habido de por medio".
   En este sentido, los empleados siguen esperando que la empresa desembolse el dinero de la paga extraordinaria de marzo, que tenía que haber abonado el pasado jueves, día 15. La dirección de la empresa anunció la semana pasada que iba a hacer efectivo el 50 por ciento de esta cantidad, que finalmente no se ha pagado.
   Asimismo, el Comité de Empresa espera que se le facilite el documento que la dirección de Latbus y sus administradores concursales remitieron a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Murcia solicitando el cese de determinados servicios para hacer viable la compañía.
   Cano explica que los trabajadores perciben que la deuda de la empresa es "inasumible" por la "gestión nefasta que se ha hecho", y que se están "barajando despidos", sobre todo de los empleados con más años de servicio, que resultan más "caros de mantener". Por ello, solicita a la Administración que "tome medidas" y "rescate" a la compañía.
   A pesar de que los empleados en huelga no cobran su nómina, Cano ha anunciado que les da "igual" y que van a seguir "aguantando" hasta que se cumplan sus reivindicaciones. En este sentido, puntualiza que esta huelga "es diferente a todas las demás que se han llevado a cabo hasta ahora", porque su objetivo es que se garanticen los puestos de trabajo.

Nace oficialmente la Universidad Católica de Alicante (UCAL), de la mano de la UCAM


ALICANTE.- La Universidad Católica San Antonio ha presentado este martes, de forma oficial, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant la nueva Universidad Católica "San Antonio" de Alicante (UCAL), que comenzará su andadura con 13 titulaciones oficiales de grado, a las que se irán incorporando distintos títulos oficiales de postgrado y otros títulos.

   En concreto, el campus se instalará en unos terrenos iniciales de 50.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant, ampliables en un futuro, según fuentes de la institución docente.
   En el transcurso de un acto, en el que han intervenido el presidente de la institución docente, José Luis Mendoza; el alcalde de Sant Joan D'Alacant, Manuel Aracil; el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sant Joan, Javier Yebes; y el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Rafael Palmero, el presidente de la Universidad Católica ha incidido en que "existe una gran demanda de alumnos que quieren estudiar en la UCAM".
   Por ello, Mendoza ha resaltado que gracias a la puesta en marcha de la nueva Universidad "no van a tener que desplazarse fuera de Alicante para formarse".
   Asimismo, ha recalcado que las titulaciones que se impartirán en la recién erigida Universidad Católica San Antonio de Alicante "contarán con  los mismos estándares de calidad que las impartidas en Murcia".
   Por su parte, el obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor Rafael Palmero, ha destacado que "desde hace muchos años era una aspiración de la diócesis alicantina que la Universidad Católica se instalara aquí, ya que había mucha demanda de alumnos que así no tendrán que desplazarse fuera para cursar sus estudios universitarios".
   Tras precisar que se ha creado una universidad independiente, ha indicado que la UCAM "no exporta una serie de titulaciones, sino que crea una nueva Universidad".
   Mientras, el alcalde de Sant Joan D'Alacant ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de este proyecto y ha destacado su importancia de cara al desarrollo económico y a la promoción exterior del municipio alicantino.
   "La creación de esta nueva Universidad se traducirá en la creación de numerosos puestos de trabajo para los habitantes de Sant Joan D'Alacant", ha asegurado.

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentan en la Región un 0,5%

MURCIA.- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia alcanzó los 80.076 en febrero, lo que supone un aumento del 0,5 por ciento con respecto al mismo mes de 2011, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   De esta forma, el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia registró un aumento en febrero de 396 personas, frente al descenso del 0,51 por ciento registrado en el conjunto nacional.
   En lo que va de año el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región decreció en 3.952 personas, lo que supone un descenso del 4,70 por ciento con respecto al año anterior.
   Del total del número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Murcia, 70.743 pertenecen al Régimen General, 4.939 al Régimen de Autónomos, 4.245 al Régimen del Hogar (en extinción), 149 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.
   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 42.699 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 943; y el general, con 27.101.
   Además los datos revelan que, del total de extranjeros afiliados a la Seguridad Social de Murcia, 12.903 de ellos proceden de la Unión Europea y el resto, 67.174 son extracomunitarios.

UPyD propone la supresión en la Región del Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha propuesto la supresión en la Región de Murcia del Defensor del Pueblo, del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico, "por tratarse de instituciones u organismos que duplican funciones que ya realizan otros entes homólogos de carácter estatal". 

   Sánchez cree que estas supresiones se deben acometer "de forma especial en el actual momento de crisis y de déficit en las cuentas públicas". Además, ha subrayado que esos organismos no se crearon bajo mandato estatutario y que por tanto el Gobierno regional puede derogarlos con una ley, sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía.
   Ha expuesto que el ahorro que se produciría sería de unos 3,8 millones de euros, según los presupuestos de la CARM para 2012, "una cifra que no es despreciable en absoluto".
   Asimismo, Sánchez ha señalado que estas propuestas de UPyD para evitar duplicidades innecesarias, así como otras que su formación política reivindica (la privatización de la tv regional entre ellas) "no las estamos formulando sólo ahora que el déficit nos ahoga, sino que las venimos reclamando desde que nos constituimos como partido hace más de cuatro años y en todas las instituciones en las que estamos presentes".
  En este sentido, y solicitando la racionalización de las AA PP, Sánchez ha recordado la reciente moción presentada por el Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso y por el Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, solicitando la supresión de organismos duplicados.
   El coordinador regional de UPyD ha señalado que la posición de su partido viene avalada por lo que opinan expertos del mundo académico. Así ha subrayado que existe una opinión próxima al consenso entre diferentes expertos, sobre la oportunidad de suprimir estos organismos duplicados en el nivel del Estado y en el de las Comunidades Autónomas, sobre todo en un momento de crisis.
   Catedráticos de Derecho Constitucional, como Joan Oliver y Javier Pérez Royo, o el profesor de ESADE, Francisco Longo, son de esta opinión. Y recuerdan "cómo Madrid ha estado muchos años sin Consejo Jurídico Consultivo y Baleares no ha tenido nunca Defensor del Pueblo. No tiene sentido que se reproduzca el mapa institucional del Estado en cada Comunidad Autónoma".
   Para finalizar Sánchez indica que la proliferación masiva de organismos es un síntoma de "las alegrías de la  bonanza" anterior a la crisis. "Hemos vivido años que parecía  que era todo posible. Por algún lado hay que empezar para reducir el déficit y hay que  redefinir prioridades: los organismos duplicados son los primeros  que hay que suprimir antes que recortar en Sanidad o Educación", ha concluido.

Banco CAM prometió ante notario asumir el pago de las cuotas participativas

ALICANTE.- Más de 300 inversores que compraron cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) se han personado ya como acusación particular en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer las posibles responsabilidades penales de la anterior cúpula directiva de la caja.

Tras adquirir el Banco CAM en subasta pública al precio simbólico de un euro, Banco de Sabadell notificó oficialmente el pasado 9 de diciembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el valor de las cuotas participativas de la caja había quedado reducido a cero. Esto supone que los alrededor de 54.000 compradores de las cuotas de CAM habrían perdido el dinero invertido en su adquisición.
En concreto, el Sabadell comunicó como hecho relevante que «las cuotas participativas de Caja Mediterráneo (CAM) no han sido traspasadas a Banco CAM en virtud de la escritura pública de segregación de la actividad financiera de CAM a Banco CAM de fecha 21 de junio de 2011. Tal y como está diseñado el proceso, es de prever que las cuotas paticipativas no tengan valor económico significativo».
La propia caja de ahorros ratificó esta explicación en un comunicado de prensa emitido pocos días después, el 15 de diciembre, en el que indicaba que, como consecuencia de la inyección económica de 2.800 millones de euros del FROB, «la participación accionarial de Caja Mediterráneo en Banco CAM ha quedado reducida a cero, con el consiguiente impacto negativo en su patrimonio y en el valor de las cuotas participativas en circulación». 
Pero los inversores, que han acudido a la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades penales por la pérdida de sus ahorros, pueden aferrarse a un documento, al que ha tenido acceso Abc, para hacer prevalecer sus derechos.
El secretario del consejo de administración de Caja Mediterráneo, José Forner, y el consejero del Banco CAM Ginés Pérez Ripoll, firmaron el pasado 21 de junio en el despacho del notario Ignacio Paz-Ares, de Madrid, la escritura pública por la que se hacía efectivo el traspaso de todo el negocio financiero de la caja de ahorros al banco, un requisito indispensable para recibir los fondos del FROB. Aunque ni la Obra Social ni las cuotas participativas formaron parte del traspaso, en el documento suscrito ante notario se indica que «Banco CAM deja constancia de que ha asumido el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pueden derivarse de las cuotas participativas». Por tanto, el Banco de Sabadell ha asumido ahora ese compromiso, al convertirse en titular de Banco CAM.
De hecho, la entidad financiera catalana ha anunciado que estudiará la situación de los afectados, individualmente, para ofrecerles alguna solución. Como ha informado Abc, el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés Olmos, ha reclamado oficialmente que la caja asuma sus obligaciones con los cuotapartícipes. 
En un escrito que someterá al voto de los miembros de la comisión mañana miércoles, Avilés propone incluso que la caja presente concurso voluntario de acreedores, lo que permitiría liquidar su patrimonio —compuesto ya exclusivamente por la Obra Social— para pagar las cuotas.

España, Francia e Italia buscan frenar la crisis en frutas y hortalizas

BRUSELAS.- España, Francia e Italia han pedido al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, medidas "urgentes" y "más potentes" para ayudar al sector de frutas y hortalizas a superar la crisis que atraviesa, según ha informado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien también ha mostrado descontento por el funcionamiento del sistema de precios de entrada para los productos agrícolas marroquíes en el mercado comunitario.

   En concreto, reclaman una "reforma urgente" del reglamento que regula los instrumentos de gestión de crisis y que permite, por ejemplo, retirar una parte de mercancía en situaciones graves del mercado con el objetivo de recuperar los precios, de cara a actualizar las compensaciones y cantidades previstas a la situación del mercado tras los últimos años.
  Antes de una reunión con Ciolos, Arias Cañete ha evitado cifrar las mejoras que persiguen Francia, Italia y España con su alianza, pero ha dejado claro que "lo actual es insuficiente" y ha apuntado la necesidad de elevar los precios de retirada "por lo menos un 5 por ciento" y aumentar también los volúmenes que se puedan retirar del mercado "hasta un 10 por ciento".
   Arias Cañete ha explicado que Francia, España e Italia suscribieron la semana pasada un documento para exigir que la UE "aumente las cantidades que son objeto de posible retirada" y también los "precios" que se paga como compensaciones por tal retirada.
   También han expuesto al comisario su descontento con el sistema de precios de entrada a la Unión Europea de productos agrícolas marroquíes porque "no gusta su funcionamiento" y han apostado por modificar la facultad de elección del sistema que determina los aranceles para los exportadores marroquíes.
   El objetivo, ha dicho el ministro español, sería que el régimen de entrada esté sujeto a una mayor seguridad jurídica que garantice los volúmenes de contingente y una "competencia leal".
   Respecto a la crisis que atraviesa el sector hortofrutícola en general, Arias Cañete ha advertido de que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se negociará de aquí a 2014 debe servir para impulsar cambios "en profundidad" de la OCM de frutas y verduras "para dotarla de más estabilidad, de más capacidad de regular el mercado y de ser un instrumento más eficiente al servicio" del sector.
   Sin embargo, también ha destacado que la situación de los productores de frutas y hortalizas "no pueden esperar" a que llegue la reforma y por ello son necesarios "mecanismos más potentes" que los actuales para luchar contra la volatilidad de los mercados, la pérdida de competitividad y la caída de los precios.