El ministro García-Margallo habla con desdén de 'aeropuertos peatonales'

VALENCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha responsabilizado a las comunidades autónomas del "mayor desajuste" en la reducción del déficit. "La mayor parte del agujero pertenece a las comunidades autónomas y es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pero también del Gobierno central, que es el que responde de sus obligaciones en Bruselas y es el que de acuerdo con la Constitución tiene la potestad de ordenar las economías y el horizonte general de la hacienda pública", ha explicado.

En una entrevista con la cadena Cope, Margallo ha lamentado "una ley de financiación completamente incompleta" y ha asegurado que el Gobierno central (el anterior) incumplió "su deber de vigilar a las comunidades autónomas".

Margallo, presentado por el PP valenciano y la Generalitat como un "ministro valenciano" pues fue diputado al Congreso por Valencia, ha asegurado que casi todas las autonomías han hecho "gastos absurdos", pero ha elegido a la Comunidad Valenciana como ejemplo del derroche. Ha dicho que España es "el único país en que hemos inaugurado aeropuertos peatonales" y ha pedido también regular la representación exterior de algunas autonomías. "Yo he visto que la Comunidad Valenciana ha llegado a tener en Bruselas a más de 60 personas. Yo no he llamado nunca a la oficina de la Comunidad Valenciana, porque me resultaba más sencillo coger el teléfono y hablar con el conseller de turno", ha explicado.

"Gran parte de las comunidades autónomas han hecho gastos bastante absurdos. Hemos visto trenes de alta velocidad donde la media de ocupación era de 18 pasajeros", ha considerado el ministro.

Sigue la 'guerra' en Vocento, empresa editora del diario 'La Verdad'

MADRID.- Zona noble de Vocento (empresa editora de 'La Verdad'). Cuatro grabados de músicos presiden la espaciosa sala donde el Consejo celebra sus cónclaves. Una sublimación del solfeo que no sirvió para amansar a las fieras el pasado lunes. El reloj marcaba ya las nueve de la noche cuando llegó el turno de preguntas. Los consejeros acababan de aprobar por unanimidad las cuentas de 2011, mejores en su esencia de lo que sugieren los 50 millones de pérdidas, relata hoy www.elconfidencial.com

Tomó entonces la palabra Santiago Bergareche y, como quien pide una aclaración a los números, anunció el golpe de estado: un grupo de accionistas solicitaba una Junta Extraordinaria para tomar el control de la compañía. Estupefacción en unos y aceptación serena en otros. En todo caso, declaración de guerra a la familia Ybarra y primer acto de una vendetta que empezó a fraguarse hace ya un lustro. Llega el momento del desquite. 

Corría el mes de mayo de 2007 cuando el entonces consejero delegado, José María Bergareche, hermano de Santiago, cesaba en el cargo. No era una tragedia, si acaso un paréntesis. Estaba pactado que accediera a la presidencia apenas meses después. Al punto de que ya había maniobrado para que el nuevo primer ejecutivo, escogido por un head-hunter, fuera Belarmino García, un hombre de paja que podría fácilmente manejar y que no sabía mucho del negocio (procedía de la operadora de móviles Amena). Todo bajo control… O casi. El resto de accionistas -los Ybarra, Urrutia y Luca de Tena- se aliaron a sus espaldas y optaron por un independiente para presidir el Consejo: una elección irreprochable, el marqués de la Romana, Diego del Alcázar. El mensaje que se lanzaba a los Bergareche no podía ser más claro: “No habéis sido fieles a nuestros pactos de familia”. 

Y es que en paralelo al proceso de sucesión, Emilio Ybarra, a la sazón copresidente del BBVA, se había visto envuelto en penosos procesos judiciales por el escándalo de las cuentas secretas del BBV en Jersey. A finales de 2006, el empresario se quejaba -incluso dejando testimonio por escrito- de que el diario ABC no sólo no le había apoyado, sino que se había aliado con la parte contraria. Y, entre otros, culpaba al consejero delegado. Tampoco ayudó a Bergareche que se le hubiera escapado incomprensiblemente la compra de Recoletos (Expansión y, sobre todo, la joya de la corona Marca) en favor de Unidad Editorial y los italianos de Rizzoli. Todo a pesar de haberla fraguado él mismo con un viejo accionista de Vocento, Jaime Castellanos. ¿Conclusión? La nueva alianza en el Consejo dejaba a los Bergareche en la reserva. Así hasta el pasado lunes.

De hecho, Santiago Bergareche lanzaba el órdago con apoyos que, al menos, le acercan al 40% del capital y le conceden chance. Para empezar, está con él Víctor Urrutia, el multimillonario vicepresidente de Iberdrola siempre presente en los movimientos exitosos en el accionariado de Vocento. ¿Qué le mueve dar un paso adelante? Aquí sólo caben hipótesis. Fuentes próximas al Consejo advierten de su proximidad a las tesis de Soledad 'Petisa' Luca de Tena. Y añaden que Petisa quiere guerra desde la salida del anterior consejero delegado, José Manuel Vargas, por quien sentía especial inclinación. Como barman de este coctel estaría el propio Castellanos, a quien muchos ven como el cerebro gris de la insurrección, que además “tiene bastante más del 4,4% que se le supone”. La guinda a este combinado la ponen otros accionistas minoritarios como Manuel Jove o Félix Revuelta. Con una pregunta de fondo, ¿con qué proyecto? 

¿Camino de una operación corporativa?

Sobre el papel, se trata de reducir el Consejo y aumentar el número de independientes para sacar de su actual parálisis al máximo órgano de representación de la compañía. Algunos accionistas no se lo creen. “Piensan que no hay proyecto, que son una UTE [unidad temporal de empresas] que busca tomar el control de la empresa y repartirse el botín. Y sin lanzar una opa ni poner un duro”, sugieren fuentes conocedoras de las inquietudes del frente contrario. Una reflexión que parte de que las Luca de Tena, cuya principal preocupación es el ABC, no hayan hecho público su apoyo al bloque rebelde. “Si lo hacen explícito pasan del 30% y están abocados a una opa por acción concertada”, remachan. Sin un plan para el futuro, el temor es que se trocee la compañía. Y ahí es donde surge el temor de una operación corporativa, sin que se olviden los negocios pasados de Castellanos, puro broker, con Unidad Editorial. 

El nuevo pulso accionarial pone a prueba un pasado de relaciones cosidas a sangre y fuego durante casi 100 años. Por un lado, la estirpe de los Ybarra, que impulsó en 1910 el nacimiento del original El Pueblo Vasco, un periódico conservador, vasco y españolista. Por otro, la familia Echevarría, emparentada con los Bergareche, controlaba El Noticiero Bilbaino, cabecera histórica de la capital vizcaína y algo más afín a las tesis liberales. Concluida la Guerra Civil y con Franco en el poder, los dos proyectos terminaron uniéndose en 1945, bajo aprobación del Caudillo, para dar forma a lo que sería el germen del grupo de prensa regional Correo. Desde entonces, los Ybarra, Echevarría y Bergareche han ido de la mano en una aventura empresarial que consiguió abrirles las puertas del mundo de la prensa en Madrid con la compra del también centenario ABC. Pero ahora, toda esa suma está en el aire.

El peor parado en toda la intriga es Luis Enríquez, consejero delegado desde julio, que pese a las promesas trabaja sabiendo que en dos meses puede estar jugando al golf. Casi peor son las dificultades que tendrá en los próximos 60 días para motivar a un equipo marcado por una desesperante sensación de déjà vu. Y es que parece que cada vez que se dinamiza la gestión, las familias se meten en una espiral de intrigas y maquinaciones que hace derrapar a la compañía. “Es una pena. Vamos en línea con el plan en 2012 con la que está cayendo. Y el promedio diario de ventas del 'ABC' se ha incrementado en 7.000 ejemplares en febrero”, aseguran fuentes internas de la firma. Y es cierto que los aparentemente malos números de 2011 fueron bien acogidos por los analistas. No en vano más de 21 millones se fueron en indemnizaciones, más de 8 en regularizar las vacaciones fiscales vascas y otra decena en echar la persiana en La 10. Sin el esfuerzo de limpiar las cuentas, el resultado es plano. Luego de aquí en adelante sólo puedo ir mejorando, pensará Enríquez. Aunque eso será si le dejan.

 

 http://www.elconfidencial.com/comunicacion/2012/03/03/vocento-o-el-arte-de-tomar-una-compania-sin-poner-un-euro-ni-lanzar-una-opa-93670/

Murcia tiene una tasa de economía sumergida del 35% del PIB, la mayor de España

MADRID.- Más de un tercio de la economía regional de Murcia está fuera de control. Es decir, “sumergida” o “informal”. O ambas cosas a la vez. Con más de un 26% de paro, una de las mayores tasas de desempleo de España, y un tejido productivo al margen de la legalidad, los males financieros de la Comunidad, cuyo déficit público alcanza el 4,8%, tienen difícil solución, según publica hoy www.elconfidencial.com

La crisis sistémica ha provocado que las prácticas económicas fuera de control se incrementen en los últimos tres años. Según las estimaciones de Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la región, la tasa de economía sumergida en Murcia llega al 40%. Para Daniel Bueno, su homólogo de CCOO, el nivel no es quizá tan alto, pero se le aproxima: más del 35%. Por su parte, el presidente de la cúpula patronal murciana, CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia), Miguel del Toro, cree que “es una lacra que nos afecta a todos”, pero prefiere no concretar porcentajes.

La última estadística oficial disponible sobre el asunto, el Informe de Economía sumergida 2000-2009 de Gestha (asociación de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda), fijaba en el 24,3% del PIB regional el nivel de la economía sumergida. Una cifra inferior a la de La Rioja (31,4%), Canarias (28,7%), Castilla-La Mancha (26,5%), Galicia (26,3%), Aragón (25,5%), Castilla y León (25,0%), Andalucía (24,9%) y el mismo de la Comunidad Valenciana (24,3%).

Desde entonces, ambas fuerzas sindicales coinciden en que el tremendo golpe sufrido por la economía regional debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha disparado esa tasa. El resultado es que la economía sumergida mueve en un año la mitad del actual presupuesto regional.

Esto tiene unas consecuencias nefastas para las arcas públicas. El PIB regional es de unos 25.000 millones de euros, razona el secretario general de UGT, y unos 10.000 millones escapan del control público. “Lo que significa que no se recaudan unos 3.000 millones de euros, cuando la recaudación oficial tributaria por todos los conceptos es de unos 4.500 millones. O sea que solo se tributa por el 60% de lo que realmente se mueve”, concluye.

Jiménez mantiene que su estimación del 40% no es desmesurada y recuerda que ya en 2007 el fallecido secretario general de su sindicato, Antonio López Baños, aseguraba con datos que el porcentaje de Murcia era superior al que daba Gestha: el 33%. Para él, “cuando hablamos de economía sumergida no nos referimos solo al arquetipo del trabajador sin dar de alta sino a todo lo que escapa del control fiscal y de la Seguridad Social”.

Antes de eso, en 2006, un estudio del Consejo Económico y Social (CES) murciano ya señalaba a la región como la de mayor porcentaje de España de economía sumergida, citando como ejemplos, entre otros, el que casi el 22% de trabajadores no estaba dado de alta en la Seguridad Social y uno de cada cinco cobraba parte de su sueldo fuera de nómina.

Pero ambos secretarios generales recalcan que la actividad fuera de control no consiste solamente en esos dos ejemplos. Profesionales liberales y oficios que cobran sin factura, es decir, sin incluir el IVA, horas extras sin contabilizar oficialmente, compras de materias primas que se producen clandestinamente, alquileres sin declarar de pisos y locales, ventas al contado, rechazo de tarjetas de crédito, etcétera.

Bueno cuenta el caso de una conocida empresa de “banderillas” de aperitivo para bares que son ensartadas en sus correspondientes palillos mondadientes en casas particulares de la huerta de Murcia, por las que pasa periódicamente una furgoneta para recogerlas y llevarlas a envasar, etiquetar y vender legalmente.

Ambos coinciden en que en Murcia existe una gran tolerancia hacia la irregularidad laboral y fiscal, cosa que favorece el crecimiento de la economía sumergida e informal que, además, en épocas de crisis como la actual sirve de colchón social para la disminución generalizada de ingresos y el crecimiento desmesurado del paro.

La falta de coordinación entre administraciones (Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo, administraciones autonómica y local) y un sistema impositivo inadecuado para la estructura industrial de pymes y autónomos (el 90% del tejido productivo murciano) favorece la extensión de la economía sumergida e informal. En esto todos los agentes sociales están de acuerdo.

Pero no parece que las instancias oficiales estén muy decididas a luchar contra ella. En el recién firmado (13 de enero) “Acuerdo Marco para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Región de Murcia”, Gobierno regional, CROEM y los dos sindicatos mayoritarios dedican solo uno de los catorce puntos a este tipo de economía. A pesar de la antigüedad del problema y de la creciente extensión de la economía irregular, se limitan a declarar que “es necesario elaborar (…) un plan de control que potencie su rechazo social y que fomente la coordinación entre las distintas administraciones competentes para asegurar una adecuada detección y corrección de este tipo de prácticas”.

Montoro dice que a ninguna CCAA "le conviene" pedir flexibilizar el déficit

MÁLAGA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que a ninguna comunidad autónoma "le conviene" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este martes, pedir una flexibilización del déficit, lo cual supone, a su juicio, "un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores". 

   Así, ha asegurado en Málaga, durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Andalucía, que está "seguro" de que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ninguna comunidad autónoma va a pedir que relaje el objetivo de déficit porque ni le conviene a esa CCAA ni al conjunto de España".

   Montoro ha reiterado que planteará a las comunidades autónomas un objetivo global de déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para poder cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal, que marca ahora un déficit público del 5,8 por ciento para este año.

   "Es lo que voy a plantear, y no hay que verlo como una relajación sino como un descenso respecto de lo que ha sido la realidad del 2,9 por ciento", ha dicho, y ha agregado que este es el "compromiso que hay que adoptar en los presupuestos autonómicos aunque algunos estén hechos sobre escenarios no realistas".

   Según el responsable de Hacienda del Ejecutivo central, ahora "la necesidad es adecuar los presupuestos autonómicos al objetivo del déficit público común, que se deriva a su vez de un escenario económico de recesión".

   "Hay menos recursos, que no son los mismos en todas las comunidades autónomas y no se puede generalizar, pero a nadie le conviene aparecer como que está pidiendo una relajación del objetivo de déficit cuando desde el Gobierno central estamos diciendo que es muy exigente la senda de reducción del déficit", ha continuado.

   Para Montoro, en ese CPFF "nadie va a utilizar el término relajar porque lo último que se puede escuchar --en dicho encuentro-- es hablar de relajación". La reducción del déficit público, ha continuado, no se hace "porque nos lo exija Bruselas, el Fondo Monetario Internacional o los mercados sino porque es el requisito para poder financiar el crecimiento económico y la creación de empleo" en España.

   El ser miembro del club de países del euro no implica, ha manifestado Montoro, "renunciar a la soberanía y nuestra capacidad para determinar el presupuesto". 

"España no es un país intervenido, es un país soberano que está tomando sus decisiones en materia de política presupuestaria, en materia de ingresos y gasto público y eso es lo que ocurre en el resto de países que no están intervenidos", ha recalcado.

   Ha insistido en que si España es un país "fuertemente endeudado" frente al exterior, "tenemos que hacer que con recursos propios de financiación recuperemos cuanto antes la actividad económica". Para ello, ha proseguido el ministro, hay que ejecutar "reformas profundas" que hagan que el Gobierno "sea fiable y esté comprometido con el desarrollo de la salida de esta crisis".

   Montoro ha reiterado que no se puede hablar de relajación sino que este año se deberá hacer "un doble esfuerzo" en la reducción del déficit público estructural, "que es el que revela el estado de las cuentas y cómo se financian los servicios públicos".

   Así, ha puntualizado que el pasado año "no se hizo nada", de ahí que en 2012 se tenga que acumular esa reducción. Para el ministro de Hacienda, en el CPFF "estoy seguro de que vamos a decir todos que sí, que vamos a estar en el mismo carro y en la misma orientación".

   Respecto a los planteamientos de algunas CCAA de que se "comparta el esfuerzo" entre el Estado y las regiones, el ministro de Hacienda ha incidido en que es algo que se está realizando "desde el minuto uno".

 "Tengo que pedir a los que tienen que ser más transparentes en el pago a proveedores que tienen que estar más comprometidos con la corrección de su déficit público", ha apostillado.

   A su juicio, la solvencia tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos está "en la transparencia de las cuentas y en la anulación de esa cola de proveedores y no en relajar más o menos y en discutir más o menos el objetivo del déficit, que debe ser objetivo común".

   Durante su intervención, Montoro ha reiterado que el Gobierno central "no va a abandonar a nadie". "Vamos a estar con nuestras comunidades autónomas y corporaciones locales. Que nadie entienda la exigencia para recuperar el crecimiento y crear empleo con dejar a alguien tirado en esa carrera", ha sostenido.

   En definitiva, ha apostado por "sacar a esta gran nave que es España del atolladero, del embarrancamiento en el que se ha sumido" para que se pueda ver "cuanto antes, un futuro de prosperidad, esperanza y modernizando el Estado de los autonomías y provocando, desde la estabilidad, el saneamiento y transparencia de las cuentas, que son el principio de cualquier buen gobierno".

   También se ha referido al mecanismo de financiación del que dispondrán comunidades autónomas y corporaciones locales para hacer frente a las deudas pendientes con proveedores y del que se informará también en el CPFF. Para Montoro, este plan "es la operación económica más importante de la historia reciente del país" ya que permitirá al Ejecutivo "promover el pago de 35.000 millones de euros a los proveedores de las administraciones territoriales".

   Ha precisado que significa "un ingreso formidable en la economía real" de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que van a recibir un ingreso en un año "muy difícil". Esto les permitirá, según el ministro, poner su contabilidad al día y pasar de ser empresas acreedoras a poder acometer nuevos proyectos de inversión.

   Montoro se ha mostrado convencido de que en dicho plan participará toda la banca a través de un crédito sindicado "que movilizará ese dinero a partir del 1 de mayo y con la garantía del Estado". Dicha medida, ha insistido, será "una inyección de confianza" puesto que tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas "se les facilita" un crédito a 10 años, con dos de carencia, y a un tipo de interés cercano al cinco por ciento, "que permitirá poner en orden las finanzas".

La auditora, a la que CAM ocultó datos según el FROB, no planteó ni una salvedad en 20 años

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) gastó cantidades que oscilan entre los 900.000 y el millón de euros anuales en la contratación de las auditorías para autentificar sus cuentas, cuya veracidad cuestiona ahora el Banco de España, según revela hoy 'Abc'.

 Durante el juicio por el despido de María Dolores Amorós, celebrado el pasado día 24, la letrada de la CAM y uno de los administradores del FROB acusaron a la ex directora general de haber falseado las cuentas de la caja de ahorros, con el fin de ocultar al Banco de España y a los inversores la grave situación en la que se encontraba la entidad.

En su descargo, la letrada de Amorós alegó que dichas cuentas fueron auditadas por una prestigiosa firma sin recibir ni una sola salvedad. Del mismo modo, en las alegaciones que ha presentado al expediente disciplinario abierto por el Banco de España, el presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés Olmos, recuerda que en los últimos 20 años, exactamente desde 1991, la misma firma auditora no ha planteado ni una sola salvedad y ha dado por ciertas siempre las cuentas presentadas en su integridad.

Varios de los ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo expedientados por el Banco de España han avanzado que apelarán a este dato para rebatir la acusación de haber incurrido en irregularidades contables en la gestión de la entidad.

No obstante, durante el juicio por el despido de Amorós, el administrador del FROB José Antonio Iturriaga desveló que, tras la intervención por parte del Banco de España, la firma auditora presentó un informe adicional en el que sostiene que el equipo directivo le ocultó datos esenciales, como la prima por opción de compra que pagaba en la titulización de créditos vendidos a inversores institucionales. El FROB sostiene que el equipo directivo de Amorós utilizó este procedimiento para aparcar y ocultar en el balance una parte de sus activos «tóxicos», con el fin de evitar tener que dotar las provisiones establecidas por el Banco de España.

Según la última memoria elaborada por la CAM, la caja pagó en el ejercicio 2010 un total de 893.000 euros a la firma encargada de verificar sus cuentas: 385.000 euros por la elaboración de las auditorías y la cantidad restante, algo más de medio millón, por otros servicios de asesoramiento. En el ejercicio 2009, la factura fue ligeramente superior y ascendió a 1.094.000 euros.

Durante el juicio celebrado el día 24, el administrador del FROB, Iturriaga, atribuyó las irregularidades detectadas en las cuentas a la lucha por «cuotas de poder» en el seno del Sistema Integral de Protección (SIP) que CAM había negociado con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. La «fusión fría» se rompió en marzo del pasado año, después de que los responsables de Cajastur tuvieran conocimiento de las presuntas deficiencias que el Banco de España había detectado en el balance de Caja Mediterráneo.

Además del expediente disciplinario abierto por los servicios de inspección del Banco de España, la Audiencia Nacional tramita una querella contra Amorós y otros ex directivos de la caja por supuestas irregularidades en su gestión. 

Por su parte, la Plataforma CAM ha mantenido durante esta semana contactos con afectados por la quiebra de la caja, fundamentalmente inversores que compraron cuotas participativas y han perdido ahora sus ahorros, para presentar una segunda querella. Hasta el momento, el banco de España no ha facilitado los informes que le ha solicitado la comisión de investigación de las Cortes Valencianas.

Precisamente el abogado de esta plataforma, Diego de Ramón, quiere que ahora se investigue a los administradores de la auditora KPMG.

Cáritas detecta que ahora el perfil de pobreza en Murcia es el de parejas con estudios

MURCIA.- El secretario general de Cáritas-Murcia, Antonio Sánchez, ha confesado que el perfil de pobreza observado ha variado desde el principio de la crisis, cuando venían jóvenes sin cualificación que se habían quedado en el paro, así como pequeños empresarios y autónomos.

   Empresarios, acentuó, con uno o dos trabajadores, algunos de los cuales tenían empeñados sus viviendas en su pequeña empresa y la perdieron, o personas que les daba vergüenza ir a Cáritas parroquiales y acudían a la sede a pedirles ayuda para que sus vecinos no les vieran pidiendo.

   "Ahora nos estamos encontrando con personas muy cualificadas, con estudios superiores, a punto, en ocasiones, de perder la vivienda porque los dos se encuentran en el paro y no pueden afrontar el pago de la hipoteca y sacar adelante a los niños", acentuó.

   Según Cáritas, esto se incrementará sustancialmente en los próximos cinco años, ya que las previsiones de crecimiento y generación de empleo se fijan a finales de 2014.

   "Esto no cambiará de la noche a la mañana, sino que tardará un tiempo en que el empleo se vaya consolidando y disminuyendo el paro", mientras, alertó, "las familias seguirán perdiendo su derecho al subsidio de desempleo y teniendo que subsistir con los 420 euros de la ayuda familiar y con lo que Cáritas les pueda aportar", continuó.

   Antonio Sánchez asegura, al respecto, que se sienten desbordados e impotentes, aunque tampoco, señaló, "queremos hacer dependientes a las personas", que se aclimaten a vivir con las subvenciones y la ayuda de Cáritas "y se dediquen a ver la televisión en su casa".

   "Al final la pobreza y la carencia hacen mella también en los valores y uno se relaja de tal manera, que asqueado por el hecho de no encontrar trabajo, ya ni se sale a buscar". Esto es algo "que tenemos que controlar muy seriamente".

   Al hilo, el secretario general de la organización ha subrayado que la Comunidad Autónoma de Murcia tiene comprometida con Cáritas deudas de 2010, 2011 y lo que va de 2012, en torno al millón de euros.

   "Estamos en las últimas", denunció, de hecho, manifestó Sánchez, "este mes no sabemos qué vamos hacer, no tenemos dinero ni para pagar a los trabajadores ni para la vida y funcionamiento de la organización".

   La Comunidad, continuó, "nos han ingresado 153.000 euros del año 2010, "pero eso está más que gastado" y Cáritas, exclamó, "no es un banco ni nuestra tarea es acumular el dinero, sino emplearlo en ayudar a los necesitamos". Realmente, apostilló, "estamos mal, por eso vamos con frecuencia a la Comunidad a decir que nos paguen".

   Y es que, explicó, el dinero que la organización obtiene de las campañas y la sensibilidad de los murcianos "es el que gastamos en los proyectos de Cáritas, pues tenemos 26 centros especializados en acción social con los que atendemos a las familias más desestructuradas".

   Tras lo que advirtió que si dentro de un mes "no nos ingresa el dinero que se nos debe tendremos que tomar decisiones graves, como cerrar centros y despedir personal".

   "Ya no tenemos pulmón para más", exclamó Sánchez, quien incidió en que si "en un mes esto no se lleva a cabo, Cáritas tendrá que tomar una decisión seria".

   Por lo que, indicó, "hay que sensibilizar a la sociedad murciana", y es que "tampoco hay voluntad para erradicar la pobreza en la Región, no la hubo ni cuando había dinero", lamentó el secretario general de Cáritas-Murcia.

   A su juicio, "falta voluntad política de solucionar los problemas sociales de las personas más necesitadas, de la exclusión social en España".

   Ante este panorama, Cáritas ha decidido formar un equipo para captar recursos, con el fin de dar solución al problema de financiación de la organización, "lo que nos desvinculará bastante de la Administración pública y nos dará mucha libertad de acción".  

   Así, afirmó, "conseguiremos no tener esta dependencia tan grande de la Comunidad Autónoma, que nos tiene atenazados".

   De tal forma, el próximo día 9 de marzo presentarán una campaña nueva, atemporal, denominada 'Hermanos', con multitud de actividades, entre ellas una tarjeta de débito mediante la cual por cada compra, podrán donar un donativo del 0,7 por ciento a Cáritas.

   Al tiempo que trabajan en conseguir alianzas con distintas empresas o clubs deportivos, pues, ante la escasez de subvenciones de públicas y privadas, "hay que sensibilizar a la sociedad murciana, porque somos nosotros al fin y al cabo los que tenemos que responsabilizarnos de la injusticia social que se está cometiendo", acentuó Antonio Sánchez, quien auguró que "esto irá a peor".  

   Y es que "el 36 por ciento de la población en la Región de Murcia está en situación de pobreza, mínimo un tercio de la Región está por debajo del umbral de la pobreza, esto supone que uno de cada tres niños está pasando necesidad y que más de 80.000 personas están en situación de exclusión social, en pobreza severa".

 "Una barbaridad", concluyó.

USO quiere aguarle la fiesta económica a la CROEM, UGT y CC OO de la mano de la Defensora del Pueblo

MURCIA.- La Defensora del Pueblo Nacional en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha acusado recibo del Recurso de queja presentado por USO Región de Murcia solicitándole que presente un Recurso de Inconstitucionalidad contra las subvenciones nominativas de las Consejerías de Economía y Hacienda y la de Educación, Formación y Empleo por importe de casi 800.000 euros a la Patronal CROEM y los Sindicatos UGT y CCOO.

   De este modo, estas subvenciones están contenidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2.012, en donde se excluye a USO y resto de organizaciones sindicales, "cuando en repetidas sentencias, el Tribunal Constitucional ha fallado que en las subvenciones públicas a los sindicatos debe únicamente primar el criterio de la representatividad", según han informado fuentes sindicales en un comunicado.

   En dicho acuse de recibo, dirigido a USO Región de Murcia, se comunica el número del expediente abierto y afirma textualmente "que se ha iniciado un estudio sobre este asunto y que se le informará puntualmente de toda la tramitación relativo al mismo".

   La Institución del Defensor del Pueblo tiene de plazo hasta el 31 de marzo para presentar el Recurso de Inconstitucionalidad, ya que es la fecha límite, es decir hasta tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, que fue el 31 de diciembre último; o dentro de ese plazo dirigirse al Gobierno Regional para corregir esa anomalía en los Presupuestos.

La gran banca piensa que BMN pierde garantía sin otra fusión

MADRID.- Han pasado 22 años desde que Emilio Botín, presidente del Santander, acabara con las famosas “comidas de la banca” y han vuelto los “desayunos de grandes bancos y cajas”. En 1989 se reunían los siete grandes (el Banco Bilbao, el Vizcaya, Banesto, el Santander, el Central, el Hispano Americano y el Popular), hasta que se lanzaron las supercuentas, recuerda hoy 'El País'. 

Ahora se juntan los seis que mandan: el BBVA y el Santander (representados por Ángel Cano y Alfredo Sáenz, consejeros delegados), el Popular (con el presidente Ángel Ron) y los advenedizos al poder, Banco Sabadell (con Josep Oliu) y las dos grandes cajas convertidas en bancos, Caixabank (Isidro Fainé) y Bankia (Rodrigo Rato). La primera cita fue en noviembre y la última el 22 de febrero. La Asociación Española de Banca (AEB) acogió el evento, con su presidente, Miguel Martín, como anfitrión.

Las citas de los ochenta tuvieron un carácter corporativo con sospechas sobre acuerdos de precios contrarios a la libre competencia. Las actuales, promovidas por Sáenz, sirven para compartir opiniones y actuar como lobby que presione ante el Gobierno y el Banco de España. Es un intento de que todos mantengan una posición común aunque no lo hagan en grupo, sino en sus contactos individuales con las autoridades.

Mientras desayunaban, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba en el Parlamento un código de buenas prácticas para flexibilizar los desahucios y comprometer a la banca en la solución de este problema social. Un tema de debate para otra reunión. Según fuentes financieras, la estrella del encuentro fue la reforma del Gobierno, que recibió críticas de calado por considerar que provocará problemas de difícil solución. El comentario generalizado fue que las provisiones exigidas son muy elevadas, lo que ha colocado a demasiadas entidades en una situación muy delicada, para las que no habrá suficientes compradores sanos, ni con ayudas.

Los presentes coincidieron en que se debía haber tenido más cuidado al aplicar una medicina tan amarga “porque, a diferencia de los años ochenta y noventa, ahora el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no tiene capacidad financiera ni de gestión para quedarse con tantos activos dañados que pueden no interesar a nadie”.

 Además de las entidades nacionalizadas (Unnim, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia), hay grupos que necesitarán fusionarse para seguir con garantías (BMN, Banca Cívica, Liberbank, Caja España y quizá Bankia). Algunos sugirieron que hubiera sido mejor separar las entidades no viables y buscarles una solución individualizada “antes de aprobar una reforma que ha debilitado a todos”. Algunos analistas creen que el rechazo se debe a que el FGD necesitará mucho dinero, y lo pagarán los bancos, tras obtenerlo de sus clientes.

En el desayuno se sugirió que hubiera sido más práctico cargar más las provisiones sobre los pisos (y no sobre el suelo) porque hubiera facilitado la salida al mercado de viviendas. Tampoco se vio con claridad el futuro de las ayudas públicas a través de bonos convertibles en acciones (conocidos como cocos). Ante la falta de compradores, el Estado podría terminar siendo propietario de paquetes de acciones de distintas entidades, lo que quizá abra la puerta al regreso de la banca pública. 

Al margen del decreto, el sector se quejó, unánime otra vez, de la normativa española que exige hasta 10 veces más capital que la europea por los créditos, cuestión contable que ayuda a cerrar el grifo. Además, varios criticaron los embates del Gobierno contra el sector, que ha generado un sentimiento de “chivo expiatorio”.

Una de las conclusiones fue que las fusiones frías de 2010 “en muchos casos solo sirvieron para juntar entidades enfermas que han creado un problema más difícil de solucionar”. Fuentes financieras apuntan que algún grupo podría intentar deshacer esas uniones para reducir activos problemáticos y encontrar fusiones con más facilidad, pese a la complejidad jurídica del proceso.

La reestructuración se complica más porque la cúpula del Banco de España está de salida, apuntaron algunos. Quizá Guindos tome las riendas para animar fusiones, recordando los viejos tiempos del gobernador Mariano Rubio, aunque ayudado por técnicos del Banco de España. Como en los años ochenta, la banca vuelve a hacer piña.

La mitad de los expertos avalaría una nueva subida del IVA

MADRID.- La mitad de lo expertos y empresarios avalaría una subida de IVA para contener el déficit y el 69,7% aprobaría la introducción del copago en la sanidad pública, mientras que el 69% vería bien la devolución al Gobierno de algunas competencias transferidas a las comunidades y el 60,8% estaría de acuerdo con la introducción del copago en la Justicia (60,8%), según el consenso económico de PricewaterhouseCoopers (PwC). 

   Pese a estar a favor de estas iniciativas, las dos medidas más valoradas para contener el déficit son la reducción de los gastos de gestión de las administraciones públicas (97,9%) y la congelación de los salarios públicos, junto con la introducción de restricciones sobre el empleo público (83%).

   Además, el 92% de los panelistas considera que la Unión Europea debería suavizar los objetivos de déficit para que España no entre en una recesión "más profunda" de la prevista por los organismos internacionales, el Banco de España y el propio Gobierno.

   Los encuestados creen que el mayor problema de la deuda de la economía española reside en el sector privado (70,8%), por delante del sector público (33%). Además, el consenso cree que el mayor esfuerzo para contener la deuda lo está realizando el Estado central (75,4%) y el 61,1% culpa de la desviación del déficit a las CC.AA. En cambio, el 50,4% cree que se debe a una coyuntura económica peor a la prevista.

   En cualquier caso, la gran mayoría, el 89% del total, coincide en que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno están condenadas al fracaso si no se acompañan de acciones "efectivas" de apoyo al crecimiento económico.

   En cuanto al suministro de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financieras, el 67% asegura que "no está sirviendo en absoluto" para aumentar el flujo de crédito a empresas y familias, mientras que un 82,7% afirma que solo está sirviendo para que los bancos atiendan a sus propios vencimientos de deuda.

   Sobre la reforma del sector financiero, el 60,2% dice que cumplirá sus objetivos y solo un 3% cree que no lo hará en absoluto. Eso sí, más del 60% tiene la impresión de que el saneamiento de activos por valor de 50.000 millones se quedará corto.

   Para el 56,7% la reforma favorecerá la concentración en el sector financiero, aunque queda un amplio margen de recorrido hasta que el proceso se culmine de forma definitiva. El 58,7% cree que la reforma disipará las dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios, lo que se traducirá en una reducción "bastante significativa" del precio de la vivienda.

   Respecto a la situación económica, se ha elevado en casi 30 puntos el porcentaje de expertos y empresarios (hasta el 49,5%) que califican como "muy malo" el momento actual de la economía, aunque un 48,1% espera que la economía mejore. Para el conjunto de 2012, el 64,8% de los panelistas asegura que la economía se contraerá más allá del 0,5%. En 2013, el 35% estima que el PIB se situará entre el -0,5% y el 0,5% y el 38,8% cree que lo hará entre el 1% y el 1,5%.

   En cualquier caso, el 71% no ve una recuperación del consumo privado en los próximos seis meses ni de la demanda de vivienda (el 58,3%). Además, el 62% considera mala la situación económico-financiera de las empresas y no creen que vaya a mejorar en los próximos meses.

   Además, el 46,2% cree "desfavorables" las perspectivas de los mercados exteriores y el 55% asegura que lo seguirán siendo en los próximos seis meses. En concreto, los panelistas esperan una mala evolución en la economía de la UE, aunque el 54% piensa que la situación de EE.UU. mejorará en el futuro.

Sindicatos de cajas de ahorro piden a los diputados que se apliquen también ellos las nuevas indemnizaciones

MADRID.- El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios españoles en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso. 

   La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma "con coherencia y credibilidad", lo que a juicio de CSICA pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que "renuncien al cargo o no sean reelegidos".

   "El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa", justifica Alameda.

   Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque "contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones" donde, según recuerda, los parlamentarios "pueden acceder  a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas".

   La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán "especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno".

UPyD exhorta al Gobierno de Rajoy a tomar medidas contra el "despilfarro", como las televisiones autonómicas

MADRID.-   Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno central adopte de una vez medidas para evitar el "despilfarro" y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas a tenor de la actual coyuntura económica y, entre otras propuestas, el partido de Rosa Díez aboga por eliminar diputaciones provinciales y por fusionar municipios.

   Éste es uno de los asuntos que UPyD ha venido reivindicando en los últimos años y el próximo miércoles lo volverá a reclamar en el Congreso con la interpelación que dirigirá al Gobierno y que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno del próximo día 13.

   En su iniciativa, la formación magenta considera que las políticas de recortes que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que recaen principalmente sobre el Estado central, no son "la solución ideal" al problema.

   "El Gobierno se está contentando con recortar de donde resulta más fácil, que muchas veces es en servicios públicos esenciales, ahondando en las desigualdades entre los españoles, cuyos derechos y prestaciones son cada vez más diferentes en función de la región en la que vivan", subraya.

   Así las cosas, UPyD defiende la necesidad de elaborar un plan nacional para "racionalizar" el entramado institucional autonómico y eliminar los miles de organismos --entre los que cita las televisiones autonómicas-- entidades, fundaciones, patronatos y observatorios "que pueblan el paisaje institucional autonómico y su tupida red clientelar".

   Y es que, en opinión de la portavoz nacional de UPyD, la supresión o fusión de determinados organismos reguladores de ámbito nacional, medida aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tan sólo suponen cuantitativamente una reducción significativa del gasto.

   Por ello, frente a un modelo de Estado "insostenible e ingobernable" y para evitar más "despilfarro" y "corrupción", UPyD propone fusionar municipios, eliminar diputaciones provinciales y adoptar medidas legales que permitan un "verdadero" control presupuestario por parte del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son actualmente las responsables de dos terceras partes del déficit total del Estado.

   Según cálculos de la formación magenta, si el Gobierno del PP opta por llevar a efecto estas medidas, se podría llegar a ahorrar hasta 40.000 millones de euros. "Aunque el ahorro fuera menor, es por ahí por donde hay que empezar y no subiendo impuestos y tocando lo imprescindible", ha resumido el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo.

La ministra de Fomento, tajante: "Ni un euro para cosas superfluas" ni para "obras faraónicas que no sirven para nada"

PONTEVEDRA.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno va a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 "austeros", así como "serios y rigurosos", en los que "no se gaste ni un euro en cosas que sean superfluas", después de que el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya anunciado que se fijarán con un objetivo de déficit del 5,8% del PIB.

   "Vamos a hacer un presupuesto austero", ha dejado claro Ana Pastor, en declaraciones a los medios previas a su participación en la fiesta de la Arribada de Bayona  -que celebra el 519º aniversario de la llegada de la carabela Pinta a esta villa gallega--, para remarcar que: "tiene que ver con lo que nos está pasando, con los datos de paro que desgraciadamente tenemos".

   Así, preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que el déficit público de este año cerrará en el 5,8% del PIB, Pastor ha destacado que el Ejecutivo central "está trabajando" en este sentido.

   En concreto, Pastor ha destacado que en "la línea de reformas" del Gobierno con el fin de "crear empleo" se ha aprobado el proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria, que "significa que no se puede gastar más de lo que se tiene como ha pasado hasta ahora".

   Por ello, ha identificado "el rigor, la seriedad y las reformas" con "los objetivos del Gobierno de España", para lo cual ha puesto a modo de ejemplo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto fijado en la Constitución. "Y desde luego, no destinar en el caso mío, recursos a obras faraónicas que no sirven para nada", ha defendido la ministra de Fomento.

Nuevos protectorados / Ignacio Ramonet

El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.

Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie” (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).

Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.

Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

Exconsejeros de la CAM acusan a la cúpula de la caja de falsear actas

ALICANTE.- El hundimiento de Caja Mediterráneo (CAM) ha dejado a los pies de los caballos a los representantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. A todos, aunque a unos más que otros, los envuelve un manto de sospechas por el cúmulo de irregularidades, descontrol y mala gestión que llevó a la caja a ser intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Y el aspecto de mayor impacto social tiene que ver con los elevados sueldos y millonarias indemnizaciones con las que un grupo de directivos salió de la caja antes de su intervenida, a juicio de 'El País'.

 El primer muro que tendrán que superar los exdirigentes de la CAM es el expediente disciplinario del Banco de España. El grueso de los afectados, 49 excargos que formaron parte de los órganos de gobierno entre 2008 y 2011, han optado por defenderse de manera individual a pesar de que el expediente del supervisor es genérico y no concreta las acusaciones individuales. En líneas generales, los exvocales de estos órganos podrán en el acento en el escaso poder decisorio que tenían frente a la cúpula, principalmente ante los directores generales, Roberto López Abad y su sucesora, María Dolores Amorós. Y, además, alegarán que el consejo, presidido por Modesto Crespo, falseó al menos dos actas de las reuniones. Una relativa al sueldo de Crespo y otra a la obligatoriedad de informar sobre una circular del supervisor. Entre las actas supuestamente falseadas está la de la reunión del 21 de diciembre de 2010 (once días después de que Amorós fuera nombrada directora general).

El 14 de diciembre previo el Banco de España remitió una circular a Amorós de obligatoria lectura en el consejo. Ni Crespo ni Amorós dieron cuenta de la carta en esa reunión, según distintos exconsejeros. Pero, paradójicamente, la misiva apareció posteriormente incluida en el acta de ese consejo. En la comisión de control se informó escuetamente de que había concluido la inspección del supervisor sin más detalles, a pesar de que en el acta posterior de esa reunión la referencia es mucho más amplia, agrega un vocal del mismo. Otra acta que algunos consejeros esgrimirán que se falseó es una reunión del consejo en 2009, al poco de llegar Crespo a la presidencia. Allí, nadie informó de que Crespo iba a tener un sueldo (300.000 euros) a través de una participada de la CAM . E igualmente, en el acta posterior se incluyó que sí se había dado cuenta de ese extremo nada baladí (antes ningún presidente había cobrado). Además, en los últimos meses se enviaron numerosas circulares internas “en las que Amorós encubre la situación de la caja”, dice un afectado por el expediente. “Ha sido un engaño detrás de otro”, agrega esta fuente, que al igual que otras asegura que el resultado del juicio por el despido de Amorós afectará al expediente. Si la juez que instruye el caso da la razón a los administradores del Banco de España que despidieron fulminantemente a Amorós libera indirectamente de cierta responsabilidad a los órganos de gobierno de la caja. Si le da la razón a Amorós, sobre ellos recaería más responsabilidad.

Mala imagen

Amorós acentuó la mala imagen que ha proyectado la entidad al reclamar hace una semana en el juicio por su despido laboral 10 millones de euros más de indemnización. El Banco de España, en su carta de despido, la acusa falsear las cuentas de la caja mediante artificios financieros y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. En líneas generales, los afectados comparten algunas pinceladas en las estrategias de defensa. Esgrimen que las cuentas de la caja estaban auditadas por KPMG y eran revisadas por el Banco de España. Y algunos recuerdan que los órganos de gobierno están compuestos por vocales a menudo ajenos al sector financiero, cuya labor es controlar los temas generales de la caja, no revisar la veracidad de cada paso que se da, entre otras cuestiones porque carecen de conocimientos para ello. “Das por supuesto que determinadas cosas se hacen bien”, resume un exconsejero. Varios vocales también coinciden en asegurar que entre sus alegaciones destacarán que votaron en contra de determinadas decisiones o que preguntaron por algunos asuntos al dudar sobre ellos. Uno de esos asuntos a los que se opusieron estos consejeros fue la renovación de préstamo de la CAM a Terra Mítica por indicación expresa del Gobierno Valenciano.

A partir de ahí, hay muchos matices en la defensa. Hay vocales de distintos años, decisiones de los primeros ejercicios o de los momentos previos a la intervención, medidas acordadas en distintos órganos de gobierno, o afectados que tenían responsabilidades además en otras comisiones de la entidad. Los 49 exdirectivos empezaron esta semana a presentar sus alegaciones, aunque la mayoría lo hará esta.

Fin a la tragicomedia del histórico teatro Romea

MADRID.- Una deuda de más de 400.000 euros, una extensa historia de desencuentros, una obra que duró cuatro años cuando estaba prevista para cuatro meses, una desautorización a una concejal que estuvo a punto de lograr un acuerdo, una ocupación por las bravas con cambio de cerradura incluida…se escribe hoy en www.elconfidencial.com

No son los componentes del relato de una tragicómica pelea vecinal a la manera de “La Comunidad” de Álex de la Iglesia. Es la historia reciente de un teatro emblemático dentro de la escena española, el Romea de Murcia inaugurado por Isabel II en 1862, que será reabierto hoy por el Ayuntamiento pasando por alto todo lo anterior.

La ciudad espera expectante la reapertura esta noche de su escenario por excelencia, el Consistorio utiliza propagandísticamente al Proyecto Hombre, a cuyo sostenimiento destina la recaudación de esta noche, y las empresas que realizaron la rehabilitación interior siguen pendientes de la resolución de dos procesos judiciales por deudas contra el Ayuntamiento. Mientras, preparan un tercer contencioso por lo que estiman que es una ocupación ilegal del teatro por parte de la autoridad municipal puesto que no se atiene a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Este diario no pudo obtener ayer la versión del ayuntamiento a pesar de haberla solicitado.

“Una mañana de noviembre pasado, llegaron mis operarios a terminar unos detalles que faltaban y se encontraron que se habían cambiado las cerraduras”, cuenta Miguel del Toro, dueño de Trimtor, empresa que junto con Azuche formó la UTE para rehabilitar el interior del teatro.

Hasta que el Consistorio decidió cambiar por las buenas los bombines de las cerraduras del teatro, en otoño pasado, en vista de que la UTE rehabilitadora se negaba a hacer la entrega de la obra mientras no se saldaran las deudas, habían pasado muchas cosas. Tantas que la reapertura del Romea es "el final de una gran obra teatral de misterio, que ha contado con sus fantasmas, el mayordomo o el asesino", según el portavoz de UPyD, Rubén Serna.

Entre esas cosas recientes está el apartamiento de una concejal, Ana Martínez Vidal, elegida en mayo de 2011, que había estado en octubre a punto de alcanzar un acuerdo con la UTE para dar solución definitiva a los desencuentros que tenían ya cuatro años de duración.

Para ello había sido necesario que la nueva edil destituyera previamente por faltarle al respeto en público al jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento (OTA), el arquitecto Antonio González, al que Del Toro –que es también presidente de la patronal murciana CROEM– señala como el causante de todos los males relacionados con la obra de rehabilitación del Teatro Romea.

Sin embargo, cuando la UTE confiaba en un acuerdo próximo porque la edil había sentado a todas la partes a dialogar, el alcalde, Miguel Ángel Cámara (PP), retiró la competencia sobre el teatro a la concejal, que es ingeniera de Caminos. Desde entonces, la UTE reclama un arbitraje que dirima las diferencias, especialmente los 420.000 euros que Del Toro asegura que adeuda el consistorio por “modificaciones de proyecto importantes” exigidas por la OTA.

Además, la UTE tiene recurridas en los tribunales una sanción municipal de 230.000 euros, a razón de 470 por día, debida al retraso la ejecución de la obra, que fue adjudicada en julio de 2009 y tenía que estar acabada como máximo cinco meses después. “El día de la firma del contrato, adjudicado en concurso público, un funcionario de la OTA nos animó a abandonar el proyecto diciéndonos que nos iba a dar muchos disgustos, que nos iba a costar dinero, etc.”, dice Del Toro.

Le sorprende al dueño de Trimtor –“en este asunto no soy el presidente de CROEM”, recalca– el trato que el Ayuntamiento ha dispensado a la UTE en la que participa su empresa, porque no ha sido el mismo obtenido por otra UTE formada por Ferrovial y Pegiro que hizo la rehabilitación de cubiertas y fachadas del teatro, ni tampoco por Ferrovial que ejecutó en solitario la remodelación de la caja escénica y acumuló retrasos similares sin sanción.

“Nosotros nos retrasamos, sí”, admite Del Toro, “pero fue debido a que la OTA tardó diez meses en tomar una decisión sobre una modificación necesaria del proyecto que presentamos, porque acreditamos técnicamente que, si no se hacía, habría riesgos importantes de seguridad”.

Esa actitud “obstruccionista desde el principio” de la oficina técnica municipal está en el origen del desencuentro, según el empresario. Y la falta de intervención directa del alcalde, después de quitar de en medio a la concejal,  provoca que la única solución esté en los tribunales, cree la UTE. Algo que el portavoz de UPyD describe como que "el espectador asiste ahora a un desenlace de una obra demasiado larga e incomprensible", mientras que Andrea Garries, del PSOE, opina que "el gobierno de Miguel Ángel Cámara ha ofrecido un espectáculo bochornoso y esperpéntico que esperamos no se vuelva a repetir".

El desempleo agrícola se eleva en Totana al 37,25%

TOTANA.- Izquierda Unida en Totana considera escandalosos los datos del paro en el municipio y su crecimiento en febrero de 2012. “Mientras el paro ha aumentado en la Región un 2’73%, en el municipio totanero, se eleva al 7’51%, casi el triple, con 165 tragedias de familias que sufren est lacra…”, ha manifestado el concejal y portavoz de IU, Juan José Cánovas.

Pero el dato más descarnado, lo ofrece el sector agrícola, que amortiguaba el crecimiento del paro hasta enero, con un incremento escalofriante del 37’25%. De 255 inscritos, pasa a 355, lo que supone un aumento de 95 trabajadores agrícolas que –recuerdan desde la Formación de Izquierdas-, son la parte más débil de la sociedad, compuestos por inmigrantes y trabajadores eventuales sin derecho a subsidio de desempleo.

Los resultados de febrero y las cifras totales del paro, además de suponer un fracaso de las reformas laborales, puestas en marcha por el Gobierno del PSOE y que continúan, con mayor crudeza, por el Gobierno del PP que facilita el desempleo, sin tener en cuenta los verdaderos problemas de la economía.

Un modelo corrupto, depredador y basado en la especulación, ha dejado Totana hecho un solar en materia de empleo y social, cuando nos acercamos al 30% del desempleo, con muchos parados sin derecho a cobrar el subsidio del paro.

En cuanto al incremento del paro en los trabajadores agrícolas, las heladas sufridas por el campo totanero a principios de febrero, a causado estragos, como advirtió el Grupo Municipal de Izquierda Unida en su moción debatida en el Pleno del 23 de febrero que fue enmendada y descafeinada por el concejal de Agricultura con el “argumento” de que la iniciativa de IU, era “oportunista y para colgarse medallas”, según palabras del edil del PP en el Pleno. Los resultados, ponen en evidencia, los tristes “argumentos” de un PP que utiliza el rodillo en el Pleno para negar la evidencia y sus responsabilidades.

“Se hace imprescindible unificar fuerzas, poner al Ayuntamiento en solfa, dejar el autismo político y la parafernalia vacía y exigir un verdadero Plan de Reactivación de la Economía Productiva que sea capaz de generar empleo en la comarca…”, concluye el coordinador local de IU-Verdes, Juan José Cánovas.

La primera huelga en BMN será el 26 de marzo por la propuesta "inmoral" de la cúpula

GRANADA.-   Los trabajadores de CajaGranada y Cajamurcia en Andalucía han acordado este sábado convocar una huelga para el próximo día 26 de marzo con la que pretenden rechazar la segunda reestructuración laboral propuesta por el grupo Banco Mare Nostrum (BMN), que contempla la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del expediente de regulación de empleo (ERE) en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

   Así lo han anunciado fuentes sindicales, que han precisado además que dicha medida ha sido acordada "por unanimidad" de los trabajadores asistentes a la referida asamblea --más de 1.300 de 1.800 convocados, según sus cálculos--, en la que también han propuesto llevar a cabo otras protestas "en función del desarrollo de la negociación". Todo un éxito, según el presidente del comité de empresa de CajaGranada, Amador Torres.
Tal fue la afluencia que los asistentes no cupieron en el salón de actos y muchos tuvieron que seguir la asamblea desde el patio de columnas, que había sido acondicionado con un sistema de megafonía y pantalla de vídeo. 
Amador Torres recordó que a finales del año pasado corrió el rumor de que la empresa iba a jugar la carta de los despidos y el cierre de oficinas y que, cuando los sindicatos amenazaron seriamente con movilizarse si eso ocurría, prometió que no llevaría a cabo ninguna "medida traumática", como las calificó entonces, y que en todo caso la reducción de personal seguiría haciéndose mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. 

   En concreto, si la entidad bancaria no modifica su propuesta, los trabajadores llevarán a cabo paros de diez minutos en oficinas y servicios centrales todos los miércoles a partir de las 11.00 horas; habrá encierros de delegados de personal y se remitirán cartas a "todos los consejeros" de los consejos de administración de las cuatro cajas que se integran en BMN --CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra-- para "explicar la situación que BMN quiere ocultar", y encierros de delegados ante la sede de dicha entidad, sita en la calle Recoletos de Madrid.

   Junto a todo ello, los trabajadores pretenden emprender "campañas masivas de solidaridad, internas y externas", mediante correo electrónico y redes sociales.

   Todas estas medidas han quedado recogidas en el manifiesto que han elaborado los representantes sindicales de los trabajadores al término de la asamblea y en el que tachan de "inmoral" la propuesta de BMN, que, a su juicio, supone "un giro radical en la negociación laboral emprendida con la integración de la nueva sociedad financiera".

   Además, los sindicatos han vinculado dicha propuesta a la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que, en su opinión, "alienta" esas medidas propuestas por la entidad financiera, que "chocan frontalmente con las garantías de empleo recogidas en los Estatutos de CajaGranada, el recién firmado convenio colectivo del sector y los acuerdos de empresa vigentes".

   Por todo ello, los trabajadores han decidido convocar huelga para el día 26 de marzo, a la vez que instan a los miembros del consejo de administración y a los directivos de estas entidades a que "cumplan sus compromisos" con la plantilla de BMN-CajaGranada.
El presidente del comité de empresa de CajaGranada, Amador Torres (CCOO), ha explicado que el sindicato mantendrá su rechazo "unánime" a lo que ha calificado como "despidos duros".
Torres ha declarado que BMN es lo suficientemente "solvente" para no desarrollar medidas como el despido y ha apostado por el diálogo para sustituir esa reducción de plantilla por otras opciones menos duras como la prejubilación o las bajas incentivadas.
Aunque los planes del grupo bancario comprenden otros recortes (cierre de 120 oficinas, suspensión temporal y rotatoria de 800 puestos de trabajo o reducción de sueldos), lo verdaderamente grave, según los empleados, es el enorme número de despidos proyectado. "Es algo que no estamos dispuestos a negociar en ningún caso, ahí BMN ha traspasado la línea roja. Es una agresión y responderemos", resaltó Amador Torres, que resumió el sentir de toda la plantilla con un contundente: "Los ánimos están muy exaltados".
Según los trabajadores, la empresa maneja un doble discurso: "A nosotros siempre nos han dicho que somos muy grandes y muy potentes, pero luego transmite una información distinta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y las dos no pueden ser ciertas", explicó Torres.
Para los sindicatos, BMN no les ha demostrado que tenga necesidad de recurrir a medidas tran drásticas como las que propone. "Antonio Jara siempre nos ha dicho que, después de la fusión fría, esto es más CajaGranada, más fuerte, más solvente... Y ahora nos encontramos con esto", indicó Torres, que aseguró no hablar en nombre de su sindicato, Comisiones Obreras, sino en el de los cinco que estuvieron representados en la reunión de hoy. "La unidad es absoluta en ese sentido", recalcó.
Pero ahora hay encima de la mesa un plan de viabilidad y cumplirlo, además, parece inminente. Según la sección sindical de UGT en la Caja, el objetivo de la entidad sería alcanzar un acuerdo sobre esta reestructuración antes del 31 de marzo.
"Es una agresión -insistió Amador Torres- que no podemos asumir de ninguna forma. No vamos a permitir que se produzcan 650 despidos, que se mande al paro a personas que están muy lejos de tener la edad para ser prejubilados, que tienen 40 años y que se van a ir a su casa con una mano delante y otra detrás. No podemos tolerarlo", zanjó.
Aunque los trabajadores de Granada creen que la movilización será secundada por sus compañeros de las demás cajas implicadas (Sa Nostra, Caja Murcia y Caixa Penedés), temen que, si BMN no cede a sus presiones, la peor parte se la lleven en Andalucía y en Baleares.
Su última frase refleja que es cierto eso de que los ánimos están exaltados: "Nos han entregado a un banco y se han puesto la toga de los banqueros de peor cariz".
Si BMN no rectifica, el 26 de marzo todas sus oficinas de España estarán cerradas. 

Empleados de CajaGranada se reunirán este sábado para decidir protestas ante BMN y no descartan la huelga

GRANADA.- Los trabajadores de CajaGranada tienen previsto celebrar una asamblea este sábado en la capital granadina para decidir nuevas estrategias y nuevas movilizaciones en contra de la propuesta para la segunda reestructuración laboral, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

Fuentes sindicales han indicado que entre esas movilizaciones y nuevas acciones que llevarán a cabo "no se descarta ninguna medida, e incluso la más extrema de convocar una huelga general en el seno de la entidad".

Las fuentes han explicado que el pasado miércoles se han concentrado los trabajadores de BMN en Murcia y en Palma de Mallorca, que han efectuado paros de diez minutos en contra de dicha propuesta, en unas acciones que han tenido una "respuesta masiva" por parte de los empleados, según las fuentes.

Asimismo, las fuentes precisan que este próximo sábado se celebrará una asamblea en Granada a la que acudirán los 2.000 trabajadores de CajaGranada y donde éstos "tomarán decisiones y aportarán ideas y nuevas estrategias de movilización, sin descartar la huelga", con nuevas acciones en contra de la propuesta planteada por la dirección de la entidad.

"Aunque la negociación sigue abierta, no vamos a negociar nada que suponga despidos de la plantilla, y menos de carácter forzoso", han agregado las fuentes, que destacan la importancia de la asamblea del sábado, donde "los trabajadores de CajaGranada adoptarán una posición ante este conflicto".

El grupo BMN (Banco Mare Nostrum), formado por CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, ha planteado a las centrales sindicales su propuesta para la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

Según la propuesta planteada por la dirección de BMN en la reunión mantenida con los sindicatos, este plan de reestructuración tiene por finalidad "adecuar el volumen de plantilla a las necesidades reales de BMN, adecuar los costes de personal a las posibilidades reales del banco, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que nos encontramos y armonizar las condiciones laborales, conforme a los compromisos adquiridos por ambas partes en el pacto laboral de 2010 y en el protocolo de intenciones de 2011".

Esta negociación "deberá estar cerrada antes del 31 de marzo".

El plan de reestructuración contiene una serie de medidas de carácter "coyuntural" para "dar respuesta a la necesidad de liberar recursos económicos hasta que se devuelvan las ayudas públicas", y otras con un carácter "permanente o estructural", para "alcanzar los datos de eficiencia y eficacia necesarios para operar en el mercado e igualdad de condiciones que el resto de entidades bancarias".

Incluyen el contenido del juicio a Amorós en la querella a los exdirectivos

ALICANTE.- La Plataforma CAM incluirá en la querella de acción popular en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo las pruebas aportadas en el juicio con la ex directora general, María Dolores Amorós, referidas a que hubo un supuesto delito de estafa.

El pasado 24 de febrero los juzgados de lo social de Alicante vieron la vista oral por el despido improcedente de Amorós, donde algunos de los peritos y nuevos responsables de la CAM tras la intervención por el Banco de España apuntaron que los anteriores gestores habían realizado diversas irregularidades.

El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, ha explicado hoy que en la querella se añadirán esas declaraciones de la vista oral de los interventores del Banco de España y de varios peritos.

Debido a esta novedad, la Plataforma no entregará hoy la querella en Madrid, como inicialmente estaba previsto, y lo retrasa hasta el próximo martes.

La iniciativa, respaldada por 130 afectados, busca una compensación económica para ellos por las cuotas participativas, participaciones preferentes y la deuda subordinada de la institución financiera con sede en Alicante.