La mitad de los expertos avalaría una nueva subida del IVA

MADRID.- La mitad de lo expertos y empresarios avalaría una subida de IVA para contener el déficit y el 69,7% aprobaría la introducción del copago en la sanidad pública, mientras que el 69% vería bien la devolución al Gobierno de algunas competencias transferidas a las comunidades y el 60,8% estaría de acuerdo con la introducción del copago en la Justicia (60,8%), según el consenso económico de PricewaterhouseCoopers (PwC). 

   Pese a estar a favor de estas iniciativas, las dos medidas más valoradas para contener el déficit son la reducción de los gastos de gestión de las administraciones públicas (97,9%) y la congelación de los salarios públicos, junto con la introducción de restricciones sobre el empleo público (83%).

   Además, el 92% de los panelistas considera que la Unión Europea debería suavizar los objetivos de déficit para que España no entre en una recesión "más profunda" de la prevista por los organismos internacionales, el Banco de España y el propio Gobierno.

   Los encuestados creen que el mayor problema de la deuda de la economía española reside en el sector privado (70,8%), por delante del sector público (33%). Además, el consenso cree que el mayor esfuerzo para contener la deuda lo está realizando el Estado central (75,4%) y el 61,1% culpa de la desviación del déficit a las CC.AA. En cambio, el 50,4% cree que se debe a una coyuntura económica peor a la prevista.

   En cualquier caso, la gran mayoría, el 89% del total, coincide en que las medidas de austeridad emprendidas por el Gobierno están condenadas al fracaso si no se acompañan de acciones "efectivas" de apoyo al crecimiento económico.

   En cuanto al suministro de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) a las entidades financieras, el 67% asegura que "no está sirviendo en absoluto" para aumentar el flujo de crédito a empresas y familias, mientras que un 82,7% afirma que solo está sirviendo para que los bancos atiendan a sus propios vencimientos de deuda.

   Sobre la reforma del sector financiero, el 60,2% dice que cumplirá sus objetivos y solo un 3% cree que no lo hará en absoluto. Eso sí, más del 60% tiene la impresión de que el saneamiento de activos por valor de 50.000 millones se quedará corto.

   Para el 56,7% la reforma favorecerá la concentración en el sector financiero, aunque queda un amplio margen de recorrido hasta que el proceso se culmine de forma definitiva. El 58,7% cree que la reforma disipará las dudas sobre la valoración de los activos inmobiliarios, lo que se traducirá en una reducción "bastante significativa" del precio de la vivienda.

   Respecto a la situación económica, se ha elevado en casi 30 puntos el porcentaje de expertos y empresarios (hasta el 49,5%) que califican como "muy malo" el momento actual de la economía, aunque un 48,1% espera que la economía mejore. Para el conjunto de 2012, el 64,8% de los panelistas asegura que la economía se contraerá más allá del 0,5%. En 2013, el 35% estima que el PIB se situará entre el -0,5% y el 0,5% y el 38,8% cree que lo hará entre el 1% y el 1,5%.

   En cualquier caso, el 71% no ve una recuperación del consumo privado en los próximos seis meses ni de la demanda de vivienda (el 58,3%). Además, el 62% considera mala la situación económico-financiera de las empresas y no creen que vaya a mejorar en los próximos meses.

   Además, el 46,2% cree "desfavorables" las perspectivas de los mercados exteriores y el 55% asegura que lo seguirán siendo en los próximos seis meses. En concreto, los panelistas esperan una mala evolución en la economía de la UE, aunque el 54% piensa que la situación de EE.UU. mejorará en el futuro.

Sindicatos de cajas de ahorro piden a los diputados que se apliquen también ellos las nuevas indemnizaciones

MADRID.- El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios españoles en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso. 

   La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma "con coherencia y credibilidad", lo que a juicio de CSICA pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que "renuncien al cargo o no sean reelegidos".

   "El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa", justifica Alameda.

   Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque "contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones" donde, según recuerda, los parlamentarios "pueden acceder  a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas".

   La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán "especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno".

UPyD exhorta al Gobierno de Rajoy a tomar medidas contra el "despilfarro", como las televisiones autonómicas

MADRID.-   Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno central adopte de una vez medidas para evitar el "despilfarro" y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas a tenor de la actual coyuntura económica y, entre otras propuestas, el partido de Rosa Díez aboga por eliminar diputaciones provinciales y por fusionar municipios.

   Éste es uno de los asuntos que UPyD ha venido reivindicando en los últimos años y el próximo miércoles lo volverá a reclamar en el Congreso con la interpelación que dirigirá al Gobierno y que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno del próximo día 13.

   En su iniciativa, la formación magenta considera que las políticas de recortes que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que recaen principalmente sobre el Estado central, no son "la solución ideal" al problema.

   "El Gobierno se está contentando con recortar de donde resulta más fácil, que muchas veces es en servicios públicos esenciales, ahondando en las desigualdades entre los españoles, cuyos derechos y prestaciones son cada vez más diferentes en función de la región en la que vivan", subraya.

   Así las cosas, UPyD defiende la necesidad de elaborar un plan nacional para "racionalizar" el entramado institucional autonómico y eliminar los miles de organismos --entre los que cita las televisiones autonómicas-- entidades, fundaciones, patronatos y observatorios "que pueblan el paisaje institucional autonómico y su tupida red clientelar".

   Y es que, en opinión de la portavoz nacional de UPyD, la supresión o fusión de determinados organismos reguladores de ámbito nacional, medida aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tan sólo suponen cuantitativamente una reducción significativa del gasto.

   Por ello, frente a un modelo de Estado "insostenible e ingobernable" y para evitar más "despilfarro" y "corrupción", UPyD propone fusionar municipios, eliminar diputaciones provinciales y adoptar medidas legales que permitan un "verdadero" control presupuestario por parte del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son actualmente las responsables de dos terceras partes del déficit total del Estado.

   Según cálculos de la formación magenta, si el Gobierno del PP opta por llevar a efecto estas medidas, se podría llegar a ahorrar hasta 40.000 millones de euros. "Aunque el ahorro fuera menor, es por ahí por donde hay que empezar y no subiendo impuestos y tocando lo imprescindible", ha resumido el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo.

La ministra de Fomento, tajante: "Ni un euro para cosas superfluas" ni para "obras faraónicas que no sirven para nada"

PONTEVEDRA.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno va a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 "austeros", así como "serios y rigurosos", en los que "no se gaste ni un euro en cosas que sean superfluas", después de que el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya anunciado que se fijarán con un objetivo de déficit del 5,8% del PIB.

   "Vamos a hacer un presupuesto austero", ha dejado claro Ana Pastor, en declaraciones a los medios previas a su participación en la fiesta de la Arribada de Bayona  -que celebra el 519º aniversario de la llegada de la carabela Pinta a esta villa gallega--, para remarcar que: "tiene que ver con lo que nos está pasando, con los datos de paro que desgraciadamente tenemos".

   Así, preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que el déficit público de este año cerrará en el 5,8% del PIB, Pastor ha destacado que el Ejecutivo central "está trabajando" en este sentido.

   En concreto, Pastor ha destacado que en "la línea de reformas" del Gobierno con el fin de "crear empleo" se ha aprobado el proyecto de Ley de estabilidad presupuestaria, que "significa que no se puede gastar más de lo que se tiene como ha pasado hasta ahora".

   Por ello, ha identificado "el rigor, la seriedad y las reformas" con "los objetivos del Gobierno de España", para lo cual ha puesto a modo de ejemplo, la Ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto fijado en la Constitución. "Y desde luego, no destinar en el caso mío, recursos a obras faraónicas que no sirven para nada", ha defendido la ministra de Fomento.

Nuevos protectorados / Ignacio Ramonet

El 21 de febrero será recordado en Grecia como la jornada de la Gran Capitulación. Ese día, a cambio de la promesa de un segundo plan de rescate financiero,  el gobierno heleno aceptó las humillantes condiciones exigidas por el “clan europeo de la triple A” liderado por Alemania: draconianos recortes del gasto público, rebaja del salario mínimo, reducción de las pensiones, despido de 150.000 funcionarios, subida de impuestos y privatizaciones masivas.

De nada ha servido que los griegos lleven ya cuatro años de terapia de choque y de sacrificios sociales muy duros, ni que hayan tenido que someterse, el pasado 10 de noviembre, a un “golpe de Estado financiero” mediante el cual Berlín impuso, sin ninguna consulta democrática, al banquero Lukas Papademos (exvicepresidente del Banco Central Europeo) como Primer ministro de un gobierno tripartito compuesto de social demócratas, conservadores y extrema derecha.

Esta vez la afrenta ha sido mayor. Lo que se le ha exigido a Atenas es claramente una enorme cesión de soberanía, “probablemente la mayor realizada por un país en tiempos de paz” (1). De hecho, Grecia ha sido colocada bajo tutela europea, y dispone ahora, para todo lo que concierne a su presupuesto y a su economía, de un estatuto de soberanía limitada.

Semejante agresión se veía venir. Como una advertencia además a los otros países en dificultad de la zona euro, entre ellos España. En julio de 2011, ya Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo (2), había avisado: “La soberanía de Grecia será enormemente restringida” (3). Y el 27 de enero pasado, el diario británico Financial Times reveló un documento alemán que exigía el envío a Atenas de un Comisario con derecho de veto para dirigir el presupuesto público de esa nación y bloquear cualquier gasto no autorizado por sus acreedores. La víspera, en una entrevista al semanario Der Spiegel, el jefe del grupo parlamentario de la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), Volker Kauder, fue aún más lejos: reclamó el envío a Grecia de “funcionarios alemanes que ayuden a construir una administración financiera eficiente”. Cosa que también pidió el propio ministro alemán de Economía, el muy liberal Philipp Rösler.

A tanto no se ha llegado, pero el acuerdo del 21 de febrero prevé “una presencia permanente en Grecia de una misión de la Comisión Europea” para controlar y vigilar sus cuentas, así como “una presencia reforzada de la troika [Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional] para supervisar permanentemente el pago de la deuda”. Los fondos transferidos en el marco del Plan de ajuste serán ingresados en una cuenta bloqueada que sólo la troika gestionará, no el gobierno griego. Y que únicamente servirá para reembolsar la deuda soberana, no para pagar los salarios de los funcionarios, por ejemplo, o las pensiones de los jubilados. Los nuevos bonos del Estado heleno no serán de derecho griego sino de derecho británico... En caso de conflicto entre Atenas y los acreedores privados, el litigio será juzgado en Luxemburgo, no en Grecia... Aunque no es oficial, la República Helénica ha dejado de ser un Estado soberano.

De modo encubierto, la Unión Europea (UE) ha entrado en una nueva etapa en la que los Estados fuertes (“el clan de la triple A” más Francia) exigen de los demás, y en particular de los Estados de la periferia, un cambio de régimen. No se trata directamente de un estatuto colonial. Pero se asemeja bastante a un tipo de administración que las grandes potencias establecieron durante la era colonial: el de protectorado.

Para los colonizadores, el protectorado era una manera de extender su influencia política y económica, y de colocar bajo tutela territorios extranjeros a los que se deseaba extraer las riquezas, sin asumir los inconvenientes y los gastos que acarrea habitualmente una anexión pura y simple. La diferencia con la colonia, es que el “Estado protegido” conserva formalmente sus instituciones, pero cede a la “potencia protectora” su política exterior y, sobre todo, su economía y su comercio exterior.

No puede sorprendernos pues que, desde el comienzo en 2008 de la crisis financiera, hayamos asistido, en el seno de la UE, y más particularmente en la Eurozona, a una pérdida manifiesta de soberanía de los Estados más deprimidos (Irlanda, Grecia, Portugal, Italia, España).

Como fase preliminar del nuevo estatuto de “protectorado europeo”, al que acaba tristemente de acceder Grecia.

Angela Merkel acuñó en septiembre pasado el concepto de “marktkonforme demokratie” (democracia en conformidad con el mercado). Lo definió de la manera siguiente: “La elaboración del presupuesto del Estado es una prerrogativa fundamental del Parlamento, pero hay que hallar vías para que ese requisito democrático esté en conformidad con el mercado” (4). El mercado es ahora la pauta. Lo cual significa que ya no son los electores los que determinan las decisiones legislativas sino las Bolsas, los especuladores y los bancos (5).

Esta nueva filosofía antidemocrática triunfa hoy en Europa. Se está traduciendo ya en normas, leyes y tratados que limitan los márgenes de maniobra de los gobiernos y funcionan como un “piloto automático” para domesticar a las sociedades. A ese respecto, Grecia funciona como un modelo de lo que amenaza a los demás países de la periferia. Y que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) va a establecer, a partir del proximo mes de julio, como norma legal en la Unión Europea.

Concebido por Angela Merkel y aprobado ya, en su principio, por el Presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el MEDE es un nuevo organismo intergubernamental, una suerte de FMI europeo. Está siendo ratificado por los Parlamentos de los países  europeos sin ningún debate público, a pesar de que sus características podrían tener consecuencias nefastas para los ciudadanos. En efecto, el MEDE prevé la concesión de ayudas financieras a países en dificultad, a condición de que cedan soberanía, acepten colocarse bajo la tutela de una troika europea y apliquen despiadados planes de ajuste.

El MEDE está articulado con el “Pacto fiscal” adoptado el pasado 30 de enero por 25 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este temible Pacto (cuyo nombre verdadero es “Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”) es también una exigencia de Alemania, y obligará a los Estados firmantes a incluir en sus Constituciones la llamada “regla de oro”, que impone mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 % del PIB. Los países que no incluyan en sus Constituciones ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por cualquier otro de los Estados miembros.

Carlos Marx decía que los gobiernos, en la era industrial, no eran más que los consejos de administración de la burguesía. Hoy podríamos decir que, en la Europa “austeritaria” de Angela Merkel, los Gobiernos se están convirtiendo en los consejos de administración de los mercados. ¿Hasta cuándo?

(1) El País, Madrid, 21 de febrero de 2012.#
(2) El Eurogrupo coordina y supervisa las políticas y estrategias económicas comunes de los Estados de la zona euro (eurozona). Una vez al mes congrega a los ministros de Economía y Finanzas de esos Estados.
(3) Entrevista al semanario alemán Focus, 4 de julio de 2011.
(4) Declaración a la radio pública alemana Deutschlandfunk, 1 de septiembre de 2011.
(5) Léase Rafael Poch, “Un documento alemán pide un comisario para Grecia”, La Vanguardia, Barcelona, 28 de enero de 2012.

Exconsejeros de la CAM acusan a la cúpula de la caja de falsear actas

ALICANTE.- El hundimiento de Caja Mediterráneo (CAM) ha dejado a los pies de los caballos a los representantes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. A todos, aunque a unos más que otros, los envuelve un manto de sospechas por el cúmulo de irregularidades, descontrol y mala gestión que llevó a la caja a ser intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Y el aspecto de mayor impacto social tiene que ver con los elevados sueldos y millonarias indemnizaciones con las que un grupo de directivos salió de la caja antes de su intervenida, a juicio de 'El País'.

 El primer muro que tendrán que superar los exdirigentes de la CAM es el expediente disciplinario del Banco de España. El grueso de los afectados, 49 excargos que formaron parte de los órganos de gobierno entre 2008 y 2011, han optado por defenderse de manera individual a pesar de que el expediente del supervisor es genérico y no concreta las acusaciones individuales. En líneas generales, los exvocales de estos órganos podrán en el acento en el escaso poder decisorio que tenían frente a la cúpula, principalmente ante los directores generales, Roberto López Abad y su sucesora, María Dolores Amorós. Y, además, alegarán que el consejo, presidido por Modesto Crespo, falseó al menos dos actas de las reuniones. Una relativa al sueldo de Crespo y otra a la obligatoriedad de informar sobre una circular del supervisor. Entre las actas supuestamente falseadas está la de la reunión del 21 de diciembre de 2010 (once días después de que Amorós fuera nombrada directora general).

El 14 de diciembre previo el Banco de España remitió una circular a Amorós de obligatoria lectura en el consejo. Ni Crespo ni Amorós dieron cuenta de la carta en esa reunión, según distintos exconsejeros. Pero, paradójicamente, la misiva apareció posteriormente incluida en el acta de ese consejo. En la comisión de control se informó escuetamente de que había concluido la inspección del supervisor sin más detalles, a pesar de que en el acta posterior de esa reunión la referencia es mucho más amplia, agrega un vocal del mismo. Otra acta que algunos consejeros esgrimirán que se falseó es una reunión del consejo en 2009, al poco de llegar Crespo a la presidencia. Allí, nadie informó de que Crespo iba a tener un sueldo (300.000 euros) a través de una participada de la CAM . E igualmente, en el acta posterior se incluyó que sí se había dado cuenta de ese extremo nada baladí (antes ningún presidente había cobrado). Además, en los últimos meses se enviaron numerosas circulares internas “en las que Amorós encubre la situación de la caja”, dice un afectado por el expediente. “Ha sido un engaño detrás de otro”, agrega esta fuente, que al igual que otras asegura que el resultado del juicio por el despido de Amorós afectará al expediente. Si la juez que instruye el caso da la razón a los administradores del Banco de España que despidieron fulminantemente a Amorós libera indirectamente de cierta responsabilidad a los órganos de gobierno de la caja. Si le da la razón a Amorós, sobre ellos recaería más responsabilidad.

Mala imagen

Amorós acentuó la mala imagen que ha proyectado la entidad al reclamar hace una semana en el juicio por su despido laboral 10 millones de euros más de indemnización. El Banco de España, en su carta de despido, la acusa falsear las cuentas de la caja mediante artificios financieros y adjudicarse una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. En líneas generales, los afectados comparten algunas pinceladas en las estrategias de defensa. Esgrimen que las cuentas de la caja estaban auditadas por KPMG y eran revisadas por el Banco de España. Y algunos recuerdan que los órganos de gobierno están compuestos por vocales a menudo ajenos al sector financiero, cuya labor es controlar los temas generales de la caja, no revisar la veracidad de cada paso que se da, entre otras cuestiones porque carecen de conocimientos para ello. “Das por supuesto que determinadas cosas se hacen bien”, resume un exconsejero. Varios vocales también coinciden en asegurar que entre sus alegaciones destacarán que votaron en contra de determinadas decisiones o que preguntaron por algunos asuntos al dudar sobre ellos. Uno de esos asuntos a los que se opusieron estos consejeros fue la renovación de préstamo de la CAM a Terra Mítica por indicación expresa del Gobierno Valenciano.

A partir de ahí, hay muchos matices en la defensa. Hay vocales de distintos años, decisiones de los primeros ejercicios o de los momentos previos a la intervención, medidas acordadas en distintos órganos de gobierno, o afectados que tenían responsabilidades además en otras comisiones de la entidad. Los 49 exdirectivos empezaron esta semana a presentar sus alegaciones, aunque la mayoría lo hará esta.

Fin a la tragicomedia del histórico teatro Romea

MADRID.- Una deuda de más de 400.000 euros, una extensa historia de desencuentros, una obra que duró cuatro años cuando estaba prevista para cuatro meses, una desautorización a una concejal que estuvo a punto de lograr un acuerdo, una ocupación por las bravas con cambio de cerradura incluida…se escribe hoy en www.elconfidencial.com

No son los componentes del relato de una tragicómica pelea vecinal a la manera de “La Comunidad” de Álex de la Iglesia. Es la historia reciente de un teatro emblemático dentro de la escena española, el Romea de Murcia inaugurado por Isabel II en 1862, que será reabierto hoy por el Ayuntamiento pasando por alto todo lo anterior.

La ciudad espera expectante la reapertura esta noche de su escenario por excelencia, el Consistorio utiliza propagandísticamente al Proyecto Hombre, a cuyo sostenimiento destina la recaudación de esta noche, y las empresas que realizaron la rehabilitación interior siguen pendientes de la resolución de dos procesos judiciales por deudas contra el Ayuntamiento. Mientras, preparan un tercer contencioso por lo que estiman que es una ocupación ilegal del teatro por parte de la autoridad municipal puesto que no se atiene a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Este diario no pudo obtener ayer la versión del ayuntamiento a pesar de haberla solicitado.

“Una mañana de noviembre pasado, llegaron mis operarios a terminar unos detalles que faltaban y se encontraron que se habían cambiado las cerraduras”, cuenta Miguel del Toro, dueño de Trimtor, empresa que junto con Azuche formó la UTE para rehabilitar el interior del teatro.

Hasta que el Consistorio decidió cambiar por las buenas los bombines de las cerraduras del teatro, en otoño pasado, en vista de que la UTE rehabilitadora se negaba a hacer la entrega de la obra mientras no se saldaran las deudas, habían pasado muchas cosas. Tantas que la reapertura del Romea es "el final de una gran obra teatral de misterio, que ha contado con sus fantasmas, el mayordomo o el asesino", según el portavoz de UPyD, Rubén Serna.

Entre esas cosas recientes está el apartamiento de una concejal, Ana Martínez Vidal, elegida en mayo de 2011, que había estado en octubre a punto de alcanzar un acuerdo con la UTE para dar solución definitiva a los desencuentros que tenían ya cuatro años de duración.

Para ello había sido necesario que la nueva edil destituyera previamente por faltarle al respeto en público al jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento (OTA), el arquitecto Antonio González, al que Del Toro –que es también presidente de la patronal murciana CROEM– señala como el causante de todos los males relacionados con la obra de rehabilitación del Teatro Romea.

Sin embargo, cuando la UTE confiaba en un acuerdo próximo porque la edil había sentado a todas la partes a dialogar, el alcalde, Miguel Ángel Cámara (PP), retiró la competencia sobre el teatro a la concejal, que es ingeniera de Caminos. Desde entonces, la UTE reclama un arbitraje que dirima las diferencias, especialmente los 420.000 euros que Del Toro asegura que adeuda el consistorio por “modificaciones de proyecto importantes” exigidas por la OTA.

Además, la UTE tiene recurridas en los tribunales una sanción municipal de 230.000 euros, a razón de 470 por día, debida al retraso la ejecución de la obra, que fue adjudicada en julio de 2009 y tenía que estar acabada como máximo cinco meses después. “El día de la firma del contrato, adjudicado en concurso público, un funcionario de la OTA nos animó a abandonar el proyecto diciéndonos que nos iba a dar muchos disgustos, que nos iba a costar dinero, etc.”, dice Del Toro.

Le sorprende al dueño de Trimtor –“en este asunto no soy el presidente de CROEM”, recalca– el trato que el Ayuntamiento ha dispensado a la UTE en la que participa su empresa, porque no ha sido el mismo obtenido por otra UTE formada por Ferrovial y Pegiro que hizo la rehabilitación de cubiertas y fachadas del teatro, ni tampoco por Ferrovial que ejecutó en solitario la remodelación de la caja escénica y acumuló retrasos similares sin sanción.

“Nosotros nos retrasamos, sí”, admite Del Toro, “pero fue debido a que la OTA tardó diez meses en tomar una decisión sobre una modificación necesaria del proyecto que presentamos, porque acreditamos técnicamente que, si no se hacía, habría riesgos importantes de seguridad”.

Esa actitud “obstruccionista desde el principio” de la oficina técnica municipal está en el origen del desencuentro, según el empresario. Y la falta de intervención directa del alcalde, después de quitar de en medio a la concejal,  provoca que la única solución esté en los tribunales, cree la UTE. Algo que el portavoz de UPyD describe como que "el espectador asiste ahora a un desenlace de una obra demasiado larga e incomprensible", mientras que Andrea Garries, del PSOE, opina que "el gobierno de Miguel Ángel Cámara ha ofrecido un espectáculo bochornoso y esperpéntico que esperamos no se vuelva a repetir".

El desempleo agrícola se eleva en Totana al 37,25%

TOTANA.- Izquierda Unida en Totana considera escandalosos los datos del paro en el municipio y su crecimiento en febrero de 2012. “Mientras el paro ha aumentado en la Región un 2’73%, en el municipio totanero, se eleva al 7’51%, casi el triple, con 165 tragedias de familias que sufren est lacra…”, ha manifestado el concejal y portavoz de IU, Juan José Cánovas.

Pero el dato más descarnado, lo ofrece el sector agrícola, que amortiguaba el crecimiento del paro hasta enero, con un incremento escalofriante del 37’25%. De 255 inscritos, pasa a 355, lo que supone un aumento de 95 trabajadores agrícolas que –recuerdan desde la Formación de Izquierdas-, son la parte más débil de la sociedad, compuestos por inmigrantes y trabajadores eventuales sin derecho a subsidio de desempleo.

Los resultados de febrero y las cifras totales del paro, además de suponer un fracaso de las reformas laborales, puestas en marcha por el Gobierno del PSOE y que continúan, con mayor crudeza, por el Gobierno del PP que facilita el desempleo, sin tener en cuenta los verdaderos problemas de la economía.

Un modelo corrupto, depredador y basado en la especulación, ha dejado Totana hecho un solar en materia de empleo y social, cuando nos acercamos al 30% del desempleo, con muchos parados sin derecho a cobrar el subsidio del paro.

En cuanto al incremento del paro en los trabajadores agrícolas, las heladas sufridas por el campo totanero a principios de febrero, a causado estragos, como advirtió el Grupo Municipal de Izquierda Unida en su moción debatida en el Pleno del 23 de febrero que fue enmendada y descafeinada por el concejal de Agricultura con el “argumento” de que la iniciativa de IU, era “oportunista y para colgarse medallas”, según palabras del edil del PP en el Pleno. Los resultados, ponen en evidencia, los tristes “argumentos” de un PP que utiliza el rodillo en el Pleno para negar la evidencia y sus responsabilidades.

“Se hace imprescindible unificar fuerzas, poner al Ayuntamiento en solfa, dejar el autismo político y la parafernalia vacía y exigir un verdadero Plan de Reactivación de la Economía Productiva que sea capaz de generar empleo en la comarca…”, concluye el coordinador local de IU-Verdes, Juan José Cánovas.

La primera huelga en BMN será el 26 de marzo por la propuesta "inmoral" de la cúpula

GRANADA.-   Los trabajadores de CajaGranada y Cajamurcia en Andalucía han acordado este sábado convocar una huelga para el próximo día 26 de marzo con la que pretenden rechazar la segunda reestructuración laboral propuesta por el grupo Banco Mare Nostrum (BMN), que contempla la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del expediente de regulación de empleo (ERE) en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

   Así lo han anunciado fuentes sindicales, que han precisado además que dicha medida ha sido acordada "por unanimidad" de los trabajadores asistentes a la referida asamblea --más de 1.300 de 1.800 convocados, según sus cálculos--, en la que también han propuesto llevar a cabo otras protestas "en función del desarrollo de la negociación". Todo un éxito, según el presidente del comité de empresa de CajaGranada, Amador Torres.
Tal fue la afluencia que los asistentes no cupieron en el salón de actos y muchos tuvieron que seguir la asamblea desde el patio de columnas, que había sido acondicionado con un sistema de megafonía y pantalla de vídeo. 
Amador Torres recordó que a finales del año pasado corrió el rumor de que la empresa iba a jugar la carta de los despidos y el cierre de oficinas y que, cuando los sindicatos amenazaron seriamente con movilizarse si eso ocurría, prometió que no llevaría a cabo ninguna "medida traumática", como las calificó entonces, y que en todo caso la reducción de personal seguiría haciéndose mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. 

   En concreto, si la entidad bancaria no modifica su propuesta, los trabajadores llevarán a cabo paros de diez minutos en oficinas y servicios centrales todos los miércoles a partir de las 11.00 horas; habrá encierros de delegados de personal y se remitirán cartas a "todos los consejeros" de los consejos de administración de las cuatro cajas que se integran en BMN --CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra-- para "explicar la situación que BMN quiere ocultar", y encierros de delegados ante la sede de dicha entidad, sita en la calle Recoletos de Madrid.

   Junto a todo ello, los trabajadores pretenden emprender "campañas masivas de solidaridad, internas y externas", mediante correo electrónico y redes sociales.

   Todas estas medidas han quedado recogidas en el manifiesto que han elaborado los representantes sindicales de los trabajadores al término de la asamblea y en el que tachan de "inmoral" la propuesta de BMN, que, a su juicio, supone "un giro radical en la negociación laboral emprendida con la integración de la nueva sociedad financiera".

   Además, los sindicatos han vinculado dicha propuesta a la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que, en su opinión, "alienta" esas medidas propuestas por la entidad financiera, que "chocan frontalmente con las garantías de empleo recogidas en los Estatutos de CajaGranada, el recién firmado convenio colectivo del sector y los acuerdos de empresa vigentes".

   Por todo ello, los trabajadores han decidido convocar huelga para el día 26 de marzo, a la vez que instan a los miembros del consejo de administración y a los directivos de estas entidades a que "cumplan sus compromisos" con la plantilla de BMN-CajaGranada.
El presidente del comité de empresa de CajaGranada, Amador Torres (CCOO), ha explicado que el sindicato mantendrá su rechazo "unánime" a lo que ha calificado como "despidos duros".
Torres ha declarado que BMN es lo suficientemente "solvente" para no desarrollar medidas como el despido y ha apostado por el diálogo para sustituir esa reducción de plantilla por otras opciones menos duras como la prejubilación o las bajas incentivadas.
Aunque los planes del grupo bancario comprenden otros recortes (cierre de 120 oficinas, suspensión temporal y rotatoria de 800 puestos de trabajo o reducción de sueldos), lo verdaderamente grave, según los empleados, es el enorme número de despidos proyectado. "Es algo que no estamos dispuestos a negociar en ningún caso, ahí BMN ha traspasado la línea roja. Es una agresión y responderemos", resaltó Amador Torres, que resumió el sentir de toda la plantilla con un contundente: "Los ánimos están muy exaltados".
Según los trabajadores, la empresa maneja un doble discurso: "A nosotros siempre nos han dicho que somos muy grandes y muy potentes, pero luego transmite una información distinta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y las dos no pueden ser ciertas", explicó Torres.
Para los sindicatos, BMN no les ha demostrado que tenga necesidad de recurrir a medidas tran drásticas como las que propone. "Antonio Jara siempre nos ha dicho que, después de la fusión fría, esto es más CajaGranada, más fuerte, más solvente... Y ahora nos encontramos con esto", indicó Torres, que aseguró no hablar en nombre de su sindicato, Comisiones Obreras, sino en el de los cinco que estuvieron representados en la reunión de hoy. "La unidad es absoluta en ese sentido", recalcó.
Pero ahora hay encima de la mesa un plan de viabilidad y cumplirlo, además, parece inminente. Según la sección sindical de UGT en la Caja, el objetivo de la entidad sería alcanzar un acuerdo sobre esta reestructuración antes del 31 de marzo.
"Es una agresión -insistió Amador Torres- que no podemos asumir de ninguna forma. No vamos a permitir que se produzcan 650 despidos, que se mande al paro a personas que están muy lejos de tener la edad para ser prejubilados, que tienen 40 años y que se van a ir a su casa con una mano delante y otra detrás. No podemos tolerarlo", zanjó.
Aunque los trabajadores de Granada creen que la movilización será secundada por sus compañeros de las demás cajas implicadas (Sa Nostra, Caja Murcia y Caixa Penedés), temen que, si BMN no cede a sus presiones, la peor parte se la lleven en Andalucía y en Baleares.
Su última frase refleja que es cierto eso de que los ánimos están exaltados: "Nos han entregado a un banco y se han puesto la toga de los banqueros de peor cariz".
Si BMN no rectifica, el 26 de marzo todas sus oficinas de España estarán cerradas. 

Empleados de CajaGranada se reunirán este sábado para decidir protestas ante BMN y no descartan la huelga

GRANADA.- Los trabajadores de CajaGranada tienen previsto celebrar una asamblea este sábado en la capital granadina para decidir nuevas estrategias y nuevas movilizaciones en contra de la propuesta para la segunda reestructuración laboral, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

Fuentes sindicales han indicado que entre esas movilizaciones y nuevas acciones que llevarán a cabo "no se descarta ninguna medida, e incluso la más extrema de convocar una huelga general en el seno de la entidad".

Las fuentes han explicado que el pasado miércoles se han concentrado los trabajadores de BMN en Murcia y en Palma de Mallorca, que han efectuado paros de diez minutos en contra de dicha propuesta, en unas acciones que han tenido una "respuesta masiva" por parte de los empleados, según las fuentes.

Asimismo, las fuentes precisan que este próximo sábado se celebrará una asamblea en Granada a la que acudirán los 2.000 trabajadores de CajaGranada y donde éstos "tomarán decisiones y aportarán ideas y nuevas estrategias de movilización, sin descartar la huelga", con nuevas acciones en contra de la propuesta planteada por la dirección de la entidad.

"Aunque la negociación sigue abierta, no vamos a negociar nada que suponga despidos de la plantilla, y menos de carácter forzoso", han agregado las fuentes, que destacan la importancia de la asamblea del sábado, donde "los trabajadores de CajaGranada adoptarán una posición ante este conflicto".

El grupo BMN (Banco Mare Nostrum), formado por CajaGranada, Cajamurcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, ha planteado a las centrales sindicales su propuesta para la segunda reestructuración laboral necesaria para cumplir los requisitos apuntados por el Gobierno, que contemplan la extinción de 530 contratos --nuevo recorte que se suma a los 120 del ERE en vigor hasta las 650 extinciones--, el cierre de 120 oficinas, una reducción salarial del cinco por ciento durante dos años, y la suspensión rotatoria durante dos años de 800 contratos durante tres meses cada uno, entre otras medidas.

Según la propuesta planteada por la dirección de BMN en la reunión mantenida con los sindicatos, este plan de reestructuración tiene por finalidad "adecuar el volumen de plantilla a las necesidades reales de BMN, adecuar los costes de personal a las posibilidades reales del banco, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que nos encontramos y armonizar las condiciones laborales, conforme a los compromisos adquiridos por ambas partes en el pacto laboral de 2010 y en el protocolo de intenciones de 2011".

Esta negociación "deberá estar cerrada antes del 31 de marzo".

El plan de reestructuración contiene una serie de medidas de carácter "coyuntural" para "dar respuesta a la necesidad de liberar recursos económicos hasta que se devuelvan las ayudas públicas", y otras con un carácter "permanente o estructural", para "alcanzar los datos de eficiencia y eficacia necesarios para operar en el mercado e igualdad de condiciones que el resto de entidades bancarias".

Incluyen el contenido del juicio a Amorós en la querella a los exdirectivos

ALICANTE.- La Plataforma CAM incluirá en la querella de acción popular en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo las pruebas aportadas en el juicio con la ex directora general, María Dolores Amorós, referidas a que hubo un supuesto delito de estafa.

El pasado 24 de febrero los juzgados de lo social de Alicante vieron la vista oral por el despido improcedente de Amorós, donde algunos de los peritos y nuevos responsables de la CAM tras la intervención por el Banco de España apuntaron que los anteriores gestores habían realizado diversas irregularidades.

El portavoz de la Plataforma, Carlos Pena, ha explicado hoy que en la querella se añadirán esas declaraciones de la vista oral de los interventores del Banco de España y de varios peritos.

Debido a esta novedad, la Plataforma no entregará hoy la querella en Madrid, como inicialmente estaba previsto, y lo retrasa hasta el próximo martes.

La iniciativa, respaldada por 130 afectados, busca una compensación económica para ellos por las cuotas participativas, participaciones preferentes y la deuda subordinada de la institución financiera con sede en Alicante.

La ampliación de la jornada laboral para personal del SMS supondrá "ajuste presupuestario" de 30 millones

 MURCIA.- El Ejecutivo regional ha aprobado este viernes, en Consejo de Gobierno, la ampliación de la jornada laboral del personal de Administración y Servicios, así como la de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS), que queda establecida en ambos casos en 37,5 horas semanales y que será implantada a partir del día 12, como también para el personal docente --aprobada la semana anterior--.

En el SMS, el aumento de la jornada laboral se realizará convirtiendo en ordinaria la jornada de los sábados que realice el personal de este servicio hasta cubrir la ampliación horaria semanal en 2,5 horas.

   En el caso concreto del personal del SMS, la ampliación de esta jornada supondrá un "ajuste presupuestario" estimado en 30 millones a partir de esa fecha, de los que cinco millones se obtendrán al ser ordinaria la jornada del sábado; mientras que los 25 restantes vendrán de la ampliación de esa jornada, evitando así tener que contratar a unos 600 eventuales.

   Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, quien ha precisado que hay que hablar en todo momento de "ajuste presupuestario" y no ahorro, ya que en Sanidad "no se ahorra, dado que lo que no se gasta en algo se gasta en otra cosa", como por ejemplo, en este caso, en las peonadas, donde en el momento en que "las listas de espera empiezan a ser importantes se aligeran para no tener al paciente esperando". De ahí, que ha advertido que "nunca estará en juego eso, porque es la atención sanitaria que se le presta al paciente".

   En términos de empleo, ha lanzando un mensaje de tranquilidad al dejar claro que "no se tocará la plantilla, sino que se dejará de contratar por encima de plantilla, lo que serán sustituciones, vacaciones".

   Mientras que en la ampliación de jornada en 37,5 horas, en el caso de los médicos la consejera ha puntualizado que es donde se plantea la diferencia fundamental, ya que trabajan 48 horas.

   De forma que la diferencia está en ese exceso de horas, que antes eran 13 --jornada laboral de 35 horas-- y ahora pasan a 10,5 --jornada laboral de 37,5 horas--. Su distribución finalmente será la de trabajar dos sábados al mes, pues esas dos horas y media de más se computarán como 10 horas al mes, traducido en dos sábados mensuales tanto en Centros de Salud de Atención Primaria como en hospitales.

   Así, las 37,5 horas semanales para el sector sanitario se traducen en una jornada anual que se fija en 1.645 horas para el turno diurno, en 1.470 horas para el nocturno y en 1.530 horas para el turno rotatorio.

   Se vuelve, por tanto, a la situación anterior a 2008, donde todos los trabajadores de la Administración regional volverán a trabajar el mismo número de horas semanales que en 2007.

   Palacios ha recordado que en la primera reunión de la mesa sectorial "se trataba de escuchar a los sindicatos y saber cómo querían ellos que lleváramos a cabo la aplicación de esas 37,5 horas". "Sabíamos que no era aceptado por parte de los sindicatos esa jornada, pero era nuestra obligación reunirnos con ellos e intentar llegar a un acuerdo", ha incidido Palacios.

   Tras el planteamiento de distintas opciones, ha reconocido que "al final no ha habido acuerdo, pero para evitar cualquier tipo de daño o de hacer inventos distintos y plantear jornadas distintas se ha optado por volver otra vez a la situación que teníamos antes de 2008".

   Palacios ha dicho entender la postura "de cualquier persona que trabaje para la Administración Regional a la que se le pide el esfuerzo de trabajar más". "Entendemos que como sindicato y personas que defienden a sus trabajadores consideren que es una pérdida frente a lo que ocurría en 2008 y hasta 2011 y es cierto que llevaban una jornada de 35 horas y ahora se les pide ampliarla hasta las 37,5 horas y que como sindicato no quieran firmar ese acuerdo, pero sabemos que son conscientes de cuál es la situación actual", ha defendido Palacios.

   Que cuando un Gobierno regional "le pide ese esfuerzo es porque es necesario y son responsables y aunque no lo hayan firmado, lo entienden y no esperamos sinceramente que haya ningún tipo de movilización ni de presión al Gobierno".

   En esta línea, el portavoz del Ejecutivo regional, José Ballesta, ha recordado que la pasada semana el Consejo de Gobierno aprobó la aplicación de las 37,5 horas al personal docente de la Consejería de Educación, que supondrá un ahorro de 24 millones de euros hasta final de curso y de entre 55 y 60 millones a partir del próximo año.

   En su opinión, el Gobierno, en uso de su responsabilidad, "toma las decisiones y determinaciones que considera adecuadas en cada momento y esto es mejor para el mantenimiento no solo en lo que afecta a la continuidad de servicios públicos, sino también la calidad de los mismos servicios públicos".

   La nueva jornada se adapta a la actual realidad económica y al Real Decreto-Ley, de 30 de diciembre de 2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, además de estar incluida en la Ley de Presupuestos 2012 de la Región de Murcia.

   En el caso del personal de Administración y servicios, la medida fue abordada la pasada semana en la Mesa Sectorial de la Función Pública, en la que participan las organizaciones sindicales CCOO, UGT, STERM y CSIF.

   Esta decisión se ha tomado después de la celebración de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que se negociaron diferentes propuestas con los sindicatos CESM, SATSE, CCOO y UGT, sin llegar a alcanzar un acuerdo.

   Los profesionales del SMS han recuperado este año los complementos salariales por guardias y turnicidad que fueron minorados el año pasado por la aplicación de la Ley regional de Medidas Extraordinarias.

Retegui pedirá a Bernal que especifique la cuantía y los plazos para pagar a los proveedores

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, le ha solicitado una reunión al consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, para conocer el plan de pagos que tiene pensado ejecutar el gobierno Regional, donde "se especifique la cuantía y los plazos para pagar a los proveedores".

   Para Retegui se trata de "una cuestión de urgencia, para que no se cierren más empresas", a la vez que ha manifestado la intención de su Grupo Parlamentario de "ayudar a que se tramite de la forma más rápida y sin oposición por nuestra parte".

   Eso sí, ha matizado esta intención diciendo que "queremos que nos diga los datos, queremos saber cuánto dinero se debe y qué se va a dejar de pagar para pagarle a los proveedores".

   La portavoz socialista dice que está convencida que "en abril todavía no será posible hacer esos pagos" y que mientras tanto "no se puede tener entretenidos a los proveedores".

   Por todo ello, ha manifestado que lo que quiere es "un plan de pago real y efectivo para que todos sepamos lo que va a costar y cuándo se va a pagar".

El anuncio del ministro Arias Cañete sobre el PHN desilusiona en Murcia

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, señala que el anuncio del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "es, en cierto modo, una desilusión" porque "las condiciones óptimas para su aprobación se dan ahora".

   Así, lamenta que el ministro "nos confíe a otra legislatura de la que desconocemos cuál será la capacidad del Gobierno que esté entonces".

   Y es que, indicó, "no sabemos si de aquí a cuatro años será posible llegar a algún tipo de acuerdo, porque necesitamos un gobierno fuerte y mayoritario en el Congreso, de lo contrario, será muy conflictivo y complicado poder sacar adelante en el futuro un plan hidrológico nacional, otra vez".

   Aunque no es menos cierto, resaltó, que "hay unos plazos que se tienen que guardar" y se tardaría un año y medio o dos años en poder terminar todos los planes de cuenca, luego, incidió, "está el poder abordar después el plan hidrológico nacional con garantías y llevarlo a efecto".

   En concreto, el titular de Medio Ambiente ha precisado que, una vez se acabe la planificación hidrográfica, se solucione la "mala" depuración de las aguas en más de 900 municipios, y se modifique la Ley de Aguas, en materia de policía de dominio público hidráulico y materia de sanciones será cuando "como broche" se propondrá un "gran Pacto Nacional del Agua que derive en un Plan Hidrológico Nacional", por lo que traslada esta iniciativa para al menos, finales de 2013 ó 2014.

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, espera que no se vinculen las declaraciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "a una falta de voluntad política para llevar adelante el plan hidrológico".

   Ballesta respondía así al ser preguntado por las declaraciones del  ministro de Agricultura, quien ha señalado que el Pacto Nacional del Agua "no es inminente" porque "todos" los planes de demarcaciones hidrográficas (planes de cuenca) están "muy retrasados".

   Al respecto, el portavoz del Gobierno de Murcia ha subrayado que "hay que respetar los tiempos" y destacado que "hay una decisión de hacer el plan hidrológico", pero, "no es una cuestión fácil, que se pueda resolver en poco tiempo porque exige el más sentido consenso posible", finalizó.

El Gobierno Valcárcel no logra contener en Murcia la sangría del desempleo (+ 4.012 parados en febrero)

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de febrero ascendió a 151.232, lo que supone un aumento de 4.012 personas respecto a enero, según datos difundidos este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de febrero en la Región fue del 2,73 por ciento respecto al mes de enero. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 14.493, un 10,6 por ciento más.

   El paro en febrero se incrementó en todas las comunidades autónomas respecto a enero, salvo en Islas Baleares, que descendió en 575 personas; y en Extremadura, que lo hizo en 548. En el caso de la Región de Murcia, el crecimiento relativo supone el séptimo mayor aumento por comunidades.

   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 77.052 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 74.180 personas.

   Por sectores, el paro subió en Servicios en 2.045 personas, en Industria y en Agricultura lo hizo en 862 personas en cada uno, en el Colectivo sin empleo anterior en 528 personas, y en Construcción en 223 personas.

   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante febrero se situó en 24.246 personas, lo que supone un aumento de 936 personas respecto a enero (4,02 por ciento).

   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros subió en 1.092 personas (4,72 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 19.998 son extracomunitarios y 4.248 pertenecen a países de la UE.

   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (11.432), seguido de Construcción (4.425), Agricultura (4.303), el colectivo Sin Empleo Anterior (2.304) e Industria (1.782).

La afiliación media a la Seguridad Social gana en la Región 239 trabajadores

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en febrero en 497.755 personas, que supone en términos absolutos un aumento de 239 personas con respecto al mes anterior (0,05 por ciento), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   En términos medios, la afiliación se redujo en 15.135 personas en los últimos 12 meses (-2,95 por ciento).

   De las 497.755 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 399.673 pertenecen al Régimen General, 89.601 al Régimen de Autónomos, 7.446 al Régimen del Hogar (en extinción), 1.034 a Trabajadores del Mar, ninguno a Minería y Carbón.

   En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 63.802 trabajadores; el régimen de Empleadas del Hogar, con 1.498; y el general, con 334.373.

Convocan una manifestación en defensa de la enseñanza pública y concentraciones en centros educativos

MURCIA.- El Comité de Resistencia ha convocado ya las primeras movilizaciones tras los "nuevos recortes" del Gobierno regional en materia de educación. Así, el día 13 habrá una manifestación en defensa de la enseñanza pública y el día 9 concentraciones simultáneas en todos los centros educativos de la Región.

   En una reunión celebrada en la mañana este viernes, los sindicatos miembros del Comité de Resistencia han acordado un calendario inicial de movilizaciones en el sector docente no universitario con el objeto de que el profesorado de la Región de Murcia, junto al resto de la Comunidad Educativa "responda a la nueva agresión a la calidad de la educación pública que han supuesto los recortes aprobados por el Gobierno regional", según fuentes de Sterm.

   En concreto, el día 13, a las 18.00 horas, se ha convocado una manifestación con el lema 'En defensa de la enseñanza pública: contra los recortes en educación y en defensa del empleo interino'.

   La marcha comenzará en el Palacio de San Esteban, con un recorrido desde la Plaza Fuensanta hasta la calle Obispo Frutos y, desde ahí, por la Puerta de Orihuela hasta la Consejería de Educación, en la Avenida de la Fama. Al finalizar el recorrido, los asistentes procederán a ocupar de modo "pacífico" la sede de la Consejería de educación.

   Asimismo, el día 9 se han convocado concentraciones de diez minutos en todos los centros educativos de la Región en el comienzo del recreo matutino. El objeto de esta protesta será mostrar el rechazo del colectivo docente a la aplicación, desde el 12 de marzo, de la ampliación del horario laboral docente.

   Un día antes, a las 17.30 horas, se celebrará una asamblea abierta de profesorado interino en el salón de actos de la sede de CCOO, en donde se informará de las repercusiones de las medidas en este colectivo y se decidirán las propuestas de actuación.

   El 12 de marzo, a las 18.00 horas, se mantendrá una reunión con la FAPA 'Juan González', la Asociación Estudiantil Femae y el Sindicato de Estudiantes Independiente en la que se planificarán actuaciones conjuntas "en defensa del sistema educativo público".

   En la semana del 5 al 9 de marzo, se convocarán asambleas comarcales en distintas localidades para debatir los recortes y decidir las medidas de respuesta.

   Al respecto, el Comité de Resistencia ha hecho un llamamiento público al profesorado regional, así como al resto de organizaciones y colectivos de la comunidad educativa a sumarse a participar activamente en estas movilizaciones, defendiendo la enseñanza pública.

El Gobierno español distribuirá alimentos por valor de 80 millones de euros a los "más necesitados"

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente distribuirá a lo largo de este año alimentos por valor de 80 millones de euros para las personas más necesitadas, en el marco del Plan de ayuda alimentaria de la Unión Europea 2012. 

   Esta cantidad ha sido asignada a España por la Comisión Europea, a través de un Reglamento Comunitario en el que se establece la distribución presupuestaria para cada Estado miembro del montante económico del Plan de Ayuda Alimentaria 2012, dotado con 500 millones de euros.

   La Comisión Europea establece la asignación presupuestaria de cada Estado según los siguientes indicadores: la inversa del Producto Interior Bruto (PIB), el porcentaje de población en riesgo de exclusión social y la población total.

   Así, España, con la asignación de más de 80 millones de euros y 10.094 toneladas de leche desnatada en polvo procedente de los almacenes de intervención pública, se convierte en el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Italia, que más fondos comunitarios va a recibir para la implementación de esta medida.

   El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) es el responsable, desde 1986, de la ejecución en España del Plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas. Dicho plan distribuye alimentos de primera calidad entre más de 1,8 millones de personas necesitadas de nuestro país

   El Plan 2012 tiene previsto distribuir distintos tipos de alimentos. Por un lado, se suministrarán tres productos (leche entera UHT, galletas y pasta alimenticia a la leche) obtenidos a partir del intercambio de la leche desnatada en polvo de la intervención pública por dichos alimentos.

   Además, está prevista la compra directa en el mercado de los siguientes alimentos: arroz, legumbres, aceite de oliva, tomate frito, conservas de pescado, verdura en conserva, fruta en conserva sin azúcar añadido, zumos de frutas, leche de continuación infantil, cereales y potitos infantiles. Esta distribución se hará a través de las organizaciones benéficas que en los próximos meses designará el FEGA.

   En 2011 el Plan fue desarrollado por Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que repartieron más de 130 millones de kilos de alimentos a unas 8.000 entidades benéficas que, a su vez, los entregaron a las personas más necesitadas.

   La última fase de dicho Plan 2011 se está llevando a cabo en estos momentos ya que se planificó el establecimiento de una fase de enlace entre los planes de 2011 y 2012 para que los alimentos pudieran llegar de una manera periódica y constante hasta los beneficiarios.

   La Unión Europea ha aprobado recientemente la continuidad de este plan de ayuda alimentaria en 2012 y 2013. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente defenderá la continuidad de este plan comunitario a partir de 2014, tal y como ha venido haciendo en los últimos 25 años.

Nuevas proyecciones económicas de España para 2012

MADRID.- España anunció este viernes el techo de gasto y las proyecciones macroeconómicas y de déficit público que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos (actualmente prorrogados) de 2012 que previsiblemente aprobará el Gobierno el 30 de marzo.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que ya había aprobado un ajuste de 15.000 millones de euros a finales de diciembre, estableció un límite del gasto público de 116.295 millones de euros (en términos homogéneos), con un descenso del 4,7 por ciento en términos sobre el techo de gasto del año pasado. 

El techo de gasto previsto por el anterior Gobierno socialista para 2012 ascendía a 117.353 millones.

A continuación, las principales magnitudes previstas por el Ejecutivo de Rajoy para el año que viene.

CUADRO MACROECONÓMICO (**)

2011 ant 2012 ant

PIB real 0,7 1,3% -1,7 2,3%

Consumo final -0,7 0,9% -4,0 1,4%

Consumo AAPP -2,2 -1,3% -11,5 -0,8%

Formación Bruta Capital Fijo -5,1 -1,3% -6,9 2,7%

Demanda Nacional -1,8 0,0% -4,6 1,3%

Exportación Bienes/Servicios 9,0 8,3% 3,4 7,9%

Importaciones de ByS -0,1 3,0% -5,9 4,1%

Aportación exterior* 2,5 1,3% 2,9 1,0%

Empleo -2,0 0,2% -3,7 1,4%

PIB nominal (Variación %) 2,1 2,6% -0,8 3,8%

(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) Previsiones realizadas teniendo en cuenta una "ligera depreciación" del euro y un precio del petróleo prácticamente a 120 dólares por barril, según informó el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Tasa de paro: pasa del 21,6 por ciento de 2011 a una previsión de una media del 24,3 por ciento de la población activa.

Necesidad de financiación: pasa del -3,4 por ciento de 2011 al -0,7 por ciento del PIB en 2012.

Gasto de los ministerios pasa de 66.249 millones de euros en 2011 a 57.978 millones de euros en 2012.

Nota: Los datos anteriores corresponden al Cuadro macro presentado el 24 de junio de 2011 bajo el anterior Gobierno socialista.

PREVISIONES DEFICIT/SUPERÁVIT ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

%/PIB 2010 2011 ant 2012

Administración Central -5,66 -5,1 -4,8 -4,0

Comunidades Autónomas -2,83 -2,94 -1,3 -1,5

Corporaciones Locales -0,40 -0,38 -0,3 -0,3

Seguridad Social -0,24 -0,39 +0,4 0,0

DÉFICIT TOTAL AA.PP. -9,3 -8,51 -6,0 -5,8

CCAA y ayuntamientos recibirán 35.000 millones para pagar a proveedores

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5% para pagar las facturas pendientes a proveedores, con un periodo de carencia de dos años. 

   Así lo anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a los titulares de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. 

   "Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza, y defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos.

   De Guindos, quien concretó que el interés será el que paga el Tesoro (en el entorno del 3,5%) más un diferencial de 115 puntos básicos, aseguró que prácticamente todos los bancos españoles participarán en el préstamo sindicado, entre los que se incluirá también el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

   "Se inyecta liquidez en un momento de estrangulamiento del crédito, lo que supondrá un alivio importantísimo que tendrá su impacto en el crecimiento", explicó el titular de Economía, quien agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el "contraaval" de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales. 

   "Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó la vicepresidenta, para después agregar que persigue erradicar la morosidad, que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.  

   El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.

   Según avanzó la Sáenz de Santamaría, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal que se celebrará el próximo martes 6 de marzo.

   Por su parte, Montoro coincidió en la "importancia" de este préstamo, al considerar que abre "una gran ventana" para acometer la reforma de los servicios públicos. "Poner las cuentas al día es la manera para hacer viables los servicios públicos", concluyó.

El Gobierno español aprueba la ley de Estabilidad Presupuestaria

MADRID.- El Gobierno español ha aprobado el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a las administraciones públicas a tener déficit cero a partir del año 2020, y lo ha remitido a la Cámara Alta para su convalidación.

   Una vez que el Congreso dé 'luz verde' al texto y se introduzcan las enmiendas correspondientes, el proyecto de ley será enviado al Senado para recibir también el visto bueno de la Cámara Alta. Finalmente, volverá de nuevo al Congreso para ser aprobado de forma definitiva.

   La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, que no podrá superar el 60% del PIB, y obliga a todas las administraciones públicas a presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC a partir de 2020, por lo que ninguna podrá incurrir en déficit estructural desde entonces.

   Este objetivo es mucho más estricto que el que pactaron este verano PP y PSOE, con motivo de la reforma de la Constitución para controlar el gasto público, y que contemplaba un déficit estructural máximo del 0,4% del PIB.

   Ahora, este déficit estructural del 0,4% sólo podrá registrarse en caso de que las administraciones estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo o en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria.

   Para conseguir estos objetivos, el proyecto recoge que la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional experimente una tasa de crecimiento real positiva. Además, cuando se alcance una tasa de aumento del PIB del 2% o se genere empleo neto en términos anuales, la ratio de deuda se reducirá anualmente, como mínimo, en dos puntos del PIB.

   En la misma línea, el déficit estructural del conjunto de las administraciones se deberá reducir un 0,8% del PIB nacional en el promedio anual hasta llegar al déficit cero en 2020. En 2015 y 2018 se revisarán las sendas de déficit y deuda.

   Además, todas las administraciones deberán aprobar un techo de gasto, similar al que ya aprueba la Administración Central, consistente con el objetivo de estabilidad, y el gasto público no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea.

   El proyecto de ley contempla la prioridad absoluta de atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, tal y como establece la Constitución.

   El incumplimiento de los objetivos de déficit exigirá la presentación de un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. Dicho plan deberá explicar las causas de la desviación y las medidas que permitan retornar a los límites.

   En caso de incumplimiento del plan, la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.

   En realidad, se trata de una forma de intervención de las cuentas públicas, pero nada tendrá que ver con la suspensión de competencias autonómicas, sino que será algo similar a lo que sucede en la UE con los países que han sido intervenidos.

   El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder subvenciones o suscribir diferentes convenios, y las sanciones impuestas a España por la UE en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable.

   Antes de llegar a situaciones de incumplimiento del déficit, la ley también refuerza el principio de transparencia y, por ello, cada administración deberá dar información sobre las líneas fundamentales de sus presupuestos antes de aprobarlos. Además, se amplía la información a suministrar para mejorar la coordinación en la actuación económico-financiera de todas las administraciones.

   Según el Gobierno, ésta es una de las grandes reformas estructurales que vendrá a reforzar la estructura institucional de España, mostrando que hay unos controles establecidos para asegurar el cumplimiento del déficit.

El fiscal general del Estado declara la guerra a la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha adelantado hoy que piensa ser "extremadamente beligerante" con la "corrupción política, social y económica", hasta el punto de que ha dado  instrucciones a los responsables de la Fiscalía Anticorrupción para que se muestren "extremadamente vigilantes en esta cuestión". 

   A su entender, la corrupción es "un cáncer social" que "mina elementos esenciales de la convivencia, lastra recursos necesarios para la propia convivencia y establece un clima de enorme desconfianza en instituciones importantes para la convivencia social y el Estado de Derecho".

Organizaciones cristianas piden proteger el domingo como día festivo

MADRID.- Doce organizaciones cristianas de España han pedido a las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales del conjunto del Estado español que protejan el domingo como día de descanso laboral en la futura legislación nacional y comunitaria relativa al calendario de trabajo, con el fin de "mejorar la protección de la salud de las personas trabajadoras y la conciliación de la vida laboral y la vida familiar".

   Estas organizaciones son la Federación de movimientos de Acción Católica --integrada por Acción Católica General (ACG), Juventud Obrera Cristiana (JOC), Juventud Estudiante Católica (JEC), Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC), Profesionales Cristianos (PX), Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos (MJRC), Movimiento Rural Cristiano (MRC), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad de España (Frater)--, la Comisión General de Justicia y Paz (JyP), Acción Católica Obrera (ACO) y las Hermandades del Trabajo (HHTT).

   De esta forma, se suman a la jornada de acción en defensa del 'Domingo Libre' del próximo 4 de marzo, convocada por la Alianza Europea por el Domingo Libre de Trabajo, que reúne a más de 65 organizaciones civiles, sindicales y eclesiales --incluida la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) y la Conferencia de Iglesias Europeas (KEK)--.

   En esta jornada, se pedirán medidas legislativas y políticas "que permitan una mejor conciliación de la vida privada y profesional" y una regulación "más humana" del tiempo de trabajo. En este sentido, reivindicarán el domingo libre porque, a su juicio, permite el encuentro con la familia y con los amigos, así como tomar conciencia de las cuestiones fundamentales de la vida.

   Además, las organizaciones animan a todas las entidades, especialmente del ámbito eclesial, a que "difundan y den visibilidad a esta Alianza, que pretende garantizar el descanso dominical" ya que, según recuerdan, es "lo que recuerda la Iglesia insistentemente en su magisterio".

   Por todo ello, confían en que la sociedad civil reconozca "que el día del Señor es también el día de descanso del trabajo" para que sea posible "liberarse de las actividades laborales sin sufrir por ello perjuicio alguno". En esta línea, recuerdan la exhortación apostólica de Benedicto XVI del 22 de febrero de 2007 'Sacramentum Caritatis', que proclama que "es indispensable que la persona no se deje dominar por el trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo encontrar en él el sentido último y definitivo de la vida".