MADRID.- Una deuda de más de 400.000 euros, una extensa historia de desencuentros, una obra que duró cuatro años cuando estaba prevista para cuatro meses, una desautorización a una concejal que estuvo a punto de lograr un acuerdo, una ocupación por las bravas con cambio de cerradura incluida…se escribe hoy en www.elconfidencial.com
No son los componentes del relato de una tragicómica pelea vecinal a la manera de “La Comunidad” de Álex de la Iglesia. Es la historia reciente de un teatro emblemático dentro de la escena española, el Romea de Murcia inaugurado por Isabel II en 1862, que será reabierto hoy por el Ayuntamiento pasando por alto todo lo anterior.
La ciudad espera expectante la reapertura esta noche de su escenario por excelencia, el Consistorio utiliza propagandísticamente al Proyecto Hombre, a cuyo sostenimiento destina la recaudación de esta noche, y las empresas que realizaron la rehabilitación interior siguen pendientes de la resolución de dos procesos judiciales por deudas contra el Ayuntamiento. Mientras, preparan un tercer contencioso por lo que estiman que es una ocupación ilegal del teatro por parte de la autoridad municipal puesto que no se atiene a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Este diario no pudo obtener ayer la versión del ayuntamiento a pesar de haberla solicitado.
“Una mañana de noviembre pasado, llegaron mis operarios a terminar unos detalles que faltaban y se encontraron que se habían cambiado las cerraduras”, cuenta Miguel del Toro, dueño de Trimtor, empresa que junto con Azuche formó la UTE para rehabilitar el interior del teatro.
Hasta que el Consistorio decidió cambiar por las buenas los bombines de las cerraduras del teatro, en otoño pasado, en vista de que la UTE rehabilitadora se negaba a hacer la entrega de la obra mientras no se saldaran las deudas, habían pasado muchas cosas. Tantas que la reapertura del Romea es "el final de una gran obra teatral de misterio, que ha contado con sus fantasmas, el mayordomo o el asesino", según el portavoz de UPyD, Rubén Serna.
Entre esas cosas recientes está el apartamiento de una concejal, Ana Martínez Vidal, elegida en mayo de 2011, que había estado en octubre a punto de alcanzar un acuerdo con la UTE para dar solución definitiva a los desencuentros que tenían ya cuatro años de duración.
Para ello había sido necesario que la nueva edil destituyera previamente por faltarle al respeto en público al jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento (OTA), el arquitecto Antonio González, al que Del Toro –que es también presidente de la patronal murciana CROEM– señala como el causante de todos los males relacionados con la obra de rehabilitación del Teatro Romea.
Sin embargo, cuando la UTE confiaba en un acuerdo próximo porque la edil había sentado a todas la partes a dialogar, el alcalde, Miguel Ángel Cámara (PP), retiró la competencia sobre el teatro a la concejal, que es ingeniera de Caminos. Desde entonces, la UTE reclama un arbitraje que dirima las diferencias, especialmente los 420.000 euros que Del Toro asegura que adeuda el consistorio por “modificaciones de proyecto importantes” exigidas por la OTA.
Además, la UTE tiene recurridas en los tribunales una sanción municipal de 230.000 euros, a razón de 470 por día, debida al retraso la ejecución de la obra, que fue adjudicada en julio de 2009 y tenía que estar acabada como máximo cinco meses después. “El día de la firma del contrato, adjudicado en concurso público, un funcionario de la OTA nos animó a abandonar el proyecto diciéndonos que nos iba a dar muchos disgustos, que nos iba a costar dinero, etc.”, dice Del Toro.
Le sorprende al dueño de Trimtor –“en este asunto no soy el presidente de CROEM”, recalca– el trato que el Ayuntamiento ha dispensado a la UTE en la que participa su empresa, porque no ha sido el mismo obtenido por otra UTE formada por Ferrovial y Pegiro que hizo la rehabilitación de cubiertas y fachadas del teatro, ni tampoco por Ferrovial que ejecutó en solitario la remodelación de la caja escénica y acumuló retrasos similares sin sanción.
“Nosotros nos retrasamos, sí”, admite Del Toro, “pero fue debido a que la OTA tardó diez meses en tomar una decisión sobre una modificación necesaria del proyecto que presentamos, porque acreditamos técnicamente que, si no se hacía, habría riesgos importantes de seguridad”.
Esa actitud “obstruccionista desde el principio” de la oficina técnica municipal está en el origen del desencuentro, según el empresario. Y la falta de intervención directa del alcalde, después de quitar de en medio a la concejal, provoca que la única solución esté en los tribunales, cree la UTE. Algo que el portavoz de UPyD describe como que "el espectador asiste ahora a un desenlace de una obra demasiado larga e incomprensible", mientras que Andrea Garries, del PSOE, opina que "el gobierno de Miguel Ángel Cámara ha ofrecido un espectáculo bochornoso y esperpéntico que esperamos no se vuelva a repetir".
