Navantia Motores, de Cartagena, certificada por la Lloyd's Register of Shipping

CARTAGENA.- Navantia Fábrica de Motores, de Cartagena, ha obtenido la certificación de los cuatro grupos Diesel Generadores (DDGG) correspondientes a los dos buques ALHD (similares al 'Juan Carlos I', entregado por Navantia a la Armada Española) que se están construyendo para la Armada Australiana ('Canberra' y 'Adelaide'), de acuerdo a las Naval Ship Rules de 2005 de la prestigiosa Sociedad de Clasificación Lloyd's Register of Shipping. 

   La principal novedad reside en que es la primera vez en el mundo que tanto unos grupos generadores como unos motores obtienen dicho tipo de certificación, que ha sido requerida por el cliente.

   Esta certificación se refiere tanto al diseño como a la construcción y pruebas FAT (pruebas de aceptación en fábrica) de los grupos generadores, de acuerdo a dichas reglas del LRS, de aplicación militar y elevado nivel de exigencia, según fuentes de Navantia.

   Cada buque se encuentra equipado con propulsión tipo IFEP (Integrated Full Electric Propulsion) y además de un turbogenerador, dispone de dos grupos DDGG constituidos por motores tipo Navantia-MAN B&W 16V 32/40 y alternadores Alconza-Siemens, que producen 8 MW de potencia cada uno.

   Los grupos Diesel Generadores ya han sido entregados al Astillero de Fene-Ferrol para su integración en los buques.

IU-Verdes denuncia la "falta de previsión y manejo económico" del Gobierno regional

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes en la Región, José Antonio Pujante, ha dicho este jueves que el hecho de que Murcia "no pueda liquidar su deuda farmacéutica en 2012 es una muestra más de la falta de previsión y manejo económico del Gobierno regional".

   Pujante ha señalado que el gasto farmacéutico de la Región "siempre ha sido muy elevado, excepto en 2011, que se redujo por la prescripción por principio activo", lo que significa que antes "se dilapidó dinero público".

   Asimismo, ha criticado que la Administración "favoreciera a la industria farmacéutica de manera interesada", y ha reclamado la realización de un plan de pagos a las empresas que abastecen de bienes y servicios a la Comunidad.

La banca española debe sanear sus cuentas con 50.000 millones contra resultados en un año

MADRID.- La banca española deberá sanear sus cuentas por el 'ladrillo' por importe de 50.000 millones de euros que detraerá de los resultados en un único año, aunque las entidades que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, ya que podrán detraer estos recursos del capital y durante un proceso de dos ejercicios, según anunció hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien insistió en que no se emplearán recursos públicos.

   La reforma financiera establece que las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios problemáticos se elevarán hasta el 80% en el caso del suelo, porcentaje que contrasta con el 31% actual. En el caso de las promociones en curso, subirán del 27% al 65%, y en el caso de la promoción terminada y de la vivienda, se elevarán del 25% al 35%.

   Por otro lado, la banca deberá constituir una provisión genérica del 7% en los créditos inmobiliarios saneados, aquellos que no registran incidencias de pago, como fórmula preventiva ante posibles deterioros futuros. Todos estos saneamientos se realizarán sobre el valor en libros de los activos inmobiliarios y la fecha límite para realizarlos será el 31 de diciembre de 2012, especificó el ministro.

   "Estas elevadas cifras de aprovisionamiento contrastan con lo que teníamos anteriormente y ayudarán a descargar de activos inmobiliarios a la banca española y eso va a ser muy bueno", enfatizó De Guindos, quien vaticinó un descenso del precio de la vivienda con la aplicación de la reforma. Las entidades "dejarán de hacer de inmobiliarias y se centrarán en captar pasivo y dar crédito", apostilló.

   De Guindos desveló estos detalles sobre la reforma financiera que aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros, para sanear los balances de los bancos por su exposición al sector inmobiliario, con el fin de despejar las desconfianza de los inversores, reactivar el flujo del crédito y crear empleo.

   En cuanto a las entidades que opten por la vía de las fusiones, contarán con dos ejercicios para acometer estas provisiones y podrán hacerlo contra patrimonio, aunque deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo al Ejecutivo, que deberá dar 'luz verde' tras informe del Banco de España, así como asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito.

   De Guindos explicó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá contribuir al saneamiento de dichas entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo que el Tesoro ampliará el capital de este organismo dependiente del Banco de España en 15.000 millones. Según sus cálculos, esta emisión podría elevar la deuda pública en cuatro décimas, pero no tendrá impacto alguno sobre el déficit público.

   El ministro de Economía y Competitividad explicó que los denominados 'cocos' son títulos de renta fija que en determinadas situaciones se pueden convertir en renta variable y que se utilizarán para inyectar recursos en las entidades que emprendan procesos de fusión.

   De Guindos insistió en que este respaldo no se puede considerar dinero público, porque estos instrumentos híbridos se emitirán a precios de mercado, por lo que las entidades beneficiarías deberán hacer frente a intereses de mercado, actualmente en torno al 8%.

   Asimismo, recalcó que estas exigencias para ajustar los activos inmobiliarios a precios de mercado "son perfectamente asumibles por el sector", al tiempo que se facilitarán los requerimientos para las entidades que opten por las integraciones, lo que redundará en la eficiencia y solvencia del sistema financiero español, y por tanto, en el conjunto de ciudadanos.

   El ministro de Economía eludió vaticinar cuántas entidades quedarán al final del proceso porque se trata de algo que "depende de ellas mismas" e incidió en que el Ejecutivo no se inmiscuirá en dichos procesos, aunque los supervisará. "Lo que se pretende en última instancia es tener un sistema bancario con entidades mas sólidas, más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo", enfatizó.

   También prefirió no especificar qué tamaño es el idóneo para una entidad. "Aquí no hay cifras mágicas, buscamos entidades más grandes, más eficientes y con mejor gobierno corporativo. Pero puede haber unas de 300.000 millones de euros de balance que no sean eficientes y otras de 100.000 millones que sí", ilustró.

   El Gobierno va a poner muchísima atención en el plan de saneamiento con el fin de que se genere un entorno de competencia suficiente en el que operen entidades saneadas y con capacidad de competir, explicó. "Ahora hoy algunas entidades que no tienen capacidad de competir", recalcó el ministro de Economía.

Proyectos de fusión, antes de junio

Las entidades financieras que decidan fusionarse deberán presentar un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo antes del próximo 30 de mayo, al tiempo que el Gobierno les exigirá compromisos para ampliar o "al menos" mantener la concesión de crédito hacia la economía.

   Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa para adelantar el decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este viernes. El ministro justificó este plazo en el objetivo de posibilitar una integración "rápida y eficiente".

   De Guindos admitió por ello que los procesos de concentración se deberán culminar en plazos "extremadamente" reducidos. Una vez que las entidades presenten al Gobierno sus proyectos de fusión, el Ministerio de Economía tendrá un mes para dar su luz verde.

   El titular de Economía avanzó que la integración de entidades finalizará el próximo 1 de enero de 2013. Como medida para incentivar las fusiones, el Ejecutivo permitirá que las entidades objeto de fusión acometan los saneamientos exigidos durante dos ejercicios, y no hacerlo en un año como el resto del sector. Y además estas entidades podrán ejecutar el saneamiento contra patrimonio y no sólo contra resultados.

   Ahora bien, De Guindos aclaró que las integraciones tendrán que elevar los balances un 20%, aunque en algunos casos podrán ser un 10%, y descartó que se realicen a través de las fórmulas de fusiones frías (SIP). "Deberán ser a través de fórmulas societarias", explicó.

   Si las fusiones necesitan ayudas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) facilitará financiación articulada a través de bonos convertibles contingentes, los conocidos vulgarmente como 'cocos'.

   Para intentar afrontar la solicitud de 'cocos' y así completar fusiones, el Gobierno eleva la dotación patrimonial del FROB hasta 15.000 millones de euros, con lo que reforzará su capacidad de endeudamiento. "El Gobierno pondrá muchísima atención en los planes de saneamiento y en los gobiernos corporativos", garantizó.

   "La reforma pretende entidades viables y un saneamiento rápido", afirmó el ministro, quien enfatizó que esta reestructuración del sector financiero español se llevará a cabo "sin recursos públicos".

De Guindos aclaró que estas condiciones a las fusiones se harán extensibles también a los procesos iniciados desde el 1 de septiembre de 2011, por lo que el Banco Popular podrá acogerse a las mismas para absorber Pastor.

   Preguntado sobre el número de entidades idóneas, el ministro sentenció: "No hay cifras mágicas, buscamos entidades más eficientes y saneadas", y descartó que la reestructuración vaya a acabar en un oligopolio.

   "El número de entidades resultantes va a garantizar la competencia", afirmó, para después constatar una realidad: "Ahora hay entidades que no tienen capacidad de competir. El número de entidades no garantiza la competencia".

   Con todo, De Guidos se mostró seguro de que estas medidas de saneamiento fortalecerán el sistema financiero español en las actuales circunstancias. "Es un paso importante", sostuvo.

Fitch coloca a la Región de Murcia en su punto de mira para rebajar el 'rating'

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado la nota a doce gobiernos regionales y locales españoles y a tres empresas públicas como consecuencia de su decisión de recortar la calificación de España en dos escalones, desde 'AA-' a 'A' con perspectiva 'negativa', según informó la compañía en un comunicado. 

   Entre las comunidades autónomas, la agencia ha rebajado en dos escalones la calificación de Madrid, desde 'AA-' a 'A', y en un escalón los ratings de Andalucía, Asturias, Canarias y Cantabria, de 'A+' a 'A'. La perspectiva de todos estos ratings es 'negativa'.

   Asimismo, también ha recortado en dos escalones la calificación de las ciudades de Barcelona, Madrid, Pamplona y Vigo, desde 'AA-' a 'A', situando todos ellos en perspectiva 'negativa'.

   Fitch destaca que está rebaja generalizada de las calificaciones también supone la aplicación de los criterios de la agencia, según los cuales los ratings de gobiernos regionales o locales no pueden ser superiores a los de los países a los que pertenecen, salvo "circunstancias excepcionales".

   Entre esas excepciones se encuentran Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, cuya calificación ha pasado desde 'AA+' a 'AA' con perspectiva 'negativa'. Asimismo, ha confirmado el rating 'AA' de la ciudad de San Sebastián, aunque ha cambiado su perspectiva a negativa.

   Por otro lado, Fitch ha decidido mantener en revisión para una posible rebaja, pendiente de información adicional sobre su liquidez y sus necesidades de financiación, los ratings 'BBB+' de Castilla-La Mancha, 'A-' de Cataluña y 'A' de Murcia.

   Por otra parte, la agencia también ha retirado el proceso de revisión en el que se encontraban varias entidades del sector público dependientes del Ejecutivo nacional, el cual se ha saldado con la rebaja de los ratings de la SEPI y el FROB, desde 'AA-' a 'A', y de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), desde 'A-' a 'BBB'.

La CAM otorgó una subvención de un millón de euros a la Macarena de Sevilla "por orden de Camps"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Cortes valencianas, Lluís Torró, ha denunciado este jueves la "subvención" de un millón de euros que Caja Mediterráneo (CAM) otorgó a la Hermandad de la Macarena de Sevilla "por orden de Francisco Camps". 

   En un comunicado, Torró ha expresado su "sorpresa" al conocer esa subvención que el expresidente de la Generalitat "ordenó otorgar" al expresidente de la CAM, Vicente Sala, y ha denunciado que Camps "era un presidente capaz de dar un millón de euros a un organismo religioso, que no aportaba absolutamente nada" a la entidad.

   A su juicio, ese hecho "muestra claramente el control político absoluto" al que el PPCV "sometía" a la caja alicantina porque evidencia que Sala "era capaz de atender los requerimientos de Camps incluso en un cuestión como ésta que era simplemente un capricho".

   Según Torró, con actuaciones de ese tipo, la CAM "estaba predestinada a la quiebra y la intervención" y considera "clara y manifiesta" la responsabilidad del Consejo y de Camps en el "proceso de hundimiento apocalíptico" de la entidad. Por este motivo, ha ratificado la decisión de EUPV de solicitar la comparecencia de Camps en la comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes valencianas.

   Por otro lado, ha aseverado que "la Fórmula 1 fue un capricho de Francisco Camps más que una decisión racional" y que ahora su sucesor al frente del Consejo, Alberto Fabra, "ha quedado atrapado en los contratos suicidas que inconscientemente firmaba Camps con consecuencias trágicas para las finanzas valencianas".

   El portavoz adjunto de EUPV considera "significativo" que Camps "firmara la prórroga el día antes de dimitir" y ha señalado que el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, "sólo trataba con Camps, un individuo sumamente irresponsable que era capaz de firmar contratos extremadamente lesivos para las arcas valencianas".

   Al respecto, Torró ha recordado que EUPV presentó una Proposición No de Ley que instaba a reprobar a Camps por haber firmado "contratos perjudiciales para las finanzas públicas valencianas", así como a rescindir los acuerdos y romper el contrato de la Fórmula 1.

Pujante considera que "no tiene sentido la proliferación de aeropuertos como si fueran champiñones"

MURCIA.- El coordinador de Izquierda Unida-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha criticado este jueves en rueda de prensa "la imprecisión y las divagaciones" del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, sobre el aeropuerto internacional de Corvera.

   En su opinión, "no tiene sentido esta proliferación de aeropuertos como si fueran champiñones", ya que, ha subrayado, "es mejor garantizar una línea de transporte público por ferrocarril convencional hasta El Altet, en Alicante".

   Al respecto, ha recordado que el aeropuerto de Corvera "se planteó como la panacea que iba a reactivar la economía de la Región, se habló de miles de puestos de trabajo y se estableció una relación con la autopista Cartagena-Vera, que ha sido un fiasco".

   Sin embargo, ha lamentado, "ahora se habla de un aeropuerto internacional en un contexto nacional de crisis de los aeropuertos, lo que se suma al descenso de turistas en la Región de Murcia".

   En esta línea, ha precisado que Corvera "entraña varios problemas que no quedan resueltos y tienen mucho que ver con el despilfarro del dinero público", entre los que ha destacado la inversión del Gobierno central en el aeropuerto de San Javier.

   "Ocho millones de euros que no se han invertido para reforzar la dimensión militar, sino la civil, con la construcción de una nueva cafetería, mostradores para la facturación y la ampliación de la terminal de pasajeros, entre otros", ha explicado Pujante.

   A su juicio, "toda esta inversión quedará dilapidada si finalmente el Ejecutivo decide cerrar las instalaciones aeroportuarias de San Javier, y supondrá un despilfarro inasumible para el erario público".

   Y todo, ha añadido, por "el empecinamiento del Gobierno regional con el objetivo de darle viabilidad a un aeropuerto -en referencia al de Corvera- en el que están implicadas empresas privadas y entidades de ahorro".

   Sobre los puestos de trabajo que la Administración regional anunció por la edificación del aeropuerto de Corvera, Pujante ha señalado que "todo ha quedado en agua de borrajas y en una fantasmada más del PP".

   Además, ha criticado el aval "de más de 300 millones de euros" que el Gobierno regional concedió al aeródromo de Corvera y que "tendría que haberse empleado en garantizar el crédito a las pequeñas y medianas empresas de la Región".

   Para concluir, ha puesto de relieve "tampoco ha quedado resuelta la compatibilidad del espacio aéreo militar con el uso del espacio civil", ya que la distancia entre ambos aeropuertos "es de 30 kilómetros y además está el de Alcantarilla".

IU-Verdes dice que Cañete "no pronunció la palabra trasvase, palabra maldita que el PP ha renunciado a emplear"

MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha afirmado este jueves que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "no llegó a pronunciar la palabra trasvase, que se ha convertido en una  palabra maldita que el PP ha renunciado a emplear".

   Pujante, que ha puntualizado acto seguido que el ministro "hizo una referencia indirecta a lo que puede denominarse trasvase pero sin concretar nada", ha ironizado que "hablar de que en el futuro se pueda establecer algún tipo de caudal de zona de donde sobra a donde haga falta como declaración genérica queda muy bien".

   Al hilo, ha recordado que cuando gobernó Aznar "se estuvo machacando con el trasvase del Ebro y el PHN y fue al final de la legislatura cuando se puso una piedrecita para inaugurar el supuesto trasvase del Ebro".

   "Lo mismo ahora se plantean la misma estrategia y al final de la legislatura ponen alguna piedrecita", ha dicho Pujante, para después matizar que lo que queda claro es que "en el control del déficit público, donde en primer lugar se llevan a cabo los recortes en infraestructuras, es impensable que el Gobierno central vaya a realizar ninguna inversión en infraestructuras para garantizar trasvases".

   "Si además tenemos en cuenta que la directiva europea está en contra de los trasvases y que no habrá financiación europea y estamos con la tijera en las manos, no es de modo alguno creíble", ha aseverado Pujante.

   Por ello, "se dan declaraciones de valiente machote Cañete, pero vamos a ver en qué queda esa valentía chulesca que mantiene, si se reforma la PAC en un sentido beneficioso para Murcia o le perjudicará y si el acuerdo que hay con Marruecos se modifica para no perjudicar a Murcia o se mantiene tal cual".

La Aneca da el sí definitivo a Medicina en la UCAM

MURCIA.- La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) ha remitido a la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación la valoración positiva de los recursos disponibles para comenzar los estudios del Grado de Medicina en la UCAM. 

   Tras el análisis y la valoración de la documentación presentada por la Universidad, la Agencia concluye que la Sala de Disección de la UCAM se encuentra plenamente operativa en cuanto a recursos humanos y materiales.

   El Consejo de Coordinación Universitaria solicitó a Aneca que realizará las oportunas comprobaciones que dictaminaran si la Sala de Disección de la Universidad se encontraba plenamente operativa.

   Para ello, la Agencia solicitó a la UCAM información adicional a la que ya disponía, por lo que la Universidad Católica de Murcia les hizo llegar documentación, en la que presentaba de forma detallada las instalaciones y recursos de la citada sala.

   Tras el análisis por parte de los expertos en la Comisión de Evaluación de Grado de la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, de la información remitida por la institución docente, se concluyó con una valoración positiva y satisfactoria.

El número de desempleados sube en 4.299 personas en enero en Murcia, un 3,01%

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de enero ascendió a 147.220, lo que supone un aumento de 4.299 personas respecto a diciembre, según datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de enero en la Región fue del 3,01 por ciento respecto al mes de diciembre. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 14.093, un 10,59 por ciento más.

   El paro en enero se incrementó en todas las comunidades autónomas respecto a diciembre. En el caso de la Región de Murcia, el crecimiento relativo supone el tercer menor aumento por comunidades, sólo superior al de Baleares con 0,86 por ciento y Extremadura (2,46 por ciento).

   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 74.830 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 72.390 personas.

   Por sectores, el paro subió en Servicios en 3.179 personas, en Industria en 449 personas, en Construcción en 354 personas, en el Colectivo sin empleo anterior en 182 personas, y en Agricultura en 135 personas.

   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante enero se situó en 23.310 personas, lo que supone un aumento de 469 personas respecto a diciembre (2,05 por ciento).

   Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros subió en 484 personas (2,12 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 19.205 son extracomunitarios y 4.105 pertenecen a países de la UE.

   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia fue Servicios (11.069), seguido de Construcción (4.426), Agricultura (3.848), el colectivo Sin Empleo Anterior (2.185) e Industria (1.782).

Murcia, una de las nueve regiones que no podrían liquidar su deuda con las farmacias en 2012

MADRID.- La Comunitat Valenciana, Cataluña y Murcia han aprobado presupuestos considerados insuficientes para liquidar su deuda con las oficinas de farmacia en 2012, pero desde el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), adelantan que este problema afectará probablemente también a Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid y Navarra.

   No obstante, la solución podría ser el nuevo sistema de financiación de la deuda propuesto por el Ejecutivo y que se llevaría a cabo con los avales del Gobierno y líneas de crédito del ICO.

   Por otra parte, el organismo pone de manifiesto que en la mayor parte de las comunidades autónomas se aplica la prescripción por precio menor, ya sea marca o principio activo, y en la mayoría de ellas también se permite al médico prescribir directamente medicamentos de marca, siempre por razones terapéuticas justificadas.

   En cuanto a los resultados obtenidos en la contención del gasto en uno u otro sistema de prescripción, aunque todavía es pronto para hacer una valoración, parece que la prescripción por principio activo no supera a la prescripción de los medicamentos de precio menor, ya sean marcas o genéricos.

   No obstante, el sistema de prescripción no es el único elemento de reducción del gasto, ya que "tienen también mucha importancia" los descuentos del 4, el 7 y el 15 por ciento que afectan a los medicamentos no incluidos en precios de referencia.

   En su opinión, el gasto en el mes de diciembre muestra el fuerte impacto de los nuevos precios que impone el Real Decreto Ley 9/2011 cuya aplicación se produjo en el mes de noviembre. En este sentido, recuerdan que los datos de mercado descienden un 8,78 por ciento a fin de año, siendo el segundo año consecutivo en que se produce un descenso, aunque las recetas aumentan un 1,62 por ciento y se cierra el ejercicio con una cifra total de 973,6 millones de recetas.

   "Desde principios de 2012 serán evidentes los descensos por la entrada en vigor del Decreto Ley, cuyas consecuencias sobre el gasto pueden ser muy pronunciadas, aunque más por la reducción en los precios que por las otras medidas contenidas en esta norma", explican.

   En cuanto a las previsiones a corto plazo, FEFE señala que todo indica que en enero el descenso será muy similar al de diciembre, porque ya estarán en vigor la mayor parte de las medidas del RDL 9/2011 y que en los próximos meses se continuará profundizando en el descenso del gasto, bien sea por la aplicación de nuevos precios  --abril de 2012--, o por la extensión de la prescripción por principio activo.

   En cuanto a las previsiones del número de recetas, si continúa el crecimiento actual, afirman que puede alcanzar en menos de año y medio la cifra de 1.000 millones de recetas.

Marlaska archiva la investigación sobre la contratación del Yak-42 contra el criterio del fiscal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado la investigación que instruía contra la cúpula militar del exministro de Defensa, el cartagenero Federico Trillo sobre las irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares que regresaban de una misión en Afganistán. 

  El magistrado, que ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, reconoce en un auto hecho público este jueves "la gravedad de los hechos" investigados pero especifica que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuye a la "falta de preparación" de la tripulación.

   Tras apuntar que en la Audiencia Nacional sólo se ha investigado la presunta actividad delictiva de los imputados, "nunca la de cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa", Marlaska señala que no cabe atribuir a estos "una acción concreta omitida, intencional o imprudente relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral".

   El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.

   También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.

   Tras señalar que ninguno de ellos "hubiese podido evitar el resultado" del vuelo siniestrado, el juez concluye que la causa del accidente no fue la adjudicación de esta operación a Namsa, su posterior subcontratación al broker Chapman Freeborn, "avalado por 30 años de experiencia en la aviación y en concreto en servicios en la zona",  ni la atribución del vuelo a la compañía ucraniana UM Air, propietaria del aparato.

  "La problemática del movimiento de tropas y su avituallamiento, encuadrado en el ámbito de la OTAN no puede estimarse generador de un riesgo añadido al que de por sí ya lleva cualquier operación militar en un escenario conflictivo", argumenta.

  En relación con las causas del desastre aéreo, el auto recoge las conclusiones del informe pericial elaborado por la Comisión Internacional de Investigación que analizó el siniestro para sostener que "no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave" las que lo provocaron sino "la preparación concreta de la tripulación".

  El magistrado indica, de hecho, que el avión se encontraba "en perfectas condiciones técnicas" y había pasado todos los controles de mantenimiento. "Era apto para volar", agrega antes de añadir que "disponía de combustible suficiente".

   En cuanto a la capacidad de los tripulantes, Marlaska refleja en el auto que estos "no habían recibido entrenamientos adecuados" y adolecían de "coordinación e ideas".

  "No consta que ninguno de los pilotos hubiera aterrizado previamente en el aeropuerto de Trabzon, caracterizado por una orografía montañosa", destaca el juez para añadir a continuación que carecían de "programas de formación" y se encontraba en una situación de "estrés y cansancio" que les llevó a perder la situación espacial.

   El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. El tribunal condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas. Las penas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Golpe moral

El presidente de la Asociación de Familiares del Accidente del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha calificado de "golpe moral" y "jarro de agua fría" el archivo de la causa judicial que se seguía en la Audiencia Nacional por la contratación del aparato, y ha anunciado que los allegados recurrirán el auto del juez Fernando Grande-Marlaska "con todas las fuerzas".
    Sencianes se ha preguntado cómo el juez ha decretado el sobreseimiento de la causa, en la que estaban imputados seis miembros de la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo, si la Fiscalía apuntaba en su informe que todos ellos habían incurrido en "una conducta omisiva en la contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del aparato".
   "Vamos a luchar por la memoria de los nuestros porque murieron inútilmente, su muerte era evitable", ha señalado Sencianes antes de mostrarse "absolutamente convencido" de que los altos mandos militares tenían "dominio pleno" para haber podido evitar el accidente.
   Tras recordar que Grande-Marlaska también archivó la causa por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos y la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla, el portavoz de la asociación de familiares de las víctimas ha indicado su intención de "continuar luchando para que prevalezca la verdad y la honestidad".
   En este contexto, ha recordado que antes de que se produjera el accidente los militares denunciaron su "miedo a volar" en un aparato que calificaron de "tartana o chatarra", en el que "la carga no iba anclada o los pilotos bebían vodka durante el vuelo".

"Ese aparato nunca debió volar", ha concluido.

Alerta hoy por la ola de frío en toda España

MADRID.- Un total de 32 provincias estarán hoy jueves en alerta amarilla (riesgo) por bajas temperaturas, viento y nieve como consecuencia de la ola de frío siberiano que entrará este miércoles por el nordeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las provincias más orientales de Andalucía están en alerta amarilla por nieve, que podría acumular hasta 3 centímetros. En la misma situación se encuentran Murcia, Valencia y Alicante. Por su parte, en Baleares se encuentran en alerta naranja en Mallorca y Menorca por vientos costeros. Además, en el norte de Mallorca podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve.

   Ante esta situación, la Aemet ha señalado que se la cota de nieve ha bajado a entre 0 y 500 metros en la mitad norte peninsular y entre 500 y 1200 metros en la mitad sur y en Baleares.

Además, la cordillera cantábrica, Pirineos y la costa de Gerona, Mallorca y Menorca, estarán en alerta naranja por nevadas y vientos costeros.

   Así, la Aemet destaca que los cielos estarán nubosos en toda la Península, al igual que en Baleares y Canarias, con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y ocasionalmente con tormentas en la costa mediterránea.

   En cuanto a las temperaturas, sufrirán una notable caída que se acentuará como consecuencia de los vientos que, se espera, traiga también la ola de frío, según ha señalado la agencia. Así, las temperaturas mínimas llegarán a los -11ºC en el Pirineo, mientras que en el resto de la mitad norte de la Península se moverán entre los -6ºC y los -4ºC. Además, la costa gallega y la catalana sufrirán fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

   Esta ola de frío permanecerá en España hasta el sábado, mientras que el domingo la situación "tenderá a relajarse", aunque, según ha señalado el portavoz de la Aemet, Ángel Rivera, "está por ver" si la semana que viene se restablece el anticiclón o hay una segunda entrada de aire frío.

De las peores olas de frío desde 1950

   Esta ola de frío se produce aproximadamente una vez entre siete u ocho años y, de hecho, "esta podría ser de las cuatro más frías desde 1950", según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

   Así, el portavoz de la AEMET, Ángel Rivera, ha explicado que esta situación "no es desconocida en invierno", pero ha añadido que, en este caso, además de las bajas temperaturas, la sensación térmica será de "aún más frío" debido a los vientos del nordeste de entre 30 y 40 kilómetros por hora y de hasta 70 u 80 kilómetros por hora en el cuadrante nordeste y Baleares.

   En este contexto, ha precisado que el temporal consiste en un anticiclón que se extiende por el norte de Europa con un eje inclinado nordeste-suroeste y que lleva un borrasca fría al sur en torno al Mediterráneo y sur de Europa. Esto implicará una descarga de viento del nordeste que arrastra masas de aire que proceden de Rusia o el interior de Europa y, a veces, de la propia Siberia.

Murcia está entre las CC.AA. más perjudicadas por recortes sanitarios y privatización

MADRID.-   La Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid y Cataluña son las autonomías más perjudicadas, hasta el momento, por los recortes en sanidad y los procesos de privatización que se están llevando a cabo en este servicio público. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que alerta de que en marzo podría darse "una segunda fase de recortes".

   Según este informe, presentado este miércoles por el portavoz de la FADSP, el doctor Marciano Sánchez Bayle, los recortes de presupuesto y personal, la limitación de servicios o los intentos de implantar tasas o copagos en sanidad se están realizando de forma generalizada en España. Sin embargo, en algunas comunidades estás medidas están siendo especialmente duras.

   Es el caso de la Comunidad Valenciana, que encabeza la lista de las autonomías más perjudicadas por recortes y privatización. Según la FADSP, Valencia destaca por ser la que menos presupuesto sanitario por habitante tiene para este año, unos 974 euros frente a los cerca de 1.122 euros con los que contaba en 2010.

   "La reducción de presupuestos en Valencia es especialmente preocupante, porque ya partía de un presupuesto muy bajo el año anterior y una deuda muy importante", ha señalado Sánchez Bayle.

   Las otras dos autonomías que han sufrido los mayores recortes presupuestarios en salud han sido Cataluña --con 1,128 euros por habitante para 2012 frente a los casi 1.230 de 2011-- y Murcia, con 1.219 euros para este año frente a los 1.346 del año anterior.

   También la Comunidad Valenciana destaca en los recortes de personal en el último año. Es una de las autonomías, junto a Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha, donde se estudia la posibilidad de aumentar en 2,5 horas el horario de los trabajadores del sistema sanitario público.

   Asimismo, Valencia está en la lista de autonomías --junto a Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia, Canarias, La Rioja y Galicia-- que están reduciendo las plantillas en centros y hospitales disminuyendo  las interinidades y los contratos eventuales.

   En el capítulo de cierre de centros, plantas o quirófanos y en la disminución de las guardias destaca el caso de Cataluña, donde estos recortes han sido más generalizados, según este estudio. Sin embargo, también han cerrado quirófanos en horario de tarde Valencia, Canarias y Galicia.

   Es precisamente Galicia la autonomía donde más se han recortado las prestaciones sanitarias, pues además de cerrar quirófanos en determinados horarios, han reducido las guardias, el servicio de ambulancias y la atención radiológica.

   A esto se suma la decisión de las autoridades gallegas de no dar la tarjeta sanitaria a las personas que no lleven seis meses empadronados en esa comunidad. "En esta autonomía --detalla el informe-- se ha llegado a retirar el derecho a prestación sanitaria a personas que pierden este derecho por paro prolongado".

   En relación con la privatización de servicios sanitarios, un caso sobresaliente es el de Canarias, donde, según el estudio, "el 40 por ciento de las camas son privadas y atienden al 37 por ciento de los procesos agudos financiados públicamente". Sin embargo, también hay experiencias en marcha en este sentido en Galicia, Valencia, Murcia, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Según el portavoz de la FADSP, aunque estos recortes y procesos de privatización o implantación de nuevas tasas son relativamente recientes, comienzan a verse ya sus primeras consecuencias.

   En este sentido ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde 25.000 nuevos pacientes han entrado a engrosar las listas de espera tras las últimas medidas de la Generalitat. Otra muestra es Canarias, añade, donde el cierre de quirófanos de tarde ha incorporado a 7.500 pacientes más en lista de espera.

   A su juicio, con estas medidas se está buscando "hacer insostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ya que las privatizaciones aumentarán los gastos, las restricciones de personal sobrecargarán a los profesionales de sanidad y empeorarán en servicio y la introducción de copagos y tasas supondrán "una barrera importante para gran parte de la población, sobre todo a los pensionistas".

   La otra cara de la moneda está representada por las autonomías de País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, que han salido "mejor paradas" de los recortes en sanidad que se han realizado en todo el país. No obstante, Sánchez Bayle advierte de que ésta es sólo "la primera fase de recortes en sanidad" y que "es probable que se produzca una segunda en marzo", cuando se presenten los presupuestos generales.

Los Municipios Ribereños del Tajo consideran "lamentable" que Arias Cañete no ponga fin a los trasvases

GUADALAJARA.- El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños a los embalses de Entrepeñas y Buendía, Antonio Luengo, ha calificado como "lamentable" que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, considere que "unidad de cuenca y trasvases no son incompatibles".

   De este modo ha valorado Luengo las manifestaciones realizadas por Arias Cañete en su primera intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.

   Antonio Luengo ha acusado al ministro de "no haberse dado cuenta" de que existe un borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo que impide dichos trasvases.

   Según ha explicado el presidente de los Municipios Ribereños "científica y técnicamente el agua del Tajo se está agotando y es imposible seguir trasvasando agua y, desde luego, no se puede seguir con la idea de que la cuenca del Tajo es excedentaria porque no lo es, ni por asomo", ha dicho el presidente de los municipios ribereños.

   Es por ello que ha apelado a esos datos técnicos para oponerse a las derivaciones de agua desde el Tajo "porque los números hidrológicos son tenaces y sabemos que en un corto plazo la cabecera del Tajo no puede sostener más trasvases ya se va a agotar y entonces no habrá nada que hacer".

   Según Luengo, "será en ese momento cuando necesariamente habría que tomar medidas drásticas que habiéndolas tomado ahora podrían solucionar la situación", medidas que, a su juicio, pasan por poner en marcha medidas alternativas para regar en Levante y asegurar en la cabecera del Tajo una lámina estable de agua, "que sirva para seguir manteniendo un poco de vitalidad en la zona".

Postura ecologista

Las organizaciones ecologistas han mostrado su preocupación sobre el futuro de la gestión del agua tras la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y le han pedido que no vuelva a poner sobre la mesa planes de trasvases.
   Así, WWF/Adena se ha mostrado conforme con la necesidad de "un acuerdo a nivel estatal" sobre el Plan Hidrológico al que, además, obliga actualmente la legislación europea, pero ha advertido al ministro que "este pacto no pasa por los trasvases" que "no se tolerarán de ninguna manera".
   El secretario general de la organización, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que se da "un euro para los trasvases" se estaría incumpliendo la directiva marco del agua que dice que los trasvases entre cuencas sólo se realizan en el último caso o en el último extremo cuando no haya otra posibilidad, pero "en principio no se admite" por lo que con lo anunciado por Arias Cañete "se está abundando en el incumplimiento de la directiva marco del agua".
   Por su parte, Ecologistas en Acción ha señalado que el anuncio de un nuevo Plan Hidrológico Nacional hace "temer" que vuelvan los proyectos de trasvases al país que, a su juicio, "no sólo serán inviables financieramente", sino también "en cuanto a la disponibilidad del propio recurso". En este sentido, la organización ecologista ha indicado que "a causa del cambio climático se está reduciendo fuertemente la disponibilidad de agua en todas las cuencas".

La Plataforma en Defensa del Ebro le recuerda a Cañete que "tiene un problema"

TARRAGONA.- La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) le ha recordado este miércoles al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "tiene un problema" con las reclamaciones de trasvases de agua desde el Tajo y el Ebro, porque no podrá contentar a todas las comunidades autónomas.

   La portavoz de la PDE Susanna Abella ha especificado que, si bien en el pasado los trasvases se contemplaban para favorecer a los gobiernos autonómicos del PP en Valencia y Murcia, ahora no será posible seguir planteándolos así con la aquiescencia de Aragón y Castilla-La Mancha.

   "El agua es una herramienta política cuando realmente no debería serlo", ha señalado Abella, que ha acusado a los políticos de ser poco responsables en el abordaje de este tema.

   La plataforma ha salido así al paso de las declaraciones de Cañete, quien este miércoles ha anunciado que el Gobierno aprobará un nuevo plan hidrológico nacional "solidario", y ha aprovechado para recordarle al ministro que lo primero que debe hacer es fijar los cauces ambientales de todos los ríos españoles.

   Abella ha recordado que España lleva más de un año de retraso respecto a la directiva marco de la Unión Europea (UE), que insta a los estados a elaborar planes de cuenca para cada río y a fijar sus respectivos cauces ecológicos.

   Por ello, ha considerado que antes de plantear un nuevo plan hidrológico se deben de elaborar los planes de cuenca, en línea con los requerimientos europeos.

   La plataforma ha recordado que la directiva europea se opone a los trasvases entre cuencas, y ha vaticinado que ríos españoles sobre los que existen reclamaciones para trasvasar agua como el Tajo y el Ebro en realidad no cumplen con los requerimientos ambientales.

Desempolvar las pancartas

El diputado de La izquierda de Aragón al Congreso, Chesús Yuste (CHA), ha afirmado que el Gobierno de España planea el trasvase del río Ebro y ha animado a los aragoneses a desempolvar "las pancartas".
    Chesús Yuste ha aseverado que "por fin Arias Cañete ha enseñado sus cartas, se ha quitado la careta después de estar mareando la perdiz varios meses" y la conclusión es, según Yuste, que el Ejecutivo central impulsará un nuevo trasvase del Ebro.
   Romper la unidad de cuenca es "una barbaridad ecológica", ha proseguido el parlamentario de IU-CHA, quien ha manifestado la indignación de La izquierda de Aragón y ha emplazado a los aragoneses a "hacer frente a un proyecto de trasvase del Ebro que va a impulsar el PP de Mariano Rajoy".
   Chesús Yuste ha confiado en que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, "y quienes le apoyan se levanten también en pie frente a la amenaza trasvasista" en alusión al PAR.

Valcárcel intenta a toda costa cerrar San Javier para poder abrir Corvera ahora o nunca

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, destacó este miércoles que "no hay ninguna pega en absoluto, sino la más grande de las voluntades para que, ciertamente, se puedan cumplir los plazos y calendarios previstos para que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia esté operativo en la antesala del verano".

   Valcárcel realizó estas declaraciones esta noche tras la reunión mantenida esta tarde en Madrid con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, un encuentro que Valcárcel calificó como "muy interesante y positivo,  "en tanto que vemos cómo se van despejando incógnitas y dando pasos en el sentido de poner en valor el Aeropuerto Internacional de la Región".

   En concreto, el jefe del Ejecutivo regional explicó que, en la fase actual, se está trabajando en "ultimar la definición del espacio aéreo", tras lo que, destacó, se iniciarían "de forma inmediata" los denominados 'vuelos de calibración', según han informado fuentes del Ejecutivo murciano en comunicado de prensa.

   A preguntas de los periodistas, el presidente resaltó que este aeródromo, en referencia a San Javier, "está muy consolidado", y añadió que su amplitud "viene definida por su número de pilotos y de alumnos, ya que la Academia General del Aire está dando el cien por cien de todas sus posibilidades, con lo cual no está en relación con que haya o no más vuelos civiles".

   Precisamente, señaló el presidente, "ese carácter prioritario de la aviación militar sobre la civil es la que no ha generado nunca merma alguna en cuanto al aprendizaje y las frecuencias, es decir, en cuanto a la utilización normal de una academia de estas características, que está perfectamente definida, a uso completo".

La empresa familiar murciana describe un panorama económico catástrofico

MURCIA.- Los resultados que arrojan el sexto barómetro del Observatorio permanente de la Empresa Familiar, correspondiente al segundo semestre de 2011, son "negativos", ya que las expectativas que se desprenden del mismo "no son ni mucho menos positivas", ha indicado su presidente José María Albarracín.

   Según los datos recogidos en este informe --que provienen de la opinión de 58 empresas familiares representativas de tejido empresarial murciano--, el 84 por ciento de las empresas considera que la situación de la economía española ha empeorado, y el 82 por ciento de ellas también lo entienden, de igual modo, para el caso de la economía murciana, ha expuesto el coordinador del estudio, Daniel Jiménez.

   Según Jiménez, "se percibe que el ritmo de destrucción de la actividad va a ir disminuyendo, por lo que se inclinan a pensar que la economía en los próximos seis meses se estancará pero no decrecerá en su conjunto".

Se constata que por primera vez en los seis baremos que se han presentado hasta la fecha --en los últimos tres años-- se habla de "reducción de empleo importante" hasta el máximo de que "hay menos trabajadores en más de la mitad de las empresas familiares".

   La crisis empresarial ha afectado, según los datos de este 6º Barómetro, a la cifra de negocio (35,1 por ciento), al número de trabajadores (28,1 por ciento), a los precios de venta (56,1 por ciento), a las inversiones (28,1 por ciento) y a las exportaciones (20,0 por ciento).

   El resumen de estos datos viene recogido por el Indicador de Confianza Empresarial, que baja en más de 8 puntos situándose en los -22,2 puntos, siendo las perspectivas futuras "no especialmente halagüeñas".

   El principal freno de los negocios familiares ha sido la caída de la demanda (81 por ciento), seguido de los problemas de financiación (40 por ciento) y de la intensidad competitiva (39 por ciento).

   Desde la perspectiva empresarial se están adoptando acciones que pueden contribuir a que éstas mejoren su capacidad de supervivencia y puedan salir de la crisis, especialmente estrategias basadas en costes (50,9 por ciento), calidad (15,8 por ciento), servicio al cliente (10,5 por ciento) e innovación (8,8 por ciento).

   En cuanto a las mayores preocupaciones de los empresarios para los próximos seis meses, sobresalen las relacionadas con las fuentes de financiación y el poder captar fondos (más del 56 por ciento de las empresas), seguida de la caída del consumo y la demanda (27 por ciento) o el mercado laboral y sus reformas (22,7 por ciento).

   En lo concerniente a las medidas necesarias para salir de la crisis, tres de ellas sobresalen sobre el resto: el restablecimiento del crédito, la reforma laboral y la reducción del déficit público.

   Además consideran que no es menos importante hacerse eco de un conjunto de medidas que contribuirían a favorecer la competitividad de las empresas, a través de programas de actuación concretos, en materias como son la formación profesional, en idiomas, en nuevas tecnologías, la I+D+i o la internacionalización de las empresas.

   En este sentido, se ha puesto de manifiesto que "hay poca demanda y el descenso del consumo ha llevado a que no haya demanda y sin demanda no puede haber crecimiento; unido esto a las posibilidades de obtener financiación, que siguen estando muy reducidas, y la intensidad competitiva y otros factores, que engloba la economía sumergida y las guerras de precios, haciendo que este factor de competencia sea un problema a la hora de crecer".

La creación de empresas familiares son "insignificantes", ha subrayado Albarracín, quien ha puesto de manifiesto la destrucción de empleo "ha acarreado la destrucción de empresas familiares". "Ha comenzado el cierre de empresas, que han causado el desempleo", ha sostenido.

   Asimismo, ha considerado que las administraciones públicas "no pueden seguir teniendo duplicidades", un escenario que ha trasladado al ámbito regional exigiendo "facilitar la creación de nuevas empresas y la incorporación de nuevos emprendedores".

   Por su parte, el director de la Cátedra de la Empresa Familiar, Juan Monreal, ha dejado claro que si no se reforma el modelo del sistema productivo que hay en España "será una cantinela que vamos a continuar oyendo".

   Aunque aplaude la reforma tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo, ha pedido que "no se deje a parte lo más duro y estructural que tiene nuestra economía y que está explicando las tasas de desempleo, que es nuestra productividad".

   A esta crítica se ha unido Albarracín, al recordar que "desde hace más de un año se vienen demandando estas reformas, y si el mes de diciembre el objetivo prioritario del Gobierno central era que en 20 días de plazo tenía que estar concluida la reforma laboral, ya llevamos dos prórrogas y ahora se vuelve a dar una tercera hasta la semana que viene".

   En cuanto a la reforma del sistema financiero, espera que este viernes "se pueda presentar algo, ya que afectará a la financiación de las empresas y a la de las empresas familiares". "Si el sistema financiero no se reforma y no vuelve a fluir el crédito difícilmente podamos tener una mejora en el indicador que se presenta".

   El director del INFO, Juan Hernández, ha destacado que el 85 por ciento de las empresas que hay en la Región son "de base familiar, lo que da cohesión social y económica". En este sentido, ha expresado su confianza en que las medidas que se reivindican desde el ámbito empresarial "se pongan en marcha en breve" tal y como ha anunciado el Ejecutivo de la nación.

   Para concluir, María Isabel Sánchez-Mora, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia (UMU), ha resaltado la necesidad de "sensibilizar, ya que de no ser así no salimos adelante".

Pujante (IU-Verdes) acusa al Gobierno regional de pasar de ser "un experto en despilfarrar" a "un mal pagador"

MURCIA.-   El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que al Gobierno autonómico "ha sido un experto en despilfarrar alegremente el dinero público para convertirse en un mal pagador a las empresas que proveen de bienes y servicios a la Comunidad".

   Pujante ha indicado que "los impagos del Gobierno regional a sus proveedores ponen en riesgo la continuidad de muchas empresas y el empleo de miles de trabajadores", y ha reprochado al PP que "echase balones fuera y no tomase medidas para evitar esta precaria situación".

   Además, ha insistido en que "si el Gobierno de la Nación paga lo que debe a la Comunidad -en referencia a los atrasos del Fondo de Convergencia y la deuda histórica- se podría afrontar gran parte de esos pagos y los problemas socieconómicos de la Región de Murcia".

La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) ha denunciado públicamente este miércoles que el plan de pagos de la Consejería de Economía y Hacienda para salvar la deuda que mantiene con los proveedores "no se está cumpliendo con la previsión que se había acordado".

   Así lo ha manifestado el presidente de dicha asociación, José María Albarracín, quien ha explicado que tras llegar a un acuerdo la Comunidad con las empresas familiares de que "todos los acreedores con facturas reconocidas inferiores a 120.000 euros iban a cobrar de inmediato" a fecha de hoy "prácticamente ninguno de los empresarios con estas facturas, por no decir cero en absoluto, ha cobrado ni un solo euro".

  Albarracín ha recordado que "se hablaba de que representaba más del 50 por ciento de la deuda global de la Comunidad".

   Por ello, ha anunciado que exigirán al nuevo consejero de Economía Juan Bernal, con el que esperan reunirse a principios de la próxima semana, el cumplimiento de este plan de pagos, porque "si se ha llegado a un acuerdo, se ha publicado y se ha dicho qué fórmula se iba a seguir, pues hay que seguirla".

   "Lo que no pueden es estar modificando permanentemente lo que le están diciendo a los empresarios", ha reprobado Albarracín, quien ha lamentado que los empresarios están viéndose "incapaces e indefensos para poder afrontar sus actividades económica y empresarial, ya que no saben a qué acogerse con los cambios que se están produciendo en la Administración con respecto a este plan de pagos".

   Y es que, ha advertido, "sin acceso a la financiación se duplica la dificultad económica de las empresas y de las empresas familiares en particular".

   Una situación que ha calificado de "negativa" para el tejido productivo empresarial de Murcia y para la empresa familiar".

La jueza de lo Mercantil aprueba el segundo ERE del aeropuerto de Ciudad Real

CIUDAD REAL.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil número 4 ha aprobado el segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del aeropuerto de Ciudad Real, que afectará a 72 de los 74 trabajadores que quedan en la infraestructura.

   Según han informado fuentes del sindicato CCOO, mayoritario en el Comité de Empresa, el presidente de este órgano, Jorge Acosta, ha recogido este miércoles la documentación del ERE, que ratifica todas las condiciones que expusieron los administradores concursales cuando lo solicitaron.

   Así, el ERE, del que solo se salvarán el director del aeropuerto y una persona de Recursos Humanos, se aplicará durante 15 meses a partir del 15 de febrero y su puesta en práctica será escalonada en el tiempo, acomodándolo al cierre de las instalaciones durante un año, también pedida por los administradores concursales y aprobada por la juez.

   En la resolución judicial, según han explicado las fuentes consultadas, se da un plazo para el periodo de negociaciones del ERE de 20 días, que debería empezar este mismo 1 de febrero, según los sindicatos.

   Los sindicatos, por otro lado, han registrado un escrito en el que se pide que el período de la negociación de las condiciones del expediente sea de 30 días y que se reduzca su extensión de 15 a 12 meses, dado que, de no ser así, se perjudicarian derechos de trabajadores a la hora de completar sus prestaciones por desempleo.

   El aeropuerto de Ciudad Real, en concurso de acreedores desde junio de 2010, ya vivió un ERE de un año durante el pasado 2011, en el que se vieron afectados la mayoría de los trabajadores con suspensión de empleo de 6 meses y reducción de jornada y salarios en un 15 por ciento.

Arias Cañete reestructurará el sector agroalimentario

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado en el Congreso de los Diputados una batería de 40 medidas para acometer una reestructuración del sistema agroalimentario español, entre las que se encuentra el impulso a la integración de las explotaciones agrarias en cooperativas u otras organizaciones "con dimensión".

   Arias Cañete afirmó que trabajará con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un proyecto de Ley que facilite la integración de las capacidades productivas, comerciales e industriales de las explotaciones, a fin de "fortalecer" al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria.

   Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, subrayó que trabajará especialmente en el ámbito de la producción, sobre el que pesa la "seria amenaza" de abandono de la actividad por la caída de la renta agraria y el aumento de los costes de producción.

   Así, avanzó que el Gobierno favorecerá la concentración de la oferta y reducirá las cargas administrativas que sufren actualmente agricultores y ganaderos, así como las que conllevan la implantación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito rural.

   El aumento de la dimensión de las explotaciones también se buscará mediante el fomento de la "liberación de tierras, favoreciendo la titularidad por fórmulas asociativas y estableciendo normas sobre la dimensión de nuevas explotaciones". El ministro apuntó que fomentará la incorporación de los jóvenes a la actividad para favorecer el relevo generacional.

   Arias Cañete afirmó que el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria sobre el que ya trabaja su Ministerio es "más ambicioso" que el iniciado por el anterior Gobierno. El objetivo de la nueva norma se centrará en lograr un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, "evitando prácticas que favoreciendo a una parte, vayan en detrimento del conjunto".

   Asimismo, anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Defensa de la Alimentación Española y la potenciación del Observatorio de Precios para que "además de observar, pueda desarrollar una actitud proactiva en la corrección de las disfunciones que se detecten". También destacó que se potenciará la consolidación de las organizaciones interprofesionales.

   De otro lado, el ministro propuso la creación de un Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional, como "fuente de información básica" para el funcionamiento del sistema, con la participación de productores, industria y distribución. Para su configuración, desarrollará un proceso electoral de ámbito nacional que fije la representatividad de las organizaciones del sector.

   En materia de pesca, Arias Cañete anunció una ordenación "definitiva del caladero nacional", con la "autorregulación" del sector "siempre que sea posible", y una modificación de la estructura de la administración pesquera.

   El ministro apostó por aprovechar la reforma de la Política Pesquera Común para "afianzar" la posición de "liderazgo" del sector a largo plazo, con "medidas apropiadas, la explotación sostenible de los recursos y, todo ello, superando visiones anticuadas".

Los inversores en cuotas participativas de la CAM pueden perderlo todo

MADRID/ALICANTE.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a los inversores en cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que perderán toda su inversión si el emisor les da un valor cero, según advirtió el presidente del organismo supervisor, Julio Segura, tras la presentación del 'Plan de Actividades de la CNMV 2012'.

   Segura explicó que la solución la tiene que dar el emisor y que si éste considera que el valor de las cuotas participativas es cero, esto "quiere decir que quien haya invertido perderá todo".

   En este sentido, el presidente de la CNMV recordó que el pasado mes de enero el organismo suspendió cautelarmente la cotización de las cuotas participativas de la CAM tras la adjudicación de la caja alicantina al Banco Sabadell, lo que provocó que "su valor probable tras el cierre sea cero".

   Segura explicó que esta decisión se produjo tras la publicación por parte de la entidad catalana de "su deseo de amortizar la emisión de cuotas participativas diciendo que su valor probable es nulo". Por lo tanto, el presidente de la CNMV concluyó que "no tiene sentido" levantar la cotización de las cuotas cuando el emisor "considera que valen cero".

   Por otro lado, respecto a las presuntas irregularidades cometidas por las auditoras en la elaboración de cuentas de la CAM y del Banco de Valencia, Segura afirmó que el organismo que preside "no tiene competencia" sobre estas empresas, ya que ésta corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).

Manifestación

Alrededor de un centenar de personas afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de Caja Mediterráneo (CAM) han participado este miércoles por la tarde en una asamblea, en la que han acordado realizar una manifestación de protesta el próximo 10 de febrero en Alicante, según ha informado el representante de la Plataforma CAM, Carlos Ecos.
   La reunión, celebrada en el salón de actos de CCOO en Alicante, ha permitido conocer de primera mano la situación de alrededor de un centenar de clientes, la mayoría de ellos personas de edad avanzada, a los que la Plataforma CAM considera que les "engañaron con la compra de valores".
   Los participantes han acordado celebrar una manifestación el próximo 10 de febrero, que partirá a las doce del mediodía desde la sede central de CAM en Alicante, y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar ante la sede del Banco de España, en la Rambla Méndez Núñez.
   La Plataforma CAM ha aprovechado la reunión para continuar con la recogida de poderes notariales con los que este colectivo reclamará el embargo de las cuentas de los afectados, con el fin de "retener judicialmente el dinero en las cuentas y evitar que se esfume a partir de marzo".
    Así mismo, la Plataforma CAM ha decidido apoyar la protesta convocada igualmente por otro colectivo de afectados por estos productos, Adicae, que llevará a cabo actos los días 25 de febrero y 3 de marzo.
   Carlos Ecos además ha adelantado que el próximo 8 de febrero volverán a mantener una asamblea de las mismas características, esta vez en el salón de actos de UGT en Alicante, para continuar con la recogida de poderes.
   El pasado 26 de enero, la Plataforma CAM presentó una demanda penal ante la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la CAM en nombre de cerca de 150 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada.
   Los afectados, representados por el abogado Diego de Ramón, además han solicitado incorporarse como perjudicados a la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.
   El Banco de España intervino la CAM el pasado mes de julio y puso la gestión en manos de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras detectar que en marzo de 2011 se habían comunicado unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   El pasado mes de diciembre el Banco de España adjudicó la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que cuenta con una o varias ampliaciones de capital por importe de 5.249 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El Gobierno revisará los impuestos que pagan las familias españolas

MADRID.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado ante la Comisión del ramo en el Congreso que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.

   En la que es su primera intervención como ministra ante la Cámara Baja, Mato ha expresado esta "intención" del Gobierno y ha afirmado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ya "se ha comprometido" con este aumento de los mínimos que no tributan.

   "La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada", ha señalado la ministra, para anunciar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que ha definido como "un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar".

   El citado plan contempla una reforma del Consejo Estatal de Familias, "como órgano de coordinación administrativa" y "principal foro de debate" sobre este asunto, además de medidas de conciliación y "reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial", el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; "acciones específicas" para familias numerosas e iniciativas de "protección a las madres, especialmente las jóvenes", en situación de dificultad.

   Preguntada por la portavoz del Grupo Socialista, Soledad Pérez, sobre a qué modelo se refiere cuando habla de "la familia", Mato ha asegurado que es un plan para "todas". "No voy a entrar en temas ideológicos porque en temas de familia no se le puede dar lecciones a nadie, ya que cada una es un mundo, y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a todos los mundos familiares", ha señalado.

   La ministra, que comparecerá el 9 de febrero ante la Comisión de Igualdad, ha avanzado no obstante la principal medida de su departamento en materia de violencia machista y es la creación de "un Plan Personalizado contra la Violencia de Género" para "proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada".

   Según ha dicho, el objetivo es "lograr una mayor cercanía" así como mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social, prevención, gestión del riesgo y asistencia de las mujeres que dan el paso para salir de esta situación. "La primera tarea del ministerio será la de estar permanentemente vigilante en relación a la violencia ejercida contra las mujeres, el más cruel exponente de la falta de igualdad en una sociedad", ha apuntado.

   Asimismo, la ministra ha anunciado su intención de "actualizar y agilizar los procedimientos" de adopción y acogimiento, acometiendo "una profunda reforma del sistema español de protección de menores" que actualmente tiene bajo su guarda o tutela un total de 30.879 jóvenes con una legislación que data de 1996.

   Sobre este asunto ha anunciado además que elaborará un "Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015" con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil.

   La ministra ha vinculado en su intervención este plan con la preocupación de "una inmensa mayoría de los españoles" por "algunos comportamientos de los adolescentes y los jóvenes" y ha confirmado que reformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y planteará "los cumplimientos íntegros de las penas y la privación de libertad" en los delitos de abusos y violencia ejercidos por adultos sobre menores de edad.

   Mato también se ha referido a la juventud en su discurso y se ha comprometido a impulsar "un plan estratégico de emancipación juvenil" que en colaboración con el Ministerio de Fomento establecerá programas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha dicho que convocará la Comisión Interministerial de Juventud y que dará "prioridad absoluta" a programas específicos para fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento. En este ámbito, ha señalado, se organizará "el I Encuentro Mundial de empleo y oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño".

   La ministra también se ha referido a las cuestiones relativas a consumo y ha avanzado que se abordará la integración del Instituto Nacional de Consumo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se restablecerá la Conferencia Sectorial de Consumo y su órgano ejecutivo, la Comisión de Cooperación de Consumo; y se retomará la "colaboración" con la Federación Española de Municipios y Provincias.

   Asimismo, ha anunciado que se cambiarán los métodos de vigilancia para prestar "especial atención al control de las ofertas que se difunden a través de la Red" y "medidas para resolver las disfunciones" en las áreas de "telecomunicaciones, transportes, servicios bancarios y suministro de energía", los sectores, según ha dicho, "donde los usuarios reclaman más atención".

   Por otra parte, Mato ha respondido a las preguntas de los diputados de CiU, Carles Campuzano y ERC, Joan Tardá, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a Cataluña y, por ende a todas las comunidades autónomas, la capacidad de distribuir los fondos recaudados por la casilla para fines sociales que marcan los ciudadanos en la declaración de la renta, y ha señalado que buscará una nueva fórmula para "coordinar" el reparto de fondos.

   "El Ministerio respeta escrupulosamente la decisión adoptada por el Supremo, pero en todos los informes jurídicos se sigue constatando que el Ministerio juega un papel esencial en relación con las organizaciones de ámbito nacional que tienen programas de ámbito supra autonómico", ha señalado.

   Por este motivo ha apuntado que se buscará "una fórmula conjunta respetando la sentencia y las competencias de las comunidades autónomas pero también teniendo en cuenta que para las organizaciones que prestan unos programas de ámbito supra autonómico no es decisión de las comunidades autónomas el otorgamiento de los fondos", ha señalado.