jueves, 2 de febrero de 2012

Murcia está entre las CC.AA. más perjudicadas por recortes sanitarios y privatización


MADRID.-   La Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid y Cataluña son las autonomías más perjudicadas, hasta el momento, por los recortes en sanidad y los procesos de privatización que se están llevando a cabo en este servicio público. Así lo denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que alerta de que en marzo podría darse "una segunda fase de recortes".

   Según este informe, presentado este miércoles por el portavoz de la FADSP, el doctor Marciano Sánchez Bayle, los recortes de presupuesto y personal, la limitación de servicios o los intentos de implantar tasas o copagos en sanidad se están realizando de forma generalizada en España. Sin embargo, en algunas comunidades estás medidas están siendo especialmente duras.
   Es el caso de la Comunidad Valenciana, que encabeza la lista de las autonomías más perjudicadas por recortes y privatización. Según la FADSP, Valencia destaca por ser la que menos presupuesto sanitario por habitante tiene para este año, unos 974 euros frente a los cerca de 1.122 euros con los que contaba en 2010.
   "La reducción de presupuestos en Valencia es especialmente preocupante, porque ya partía de un presupuesto muy bajo el año anterior y una deuda muy importante", ha señalado Sánchez Bayle.
   Las otras dos autonomías que han sufrido los mayores recortes presupuestarios en salud han sido Cataluña --con 1,128 euros por habitante para 2012 frente a los casi 1.230 de 2011-- y Murcia, con 1.219 euros para este año frente a los 1.346 del año anterior.
   También la Comunidad Valenciana destaca en los recortes de personal en el último año. Es una de las autonomías, junto a Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha, donde se estudia la posibilidad de aumentar en 2,5 horas el horario de los trabajadores del sistema sanitario público.
   Asimismo, Valencia está en la lista de autonomías --junto a Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia, Canarias, La Rioja y Galicia-- que están reduciendo las plantillas en centros y hospitales disminuyendo  las interinidades y los contratos eventuales.
   En el capítulo de cierre de centros, plantas o quirófanos y en la disminución de las guardias destaca el caso de Cataluña, donde estos recortes han sido más generalizados, según este estudio. Sin embargo, también han cerrado quirófanos en horario de tarde Valencia, Canarias y Galicia.
   Es precisamente Galicia la autonomía donde más se han recortado las prestaciones sanitarias, pues además de cerrar quirófanos en determinados horarios, han reducido las guardias, el servicio de ambulancias y la atención radiológica.
   A esto se suma la decisión de las autoridades gallegas de no dar la tarjeta sanitaria a las personas que no lleven seis meses empadronados en esa comunidad. "En esta autonomía --detalla el informe-- se ha llegado a retirar el derecho a prestación sanitaria a personas que pierden este derecho por paro prolongado".
   En relación con la privatización de servicios sanitarios, un caso sobresaliente es el de Canarias, donde, según el estudio, "el 40 por ciento de las camas son privadas y atienden al 37 por ciento de los procesos agudos financiados públicamente". Sin embargo, también hay experiencias en marcha en este sentido en Galicia, Valencia, Murcia, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha.
   Según el portavoz de la FADSP, aunque estos recortes y procesos de privatización o implantación de nuevas tasas son relativamente recientes, comienzan a verse ya sus primeras consecuencias.
   En este sentido ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde 25.000 nuevos pacientes han entrado a engrosar las listas de espera tras las últimas medidas de la Generalitat. Otra muestra es Canarias, añade, donde el cierre de quirófanos de tarde ha incorporado a 7.500 pacientes más en lista de espera.
   A su juicio, con estas medidas se está buscando "hacer insostenible el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ya que las privatizaciones aumentarán los gastos, las restricciones de personal sobrecargarán a los profesionales de sanidad y empeorarán en servicio y la introducción de copagos y tasas supondrán "una barrera importante para gran parte de la población, sobre todo a los pensionistas".
   La otra cara de la moneda está representada por las autonomías de País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, que han salido "mejor paradas" de los recortes en sanidad que se han realizado en todo el país. No obstante, Sánchez Bayle advierte de que ésta es sólo "la primera fase de recortes en sanidad" y que "es probable que se produzca una segunda en marzo", cuando se presenten los presupuestos generales.

Los Municipios Ribereños del Tajo consideran "lamentable" que Arias Cañete no ponga fin a los trasvases

GUADALAJARA.- El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños a los embalses de Entrepeñas y Buendía, Antonio Luengo, ha calificado como "lamentable" que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, considere que "unidad de cuenca y trasvases no son incompatibles".

   De este modo ha valorado Luengo las manifestaciones realizadas por Arias Cañete en su primera intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
   Antonio Luengo ha acusado al ministro de "no haberse dado cuenta" de que existe un borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo que impide dichos trasvases.
   Según ha explicado el presidente de los Municipios Ribereños "científica y técnicamente el agua del Tajo se está agotando y es imposible seguir trasvasando agua y, desde luego, no se puede seguir con la idea de que la cuenca del Tajo es excedentaria porque no lo es, ni por asomo", ha dicho el presidente de los municipios ribereños.
   Es por ello que ha apelado a esos datos técnicos para oponerse a las derivaciones de agua desde el Tajo "porque los números hidrológicos son tenaces y sabemos que en un corto plazo la cabecera del Tajo no puede sostener más trasvases ya se va a agotar y entonces no habrá nada que hacer".
   Según Luengo, "será en ese momento cuando necesariamente habría que tomar medidas drásticas que habiéndolas tomado ahora podrían solucionar la situación", medidas que, a su juicio, pasan por poner en marcha medidas alternativas para regar en Levante y asegurar en la cabecera del Tajo una lámina estable de agua, "que sirva para seguir manteniendo un poco de vitalidad en la zona".

Postura ecologista

Las organizaciones ecologistas han mostrado su preocupación sobre el futuro de la gestión del agua tras la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y le han pedido que no vuelva a poner sobre la mesa planes de trasvases.
   Así, WWF/Adena se ha mostrado conforme con la necesidad de "un acuerdo a nivel estatal" sobre el Plan Hidrológico al que, además, obliga actualmente la legislación europea, pero ha advertido al ministro que "este pacto no pasa por los trasvases" que "no se tolerarán de ninguna manera".
   El secretario general de la organización, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que se da "un euro para los trasvases" se estaría incumpliendo la directiva marco del agua que dice que los trasvases entre cuencas sólo se realizan en el último caso o en el último extremo cuando no haya otra posibilidad, pero "en principio no se admite" por lo que con lo anunciado por Arias Cañete "se está abundando en el incumplimiento de la directiva marco del agua".
   Por su parte, Ecologistas en Acción ha señalado que el anuncio de un nuevo Plan Hidrológico Nacional hace "temer" que vuelvan los proyectos de trasvases al país que, a su juicio, "no sólo serán inviables financieramente", sino también "en cuanto a la disponibilidad del propio recurso". En este sentido, la organización ecologista ha indicado que "a causa del cambio climático se está reduciendo fuertemente la disponibilidad de agua en todas las cuencas".

La Plataforma en Defensa del Ebro le recuerda a Cañete que "tiene un problema"

TARRAGONA.- La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) le ha recordado este miércoles al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "tiene un problema" con las reclamaciones de trasvases de agua desde el Tajo y el Ebro, porque no podrá contentar a todas las comunidades autónomas.

   La portavoz de la PDE Susanna Abella ha especificado que, si bien en el pasado los trasvases se contemplaban para favorecer a los gobiernos autonómicos del PP en Valencia y Murcia, ahora no será posible seguir planteándolos así con la aquiescencia de Aragón y Castilla-La Mancha.
   "El agua es una herramienta política cuando realmente no debería serlo", ha señalado Abella, que ha acusado a los políticos de ser poco responsables en el abordaje de este tema.
   La plataforma ha salido así al paso de las declaraciones de Cañete, quien este miércoles ha anunciado que el Gobierno aprobará un nuevo plan hidrológico nacional "solidario", y ha aprovechado para recordarle al ministro que lo primero que debe hacer es fijar los cauces ambientales de todos los ríos españoles.
   Abella ha recordado que España lleva más de un año de retraso respecto a la directiva marco de la Unión Europea (UE), que insta a los estados a elaborar planes de cuenca para cada río y a fijar sus respectivos cauces ecológicos.
   Por ello, ha considerado que antes de plantear un nuevo plan hidrológico se deben de elaborar los planes de cuenca, en línea con los requerimientos europeos.
   La plataforma ha recordado que la directiva europea se opone a los trasvases entre cuencas, y ha vaticinado que ríos españoles sobre los que existen reclamaciones para trasvasar agua como el Tajo y el Ebro en realidad no cumplen con los requerimientos ambientales.

Desempolvar las pancartas

El diputado de La izquierda de Aragón al Congreso, Chesús Yuste (CHA), ha afirmado que el Gobierno de España planea el trasvase del río Ebro y ha animado a los aragoneses a desempolvar "las pancartas".
    Chesús Yuste ha aseverado que "por fin Arias Cañete ha enseñado sus cartas, se ha quitado la careta después de estar mareando la perdiz varios meses" y la conclusión es, según Yuste, que el Ejecutivo central impulsará un nuevo trasvase del Ebro.
   Romper la unidad de cuenca es "una barbaridad ecológica", ha proseguido el parlamentario de IU-CHA, quien ha manifestado la indignación de La izquierda de Aragón y ha emplazado a los aragoneses a "hacer frente a un proyecto de trasvase del Ebro que va a impulsar el PP de Mariano Rajoy".
   Chesús Yuste ha confiado en que la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, "y quienes le apoyan se levanten también en pie frente a la amenaza trasvasista" en alusión al PAR.

Valcárcel intenta a toda costa cerrar San Javier para poder abrir Corvera ahora o nunca

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, destacó este miércoles que "no hay ninguna pega en absoluto, sino la más grande de las voluntades para que, ciertamente, se puedan cumplir los plazos y calendarios previstos para que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia esté operativo en la antesala del verano".

   Valcárcel realizó estas declaraciones esta noche tras la reunión mantenida esta tarde en Madrid con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, un encuentro que Valcárcel calificó como "muy interesante y positivo,  "en tanto que vemos cómo se van despejando incógnitas y dando pasos en el sentido de poner en valor el Aeropuerto Internacional de la Región".
   En concreto, el jefe del Ejecutivo regional explicó que, en la fase actual, se está trabajando en "ultimar la definición del espacio aéreo", tras lo que, destacó, se iniciarían "de forma inmediata" los denominados 'vuelos de calibración', según han informado fuentes del Ejecutivo murciano en comunicado de prensa.
   A preguntas de los periodistas, el presidente resaltó que este aeródromo, en referencia a San Javier, "está muy consolidado", y añadió que su amplitud "viene definida por su número de pilotos y de alumnos, ya que la Academia General del Aire está dando el cien por cien de todas sus posibilidades, con lo cual no está en relación con que haya o no más vuelos civiles".
   Precisamente, señaló el presidente, "ese carácter prioritario de la aviación militar sobre la civil es la que no ha generado nunca merma alguna en cuanto al aprendizaje y las frecuencias, es decir, en cuanto a la utilización normal de una academia de estas características, que está perfectamente definida, a uso completo".

La empresa familiar murciana describe un panorama económico catástrofico

MURCIA.- Los resultados que arrojan el sexto barómetro del Observatorio permanente de la Empresa Familiar, correspondiente al segundo semestre de 2011, son "negativos", ya que las expectativas que se desprenden del mismo "no son ni mucho menos positivas", ha indicado su presidente José María Albarracín.

   Según los datos recogidos en este informe --que provienen de la opinión de 58 empresas familiares representativas de tejido empresarial murciano--, el 84 por ciento de las empresas considera que la situación de la economía española ha empeorado, y el 82 por ciento de ellas también lo entienden, de igual modo, para el caso de la economía murciana, ha expuesto el coordinador del estudio, Daniel Jiménez.
   Según Jiménez, "se percibe que el ritmo de destrucción de la actividad va a ir disminuyendo, por lo que se inclinan a pensar que la economía en los próximos seis meses se estancará pero no decrecerá en su conjunto".
Se constata que por primera vez en los seis baremos que se han presentado hasta la fecha --en los últimos tres años-- se habla de "reducción de empleo importante" hasta el máximo de que "hay menos trabajadores en más de la mitad de las empresas familiares".
   La crisis empresarial ha afectado, según los datos de este 6º Barómetro, a la cifra de negocio (35,1 por ciento), al número de trabajadores (28,1 por ciento), a los precios de venta (56,1 por ciento), a las inversiones (28,1 por ciento) y a las exportaciones (20,0 por ciento).
   El resumen de estos datos viene recogido por el Indicador de Confianza Empresarial, que baja en más de 8 puntos situándose en los -22,2 puntos, siendo las perspectivas futuras "no especialmente halagüeñas".
   El principal freno de los negocios familiares ha sido la caída de la demanda (81 por ciento), seguido de los problemas de financiación (40 por ciento) y de la intensidad competitiva (39 por ciento).
   Desde la perspectiva empresarial se están adoptando acciones que pueden contribuir a que éstas mejoren su capacidad de supervivencia y puedan salir de la crisis, especialmente estrategias basadas en costes (50,9 por ciento), calidad (15,8 por ciento), servicio al cliente (10,5 por ciento) e innovación (8,8 por ciento).
   En cuanto a las mayores preocupaciones de los empresarios para los próximos seis meses, sobresalen las relacionadas con las fuentes de financiación y el poder captar fondos (más del 56 por ciento de las empresas), seguida de la caída del consumo y la demanda (27 por ciento) o el mercado laboral y sus reformas (22,7 por ciento).
   En lo concerniente a las medidas necesarias para salir de la crisis, tres de ellas sobresalen sobre el resto: el restablecimiento del crédito, la reforma laboral y la reducción del déficit público.
   Además consideran que no es menos importante hacerse eco de un conjunto de medidas que contribuirían a favorecer la competitividad de las empresas, a través de programas de actuación concretos, en materias como son la formación profesional, en idiomas, en nuevas tecnologías, la I+D+i o la internacionalización de las empresas.
   En este sentido, se ha puesto de manifiesto que "hay poca demanda y el descenso del consumo ha llevado a que no haya demanda y sin demanda no puede haber crecimiento; unido esto a las posibilidades de obtener financiación, que siguen estando muy reducidas, y la intensidad competitiva y otros factores, que engloba la economía sumergida y las guerras de precios, haciendo que este factor de competencia sea un problema a la hora de crecer".
La creación de empresas familiares son "insignificantes", ha subrayado Albarracín, quien ha puesto de manifiesto la destrucción de empleo "ha acarreado la destrucción de empresas familiares". "Ha comenzado el cierre de empresas, que han causado el desempleo", ha sostenido.
   Asimismo, ha considerado que las administraciones públicas "no pueden seguir teniendo duplicidades", un escenario que ha trasladado al ámbito regional exigiendo "facilitar la creación de nuevas empresas y la incorporación de nuevos emprendedores".
   Por su parte, el director de la Cátedra de la Empresa Familiar, Juan Monreal, ha dejado claro que si no se reforma el modelo del sistema productivo que hay en España "será una cantinela que vamos a continuar oyendo".
   Aunque aplaude la reforma tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo, ha pedido que "no se deje a parte lo más duro y estructural que tiene nuestra economía y que está explicando las tasas de desempleo, que es nuestra productividad".
   A esta crítica se ha unido Albarracín, al recordar que "desde hace más de un año se vienen demandando estas reformas, y si el mes de diciembre el objetivo prioritario del Gobierno central era que en 20 días de plazo tenía que estar concluida la reforma laboral, ya llevamos dos prórrogas y ahora se vuelve a dar una tercera hasta la semana que viene".
   En cuanto a la reforma del sistema financiero, espera que este viernes "se pueda presentar algo, ya que afectará a la financiación de las empresas y a la de las empresas familiares". "Si el sistema financiero no se reforma y no vuelve a fluir el crédito difícilmente podamos tener una mejora en el indicador que se presenta".
   El director del INFO, Juan Hernández, ha destacado que el 85 por ciento de las empresas que hay en la Región son "de base familiar, lo que da cohesión social y económica". En este sentido, ha expresado su confianza en que las medidas que se reivindican desde el ámbito empresarial "se pongan en marcha en breve" tal y como ha anunciado el Ejecutivo de la nación.
   Para concluir, María Isabel Sánchez-Mora, vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Murcia (UMU), ha resaltado la necesidad de "sensibilizar, ya que de no ser así no salimos adelante".

Pujante (IU-Verdes) acusa al Gobierno regional de pasar de ser "un experto en despilfarrar" a "un mal pagador"

MURCIA.-   El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que al Gobierno autonómico "ha sido un experto en despilfarrar alegremente el dinero público para convertirse en un mal pagador a las empresas que proveen de bienes y servicios a la Comunidad".

   Pujante ha indicado que "los impagos del Gobierno regional a sus proveedores ponen en riesgo la continuidad de muchas empresas y el empleo de miles de trabajadores", y ha reprochado al PP que "echase balones fuera y no tomase medidas para evitar esta precaria situación".
   Además, ha insistido en que "si el Gobierno de la Nación paga lo que debe a la Comunidad -en referencia a los atrasos del Fondo de Convergencia y la deuda histórica- se podría afrontar gran parte de esos pagos y los problemas socieconómicos de la Región de Murcia".
La Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) ha denunciado públicamente este miércoles que el plan de pagos de la Consejería de Economía y Hacienda para salvar la deuda que mantiene con los proveedores "no se está cumpliendo con la previsión que se había acordado".
   Así lo ha manifestado el presidente de dicha asociación, José María Albarracín, quien ha explicado que tras llegar a un acuerdo la Comunidad con las empresas familiares de que "todos los acreedores con facturas reconocidas inferiores a 120.000 euros iban a cobrar de inmediato" a fecha de hoy "prácticamente ninguno de los empresarios con estas facturas, por no decir cero en absoluto, ha cobrado ni un solo euro".
  Albarracín ha recordado que "se hablaba de que representaba más del 50 por ciento de la deuda global de la Comunidad".
   Por ello, ha anunciado que exigirán al nuevo consejero de Economía Juan Bernal, con el que esperan reunirse a principios de la próxima semana, el cumplimiento de este plan de pagos, porque "si se ha llegado a un acuerdo, se ha publicado y se ha dicho qué fórmula se iba a seguir, pues hay que seguirla".
   "Lo que no pueden es estar modificando permanentemente lo que le están diciendo a los empresarios", ha reprobado Albarracín, quien ha lamentado que los empresarios están viéndose "incapaces e indefensos para poder afrontar sus actividades económica y empresarial, ya que no saben a qué acogerse con los cambios que se están produciendo en la Administración con respecto a este plan de pagos".
   Y es que, ha advertido, "sin acceso a la financiación se duplica la dificultad económica de las empresas y de las empresas familiares en particular".
   Una situación que ha calificado de "negativa" para el tejido productivo empresarial de Murcia y para la empresa familiar".

La jueza de lo Mercantil aprueba el segundo ERE del aeropuerto de Ciudad Real

CIUDAD REAL.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil número 4 ha aprobado el segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del aeropuerto de Ciudad Real, que afectará a 72 de los 74 trabajadores que quedan en la infraestructura.

   Según han informado fuentes del sindicato CCOO, mayoritario en el Comité de Empresa, el presidente de este órgano, Jorge Acosta, ha recogido este miércoles la documentación del ERE, que ratifica todas las condiciones que expusieron los administradores concursales cuando lo solicitaron.
   Así, el ERE, del que solo se salvarán el director del aeropuerto y una persona de Recursos Humanos, se aplicará durante 15 meses a partir del 15 de febrero y su puesta en práctica será escalonada en el tiempo, acomodándolo al cierre de las instalaciones durante un año, también pedida por los administradores concursales y aprobada por la juez.
   En la resolución judicial, según han explicado las fuentes consultadas, se da un plazo para el periodo de negociaciones del ERE de 20 días, que debería empezar este mismo 1 de febrero, según los sindicatos.
   Los sindicatos, por otro lado, han registrado un escrito en el que se pide que el período de la negociación de las condiciones del expediente sea de 30 días y que se reduzca su extensión de 15 a 12 meses, dado que, de no ser así, se perjudicarian derechos de trabajadores a la hora de completar sus prestaciones por desempleo.
   El aeropuerto de Ciudad Real, en concurso de acreedores desde junio de 2010, ya vivió un ERE de un año durante el pasado 2011, en el que se vieron afectados la mayoría de los trabajadores con suspensión de empleo de 6 meses y reducción de jornada y salarios en un 15 por ciento.

Arias Cañete reestructurará el sector agroalimentario

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado en el Congreso de los Diputados una batería de 40 medidas para acometer una reestructuración del sistema agroalimentario español, entre las que se encuentra el impulso a la integración de las explotaciones agrarias en cooperativas u otras organizaciones "con dimensión".

   Arias Cañete afirmó que trabajará con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un proyecto de Ley que facilite la integración de las capacidades productivas, comerciales e industriales de las explotaciones, a fin de "fortalecer" al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria.
   Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, subrayó que trabajará especialmente en el ámbito de la producción, sobre el que pesa la "seria amenaza" de abandono de la actividad por la caída de la renta agraria y el aumento de los costes de producción.
   Así, avanzó que el Gobierno favorecerá la concentración de la oferta y reducirá las cargas administrativas que sufren actualmente agricultores y ganaderos, así como las que conllevan la implantación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito rural.
   El aumento de la dimensión de las explotaciones también se buscará mediante el fomento de la "liberación de tierras, favoreciendo la titularidad por fórmulas asociativas y estableciendo normas sobre la dimensión de nuevas explotaciones". El ministro apuntó que fomentará la incorporación de los jóvenes a la actividad para favorecer el relevo generacional.
   Arias Cañete afirmó que el proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria sobre el que ya trabaja su Ministerio es "más ambicioso" que el iniciado por el anterior Gobierno. El objetivo de la nueva norma se centrará en lograr un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los distintos operadores, "evitando prácticas que favoreciendo a una parte, vayan en detrimento del conjunto".
   Asimismo, anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Defensa de la Alimentación Española y la potenciación del Observatorio de Precios para que "además de observar, pueda desarrollar una actitud proactiva en la corrección de las disfunciones que se detecten". También destacó que se potenciará la consolidación de las organizaciones interprofesionales.
   De otro lado, el ministro propuso la creación de un Consejo Coordinador del Sistema Agroalimentario Nacional, como "fuente de información básica" para el funcionamiento del sistema, con la participación de productores, industria y distribución. Para su configuración, desarrollará un proceso electoral de ámbito nacional que fije la representatividad de las organizaciones del sector.
   En materia de pesca, Arias Cañete anunció una ordenación "definitiva del caladero nacional", con la "autorregulación" del sector "siempre que sea posible", y una modificación de la estructura de la administración pesquera.
   El ministro apostó por aprovechar la reforma de la Política Pesquera Común para "afianzar" la posición de "liderazgo" del sector a largo plazo, con "medidas apropiadas, la explotación sostenible de los recursos y, todo ello, superando visiones anticuadas".

Los inversores en cuotas participativas de la CAM pueden perderlo todo

MADRID/ALICANTE.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido a los inversores en cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que perderán toda su inversión si el emisor les da un valor cero, según advirtió el presidente del organismo supervisor, Julio Segura, tras la presentación del 'Plan de Actividades de la CNMV 2012'.

   Segura explicó que la solución la tiene que dar el emisor y que si éste considera que el valor de las cuotas participativas es cero, esto "quiere decir que quien haya invertido perderá todo".
   En este sentido, el presidente de la CNMV recordó que el pasado mes de enero el organismo suspendió cautelarmente la cotización de las cuotas participativas de la CAM tras la adjudicación de la caja alicantina al Banco Sabadell, lo que provocó que "su valor probable tras el cierre sea cero".
   Segura explicó que esta decisión se produjo tras la publicación por parte de la entidad catalana de "su deseo de amortizar la emisión de cuotas participativas diciendo que su valor probable es nulo". Por lo tanto, el presidente de la CNMV concluyó que "no tiene sentido" levantar la cotización de las cuotas cuando el emisor "considera que valen cero".
   Por otro lado, respecto a las presuntas irregularidades cometidas por las auditoras en la elaboración de cuentas de la CAM y del Banco de Valencia, Segura afirmó que el organismo que preside "no tiene competencia" sobre estas empresas, ya que ésta corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC).

Manifestación

Alrededor de un centenar de personas afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada de Caja Mediterráneo (CAM) han participado este miércoles por la tarde en una asamblea, en la que han acordado realizar una manifestación de protesta el próximo 10 de febrero en Alicante, según ha informado el representante de la Plataforma CAM, Carlos Ecos.
   La reunión, celebrada en el salón de actos de CCOO en Alicante, ha permitido conocer de primera mano la situación de alrededor de un centenar de clientes, la mayoría de ellos personas de edad avanzada, a los que la Plataforma CAM considera que les "engañaron con la compra de valores".
   Los participantes han acordado celebrar una manifestación el próximo 10 de febrero, que partirá a las doce del mediodía desde la sede central de CAM en Alicante, y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar ante la sede del Banco de España, en la Rambla Méndez Núñez.
   La Plataforma CAM ha aprovechado la reunión para continuar con la recogida de poderes notariales con los que este colectivo reclamará el embargo de las cuentas de los afectados, con el fin de "retener judicialmente el dinero en las cuentas y evitar que se esfume a partir de marzo".
    Así mismo, la Plataforma CAM ha decidido apoyar la protesta convocada igualmente por otro colectivo de afectados por estos productos, Adicae, que llevará a cabo actos los días 25 de febrero y 3 de marzo.
   Carlos Ecos además ha adelantado que el próximo 8 de febrero volverán a mantener una asamblea de las mismas características, esta vez en el salón de actos de UGT en Alicante, para continuar con la recogida de poderes.
   El pasado 26 de enero, la Plataforma CAM presentó una demanda penal ante la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la CAM en nombre de cerca de 150 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada.
   Los afectados, representados por el abogado Diego de Ramón, además han solicitado incorporarse como perjudicados a la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.
   El Banco de España intervino la CAM el pasado mes de julio y puso la gestión en manos de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras detectar que en marzo de 2011 se habían comunicado unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
   El pasado mes de diciembre el Banco de España adjudicó la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que cuenta con una o varias ampliaciones de capital por importe de 5.249 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

El Gobierno revisará los impuestos que pagan las familias españolas

MADRID.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado ante la Comisión del ramo en el Congreso que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.

   En la que es su primera intervención como ministra ante la Cámara Baja, Mato ha expresado esta "intención" del Gobierno y ha afirmado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ya "se ha comprometido" con este aumento de los mínimos que no tributan.
   "La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada", ha señalado la ministra, para anunciar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que ha definido como "un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar".
   El citado plan contempla una reforma del Consejo Estatal de Familias, "como órgano de coordinación administrativa" y "principal foro de debate" sobre este asunto, además de medidas de conciliación y "reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial", el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; "acciones específicas" para familias numerosas e iniciativas de "protección a las madres, especialmente las jóvenes", en situación de dificultad.
   Preguntada por la portavoz del Grupo Socialista, Soledad Pérez, sobre a qué modelo se refiere cuando habla de "la familia", Mato ha asegurado que es un plan para "todas". "No voy a entrar en temas ideológicos porque en temas de familia no se le puede dar lecciones a nadie, ya que cada una es un mundo, y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a todos los mundos familiares", ha señalado.
   La ministra, que comparecerá el 9 de febrero ante la Comisión de Igualdad, ha avanzado no obstante la principal medida de su departamento en materia de violencia machista y es la creación de "un Plan Personalizado contra la Violencia de Género" para "proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada".
   Según ha dicho, el objetivo es "lograr una mayor cercanía" así como mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social, prevención, gestión del riesgo y asistencia de las mujeres que dan el paso para salir de esta situación. "La primera tarea del ministerio será la de estar permanentemente vigilante en relación a la violencia ejercida contra las mujeres, el más cruel exponente de la falta de igualdad en una sociedad", ha apuntado.
   Asimismo, la ministra ha anunciado su intención de "actualizar y agilizar los procedimientos" de adopción y acogimiento, acometiendo "una profunda reforma del sistema español de protección de menores" que actualmente tiene bajo su guarda o tutela un total de 30.879 jóvenes con una legislación que data de 1996.
   Sobre este asunto ha anunciado además que elaborará un "Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015" con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil.
   La ministra ha vinculado en su intervención este plan con la preocupación de "una inmensa mayoría de los españoles" por "algunos comportamientos de los adolescentes y los jóvenes" y ha confirmado que reformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y planteará "los cumplimientos íntegros de las penas y la privación de libertad" en los delitos de abusos y violencia ejercidos por adultos sobre menores de edad.
   Mato también se ha referido a la juventud en su discurso y se ha comprometido a impulsar "un plan estratégico de emancipación juvenil" que en colaboración con el Ministerio de Fomento establecerá programas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha dicho que convocará la Comisión Interministerial de Juventud y que dará "prioridad absoluta" a programas específicos para fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento. En este ámbito, ha señalado, se organizará "el I Encuentro Mundial de empleo y oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño".
   La ministra también se ha referido a las cuestiones relativas a consumo y ha avanzado que se abordará la integración del Instituto Nacional de Consumo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, se restablecerá la Conferencia Sectorial de Consumo y su órgano ejecutivo, la Comisión de Cooperación de Consumo; y se retomará la "colaboración" con la Federación Española de Municipios y Provincias.
   Asimismo, ha anunciado que se cambiarán los métodos de vigilancia para prestar "especial atención al control de las ofertas que se difunden a través de la Red" y "medidas para resolver las disfunciones" en las áreas de "telecomunicaciones, transportes, servicios bancarios y suministro de energía", los sectores, según ha dicho, "donde los usuarios reclaman más atención".
   Por otra parte, Mato ha respondido a las preguntas de los diputados de CiU, Carles Campuzano y ERC, Joan Tardá, sobre la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a Cataluña y, por ende a todas las comunidades autónomas, la capacidad de distribuir los fondos recaudados por la casilla para fines sociales que marcan los ciudadanos en la declaración de la renta, y ha señalado que buscará una nueva fórmula para "coordinar" el reparto de fondos.
   "El Ministerio respeta escrupulosamente la decisión adoptada por el Supremo, pero en todos los informes jurídicos se sigue constatando que el Ministerio juega un papel esencial en relación con las organizaciones de ámbito nacional que tienen programas de ámbito supra autonómico", ha señalado.
   Por este motivo ha apuntado que se buscará "una fórmula conjunta respetando la sentencia y las competencias de las comunidades autónomas pero también teniendo en cuenta que para las organizaciones que prestan unos programas de ámbito supra autonómico no es decisión de las comunidades autónomas el otorgamiento de los fondos", ha señalado.

Arias Cañete anuncia 26 medidas de carácter medioambiental

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha anunciado una batería de 26 medidas de carácter medioambiental en materia de agua, costas, bosques, medio marino, biodiversidad o lucha contra el cambio climático.

   Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el ministro se ha comprometido a simplificar y racionalizar la normativa ambiental, siempre en base al respeto a las garantías medioambientales exigibles.
   En ese sentido, se ha comprometido "agilizar" los trámites administrativos de los procedimientos ambientales porque se prevé una duración de estos trámites de entre 24 y 36 meses y, "algunos casos llevan ya más de ocho años", como el caso de la declaración de impacto ambiental del proyecto del oleoducto de la refinería Balboa, desde Extremadura al Atlántico onubense.
   Además, ha anunciado el establecimiento de un "nuevo Plan Hidrológico del Agua" que garantice el suministro de agua en "calidad y cantidad suficiente", de manera "integral y solidaria" en todo el territorio nacional. En ese sentido, ha agregado que se revisarán los planes de cuenca --que debían estar concluidos y presentados a la Unión Europea antes de finales de 2009-- con el objetivo de que se concluyan "antes de finalizar 2013".
   Concretamente, ha subrayado que las competencias en materia de agua son "propias" del Estado y del Ministerio, y ha prometido que se fortalecerán dichas competencias, como el ejercicio de la competencia en materia del dominio público hidráulico.
   El ministro ha incidido en que se avanzará en una mejor coordinación en la toma de decisiones en el tema de agua entre las confederaciones hidrográficas, las sociedades estatales de agua y la Dirección General del Agua, que "liderará" dicha coordinación.
   En este ámbito, ha anunciado que se tratará de alcanzar un nuevo programa nacional de inversiones y actuaciones que hará efectivo el nuevo Pacto Nacional del Agua que ha anunciado.
   Al mismo tiempo, ha insistido en que se realizarán las actuaciones para lograr el "100 por 100" de la depuración de la carga contaminante en aguas en España, que comenzará por los grandes núcleos de población y en poblaciones en zonas "ambientalmente sensibles".
   Asimismo, se impulsará el uso de aguas reutilizadas, para dejar las aguas de mayor calidad para distintos fines y que, todo ello, se hará asegurando el mantenimiento de los caudales ecológicos.
   En materia de la Directiva Marco de Agua, ha dicho que, desde el Ministerio se impulsará "decididamente" la aprobación de los planes de demarcación hidrográfica inter-comunitarios, y que se cumplirán las obligaciones previstas del Ministerio en este área, que van con años de retraso.
   Asimismo, ha apuntado que se impulsarán los acuerdos voluntarios con la industria y las empresas en materia medioambiental para incentivar actuaciones respetuosas con el medio ambiente.
   Igualmente, ha señalado que se aprovecharán los residuos de forma eficiente y que las "medidas correctoras" en suelos contaminados y prevención de la contaminación para lo que, por ejemplo, se elaborará un mapa de suelos contaminados.
   En materia ambiental, buscará la mejora de la biodiversidad, se promoverán las actuaciones y actividades económicas respetuosas con el medio ambiente, como el turismo rural, y la potenciación de la red de Parques Nacionales, dentro de las acciones recogidas en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Bioversidad.
   Otro de los capítulos principales de su intervención ha sido el anuncio de la reforma de la Ley de Costas, tal y como anunció en uno de sus primeros discursos como ministros. Arias Cañete ha subrayado que se está estudiando la reforma de la normativa sobre la protección del dominio público marítimo terrestre para que la protección del litoral y el desarrollo de las actividades económicas y dar seguridad jurídica.
   En esta línea, ha manifestado que se promoverá la protección del litoral, la potenciará la protección de los sistemas litorales, y la recuperación de las zonas degradadas por factores naturales y artificiales y que se prestará "especial atención" a los humedales costeros.
   Por eso se elaborará una "estrategia marina" en cada una de las cinco demarcaciones amarinas y se elaborará un Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas y un Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental. A este respecto se ha referido al próximo décimo aniversario de la catástrofe del Prestige, sin que se haya mejorado la protección en este sentido.
   Del mismo modo, dentro de costas, se promoverá la revalorización de las playas con campañas de información y sensibilización a los ciudadanos y usuarios del litoral para contribuyan a la recuperación y protección de estos "valiosos" espacios.
   En cuanto al cambio climático, ha precisado que se desarrollará una "nueva" estrategia frente a este problema porque España está "lejos" de cumplir con sus objetivos. Esta nueva estrategia, a su juicio, debe adecuarse a las actuales circunstancias económicas, que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como cumplir los compromisos internacionales y salvaguardar la creación de empleo y la activación de la economía en la que la protección del medio ambiente "puede ser un aliado".
   Arias Cañete considera "necesario" realizar nuevas previsiones de las emisiones de efecto invernadero, que se correspondan con datos del PIB actuales y conociendo los "beneficios" que aportarán las medidas concretas que se pondrán en marcha.
   Para ello, ha añadido que "un pilar clave" en la reducción de emisiones será el régimen de derechos de emisión cuya tercera fase se iniciará en 2013. De este modo, "en los próximos meses" se acometerán las actuaciones necesarias para que "España esté lista" para el nuevo periodo. Así, ha precisado que se aprobará la asignación de derechos para las instalaciones industriales, y se pondrán en marcha los mecanismos que permitirán subastar parte de los derechos de emisión, como exige la normativa europea.
   El ministro ha subrayado que el Gobierno deberá seguir acudiendo a los mercados de carbono para cumplir el Protocolo de Kioto, pero que ahora se orientará "adecuadamente" la estrategia de derechos de emisión para que estos "esfuerzos" reviertan en el apoyo y beneficio de empresas españolas en sectores clave como las energías renovables o la biomasa, entre otras.
   En ese contexto, ha incidido en el "compromiso" de impulsar el desarrollo de proyectos en España, que constituyan un embrión para generar actividad económica y empleo y que sean actividades limpias y bajas en carbono. Para ello, ha anunciado que se utilizará el Fondo de Carbono del Ministerio para "retribuir de manera efectiva" la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que dichos proyectos generen y que, además, sean "verificables, adicionales y sostenibles en el tiempo".
   En materia de calidad del aire, Arias Cañete ha manifestado que se desarrollará y revisará la Ley de Calidad del Aire y protección de la atmósfera y que se volverá a analizar el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire porque, a su juicio, no es "realista" ni se ha contado con todos los organismos y administraciones que tendrán que implantar las medidas concretas.
   Respecto a residuos, ha dicho que los objetivos y prioridades se fijarán mediante la "actualización" del Plan Nacional integrado de Residuos 2008-2015 a los nuevos requisitos establecidos en la ley. "La prevención de la contaminación y la puesta en marcha de acciones correctoras serán los ejes prioritarios", ha manifestado.

Rubalcaba coincide con Botín en que la culpa de la crisis es de políticos por no impedir la codicia

TOLEDO/MADRID.- El candidato del PSOE a la Secretaría General del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, coincide con el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en que los políticos son culpables de la crisis, pero por no haber "regulado el sistema financiero internacional" e impedir que "la codicia de unos cuantos se haya llevado el trabajo de millones de ciudadanos en todo el mundo". 

   A preguntas de los medios por las palabras de Botín, tras mantener un encuentro con delegados socialistas en Toledo, Pérez Rubalcaba ha dicho que Botín "tiene razón botín en una cosa: que la culpa es de los políticos", aunque "probablemente" cada uno esté pensando en distintas razones, ha señalado.
   Para Rubalcaba es cierto que los políticos son culpables, pero por no haber regulado el sistema financiero en los años 80 y 90. "Tiene razón, aunque él seguramente piense en cosas diferentes que yo, los políticos tenían que haber hecho un trabajo diferentes y haber tenido reglas que impidieran que la codicia de unos cuantos se haya llevado el trabajo de millones de ciudadanos en todo el mundo".
   Rubalcaba --que no quiere que estas palabras se entiendan como una contestación a Botín-- ha indicado que en estos años ha habido "una crisis financiera producto entre otras cosas de la falta de reglas sobre un sistema financiero internacional que ha campado por sus respetos y ha acabado construyendo una economía de casino que estamos pagando todos".
   Si se hubiera regulado el sistema y se hubiera "puesto al servicio de los ciudadanos y no de aquellos que mandan en el sistema financiero, probablemente las cosas hubieran sido distintas", ha concluido.

Tomadura de pelo

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, José Luis Centella, considera "una tomadura de pelo" las palabras del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, desmarcándose de la crisis y culpando a los políticos. A su juicio, el banquero acusa ahora a los gobernantes que le han tratado generosamente, lo que supone un "abuso de confianza".  
   En declaraciones en el Congreso, Centella ha explicado que la crisis tiene "padres y madres" y entre los culpables figuran los políticos gobernantes --"A los demás, que nos registren", precisa--, pero también la banca, cuya culpabilidad no se puede separar. "Me parece que Botín está abusando de la confianza porque ahora intenta acusar a los políticos que le han tratado generosamente", sostiene.
   Para el diputado de IU por Sevilla, que también es secretario general del PCE, Botín quiere "seguir sacando tajada de la crisis" pero debería asumir que la banca es parte de la crisis: "Que explique quién regaló cajas de ahorro a los bancos o quién ha facilitado la especulación inmobiliaria", ha dicho.
   Pero, además, cree que las palabras de Botín hieren e indignan a la gente que fue engañada al firmar hipotecas, que ahora ve embargada su casa o que no puede acceder a créditos porque la banca dedica el dinero a tapar sus agujeros, etcétera. "Es una tomadura de pelo", ha comentado.

miércoles, 1 de febrero de 2012

García-Margallo: "No está resuelto" el nombramiento de Federico Trillo como embajador en Washington

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha señalado que "no está resuelto" el nombramiento del exministro de Justicia y cartagenero, Federico Trillo, como embajador en EEUU.

   Así se ha expresado cuando un periodista le ha advertido de que las noticias que han avanzado el nombramiento de Trillo contradicen el compromiso adoptado por García-Margallo de reservar, en general, las jefaturas de embajadas a los diplomáticos.
   El jefe de la diplomacia ha contado una anécdota para ilustrar su respuesta. "Usted sabe que el general Franco tenía una próstata extraordinariamente resistente y un general que no la tenía tanto se metió en el río con él y le preguntó: 'Mi general, he oído que yo podía ser ministro' y Franco le contestó -'Pues yo no he oído nada'".
   García-Margallo ha indicado no obstante que espera "resolver en los próximos días" este tema y ha señalado que, en materia de nombramientos de nuevos embajadores, sólo está decidido quién va a ser el candidato que propondrá el Gobierno como embajador en Pretoria.
   Se trata del diplomático Juan Sell, hasta la fecha jefe de gabinete de García-Margallo y con anterioridad de Trinidad Jiménez y varios secretarios de Estado de Asuntos Exteriores del anterior Gobierno, han informado hoy fuentes diplomáticas.

Artur Mas no ve posible cumplir el 4,4% de déficit en España sin "engañar"

MADRID.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha asegurado este miércoles que no ve posible que España cumpla con el objetivo del 4,4 por ciento del déficit sin "engañar" o "cargarse" los pilares del Estado del bienestar. "No es posible, atenta contra el sentido común y si se obliga a España, España no va a cumplir", ha avisado.

   Tras casi dos horas de reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de La Moncloa, Mas ha comparado la situación del Gobierno con la que se encontró CiU cuando llegó a la Generalitat, con una "herencia muy mala", y ha defendido que para arreglar la situación es necesario marcarse un calendario "razonable" para los objetivos de déficit, "tomárselo muy en serio, no bajar la guardia y cumplir en un plazo que se pueda cumplir".
   "Tiene nuestro apoyo porque me recuerda a la película que nos encontramos hace un año en Cataluña", ha reconocido el 'president' antes de insistir en que España sólo podría alcanzar el objetivo del cuatro por ciento "haciendo trampas" o "destrozando" el Estado del bienestar, algo con lo que él no está de acuerdo. "Tenemos un compromiso firme de reducir el gasto pero de con sentido común", ha sostenido.
   Mas cree que es "evidente" que Rajoy está planteando esta moratoria para el objetivo del déficit en el seno de la Unión Europea, aunque aún no tiene respuesta y no sabe si la tendrá a corto plazo, y ha reiterado que lo "razonable" es reconocer como Cataluña que en un sólo año no se puede cumplir  el objetivo.
   En este contexto, ha insistido en que la herencia recibida por el Ejecutivo de Rajoy ha sido "claramente negativa", pero ha sostenido que esta situación "no se resuelve a base de críticas ni lloriqueos" sino mediante "decisiones, coraje, empuje y mucha convicción". "En eso estamos en Cataluña desde hace un año y me imagino que el Estado tendrá que actuar igual", ha explicado.
   El presidente catalán ha coincidido con Rajoy en que para ello las políticas de austeridad son "imprescindibles" pero ha defendido que por sí solas no resolverán los problemas de crecimiento y empleo que tiene España, por lo que ha pedido a la Unión Europea medidas de crecimiento y estímulo económico.
   Artur Mas ha trasladado a Rajoy durante su encuentro la voluntad de CiU de apoyar las reformas económicas que se acometan durante 2012 ante la situación de "urgencia" en la que se encuentra España y, en concreto, ha asegurado que "la voluntad" de la formación catalana es colaborar a sacar adelante la reforma laboral "si es posible".
   Aunque no ha querido dar detalles, Mas ha apuntado que a su juicio el Gobierno acometerá una reforma laboral "en profundidad" y ha avisado de que se "mira con lupa" a España desde "fuera". "Se nos mira desde fuera con lupa y se cuestiona la mayor o menor credibilidad en función de cómo se haga en España", ha avisado.
   El 'president' ha reconocido que el acuerdo entre sindicatos y empresarios sobre convenio colectivo es "importante" pero "no suficiente" y el Ejecutivo debe "completarlo" legislando. "Somos observados con lupa y según cómo se haga reforma laboral vamos a generar más confianza en Europa o menos", ha insistido.
   Para él, el punto clave de esta reforma es la "flexibilidad" porque el país se enfrenta a nuevos retos y situaciones. Según ha sostenido, la única esperanza para crear empleo está depositada en los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, por lo que es necesario medidas orientadas a disminuir la burocracia o "agilidad".
   Artur Mas ha resumido así que el ámbito económico es un "terreno" en el que los gobiernos catalán y central pueden colaborar "bien y a fondo" pese a que puedan tener algunas discrepancias, sobretodo en lo referido al autogobierno. "Pero nuestra disposición es muy positiva", ha garantizado antes de explicar que Rajoy se ha comprometido a escuchar y debatir sus propuestas.
   Además, ha asegurado que CiU no presta este apoyo esperando ninguna contrapartida ni con condiciones previas, sino que lo ve como "un gesto de buena voluntad" dado que España se juega en ello su "prestigio y credibilidad". Mas ha comparado este apoyo con un depósito a plazo: "De momento invertimos y veremos cuando termine ese plazo si renovamos o retiramos, eso depende de nosotros y de cómo hayan ido las cosas".
   El presidente de la Generalitat también ha reclamado a Rajoy que los gobiernos autonómicos puedan acceder a los créditos y financiarse en condiciones similares a las del Estado central para poder sufragar sus deudas, una propuesta en la que ha visto "receptividad" por parte del presidente del Gobierno.
   A su juicio, dado el peso que tienen las autonomías en la prestación de servicios públicos, no es "razonable" que tengan "tanta dificultad" para acceder a créditos ni que esta financiación tenga un coste "tan elevado".
"Es un gran descrédito que una parte del Estado llegue a final de mes sin poder pagar", ha advertido antes de asegurar que esta situación se puede resolver con "voluntad política".
   Y aunque ha denunciado que "no todo el mundo" está comprometiéndose con las políticas de austeridad, aunque no ha querido detallar a qué entidades se refiere, ha insistido en la necesidad de poder acceder al crédito "a un coste razonable" para poder pagar las deudas.

Banco Mare Nostrum se traslada al madrileño Paseo de Recoletos

MADRID.- El Banco Mare Nostrum (BMN) ha registrado su sede social en el número 17 del madrileño Paseo de Recoletos.

El Consejo de Administración de BMN, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha acordado modificar sus estatutos para registrar esta modificación en su domicilio social. Este banco nació hace un año de la integración de Caja Murcia, Caixa Penedés, CajaGranada y Sa Nostra.

Fitch baja el rating a la deuda garantizada por el Estado emitida por CAM y Mare Nostrum

MADRID.- Fitch ha rebajado la nota al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la deuda garantizada por el Estado emitida por las entidades financieras de 'AA-' a 'A', como consecuencia de la rebaja en el rating de España, situándolas en perspectiva 'negativa'.

   Así, la agencia ha bajado el rating a la deuda garantizada por el Estado emitida por Banca Cívica, Banco CAM, Banco Cooperativo Español, Banco Financiero y de Ahorros, Banco Guipuzcoano, Banco Mare Nostrum, Banco Popular Español, Bankia, BBK Bank CajaSur, Catalunya Caixa, la Caixa, Caja España-Duero, Cajamar Caja Rural, Cajamar, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, NCG Banco, Unnim Banc.
   El pasado 27 de enero, Fitch Ratings rebajó en dos escalones la calificación de España, desde 'AA-' hasta 'A' con perspectiva 'negativa', debido al "significativo empeoramiento" de la perspectiva fiscal y económica, así como a las tensiones en la eurozona.

El apoyo del FROB o del Fondo de Garantía se considerará ayuda pública

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado de que los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español, que se aprobará este viernes, serán considerados por Bruselas ayudas públicas.

   Ello significa, según ha explicado, que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.
   "En la medida en que el Gobierno ha anunciado su intención de no dar ayudas públicas que tengan repercusión en el presupuesto, pues eso limita pero no elimina la necesidad de presentar aquí las correspondientes notificaciones siempre que existan recursos que son considerados ayuda de Estado implicados en la reestructuración", ha dicho Almunia.
   "Los recursos que el FROB ponga o que el fondo de garantía de depósitos pueda poner al servicio de la reestructuración de entidades financieras en España son considerados ayuda de Estado", ha resaltado el vicepresidente.
   Según ha trascendido, el Gobierno prevé que el FROB emita deuda para financiar al Fondo de Garantía de Depósitos, que prestará a los bancos que no tengan capacidad de hacer las provisiones necesarias para sanear su cartera de activos inmobiliarios. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado el total de provisiones necesarias en 50.000 millones de euros.
   Almunia ha desvelado que se reunió con De Guindos la semana pasada y que éste le presentó "las intenciones del Gobierno, pero no los datos concretos".
   El Ejecutivo comunitario ha recibido ya el plan de reestructuración derivado de la adquisición de la CAM por parte del Banco de Sabadell y está a punto de empezar a examinar el de Unnim, según ha desvelado el comisario de Competencia. Además, espera los planes para otros tres casos: Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y Novacaixagalicia.

El Gobierno obligará a la banca a hacer saneamientos preventivos por el ladrillo

MADRID.- El Gobierno obligará a la banca a realizar saneamientos preventivos por su exposición al sector inmobiliario y a hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago, informaron hoy fuentes conocedoras del proceso.

   Con esta vuelta de tuerca a la reforma financiera que presentará el Gobierno el próximo viernes 3 de febrero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.
   La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones).
   Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorgará un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.
   Las entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.
   El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.
   El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.
   Considera que el abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas permitirá reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.
    El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado este miércoles de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español serán considerados por Bruselas ayudas públicas.
   Ello significa que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

La reforma financiera no puede permitir sostener bancos "zombies", dicen desde el Banco Popular

MADRID.- El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha advertido de que la reforma financiera que el Gobierno prevé aprobar este viernes no puede permitirse el "lujo" de sostener entidades "zombies" a costa del dinero del contribuyente.

   "No se trata de un problema de capital o de tamaño, se trata sencillamente de un problema de modelo de negocio", aseguró Ron en la presentación de resultados de 2011, cuando la entidad ganó un 18,7% menos.
   Sobre las provisiones para cubrir eventuales pérdidas derivadas del 'ladrillo', instó a no "demonizar" las actividades inmobiliarias y de promoción, al considerar que son "claves" para la economía y "palancas" de empleo. "La economía saldrá antes de la crisis si hay reactivación de la construcción", sentenció.
   El presidente de Popular urgió además a aprobar una reforma del mercado laboral "amplia y profunda" ante la "encrucijada" de resolver el problema del paro, y que debe pasar, en su opinión, por cambios en la negociación colectiva y en la contratación.
   Como ya hizo ayer el presidente del Santander, Emilio Botín, Ron criticó la labor de los políticos europeos para afrontar la crisis de deuda pública derivada de la quiebra de Grecia, al sostener que esta crisis ha pasado a ser política. 
"La decisión política de involucrar a los inversores privados en la solución de la crisis de Grecia trajo una desconfianza sin precedentes", afirmó.

Arias Cañete anuncia un nuevo Plan Hidrológico "integral y solidario"

MADRID.- El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado que abordará el Pacto Nacional del Agua que se plasmará en un "nuevo Plan Hidrológico Nacional" que garantice el suministro de agua en "calidad y cantidad suficiente", de forma "integral y solidaria" en todo el territorio nacional, tanto para las necesidades humanas como las del mantenimiento de los ecosistemas.

   Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el ministro ha explicado que, en este contexto, se mejorará la coordinación de las confederaciones hidrográficas y las sociedades de aguas y que se revisarán "todos" los planes de demarcación hidrográfica, al tiempo que se potenciará la reutilización y la depuración con el objetivo de cumplir con la normativa europea.
   Además, ha lamentado el "incumplimiento" por parte de España de la Directiva Marco de Agua y que le convierte en el país "más atrasado en Europa" en su aplicación. Por ello, ha culpado a la "herencia recibida" de las dificultades con que se encontrará y ha criticado las "grandes inversiones" en desaladoras que producen por debajo de lo esperado.
   Por otro lado, entre una amplia batería de medidas, se ha referido a la anunciada "profunda reforma" de la Ley de Costas, que pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con las actividades económicas "no perjudiciales".
   A su juicio, la modificación de Ley de Costas de 1988 será un "vehículo eficaz" para "mejorar la seguridad jurídica" de los titulares de derechos en la costa; fomentar la ordenación de la actividad económica, y revalorizar económicamente las zonas ya degradadas y sin valor medioambiental. Entre otros aspectos, ha dicho que la línea del deslinde será de conocimiento público, dentro de los criterios de transparencia.
   En este sentido, ha señalado que la reforma buscará la protección de los sistemas litorales, la recuperación de las zonas degradadas, la lucha contra la erosión, la garantía y acceso público de las costas españolas.
   Para ello, ha anunciado la elaboración de una "estrategia marina para cada una de las cinco demarcaciones marinas españolas", así como la constitución de una Comisión Interministerial de Estrategias marinas y el diseño de programas de seguimiento del medio marino. Igualmente, ha anunciado que se protegerá la biodiversidad marina, para lo que el Ejecutivo elaborará el Plan Director de la red de áreas marinas protegidas de España y el Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental.
   En materia de cambio climático, ha reconocido que la cifra global de emisiones refleja una "importante reducción" pero ha insistido en que España "se encuentra más lejos de cumplir el Protocolo de Kioto" porque no se han reducido "suficientemente" las emisiones en los sectores de los que directamente responde el Estado. En todo caso, no ha anunciado ninguna medida concreta en este sentido.
   Respecto al Medio Natural, ha concretado que el Ministerio revisará la normativa estatal y promoverá una "mejora" de la gestión de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000 "una de la más ricas y amplias de la Unión Europea". Arias Cañete ha concretado que, en estrecha colaboración con la Fundación Biodiversidad, su departamento convocará ayudas y desarrollará actividades para mejorar la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, con programas como EmpleaVerde, entre otros.
   Por otro lado, entre la "herencia" recibida del anterior Ejecutivo, ha hecho hincapié en varios "incumplimientos" medioambientales que han derivado en denuncias al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha advertido de las posibles sanciones económicas a las que se enfrenta, y ha criticado el "importante número" de proyectos de evaluación de impacto ambiental tramitados "sin resolución alguna". Por eso, Arias Cañete ha subrayado que el Ministerio está revisando de manera "exhaustiva" estos expedientes para agilizar su resolución.
   En el contexto general, el ministro ha prometido que las líneas del Departamento del que es titular se basarán en los principios de "diálogo y transparencia", que son las que "deben marcar esta legislatura" y ha prometido diálogo e inclusión con las comunidades autónomas, administraciones, organizaciones sectoriales y con las ONG ambientales a las que ha agradecido sus años de esfuerzo en la protección medioambiental.

La autopista Cartagena-Vera tiene de plazo hasta hoy para lograr aplazar el pago de su deuda de 500 millones


MADRID.- La sociedad concesionaria de la autopista Cartagena-Vera (Aucosta) cuenta con plazo este martes para lograr que sus bancos acreedores acepten otorgarle un aplazamiento al vencimiento de su deuda de unos 500 millones.

   La compañía busca ampliar el plazo de refinanciación de este pasivo hasta que el Ministerio de Fomento y el sector busquen una solución a los problemas financieros que afrontan algunas de estas vías por los sobrecostes de explotación y la caída del trafico.
   Aucosta cuenta aún con toda la jornada de mañana martes para negociar con los bancos. En caso de que finalmente no lograra el aplazamiento, para el que necesita la autorización unánime de todas las entidades, podría verse abocada a presentar concurso de acreedores, según indicaron dichas fuentes.
   La concesionaria que construyó la autopista entre Cartagena y Vera, de unos 100 kilómetros de longitud, en servicio desde febrero de 2004 y que cuenta con un plazo de explotación de 36 años, está participada por Globalvía (FCC y Bankia), Ploder, Unicaja, BMN y CAM.
   Aucosta ya advirtió a comienzos de diciembre de 2011 de que se podía declarar en quiebra si no prosperaban las negociaciones que entonces mantenía con sus bancos acreedores para que le aplacen el pago de deuda que entonces le vencía el 15 de diciembre.
   La firma negocia con un sindicato bancario integrado por una treintena de entidades, entre las que figuran Santander, Banesto, RBS, Ahorro Corporación y la propia Unicaja.
   La autopista achaca fundamentalmente su "grave" situación a que el tráfico que registra está "muy lejos" del inicialmente "previsto por la Administración cuando promovió" esta vía.
   Según sus datos, en 2011 circularon por la autopista una media de 1.949 vehículos diarios, lo que arroja un descenso del 7,10% en comparación con el mismo periodo de 2011, "ejercicio en el que, a su vez, el tráfico de la autopista ya acusó una importante desviación respecto a las previsiones", añade la concesionaria.
   No obstante, Aucosta recuerda asimismo que su situación "no es un hecho puntual". La Cartagena-Vera forma parte del grupo de autopistas del país que actualmente bordean la quiebra, bien por los sobrecostes que registraron con las expropiaciones de terrenos para su construcción o por el desplome de los tráficos respecto a las previsiones iniciales.
   El Ministerio de Fomento ya ha iniciado los contactos con el sector de las autopistas para tratar de solventar el riesgo de quiebra que actualmente afrontan esta sociedades, según indicó recientemente el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reconoció que se trata de un problema que "no es fácil de resolver".

El Gobierno regional propone a los sindicatos "aumentar la jornada semanal de los empleados públicos a 37,5 horas"

MURCIA.- El Gobierno regional ha propuesto a los sindicatos, reunidos este martes en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, medidas para dar "continuidad" a la Ley del Tijeretazo y un aumento de jornada semanal de los empleados públicos a 37,5 horas de jornada laboral semanal, según informó CCOO en un comunicado de prensa.

   Las Federaciones del Área Pública de CCOO-RM, Sanidad, Educación y Servicios a la Ciudadanía, han mostrado su rechazo a estas propuestas al finalizar la reunión.
   Concretamente, CCOO indica que la jornada semanal "tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos", tal como se establece en un una Propuesta de Acuerdo de la Mesa General en relación a las medidas reguladas en la Ley 6/2011 sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos.
   En este sentido, el sindicato dice que le sorprende tanto la "sinceridad" del nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, que "asume que el aumento de la jornada laboral supondrá destrucción de empleo, y no poco, y la sorpresa, valga la redundancia, de las organizaciones sindicales que en febrero de 2011 firmaron los acuerdos que dieron lugar a la Ley 1/2011 o Tijeretazo Bis".
   A su juicio, dicha Ley "no sólo no fue derogada el 31 de diciembre de 2011, como ya advirtió en su momento CCOO, sino que se ha prorrogado, y a peor, con la Ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2012".
   La Propuesta de Acuerdo incluye otras propuestas supuestamente "bien vistas" por las organizaciones sindicales, según CCOO, como por ejemplo, el "cómputo en días hábiles de los permisos y licencias de los empleados públicos, como si dicha condición no venga impuesta por el Estatuto Básico del Empleado Público".
   Asimismo, la Comunidad propone un Programa de Control del Absentismo laboral y la redistribución de efectivos "muy avanzados ambos" pero de los que no hemos visto "ni rastro". Asimismo, la Administración también plantea el anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Región de Murcia "que ya va por su 28 ó 29 versión y en cuya redacción han participado numerosos expertos en la materia".
   A CCOO no le cabe duda de que tales medidas "serán analizadas por cuando las tengamos", pero añade que, por ahora, especular "no es una buena opción menos aún en estos momentos de profunda y prolongada crisis económica que amenaza con destruir un empleo público fundamental para el mantenimiento del Estado del Bienestar".
   CCOO recuerda que no firmó el acuerdo de febrero de 2011 porque para el sindicato "era fundamental la permanencia del empleo público, no su destrucción a partir de aumento de la jornada laboral semanal a 36,30 horas con la consiguiente pérdida de la calidad de los servicios públicos".
   El nuevo consejero de Economía y Hacienda ha reconocido, "después de un año, que indudablemente un aumento de la jornada laboral supone pérdida de empleo", señala CCOO.
   En opinión de CCOO, la Administración regional "no debe sorprenderse si el debate interno que desarrollará nuestra organización llega a las mismas conclusiones a las que llegó hace casi un año, y es que las líneas rojas pasan por el mantenimiento del empleo público, por las 35 horas de jornada semanal y por la defensa de los servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales y apoyo administrativo, y de su calidad".
   CCOO considera que el "sacrificio" de los empleados públicos "ha sido suficiente", y recuerda que, en febrero de 2011, planteó una batería de medidas económicas "que supondrían alivio para las arcas regionales vía aumento de impuestos a ingresos superiores a los 60.000 euros anuales, lucha contra la economía sumergida y la recuperación de determinados impuestos como el de Patrimonio que el Gobierno regional se niega a recaudar, entre otras cosas".
   Estas medidas "fueron desdeñadas por la Administración regional que contó entonces con la complicidad, o la credulidad, de los sindicatos que suscribieron el 'Tijeretazo bis'", reprocha.
   A finales de enero de 2012, CCOO vuelve a reiterar que los sacrificios de los empleados públicos "han sido suficientes y se han ampliado en exceso en el tiempo, creyendo necesario mirar para otro sitio buscando nichos de fraude y corresponsabilidad de todos los sectores sociales, especialmente los más favorecidos, en la superación de la crisis económica".