La Comunidad quiere recaudar 735.000 euros en tasas a desfavorecidos y se niega a ingresar 21 millones de ricos

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros en 2012 imponiendo tasas a las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad y las familias numerosas, mientras que "se niega a implantar el Impuesto de Patrimonio a los ricos", que supondría "21 millones de euros de ingresos a las arcas regionales".

   En una rueda de prensa, Rosique ha tachado esta política de la Comunidad como "indecente" y recordado que ya pidieron la eliminación de estas tasas en el debate parlamentario presentando enmiendas. Comoquiera fueron rechazadas por el PP, la portavoz socialista ha anunciado que el PSOE ha presentado una moción este mismo jueves en la Asamblea Regional para exigir su eliminación.

   Además, Rosique ha señalado que el PSOE va a utilizar el cauce que posibilita el reglamento de la Asamblea Regional para intentar que esta moción se pueda tramitar con carácter de urgencia, con lo que la Junta de Portavoces tendrá que pronunciarse al respecto.

   Rosique ha recordado que la Ley de Acompañamiento, que fue aprobada en la Asamblea Regional con los votos mayoritarios del PP, fijaba tres tasas que afectan a los colectivos "más vulnerables" de la Comunidad Autónoma, como los dependientes, las personas con discapacidad y las familias numerosas.

   Así, la tasa por expedición y renovación del título de familia numerosa "hay que pagarla cuando pidas la expedición del título y certificado del mismo". En concreto, este gravamen oscila entre los 25 euros si la categoría es especial o los 15 euros si es una categoría general.

   Igualmente, ha reprochado que el Gobierno regional cobra diez euros por la renovación del título de familia numerosa, y pide cuatro euros por solicitar un duplicado.

   La tasa por solicitud del reconocimiento y revisión del grado de dependencia, solo por su solicitud y acogerse a la Ley, cuesta 30 euros. Mientras que las tasas planteadas para el reconocimiento, revisión o certificación del grado de discapacidad oscila entre los 20 euros para la solicitud de reconocimiento, 20 euros para la petición de renovación y diez euros para la certificación.

   Retegui ha insistido en que el Gobierno regional pretende recaudar 735.800 euros por estas tasas, tal y como consta en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

   A su juicio, el Gobierno regional "tiene a la Comunidad Autónoma sumida en prácticamente una quiebra financiera y cree que metiendo la mano en el bolsillo de las personas con discapacidad, de las personas en situación de dependencia y de las familias numerosas va a resolver la irresponsable y grave situación a la que nos ha llevado la política del presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno".

   Sin embargo, Rosique reprocha que la Administración regional "se niega a aplicar el Impuesto de Patrimonio, que supondría una recaudación para las arcas públicas ni más ni menos que de 21 millones de euros". Asimismo, recuerda que el Gobierno regional puede recurrir a otras figuras fiscales que el PSOE propuso en sus enmiendas como las "tasas a las grandes superficies y entidades financieras, entre otras".

   Precisamente, ha recordado que el Impuesto de Patrimonio ya está siendo aplicado por otras comunidades, incluida Castilla-La Mancha, gobernada por María Dolores de Cospedal, que se "oponía abiertamente a su aprobación pero que ahora ha tirado de él para conseguir una recaudación".

   Para la diputada socialista "resulta inaceptable por indecente que el Gobierno regional demuestre tan desmedido afán recaudatorio hacia los colectivos más vulnerables, metiendo la mano en sus bolsillos para recaudar 735.800 euros, mientras se niega a aplicar en la Región el Impuesto de Patrimonio a los ricos que supondría 21 millones de euros de ingresos para las arcas regionales".

   Más allá de las cuantías económicas, esta política "dice mucho del talante y de la ideología, de la insolidaridad y del carácter injusto de las políticas que el presidente Ramón Luis Valcárcel y su Gobierno tienen en la Comunidad de Murcia", ha añadido.

   Cabe recordar que estas tasas también han merecido la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que las ha calificado como "injustas", además de considerar que "no se ajustan a la legalidad fiscal y por lo tanto son contrarias a la legislación tributaria básica".

   El PSOE considera que estas tasas "incumplen la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, que en su artículo 39.4 dice textualmente: "En todo caso, tendrán el carácter de gratuito los Servicios de Información, Valoración y Asesoramiento, de Inserción Social, de Promoción y Cooperación Social, así como los servicios de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía".

   Rosique ha recordado que se trata de un punto que "sigue en vigor, ya que en ningún apartado de la Ley de Acompañamiento aprobada por el PP se dice que queda derogado". Por tanto, el PSOE se suma a la denuncia del CERMI, al considerar que "no cumple la legislación general básica", y añade que tampoco cumple la Ley de Servicios Sociales que "establece la gratuidad de estas solicitudes".

   A su juicio, no tiene "ni pies ni cabeza que, para solicitar un derecho que establece la Ley, tenga que pagar simplemente por el hecho de acogerse al mismo, máxime cuando se trata de colectivos tan vulnerables".

   Rosique ha recordado que los colectivos afectados "necesitan un sobrecoste para hacer frente a sus necesidades diarias, y precisan más recursos que una persona que no se encuentre en la situación en la que se encuentran estas personas".

   Por tanto, defiende que lo que necesitan estos colectivos "son ayudas de las administraciones, y no la aplicación de tasas fiscales con un fin recaudatorio, es decir, que metan la mano en sus bolsillos".

   Rosique ha mostrado su deseo de que el Gobierno regional "rectifique esta injusticia indecente e inaceptable", y estima que la vía más rápida para lograrlo es la vía institucional y política, mientras que el recurso contencioso-administrativo que se podría presentar "llevaría muchísimo tiempo".

   Mientras se resuelve el procedimiento judicial, Rosique recuerda que los colectivos más vulnerables "seguirían pagando las tasas mientras no fuesen anuladas". Por ello apela a la reflexión del Gobierno regional y que corrija este "error".

Los inversores, atentos a los edificios de oficinas embargados que liquidarán los bancos

MADRID.- Los inversores inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras liquiden los activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en balance, muchas de ellas en Murcia, según indica un estudio de mercado de Jones Lang LaSalle.

   Esta consultora inmobiliaria estima que este tipo de inmuebles comenzarán a salir al mercado en el segundo trimestre de este año.

   "Las instituciones financieras todavía no están dispuestas a aceptar los ajustes de precio necesarios y además se encuentran limitados por el hecho de que algunos de estos activos forman parte de préstamos sindicatos firmados con otras entidades", indica la  firma para explicar la demora en la venta de estos activos.

   Por el momento, en 2011 la inversión en edificios de oficinas de Madrid fue de menos de la mitad respecto al total de 2010. El pasado año se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes.

   En este importe no se incluye la operación por la que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, adquirió la Torre Picasso de Madrid a FCC por 400 millones de euros, una transacción que "se espera que concluya en el primer trimestre" de este año.

   No obstante, para Jones Lang LaSalle, esta operación "confirma" que se mantiene el interés de los inversores inmobiliarios nacionales "en buenos productos".

   En este sentido, el estudio de mercado de la firma destaca que las rentabilidades para edificios de oficinas en inversión ha alcanzado el 6% por vez primera desde 2009, equiparando así esta tasa a las que presentan Barcelona y Bruselas.

   Respecto al mercado de alquiler de oficinas en la capital, la consultora constata un descenso en las rentas de alrededor del 1% durante el pasado año, como consecuencia de la menor oferta y la alta tasa de disponibilidad.

   Según sus datos, a cierre del pasado mes de año casi el 11% de la superficie del parque total de oficinas de Madrid estaba vacío, porcentaje superior al de 2010 "a causa de desocupaciones graduales".

La Plataforma CAM consigue 120 apoyos para la denuncia colectiva presentada hoy en la Audiencia Nacional

MADRID.- La Plataforma CAM presentó esta mañana en la Audiencia Nacional una denuncia colectiva contra la anterior cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo con la firma de cerca de 120 afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes.

Sin embargo, según explicó el portavoz, Carlos Pena, estos datos son provisionales, puesto que la plataforma sigue «haciendo recuento para evitar repeticiones».
Además, en palabras de Pena, recibe por correo «entre siete u ocho firmas diarias» para adherirse a la iniciativa judicial.

El abogado Diego de Ramón, que ya presentó una querella contra la CAM, ha sido el encargado de entregar la denuncia en la Audiencia Nacional.

Asimismo, la intención futura  es ampliar la demanda para pedir también responsabilidades a los órganos encargados de supervisar la gestión de la CAM, como son el Banco de España, el  Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenado (FROB), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Además, en esta iniciativa se solicita también el embargo de parte del dinero de la Obra Social de CAM para destinarlo al pago de la deuda con los afectados.

Paralelamente, hoy entregó en el Congreso de los Diputados una carta solicitando la comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que explique «la situación de los ahorradores atrapados en los productos tóxicos».

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.

   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Desestimado el recurso de Ryanair para embarcar a pie de forma cautelar en el aeropuerto de Alicante

ALICANTE.- La sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación presentado por Ryanair, en el que pedía como medida cautelar el mantenimiento del embarque y desembarque a pie en la nueva terminal del Aeropuerto de Alicante sin necesidad de emplear pasarelas o 'fingers'.

   El auto reafirma la sentencia del juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, que ya desestimó las medidas cautelares que la aerolínea de bajo coste pedía para continuar haciendo el embarque y desembarque a pie en la nueva terminal.

   El tribunal insiste en que hay "dudas razonables de que exista perjuicio inmediato e irreversible a la compañía" por el uso de pasarelas, por lo que desestima el recurso de apelación, y entiende que las razones de seguridad alegadas por Aena "no son infundadas".

   La compañía aérea recurrió la decisión del juzgado alicantino al considerar que en base al principio de libertad de empresa, se constituyó como compañía aérea 'low cost', que fundamenta su modelo de negocio para la captación de pasajeros en el menor costo del viaje sobre la base de reducción de costes operacionales, tales como desembarque y embarque de pasajeros, para lo cual prescinde de los 'fingers' o pasarelas, optando por el acceso a pie.

   Según Ryanair, Aena ha "impuesto" el uso de pasarelas en la nueva terminal, a pesar de que la apertura de la base en Alicante había tenido como "condición determinante" el poder embarcar y desembarcar sin uso de pasarelas.

   Para la compañía, ese cambio es una "imposición unilateral que supone una infracción de la normativa de defensa de la competencia", por lo que sería "procedente adoptar como medida cautelar mantener las condiciones" anteriores.

  Además, la aerolínea irlandesa consideraba que Aena "ha abusado de su posición dominante al imponer un determinado servicio, cuya prestación no desea", con una "imposición de precios abusiva".

   No obstante, el auto argumenta que la compañía opera en otros aeropuertos mediante pasarelas o jardineras, lo que demuestra que estas operaciones "no son un factor necesariamente y característico, por exclusivo y absolutamente general de la compañía".

   Por ello, considera que no está acreditada la exclusividad en la compañía en una fórmula de embarque o desembarque, ni la exención general de tasas por tales operaciones, ni la pérdida de puntualidad derivada de aquella situación.

   Ante estos argumentos, Aena reiteró que la razón que le ha llevado a adoptar el uso de los 'fingers' se sustenta en las condiciones de las infraestructuras que la Nueva Área Terminal (NAT) del Aeropuerto de El Altet impone, y que hacen de dichas operaciones a pie "un hecho gravado de inseguridad".

   Así, reconoce que los embarques a pie son factibles en 15 de las prepasarelas con las que cuenta la NAT, 12 de las cuales disponen de puerta de embarque para estacionamientos remotos que son puertas de acceso desde las terminales a las zonas de estacionamiento.

   Por ello, en la actualidad están autorizados los embarques y desembarques a pie, si bien para ello Aena ha debido adoptar medidas temporales porque supone "una relevante restricción de las instalaciones".

   En este sentido, el auto entiende que las razones de seguridad de pasaje alegadas por Aena "no son infundadas", y destaca que "durante estas operaciones a pie, los pasajeros invaden los estacionamientos contiguos, comprometiendo su seguridad e incumplimiendo la normativa de seguridad en plataforma".

   Por este motivo, para poder realizar este tipo de embarque, Aena se ve obligada a eliminar el estacionamiento simultáneo de una aeronave en el stand contiguo izquierdo, lo que conlleva la reducción de la capacidad de estacionamiento al inutilizarse seis de las quince posiciones de contacto.

   De igual modo, el auto valora la documentación aportada por Aena en la que comparaba los datos de junio y julio de 2011, que demuestra una mejora en los índices de puntualidad desde el uso de las pasarelas, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

   El tribunal considera que no está probado el perjuicio a Ryanair y por ello desestima el recurso de apelación, le impone las costas procesales, y le recuerda que ha perdido el depósito efectuado para recurrir. Este auto es firme, por lo que no cabe recurso alguno.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

La Eurocámara, a favor del nuevo acuerdo agrícola con Rabat

BRUSELAS.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) ha votado a favor del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos, que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles del PP y PSOE habían anunciado que votarían en contra.

   El nuevo acuerdo fue negociado en 2010 entre Rabat y Bruselas y ha recibido el visto bueno de los Veintisiete, pero necesita la ratificación de la Eurocámara para su entrada en vigor. Tras el voto de este jueves, está previsto que el pleno se pronuncie definitivamente el próximo 15 de febrero.

   Los eurodiputados han enmendado la recomendación redactada por el francés José Bové (Verdes) que pedía tumbar el acuerdo porque colocaría a los productores europeos "en una dura competencia difícil de mantener". Bové también criticaba la falta de una evaluación de impacto económico y medioambiental del nuevo convenio y la situación del Sáhara occidental, cuya población reclama ser excluida de los acuerdos con Marruecos.

   Con los cambios introducidos  por las enmiendas adoptadas en la comisión INTA, el proyecto de recomendación que llegará al pleno del Parlamento Europeo pedirá "conceder" el visto bueno definitivo al nuevo convenio comercial de productos agrícolas y pesqueros con Rabat.

   La ratificación de la Eurocámara es el último requisito para que entre en vigor el acuerdo que prevé la liberalización progresiva de casi todos los productos agroalimentarios, aunque también incluye un régimen arancelario por contingentes para alimentos "sensibles" como el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

   La entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido es una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones como la naranja.

El Banco Sabadell afrontará vencimientos de 11.000 millones este año

BARCELONA.- Banco Sabadell afrontará vencimientos de deuda por 11.000 millones de euros este año, de los que 4.000 corresponden a la entidad y 7.000 a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

   El director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, ha explicado que la entidad ha captado financiación por 4.000 millones en el Banco Central Europeo (BCE), al que el Sabadell no había recurrido desde hacía un año pero al que acudió en la subasta de diciembre porque tenía vencimiento a tres años, lo que supone más largo plazo, en vez de corto como antes.

   Esta liquidez ha servido para adquirir deuda soberana --objetivo del BCE con la subasta de diciembre-- y para anticipar la cobertura de los vencimientos de 4.000 millones de 2012, pero no se ha dedicado a los resultados de 2011, ha señalado Varela en la presentación de las cuentas del pasado año.

   El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha explicado que, con las subastas del BCE a más largo plazo, el Sabadell tendrá al banco europeo como "fuente estable de financiación a medio plazo", frente a las reticencias que tenía hasta ahora porque la financiación a corto plazo era más peligrosa.

   Oliu ha señalado que se han preparado para afrontar los retos de 2012 en España con la elevada tasa de paro y los ajustes en el sector público --que ve necesarios--, en definitiva "para afrontar los momentos de incertidumbre y seguir creciendo", especialmente entre las rentas medias.

   La plantilla ha pasado en un año de 10.777 empleados a 10.675, y la red de oficinas de 1.467 a 1.382, lo que supone una ligera caída.

   Oliu ha repasado las adquisiciones de los últimos años --una por año desde 2008--, todas para crear valor para el accionista, ha incidido.

   Sobre la operación de Banco CAM, ha descartado poner fecha para cerrar la operación, ya que depende de las autorizaciones pertinentes, y ha insistido en que es "transformacional" para el banco, que pasará de unos activos de 100.000 a 166.000 millones, a un 6,2% de cuota de mercado y a más de 5 millones de clientes.

   "Con CAM alcanzaremos casi todos los objetivos del plan estratégico CREA (2011-2013) en la mitad de tiempo", ha remarcado.

   El consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, ha insistido en que el objetivo del Sabadell es "iniciar la recuperación de CAM rápido, porque tenemos los mimbres para hacerlo, en cuanto tengamos la gestión".

   Oliu ha expuesto que CAM mantendrá la marca en la Comunidad Valenciana y Murcia --sus territorios clave--, probablemente con la denominación SabadellCAM, y puede que también en Baleares, siguiendo el modelo aplicado en Banco Herrero y el Guipuzcoano, a la vez que ha descartado pujar por el de Valencia.

   Asimismo, el banco estará "encantado" de contar con la incorporación de accionistas valencianos, como ha pasado en otras adquisiciones, a las que se han incorporado accionistas (muchos también clientes) de las entidades absorbidas.
Respecto a la morosidad de la CAM (del 20 por ciento), Oliu ha apuntado que con el proceso de saneamiento de la operación de compraventa, deja de ser relevante este dato pasado para la aportación al resultado futuro.

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.

   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.

   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.

   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.

   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.

   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.

   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.

   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.

   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".

   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".

   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".

   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".

   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".

   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.

De Guindos aboga por controles trimestrales a las cuentas de las CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que, en su opinión, sería "perfecto" que los controles a las cuentas autonómicas se hicieran cada tres meses, pero en todo caso ha dicho que deben ser controles "suficientes" porque lo que hay ahora no ha funcionado a la vista de la desviación de los objetivos de déficit público de las comunidades. "Ellas saben mejor que yo (que se les ha ido la mano)", ha apuntado.

   De Guindos, en declaraciones a TVE , ha subrayado que el Gobierno "no pretende hacer de policía" de las comunidades autónomas, aunque ha subrayado que tiene que haber más transparencia y la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades en el objetivo de déficit, cuestiones que figurarán en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

   El titular de Economía ha insistido en que el déficit fijado para este año es del 4,4% del PIB, que el cumplimiento de los compromisos con Bruselas es ineludible e imprescindible para volver a generar confianza, pese a que no va a ser "ni sencillo ni fácil" conseguirlo y ha costado medidas "dolorosas" como el recargo temporal en el IRPF.

   De Guindos, que ha descartado una subida del IVA por ser un impuesto más "indiscriminado" que el IRPF y la implantación por ahora del copago sanitario, ha dejado claro que España cumplirá sus objetivos, a pesar de que el FMI ha dicho lo contrario, y ha recordado que esta institución, a la que él "toma en serio" por se una referencia importante, se equivoca también de vez en cuando.

   "La reducción del déficit público es imprescindible, pero simultáneamente tenemos que compensar esos efectos a través de reformas económicas que fomenten el crecimiento, como la reforma laboral y del sector bancario", ha destacado.

   El ministro se ha referido también a la reforma laboral, de la que ha dicho que es el "punto clave" para generar confianza, "incluso más importante" si cabe que el ajuste presupuestario que España debe llevar a cabo, habida cuenta de que el país tiene una tasa de paro del 22% y de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 no arrojará "datos buenos" si sigue la tendencia del paro registrado y de la afiliación de la Seguridad Social de los últimos meses.

   En este sentido, ha recordado que España ha sido el país donde más se ha deteriorado el mercado laboral durante la crisis, más incluso que en los países que han tenido que ser rescatados. "La reforma laboral va a generar vibraciones positivas en la evolución del mercado laboral y va a mejorar la confianza", ha indicado el ministro, quien ha subrayado que también contribuirá al crecimiento económico.

   En este punto, ha afirmado que los líderes europeos ya están empezando a hacer énfasis no tanto en políticas de austeridad, sino en aquellas que estimulen el crecimiento.

   De Guindos ha señalado que la reforma laboral del Gobierno introducirá cambios en la negociación colectiva, con mayor preponderancia de los convenios de empresa, y simplificará la "selva incomprensible" de contratos que hay en España, pero no hasta llegar a un único contrato.

   "Hay que simplificarlo muchísimo. Se dice contrato único aunque no es el único que existe. Yo me estaba refiriendo a un contrato con cláusulas comunes para jóvenes, que son los que más están sufriendo la lacra del paro", ha precisado en alusión a su artículo de opinión en 'The Wall Street Journal'.

   Para el ministro, el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y empresarios es positivo y una buena "plataforma de salida" para la reforma del mercado laboral que está diseñando el Gobierno y que entrará en todos aquellos aspectos en los que los agentes sociales no han sido capaces de llegar a acuerdos.

   "El acuerdo salarial no es un acuerdo completo, es un buen punto de partida y manda señal positiva, pero el Gobierno va a hacer una reforma mucho más amplia", ha manifestado el titular de Economía, que ha valorado especialmente que los agentes sociales hayan roto la vinculación de los salarios a la inflación.

   De Guindos ha indicado que el coste del despido no es una cuestión clave en España y ha explicado que lo que el Gobierno quiere evitar es que se despida a los temporales cuando cae la actividad de las empresas, introduciendo "mecanismos completamente distintos" a los actuales a través de la negociación colectiva.

   "El 35% de la fuerza laboral en España tiene un coste de despido prácticamente cero en España, los temporales, que es donde se concentra el ajuste. Queremos sustituir muchísima temporalidad por otro tipo de contratación indefinida", ha precisado el ministro, que ha añadido que el Gobierno "se tiene que ubicar en el interés general y que el interés general no es el coste del despido".

   Por otro lado, y en relación a su pasado en Lehman Brothers, entidad que quebró mientras ocupaba la Presidencia del banco para España y Portugal, el ministro ha asegurado que "si se considerara responsable lo más mínimo de la crisis económica mundial", no sería ahora ministro de Economía.

   Sobre su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, De Guindos ha resaltado su respeto profesional y personal por él y ha indicado que mantienen una comunicación prácticamente diaria.

Sigue sin estar claro un eventual cierre del aeropuerto de San Javier en favor del de Corvera

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha asegurado este miércoles que la entrada de AENA en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, ubicado en Corvera, "tendría que ser a costa de compensaciones" por el cierre del aeródromo de San Javier, ya que, explicó, "no querrá perder la inversión realizada".

   La diputada socialista ha recordado que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "dijo que los dos aeropuertos eran compatibles y que se hacía el de Corvera sin necesidad de que cerrara San Javier".

   Así, en época de Gobierno de José María Aznar se diseñó la segunda pista de San Javier porque además, indicó Retegui, "Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro, no quería que se hiciera Corvera".

   Las obras de una segunda pista y los trabajos de ampliación de un aeropuerto "no se hacen en medio año", apostilló Retegui, "y en estos momentos se están acabando esos trabajos cuya finalidad era tener una mejor terminal en San Javier porque, entonces, se creía que era compatible con Corvera".

   Así, subrayó, "lo había visto el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel", y ahora cuando se está terminando las mejoras de San Javier, a la vez que se acaba con el aeródromo de Corvera, "el gobierno del PP dice que son incompatibles". Por lo que, zanjó, "las explicaciones tendrán que darlas desde el Gobierno regional".

   A pesar de ello, espera que el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel "recoloque" a todos los trabajadores del aeródromo de San Javier en caso de su cierre.

Retegui dice que Valcárcel se irá antes de terminar legislatura y revela que Bernal es el sucesor

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, augura que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se irá "corriendo" antes de cumplir la legislatura, de hecho, "ahora trabaja menos de un 20% para la Región de Murcia, el 80% lo trabaja para intentar buscar su futuro en Europa".

   "Esto no es bueno para la Región", así que manifestó "o se va ya o debería acallar esas voces, justificar y comprometerse a continuar en la Región hasta las siguientes elecciones autonómicas".

   A su juicio, "Valcárcel está intentando buscar su futuro, no el de la Región de Murcia, sin dejar que crezca debajo de él nada".

"Se encuentra ausente en un momento complicado, con tres consejeros de Economía y Hacienda en siete meses", ha criticado.

   Al hilo, la socialista ha recordado que el presidente no mantiene a ningún consejero en su puesto de diputado en la Asamblea Regional porque, según explicaba el propio Valcárcel, "quería tener a los consejeros en el Consejo de Gobierno". Así ha declarado que la lectura que hacen desde el PP "es que mantiene a Juan Bernal como diputado para que sea su sucesor".

   Algo que critica la socialista, porque, desde su punto de vista, "no podemos tener un presidente interino si además no hay una Vicepresidencia económica y un poder político real, ya que no hay nadie que coordine sin Valcárcel".

   Retegui ha afirmado así que uno de los problemas de los últimos años es que "no ha habido coordinación entre las distintas consejerías", por ello, incidió, "parte del despilfarro y déficit que tenemos es de descontrol sobre las cuentas de las consejerías y organismos públicos que dependen de éstas".

   "No ha habido nadie con autoridad", ha lamentado la diputada quien ha criticado la actitud de Valcárcel, "que no quiere que le hagan sombra".

   El presidente, insistió, "cree que todavía tiene el favor de muchos ciudadanos, y el que los resultados electorales hayan mantenido el apoyo al PP ha sido malo para la ciudadanía de la Región de Murcia, ya que Valcárcel se siente impune", tal como en los últimos años de denuncias por corrupción y especulación de altos cargos del Gobierno, "incluido un consejero que fue delegado del Gobierno".

   "Es como si todo lo malo no tiene que ver con él y la culpa siempre está en otros, y cuando hay una noticia buena por supuesto la da el presidente Valcárcel, que asume toda su responsabilidad", añadió.

   Tras lo que ha manifestado que los avales que trae el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, "no son los mejores". Por lo que espera que "tengamos más suerte" y el nuevo consejero del ramo "tenga más éxito y sea más exigente" que en su anterior época.

   Begoña García hizo alusión, de tal forma, a la faceta de Juan Bernal en la empresa privada, concretamente, en Halcón Food, empresa desaparecida y el Consejo de Administración de la CAM.

   Así como la de gestor público, de hecho, expuso, "como consejero entre los años 1995-2003 fue responsable de una ley del Suelo y un modelo especulativo que contribuyó a que las consecuencias de la burbuja inmobiliaria sean hoy mucho más graves en la Región".

   De la época de gobierno de Juan Bernal es también la Ley de Financiación "que más daño ha hecho a las Cuentas regionales, aprobada en 2001, con unas transferencias de Sanidad que ahogaron a la economía regional".

   Igualmente, apostilló, "Juan Bernal fue el que perdonó la deuda histórica que la Asamblea había aprobado reclamar al Gobierno de España".

   Al hilo, la portavoz socialista agregó que el anterior consejero Salvador Marín "ha sido utilizado por Valcárcel a la espera de colocar a Bernal".

   Según García Retegui, el presidente murciano "ha esperado a que ganara Mariano Rajoy para intentar buscarle una salida", pero desde luego, añadió, "en su nuevo sitio no trabajará para la Región de Murcia".

   De todas formas "su paso ha sido de mucha más pena que gloria", ha subrayado la socialista, quien indicó que Marín "ni siquiera ha sido capaz de tener un equipo de trabajo entendible para los propios funcionarios de la consejería".

   A su juicio, "ha hecho buena a Inmaculada García" y sale poco menos que huyendo del Gobierno regional, "después de haber dejado a la Región en una situación aún más complicada de la que la dejó su antecesora".

   Pero esta responsabilidad, continuó, "no es sólo del ex consejero de Economía, sino que el máximo responsable de que la Región se encuentre al borde del abismo es del presidente Valcárcel, por no coordinar ni dirigir".

   Según Retegui, es fruto todo ello del "gobierno especulativo de Valcárcel y de la política del PP en la Región de Murcia", que sigue manteniendo, a pesar de la crisis, "demasiado chiringuitos, cargos, gasto inútil y déficit".

   De hecho, concluyó, "los gobiernos de Valcárcel han sido débiles desde que se inició la crisis". A este respecto, la diputada socialista criticó el Plan de Pagos de la Comunidad Autónoma, "que utiliza el impago como vía de financiación, prohibido por la Ley de Morosidad" y que muchos proveedores aceptarán para evitar su cierre.

Bernal se compromete a cumplir los objetivos de estabilidad y déficit y finge sobre su futuro político

MURCIA.- El nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, ha asegurado que los problemas de la Región de Murcia "tienen solución", y se ha propuesto para ello como tarea "prioritaria" el control del déficit, la supervisión de las cuentas para que estén "equilibradas", y la ejecución del Presupuesto de la Comunidad para 2012 con la intención de que se mantenga "en la línea definida".

   Bernal ha hecho estas declaraciones un contacto con los medios de comunicación mantenido después de su toma de posesión como nuevo consejero, cargo que ha jurado en un acto en el que ha estado arropado por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, así como por sus nuevos compañeros del Consejo de Gobierno, familiares y personalidades de la sociedad murciana.

   Entre sus tareas de futuro, Bernal ha fijado como prioritario que las cuentas estén "equilibradas" y que la Comunidad "cumpla con su parte" para que España satisfaga los escenarios de convergencia pactados con la Unión Europea. Para ello, ha explicado que el control del déficit "es un objetivo fundamental en este momento".

   Igualmente, ha calificado como fundamental "ayudar a la creación de empleo", en un momento en que la sociedad murciana "está angustiada por una economía que no funciona, en la que no se crea empleo, en la que se cierran empresas, no fluye el crédito bancario, y las administraciones tienen una situación de morosidad".

   El nuevo consejero también ha considerado "verdaderamente urgente" la negociación de la Mesa General de la Función Pública, que se ha comprometido a convocar "inmediatamente" para tomar los acuerdos pertinentes en materia de horarios y de función pública, aunque todavía no hay fecha para ello.

   A su juicio, los problemas de la Región se podría resolver "si funcionara la economía", y ha indicado que el Gobierno murciano "tiene que poner en marcha aquellas medidas que sirvan, efectivamente, para conseguir ese estímulo y haya esperanzas de crear empleo".

   Bernal ha indicado que hay muchas medidas para dinamizar la economía, pero ha señalado que están pendientes de que se discutan con empresarios, con sindicatos o con personas concretas.

   De todas formas, ha anunciado que "todo lo que sea favorecer la tramitación de proyectos empresarial puede ser muy importante", al tiempo que se ha mostrado partidario de poner en marcha medidas de estímulo en el sector turístico y en el ámbito de la actividad agraria, que son sectores con "potencia en la Región y en los que hay que incentivar las actuaciones".

   Igualmente, Bernal ha afirmado que un sector eficiente ligado a la construcción es "imprescindible para superar la crisis". Por tanto, se ha mostrado partidario de una construcción "de calidad y de categoría que permita la creación de puestos de trabajo y de actividad empresarial".

   El nuevo consejero también ha adelantado que la Comunidad puede implementar medidas para "poner en ventas el 'stock' de viviendas turísticas terminadas", lo que a su juicio podría servir de "revulsivo enormemente importante".

   Al ser preguntado por los impagos de la Comunidad a los proveedores, Bernal ha recordado que él mismo procede del sector privado y ha mostrado su comprensión hacia el "disgusto" de los empresarios y personas a quienes se les debe dinero. Por ello, se ha comprometido a hacer "todo lo que esté en su mano para encontrar soluciones con las que poder remediar esta situación".

   Así, ha recordado que el consejero saliente, Salvador Marín, ha puesto en marcha un Plan de Pagos que es un instrumento "que permite enfrentarse a estas situaciones de aplazamiento", pero si ese no es el caso, ha avanzado que tendrá que estudiar la situación, lo que ha considerado "una prioridad absoluta".

   Y es que, según ha admitido, lo mejor que la Comunidad puede hacer si quiere dinamizar la economía es "pagar a los proveedores lo que se les debe, porque un empresario que ha cobrado es, sin duda, un empresario que puede mantener su empleo y que puede pensar en crear puestos de trabajo y en iniciar o lanzar proyectos e inversiones".

   Bernal también ha hecho referencia al acuerdo firmado recientemente entre UGT, CCOO, CROEM y Gobierno regional, que establece un calendario de trabajo de una "intensidad enorme" en estos seis primeros meses, con proyectos previstos como la nueva Ley de Función Pública, el nuevo Plan económico y el Plan de la economía sumergida, entre otros.

   En este sentido, ha mostrado su intención de conceder mucha importancia al diálogo con los empresarios y los sindicatos. Así, ha explicado su creencia firme en esa política de "diálogo y entendimiento", máxime en esta situación económica "difícil" en la que la peor posibilidad es "tener una continua situación de desencuentro".

   Por ello, ha ofrecido "toda" su disposición a los sindicatos y empresarios para que ese diálogo "se inicie lo antes posible y sea tan fluido como en la anterior etapa de gobierno". A su juicio, la Región de Murcia se encuentra en una situación difícil "en la que es preciso tomar decisiones rápidas y con cierta firmeza".

   Ante los rumores de que se perfila como sucesor de Valcárcel, Bernal ha asegurado que no les va a hacer "el más mínimo caso". A su parecer, la sucesión "no es un tema que esté sobre la mesa" y, desde luego, ha afirmado que se trata de una decisión que no recae sobre su persona.

   En cualquier caso, ha dicho estar preocupado por el hecho de que se hable "demasiado" de este tema de la sucesión y les quite la atención de otros temas que "verdaderamente tienen importancia". En su opinión, el Gobierno regional "tiene que estar centrado en dinamizar la actividad económica, generar oportunidades de creación de empleo, controlar el déficit y cumplir sus escenarios de consolidación presupuestaria".

   Durante su intervención en la toma de posesión, Valcárcel ha confirmado que el nuevo consejero continuará en la Asamblea como diputado regional y compaginará los dos cargos. A este respecto, Bernal ha recordado que en su anterior etapa como consejero ya compaginó las dos tareas, y ha confesado que se trata de una posibilidad que a él le "agrada".

   En este sentido, Bernal ha afirmado que es una persona "muy disciplinada" como diputado y como consejero, por lo que se ha mostrado dispuesto a continuar o dejar el escaño si a Valcárcel "le apetece", ya que se trata de una decisión que no depende de él, sino del presidente.

   Para poner en marcha un programa de Gobierno en la Consejería, Bernal también ha avanzado que es preciso nombrar a los miembros de su equipo, una labor a la que ha adelantado que se dedicará en los próximos días, ya que en estos momentos "aún no están pensadas" y hay que "hablar con ellos".

   Aunque ha afirmado que no va a modificar la estructura del departamento, ha indicado que se van a hacer "algunos cambios" y está pendiente de ver "en qué personas recaen". Así, ha adelantado que "primero hay que hablar con las personas, que tienen sus trabajos y ocupaciones".

   Bernal ha precisado que va a hacer un gran esfuerzo por convencer a determinadas personas que considera "muy importantes" para que se incorporen al equipo de la Consejería.

"Valcárcel, ¡paga ya!, gritan por las calles de Murcia los acreedores de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- La Asociación de empresas de mantenimiento y construcción de Murcia (Asemaco) se ha manifestado este miércoles exigiendo a la Comunidad que pague la deuda de 80 millones de euros que tiene con las empresas integrantes de esta asociación. La movilización iba encabezada con una pancarta que rezaba 'Valcárcel paga ya'.

   Decenas de trabajadores y vehículos de las empresas ha afectadas han participado en esta manifestación que ha comenzado en la Consejería de Obras Públicas, en la plaza de Santoña, ha subido por la Gran Vía murciana y ha llegado por Teniente Flomesta hasta la Consejería de Economía y Hacienda. Allí la presidenta de Asemaco, Encarna Inglés, ha leído un manifiesto.

   Inglés recuerda que la deuda es de 80 millones de euros "declarados" porque "además hay otra cantidad, que no sabemos exactamente cuánta es, que son facturas que están sin contabilizar por su parte y obras ejecutadas que no está facturadas todavía".

   Asegura que la Comunidad les adeuda dos años de facturas y critica la propuesta del pago a cinco años del Plan de Pagos. Exigen "el pago inmediato".

   Afirma que todas las empresas que Asemaco "estamos totalmente en el límite, hemos estado mucho tiempo intentando llegar a una solución y no nos han dado ninguna". Respecto a los cinco años establecidos por el Plan de Pagos, sentencia que "esto es insostenible".

   Asemaco está formada por 40 empresas y unos 1.500 trabajadores y 7.000 empleos indirectos. Inglés ve peligrar la estabilidad de todas estas empresas y afirma que "estamos todos avalando esta deuda con los bancos por mediación de nuestros bienes para poder pagarles tanto a trabajadores como a proveedores", ha concluido.

Cosidó alerta que Murcia se ha convertido en punto de atracción para crimen organizado

MURCIA.- Las peculiaridades de la Región de Murcia por su especial situación en el Mediterráneo y el "dinamismo" experimentado en esta Comunidad en los últimos años han hecho que se convierta en un "punto de atracción" para el crimen organizado.

   Así lo ha manifestado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, durante el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía en Murcia, Cirilo Durán, quien sustituye en el cargo a Carlos Llorente.

   Por ello, ha asegurado que el gran desafío será la lucha contra estas redes, "lo que implica saber de antemano que nos enfrentamos a un problema de dimensiones globales, a un desafío que supera las demarcaciones territoriales y las fronteras".

   No obstante, Cosidó ha expresado su convencimiento de que una manera segura de combatirlo pasa por el "fortalecimiento del control de nuestras fronteras exteriores, ya que la dependencia de esta Jefatura de un paso fronterizo nos obliga a mejorar nuestras capacidades y aumentar la vigilancia".

   Asimismo, ha abogado por asumir esa lucha desde la colaboración entre los distintos cuerpos policiales, al entender que "el trabajo conjunto es condición imprescindible para los mejores resultados y ofrecer respuesta eficaz a este tipo de amenaza".

   Otro de los desafíos a los que ha hecho referencia es la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, donde Murcia, ha destacado, "está en la primera línea para luchar contra esta amenaza".

   Y es que, ha explicado, "su especial situación costera presenta numerosos puntos por donde intentan entrar en España personas de forma ilegal"; de forma que ha abogado por "mejorar nuestros métodos técnicos para detectar documentos falsos y ejercer control más eficaz en puestos fronterizos".

   "No podemos bajar la guardia", ha advertido Cosidó, para después alertar que "la desaparición de las fronteras interiores en el ámbito de la UE significa que tenemos que intensificar nuestra lucha contra el tráfico de personas, ya sea explotación laboral o sexual".

   Hay que añadir el "elevado" porcentaje de población extranjera en Murcia, lo que obligará, ha indicado, a ser "riguroso en esta materia desde una perspectiva de prevención de la inmigración ilegal, del tráfico de seres humanos y desde la protección de la integridad física de las personas y en cumplimiento estricto de la legalidad".

   De ahí que entre las funciones de esta Jefatura se encuentre el "prevenir e impedir que Murcia sea canal de entrada y sede de operaciones de estas redes, que atentan contra los derechos humanos". "No existe margen de impunidad en este sentido", de manera que se pondrán los medios a su alcance "para reducir la capacidad operativa de estos grupos criminales".

   Durante su discurso, Cosidó ha alabado a Murcia en el sentido de que cada vez más "es relevante en muchos aspectos, pero sin duda en el de la seguridad, donde la Jefatura de Murcia ha subido a primera división en el panorama de la seguridad en España".

   No obstante, ha puesto de manifiesto que "la dirección de esta nueva jefatura no presenta, sin embargo, desafíos menores de los que ha tenido" el nuevo jefe superior, "ya que la especial situación geográfica de la Comunidad, relevante por su destaca infraestructura turística con acceso marítimo y con un volumen cada vez más importante de población, mucha de ella extranjera, hace de esta jefatura superior un destino atractivo también no solo para los turistas, sino también para los delincuentes y redes que desarrollan su actividad en el ámbito de la inmigración ilegal y que obtiene lucro del tráfico de los seres humanos".

   De ahí que su voluntad como director general de la Policía sea "intensificar la acción en los ámbitos operativos pero también en la formación para dar una respuesta óptima a los retos principales que se perfilan en Murcia y que no son muy diferentes, por otro lado, de los que tenemos en el conjunto de la geografía española".

   También ha recordado en su discurso al pueblo de Lorca, donde el CNP y el conjunto de las FCSE "demostraron que son capaces de prestar servicio eficaz e inmediato, y dar lo mejor de sí mismo en medio de circunstancias tan difíciles como las que se vivieron en Lorca".

   Sobre el nuevo jefe superior de la Policía en Murcia, ha comentado que se ha depositado en él toda su confianza, estando convencido de que "será un magnífico mando para todos los policías nacionales destinados a esta jefatura".

   Ha resaltado el curriculum de este salmantino, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Madrid y máster en Alta Dirección Pública por el Instituto Ortega y Gasset, ya que fue nombrado jefe de Brigada de la Comisaría general de Información, pasando en 2011 a la Jefatura de la Comisaría de Moncloa-Aravaca (Madrid), cargo que desempeñaba hasta su nombramiento como jefe superior de Policía de Murcia.

   Experto en terrorismo internacional y en técnicas operativas de investigación criminal, ha realizado cursos y seminarios sobre diversas materias de interés policial, como blanqueo de capitales, protección tecnológica, fundamentalismo islámico, derecho internacional humanitario, vigilancia y persecución transfronteriza y protección aérea. Está en posesión de la Cruz de la Orden al Mérito Policial con distinto Rojo y con distinto Blanco, así como de la encomienda al Mérito Civil.

   Al respecto, el nuevo comisario, quien ha destacado el reconocimiento personal a su predecesor, Carlos Llorente, ha subrayado que comenzará su trabajo con un esquema de valores, apostando por la dedicación y el servicio a la Región y a los ciudadanos que la integran, el compromiso con los objetivos estratégicos del CNP y de responsabilidad con la tarea de que sean asignadas para la mejora de la convivencia.

   De igual modo, ha expresado su respeto por la labor de las organizaciones sindicales del CNP, deseando que "el diálogo sea el único cauce de resolución de problemas si alguna vez surgen".

   Tras el acto, Durán ha afirmado que es un reto "importante" estar en Murcia, y se ha remitido a las líneas estratégicas marcadas por el director general: apuesta por la lucha contra la inmigración irregular y el crimen organizado.

La comisión de investigación de la CAM estudirá documentación de la caja desde 2004

VALENCIA.- La comisión de investigación de la CAM ha aprobado este miércoles fija la petición de documentación de la caja a la propia entidad financiera, al Banco de España y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2004 hasta la actualidad para estudiar la responsabilidad de gestores y fiscalizadores en el proceso que ha llevado a la CAM a una situación como la actual en la que, incluso, "podría desembocar en la desaparición de la sociedad", según consta en la convocatoria de la comisión. Sin embargo, las peticiones de comparecencias de los grupos no se podrán sustanciar hasta el próximo mes de marzo. 

   De esta manera, los grupos --excepto Compromís, en protesta porque se ha votado por separado la petición de documentación y de comparecencias-- han fijado un calendario para la Comisión que establece que ésta se reunirá de nuevo el próximo 15 de marzo a las 10.30 horas. Esta comisión tiene una vigencia de seis meses, aunque podría darse el caso de que se prorrogara --pero debería aprobarse en el pleno de las Corts--.

   Previamente, el 29 de febrero se establece como fecha tope para recibir la documentación solicitada y el 12 de marzo como límite para presentar las propuestas de comparecencias y el 18 de mayo para que se sustancien. Será en el mes de junio cuando se elabore el dictamen de la Comisión y se someta al pleno de las Corts.

   Tanto EUPV como Compromís han lamentado que 'populares' y socialistas se hayan "olvidado" del "problema" de las cuotas participativas. En este sentido, el diputado de EUPV Lluís Torró considera que los dos partidos mayoritarios han "marginado" el asunto de las cuotas participativas en la comisión.

   El PP ha aceptado todas las propuestas de petición de documentación presentadas por los grupos de la oposición, salvo un informe sobre las personas, empresas o gobiernos involucrados en negocios con la CAM en el extranjero. Tanto 'populares' como socialistas lo han considerado "poco serio". Incluso, el socialista Ángel Luna ha llegado a ironizar sobre esta solicitud y ha preguntado si habría que pedir esta documentación al FBI.

   Tanto Compromís como EUPV han protestado porque la Mesa de la Comisión haya decidido aplazar hasta marzo la votación de las comparecencias. En este punto, la portavoz de Economía de Compromís, Mireia Mollà, ha achacado esta decisión a un acuerdo entre PP y PSPV.

   "No es casual" este entendimiento --entre PP y PSPV-- para que las comparecencias --que incluyen a los expresidente de la Generalitat y responsables de la CAM, el Banco de España o el IVF-- sean en marzo, con el objetivo de "no interferir" en la compra de la entidad por parte del Banco Sabadell en ese mes. En su opinión, esto supone someter a las Corts a un "interés" externo al de la propia Cámara.

   Tanto el diputado socialista y vicepresidente de la Mesa, Ángel Luna, como el 'popular' David Serra, han criticado la intervención de Mollà y han justificado la petición de comparecencias en marzo. Se trata de estudiar primero la documentación y aprovechar así estas intervenciones "sabiendo de lo que hablamos" y solicitarlas así "con más rigor", han señalado.

   Luna ha opinado que el plan de Compromís pasa por "buscar titulares", en lugar de tomárselo con "seriedad", mientras que Serra ha afirmado -hasta en dos ocasiones- que Mollà "es un ejemplo de la 'generación NIP': "ni puñetera idea". Así, ha descalificado la intervención de la diputada de Compromís al considerar que actúa "sin conocimiento ni rigor". 

"No proponen nada serio", ha apostillado.

   La información requerida se divide en cuatro bloques. La que afecta al Banco de España y las inspecciones realizadas sobre la CAM, el requerimiento por parte del Banco de España a la propia CAM, de julio de 2011, de presentación de un nuevo plan de recapitalización y viabilidad y los escritos dirigidos al IVF sobre las inspecciones de la caja, así como la intervención del Banco de España.

   También se estudiará la estrategia empresarial de la caja de ahorros y la vinculación de la CAM con proyectos empresariales como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz; o la relación con empresas y proyectos inmobiliarios. También la relación contractual de los propios consejeros de la caja con la entidad y las retribuciones de los mismos, entre otros asuntos.

Cerca de 150 afectados por la CAM presentarán este jueves una demanda penal ante la Audiencia Nacional

MADRID.- La Plataforma CAM presentará este jueves una demanda penal ante la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) en nombre de cerca de 150 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, según ha informado la plataforma en un comunicado.

   Los afectados, representados por el abogado Diego de Ramón, pedirán incorporarse como perjudicados a la causa abierta por el juzgado central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores de la caja alicantina por presunta estafa, delitos societarios y falsedad documental.

   Un portavoz de la Plataforma CAM ha explicado hoy que los contratos de los productos "colocados" a los clientes "prueban que fueron engañados, ya que se trataba de una compra de valores y no de un depósito, como figura en la documentación".

   Entre otras medidas, los afectados solicitarán al juez Fernando Grande-Marlaska que dicte embargos contra los antiguos gestores de la CAM para hacer frente a las pérdidas sufridas por los clientes como responsables civiles subsidiarios de la quiebra de la entidad.

   Además, los responsables de la plataforma exigirán a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados que reclamen la comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para que explique la situación de los clientes atrapados en los productos tóxicos de la CAM.

   En este sentido, los afectados piden a Fernández Ordóñez que explique por qué permitió la emisión de las cuotas participativas a la CAM, a pesar de que ya existía una denuncia del abogado Diego de Ramón sobre la presunta adulteración de las cuentas de la entidad.

    Respecto a las preferentes, la plataforma ha recordado que todavía no existe ningún acuerdo firmado ni escrito donde se especifique que el Banco Sabadell pagará las acciones, al tiempo que ha subrayado que las cuotas participativas "quedan fuera de toda negociación".

   El Banco de España intervino la CAM el pasado mes de julio y puso la gestión en manos de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras detectar que en marzo de 2011 se habían comunicado unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

   El pasado mes de diciembre el Banco de España adjudicó la CAM a Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, operación que cuenta con una o varias ampliaciones de capital por importe de 5.249 millones de euros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Valcárcel es el máximo responsable de que la Región "se encuentre al borde del abismo", según el PSRM

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha asegurado este martes que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, es el máximo responsable de que la Región "se encuentre al borde del abismo". 

   García Retegui ha valorado en rueda de prensa la "nefasta" gestión del Gobierno de Valcárcel tras la salida del consejero Salvador Marín y la entrada de Juan Bernal en el Ejecutivo regional.

   En este sentido, mostró su confianza en que Juan Bernal no sea "el lastre definitivo que arrastre a la Región al fondo, pues sus avales no son precisamente los mejores para la Región de Murcia".  

   La portavoz socialista agregó que el anterior consejero Salvador Marín "sale poco menos que huyendo del Gobierno regional, después de haber dejado a la Región en una situación aún más complicada de la que la dejó su antecesora Inmaculada García, que nos había situado poco menos que al borde del abismo".

   Pero esta responsabilidad, añadió, "no es sólo del ex consejero de Economía, sino que el máximo responsable es del presidente Valcárcel, por no coordinar ni dirigir".

   Begoña García recordó la trayectoria de Juan Bernal, consejero entre los años 1995-2003 y responsable de una ley del Suelo y un modelo "especulativo" que contribuyó a que las consecuencias de la burbuja inmobiliaria sean hoy mucho más graves en la Región.

   De la época de gobierno de Juan Bernal es también la Ley de Financiación "que más daño ha hecho a las Cuentas regionales, aprobada en 2001, con unas transferencias de Sanidad que ahogaron a la economía regional".

   Igualmente, apostilló, "Juan Bernal fue el que perdonó la deuda histórica que la Asamblea había aprobado reclamar al Gobierno de España".

   García Retegui hizo alusión, asimismo, a la faceta de Juan Bernal en la empresa privada, concretamente, en Halcón Food, empresa desaparecida y el Consejo de Administración de la CAM.

   "Por eso esperamos que esos no hayan sido los avales para ser nombrado por el presidente Valcárcel, al tiempo que le deseamos que tenga mayor éxito y sea consciente del legado que recibe", indicó.

   García Retegui apostilló que el Partido Socialista lleva mucho tiempo exigiendo criterio político y unas directrices económicas claras y contundentes para trazar el camino a la salida de la crisis. Para ello desde el PSOE se ha venido pidiendo, ante la reiterada ausencia de Valcárcel, una vicepresidencia económica potente.

   "No lo hemos conseguido y parece que tengamos que esperar unos meses. Creemos que este tema no tiene espera, pues cada día perdido es sinónimo de más destrucción de empresas y más paro en la Región", concluyó.

UPyD asegura que se ejecutan obras de ampliación en el aeropuerto de San Javier

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que se están ejecutando obras de ampliación, de envergadura, en la zona de salidas de la terminal del aeropuerto de San Javier.

   Sánchez considera que no se debería seguir invirtiendo más en la ampliación de  una instalación que pudiera dejar de utilizarse en un corto periodo de tiempo.

   "El Ministerio de Fomento, a través de AENA, debería explicar cuál es el alcance de esas obras y el motivo por el que se acometen cuando ya se ha anunciado que San Javier dejará de prestar servicio como aeródromo civil en el momento en que opere Corvera", ha señalado.

   El coordinador de UPyD cree que, sobre todo, en un momento de grave crisis y de dificultades económicas de las cuentas públicas, "hay que ser especialmente escrupuloso a la hora de gastar".

   A su juicio "resultaría inexplicable y escandaloso que se hiciesen una costosas obras en un edificio que va a dejar de funcionar unos pocos meses después. Sería otro caso más de despilfarro irresponsable por parte de las Administraciones Públicas".

   Por ese motivo, Rafael Sánchez ha pedido que se explique y aclare si existía auténtica necesidad de las obras, y si no es así, qué ha motivado su ejecución.

El PSOE de Lorca denuncia que la Comunidad "mantenga retenido el 96% de las ayudas recibidas del Estado"

LORCA.- La concejal socialista del Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, ha denunciado públicamente que la Comunidad "mantenga retenido el 96,75 por ciento de las ayudas recibidas del Estado, por un importe de más de 9 millones de euros, en diferentes partidas ingresadas en las arcas de la Comunidad desde el mes de agosto pasado". 

   "Queremos pensar que el presidente Ramón Luis Valcárcel no está utilizando este dinero de los lorquinos para sanear las arcas de la Comunidad y que, por tanto, ha de estar ingresado en las cuentas autonómicas", ha aseverado la edil, quien considera que los intereses "deben redundar en beneficio de los lorquinos y no beneficiar a la Comunidad".

   Y es que, ha insistido Casalduero, "no deja de llamar la atención que el nuevo comisionado para Lorca, nombrado el 31 de diciembre, aún no haya visitado la ciudad y tan solo haya recibido en una ocasión al alcalde, Francisco Jódar, el pasado día 19 de enero".

   En su opinión, "esta forma de actuar del nuevo Comisionado genera desconfianza sobre la implicación del nuevo Gobierno central en los problemas de la localidad".

   Los acuerdos que contiene la moción son, por un lado, que la Comunidad "haga llegar a Lorca, a la mayor brevedad posible, la parte de las ayudas aprobadas por la Comisión Mixta, correspondientes a la misma, así como la parte correspondiente al Gobierno central, que ya han sido ingresadas en las arcas del Gobierno regional".

   Además de que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno central a que "renuncie al resarcimiento de los gastos de emergencia que éste financió a raíz de los seísmos, para lo cual vendrán destinados 21 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, y que ese dinero venga destinado a la reconstrucción de la ciudad y sea ingresado por el Gobierno central directamente en las arcas del Ayuntamiento, sin que tengan que pasar por el filtro de la Comunidad".

   Igualmente, que el Ayuntamiento de Lorca inste al Gobierno central a que "mantenga la oficina del Comisionado del Gobierno".

   Por todo ello, ha exigido al alcalde de Lorca que "cumpla con su mandato de representar los intereses de la localidad y de los lorquinos por encima de cualquier otra cosa".