La crisis pone en el disparadero las delegaciones autonómicas en el extranjero

MADRID.- Bruselas, París, Berlín, Nueva York, México DF, pero también Maputo, Osaka, La Paz, Vancouver o Brisbane. Viajar por el mapa de la representación exterior española supone literalmente dar una vuelta al mundo, aunque, en muchos casos, esa presencia pueda parecer más simbólica que estrátegicamente necesaria. Antes de nada, porque, en la mayoría de esas etapas, a las embajadas, consulados y organismos del Estado se añaden dos, tres, cinco o más delegaciones u oficinas autonómicas. A la diplomacia se suma así la llamada paradiplomacia y, con ella, más gastos y, a menudo, duplicidades de funciones o descoordinación.

Esta es la clave de un debate de actualidad desde que el pasado 22 de mayo se renovaran la mayoría de Gobiernos autónomos y, dentro de los nuevos planes de austeridad, se planteara la reducción de las embajadas territoriales como medida de ahorro, a juicio de 'El País'.

Entonces solo algunas Administraciones lo hicieron (por ejemplo, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y Francisco Álvarez-Cascos en Asturias), mientras que hace una semana el recién estrenado ministro de Asuntos Exteriores del Gabinete de Mariano Rajoy, José Manuel García-Margallo, volvió sobre la cuestión y ofreció a las comunidades autónomas las instalaciones de las sedes diplomáticas del Estado para reducir costes de intendencia. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no tardó en rechazar públicamente la oferta para hacer valer el “perfil propio” de Cataluña en el extranjero. Otras comunidades, como Cantabria o La Rioja, apoyan esa propuesta. La pelota en el aire ya se la disputan por un lado un ejército de expertos, políticos y gestores que hablan de despilfarro, y por otro, quienes alertan del riesgo de hacer demagogia fácil alegando que la mayoría de estos organismos sobrevive gracias a becarios y personal aún en etapa de formación.

César Colino, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la UNED, resume así las implicaciones para España: “Las hay positivas, ya que la acción exterior autonómica proporciona en algunos ámbitos valor añadido a la política exterior española y, por otro lado, existen riesgos de una proliferación desordenada, de despilfarro de recursos y un potencial conflictivo a veces de carácter simbólico y de imagen exterior”. De esto se trata precisamente ahora, cuando cada partida de gasto de las Administraciones públicas adquiere un valor insospechado en épocas de bonanza.

Para comprenderlo mejor, veamos en qué consiste el entramado de la paradiplomacia autonómica en el mundo. Las comunidades autónomas tienen alrededor de 200 oficinas en el exterior, entre las que se cuentan delegaciones del Ejecutivo regional, institutos de comercio, turismo o misiones de cooperación al desarrollo. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía (que ha multiplicado su representación en la última legislatura) son las autonomías con mayor presencia, con unas 50 oficinas la primera y más de 20 las otras dos. En total, existen dos centenares de embajadas repartidas por casi 40 países y todas las comunidades tienen su delegación en Bruselas, salvo Castilla-La Mancha y Asturias, que decidieron cerrarla tras los últimos comicios autonómicos. El Partido Popular pidió hace año y medio al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una estimación del gasto que generaban estos organismos y el Ejecutivo lo cifró en 150 millones por ejercicio. Pese a eso, los nuevos estatutos de autonomía aprobados en los últimos ocho años han reforzado entre otros también el capítulo dedicado a la acción exterior.

Lo recuerdan, por ejemplo, desde la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat, destacando que el Estatuto de 2006 establece que Cataluña “debe” impulsar su representación en el extranjero, promover los intereses de la Generalitat en el exterior a través de oficinas y delegaciones y apoyar la cooperación al desarrollo. La consecuencia es que el Gobierno catalán tiene, de una forma o de otra, presencia en Mozambique, Ucrania y otros países (según el mapa del Departamento de la Presidencia) donde la intensidad de las relaciones bilaterales no parece, a simple vista, determinante.

En opinión de Jaume Saura i Estapà, profesor de Derecho Internacional y coordinador del master interuniversitario en Diplomacia y Función Pública, “la paradiplomacia es un tema muy amplio y [con respecto a los recortes] se corre el riesgo de hacer demagogia”. “Lo que hay que valorar en cada caso es la forma en que se justifica esa presencia en el exterior. Cataluña tiene delegaciones que suponen un valor añadido”. A este respecto, la mayoría de los expertos coincide en que una sede diplomática en Bruselas puede ser clave para el desarrollo de la región. “En cualquier caso”, agrega, “sí hay que tener margen para cooperar. Siempre lo hay. La diplomacia siempre tiene que ser cooperativa y tener una presencia física cuando esté justificada”. Saura aborda así otro de los aspectos clave de la cuestión: la colaboración entre organismos del Estado y los territoriales.

Abundemos en eso. “La coordinación no viaja en primera clase, sino en el vagón de carga. Las instancias e instrumentos de coordinación intergubernamental no forman parte del núcleo de las políticas del Gobierno central y las comunidades autónomas, sino que constituyen un apéndice, que en su diseño y funcionamiento reproducen esta idea de segundo orden y excepcionalidad”, razona Kattya Cascante. Esta analista de la Fundación Alternativas se refiere a un ámbito concreto, el de la cooperación internacional, que sin embargo puede resultar revelador. La experiencia de Cascante habla de retrasos, falta de información, duplicidades, descoordinación en definitiva: inconvenientes habituales en las relaciones con las instituciones y la burocracia y que, sin embargo, se multiplican exponencialmente como los actores del proceso.

“Se observa”, prosigue “un paralelismo con la construcción de la Unión Europea, en el que uno de sus padres fundadores, Altiero Spinelli, advertía que no acabaría convirtiéndose en una unión política a través de pasos económicos... Parece que la cooperación española necesita con urgencia un Altiero Spinelli que nos recuerde que la construcción de 18 sistemas paralelos, pero en todo caso separados, es una maniobra políticamente legítima pero ineficiente”.

Pero ¿qué ocurre en otros países? Canadá y Alemania cuentan con una larga tradición de representación territorial exterior, respectivamente la provincia de Québec (que tiene actualmente una veintena de delegaciones en el extranjero, entre ellas una en Barcelona) y los länder, como Baviera. Sin embargo, una de las experiencias más interesantes de gestión diplomática frente a la crisis económica es la de los países nórdicos. La solución que han adoptado Dinamarca, Suecia o Noruega se parece al fin y al cabo a la que propone García-Margallo. Se trata de compartir instalaciones, parte del personal, limpieza e intendencia y racionalizar así los gastos. Ocurre en una veintena de destinos, por ejemplo, Amman, Bagdad, Bamako o Jakarta. Además, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, cuentan en Berlín con una embajada en el mismo edificio. “En la ultima reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de los países nórdicos”, explica Catharina Skoog, de la Embajada sueca en Madrid, “se discutió precisamente el tener en un futuro cercano más delegaciones nórdicas en un mismo recinto o edificio, sobre todo en países donde se requieren muchas y costosas medidas de seguridad”.

Este tipo de soluciones y una mayor coordinación entre instituciones constituyen el camino señalado por la mayoría de los expertos. Lo demuestra también el índice de presencia global elaborado por el Real Instituto Elcano, que mide “la proyección exterior de los países en los terrenos económico, militar, científico, social y cultural”. “Durante mucho tiempo se dijo que España boxeaba por encima de su peso porque iba cumpliendo con éxito su objetivo de ser reconocida como potencia media, pese a no disponer objetivamente de empresas, ejército, u otros activos internacionalizados en la escena mundial”, apuntan los investigadores Ignacio Molina e Iliana Olivié. Pero ahora, con una alta presencia global efectiva en casi todos los ámbitos, “podría concluirse que se corre el riesgo de boxear por debajo de peso”. Y así, alertan, podría ocurrir “si el empeño continúa demasiado enfocado a la inserción en una foto histórica antes que en planificar a largo plazo una actuación” más racional y coordinada. También con respecto a la acción exterior autonómica Molina destaca la “falta de una planificación estratégica”. Esto es, un panorama en el que, quizá con las salvedades de Cataluña y País Vasco, se diseña primero “el instrumento antes de reflexionar sobre el producto que se quiere lograr”, además de una reducción razonable de los gastos y una mayor colaboración.

Ranking de oficinas

Número de delegaciones, oficinas de turismo y comercio, según el último informe oficial del Gobierno, anterior a los recortes:

• Cataluña: 48.
• Valencia: 23.
• Andalucía: 22.
• País Vasco y Asturias: 13.
• Galicia y Murcia: 12.
• Madrid: 11.
• Castilla y Leon, Aragón, Canarias y Navarra: 5.
• Extremadura: 4
• La Rioja, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha: 2.

Despilfarros exteriores / J.I. Torreblanca *

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea.

El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. 

Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.

Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.

Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas.

Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.

Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

(*)  Del Instituto Juan March, de estudios e investigaciones

¡Que prediquen con el ejemplo! / Carta de CC OO en Banco Mare Nostrum

El pasado 30 de diciembre, ante la presión del Banco de España (sensibilizado por la repercusión mediática de la publicación del dossier de CC.OO. sobre las remuneraciones de los consejeros y la alta dirección del sector financiero), la mayoría de las direcciones de las entidades intervenidas o que han precisado ayudas del FROB se rindieron e hicieron públicas de manera individualizada los datos referidos a su remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, las pensiones, los créditos y retribuciones en acciones que perciben.

Os adjuntamos los links a la información referida a Banco Mare Nostrum y a las cuatro cajas que lo han creado.

Consejo de Administración	BMN	Caja Murcia	CajaGRANADA	Caixa Penedès	Sa Nostra
Comité de Dirección	BMN	Caja Murcia	CajaGRANADA	Caixa Penedès	Sa Nostra

Lo que queda patente es que esas retribuciones son del todo desproporcionadas para los tiempos que corren y está totalmente fuera de lugar que quienes se las han auto asignado se atrevan a plantearnos a los trabajadores de a pie, totalmente ajenos a la orgía de despropósitos cometidos a la hora de conceder estratosféricos préstamos prácticamente irrecuperables, que aceptemos una moderación salarial si esa misma cúpula no predica con el ejemplo.

Y eso que sólo hablamos de los datos “voluntariamente” publicados (algunos directivos se han acogido a la Ley de Protección de Datos Personales), que no hacen referencia a dietas por asistencia a los Consejos de Administración de las empresas participadas (que en nuestro grupo bien pasan del centenar), ni hablamos tampoco de los viajes en preferente, ni de los gastos cargados a la tarjeta-empresa, ni de los cargados a la tarjeta-empresa-participada.

¿Qué purgante necesitaremos los trabajadores de a pie para paliar la indigestión que nos produce el tenernos que tragar que encima se repartan incentivos los que nos han llevado a esta situación insostenible? ¿Desde cuándo se premia la incompetencia? Se ha eliminado mucho empleo en el sector. La intervención sindical ha posibilitado que se haya hecho de manera no traumática y compañeros prejubilados están contentos con su nueva situación, pero... nos proponen más destrucción de empleo directo. Y no nos olvidamos que, en su afán por reducir gastos, no sea que se les acabe el chollo, han destruido mucho, muchísimo empleo indirecto. ¿O es que quizás reducir la frecuencia con la que se limpian las oficinas a la mitad no destruye empleo? ¿O distribuir la valija interna cada no se sabe cuando, no reduce empleo? 

Pues esa política es como el pez que se muerde la cola: esos trabajadores que han perdido su ocupación son los que al final no están pudiendo pagar su hipoteca (en más de una ocasión contratada con alguna de estas cuatro cajas), con la consiguiente asignación de más ladrillo a los balances de las cajas, origen, según nos explican, de todos los actuales males que nos afectan.

Estamos en plena negociación para homologar las condiciones laborales de todos los que conformamos el Grupo BMN. Las propuestas que hemos recibido por parte de la Dirección, como ya ha denunciado la totalidad de la representación laboral, nos parecen insultantes. ¿Qué tal si empezásemos a discutir cuál ha de ser la retribución total de nuestros directivos? ¡Qué el salario del Grupo 1, Nivel I del Convenio de Cajas de Ahorro tampoco está tan mal!

IU-Verdes ve en la caída de pasajeros del aeropuerto de San Javier un "anuncio" para el de Corvera

MURCIA.-   El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que el descenso de pasajeros en el aeropuerto de San Javier en 2011 es "un anuncio de lo que se le puede venir encima" al aeropuerto de Corvera.

    Pujante ha indicado que en los últimos años "se ha vendido mucho humo y ladrillo", lo que ha dado lugar a una "deriva especulativa" que, sumada a la "incapacidad" del Gobierno regional, ha desembocado en una crisis del sector turístico de la Región.

    Asimismo, ha hecho referencia a casos de aeropuertos privados como el de Castellón, todavía inactivo pese a que fue inaugurado en marzo de 2011, y ha insistido en la cercanía de los aeropuertos de Corvera y El Altet, en Alicante.

Datos de San Javier

El aeropuerto de San Javier ha registrado un total de 1.262.541 pasajeros de enero a diciembre de 2011, lo que supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

   Asimismo, el aeropuerto murciano realizó menos operaciones de tráfico aéreo con respecto a 2010, un total de 12.711, un 5,7 por ciento menos que sobre el año anterior.

   Respecto al transporte de mercancías, el total transportado fueron 1.454 kilos, un 43,7 por ciento menos entre enero y diciembre de 2010.

   En concreto, en el pasado mes de diciembre el aeródromo registró 28.753 pasajeros y contabilizó 495 operaciones, lo que supone un crecimiento del 2,5 por ciento. En noviembre fueron 36.141 pasajeros, 562 operaciones (-1,9%).

   Además, transportó 44 kilos de mercancía, es decir, un 91,3 por ciento más que en diciembre de 2010.

El Gobierno baraja congelar sus aportaciones a las CCAA si incumplen el déficit

MADRID.- El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Este miércoles recibe a las presididas por el PP y la próxima semana organizará una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montoro está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero ha recalcado que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha explicado que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado, comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE, incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.

Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.

Inyección de recursos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado a los gobiernos regionales del PP que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las regiones y los ayuntamientos y ha defendido la autonomía económica y financiera de las Comunidades Autónomas.


   Montoro ha mantenido este miércoles una reunión "informal" con los consejeros de Economía y Hacienda de las CCAA en las que gobierna el PP para trasladarles el compromiso del Gobierno y del partido con el déficit público y el equilibrio presupuestario, así como con las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

   Tras repasar el contenido del real decreto ley de medidas urgentes económicas aprobado por el Congreso, el titular de Hacienda ha explicado a los consejeros que los ajustes contemplados serán soportados prácticamente por el Estado y ha enfatizado que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las Comunidades y ayuntamientos porque revierte en parte en las administraciones locales y autonómicas.

   Asimismo, Montoro ha reafirmado el "pleno respeto" del PP a la autonomía económica, política y financiera de las Comunidades Autónomas y, en esta línea, ha recalcado que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit.

   El titular de Hacienda ha abordado con los consejeros la necesidad de reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, una prioridad para el Ejecutivo, y en este contexto se ha abordado la posibilidad de establecer sanciones a las CCAA que no cumplan con el objetivo de déficit en línea con lo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros.

   La reunión también ha servido para debatir otros temas como la Ley de Estabilidad presupuestaria, el plan de saneamiento del sector público en el que trabaja el nuevo Ejecutivo de Rajoy, la necesidad de establecer un techo de gasto para las regiones, así como de atender a los problemas de liquidez para que las CCAA puedan seguir financiando los servicios públicos.

   Finalmente, Montoro ha insistido en la responsabilidad de los gestores públicos y en la transparencia de los distintos gobiernos.

Diego de Ramón plantea presentar una demanda de responsabilidad patrimonial a cuatro niveles en la CAM

ALICANTE.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional, Diego de Ramón, ha pedido a una plataforma de afectados por Caja Mediterráneo en Alicante que se adhieran a una "demanda de responsabilidad patrimonial en cascada" que afecta a cuatro niveles y que son los directivos, los miembros del consejo de administración, los representantes políticos en el consejo de administración.

   Diego de Ramón ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto con esta asociación, que se ha celebrado este miércoles en la sede de CCOO en Alicante, y que ha contado con la asistencia de la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ya que la asociación había invitado a los diputados autonómicos que participan en la Comisión de Investigación de la CAM en las Corts Valencianes.

   Así, el letrado ha indicado que la reunión se ha celebrado con la finalidad de que los miembros de esta asamblea y los afectados se adhieran a una demanda, que tiene previsto presentar "inmediatamente", en caso de recibir apoyo del colectivo alicantino, ante la Audiencia Nacional, para que se depuren todas las responsabilidades patrimoniales.

   El abogado ha explicado que, en su opinión, hay "cuatro niveles de responsabilidad: los primeros son los directivos de CAM, en segundo lugar están los miembros del consejo de administración y, los políticos representantes en el consejo, y en tercer lugar el Instituto Valenciano de Finanzas y la Consejería de Economía del Gobierno murciano, que todos los años tenían los balances y auditorías y no actuaron porque los propios vigilantes tenían créditos de la propia caja" a la que tenían que vigilar.

   En su opinión, "el cuarto nivel de responsabilidad sería del FROB, Banco de España y la CNMV", al entender que cuando "la comisión tuvo conocimiento de la creación del Banco CAM, por falta de solvencia patrimonial y económica, tenía que haber suspendido la cotización".

  "Por eso nos dirigiremos en acciones judiciales, buscando esos cuatro niveles de responsabilidad para que respondan las instituciones del Estado, la policía bancaria, por no haber intervenido la caja antes, salvaguardando así los intereses de los cuotapartícipes porque las cuotas no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos".

   De Ramón ha resaltado que en 2008 envió un escrito a la CNMV en el que se oponía a la emisión de cuotas participativas, pidiendo "una garantía de solvencia patrimonial para que la caja pudiera obtener esa liquidez".

   Además, ha indicado que "un mes antes de la intervención, la CAM separa el Banco CAM, donde se deja la parte buena, los depósitos puros y limpios, y deja los créditos contaminados y de dudoso cobro y las cuotas en la CAM", por lo que la CNMV tendría que haber "suspendido la cotización un mes antes de la intervención" porque, de esa forma, no habría habido el perjuicio económico de los cuotapartícipes". Desde su punto de vista, "hubo una dejación de funciones por parte de la CNMV y del Banco de España".

   Respecto a la primera denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ha indicado que su titular, Grande-Marlaska había pedido una fianza para la personación de 60.000 euros. De Ramón ha recurrido y la fianza se ha rebajado a 6.000 euros, pero ha vuelto a recurrir con el fin de poder asumir la cantidad para poder ejercer la acción popular.

   Además, según ha dicho, el juez le ha pedido al Banco de España, al FROB, "una documentación contable de esos agujeros económico-financieros que tenía la CAM". Ha recordado que ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad, así como información relativa a los negocios de CAM "en la oficina de Miami, en paraísos fiscales y también en la oficina de Londres".

   Según ha avanzado, también pretende recabar "información sobre la participación de responsables políticos en las grandes concesiones de los macrocréditos para ver si los consejos de administración tenían los informes de análisis y qué tipo de garantías complementarias se les exigieron".

   A este respecto, el abogado ha mantenido que la CAM "concedió créditos por valor de 1.600 millones de euros sin garantías" y ha exigido que lo "expliquen".

Denuncia de la CIC

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo y actual responsable del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, por presunta prevaricación, según informa el sindicato en un comunicado.

   CIC responsabiliza a ambos dirigentes de la situación que atraviesan las entidades financieras y las cajas de ahorro españolas, ya que considera que disponían de informes elaborados por los propios inspectores del Banco de España en los que se advertía del alto nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español.

   Los citados informes detallaban que el riesgo era consecuencia de la "anómala" evolución del mercado inmobiliario español y alertaba de que los "errores cometidos por las entidades acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".

   La presentación de la demanda correrá a cargo del presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, y del secretario general, Jordi Oller. 

Fernández Ordóñez, actualmente en el cargo, fue designado gobernador del Banco de España el 8 de marzo de 2008 en sustitución de Jaime Caruana, que ocupó el cargo desde julio de 2000.

IU presentará en la Asamblea Regional una solicitud de información para conocer el coste "real" de la campaña 'No-Typical'

CARTAGENA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha anunciado que su formación va a presentar en la Asamblea Regional una solicitud de información para conocer el coste "real" de la campaña 'No-Typical' desde su puesta en marcha, en 2009, tras lo que ha reclamado al consejero del ramo, Pedro Alberto Cruz, que asuma "responsabilidades políticas por el coste de dicha campaña".

   En opinión de Pujante, "la sustitución de la citada campaña recientemente por una nueva marca denominada 'Destino Región de Murcia' evidencia el fracaso de la política institucional del Gobierno regional en materia de turismo durante los últimos años".

   Por ello, ha responsabilizado al consejero de "perder un tiempo precioso, además de mucho dinero, con ocurrencias estrambóticas como la marca turística 'No-Typical'" que, a su juicio, han resultado ser "un gran fiasco con resultados negativos".

   En este sentido, ha recordado que el número de turistas extranjeros en la Región "descendió un 6,8 por ciento entre enero y agosto de 2011 respecto al mismo periodo del año anterior, frente al incremento del 7,8 por ciento que registró de media España, según datos de Frontur".

   Sobre el "rechazo del Gobierno central a la aplicación de un IVA reducido al sector turístico", Pujante ha asegurado que se trata de una "contradicción más" del PP, ya que en la Región "defendió la puesta en marcha de esta medida en la pasada legislatura", según fuentes de la federación de izquierdas.

El PSOE de Los Alcázares denuncia "incongruencias" del Gobierno local, resintiendo servicios y subiendo impuestos

LOS ALCÁZARES.- El PSOE denuncia la "incongruencia" del PP en Los Alcázares, con unos recortes aplicados por el Gobierno de Anastasio Bastida, alcalde de la localidad, "que resienten los servicios municipales", al tiempo que critica la subida "considerable" de impuestos. 

   Así lo ha explicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Los Alcázares, Joaquín Menárguez, quien aseguró que la primera consecuencia de ese recorte ha sido el cierre del SPA de la localidad, que lleva Aqualia, y el despido de once personas, aprobado en el Pleno del 29 de diciembre.

   Pero, añadió en rueda de prensa, en referencia al informe que les ha presentado el PP, "pretenden un recorte de 289.000 euros en el capítulo de Personal, lo que supone que habrá más despidos".

   Por desgracia, Menárguez prevé que con el recorte en los horarios de las instalaciones que lleva esta concesionaria, Aqualia, "habrá además del orden de tres a cuatro despidos más".

   A este punto el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento alcazareño recordó que en el año 2010, el PP presentó una moción para que se respetaran todos los puestos de trabajo del SPA municipal, que se aprobó con el voto de todos.

   En esta legislatura, añadió, el PSOE preguntó, a raíz de los acontecimientos, si iban a respetar los puestos de trabajo y le aseguraron que así lo harían. Se trata, apostilló, "de una mentira más de las que va llevando el Grupo Municipal Popular".

   Además se ha cifrado como una de las principales deudas del Ayuntamiento, de siete millones de euros, "que luego la reducen bajo su criterio a cinco millones" y desde ese momento "el PSOE ha estado Pleno tras Pleno haciendo mociones, ruegos y preguntas para conseguir tener conocimiento de los verdaderos números de la deuda real de Aqualia con el Ayuntamiento".

   Menárguez ha asegurado que se les ha negado "todo", con lo que, a su juicio, "este tema ha sido perfectamente programado y coordinado entre la concesionaria y el Ayuntamiento".

   En cuanto a los Presupuestos municipales para 2012, aprobados también en el último Pleno del año, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Los Alcázares ha puntualizado que se ha pasado de ingresar 13,8 millones de euros a los 17,5 millones de euros "a costa de subir los impuestos a los ciudadanos" sin estudiar otras medidas de recorte.

   De hecho, criticó, "el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sube un 38 por ciento, el Impuesto sobre Vehículos a Motor sube un 45 por ciento y la recogida de basura un 23,6 por ciento".

   Además, "retiran la partida para el pago del alquiler de las viviendas para la Guardia Civil", lo que les hace sospechar que "con el cambio de Delegado del Gobierno nos retirarán completamente el servicio de la Benemérita en Los Alcázares".

   A lo que se une, remarcó, que el Gobierno local fomente antes el turismo privado que el público y destine una partida de 15.000 euros a un club deportivo privado y otros 36.000 euros a otro, y solo 5.000 euros al comercio.

   "La incongruencia viene hasta tal punto de que el actual alcalde mantiene al anterior asesor financiero, al cual acusa de ser el causante de llevar al Ayuntamiento a una situación caótica", concluyó Joaquín Menárguez, o que aún no haya realizado la auditoría que prometió en su programa electoral.

La socialista aguileña Paca Baraza se 'apunta a un bombardeo' al marcar distancias con María González Veracruz

MADRID.- La secretaria de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva del PSRM-PSOE y jefa de la Demarcación de Costas en funciones, la bióloga aguileña Francisca Baraza, forma parte del equipo político de la precandidata a la Secretaría General del PSOE Carmen Chacón.

   Chacón ha puesto en marcha un "equipo político" paritario, formado por seis hombres y seis mujeres, para trabajar en su candidatura y ha señalado que su proyecto se diferencia del de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, en que quiere "abrir un nuevo tiempo".

   Chacón ha comparecido acompañada de dos miembros de ese equipo, el alcalde de Soria, Carlos Martínez; y la exalcaldesa de Palma, Aina Calvo. A la reunión han asistido también el expresidente del senado y dirigente socialista alavés Javier Rojo, el secretario general del PSN y vicepresidente del Gobierno navarro Roberto Jiménez, la teniente de alcalde de Avilés (Asturias) Ana Concejo y la exsecretaria de Estado de Empleo la castellano-manchega Mariluz Rodríguez.

   Del equipo político forman parte también los exministros Josep Borrell, Cristina Narbona y Francisco Caamaño, el exalcalde de Olula del Río (Almería), Antonio Lucas y la secretaria de Ciudades de la Ejecutiva del PSOE de Murcia, Francisca Baraza, que no han podido participar en la reunión. 

Junto a este equipo "político", la exministra contará con un equipo de organización en el que estarán el todavía delegado del Gobierno en Cuenca, Máximo Díaz Cano, y el diputado del PSC José Zaragoza.

   En el encuentro de este martes sí ha participado el jefe de gabinete de Chacón, Germán Rodríguez; y también se ha acercado al lugar del encuentro, un hotel de Madrid, la exdirectora general de Coordinación Informativa en el Gobierno de Zapatero, Angélica Rubio, que está colaborando como voluntaria con la candidatura de la exministra.

   La propia Chacón ha adelantado que a partir de ahora sus reuniones de trabajo se celebrarán en el local que la Secretaría de Organización del PSOE ha puesto a su disposición, en la calle Ferraz 55, y ha dado las gracias a Marcelino Iglesias por la rapidez.

    La exministra ha evitado valorar las críticas surgidas este lunes durante la Ejecutiva del PSC sobre el hecho de que todos los socialistas catalanes del Comité Federal del PSOE la hayan avalado en bloque y se ha limitado a señalar que ella no contempló la recogida de avales para ser precandidata como una "competición" sino como un "trámite" y que su equipo dejó de recogerlos cuando tuvo suficientes.

El riesgo bancario inmobiliario a debate / Ángel Tomás Martín *

Un gran desacierto, no sólo en la política económica sino en cualquier otra actividad, sería calificar negativamente un producto, una gestión o una corporación en su lanzamiento.

Este principio lo sabe cualquier líder responsable y sería automáticamente cesado si usase expresiones degradantes en los productos o servicios que gestionase. Es el caso de la tan usada y extendida denominación de ‘banco malo’ que se pretende crear para incorporarle los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos y de casi imposible realización inmediata a causa de un exceso de promoción-demanda, y de unos precios que alcanzaron niveles actualmente inaceptables, impulsados por una especulación y descontrol sin precedentes. Tal calificación podría aplicársele a los gestores económicos y financieros carentes de visión y ausencia de regulación y control.

Banco se define como un organismo público de crédito y de operaciones de banca para facilitar el desenvolvimiento de empresas y particulares; actuaciones desarrolladas con ánimo de lucro. Hay diversas especialidades de bancos: ‘banca privada’, cuya actividad va dirigida a la gestión de patrimonios y asesoramiento integral; ‘banco comercial y de negocios’, especializado en apoyo financiero a empresas y particulares; ‘bancos centrales nacionales’, emisores, con funciones de tesorería de los Estados, de control y de servicio central de balances; Banco Central Europeo; Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto al FMI en 1944 para conceder créditos a los Estados. Todos cumplen sus funciones de financiación, pero siempre acompañadas de la facultad de lucro.

Ente público de gestión patrimonial
Si el mal llamado ‘banco malo’ va a tener como misión la incorporación de activos tóxicos procedentes de la banca privada y comercial, en modo alguno debe llamársele ‘banco’. Debe crearse un ente público de gestión patrimonial sin ánimo de lucro cuya actividad sea la administración y realización de los bienes inmobiliarios incorporados, apoyada por una buena política de mercado que haga posible, en el tiempo, ajustar precios razonables en coyunturas favorables basadas en una demanda nacida del crecimiento económico. Es indiscutible que limpiar los balances, de urgente necesidad, con cargo al Tesoro sería un grave error, dado el alto endeudamiento público y el incumplimiento con las exigencias de los reguladores europeos.

Los balances de las entidades financieras necesitan sanear sus activos, seriamente afectados por la obligada incorporación de inmovilizados ajenos a la habitual actividad para la que han sido creadas. Los valores de incorporación son superiores a los de mercado actuales por razones coyunturales conocidas, lo que, unido a la inversión en deuda soberana, ha paralizado en gran medida sus posibilidades crediticias, indispensables para la recuperación económica que España necesita con urgencia.

Estos activos deben ser liberados a los precios contables actuales, ya que de aplicarse los de mercado vigentes originarían unas pérdidas en el ‘pasivo no exigible’ en muchos casos insoportables y una posición no permitida por el Banco de España, y seguiría sin resolverse el crédito a la economía real. Regularizarlos con cargo a beneficios futuros implicaría un deterioro en las cotizaciones bursátiles sin haber eliminado los activos tóxicos, lo que obligaría a una gestión añadida a la financiera habitual, sin la estructura especializada de la que carecen.

Si se obliga a la entidades de crédito a realizarlos directamente y con urgencia, se provoca una crisis bancaria, una recesión inevitable y una pérdida de credibilidad internacional de muy difícil recuperación. No olvidemos que el conjunto de activos absorbidos supera la cifra de 400.000 millones de euros (que incluye, entre otros, morosos, de dudoso cobro y fallidos, que alcanzan un total de más de 160.000 millones de euros potencialmente problemáticos, aunque en parte ya provisionados ).

Siendo el valor de los ‘créditos débiles’ 70.000 millones aproximadamente, éste es el importe que debería obtenerse del FMI con garantía del propio Ente y del Estado (vayamos ganándonos el favor de EEUU, poseedor de casi el 20% del mismo) para ser inyectado al ente público de gestión patrimonial con destino a compensar los inmuebles recibidos de cada entidad financiera a los precios contables. Estos fondos recibidos por el sistema financiero tendrían como único destino la economía real. La nueva gestión inmobiliaria debería dotarse de un equipo humano especializado de alto nivel técnico y comercial, y contar con el apoyo de las oficinas de los bancos regularizados.

Los terrenos, calificados o sin calificar, deben gestionarse por la propia banca, responsable de haber financiado en la mayoría de los casos con excesiva ligereza, sin que olvidemos en adelante corregir el débil control del Banco de España y del Tribunal de Cuentas del Estado.

(*) Economista y empresario

Cada español pagará 679 euros más este año por recibos e impuestos

MADRID.-   La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) estima que cada contribuyente deberá afrontar este año un pago extra de 679 euros debido a las subidas del IRPF, IBI, hipotecas y servicios básicos, como el gas natural y el agua.

   En concreto, FUCI calcula que la subida del IRPF supondrá para cada contribuyente una media de 222 euros anuales, a los que hay que añadir los 360 euros al año de las hipotecas que deban revisarse ahora.

   Por otro lado, la subida prevista del IBI de entre un 4 y un 10%, dependiendo del año en el que se revisará el valor catastral de las viviendas, supondrá un incremento medio por inmueble de 42 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de esta organización de consumidores.

   Respecto a los servicios básicos, y a pesar de la congelación de las tarifas eléctricas y del butano, el incremento en un 0,5% en el recibo de gas natural supondrá un gasto medio de 0,57 euros al mes.

   En cuanto al precio del agua, cuya subida la decide cada ayuntamiento, es uno de los conceptos que más se va a encarecer este año, pues la factura puede elevarse hasta un 60%, lo que puede implicar un gasto medio de 4 euros mensuales.

   El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha denunciado que estas subidas "van a acabar por ahogar a las rentas medias que cada día ven más reducido su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro que, en muchas ocasiones es nula, provocándoles incertidumbre en el negro futuro que se vislumbra".

   Ante estas subidas, la organización de consumidores recomienda seguir pautas de control de gasto y ahorro, así como una correcta planificación de la economía para poder afrontar el encarecimiento de los servicios básicos que tienen lugar a principios de año.

El Telediario de Intereconomía se impone en Murcia al de La Sexta

MADRID.-El Telediario de Intereconomía ya ha consolidado su espacio en la parrilla televisiva del mediodía a nivel nacional. Si hace unas semanas los datos reflejaban su superioridad en algunas comunidades autónomas como Madrid, ahora los datos podrían trasladarse al conjunto del país.

De esta manera, el Telediario del mediodía conseguía ayer un 2,1% de share a nivel nacional, situandose en el ranking de audiencias por encima de los informativos de La Sexta, que marcaron un 1,9% de share.Como es habitual, las cifras se disparan si separamos los datos por Comunidades Autónomas. 

Es en Madrid donde el Telediario del mediodía sigue manteniendo su liderazgo, sitúandose dos puntos por encima de la audiencia de Cuatro con un 5,5% de share.

Le sigue Murcia, donde mantiene la misma situación que Madrid, superando también a La 2 y a las autonómicas con un 4,3%. 

En Galicia, Andalucía y Asturias los resultados cosechados tambien se mantuvieron por encima de la media.

Los alimentos multiplican por cinco su precio desde el campo a los hogares

MADRID.- El precio de los productos agrarios y ganaderos se multiplicó por más de cinco desde su cotización en el campo hasta la venta al público en los establecimientos comerciales al cierre de 2011, según el Índice de Precios en Origen y Destibo (IPOD) que publica COAG junto a UCE y Ceaccu.

De esta forma, el diferencial entre origen y destino se acentuó el pasado año, al pasar de 3,93 en diciembre de 2010 a 5,13 en el mismo mes de 2011.

Entre las principales causas se encuentra el desplome de los precios hortofrutícolas, que ha agrandado la brecha entre el campo y la mesa. Productos como las patatas, cebollas, pimientos, calabacines, naranjas, limones o plátanos se pagan en origen hasta un 50% más baratos que hace un año.

De esta manera, los márgenes más desorbitados coinciden con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).

El índice se elevó hasta el 5,69 en el caso de los productos agrarios, mientras que el de los productos ganaderos se situó en diciembre en 2,96. En concreto, la carne de cerdo y ternera multiplicaron por 5,35 y 4,42 su precio de la granja al hogar.

Fomento asegura tener margen para ayudar a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento asegura que, "pese a los recortes", cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas que se encuentran en riesgo de quiebra, según indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá.

   "Pensamos que pese al recorte todavía se puede ayudar a las concesionarias a obtener recursos financieros y a poder atender a sus obligaciones", indicó el 'número dos' de Fomento.

   El Gobierno aprobó recientemente reducir en unos 400 millones de euros el presupuesto de Fomento para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros. Esta disminución forma parte del acuerdo de no disponibilidad de gasto de 8.300 millones de euros acordada en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.

   Estas autopistas se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

   Las empresas concesionarias de las vías, entre las que figuran las grandes constructoras cotizadas, acordaron con el anterior Gobierno un sistema de ayudas que incluye la concesión de dichos préstamos participativos.

   A este respecto, el 'número dos' del nuevo equipo de Fomento indicó que estos créditos son un "instrumento financiero, no son presupuesto de gasto". Además, indicó que en 2011 no se agotó toda la dotación que se fijó para los mismos.

   Por todo ello, Catalá indicó que "pese a la austeridad y los recortes", el Ministerio "todavía podrá ayudar a las concesionarias en sus obligaciones financieras".

"Creemos que hay margen suficiente para que en 2012 puedan atender a sus dificultades", concluyó tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio.

El PSOE denuncia que el cierre del quirófano de Urgencias del Rosell supone un riesgo

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique manifestó este martes que el cierre del quirófano de Urgencias del Rosell supone un riesgo para los pacientes, que de manera programada, son operados allí.

   Rosique rechaza, "por irresponsables, las razones dadas por directivos del Servicio Murciano de Salud, justificando el cierre de este servicio por cuestiones de ahorro económico en base al bajo índice de utilización del mismo, olvidándose de las consecuencias que para los enfermos operados en el Rosell pueda tener su cierre".

   El escenario que existe en estos momentos en el hospital del Rosell es el siguiente: a fecha de hoy, ya no hay cirujano con presencia física en este hospital a partir de las 15 horas. Tampoco habrá anestesista de guardia, ni equipo de enfermería de urgencia, ya que ha sido trasladado al nuevo hospital de Santa Lucía, según explica el PSOE en nota de prensa.

   "Con este escenario será imposible hacer frente a cualquier emergencia en este hospital, debiendo ser derivado el paciente, sea cual sea su estado, a Santa Lucía", advirtió.

   El Grupo Parlamentario Socialista califica de "inaceptable" esta situación, ya que las patologías programadas que van a ser intervenidas quirúrgicamente en el Rosell, a partir del 9 de enero, incluyen cirugía laparoscópica, tiroides y otras patologías consideradas menores, tales como hernias y hemorroides.

   La diputada indicó que "todas estas patologías son susceptibles de complicaciones postoperatorias consideradas graves, fundamentalmente los sangrados en el postoperatorio inmediato, por lo que requieren un diagnóstico precoz y una reintervención urgente que, en el caso de las tiroides puede ser cuestión de minutos antes de que sea fatal para el paciente".

   En su moción Rosique pregunta "¿Qué ocurriría si esa incidencia se produce a partir de las 15 horas, cuando ya no hay cirujano de presencia en el Rosell?" y "¿Cuál será el tiempo de respuesta?, ¿Dará tiempo a trasladar al paciente?".

   Asimismo añadió "por si fuese poco lo anterior, que tampoco hay radiólogo de guardia, por lo que será imposible ayudarse de las pruebas de imagen para llegar a un diagnóstico. Y no hablemos de una UCI que funciona con tres camas solamente y con más presencia testimonial que operativa".

   La diputada socialista manifestó que "desgraciadamente se ha podido comprobar en el Rosell, en fecha reciente, la importancia que tuvo en el transcurso de una intervención por laparoscopia el tiempo de respuesta en una emergencia y el disponer o no de un equipo entrenado y con el aparataje necesario.

   Por todo ello, exigió a la consejera de Sanidad, a través de una moción, la reapertura inmediata del quirófano de Urgencias del Rosell, así como su comparecencia para que explique en la Asamblea sus incumplimientos en relación con los servicios que dijo iba a tener este hospital, una vez que entrara en funcionamiento el de Santa Lucía.

El Gobierno supervisará los techos de gasto de las CC.AA. pero no sus presupuestos

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que el Gobierno supervisará los techos de gasto autonómicos, pero no los presupuestos de cada comunidad, ya que el Ejecutivo "no es quien" para decidir cómo gestiona cada territorio sus competencias.

   "Pero sí lo es para velar por el cuadro macroeconómico y que España no acabe gastando más de lo que ingresa", ha señalado Beteta en declaraciones al canal 24 horas de TVE, donde ha asegurado que los techos de gasto son un elemento "esencial" de la democracia porque se componen de información de gastos, ingresos y déficit.

   Según Beteta, todo hay que vincularlo al techo de gasto porque no solo está en juego la credibilidad del país, sino la de cada comunidad autónoma. "Si tenemos dudas sobre lo que debemos nadie va a invertir", ha alertado Beteta, tras recordar que el control de déficit es un elemento "esencial" para conseguir inversión y creación de empleo, la "principal obsesión" del Ejecutivo.

   En este sentido, ha considerado "imprescindible" en este momento económico la transparencia informativa, el aumento de los ingresos a través de la subida fiscal y el recorte del gasto, y ha reiterado que cuando el país logre crear empleo las subidas de impuestos temporales desaparecerán y los contribuyentes pagarán menos tributos.

   La supervisión de los techos de gasto es una de las cuestiones que el Gobierno planteará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará la semana que viene, así como la posibilidad de implementar líneas de ayuda a aquellos territorios con un déficit muy elevado que no puedan hacer frente a sus pagos. Estas ayudas, según Beteta, vendrán amparadas por los planes de ajuste de cada comunidad, que además tendrán que ser más "transparentes" y someterse a un control extra.

   Durante el encuentro, el Gobierno también abordará con las comunidades sus planes para reducir el sector público, aunque Beteta ha asegurado que el Ejecutivo se limitará a pedir a los diferentes territorios que cumplan lo comprometido un año antes.

   Asimismo, se abordará el establecimiento de sanciones en los términos que marca la UE para aquellas comunidades que no cumplan sus objetivos de déficit y deuda, que no podrán disfrutar de los beneficios de financiación a los que accederán los territorios que sí cumplan. "El premio está ahí, no solo hay un riesgo reputacional", ha subrayado Beteta.

   Antes de celebrar el CPFF, el Gobierno se reunirá mañana con las 12 comunidades gobernadas por el PP para fijar la postura de cara a la reunión de la semana que viene. El encuentro estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, acompañado del propio Beteta y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

   El principal objetivo de los dos encuentros será, según Beteta, hablar de estabilidad presupuestaria y de la nueva ley que tendrán que aplicar tanto el Estado como las comunidades y los ayuntamientos, tras la desviación de dos puntos del déficit público de 2011 debido, en parte, a la "importante desviación" de las comunidades (unos 15.000 millones).

   Preguntado por si Rajoy podía haber tenido acceso antes a la información del déficit público desde la oposición, Beteta ha asegurado que "obviamente no", porque fue el Gobierno saliente el que certificó la cifra del 6% en el traspaso de poderes. "¿Por qué mintió? pues mintió", ha dicho.

   Según ha dicho, el Ejecutivo 'popular' tomó dos decisiones cuando conoció los datos reales: informar a los ciudadanos y solucionar el problema con medidas "dolorosas" que afectaban tanto a los ingresos como a los gastos, al solicitar un esfuerzo "especial", aunque "proporcional" a los ciudadanos.

La mayoría de CCAA no convocarán oposiciones para Secundaria

MADRID.- La "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas no convocarán oposiciones para el cuerpo de profesores de Secundaria en 2012, después de que el Gobierno aprobara por decreto el pasado viernes bajar la tasa de reposición para este colectivo del 30 al 10 por ciento, según afirman los responsables de Enseñanza Pública de FETE-UGT y FE-CCOO. 

   Sólo Andalucía, País Vasco y Cantabria han anunciado la oferta de empleo público para profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. La primera lo hizo el pasado martes 27 de diciembre, antes de la aprobación del decreto de recortes del Consejo de Ministros para 2.389 plazas; la segunda lo hizo a principios de diciembre para 556 plazas; y la tercera, la semana pasada para entre 22 y 25 plazas.

   Sin embargo, cabe la duda entre los sindicatos que el Ejecutivo dé luz verde a las plazas anunciadas por Andalucía, pues se trata una convocatoria para cubrir casi el 30 por ciento de la tasa de reposición, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz antes del anuncio de la congelación de empleo público del Gobierno central, y se publicó este lunes en el Boletín Oficial de esta comunidad.

   Aunque algunos responsables autonómicos han manifestado su "voluntad" de ofertar empleo público para el profesorado, como es el caso de Canarias, hasta ahora ningún consejo de Gobierno autonómico, excepto Andalucía, País Vasco y Cantabria, ha aprobado una medida de esta naturaleza.

   En Baleares, la Conselleria de Educación ya ha asegurado que no llevará a cabo oposiciones para profesores de Secundaria en el 2012 por "falta de tiempo y de presupuesto", si bien la voluntad es llevar a cabo oposiciones en 2013, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo permita.

   En Castilla-La Mancha se suspendió la oferta pública de empleo tras las elecciones autonómicas y en Castilla y León hay anunciada una congelación de la misma. Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha indicado que va a esperar a ver qué hace el resto de comunidades autónomas para así evitar el 'efecto llamada'.

   "El Gobierno ha puesto a las comunidades autónomas el camino fácil para no convocar", afirma el responsable de Enseñanza Pública de FE-CCOO, Luis Castillejo, que añade que después de los "problemas" que hubo en 2011 por las plazas de maestros de Infantil y Primaria en "muchas" comunidades autónomas, donde la tasa de reposición era del 30 por ciento, 2012 se prevé "indudablemente peor", pues a la reducción de este límite se suman los recortes en varias autonomías en materia educativa.

   "La mayoría de las comunidades no van a querer convocar", asegura Castillejo. A su juicio, aunque se trate de "muy pocas plazas", hay miles de aspirantes y, por tanto, las comunidades autónomas van a tener que hacer frente al mismo esfuerzo logístico y económico que supone convocar miles de plazas más.

   No obstante, insiste en que su sindicato va a presionar a las comunidades para que convoquen el mayor número de plazas posibles para cumplir al menos con el diez por ciento de reposición.

   Por su parte, el secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT, Antonio Rodero, explica que todavía la comunidad educativa permanece a la espera de lo que va a pasar con la oferta de empleo público para el profesorado, pero al igual que Castillejo opina que va a ser "más complicada" que la de 2011.

   Sobre la situación de Andalucía, Rodero apunta que el decreto del Ejecutivo central no tiene carácter retroactivo y, por tanto, el anuncio de las plazas en esta comunidad estaría dentro de la legalidad. No obstante, aboga por que "cuanto antes" se reúnan los responsables de empleo andaluces con el Ministerio de Hacienda para aclarar este asunto que afecta a miles de opositores.

   En las oposiciones de 2011, tras varios enfrentamientos con el Ministerio de Economía y Hacienda que entonces dirigía Elena Salgado, la Junta andaluza logró sacar adelante las 3.796 plazas previstas para el concurso-oposición de Infantil y Primaria ofertando 2.200 de ellas como "consolidación de empleo" y las 1.596 restantes como verdadera oferta de empleo público docente.

   Sin embargo, para este año, según advierte el secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, "el decreto Ley minimiza lo de la consolidación de empleo", por lo que este sindicato tendrá buscar fórmulas para mantener la legalidad de la oferta andaluza.

   Como se trata de un tema "muy interpretable", CCOO, ANPE y CSI-F han pedido a la Consejería de Educación andaluza que diga "cuanto antes" qué va a pasar con las oposiciones para dar certidumbre, sobre todo, a los aspirantes a una plaza.

   "No va a ser fácil que el Gobierno (central) acepte que se utilice el mismo artilugio que el año pasado y se justifiquen las plazas con el Estatuto Básico que permitía consolidar el empleo interino. Así que la negociación de este año va a ser mucho más dura y complicada, pero somos partidarios de que se libre esta batalla, que es totalmente necesaria", defiende el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla.

Valcárcel será multado por el Ayuntamiento de Murcia por unas obras irregulares en su piso

MADRID.- odavía no se sabe cuál será la cantidad, pero Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y presidente regional del PP, será multado por el Ayuntamiento de Murcia, presidido por el secretario regional del partido, Miguel Ángel Cámara, por una obra ilegal, realizada antes de la aprobación definitiva de un plan especial necesario. La multa será el peaje para legalizar la obra, según El Confidencial.

Lo que ha sido durante meses la comidilla del todo Murcia, ha terminado en un esperpento urbanístico digno de otros tiempos. Valcárcel pertenece a una modesta cooperativa de pisos valorados a su terminación en un mínimo de un millón de euros, situada en pleno centro de la capital regional: el antiguo edificio del Banco Exterior de España, en la Gran Vía Escultor Salzillo, número 9.

En la reforma de ese edificio, contestada por los vecinos de casas colindantes, se han sobreelevado tres viviendas de 283, 219 y 170 metros cuadrados que ocupan el espacio que anteriormente era terraza, cuarto de máquinas de ascensores y vivienda del portero, sumando dos plantas habitables a las ocho que originalmente tenía el edificio.

Y todo ello está casi terminado sin que anteriormente la Concejalía de Urbanismo hubiera aprobado el necesario Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que autorizara esas plantas habitables suplementarias en el edificio. La ceguera de la Concejalía deber ser absoluta, pues las obras comenzaron hace tres años en el mismísimo corazón el casco histórico de Murcia.

La mayoría de la sociedad cooperativa promotora está formada por dos notarios, un magistrado de la Audiencia Provincial, un economista, un abogado, dos empresarios y tres médicos, además del propio presidente de la comunidad autónoma.

Al último pleno municipal el concejal Fernando Berberena llevó el expediente de aprobación de ese PERI, que fue aprobado con la salvedad de imponer una multa por valor de 5% de la obra actualmente ejecutada a los propietarios de los áticos, uno de ellos el propio Ramón Luis Valcárcel, a través de la titularidad de su esposa, Charo Cruz.

En el pleno, el concejal de Hacienda de Murcia, Joaquín Moya-Angeler, se abstuvo, puesto que también forma parte de la modesta cooperativa junto a Valcárcel y otros conocidos prebostes de la sociedad regional, no directamente sino a través de sus esposas. Entre ellos está Josías Martínez Fajardo, ex concejal socialista de Urbanismo en Lorca, de donde también procede el presidente de la cooperativa, Pedro Martínez Manzanares.

En el pleno también se abstuvo la concejal María Isabel Valcárcel, hermana del presidente regional. El resto de ediles del PP, incluido el alcalde, votó a favor del PERI. La oficina de prensa municipal informa de que todavía no se sabe la cantidad de la multa, puesto que está siendo evaluado el valor de la obra que era ilegal hasta que el pleno aprobó el PERI.

La oposición (PSOE e IU) puso el grito en el cielo, convencida como está que ese PERI no se puede aprobar porque el edificio que fue sede del Banco Exterior está catalogado y protegido por el plan general de Urbanismo y por el Plan Especial del Casco Histórico Artístico (PECHA).

“Esto es una modificación a la carta que beneficia en exclusiva a unos determinados promotores en detrimento del interés general”, declara Marcos Ros, edil socialista y arquitecto, pues asegura que el PERI autoriza más edificabilidad de la que el PGOU permite en la zona. “El derecho no se puede utilizar a la carta: ese edificio tiene agotada su edificabilidad”, dice por su parte Esther Herguedas (IU-LV).

Los olivos y las palmeras, esperanza de la agricultura palestina

GAZA.- La franja de Gaza superpoblada, aislada y empobrecida tiene escasos recursos. Los palestinos dependen en un 80% de la ayuda humanitaria de la ONU que les llega a través de Israel. La actividad agrícola, que tradicionalmente ha representado el medio de vida de la población, se ha hecho muy difícil, el agua escasea y los agricultores tienen un acceso problemático a sus tierras. Los olivos y las palmeras los han alimentado en los peores momentos y cuentan con ellos para sobrevivir. 

 

«En tiempos difíciles sobrevivimos gracias al aceite de oliva. Durante la última guerra, muchos que no podían dejar sus hogares tenían solo este producto y pan para mantenerse por largos periodos», dice Ahmed Sourani, del Comité Palestino de Alivio Agrícola. Incluso durante la primera Intifada (levantamiento palestino contra la ocupación israelí), los olivos y el aceite de oliva fueron vitales. «Permitieron sobrevivir a muchos miles de familias palestinas muy pobres. Cuando el ejército israelí nos impone toques de queda, es nuestra principal fuente de alimento. La mayoría de los estudiantes llevan como almuerzo a la escuela emparedados de za'atar (serpol, una variedad de tomillo) y de aceite de oliva», explicó Sourani.

Esta fuente de alimento fue el blanco de Israel durante años. En noviembre de 2008, Oxfam informó que, desde 2000, se habían destruido 112.000 olivos en la franja de Gaza. «Según las autoridades israelíes, la 'zona de exclusión' que prohíbe a los palestinos estar en su tierra, es a 300 metros de la frontera de la Línea Verde entre Gaza e Israel. Pero en realidad se extiende mucho más allá de 600 metros, abarcando el 30 por ciento de las tierras agrícolas de Gaza», señala Sourani.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cita áreas de hasta dos kilómetros dentro de las fronteras de Gaza que han quedado inaccesibles debido a la política de disparos, bombardeos e intrusiones de Israel. Según el Comité Palestino de Alivio Agrícola, más del 42 por ciento de los 175 kilómetros cuadrados de tierra arable de la franja fue destruido durante las invasiones y operaciones israelíes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que solo la última guerra de Israel contra Gaza destruyó hasta el 60 por ciento de la industria agrícola.

Pese a la campaña sistemática de destrucción de olivos, Sourani informa de que «algunas áreas de Gaza todavía tienen árboles centenarios». Esto ocurre particularmente en los barrios de Zaytoun, Sheyjayee y Tuffah. De todos modos, estos ejemplares antiguos constituyen una cantidad ínfima, y el promedio de edad de los olivos es de unos cinco años.

En vista de que las tierras agrícolas de Gaza están cada vez más yermas, el Ministerio de Agricultura de la franja plantea una resistencia no violenta a la destrucción de este sector por parte de Israel. Ahmad Fatayar, de ese ministerio, señala que con el paso de los años, incluidos durante y después de la ocupación de la franja, se diseñaron políticas e incentivos económicos impulsados por el estado judío para obligar a los agricultores palestinos a dejar de cultivar árboles en sus tierras, para que trabajaran en invernaderos o como obreros en Israel.

Después de que las aplanadoras israelíes arrasaran sus tierras, a los palestinos les resultó difícil, si no imposible, cultivar sus olivos. «Hemos creado un programa para cultivar un millón de olivos en toda la franja de Gaza, particularmente en la zona de exclusión, que ha sido ampliamente destruida», dice Fatayar que enumera una gran variedad de beneficios y usos de los olivos. «Pueden cultivarse en calles, patios escolares y frente a las casas, y pueden soportar periodos muy secos y agua salada, pueden almacenarse durante largos periodos y se usan en varias industrias, como la de los alimentos, forraje, carbón, compost y medicinas», señala. Para una familia palestina media, de ocho miembros, «dos o tres olivos dan el aceite y las aceitunas necesarias para el consumo anual», añadió.

Según Sourani, aparte  de sus aspectos nutritivos y económicos prácticos, los olivos son importantes por muchos más motivos. «Los palestinos consideran que el olivo es un símbolo de la tierra, de la independencia, la paz y la dignidad», y añade «Usamos el aceite de oliva para todo, incluso para el cabello. Cuando estamos enfermos, nos frotamos el cuerpo con este producto. Incluso se usa como cosmético: lo empleamos para hacer 'kohl', para los ojos. Las hojas de los olivos son medicinales y pueden utilizarse en la industria farmacéutica, y como té para tratar la diabetes y el dolor de estómago», detalló.

Buena parte de la demanda de aceitunas y aceite de Gaza, en la que viven 1,6 millones de palestinos en 365 kilómetros cuadrados, la cubrían antes los agricultores de la ocupada Cisjordania. «Ahora solamente obtenemos una pequeña cantidad. El resto viene de Siria, Líbano, Egipto y España. Pero seguimos prefiriendo el aceite de oliva de Palestina: el Surri, que data de la era romana», dice Sourani.

El plan de autosuficiencia del Ministerio de Agricultura también incluye el cultivo de palmas datileras. Como los olivos, las palmas datileras son de especial importancia histórica, nutricional, económica y cultural para los palestinos. «Son una importante fuente de nutrición, son muy productivas y no cuesta mucho cultivarlas», señaló. Las palmas datileras pueden cultivarse en apenas uno o dos metros cuadrados. Una sola de esas palmeras puede producir hasta 200 kilos de dátiles. En unos siete años una plántula genera una palmera con frutos y otras 10 plántulas.

Según estimaciones del Ministerio, para 2020 habrá aproximadamente tres millones de plántulas, muchas de las cuales darán sus frutos.