IU-Verdes ve en la caída de pasajeros del aeropuerto de San Javier un "anuncio" para el de Corvera

MURCIA.-   El coordinador de IU-Verdes en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, ha dicho este miércoles que el descenso de pasajeros en el aeropuerto de San Javier en 2011 es "un anuncio de lo que se le puede venir encima" al aeropuerto de Corvera.

    Pujante ha indicado que en los últimos años "se ha vendido mucho humo y ladrillo", lo que ha dado lugar a una "deriva especulativa" que, sumada a la "incapacidad" del Gobierno regional, ha desembocado en una crisis del sector turístico de la Región.

    Asimismo, ha hecho referencia a casos de aeropuertos privados como el de Castellón, todavía inactivo pese a que fue inaugurado en marzo de 2011, y ha insistido en la cercanía de los aeropuertos de Corvera y El Altet, en Alicante.

Datos de San Javier

El aeropuerto de San Javier ha registrado un total de 1.262.541 pasajeros de enero a diciembre de 2011, lo que supone un descenso del 6,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

   Asimismo, el aeropuerto murciano realizó menos operaciones de tráfico aéreo con respecto a 2010, un total de 12.711, un 5,7 por ciento menos que sobre el año anterior.

   Respecto al transporte de mercancías, el total transportado fueron 1.454 kilos, un 43,7 por ciento menos entre enero y diciembre de 2010.

   En concreto, en el pasado mes de diciembre el aeródromo registró 28.753 pasajeros y contabilizó 495 operaciones, lo que supone un crecimiento del 2,5 por ciento. En noviembre fueron 36.141 pasajeros, 562 operaciones (-1,9%).

   Además, transportó 44 kilos de mercancía, es decir, un 91,3 por ciento más que en diciembre de 2010.

El Gobierno baraja congelar sus aportaciones a las CCAA si incumplen el déficit

MADRID.- El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Este miércoles recibe a las presididas por el PP y la próxima semana organizará una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Montoro está dispuesto a atender demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero ha recalcado que todo ello estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit.

Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso quiere contar con las herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo.

El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha explicado que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado, comprometida en la reforma constitucional que impulsaron el PP y el PSOE, incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.

Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.

Inyección de recursos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha garantizado a los gobiernos regionales del PP que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las regiones y los ayuntamientos y ha defendido la autonomía económica y financiera de las Comunidades Autónomas.


   Montoro ha mantenido este miércoles una reunión "informal" con los consejeros de Economía y Hacienda de las CCAA en las que gobierna el PP para trasladarles el compromiso del Gobierno y del partido con el déficit público y el equilibrio presupuestario, así como con las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

   Tras repasar el contenido del real decreto ley de medidas urgentes económicas aprobado por el Congreso, el titular de Hacienda ha explicado a los consejeros que los ajustes contemplados serán soportados prácticamente por el Estado y ha enfatizado que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las Comunidades y ayuntamientos porque revierte en parte en las administraciones locales y autonómicas.

   Asimismo, Montoro ha reafirmado el "pleno respeto" del PP a la autonomía económica, política y financiera de las Comunidades Autónomas y, en esta línea, ha recalcado que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador de déficit.

   El titular de Hacienda ha abordado con los consejeros la necesidad de reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, una prioridad para el Ejecutivo, y en este contexto se ha abordado la posibilidad de establecer sanciones a las CCAA que no cumplan con el objetivo de déficit en línea con lo que aplica la Unión Europea con los Estados miembros.

   La reunión también ha servido para debatir otros temas como la Ley de Estabilidad presupuestaria, el plan de saneamiento del sector público en el que trabaja el nuevo Ejecutivo de Rajoy, la necesidad de establecer un techo de gasto para las regiones, así como de atender a los problemas de liquidez para que las CCAA puedan seguir financiando los servicios públicos.

   Finalmente, Montoro ha insistido en la responsabilidad de los gestores públicos y en la transparencia de los distintos gobiernos.

Diego de Ramón plantea presentar una demanda de responsabilidad patrimonial a cuatro niveles en la CAM

ALICANTE.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional, Diego de Ramón, ha pedido a una plataforma de afectados por Caja Mediterráneo en Alicante que se adhieran a una "demanda de responsabilidad patrimonial en cascada" que afecta a cuatro niveles y que son los directivos, los miembros del consejo de administración, los representantes políticos en el consejo de administración.

   Diego de Ramón ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto con esta asociación, que se ha celebrado este miércoles en la sede de CCOO en Alicante, y que ha contado con la asistencia de la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ya que la asociación había invitado a los diputados autonómicos que participan en la Comisión de Investigación de la CAM en las Corts Valencianes.

   Así, el letrado ha indicado que la reunión se ha celebrado con la finalidad de que los miembros de esta asamblea y los afectados se adhieran a una demanda, que tiene previsto presentar "inmediatamente", en caso de recibir apoyo del colectivo alicantino, ante la Audiencia Nacional, para que se depuren todas las responsabilidades patrimoniales.

   El abogado ha explicado que, en su opinión, hay "cuatro niveles de responsabilidad: los primeros son los directivos de CAM, en segundo lugar están los miembros del consejo de administración y, los políticos representantes en el consejo, y en tercer lugar el Instituto Valenciano de Finanzas y la Consejería de Economía del Gobierno murciano, que todos los años tenían los balances y auditorías y no actuaron porque los propios vigilantes tenían créditos de la propia caja" a la que tenían que vigilar.

   En su opinión, "el cuarto nivel de responsabilidad sería del FROB, Banco de España y la CNMV", al entender que cuando "la comisión tuvo conocimiento de la creación del Banco CAM, por falta de solvencia patrimonial y económica, tenía que haber suspendido la cotización".

  "Por eso nos dirigiremos en acciones judiciales, buscando esos cuatro niveles de responsabilidad para que respondan las instituciones del Estado, la policía bancaria, por no haber intervenido la caja antes, salvaguardando así los intereses de los cuotapartícipes porque las cuotas no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos".

   De Ramón ha resaltado que en 2008 envió un escrito a la CNMV en el que se oponía a la emisión de cuotas participativas, pidiendo "una garantía de solvencia patrimonial para que la caja pudiera obtener esa liquidez".

   Además, ha indicado que "un mes antes de la intervención, la CAM separa el Banco CAM, donde se deja la parte buena, los depósitos puros y limpios, y deja los créditos contaminados y de dudoso cobro y las cuotas en la CAM", por lo que la CNMV tendría que haber "suspendido la cotización un mes antes de la intervención" porque, de esa forma, no habría habido el perjuicio económico de los cuotapartícipes". Desde su punto de vista, "hubo una dejación de funciones por parte de la CNMV y del Banco de España".

   Respecto a la primera denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ha indicado que su titular, Grande-Marlaska había pedido una fianza para la personación de 60.000 euros. De Ramón ha recurrido y la fianza se ha rebajado a 6.000 euros, pero ha vuelto a recurrir con el fin de poder asumir la cantidad para poder ejercer la acción popular.

   Además, según ha dicho, el juez le ha pedido al Banco de España, al FROB, "una documentación contable de esos agujeros económico-financieros que tenía la CAM". Ha recordado que ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad, así como información relativa a los negocios de CAM "en la oficina de Miami, en paraísos fiscales y también en la oficina de Londres".

   Según ha avanzado, también pretende recabar "información sobre la participación de responsables políticos en las grandes concesiones de los macrocréditos para ver si los consejos de administración tenían los informes de análisis y qué tipo de garantías complementarias se les exigieron".

   A este respecto, el abogado ha mantenido que la CAM "concedió créditos por valor de 1.600 millones de euros sin garantías" y ha exigido que lo "expliquen".

Denuncia de la CIC

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo y actual responsable del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, por presunta prevaricación, según informa el sindicato en un comunicado.

   CIC responsabiliza a ambos dirigentes de la situación que atraviesan las entidades financieras y las cajas de ahorro españolas, ya que considera que disponían de informes elaborados por los propios inspectores del Banco de España en los que se advertía del alto nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español.

   Los citados informes detallaban que el riesgo era consecuencia de la "anómala" evolución del mercado inmobiliario español y alertaba de que los "errores cometidos por las entidades acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".

   La presentación de la demanda correrá a cargo del presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, y del secretario general, Jordi Oller. 

Fernández Ordóñez, actualmente en el cargo, fue designado gobernador del Banco de España el 8 de marzo de 2008 en sustitución de Jaime Caruana, que ocupó el cargo desde julio de 2000.

IU presentará en la Asamblea Regional una solicitud de información para conocer el coste "real" de la campaña 'No-Typical'

CARTAGENA.- El coordinador regional de IU-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha anunciado que su formación va a presentar en la Asamblea Regional una solicitud de información para conocer el coste "real" de la campaña 'No-Typical' desde su puesta en marcha, en 2009, tras lo que ha reclamado al consejero del ramo, Pedro Alberto Cruz, que asuma "responsabilidades políticas por el coste de dicha campaña".

   En opinión de Pujante, "la sustitución de la citada campaña recientemente por una nueva marca denominada 'Destino Región de Murcia' evidencia el fracaso de la política institucional del Gobierno regional en materia de turismo durante los últimos años".

   Por ello, ha responsabilizado al consejero de "perder un tiempo precioso, además de mucho dinero, con ocurrencias estrambóticas como la marca turística 'No-Typical'" que, a su juicio, han resultado ser "un gran fiasco con resultados negativos".

   En este sentido, ha recordado que el número de turistas extranjeros en la Región "descendió un 6,8 por ciento entre enero y agosto de 2011 respecto al mismo periodo del año anterior, frente al incremento del 7,8 por ciento que registró de media España, según datos de Frontur".

   Sobre el "rechazo del Gobierno central a la aplicación de un IVA reducido al sector turístico", Pujante ha asegurado que se trata de una "contradicción más" del PP, ya que en la Región "defendió la puesta en marcha de esta medida en la pasada legislatura", según fuentes de la federación de izquierdas.

El PSOE de Los Alcázares denuncia "incongruencias" del Gobierno local, resintiendo servicios y subiendo impuestos

LOS ALCÁZARES.- El PSOE denuncia la "incongruencia" del PP en Los Alcázares, con unos recortes aplicados por el Gobierno de Anastasio Bastida, alcalde de la localidad, "que resienten los servicios municipales", al tiempo que critica la subida "considerable" de impuestos. 

   Así lo ha explicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Los Alcázares, Joaquín Menárguez, quien aseguró que la primera consecuencia de ese recorte ha sido el cierre del SPA de la localidad, que lleva Aqualia, y el despido de once personas, aprobado en el Pleno del 29 de diciembre.

   Pero, añadió en rueda de prensa, en referencia al informe que les ha presentado el PP, "pretenden un recorte de 289.000 euros en el capítulo de Personal, lo que supone que habrá más despidos".

   Por desgracia, Menárguez prevé que con el recorte en los horarios de las instalaciones que lleva esta concesionaria, Aqualia, "habrá además del orden de tres a cuatro despidos más".

   A este punto el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento alcazareño recordó que en el año 2010, el PP presentó una moción para que se respetaran todos los puestos de trabajo del SPA municipal, que se aprobó con el voto de todos.

   En esta legislatura, añadió, el PSOE preguntó, a raíz de los acontecimientos, si iban a respetar los puestos de trabajo y le aseguraron que así lo harían. Se trata, apostilló, "de una mentira más de las que va llevando el Grupo Municipal Popular".

   Además se ha cifrado como una de las principales deudas del Ayuntamiento, de siete millones de euros, "que luego la reducen bajo su criterio a cinco millones" y desde ese momento "el PSOE ha estado Pleno tras Pleno haciendo mociones, ruegos y preguntas para conseguir tener conocimiento de los verdaderos números de la deuda real de Aqualia con el Ayuntamiento".

   Menárguez ha asegurado que se les ha negado "todo", con lo que, a su juicio, "este tema ha sido perfectamente programado y coordinado entre la concesionaria y el Ayuntamiento".

   En cuanto a los Presupuestos municipales para 2012, aprobados también en el último Pleno del año, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Los Alcázares ha puntualizado que se ha pasado de ingresar 13,8 millones de euros a los 17,5 millones de euros "a costa de subir los impuestos a los ciudadanos" sin estudiar otras medidas de recorte.

   De hecho, criticó, "el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sube un 38 por ciento, el Impuesto sobre Vehículos a Motor sube un 45 por ciento y la recogida de basura un 23,6 por ciento".

   Además, "retiran la partida para el pago del alquiler de las viviendas para la Guardia Civil", lo que les hace sospechar que "con el cambio de Delegado del Gobierno nos retirarán completamente el servicio de la Benemérita en Los Alcázares".

   A lo que se une, remarcó, que el Gobierno local fomente antes el turismo privado que el público y destine una partida de 15.000 euros a un club deportivo privado y otros 36.000 euros a otro, y solo 5.000 euros al comercio.

   "La incongruencia viene hasta tal punto de que el actual alcalde mantiene al anterior asesor financiero, al cual acusa de ser el causante de llevar al Ayuntamiento a una situación caótica", concluyó Joaquín Menárguez, o que aún no haya realizado la auditoría que prometió en su programa electoral.

La socialista aguileña Paca Baraza se 'apunta a un bombardeo' al marcar distancias con María González Veracruz

MADRID.- La secretaria de Ciudades y Política Municipal de la Ejecutiva del PSRM-PSOE y jefa de la Demarcación de Costas en funciones, la bióloga aguileña Francisca Baraza, forma parte del equipo político de la precandidata a la Secretaría General del PSOE Carmen Chacón.

   Chacón ha puesto en marcha un "equipo político" paritario, formado por seis hombres y seis mujeres, para trabajar en su candidatura y ha señalado que su proyecto se diferencia del de su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, en que quiere "abrir un nuevo tiempo".

   Chacón ha comparecido acompañada de dos miembros de ese equipo, el alcalde de Soria, Carlos Martínez; y la exalcaldesa de Palma, Aina Calvo. A la reunión han asistido también el expresidente del senado y dirigente socialista alavés Javier Rojo, el secretario general del PSN y vicepresidente del Gobierno navarro Roberto Jiménez, la teniente de alcalde de Avilés (Asturias) Ana Concejo y la exsecretaria de Estado de Empleo la castellano-manchega Mariluz Rodríguez.

   Del equipo político forman parte también los exministros Josep Borrell, Cristina Narbona y Francisco Caamaño, el exalcalde de Olula del Río (Almería), Antonio Lucas y la secretaria de Ciudades de la Ejecutiva del PSOE de Murcia, Francisca Baraza, que no han podido participar en la reunión. 

Junto a este equipo "político", la exministra contará con un equipo de organización en el que estarán el todavía delegado del Gobierno en Cuenca, Máximo Díaz Cano, y el diputado del PSC José Zaragoza.

   En el encuentro de este martes sí ha participado el jefe de gabinete de Chacón, Germán Rodríguez; y también se ha acercado al lugar del encuentro, un hotel de Madrid, la exdirectora general de Coordinación Informativa en el Gobierno de Zapatero, Angélica Rubio, que está colaborando como voluntaria con la candidatura de la exministra.

   La propia Chacón ha adelantado que a partir de ahora sus reuniones de trabajo se celebrarán en el local que la Secretaría de Organización del PSOE ha puesto a su disposición, en la calle Ferraz 55, y ha dado las gracias a Marcelino Iglesias por la rapidez.

    La exministra ha evitado valorar las críticas surgidas este lunes durante la Ejecutiva del PSC sobre el hecho de que todos los socialistas catalanes del Comité Federal del PSOE la hayan avalado en bloque y se ha limitado a señalar que ella no contempló la recogida de avales para ser precandidata como una "competición" sino como un "trámite" y que su equipo dejó de recogerlos cuando tuvo suficientes.

El riesgo bancario inmobiliario a debate / Ángel Tomás Martín *

Un gran desacierto, no sólo en la política económica sino en cualquier otra actividad, sería calificar negativamente un producto, una gestión o una corporación en su lanzamiento.

Este principio lo sabe cualquier líder responsable y sería automáticamente cesado si usase expresiones degradantes en los productos o servicios que gestionase. Es el caso de la tan usada y extendida denominación de ‘banco malo’ que se pretende crear para incorporarle los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos y de casi imposible realización inmediata a causa de un exceso de promoción-demanda, y de unos precios que alcanzaron niveles actualmente inaceptables, impulsados por una especulación y descontrol sin precedentes. Tal calificación podría aplicársele a los gestores económicos y financieros carentes de visión y ausencia de regulación y control.

Banco se define como un organismo público de crédito y de operaciones de banca para facilitar el desenvolvimiento de empresas y particulares; actuaciones desarrolladas con ánimo de lucro. Hay diversas especialidades de bancos: ‘banca privada’, cuya actividad va dirigida a la gestión de patrimonios y asesoramiento integral; ‘banco comercial y de negocios’, especializado en apoyo financiero a empresas y particulares; ‘bancos centrales nacionales’, emisores, con funciones de tesorería de los Estados, de control y de servicio central de balances; Banco Central Europeo; Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto al FMI en 1944 para conceder créditos a los Estados. Todos cumplen sus funciones de financiación, pero siempre acompañadas de la facultad de lucro.

Ente público de gestión patrimonial
Si el mal llamado ‘banco malo’ va a tener como misión la incorporación de activos tóxicos procedentes de la banca privada y comercial, en modo alguno debe llamársele ‘banco’. Debe crearse un ente público de gestión patrimonial sin ánimo de lucro cuya actividad sea la administración y realización de los bienes inmobiliarios incorporados, apoyada por una buena política de mercado que haga posible, en el tiempo, ajustar precios razonables en coyunturas favorables basadas en una demanda nacida del crecimiento económico. Es indiscutible que limpiar los balances, de urgente necesidad, con cargo al Tesoro sería un grave error, dado el alto endeudamiento público y el incumplimiento con las exigencias de los reguladores europeos.

Los balances de las entidades financieras necesitan sanear sus activos, seriamente afectados por la obligada incorporación de inmovilizados ajenos a la habitual actividad para la que han sido creadas. Los valores de incorporación son superiores a los de mercado actuales por razones coyunturales conocidas, lo que, unido a la inversión en deuda soberana, ha paralizado en gran medida sus posibilidades crediticias, indispensables para la recuperación económica que España necesita con urgencia.

Estos activos deben ser liberados a los precios contables actuales, ya que de aplicarse los de mercado vigentes originarían unas pérdidas en el ‘pasivo no exigible’ en muchos casos insoportables y una posición no permitida por el Banco de España, y seguiría sin resolverse el crédito a la economía real. Regularizarlos con cargo a beneficios futuros implicaría un deterioro en las cotizaciones bursátiles sin haber eliminado los activos tóxicos, lo que obligaría a una gestión añadida a la financiera habitual, sin la estructura especializada de la que carecen.

Si se obliga a la entidades de crédito a realizarlos directamente y con urgencia, se provoca una crisis bancaria, una recesión inevitable y una pérdida de credibilidad internacional de muy difícil recuperación. No olvidemos que el conjunto de activos absorbidos supera la cifra de 400.000 millones de euros (que incluye, entre otros, morosos, de dudoso cobro y fallidos, que alcanzan un total de más de 160.000 millones de euros potencialmente problemáticos, aunque en parte ya provisionados ).

Siendo el valor de los ‘créditos débiles’ 70.000 millones aproximadamente, éste es el importe que debería obtenerse del FMI con garantía del propio Ente y del Estado (vayamos ganándonos el favor de EEUU, poseedor de casi el 20% del mismo) para ser inyectado al ente público de gestión patrimonial con destino a compensar los inmuebles recibidos de cada entidad financiera a los precios contables. Estos fondos recibidos por el sistema financiero tendrían como único destino la economía real. La nueva gestión inmobiliaria debería dotarse de un equipo humano especializado de alto nivel técnico y comercial, y contar con el apoyo de las oficinas de los bancos regularizados.

Los terrenos, calificados o sin calificar, deben gestionarse por la propia banca, responsable de haber financiado en la mayoría de los casos con excesiva ligereza, sin que olvidemos en adelante corregir el débil control del Banco de España y del Tribunal de Cuentas del Estado.

(*) Economista y empresario

Cada español pagará 679 euros más este año por recibos e impuestos

MADRID.-   La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) estima que cada contribuyente deberá afrontar este año un pago extra de 679 euros debido a las subidas del IRPF, IBI, hipotecas y servicios básicos, como el gas natural y el agua.

   En concreto, FUCI calcula que la subida del IRPF supondrá para cada contribuyente una media de 222 euros anuales, a los que hay que añadir los 360 euros al año de las hipotecas que deban revisarse ahora.

   Por otro lado, la subida prevista del IBI de entre un 4 y un 10%, dependiendo del año en el que se revisará el valor catastral de las viviendas, supondrá un incremento medio por inmueble de 42 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de esta organización de consumidores.

   Respecto a los servicios básicos, y a pesar de la congelación de las tarifas eléctricas y del butano, el incremento en un 0,5% en el recibo de gas natural supondrá un gasto medio de 0,57 euros al mes.

   En cuanto al precio del agua, cuya subida la decide cada ayuntamiento, es uno de los conceptos que más se va a encarecer este año, pues la factura puede elevarse hasta un 60%, lo que puede implicar un gasto medio de 4 euros mensuales.

   El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha denunciado que estas subidas "van a acabar por ahogar a las rentas medias que cada día ven más reducido su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro que, en muchas ocasiones es nula, provocándoles incertidumbre en el negro futuro que se vislumbra".

   Ante estas subidas, la organización de consumidores recomienda seguir pautas de control de gasto y ahorro, así como una correcta planificación de la economía para poder afrontar el encarecimiento de los servicios básicos que tienen lugar a principios de año.

El Telediario de Intereconomía se impone en Murcia al de La Sexta

MADRID.-El Telediario de Intereconomía ya ha consolidado su espacio en la parrilla televisiva del mediodía a nivel nacional. Si hace unas semanas los datos reflejaban su superioridad en algunas comunidades autónomas como Madrid, ahora los datos podrían trasladarse al conjunto del país.

De esta manera, el Telediario del mediodía conseguía ayer un 2,1% de share a nivel nacional, situandose en el ranking de audiencias por encima de los informativos de La Sexta, que marcaron un 1,9% de share.Como es habitual, las cifras se disparan si separamos los datos por Comunidades Autónomas. 

Es en Madrid donde el Telediario del mediodía sigue manteniendo su liderazgo, sitúandose dos puntos por encima de la audiencia de Cuatro con un 5,5% de share.

Le sigue Murcia, donde mantiene la misma situación que Madrid, superando también a La 2 y a las autonómicas con un 4,3%. 

En Galicia, Andalucía y Asturias los resultados cosechados tambien se mantuvieron por encima de la media.

Los alimentos multiplican por cinco su precio desde el campo a los hogares

MADRID.- El precio de los productos agrarios y ganaderos se multiplicó por más de cinco desde su cotización en el campo hasta la venta al público en los establecimientos comerciales al cierre de 2011, según el Índice de Precios en Origen y Destibo (IPOD) que publica COAG junto a UCE y Ceaccu.

De esta forma, el diferencial entre origen y destino se acentuó el pasado año, al pasar de 3,93 en diciembre de 2010 a 5,13 en el mismo mes de 2011.

Entre las principales causas se encuentra el desplome de los precios hortofrutícolas, que ha agrandado la brecha entre el campo y la mesa. Productos como las patatas, cebollas, pimientos, calabacines, naranjas, limones o plátanos se pagan en origen hasta un 50% más baratos que hace un año.

De esta manera, los márgenes más desorbitados coinciden con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).

El índice se elevó hasta el 5,69 en el caso de los productos agrarios, mientras que el de los productos ganaderos se situó en diciembre en 2,96. En concreto, la carne de cerdo y ternera multiplicaron por 5,35 y 4,42 su precio de la granja al hogar.

Fomento asegura tener margen para ayudar a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento asegura que, "pese a los recortes", cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas que se encuentran en riesgo de quiebra, según indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá.

   "Pensamos que pese al recorte todavía se puede ayudar a las concesionarias a obtener recursos financieros y a poder atender a sus obligaciones", indicó el 'número dos' de Fomento.

   El Gobierno aprobó recientemente reducir en unos 400 millones de euros el presupuesto de Fomento para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros. Esta disminución forma parte del acuerdo de no disponibilidad de gasto de 8.300 millones de euros acordada en Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.

   Estas autopistas se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

   Las empresas concesionarias de las vías, entre las que figuran las grandes constructoras cotizadas, acordaron con el anterior Gobierno un sistema de ayudas que incluye la concesión de dichos préstamos participativos.

   A este respecto, el 'número dos' del nuevo equipo de Fomento indicó que estos créditos son un "instrumento financiero, no son presupuesto de gasto". Además, indicó que en 2011 no se agotó toda la dotación que se fijó para los mismos.

   Por todo ello, Catalá indicó que "pese a la austeridad y los recortes", el Ministerio "todavía podrá ayudar a las concesionarias en sus obligaciones financieras".

"Creemos que hay margen suficiente para que en 2012 puedan atender a sus dificultades", concluyó tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio.

El PSOE denuncia que el cierre del quirófano de Urgencias del Rosell supone un riesgo

CARTAGENA.- La responsable de Sanidad y Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique manifestó este martes que el cierre del quirófano de Urgencias del Rosell supone un riesgo para los pacientes, que de manera programada, son operados allí.

   Rosique rechaza, "por irresponsables, las razones dadas por directivos del Servicio Murciano de Salud, justificando el cierre de este servicio por cuestiones de ahorro económico en base al bajo índice de utilización del mismo, olvidándose de las consecuencias que para los enfermos operados en el Rosell pueda tener su cierre".

   El escenario que existe en estos momentos en el hospital del Rosell es el siguiente: a fecha de hoy, ya no hay cirujano con presencia física en este hospital a partir de las 15 horas. Tampoco habrá anestesista de guardia, ni equipo de enfermería de urgencia, ya que ha sido trasladado al nuevo hospital de Santa Lucía, según explica el PSOE en nota de prensa.

   "Con este escenario será imposible hacer frente a cualquier emergencia en este hospital, debiendo ser derivado el paciente, sea cual sea su estado, a Santa Lucía", advirtió.

   El Grupo Parlamentario Socialista califica de "inaceptable" esta situación, ya que las patologías programadas que van a ser intervenidas quirúrgicamente en el Rosell, a partir del 9 de enero, incluyen cirugía laparoscópica, tiroides y otras patologías consideradas menores, tales como hernias y hemorroides.

   La diputada indicó que "todas estas patologías son susceptibles de complicaciones postoperatorias consideradas graves, fundamentalmente los sangrados en el postoperatorio inmediato, por lo que requieren un diagnóstico precoz y una reintervención urgente que, en el caso de las tiroides puede ser cuestión de minutos antes de que sea fatal para el paciente".

   En su moción Rosique pregunta "¿Qué ocurriría si esa incidencia se produce a partir de las 15 horas, cuando ya no hay cirujano de presencia en el Rosell?" y "¿Cuál será el tiempo de respuesta?, ¿Dará tiempo a trasladar al paciente?".

   Asimismo añadió "por si fuese poco lo anterior, que tampoco hay radiólogo de guardia, por lo que será imposible ayudarse de las pruebas de imagen para llegar a un diagnóstico. Y no hablemos de una UCI que funciona con tres camas solamente y con más presencia testimonial que operativa".

   La diputada socialista manifestó que "desgraciadamente se ha podido comprobar en el Rosell, en fecha reciente, la importancia que tuvo en el transcurso de una intervención por laparoscopia el tiempo de respuesta en una emergencia y el disponer o no de un equipo entrenado y con el aparataje necesario.

   Por todo ello, exigió a la consejera de Sanidad, a través de una moción, la reapertura inmediata del quirófano de Urgencias del Rosell, así como su comparecencia para que explique en la Asamblea sus incumplimientos en relación con los servicios que dijo iba a tener este hospital, una vez que entrara en funcionamiento el de Santa Lucía.

El Gobierno supervisará los techos de gasto de las CC.AA. pero no sus presupuestos

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que el Gobierno supervisará los techos de gasto autonómicos, pero no los presupuestos de cada comunidad, ya que el Ejecutivo "no es quien" para decidir cómo gestiona cada territorio sus competencias.

   "Pero sí lo es para velar por el cuadro macroeconómico y que España no acabe gastando más de lo que ingresa", ha señalado Beteta en declaraciones al canal 24 horas de TVE, donde ha asegurado que los techos de gasto son un elemento "esencial" de la democracia porque se componen de información de gastos, ingresos y déficit.

   Según Beteta, todo hay que vincularlo al techo de gasto porque no solo está en juego la credibilidad del país, sino la de cada comunidad autónoma. "Si tenemos dudas sobre lo que debemos nadie va a invertir", ha alertado Beteta, tras recordar que el control de déficit es un elemento "esencial" para conseguir inversión y creación de empleo, la "principal obsesión" del Ejecutivo.

   En este sentido, ha considerado "imprescindible" en este momento económico la transparencia informativa, el aumento de los ingresos a través de la subida fiscal y el recorte del gasto, y ha reiterado que cuando el país logre crear empleo las subidas de impuestos temporales desaparecerán y los contribuyentes pagarán menos tributos.

   La supervisión de los techos de gasto es una de las cuestiones que el Gobierno planteará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará la semana que viene, así como la posibilidad de implementar líneas de ayuda a aquellos territorios con un déficit muy elevado que no puedan hacer frente a sus pagos. Estas ayudas, según Beteta, vendrán amparadas por los planes de ajuste de cada comunidad, que además tendrán que ser más "transparentes" y someterse a un control extra.

   Durante el encuentro, el Gobierno también abordará con las comunidades sus planes para reducir el sector público, aunque Beteta ha asegurado que el Ejecutivo se limitará a pedir a los diferentes territorios que cumplan lo comprometido un año antes.

   Asimismo, se abordará el establecimiento de sanciones en los términos que marca la UE para aquellas comunidades que no cumplan sus objetivos de déficit y deuda, que no podrán disfrutar de los beneficios de financiación a los que accederán los territorios que sí cumplan. "El premio está ahí, no solo hay un riesgo reputacional", ha subrayado Beteta.

   Antes de celebrar el CPFF, el Gobierno se reunirá mañana con las 12 comunidades gobernadas por el PP para fijar la postura de cara a la reunión de la semana que viene. El encuentro estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, acompañado del propio Beteta y de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

   El principal objetivo de los dos encuentros será, según Beteta, hablar de estabilidad presupuestaria y de la nueva ley que tendrán que aplicar tanto el Estado como las comunidades y los ayuntamientos, tras la desviación de dos puntos del déficit público de 2011 debido, en parte, a la "importante desviación" de las comunidades (unos 15.000 millones).

   Preguntado por si Rajoy podía haber tenido acceso antes a la información del déficit público desde la oposición, Beteta ha asegurado que "obviamente no", porque fue el Gobierno saliente el que certificó la cifra del 6% en el traspaso de poderes. "¿Por qué mintió? pues mintió", ha dicho.

   Según ha dicho, el Ejecutivo 'popular' tomó dos decisiones cuando conoció los datos reales: informar a los ciudadanos y solucionar el problema con medidas "dolorosas" que afectaban tanto a los ingresos como a los gastos, al solicitar un esfuerzo "especial", aunque "proporcional" a los ciudadanos.

La mayoría de CCAA no convocarán oposiciones para Secundaria

MADRID.- La "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas no convocarán oposiciones para el cuerpo de profesores de Secundaria en 2012, después de que el Gobierno aprobara por decreto el pasado viernes bajar la tasa de reposición para este colectivo del 30 al 10 por ciento, según afirman los responsables de Enseñanza Pública de FETE-UGT y FE-CCOO. 

   Sólo Andalucía, País Vasco y Cantabria han anunciado la oferta de empleo público para profesores de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. La primera lo hizo el pasado martes 27 de diciembre, antes de la aprobación del decreto de recortes del Consejo de Ministros para 2.389 plazas; la segunda lo hizo a principios de diciembre para 556 plazas; y la tercera, la semana pasada para entre 22 y 25 plazas.

   Sin embargo, cabe la duda entre los sindicatos que el Ejecutivo dé luz verde a las plazas anunciadas por Andalucía, pues se trata una convocatoria para cubrir casi el 30 por ciento de la tasa de reposición, que fue aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz antes del anuncio de la congelación de empleo público del Gobierno central, y se publicó este lunes en el Boletín Oficial de esta comunidad.

   Aunque algunos responsables autonómicos han manifestado su "voluntad" de ofertar empleo público para el profesorado, como es el caso de Canarias, hasta ahora ningún consejo de Gobierno autonómico, excepto Andalucía, País Vasco y Cantabria, ha aprobado una medida de esta naturaleza.

   En Baleares, la Conselleria de Educación ya ha asegurado que no llevará a cabo oposiciones para profesores de Secundaria en el 2012 por "falta de tiempo y de presupuesto", si bien la voluntad es llevar a cabo oposiciones en 2013, siempre y cuando el Ministerio de Hacienda lo permita.

   En Castilla-La Mancha se suspendió la oferta pública de empleo tras las elecciones autonómicas y en Castilla y León hay anunciada una congelación de la misma. Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha indicado que va a esperar a ver qué hace el resto de comunidades autónomas para así evitar el 'efecto llamada'.

   "El Gobierno ha puesto a las comunidades autónomas el camino fácil para no convocar", afirma el responsable de Enseñanza Pública de FE-CCOO, Luis Castillejo, que añade que después de los "problemas" que hubo en 2011 por las plazas de maestros de Infantil y Primaria en "muchas" comunidades autónomas, donde la tasa de reposición era del 30 por ciento, 2012 se prevé "indudablemente peor", pues a la reducción de este límite se suman los recortes en varias autonomías en materia educativa.

   "La mayoría de las comunidades no van a querer convocar", asegura Castillejo. A su juicio, aunque se trate de "muy pocas plazas", hay miles de aspirantes y, por tanto, las comunidades autónomas van a tener que hacer frente al mismo esfuerzo logístico y económico que supone convocar miles de plazas más.

   No obstante, insiste en que su sindicato va a presionar a las comunidades para que convoquen el mayor número de plazas posibles para cumplir al menos con el diez por ciento de reposición.

   Por su parte, el secretario de Enseñanza Pública de FETE-UGT, Antonio Rodero, explica que todavía la comunidad educativa permanece a la espera de lo que va a pasar con la oferta de empleo público para el profesorado, pero al igual que Castillejo opina que va a ser "más complicada" que la de 2011.

   Sobre la situación de Andalucía, Rodero apunta que el decreto del Ejecutivo central no tiene carácter retroactivo y, por tanto, el anuncio de las plazas en esta comunidad estaría dentro de la legalidad. No obstante, aboga por que "cuanto antes" se reúnan los responsables de empleo andaluces con el Ministerio de Hacienda para aclarar este asunto que afecta a miles de opositores.

   En las oposiciones de 2011, tras varios enfrentamientos con el Ministerio de Economía y Hacienda que entonces dirigía Elena Salgado, la Junta andaluza logró sacar adelante las 3.796 plazas previstas para el concurso-oposición de Infantil y Primaria ofertando 2.200 de ellas como "consolidación de empleo" y las 1.596 restantes como verdadera oferta de empleo público docente.

   Sin embargo, para este año, según advierte el secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, "el decreto Ley minimiza lo de la consolidación de empleo", por lo que este sindicato tendrá buscar fórmulas para mantener la legalidad de la oferta andaluza.

   Como se trata de un tema "muy interpretable", CCOO, ANPE y CSI-F han pedido a la Consejería de Educación andaluza que diga "cuanto antes" qué va a pasar con las oposiciones para dar certidumbre, sobre todo, a los aspirantes a una plaza.

   "No va a ser fácil que el Gobierno (central) acepte que se utilice el mismo artilugio que el año pasado y se justifiquen las plazas con el Estatuto Básico que permitía consolidar el empleo interino. Así que la negociación de este año va a ser mucho más dura y complicada, pero somos partidarios de que se libre esta batalla, que es totalmente necesaria", defiende el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla.

Valcárcel será multado por el Ayuntamiento de Murcia por unas obras irregulares en su piso

MADRID.- odavía no se sabe cuál será la cantidad, pero Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y presidente regional del PP, será multado por el Ayuntamiento de Murcia, presidido por el secretario regional del partido, Miguel Ángel Cámara, por una obra ilegal, realizada antes de la aprobación definitiva de un plan especial necesario. La multa será el peaje para legalizar la obra, según El Confidencial.

Lo que ha sido durante meses la comidilla del todo Murcia, ha terminado en un esperpento urbanístico digno de otros tiempos. Valcárcel pertenece a una modesta cooperativa de pisos valorados a su terminación en un mínimo de un millón de euros, situada en pleno centro de la capital regional: el antiguo edificio del Banco Exterior de España, en la Gran Vía Escultor Salzillo, número 9.

En la reforma de ese edificio, contestada por los vecinos de casas colindantes, se han sobreelevado tres viviendas de 283, 219 y 170 metros cuadrados que ocupan el espacio que anteriormente era terraza, cuarto de máquinas de ascensores y vivienda del portero, sumando dos plantas habitables a las ocho que originalmente tenía el edificio.

Y todo ello está casi terminado sin que anteriormente la Concejalía de Urbanismo hubiera aprobado el necesario Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que autorizara esas plantas habitables suplementarias en el edificio. La ceguera de la Concejalía deber ser absoluta, pues las obras comenzaron hace tres años en el mismísimo corazón el casco histórico de Murcia.

La mayoría de la sociedad cooperativa promotora está formada por dos notarios, un magistrado de la Audiencia Provincial, un economista, un abogado, dos empresarios y tres médicos, además del propio presidente de la comunidad autónoma.

Al último pleno municipal el concejal Fernando Berberena llevó el expediente de aprobación de ese PERI, que fue aprobado con la salvedad de imponer una multa por valor de 5% de la obra actualmente ejecutada a los propietarios de los áticos, uno de ellos el propio Ramón Luis Valcárcel, a través de la titularidad de su esposa, Charo Cruz.

En el pleno, el concejal de Hacienda de Murcia, Joaquín Moya-Angeler, se abstuvo, puesto que también forma parte de la modesta cooperativa junto a Valcárcel y otros conocidos prebostes de la sociedad regional, no directamente sino a través de sus esposas. Entre ellos está Josías Martínez Fajardo, ex concejal socialista de Urbanismo en Lorca, de donde también procede el presidente de la cooperativa, Pedro Martínez Manzanares.

En el pleno también se abstuvo la concejal María Isabel Valcárcel, hermana del presidente regional. El resto de ediles del PP, incluido el alcalde, votó a favor del PERI. La oficina de prensa municipal informa de que todavía no se sabe la cantidad de la multa, puesto que está siendo evaluado el valor de la obra que era ilegal hasta que el pleno aprobó el PERI.

La oposición (PSOE e IU) puso el grito en el cielo, convencida como está que ese PERI no se puede aprobar porque el edificio que fue sede del Banco Exterior está catalogado y protegido por el plan general de Urbanismo y por el Plan Especial del Casco Histórico Artístico (PECHA).

“Esto es una modificación a la carta que beneficia en exclusiva a unos determinados promotores en detrimento del interés general”, declara Marcos Ros, edil socialista y arquitecto, pues asegura que el PERI autoriza más edificabilidad de la que el PGOU permite en la zona. “El derecho no se puede utilizar a la carta: ese edificio tiene agotada su edificabilidad”, dice por su parte Esther Herguedas (IU-LV).

Los olivos y las palmeras, esperanza de la agricultura palestina

GAZA.- La franja de Gaza superpoblada, aislada y empobrecida tiene escasos recursos. Los palestinos dependen en un 80% de la ayuda humanitaria de la ONU que les llega a través de Israel. La actividad agrícola, que tradicionalmente ha representado el medio de vida de la población, se ha hecho muy difícil, el agua escasea y los agricultores tienen un acceso problemático a sus tierras. Los olivos y las palmeras los han alimentado en los peores momentos y cuentan con ellos para sobrevivir. 

 

«En tiempos difíciles sobrevivimos gracias al aceite de oliva. Durante la última guerra, muchos que no podían dejar sus hogares tenían solo este producto y pan para mantenerse por largos periodos», dice Ahmed Sourani, del Comité Palestino de Alivio Agrícola. Incluso durante la primera Intifada (levantamiento palestino contra la ocupación israelí), los olivos y el aceite de oliva fueron vitales. «Permitieron sobrevivir a muchos miles de familias palestinas muy pobres. Cuando el ejército israelí nos impone toques de queda, es nuestra principal fuente de alimento. La mayoría de los estudiantes llevan como almuerzo a la escuela emparedados de za'atar (serpol, una variedad de tomillo) y de aceite de oliva», explicó Sourani.

Esta fuente de alimento fue el blanco de Israel durante años. En noviembre de 2008, Oxfam informó que, desde 2000, se habían destruido 112.000 olivos en la franja de Gaza. «Según las autoridades israelíes, la 'zona de exclusión' que prohíbe a los palestinos estar en su tierra, es a 300 metros de la frontera de la Línea Verde entre Gaza e Israel. Pero en realidad se extiende mucho más allá de 600 metros, abarcando el 30 por ciento de las tierras agrícolas de Gaza», señala Sourani.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cita áreas de hasta dos kilómetros dentro de las fronteras de Gaza que han quedado inaccesibles debido a la política de disparos, bombardeos e intrusiones de Israel. Según el Comité Palestino de Alivio Agrícola, más del 42 por ciento de los 175 kilómetros cuadrados de tierra arable de la franja fue destruido durante las invasiones y operaciones israelíes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que solo la última guerra de Israel contra Gaza destruyó hasta el 60 por ciento de la industria agrícola.

Pese a la campaña sistemática de destrucción de olivos, Sourani informa de que «algunas áreas de Gaza todavía tienen árboles centenarios». Esto ocurre particularmente en los barrios de Zaytoun, Sheyjayee y Tuffah. De todos modos, estos ejemplares antiguos constituyen una cantidad ínfima, y el promedio de edad de los olivos es de unos cinco años.

En vista de que las tierras agrícolas de Gaza están cada vez más yermas, el Ministerio de Agricultura de la franja plantea una resistencia no violenta a la destrucción de este sector por parte de Israel. Ahmad Fatayar, de ese ministerio, señala que con el paso de los años, incluidos durante y después de la ocupación de la franja, se diseñaron políticas e incentivos económicos impulsados por el estado judío para obligar a los agricultores palestinos a dejar de cultivar árboles en sus tierras, para que trabajaran en invernaderos o como obreros en Israel.

Después de que las aplanadoras israelíes arrasaran sus tierras, a los palestinos les resultó difícil, si no imposible, cultivar sus olivos. «Hemos creado un programa para cultivar un millón de olivos en toda la franja de Gaza, particularmente en la zona de exclusión, que ha sido ampliamente destruida», dice Fatayar que enumera una gran variedad de beneficios y usos de los olivos. «Pueden cultivarse en calles, patios escolares y frente a las casas, y pueden soportar periodos muy secos y agua salada, pueden almacenarse durante largos periodos y se usan en varias industrias, como la de los alimentos, forraje, carbón, compost y medicinas», señala. Para una familia palestina media, de ocho miembros, «dos o tres olivos dan el aceite y las aceitunas necesarias para el consumo anual», añadió.

Según Sourani, aparte  de sus aspectos nutritivos y económicos prácticos, los olivos son importantes por muchos más motivos. «Los palestinos consideran que el olivo es un símbolo de la tierra, de la independencia, la paz y la dignidad», y añade «Usamos el aceite de oliva para todo, incluso para el cabello. Cuando estamos enfermos, nos frotamos el cuerpo con este producto. Incluso se usa como cosmético: lo empleamos para hacer 'kohl', para los ojos. Las hojas de los olivos son medicinales y pueden utilizarse en la industria farmacéutica, y como té para tratar la diabetes y el dolor de estómago», detalló.

Buena parte de la demanda de aceitunas y aceite de Gaza, en la que viven 1,6 millones de palestinos en 365 kilómetros cuadrados, la cubrían antes los agricultores de la ocupada Cisjordania. «Ahora solamente obtenemos una pequeña cantidad. El resto viene de Siria, Líbano, Egipto y España. Pero seguimos prefiriendo el aceite de oliva de Palestina: el Surri, que data de la era romana», dice Sourani.

El plan de autosuficiencia del Ministerio de Agricultura también incluye el cultivo de palmas datileras. Como los olivos, las palmas datileras son de especial importancia histórica, nutricional, económica y cultural para los palestinos. «Son una importante fuente de nutrición, son muy productivas y no cuesta mucho cultivarlas», señaló. Las palmas datileras pueden cultivarse en apenas uno o dos metros cuadrados. Una sola de esas palmeras puede producir hasta 200 kilos de dátiles. En unos siete años una plántula genera una palmera con frutos y otras 10 plántulas.

Según estimaciones del Ministerio, para 2020 habrá aproximadamente tres millones de plántulas, muchas de las cuales darán sus frutos.

Fitch baja el rating de Banco Mare Nostrum desde 'BBB+' hasta 'BBB' ante el previsible aumento de morosidad

MADRID.-  Fitch ha recortado el 'rating' de Banco Mare Nostrum (BMN), presidido por el murciano Carlos Egea, desde 'BBB+' hasta 'BBB' por los efectos que el progresivo deterioro macroeconómico puede tener sobre su rentabilidad a corto y medio plazo dado el impacto del previsible aumento del paro en la tasa de morosidad.

Por este mismo motivo, además, ha rebajado el de Banca Cívica y Banco Caja3. La agencia de calificación crediticia subraya que estas decisiones ponen de manifiesto sus previsiones macro para España y, por tanto, los efectos del deterioro del crédito de las cajas de ahorros transformadas en bancos.

"La tasa de desempleo se mantendrá alta durante algún tiempo, lo que junto al deterioro prolongado del sector inmobiliario seguirá afectando negativamente a la calidad crediticia" de las entidades, subraya la firma.

Concretamente, Fitch ha bajado los rating a largo plazo de BMN y de Banca Cívica desde 'BBB+' hasta 'BBB', y ha recortado el de Caja3 a 'BBB-' desde 'BBB'. Asimismo, ha confirmado la nota de Liberbank de 'BBB+' y le ha asignado a Kutxabank un rating de 'A-'. La perspectiva de todos los rating es negativa.

También en la CAM cuecen habas

La Asociación de Impositores Valencianos de la CAM (AIVCAM) ha considerado que la comisión de investigación creada en las Corts sobre esta entidad "debería buscar soluciones para el presente y para el futuro", "tendría que defender los intereses de los ahorradores valencianos y murcianos", según ha informado en un comunicado este colectivo de afectados.

Este colectivo de afectados ha subrayado que "no deja de ser sorprendente" que las dos fuerzas políticas mayoritarias que, ininterrumpidamente desde 1983, "detentan el poder autonómico valenciano y el correspondiente vínculo legal de poder, control y decisión respecto a las cajas de ahorros de la Comunidad Valenciana, se dediquen a crear ahora una comisión de investigación de lo que ellos mismos han sido protagonistas y responsables de primer orden a lo largo de todos estos años".

   Para los responsables de AIVCAM, las dos fuerzas políticas mayoritarias PP y PSOE "más que de "investigación de unos hechos pasados e irreversibles, tendrían que ponerse a la cabeza de los desamparados impositores de la CAM con cuotas participativas y demandar al Banco de España por las razones por las que dichas cuotas no han pasado al Banco CAM".

   Al respecto, han destacado que estos productos financieros "no son acciones, la entidad CAM no ha quebrado y la reestructuración ordenada del Banco CAM por el Banco Sabadell hasta estos momentos no le ha costado ni un euro al contribuyente, ya que el FROB ha recuperado los 5.249 euros que había desembolsado al vender por esa cantidad el Banco CAM al Fondo de Garantía de Depósitos, y a su vez el FGD se lo ha vendido por un euro al Banco Sabadell".

   "Si las cuotas no son acciones de ninguna empresa con ánimo de lucro, si la CAM no consta que haya quebrado y, por último, la reestructuración ordenada por las leyes españolas del Banco CAM al Banco Sabadell no ha costado ni un euro al erario público, hemos de concluir que la base jurídica que aduce el Banco de España para dejarlas fuera no se sostiene".

   En esta línea, AIVCAM entiende que "los representantes políticos, los que gobiernan como Rafael Blasco --portavoz del grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianas--, y los que opositan para gobernar, como Francisco Toledo --portavoz adjunto del PSPV en las Corts--, han de aportar soluciones y dejar de hacer teatro", según las mismas fuentes.

   Por otra parte, AIVCAM ha convocado una asamblea en el Centro de Congresos de Elche, a las 18.00 horas del próximo sábado 14 de enero, en la que se informará de la reunión mantenida con la dirección del Banco Sabadell el pasado 21 de diciembre, y se decidirán futuras actuaciones.

El TSJ de Murcia ratifica el despido de una trabajadora en baja por lumbalgia y que disfrutaba de días en la playa

MURCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha ratificado que es procedente el despido de una trabajadora que se encontraba de baja por una contractura lumbar y que fue descubierta por un detective privado realizando una vida normal, desplazándose incluso a la playa, cargando con sombrillas, bolsas de considerable peso, objetos de playa y sacando a un menor del agua, levantándolo con agilidad.

   La empleada había prestado servicio desde 1996 en una empresa dedicada a elaboración de zumos de frutas y hortalizas, con contrato indefinido en la modalidad de fijo discontinuo pero la compañía decidió notificarle el despido en octubre de 2010, según la sentencia.

   En la carta de despido, la empresa le comunicaba que, al menos desde el año 1998 y sin excluir ningún año, había estado "1.864 días en situación de incapacidad temporal, que lógicamente le ha impedido asistir al trabajo. Es decir, ha estado más días en situación de baja que en activo".

   Ante la "permanente situación de altas y bajas derivadas de incapacidad temporal", la empresa indica que tuvo una dedicación permanente hacia el estado de la trabajadora, hasta que decidió comprobar si realmente estaba enferma o si efectuaba actividades que impidieran la duración o alargaran.

   Para ello, la empresa requirió los servicios de un detective privado que, el 9 de agosto de 2010, pudo observar a la mujer cargando un bulto de gran peso en la extremidad superior izquierda, así como cargando varías bolsas que introdujo en un vehículo con "gran agilidad".

   Asimismo, ese mismo día procedió a limpiar el coche con "normalidad" para lo que "se agacha, se inclina, mueve el torso de un lado a otro, sin dificultad alguna y sin mostrar ningún tipo de molestia, aparentemente".

   Como resultado del seguimiento, el detective descubrió que la mujer, en compañía de un hombre y dos menores, estacionaron el vehículo en La Manga del Mar Menor, junto a la playa y la trabajadora cargó con las sombrillas, bolsas de considerable peso y objetos de playa, entre otras cosas.

   Posteriormente, después de realizar todo tipo de movimientos para instalarse en la playa, el detective indica que la mujer se introdujo en el agua, cargada con un menor que la acompaña en varias ocasiones, sacándolo del agua, levantándolo con agilidad, cargando así todo el peso del menor en la zona lumbar, "sin dificultad alguna".

   Según la carta que envía a la trabajadora, el detective comprobó que esta situación se prolongó hasta las 18.30 horas y durante todo ese tiempo su actividad fue "la propia de un día de asueto en la playa donde ha estado en una situación de normalidad y agilidad en sus movimientos, sin dificultad alguna para cargar, peso, inclinarse y agacharse".

   En base a estos hechos, en 2010 se celebró un acto de conciliación en el que se declaró procedente el despido, aunque la trabajadora interpuso recurso de suplicación que fue desestimado por el Juzgado de lo Social n° 3 de Murcia. Sin embargo, la empleada continuó disconforme y volvió a presentar otro recurso, que el TSJ ha desestimado finalmente.

   En su fallo, la Sala del TSJ explica que los hechos declarados probados dejan constancia de que los días de los meses de julio, agosto y octubre en los que la trabajadora fue controlada por los detectives contratados por la empresa, llevó a cabo las actividades que, asimismo, se relatan, algunas de ellas, como la carga de pesos, incompatibles con su proceso de curación, sin evidenciar síntomas de dolor lumbar o limitación funcional para la deambulación, la bipedestación o la carga de pesos".

   Del conjunto de tales datos, el TSJ indica que "se puede concluir una conducta prolongada de la trabajadora tendente a eludir el control y seguimiento del proceso de curación por parte de los servicios médicos competentes, así como su voluntad de prolongar indebidamente la situación de incapacidad temporal en la que se encontraba, conducta que es incardinable en la falta muy grave que por trasgresión de la buena fe contractual".

El comité de empresa de la OSRM politiza finalmente sus problemas laborales y de presupuesto

MURCIA.- El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, la portavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, así como el portavoz y concejal de UPyD Murcia, Rubén Serna y la edil socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Andrea Garries, y como miembros del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), han asistido hoy al concierto-protesta, realizado por la OSRM para condenar los "continuos retrasos en los pagos" a los trabajadores y el recorte en los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma. 

El Comité ha denunciado ante la opinión pública, la situación por la que atraviesan los trabajadores de la misma, con continuos retrasos en los pagos de nóminas, en el impago de algunas de ellas como enero de 2011, que pueden llegar hasta los cinco meses en el caso de músicos colaboradores.

   Así como un recorte del 47 por ciento en los presupuestos regionales de 2012, "curiosamente habiéndose incrementado los Presupuestos de Turismo en casi un 113 por ciento e incluso en algunas áreas de Deporte".

   Todo ello, además de la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal a los trabajadores de la Orquesta, que, explicaron, "pone en grave peligro la continuidad del proyecto tras muchos años de existencia".

   De hecho, explicó Jesús Martín, miembro del Comité Artístico de la Orquesta, en mayo de 2010 se les redujo el 5 por ciento de sus nóminas por la famosa Ley del 'tijeretazo', "a pesar de no ser funcionarios", y hace un año se les aplicó otro recorte "muy fuerte".

   Como consecuencia la Orquesta se vio abocada a entrar en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), lo que trajo consigo la reducción de plantilla y reprogramar la temporada completa.

   A todas luces, manifestó Martín, "es injusto y poco equitativo, no es ético ni moral seguir reduciendo los Presupuestos, que ya de por sí son tan mermados".

   Tras lo que recordó que cuando el Presupuesto era casi el doble del actual hace unos años, tenían, incluso, el sueldo por músico más bajo de toda España.

En este sentido, aseveró que "si hay tanta voluntad por parte del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, para que esto salga hacia adelante, por qué se han reducido otra vez los presupuestos". Las palabras del consejero, añadió, "van en un sentido y sus actos en otro".

   De este modo, los músicos de la Orquesta han expresado su más absoluto rechazo "a esta falta de apoyo a una institución clave y emblemática de la cultura murciana como es la OSRM".

   "Tenemos una sensación de abandono y olvido" y aseguran estar "decepcionados" ante la promesa del consejero Cruz de hacer todo lo posible para incrementar los Presupuestos para la Orquesta hace unos meses, algo, indicó Martín, "que no solo no se ha cumplido, sino que los ha reducido disparatadamente". Con esto, indicó, "no se cubre ni nóminas ni pagos a la Seguridad Social".

   Sumidos en la incertidumbre respecto al futuro "a corto y largo plazo", la Orquesta asegura que han intentado reunirse con el consejero en diferentes ocasiones, sin éxito, tras lo que reclaman que se les escuche, "responsabilidad, un compromiso y una subvención estable y justa".  

Zanja Cultura

La Consejería de Cultura y Turismo ha afirmado que ha presupuestado un millón de euros de subvención para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) en 2012, lo que supone un 28,5 por ciento menos que en 2011, y asegura que esta cantidad "garantiza los sueldos de la plantilla y los gastos fijos de funcionamiento".

   La Consejería ha respondido de esta forma al Comité de Empresa de la Orquesta, que ha denunciado ante la opinión pública la situación por la que atraviesan los trabajadores de la misma, con "continuos retrasos en los pagos de nóminas", así como "un recorte del 47 por ciento en los presupuestos regionales de 2012".

   En este sentido, la Consejería ha querido dejar constancia de que se encuentra "al corriente de los pagos que tiene concertados con la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, por cuyo concepto transfirió en el ejercicio 2011 la cantidad de 1,4 millones de euros".

   Al tiempo, la Consejería ha dicho trabajar para buscar una financiación superior y captar nuevos patrocinadores, puesto que considera que la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es un proyecto "consolidado y preferente" en el que viene realizando "uno de los mayores esfuerzos presupuestarios".

   Al respecto, recuerda que el 90 por ciento del presupuesto de la Fundación lo aporta la Comunidad Autónoma, y añade que la OSRM "tiene en la actualidad un problema de ingresos propios generado por un déficit de contrataciones y patrocinadores que la Consejería trata de solventar". 

El director general de las Industrias Culturales ya ha mantenido un encuentro con miembros del comité de empresa para buscar soluciones.

El Ayuntamiento de Cartagena aprueba para 2012 unos presupuestos de equilibrio

CARTAGENA.- El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este mediodía los presupuestos municipales del año 2012, que prevén unos gastos de 177.020.672 euros y 178.074.911 euros de ingresos, lo que arroja un superávit de algo más de un millón de euros que el Consistorio prevé utilizar para hacer frente a los 25 millones de euros de déficit que arrastran las cuentas de los dos últimos años. 

   La votación ha contado con el voto en contra de los tres grupos de la oposición, PSOE, IU y el Mixto, integrado por el representante de Movimiento Ciudadano, que previamente habían visto cómo se rechazaban sus enmiendas a la totalidad y las parciales de IU, según informaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado.

   La concejala de Hacienda, Fátima Suanzes, ha explicado que, con respecto a 2011 la partida de gastos baja en 15,2 millones euros, y la de ingresos, en 14,16 millones de euros.

   Este recorte de gastos se verá complementado con la actualización de tasas y precios públicos, entre las que se encuentra la basura y el agua, y que según la concejala de Hacienda supondrán un incremento medio al mes de unos 5,3 euros, para una familia convencional, de cuatro miembros y dos vehículos. La actualización se ha aprobado también en el pleno de hoy, con los votos en contra de PSOE, IU y MC.

   El capítulo de gastos de personal asciende a 57.612.112 euros, y se reduce en 81.000 euros, (un 0,14 por ciento), lo que tiene que ver con la estrategia de no reposición de plazas por jubilación que el Ayuntamiento comenzó a realizar en 2009. Desde entonces se ha reducido la plantilla en 62 funcionarios, 23 de los cuales han causado baja en 2011.

   Por su parte, los gastos en bienes corrientes y servicios ascienden a 69,9 millones de euros, y disminuye en 20,25 millones de euros (22,42 por ciento). La mitad de esa disminución es puramente contable, y procede de los 6,5 millones que Aquagest ingresaba para pagar el agua a la Mancomunidad y que ahora pagará directamente.

   En cuanto a los recortes en las Concejalías, las más afectadas son las de Cultura y Festejos. En lo que respecta a la primera, el próximo año quedan en suspenso el ciclo de música clásica Espacios Sonoros; el festival Mudanzas; el Festival de teatro Greco-latino; En Clave. Programa de música clásica; Cursos de verano; los premios de fotografía Carlos Gallego pasan a ser bienales; y las salas de municipales pasan de 32 a 9 exposiciones anuales.

   Por su parte, la Concejalía de Festejos prescindirá el próximo año del Festival recitales flamencos; Festival de Habaneras y Festival canción española Molino Derribao, además de que habrá un importante recorte en la instalación de escenarios e iluminación en fiestas patronales y populares. En Juventud también habrá recortes, y no se organizará el festival Mucho más Mayo aunque se mantendrá la Noche de los Museos.

   El capítulo de gastos financieros alcanza los 6,1 millones de euros, y aumenta en 1,1 millones de euros debido a los intereses de los nuevos préstamos concertados dentro de la línea ICO (561.000 euros) y a una previsión de un Euribor mayor en medio punto que el de 2011 por un criterio de prudencia.

   Las transferencias corrientes ascienden a 30,6 millones de euros, y crece tres millones (un 10,44 por ciento) por la entrada en este capítulo de 4,15 millones de euros por la aportación municipal al transporte colectivo de viajeros.

   El capítulo de inversiones se eleva a 2,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 820,04 por ciento que se explica por la inclusión de un millón de euros del Plan de Barrios, financiado por la Comunidad, que no estuvo en 2011 por ser el segundo año de un plan bienal.

   También un millón y medio para las revisiones de precios del contrato de las obras del Auditorio Palacio de Congresos, del cual se financian 615.000 euros por la Comunidad Económica Europea y el resto con el ahorro neto que presenta este presupuesto. Además, se incluyen 302.000 euros para el servicio contra incendios, financiadas por las compañías aseguradoras.

   El capítulo de pasivos financieros corresponde a la amortización de préstamos y asciende a 7,5 millones de euros (un 16,25% menos) destinados a atender los vencimientos de los préstamos y 2,7 lo son para la devolución del principal de los préstamos concertados en la línea instrumentada por el ICO.

   El pasado año 2011, el Ayuntamiento de Cartagena mantuvo congelados los tributos y precios públicos, que se han tenido que revisar para el ejercicio 2012.

   Así, respecto a los impuestos directos, la previsión es ingresar 94,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,30% respecto al año pasado como consecuencia de las modificaciones. El incremento fundamental se recoge en el impuesto sobre de bienes inmuebles de características especiales (BICES), derivado de la aplicación de la revisión catastral más la subida del tipo de gravamen, que pasa del 1,1 al 1,3 por ciento del valor catastral.

   En lo que respecta a impuestos indirectos se reflejan las previsiones de ingresos por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con el que se espera ingresar 4 millones de euros, una cifra que el Consistorio considera "realista" para la que se ha tomado como referencia lo ingresado durante este año 2011.

   El capítulo de tasas y otros ingresos asciende a 32 millones de euros, observándose una disminución de 6,80% respecto al año 2011, que se traduce en 2,34 millones que procedían de la cantidad para el pago a la Mancomunidad del Taibilla, y por una tasa que figuró el año pasado para liquidar atrasos de cuatro años en la tasa de telecomunicaciones.

   En lo correspondiente a la tasa de recogida domiciliaria de basura, se prevé aumentar los ingresos en 2,4 millones de euros, lo que supone una repercusión media de 2,31 euros al bimestre.

   Respecto al recibo del agua, la propuesta para el próximo ejercicio es modificarlo con una subida inferior a la mitad del IPC acumulado, es decir, si correspondía una subida del 7,4 % se deja en un 3,2 %.

   Además, se prevé ingresar 800.000 euros más por el tratamiento de residuos sólidos, es decir, por el uso del vertedero municipal. La tasa pasa de 28,01 euros por tonelada tratada a 70,57 euros, lo que supone un incremento del 60%.

   En cuanto a la tasa por estacionamiento de vehículos, ORA, la previsión es aumentar los ingresos en 1,5 millones de euros por dos razones, en primer lugar, porque se recuperarán las cerca de 800 plazas que han ido desapareciendo en los últimos años debido a obras de remodelación urbana. Así la ORA se extenderá a la zona de Los Juncos, Pabellón y Piscina Municipal, y plaza de Las Salesas.

   En segundo lugar, se modificarán la tarifas y se aplicará un nuevo tramo de tiempo de aparcamiento, 15 minutos que costará 0,20 céntimos, y se incrementa de 9 a 25 euros el coste anual de la tarjeta de residente, entre otros.

   En el transporte urbano, el billete de autobús experimentará subidas en el ordinario pasa de 0,95 a 1,15 euros. El billete de jubilado con pensión mínima, constará 0,20 euros y habrá un bono para parado sin prestaciones en el que el viaje sale a 0,50 euros.

   El capítulo de transferencias corrientes refleja los fondos procedentes de otras administraciones públicas y asciende a 39,1 millones de euros, un 5,13% menos respecto al año anterior, unos dos millones de euros, debido a la reducción del fondo complementario de financiación procedente de la Administración del Estado, una vez que se han tenido que descontar el exceso de aportación de 2008 y 2009.