miércoles, 16 de noviembre de 2011

La Inspección de Trabajo visitará oficinas de la CAM para comprobar si hay aumento de la jornada

ALICANTE.- La Inspección de Trabajo visitará las oficinas de Caja Mediterráneo para comprobar si es cierto que los empleados han visto aumentada en dos horas diarias su jornada laboral, según han indicado hoy fuentes de la unidad sindical --por Sicam, UGT, CCOO, CSICA y Sindicato Vietnamita--.

   La unidad sindical de Caja Mediterráneo y responsables de la caja se han reunido este miércoles en la Inspección de Trabajo, que había citado a ambas partes. Desde la Inspección han advertido a la entidad que hay "una normativa que cumplir", tras recibir la denuncia por parte de los sindicatos, y ha anunciado que en "un plazo breve" los inspectores irán a comprobar si es cierto que los empleados se están viendo obligados a ir a trabajar por las tardes.
   La dirección de la entidad, según las mismas fuentes, ha negado que se haya dado esta instrucción a los trabajadores, aunque la unidad sindical mantiene que sí ha sido así y que se ha hecho especialmente en las direcciones territoriales de Murcia "donde a lo bestia se ha dicho: todo el mundo de cinco a siete a trabajar", así como en Madrid. En el caso de Alicante, según han indicado, la orden ha sido más leve.
   Los sindicatos aseguran que los directores territoriales han transmitido a los directores de zona y éstos, a su vez, a los directores de oficinas que los empleados tienen que ir todas las tardes de 17.00 a 19.00 horas. Esta medida, calificada como "decreto" por los sindicatos, se ha hecho "de forma verbal".
   Los sindicatos consideran que este aumento de dos horas diarias sobre la jornada laboral es "injustificado" y "vulnera todo el convenio y toda la legislación laboral", hasta el punto que podría constituir "un fraude a la Seguridad Social".

El Fiscal pide prisión provisional para Francisco Gil Eguino por entender que existe riesgo de fuga

MURCIA.- El Ministerio Fiscal ha pedido prisión provisional para el que fuera director de la empresa municipal de limpieza urbana de Lorca (Limusa) entre 1998 y 2009, Francisco Ignacio Gil Eguino, por entender que existe un riesgo de fuga "a la vista del horizonte penal" que el propio acusado divisa como "posible e inevitable".

   El fiscal ha pedido este ingreso en prisión mientras se tramita el recurso de casación presentado contra la sentencia que condena a Gil Eguino a siete años y seis meses de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación en el marco del 'Caso Limusa', que investiga una presunta trama de corrupción en dicha empresa municipal de limpieza de Lorca.
   Por el contrario, el abogado de la defensa, Jaime Peris, ha opuesto a esta petición de prisión provisional, alegando que el riesgo de fuga "no existe" y que el fiscal basa sus argumentos en "meras suposiciones", al tiempo que su petición cuenta con "errores de apreciación jurídica e imprecisiones".
   Así lo han expuesto durante la audiencia que se ha celebrado este miércoles en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), tal y como está previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras puedan interesar la prisión provisional o su libertad provisional con fianza.
   Para defender el riesgo de fuga, el fiscal, Juan Pablo Lozano, ha esgrimido entre otros argumentos, que Gil Eguino "dispone de medios económicos ocultos que le han proporcionado ingresos de relevancia", y que constituyen unos recursos "que acrecientan el riesgo de fuga". Además, añade que su vida en el terreno profesional "está seriamente afectada, ya que ha sido despedido de Limusa".
   En el terreno personal, el fiscal destaca que sus circunstancias "no permiten considerar que el arraigo procedente de la vinculación familiar" sean suficientes para poder eliminar el riesgo de fuga. Así, explica que "existe un deterioro de su relación personal con su esposa por razones conocidas".
   Además, considera que sus hijos "son mayores de edad y más o menos situados a nivel profesional, no necesitando de la presencia del padre más que a mero nivel emocional", al tiempo que justifica que su imagen social en Lorca "no debe pasar tampoco por sus mejores momentos".
   Igualmente, acredita que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Lorca ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra Gil Eguino por varios delitos fiscales que "será objeto de acusación y previsible condena", lo que a su juicio "incrementa el riesgo de fuga".
   En contraposición, el abogado de la defensa ha explicado que Gil Eguino "no cuenta con el perfil de alguien que ha decidido desaparecer y esquivar la Justicia". Así, ha explicado que "dispone de esposa e hijos con los que convive", al tiempo que sus padres "octogenarios están atendidos por su hijo en sus necesidades habituales".
   Además, añade que el ex director de Limusa "está buscando trabajo, tal y como demuestra el extremo de que, solo unos días después de ratificarse su condena, se presentó a un concurso público de empleo en el que obtuvo bastante éxito, en la medida que quedó en el lugar 14 de un total de 1.500 presentados".
   En este sentido, el letrado ha añadido que Gil Eguino "ya estuvo 91 días en prisión provisional y se ha estado presentando periódicamente en los juzgados, tal y como indica la sentencia condenatoria". Además, aclara que su defendido no ha abandonado el territorio nacional ni ha hecho uso del pasaporte "a pesar de que no se le ha retirado".
   Igualmente, ha añadido que Gil Eguino tiene todo su patrimonio "afecto a la causa" de tal manera que se considera que su cuantía es "bastante como para hacer frente a casi los 600.000 euros que le pide la sentencia en materia de responsabilidad civil". de hecho, ha añadido que sus bienes y propiedades multiplican por dos esta cuantía, hasta los 1,2 millones de euros.
   Gil Eguino ha tomado la palabra y, aunque no ha hecho declaraciones sobre aspectos jurídicos, ha explicado que, a nivel personal, considera "desproporcionada" la petición de prisión para él y ha asegurado que no tiene intención de fugarse, al tiempo que ha reprochado que "no sirve de nada" que alguien defienda lo contrario.
   Al respecto, ha defendido que se ha estado presentando "los días 1 y 15 de cada mes" en los juzgados, tal y como exige la sentencia que le considera culpable. Además, ha recordado que todos sus bienes "están trabados", y ha asegurado que se "lleva bien" con su mujer, al tiempo que sus hijos y sus padres octagenarios "le necesitan"
   Tras la vista pública, el tribunal, presidido por el magistrado Juan Martínez Moya, ha anunciado que tomará una decisión que dará a conocer a las partes este jueves, a las 10.00 horas, a todas las partes.
   Antes de terminar su exposición, Peris ha manifestado su "sobsoluta protesta" contra los términos en los que Lozano se ha expresado en la petición escrita de prisión provisional para Gil Eguino. Concretamente, a un fragmento en el que el fiscal le tilda de "insigne catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia".
   Peris, quien ha adelantado que va a elevar su queja al Fiscal Superior, ha criticado que "no se puede permitir que se personalice el tratamiento añadiendo elementos que se convierten en sorna" y ha acusado al fiscal de dar expresiones "más propias de una taberna".
   Cabe recordar que en el caso Limusa estuvieron imputados el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, quien quedó finalmente absuelto; así como el ex diputado regional, Bartolomé Soler, quien fue condenado a un año, un mes y 15 días de prisión al considerar que los delitos cometidos estaban relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y concejal en el Consistorio entre 2003 y 2007.
   La Sala de lo Civil y Penal del TSJ condenó a Gil Eguino a siete años y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil y prevaricación; así como a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y multa de cinco meses y 29 días, a razón de 300 euros de cuota diaria, según se desprende de la sentencia del Tribunal.
   Además, la Sala le condenó en concepto de responsabilidad civil a abonar al Ayuntamiento de Lorca y en su caso a la entidad Limusa, la cantidad de 586.620 euros, más los intereses legales.
   De tal forma, el acusado Francisco Gil Eguino debía abonar dicha cantidad, aunque de ese total habían de descontarse 45.000 euros abonados por los acusados Bartolomé Soler (30.000 euros) y Francisco Javier Poyato (15.000 euros), descontándose asimismo los 40.000 euros abonados por Eguino.
   En consecuencia, según se desprende de la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado Francisco Gil Eguino abonará al erario municipal de Lorca (Ayuntamiento de Lorca y Limusa) la cantidad de 546.620 euros, más los intereses legales del art. 576 de la LEC.
   Gil Eguino también fue condenado a 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y multa de cinco meses y 29 días, a razón de 300 euros de cuota diaria. Además, la Sala condenó al ex diputado Bartolomé Soler a un año, un mes y 15 días de prisión al considerar que los delitos cometidos están relacionados con el ejercicio de su cargo público como miembro electo y concejal en el Consistorio entre 2003 y 2007.
   En cambio, la Sala absolvió al ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, y a los empresarios Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Corcoles al haberse retirado la acusación contra ellos por haber "prescrito".

Hernández (UPyD) asegura que "no saldremos de la crisis si no se abordan reformas en el modelo territorial"

LORCA.- El candidato nº 1 al Congreso de UPyD por Murcia, Manuel Hernández Iglesias, ofreció anoche un mitin en la Plaza Calderón de Lorca en el que estuvo acompañado del candidato local, Juan Manuel Cabrera, donde afirmó que la salida de la crisis en España pasa de forma obligatoria por hacer una serie de reformas. 

   "La crisis económica tiene una componente singular en nuestro país que la agrava: la crisis política de un modelo territorial que, además de suponer desigualdad para los ciudadanos, tiene unas serias repercusiones en lo económico", apuntó.
   El candidato de UPyD enumeró los costes que suponen las duplicidades y el sobrecoste de mantener una estructura autonómica sobredimensionada y que cuantificó en más de 26.000 millones de euros.
   Del mismo modo, denunció los perjuicios económicos que acarrea la ausencia de la  unidad de mercado real dentro del territorio nacional con más de 100.000 normas distintas en las 17 CC.AA.
   Es inaudito, señaló, "que existan normas distintas para  iniciar y ejecutar actividades comerciales o empresariales, según estemos en una Comunidad Autónoma u otra".
   Hernández apuntó que todos estos factores están lastrando la economía española y, junto a un modelo desarrollista en la construcción desmesurado en los últimos años, están ocasionando  una  cifra de paro en España que dobla la del resto de los países de la Unión Europea.
   Por ello concluyó "o se hacen estas reformas de forma decidida y con valentía o la crisis será mucho más larga en España".

De Ramón quiere ahora que se investigue a los administradores de KPMG, la auditora de la CAM

MADRID.- Que la Caja Mediterráneo (CAM) dio préstamos a interés cero a algunos de sus consejeros es un hecho recogido en el informe de gobierno corporativo de la entidad. Ahora toca el turno de saber si algunos políticos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia fueron también receptores de préstamos en condiciones tan ventajosas de una caja en situación económica desastrosa e intervenida por el Banco de España, según recoge hoy 'El País'. 

El abogado murciano Diego de Ramón presentó ayer en la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la exdirectora general, Dolores Amorós y otros altos cargos en la que pide que se investigue la dejadez de ambas comunidades para fiscalizar las cuentas de la CAM y actuar en consecuencia.
Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones de euros en créditos, entre 2004 y 2010. Los préstamos que aún están vivos representan un importe de 114 millones de euros. La generosidad de la caja con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. 
Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de gobierno corporativo de la entidad financiera alicantina. En total dispusieron de hasta 4,6 millones de euros sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.
Ahora, el abogado murciano Diego de Ramón, autor de la denuncia que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido que los cargos imputados en la causa expliquen "qué políticos, dentro del consejo de administración y fuera de él", tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia, han podido gozar de créditos similares. De Ramón quiere que se indague también en las cuentas de sus familiares "hasta la cuarta línea de consanguinidad".
El escrito plantea, además, el incumplimiento de los deberes legales de fiscalizar la entidad por parte de esas dos comunidades y recuerda que tanto la ley murciana como la valenciana sobre cajas de ahorro otorgan a sus Gobiernos las facultades de inspección, control, evaluación de cuentas e infracciones y sanciones. La normativa de ambas regiones recoge, además, la posibilidad de intervención de las cajas "en situaciones de especial gravedad".
El letrado pregunta también por las actividades de la sociedad participada CAM US Finance cuyas operaciones se realizaban en dólares y CAM Global Finance, radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. De Ramón quiere saber quiénes eran las personas que se embolsaron los beneficios generados por ambas compañías y qué comisiones pudieron cobrar. Y solicita a la Audiencia Nacional que invite a la Reserva Federal norteamericana (FED) a personarse en el proceso dado que la CAM realizó emisiones de deuda en Estados Unidos.
También pide que se investigue a los administradores de KPMG, por "las grandes contradicciones de su auditoría con la realizada por la intervención del Banco de España".
Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia la pasada semana. En su resolución pidió además al Banco de España que le remitiera toda la información sobre irregularidades e incumplimientos que hayan encontrado los administradores provisionales de la entidad. En la causa ya se ha personado la Fiscalía Anticorrupción.
El Banco de España sustituyó a los gestores de Caja Mediterráneo el pasado 22 de julio. Fue la tercera intervención de una caja desde el inicio de la crisis.

Diego de Ramón solicita investigar responsabilidades políticas y también las filiales de la CAM en el extranjero

MADRID.-  El abogado murciano Diego de Ramón, que ha logrado que la Audiencia Nacional abra un procedimiento contra los antiguos gestores de la CAM, quiere que este tribunal también investigue la responsabilidad que tuvo la clase política de la Comunidad Valenciana y Murcia en la caída de la entidad; la gestión de la veintena de sociedades que la caja llegó a tener en el extranjero -algunas de ellas en paraísos fiscales-, y también las emisiones realizadas en dólares por la filial norteamericana de la CAM, para lo que reclama que se persone en la causa la Reserva Federal estadounidense. 

Así, lo asegura el letrado, tras presentarse ayer en la Audiencia para ampliar su demanda inicial.
En el escrito de denuncia original, entre otras cosas, De Ramón reclama prisión sin fianza para la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y para cuantos sean responsables de las irregularidades cometidas en la entidad por la "alarma social" generada -aunque El Economista hace incluso referencia al "riesgo de fuga"-. Además, también pide el embargo de sus bienes para cubrir el daño ocasionado.
Fue la pasada semana cuando el juez Fernando Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada por Diego de Ramón contra Amorós por supuestos delitos societarios, de estafa y falsedad documental; y solicitó al FROB un informe sobre todas las irregularidades que pudieron cometer los anteriores gestores.
En este sentido, el autor de la denuncia señaló que su objetivo "ahora es buscar la vinculación de los políticos de Murcia, Valencia o de Madrid que tuvieran responsabilidad en la CAM obteniendo privilegios y preferencias", entre los que citó la obtención de créditos millonarios sin interés de algunos consejeros. También dejó claro que, además de los gobiernos autonómicos, quiere que se depure la responsabilidad que ha tenido el Banco de España.
Igualmente, el letrado solicita que se investiguen las 21 sociedades que la caja tenía radicadas en el extranjero, muchas de ellas vinculadas al sector inmobiliario, por si hubiese existido desvío de fondos. Igualmente, exige que se adopten medidas contra algunos directivos aún en activo en la entidad, como el exsecretario general de la misma José Pina, por su responsabilidad en la gestión económica y recuerda que aún mantiene nueve cargos en representación de la CAM en diversas sociedades.
Por su parte, tras la admisión a trámite de esta querella, el sindicato de funcionarios Manos Limpias -que en agosto había presentado su propia denuncia- solicitó su inclusión en la causa. En su escrito, esta organización denunciaba las indemnizaciones millonarias recibidas por varios exdirectivos.

Rajoy apela en Murcia a que todo el país tire del carro para salir de la crisis

MURCIA.- El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles en Murcia que un país "será más grande en la medida que quienes lo formamos tiremos del carro y trabajemos en la misma dirección". Y es que, ha afirmado, un gobierno "por bueno que sea ni lo puede hacer todo ni lo hará todo", por lo que se ha apoyado en la sociedad, que "es la que hace progresar a un país" para poder salir de la crisis.

   En su opinión, "se necesita un gobierno que genere condiciones, y una sociedad confiada que sea capaz de dar la batalla y nos saque de la situación que vivimos".
   Rajoy ha dejado claro que los emprendedores contarán con el apoyo del PP, ya que "los necesitamos", y les ha trasladado la importancia de la agricultura, "un sector que tiene futuro".
   Al hilo, ha prometido un futuro ministro de Agricultura, cuya función, según ha desvelado, será la defensa de los intereses de los agricultores, al igual que este martes en Galicia trasladó su apoyo al sector pesquero.
   La intervención ha comenzado precisamente hablando del objetivo fundamental del partido en estos próximos cuatro años, el "estímulo al emprendedor, darle confianza y decirle que hay un gobierno que está con ellos".
   Así, se ha referido a los datos que ha hecho público el secretario de Estado de Economía, recordando que "se pintó una previsión de crecimiento del empleo que tampoco se cumplirá", lo que le reafirma en que el gran objetivo nacional es "la creación de empleo, vida para el que lo quiere y no lo tiene, que permite ser independiente y da libertad".

Anticorrupción investiga a los exdirectivos de Novacaixagalicia

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones y prejubilaciones millonarias cobradas, así como por las presuntas irregularidades en las cuentas presentadas al Banco de España, según confirmaron hoy fuentes del Ministerio Fiscal.

   Las investigaciones están en fase preliminar a cargo de la fiscal Pilar Melero, quien ha recibido ya los informes de valoración elaborados por el Banco de España tras la inyección de 2.465 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla el 93% de la entidad gallega.
   De este modo, Anticorrupción examinará la legalidad de las indemnizaciones de más de 20 millones de euros cobradas por el exdirector general José Luis Pego, el exdirector general adjunto Javier García de Paredes, el exresponsable del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán y uno de los directivos al cargo de la unión de las dos cajas --Caixa Galicia y Caixanova--, Óscar Rodríguez Estrada.
   Por otro lado, la Fiscalía revisará las valoración de Novacaixagalicia presentada por los antiguos directivos, que reflejaba un valor en libros de 1.784 millones de euros como capital fundacional y que el Banco de España redujo a 181 millones de euros en su valoración.
   Novacaixagalicia (NCG Banco) está presidida actualmente por José María Castellano, y el consejero delegado es César González-Bueno. El nuevo equipo de NCG intentó negociar con los exdirectivos tras el escándalo de las indemnizaciones, pero solo García de Paredes aceptó renunciar "a la mayor parte" de su indemnización. Las negociaciones se rompieron con el que fuera director general, José Luis Pego.
   La denuncia parte del sindicato nacionalista gallego CIG, presentada el pasado 1 de octubre ante la Fiscalía General del Estado. El organismo trasladó la denuncia a Anticorrupción el pasado 2 de noviembre, según explicó el representante de CIG y del consejo general de Novacaixagalicia, Clodomino Montero, quien celebró la acción de la Fiscalía y pidió que "se depuren las responsabilidades".
   Anticorrupción mantiene así abiertas tres investigaciones contra la gestión de las cajas de ahorro que afectan a Caja Castilla la Mancha (CCM), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y ahora Novacaixagalicia. La Audiencia Nacional mantiene abiertas dos causas penales contra los exdirectivos de CCM y la CAM.
    Según expertos jurídicos consultados, consideran que la calificación jurídica de la gestión de las indemnizaciones a directivos de las cajas de ahorro se enmarca dentro de los delitos societarios contemplados en el Código Penal (CP) entre los artículos 290 a 297.
   En concreto, los responsables de las entidades podrían haber incurrido en un delito de administración fraudulenta, contemplada en el artículo 295 del CP, que castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años o multa del triple del beneficio obtenido al acusado.

La 'operación Chamartín' comenzará a ejecutarse en 2015

MADRID.- La 'operación Chamartín', que supondrá la intervención sobre 312 hectáreas de terreno en el norte del madrileño paseo de la Castellana, comenzará su ejecución en 2015, previsiblemente, y supondrá una inversión de más de 11.100 millones de euros hasta 2027. A la operación aparecen vinculados ilustres murcianos afincados en Madrid.

  La delegada de Urbanismo de la capital, Pilar Martínez, lo ha confirmado tras la reunión del Consejo Urbanístico que se ha reunido este martes, y que ha acordado su disolución, tras concluirse la fase de planificación, para dar paso ahora a las Juntas de Compensación.
   Estas juntas, que serán probablemente dos para cubrir todo el ámbito, deberán estar constituidas antes de febrero, debiendo presentar ante el Consistorio tanto sus bases como sus estatutos y las fases en las que planean desarrollar la operación. "Se abre una nueva etapa en el proceso urbanístico, (una etapa) de gestión y no de planeamiento y consenso sobre las cargas de infraestructuras", ha precisado Martínez.
   "Tras negociar las infraestructuras y aprobado el plan parcial de forma definitiva, hay que liquidar y extinguir el Consorcio, donde estábamos representadas las administraciones públicas para planificar urbanísticamente y negociar las cargas de las infraestructuras", ha señalado la delegada, que ha calificado esta parte del proceso como "el gran caballo de batalla" de la negociación.
   Una vez que eso se ha conseguido, para la edil "no tiene sentido" continuar con el Consorcio, por lo que deben "tomar el relevo" las juntas de compensación, propietarias del suelo, con la "supervisión de las administraciones para velar por la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de este desarrollo urbanístico".
   Una junta de compensación es una entidad de derecho público con la función de "impulsar, gestionar y ejecutar el desarrollo urbanístico con criterios de calidad y sostenibilidad". "Cuando se constituyan tendrán que redactar el proyecto de urbanización y presentarlo para su tramitación y aprobación", ha explicado Martínez.
   Posteriormente llegará la urbanización del ámbito, la parcelación de los terrenos y la concesión de licencias para la edificación. Todo este proceso podría comenzar en 2015, con la reparcelación y concesión de licencias previstas "entre 2015 y 2016", con el avance de las juntas de compensación acompasado por los plazos que marca el plan parcial.
   La iniciativa requerirá una inversión de 11.100 millones hasta 2027, cantidad que permitirá, según Martínez, conseguir un incremento del PIB de la capital de 699 millones de euros y de 1.584 millones en el producto interior bruto nacional, así como un valor añadido bruto de 7.236 millones en 2022, según los datos que maneja la responsable municipal.
   Además, en el nuevo ámbito trabajarán unas 22.000 personas durante el proceso urbanizador, mientras que posteriormente se dispondrá de unos 88.000 empleos cualificados para dar servicio a los 50.000 nuevos residentes.
   "Como será mano de obra muy cualificada será muy competitivo para el desarrollo económico de Madrid. Será muy importante para la economía de Madrid y también nacional, y una pastilla urbana muy competitiva para el ámbito internacional. Se busca levantar un distrito económico y financiero, lo que en otras ciudades es la 'city'", ha insistido la delegada.
   Y es que en este ámbito está prevista la construcción de 1,2 millones de metros cuadrados a oficinas, 542.000 metros cuadrados a zonas verdes, 305.000 metros cuadrados a equipamientos --que se irán ejecutando "conforme se consolide la población del nuevo ámbito"--, 165.000 metros cuadrados a hoteles y otros tantos a comercios, previéndose la construcción de 17.000 viviendas.
   Para ello será necesario acometer una serie de obras de cuya financiación se harán cargo los diferentes actores implicados. En concreto, los propietarios del suelo pagarán la ampliación de la Línea 10 de Metro, la prolongación en 2,6 kilómetros de la Castellana y su conexión con las circunvalaciones M-30 y M-40; los cuatro nuevos ejes transversales para garantizar la permeabilidad este-oeste, y el cubrimiento de 600.000 metros cuadrados de superficie ocupados por vías.
   Por su parte, el Ministerio de Fomento y ADIF asumirán la remodelación y ampliación de la estación de Chamartín, la construcción de dos nuevas estaciones de Cercanías que se sumarán al túnel para el AVE entre Chamartín y Atocha, y la conexión con el aeropuerto de Barajas.
   El Consejo Urbanístico Prolongación de la Castellana fue creado en 1997 y de él forman parte el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, ADIF y la empresa DUCH. Tras catorce años, el pasado mes de febrero el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó de forma definitiva el Plan Parcial de reforma de este ámbito.

Los notarios advierten de que en las ejecuciones hipotecarias hay situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor

BENIDORM.- El vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, ha considerado que en "el actual sistema de ejecuciones hipotecarias, hay determinadas disfunciones o situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor" y ha considerado que es "preciso corregirlas en aras de una mayor equidad".

   Joan Carles Ollé ha hecho estas declaraciones en la cuarta sesión del XI Congreso Notarial Español, que se celebra en Benidorm, donde ha apuntado que el actual sistema tiene "disfunciones, situaciones perjudiciales y abusivas", aunque también ha resaltado que la "figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de la vivienda", según ha indicado el consejo en un comunicado.
  Por ello, ha explicado que los notarios son "más partidarios de soluciones novativas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias". Entre ellas ha citado la "limitación de los intereses de demora, claramente excesivos en estos momentos; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es claramente mejorable en muchos aspectos; la potenciación del procedimiento de ejecución extrajudicial, que es más rápido, sencillo y económico".
   También ha apostado por la posibilidad de una "regulación el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una Ley de segunda oportunidad, a la manera otros países de nuestro entorno, como Bélgica, Alemania o Francia".
   Otra solución alternativa a la dación fue la expuesta por el notario de Madrid, Javier Gardeazábal, la conocida como 'pacto marciano', "proveniente del Derecho Romano, y que ofrece la posibilidad de que, mediante una tasación independiente, se pueda quedar el acreedor con la finca sin procedimiento judicial, a trueque de quedar liberado el deudor, sin necesidad de adjudicación en pago".
  En este sentido, ha explicado que una vez haya sido determinado el valor justo de la cosa, "el deudor tendrá derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor". Ha añadido que para "dar eficacia a estos pactos puede ser conveniente la atribución de un poder irrevocable a un tercero que ejecute la venta y realice las operaciones de liquidación y pago de la deuda".
  Así, Gardeazábal ha apuntado que "incluso sería posible asignar al tercero el papel de arbitrador a fin de integrar la relación jurídica en las cuestiones que pudieran quedar pendientes". Así mismo, ha recordado que la "validez de estos pactos ha sido reconocida por la Jurisprudencia y por la doctrina mayoritariamente".
   En relación a estos pactos también se pronunció el coordinador de la sesión, José Ángel Martínez, quien se ha referido a "la reciente Orden de Transparencia de 28 de octubre de este año, que suscitará la posibilidad de introducir este pacto, que sería una manera de conseguir lo mismo que con la adjudicación en pago, a menor coste, de forma sencilla, y en todo caso más justa si el piso posee mayor valor que la deuda".
   Por su parte, el notario de Madrid, Juan Álvarez-Sala, ha considerado en su ponencia que "ahora que han llegado las vacas flacas, lo que importa son los matices de técnica procesal que aseguren la justicia de la ejecución hipotecaria, desde el punto de vista, por parte del ejecutado, del derecho a un proceso ejecutivo con todas las garantías, pero también por parte del ejecutante, procurándole un proceso sin dilaciones indebidas como modo de una tutela judicial efectiva".
   "La búsqueda de este equilibrio en la ejecución, en beneficio del deudor, debiera llevar así, probablemente, a una interpretación más flexible de las causas de oposición al procedimiento hipotecario, ampliándolas, por lo menos, a cualquier pago acreditado de la deuda", ha sostenido.

La Seguridad Social levanta el embargo de 1,8 millones de euros a Latbus y los trabajadores esperan cobrar en breve

MURCIA.- La Seguridad Social ha levantado el embargo de 1,8 millones de euros que la empresa de transporte público Latbus le debía, lo que permitirá presumiblemente que las administraciones liberen los fondos que tienen que entregar a la compañía y los trabajadores cobren "en breve" las nóminas atrasadas.

   Así lo ha hecho saber hoy el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano, quien ha dicho tener la esperanza de que los empleados cobren antes de la jornada del jueves, cuando hay prevista otra huelga.
   La deuda contraída por Latbus con la Seguridad Social "supera los 1,8 millones de euros, que es la cantidad de la deuda inaplazable, y que se corresponde con la cuota que se descuenta a los trabajadores de la nómina", ha añadido.
   Los empleados se han reunido esta mañana en asamblea para decidir sobre la posibilidad de llevar a cabo un paro este mismo martes, pero al final lo han suspendido "por respeto al público, porque no se había avisado, y con el fin de no dejar a nadie en las paradas".
   Por lo tanto, la empresa ha prestado el servicio con normalidad este martes, aunque Cano ha advertido que no abandonarán el calendario de reivindicaciones hasta que no ingresen su salarios atrasados de septiembre y octubre. Por lo tanto, las huelgas prevén continuar el jueves y el viernes.

Una comisión estudiará prolongar el tranvía hasta la Estación del Carmen

MURCIA.- El concejal de Tráfico y Transportes de Murcia, Javier Iniesta, ha firmado este martes un decreto para la constitución de una comisión técnica que elaborará la documentación preparatoria para la contratación de la construcción y posterior gestión de la conexión de la línea 1 con la Estación del Carmen.

   En concreto, según fuentes municipales, la comisión estará compuesta por seis técnicos municipales de diferentes áreas. De este modo, un equipo técnico se encargará de elaborar el calendario de trabajo, que comienza este viernes con la primera reunión preparatoria.
   Las sesiones abordarán el estudio de viabilidad de la extensión del tranvía, que incluye su trazado, viabilidad económico-financiera y técnica, así como el estudio de impacto ambiental y la redacción del proyecto constructivo.

Los precios suben un 1,1% en Murcia en octubre

MURCIA.-   El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 1,1 por ciento en la Región de Murcia durante el pasado mes de octubre, y la tasa interanual se situó en el 2,9 por ciento, según datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, los precios subieron en la Región un 1,6 por ciento, mientras que la inflación interanual murciana alcanzó el 2,9 por ciento.
   Por grupos, los más inflacionistas fueron Vestido y Calzado (12,8 por ciento), Enseñanza (2,9 por ciento), Bebidas alcohólicas y tabaco (1 por ciento), Menaje (0,8 por ciento), Vivienda (0,2 por ciento) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,1 por ciento).
   Por contra, la congelación de precios en Otros, y el descenso experimentado en Medicina (-1,3 por ciento), Comunicaciones (-0,6 por ciento), Transporte (-0,3 por ciento), Ocio y cultura (-0,2 por ciento), y Hoteles, cafés y restaurantes (-0,1 por ciento) evitaron una subida mayor de la cesta de compra murciana en octubre.

La Comunidad Autónoma publica la orden de emisión de sus bonos minoristas

MURCIA.- La Consejería de Economía y Hacienda ha hecho pública este martes la orden de emisión de Bonos de la Región de Murcia, que se comercializarán bajo el lema de 'Rentabilidad sólida', en referencia a la seguridad que ofrece y a la rentabilidad del 4,75 por ciento a un año y de 5,5 a dos años.

   La Comunidad publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la orden por la que se pone en circulación las dos emisiones de deuda pública e informa de sus características, así como las entidades financieras en las que se podrán suscribir a partir del próximo lunes, 21 de noviembre, y hasta el 16 de diciembre.
   Finalmente, serán ocho las entidades financieras que comercializarán los Bonos de la Región de Murcia en toda España, al haberse incorporado Barclays Bank a Bankia, como entidad gestora, BMN-Cajamurcia, Cajamar, Caja Rural Central, CAM, Caixabank y Banco de Sabadell.
   La suscripción de bonos se podrá realizar por cualquier particular, empresa, sociedad, SICAV o 'family office' desde 1.000 euros y sin límite, algo que diferencia a la emisión de los Bonos de la Región de Murcia de los de otras comunidades, según fuentes del Gobierno regional.
   El director del Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF), Francisco Fuentes, ha dicho esperar "una buena acogida porque se ofrece a la sociedad murciana y española seguridad y rentabilidad para sus ahorros, a la vez que contribuyen al desarrollo regional".

martes, 15 de noviembre de 2011

Diego de Ramón pide investigar la veintena de sociedades inmobiliarias de la CAM en el extranjero

MADRID.- El abogado responsable de la denuncia contra la antigua cúpula de la CAM, Diego de Ramón, ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a las 21 sociedades dedicadas al sector inmobiliario radicadas en el extranjero que controlaba la entidad para averiguar el destino de los más de 4.000 millones de euros de 'agujero' patrimonial, según la ampliación de denuncia presentada este martes.

   En concreto, la entidad tenía en 2010 un total de 1.700 millones de euros en participaciones directas e indirectas en 119 empresas o sociedades, de las que 52, el 43%, estaban vinculadas al sector inmobiliario.
   Una decena de estas últimas eran sociedades vinculadas a la promoción de viviendas, complejos turísticos y hoteles en México, Costa Rica, Polonia y Marruecos. La CAM también tenía varias sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán y otras inscritas en Holanda, vehículo para acceder al territorio 'off-shore' de las Antillas holandesas.
   El abogado denuncia que el Banco de España no ha destituido al antiguo secretario general de la CAM José Pina Galiana, que era responsable de la gestión económica, y llegó a ocupar 49 cargos en 27 de estas sociedades. Actualmente mantiene nueve puestos en ocho de estas empresas.
   El Banco de España impuso un despido disciplinario a la exdirectora general María Dolores Amorós el pasado mes septiembre por haber pactado con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde su jubilación, y un sueldo de 593.040 euros.
   En concreto, Pina era consejero delegado de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, participada al 30% por la CAM y radicada en México, que percibió un crédito de 114 millones de euros de la entidad que todavía no ha devuelto.
   Por otro lado, De Ramón pide a la Audiencia Nacional que requiera a la Reserva Federal estadounidense (FED) que se persone en el proceso penal para que explique las emisiones de deuda ordinaria en dólares americanos de cerca de cuatro millones de euros realizadas por la filial de la entidad CAM US Inance entre 2007 y 2008, cuando todavía no había estallado la crisis económica.
   El denunciante pide que se investiguen las sociedades, bancos e instituciones financieras norteamericanas que compraron esas emisiones, si las garantías eran suficientes y qué comisiones se pagaron a los gestores. La sociedad CAM Global Finance, radicada en las Islas Caimán, también emitió deuda de la entidad.
   El abogado pide al juez que determine si los gestores de la CAM se excedieron en emitir deuda, ya que este año cuenta con vencimientos de deuda de 225 millones de euros, en 2012 le vencen otros 827 millones de euros y en 2013 tendrá que hacer frente a 1.196 millones de euros.
   Por otro lado, el denunciante pide que se investigue si los antiguos gestores de la CAM incluyeron en las cuentas anuales de 2010 un total de 199 millones de euros de beneficio procedentes de las comisiones cobradas a los clientes para alcanzar un beneficio de 223 millones de euros cuando habían ganado 24 millones.
   Además, recuerdan que la entidad cuenta aún con 114 millones de euros de créditos vivos concedidos a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control a intereses muy bajo o, incluso, al 0%. Por último, piden que se determine el destino de más de 60 millones de euros que tenían que ser dedicados a la obra social.
   El pasado viernes, el Grande-Marlaska admitió a trámite la denuncia presentada contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, y otros altos cargos por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental en la gestión de la entidad, intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio.

Más de medio centenar de representantes de la cultura y la universidad dan su apoyo a Costa Morata (IU)

MURCIA.- Más de medio centenar de personas independientes relacionadas con el mundo de la cultura, la universidad y el sindicalismo han firmado un manifiesto a favor del cabeza de IU-Verdes al Congreso por la circunscripción de Murcia, Pedro Costa Morata, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   El manifiesto ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa por el catedrático de Educación Pedro Guerrero; la forense y doctora en Medicina Faustina Sánchez, y el profesor del departamento de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) Miguel Ángel Esteve.
   Guerrero ha destacado la "valentía y coherencia" de Costa Morata en la lucha antinuclear y en la defensa de los servicios públicos, y ha manifestado su deseo de que el candidato ocupe un escaño en el Parlamento en la próxima legislatura.
   Además, ha animado a las personas "que creen en la decencia política" a que voten a IU-Verdes para acabar con el "gansterismo" y lograr "una izquierda fuerte y clara" que luche contra los efectos del sistema capitalista.
   Por su parte, Estévez ha afirmado que personas con la trayectoria de Costa Morata "no abundan", por lo que el hecho de que no obtenga representación en el Congreso de los Diputados "sería un gran desperdicio".
   Faustina Sánchez, por otro lado, ha recordado que el cabeza de lista de IU-Verdes fue uno de los artífices que impidió la instalación de una central nuclear en la Región de Murcia, por lo que le ha agradecido su labor en la lucha ecologista.
   En la presentación también han estado presentes los candidatos al Congreso Victoria Rodríguez y José Francisco Bellod; el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, así como los concejales José Ignacio Tornel y Esther Herguedas.
   Tras la rueda de prensa, Costa Morata ha agradecido a los firmantes del manifiesto su generosidad y ha aseverado que estos últimos días hasta la celebración de las elecciones el próximo 20 de noviembre "pueden ser decisivos".

Murcia experimenta la mayor caída de la cifra de negocios del sector servicios, con un -8,4%

MURCIA.- La cifra de negocios en el sector servicios en la Región de Murcia descendió un 8,4 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, la mayor caída por comunidades autónomas, casi ocho puntos más que la media nacional (-0,8 por ciento), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En lo que va de año, la Región acumula un descenso de la cifra de negocios en el sector servicios del dos por ciento, el segundo mayor descenso por comunidades, por detrás de Andalucía, que registró un descenso del 3,8 por ciento, mientras que en el conjunto nacional experimentó un descenso del 0,6 por ciento.
   La ocupación del sector servicios registró en Murcia la segunda mayor caída, con un -2,2 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, solo por detrás de Castilla La Mancha (-2,5 por ciento), frente al descenso del 0,6 por ciento que experimentó este indicador a nivel nacional.
   En lo que va de año, la ocupación del sector servicios en la Región de Murcia ha decrecido un 2,3 por ciento, frente al descenso del 0,4 por ciento del conjunto del país.

Los trabajadores de Latbus cumplen el cuarto día de huelga sin avances en las negociaciones

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su cuarto día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, ya que no se han registrado avances en la negociación, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras las tres huelgas de la semana pasada, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con retrasos --algunos de más de hora y media-- "como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes", según los trabajadores.
   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.
   Cano ha confirmado que este lunes tienen una reunión en el Ayuntamiento con el Grupo Municipal Socialista, pero ha dicho que la negociación "sigue atrancada y no ha registrado avances desde la semana pasada".
   "La empresa dice que no paga porque no le pagan, y las administraciones dicen que ya han dado el dinero", según Cano, quien critica que "se tiran el balón de unos a otros".
   Por todo ello, han anunciado que mantienen el calendario de movilizaciones, que continuará con una huelga el próximo jueves y el viernes.
   Fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio han confirmado hoy que la semana pasada se registraron "algunas incidencias" y han dicho tener constancia de que los servicios mínimos han llevado este lunes "retrasos".
   La Comunidad, a través de sus servicios de inspección, recaban la incidencias y redacta un expediente que trasladan a la empresa para que las solucione "y no vuelvan a ocurrir". En este sentido, puntualiza que se sanciona a la empresa "en función de la importancia de los incidentes".
   Y es que "es la empresa la que tiene que determinar las acciones para que se cumplan los servicios mínimos", según la Consejería, que ha precisado que su voluntad "es que se cumpla algún tipo de sanción si no se ha cumplido lo pactado", pero ha señalado que "todavía es pronto porque no ha concluido el expediente".
   De todas formas, ha dicho que los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma centran su actividad, sobre todo, en las horas punta, y no tienen listo su informe final hasta que transcurren los tres tramos previstos de horas punta y no hay datos fiables hasta el día siguiente.
   En cualquier caso, la Consejería ha sostenido su postura de "actuar como intermediarios para que las dos partes lleguen a un acuerdo y se reanude un cumplimiento normal de los servicios". En este sentido, puntualizan que su ánimo es que "se alcance un acuerdo y se paguen las nóminas".

Roca argumenta que cobró de Aifos por asesoramiento para convenios urbanísticos

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha asegurado este lunes: "soy ingeniero y la construcción para mí no tiene muchos secretos" y ha intentado justificar el dinero recibido de la promotora Aifos en el asesoramiento que ofreció a la empresa para determinados convenios urbanísticos.

   Roca ha continuado contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción en el último bloque del juicio del caso 'Malaya', en el que se analizan las cantidades supuestamente pagadas por empresarios acusados y las presuntamente cobradas por el principal acusado y exediles de Marbella, cantidades que ha vuelto a desvincular de aprobaciones urbanísticas.
   Su declaración se ha centrado en buena parte de la sesión en el asesoramiento en dos convenios alcanzados con Aifos, uno el de Guadalpín Banús, con el que, según el fiscal, se pretende regularizar la situación de ese hotel; y un segundo, el de Guadalpín Village, para la ampliación de dicho establecimiento para hacer un complejo tipo Caribe, según Roca.
   Roca ha asegurado que los pagos fueron "en un 99 por ciento" siempre en la sociedad Maras Asesores y en efectivo, apuntando que hacía un recibí a Aifos "y yo me quedaba con copia", pero no facturaba. El dinero era llevado "siempre" por el acusado Francisco García Lebrón --director Comercial de Aifos-- y "siempre" lo recibía él.
   Asimismo, ha puntualizado que "no existía un contrato" para este asesoramiento, sino que "era verbal"; y ha añadido que la empresa Aifos tenía muchos vendedores y comercializadores, pero para los proyectos urbanísticos recurría a personal externo. De hecho, ha manifestado, "cuando me lo proponen es porque ellos no tienen esos conocimientos".
   El principal acusado ha negado que su asesoramiento implicara de algún modo la aprobación por el órgano municipal correspondiente de esos convenios, pero ha indicado que "lo que sí implicaba era la firma del convenio". "Implicaba que yo me comprometía a hacer un convenio que fuera asumido", ha apostillado.
   Respecto al convenio de Guadalpín Banús, ha rechazado que fuera de legalización, porque, ha dicho, "no legaliza nada, lo que propone es que ese exceso sea incorporado en un documento y si recibe la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía se legalice, cosa que finalmente pasó".
   "Ahora resulta que cuando lo hace Juan Antonio Roca o la corporación de Marisol Yagüe es un convenio de legalización y cuando con posterioridad la Junta de Andalucía habla con los promotores para legalizar y llega a un acuerdo, no es legalización, eso es ordenación urbanística", ha aseverado, insistiendo en que el objeto no era monetarizar el exceso de edificación.
   El exasesor de Urbanismo ha apuntado que lo realizado previamente se hizo con una licencia otorgada en 2002, "cuando Julián Muñoz era alcalde, en la que yo no intervine", y lo que hace la siguiente corporación "es precintar el edificio cuando se entera de que se ha construido más de la cuenta, abrir un expediente de disciplina e iniciar otro de revisión".
   Ha indicado que algunas anotaciones vinculadas al acusado García Lebrón eran de participación personal de éste en un negocio y no en representación de la promotora Aifos. Además, se ha analizado una operación con sociedades vinculadas a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, de la que, según ha dicho, no se lleva compensación y no hubo perjuicio.
   Sobre el empresario José Ávila Rojas, el principal acusado ha reconocido anotaciones en Maras Asesores en la cuenta AR y aportaciones por más de cinco millones, pero ha incidido en que son "por negocios privados", en los que "yo aporto parcelas y el señor Ávila Rojas, la construcción, y se pacta lo que se dice una aportación y se reparten las plusvalías o el beneficio que genere".
   Ha negado que estos cobros tengan que ver con aprobaciones de convenios y ha dicho que no intervino en el otorgamiento de licencias relacionadas con los negocios en común con Ávila Rojas en Marbella "y usted lo sabe", ha contestado al representante de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, con quien Roca ha vuelto a tener enfrentamientos dialécticos.
   Así, analizando determinados convenios de Ávila Rojas, el fiscal ha precisado que éstos se investigan en un juzgado de Marbella, mostrando Roca su sorpresa respecto a que la Sala encargada del caso 'Malaya' vaya a decidir "sobre unos actos que no sabemos si son justos o injustos". Su defensa ha instado a que el ministerio público clarifique este extremo. La declaración continuará este martes.

lunes, 14 de noviembre de 2011

España exige a Bruselas medidas urgentes contra la entrada de tomate marroquí

BRUSELAS.- El Gobierno ha pedido a la Comisión Europea "medidas urgentes" para reforzar los controles sobre la entrada de tomate procedente de Marruecos y ha denunciado que está entrando producto a un precio inferior al precio de entrada pactado por la UE con Rabat, lo que pone en riesgo la actividad del sector en España y otros países comunitarios.

   Así lo ha anunciado en Bruselas la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, que ha explicado la "necesidad urgente de que, en el marco de la Unión Europea, se adopten medidas suficientes para que haya un control exhaustivo de los tomates que están entrando de Marruecos".
   Por su parte, el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, no ha querido pronunciarse sobre las quejas de España hasta estudiar los detalles de la carta y ha recordado que Bruselas "no realiza controles propios en las fronteras" de la UE con el exterior.
   Es competencia de los Estados miembros realizar esos controles y, por ende, son las autoridades nacionales quienes deben notificar al Ejecutivo comunitaria irregularidades si las detectan, según ha recalcado el comisario, que se ha comprometido a que sus servicios estudiarán la carta cuando llegue a sus oficinas.
   En una carta remitida por el Ministerio español al director general de Agricultura y Desarrollo Rural del Ejecutivo comunitario, el español José Manuel Silva Rodríguez, se informa a Bruselas de la entrada de tomate marroquí al mercado comunitario a un precio inferior a los 46,1 euros por 100 kilos que la Unión Europea tiene pactado con el país magrebí.
   España ha reunido datos desde el comienzo de la campaña, el pasado 1 de octubre, y ha detectado irregularidades durante 14 días, aunque admite que los precios muestran una "ligera tendencia al alza" en las últimas fechas, ha explicado la ministra.
   La carta remitida por el Gobierno también se queja de que Marruecos ha "superado ampliamente" el contingente mensual de 10.600 toneladas que le corresponde, ya que sólo "en el mercado Saint-Charles en Perpiñán, que supone el 605 de las importaciones, se han registrado 14.000 toneladas".
   Así las cosas, Aguilar espera que "la Unión Europea actúe y active todos los mecanismos de seguimiento de precios y de control de toneladas de tomate que entran en la Unión Europea". "Estamos haciendo un esfuerzo en España, pero el esfuerzo debe ser de la Unión Europea", ha añadido.
   Por ello España reclama a la UE que actúe "con urgencia, con prontitud y con rapidez" para evitar que estas irregularidades, "por incumplimiento del acuerdo en cantidad y precio", afecten al sector productor de tomates en España.
   Finalmente, la carta concluye insistiendo en la "necesidad de revisar la regulación del control de los precios de entrada" para evitar problemas similares en el futuro.

La Región de Murcia no ha perdido poder financiero gracias a BMN

MADRID.- Gran parte de las cajas de ahorro son ahora simples accionistas de bancos como BMN o Bankia, muchas con participaciones minoritarias. En algunos casos, sus funciones se limitan a la gestión de una obra social que languidece. Este giro -de 45 se ha pasado a 15 cajas- ha castigado más a unas regiones que a otras: mientras País Vasco mantiene sus marcas “casi incorruptas”, la “soberanía financiera” de Castilla la Mancha forma parte de la historia, según recuerda hoy www.invertia.com

Las pequeñas Caja Ávila y Caja Segovia tienen el 2,33% y el 2,01% de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), respectivamente, en tanto que este grupo, capitaneado por Caja Madrid con un 52,06%, controla el 50% de Bankia tras la salida a Bolsa. Así, la participación de las cajas castellanas en el banco cotizado se diluye al 1%. La de la entidad capitalina cae en igual proporción, aunque a su favor juega que pone y dispone en la gestión. 

Rodrigo Rato, nombrado por Caja Madrid, es presidente de BFA y de Bankia. Y ejerce como tal. Bajo su mandato sustituyó a Aurelio Izquierdo (ex director general de Bancaja) por Francisco Verdú (ex Banca March) como máximo responsable ejecutivo del “primer banco de la nueva banca”. La siguiente víctima podría ser José Luis Olivas, presidente de Bancaja, que según el diario El País abandonará el consejo de Bankia en medio de la crisis de Banco de Valencia. Bancaja controla el 37,7% de BFA y la mitad de Bankia. 

La crisis del sistema financiero valenciano, máximo exponente de los excesos del ladrillo, también se ha cobrado como víctima a CAM, intervenida por Banco de España con un déficit patrimonial de 2.800 millones de euros. El día 24 de noviembre se conocerá quien se hace con la entidad. Santander, BBVA, Sabadell y La Caixa son los favoritos. Así, la única entidad local que ha resistido el envite de la crisis es la pequeña Caixa Ontinyent

IberCaja es una de las pocas que no ha necesitado dinero público o fusionarse para sobrevivir, aunque su reducido tamaño (unos 45.000 millones en activos) le empuja a buscar una pareja de baile que podría ser CAM o Unnim, según se especula en los medios.

Caja Murcia capitanea BMN con el 41% del capital, aunque verá reducida su participación cuando se canjeen en acciones su última emisión de bonos. Caja Granada (18%) y la balear Sa Nostra (13%) completan el grupo BMN. 

Diego de Ramón quiere se busquen en Méjico los 5.000 millones que le faltan a la CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón presentará mañana ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional una ampliación de su denuncia contra la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo para que se investigue el 'agujero' de 5.000 millones de euros ocasionado por su gestión.

Una parte puede ser el caso de la ruinosa inversión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la hipotecaria mexicana Crédito Inmobiliario. Como ya desveló el digital www.Capitalmadrid.com el pasado 29 de marzo, la entidad de ahorro alicantina destinó 145 millones de euros a la adquisición de esa firma mexicana en abril de 2009, cinco meses después de la quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers, que marcó el momento álgido de la crisis financiera internacional que comenzó en el verano de 2007. Precisamente, por el derrumbe del mercado de hipotecas subprime en Estados Unidos. 

Las hipotecarias mexicanas no ligadas a grupos bancarios sufrieron el cierre del grifo de la financiación, y Crédito Inmobiliario fue una de las más afectadas. El pasado mes de julio, el abogado murciano, Diego de Ramón, exigió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España una investigación profunda sobre todas las operaciones de la CAM en los últimos cuatro años, y suscita sospechas de evasión de impuestos y de blanqueo de dinero en la inversión en la hipotecaria mexicana.

En sus peticiones a los supervisores, Diego de Ramón cuestionaba la adquisición de Crédito Inmobiliario, a la que describe como una "empresa mexicana especializada en préstamos hipotecarios y a constructores", por parte de la CAM en abril de 2009, apenas "cinco meses después del terremoto de Lehman Brothers y en plena tormenta financiera". La CAM, "previa autorización del Banco de España", compró esta empresa por 144 millones de euros. El mismo año que la CAM se hizo con el 100% de Crédito Inmobiliario, la firma perdió 120 millones de euros, por lo que la caja de ahorros invirtió 150 millones de euros, lo que suma 294 millones.

El abogado reclamaba que se investigue de qué corredor financiero o de qué depósitos de la CAM se han transferido esos 300 millones de euros a la inmobiliaria de México. Si procede el dinero de países extranjeros con "amplias ventajas fiscales" donde la CAM tenga sociedades (en alusión a los paraísos fiscales). Que se averigüe cuántas propiedades tienen en México empresas españolas (o extranjeras a nombre de personas españolas, valencianas o murcianas). Y preguntaba si se había pedido la colaboración de las autoridades financieras y policiales de México, Estados Unidos y Reino Unido, en cuanto a la lucha de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Diego de Ramón señalaba que "si del examen resulta que es positivo, su culpabilidad de imprudencia temeraria financiera, por parte de los directivos y miembros del consejo de administración de la CAM", se informe a la ONU y al Consejo de Europa, por los convenios firmados contra la corrupción. Y también a Transparencia Internacional.

También proponía que se debería investigar "a través de las agencias españolas dedicadas a asuntos financieros" sobre el centro de fomento de negocios en México de la Región de Murcia, (Cenexmur), en la capital mexicana, inaugurado por Ramón Valcárcel, presidente del Gobierno de la Región de Murcia, en mayo. Este centro se dedica a captar inversiones de empresas murcianas en México. Y, según Diego de Ramón, "sería importante saber si estas empresas están financiadas por la CAM, en el sector de la construcción, donde ha habido importante pérdidas, de más de cien millones de euros".

Todas estas sospechas sobre la verdadera finalidad de la inversión de la CAM en Crédito Inmobiliario se enmarcaban dentro de la solicitud de Diego de Ramón a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Gobernador del Banco de España para que investigasen las actuaciones de la caja desde 2008. El punto de partida de su argumentación es que el 24 de septiembre de 2007, la CAM valoró su patrimonio en 5.000 millones de euros de cara a la salida a Bolsa mediante la emisión de cuotas participativas (entonces sin derechos políticos).

El abogado, en sus comunicaciones a los supervisores, aseguraba que los créditos en terrenos sin recalificar "equivalían a todo el capital de la caja", 4.604, millones de euros de recursos propios, "sin saber si iban a ser recalificados definitivamente", según un requerimiento del Banco de España del 23 de febrero de 2007.

Otro ejemplo de mala inversión es Terra Mítica, en la que la CAM invirtió 420 millones de euros en el año 2000. Cuatro años más tarde, se intenta vender por 70 millones. O los negocios de la caja con el constructor alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos Brugal y Gurtel de presunta financiación ilegal del Partido Popular, y que el abogado cuantifica en 450 millones. También cita los préstamos concedidos por la CAM a clubes de fútbol, aunque algunos han sido concedidos de forma sindicada por un grupo de entidades financieras, no sólo por la caja murciano-alicantina.

Diego de Ramón hablaba del proyecto inmobiliario Novo Cartago, en Cartagena, liderado por Hansa Urbana (con participación de la CAM) sobre una superficie de 590 hectáreas para recalificar, aprobándose en contra de informes de las consejerías de Agricultura y de Obras Públicas de la Región de Murcia, "para realizar miles de viviendas en el Mar Menor, cuando éste se encuentra protegido en parte". 

"Y ahora se pretende emprender Marina Cope para realizar 12.000 casas, 20.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una gran marina con 2.000 puntos de amarre, en 21 millones de metros cuadrados en Águilas, en suelo no urbanizable protegido y que ha sido recalificado", añade.

Un abogado, que lleva años advirtiendo del descontrol de la CAM, recurre a la Audiencia Nacional

MADRID.- La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia penal interpuesta contra la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la que se pide prisión sin fianza para ella. Este será el primer juicio en España por mala gestión financiera ligado a la crisis y a la política, según recoge el último número de la revista 'Intervíu'. 

Salarios desorbitados, reuniones en hoteles de lujo, viajes exóticos con todo gratis hasta para los acompañantes, prejubilaciones millonarias, créditos no devueltos o a cero interés y sin plazo de amortización… La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la cuarta más importante de España, fue nacionalizada el 22 de julio tras el hallazgo de unas pérdidas ocultas de 4.587 millones de euros, según el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
Tras años advirtiendo, sin ser escuchado, a todos los órganos de control de la CAM sobre la falsa valoración de sus activos, del excesivo riesgo asumido por los créditos concedidos al sector inmobiliario, de su alta politización y del abuso de poder de su cúpula directiva, el abogado Diego de Ramón recurre ahora a la Audiencia Nacional para que se depuren responsabilidades administrativas, financieras, personales y políticas.
De Ramón ha presentado denuncia penal contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, “por imprudencia temeraria financiera” y pide su ingreso en prisión sin fianza. 
El texto apunta delitos de estafa, societarios, falsedad documental y apropiación indebida. “Presento la denuncia en la Audiencia Nacional para evitar injerencias políticas en las comunidades de Valencia y Murcia”, precisa el letrado murciano. Mientras los responsables de la caja maquillaban los balances para ocultar el agujero financiero, se repartían 15,5 millones de euros en prejubilaciones dentro de un Expediente de Regulación de Empleo, se adjudicaban sustanciosas rentas vitalicias como los 30.791 euros mensuales de Amorós, y se otorgaron 18 millones de euros en retribuciones durante los últimos cuatro años.
“Por los mil euros que se gastaba un consejero en dormir una noche en un hotel de lujo en la India, la CAM desahuciaba a familias de sus casas y los niños bajaban por las escaleras llorando”, declara Diego de Ramón.

La Fiscalía Anticorrupción entra a saco en la CAM de la mano del abogado Diego de Ramón

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción, que ya abrió una investigación de oficio contra la antigua cúpula de la CAM, tendrá ahora que personarse en la causa abierta por la Audiencia Nacional, concretamente en el Juzgado Central de Instrucción nº 3, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska. El caso está en manos del fiscal José Miguel Alonso, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

   Las pesquisas se centran en los informes emitidos por los interventores del Banco de España y los administradores del FROB tras la intervención, que reflejan que los responsables de la caja murciano-alicantina trataron de "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida".
   En este sentido, en los informes figura cómo la CAM comunicó a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros el pasado mes de marzo cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 
El magistrado de la Audiencia Nacional ha solicitado un informe urgente de las presuntas irregularidades a los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestionan la entidad desde la intervención del pasado mes de julio.
   En concreto, Marlaska pide a los administradores delegados del Banco de España que remitan toda la información sobre "cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria se pudieran haber cometido por los anteriores responsables de la entidad" contra la normativa de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
Grande-Marlaska ha admitido a trámite una querella presentada contra la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, por presunta estafa, delito societarios y falsedad documental, del abogado murciano Diego de Ramón, quien mañana martes piensa presentar una ampliación de su denuncia ante el mismo juzgado de la Audiencia Nacional.

Comunidad y agentes económicos y sociales trazan una nueva estrategia para la concreción final del Corredor Mediterráneo

MURCIA.- La Comunidad, la asociación empresarial Ferrmed y los agentes económicos y sociales de la Región han comenzado a trazar la nueva fase de la estrategia para la concreción final del Corredor Mediterráneo. 

   De este modo, el objetivo de esta iniciativa es integrar a la Región y al puerto de Cartagena en esta infraestructura ferroviaria, y mejorar su conexión con el resto de los territorios, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
   El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, acompañado por el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, mantuvo el pasado viernes un encuentro con una veintena de representantes empresariales y sindicales de la Región de Murcia.
   Se trata de la primera reunión que se celebra tras la presentación realizada el pasado 19 de octubre por el comisario europeo de Transporte, Siim Kallas, en la que dio a conocer que el Corredor Mediterráneo será un eje prioritario en el mapa de la futura red ferroviaria en Europa.
   Sevilla reconoció la labor de estas organizaciones y el apoyo prestado al presidente Valcárcel en la defensa del Corredor Mediterráneo y destacó "la unión inquebrantable" que éstas han demostrado "a favor de los intereses de la Región durante todos estos años para lograr que haya sido finalmente incluido entre los ejes prioritarios de la red transeuropea de transportes".
   Asimismo, señaló que es preciso continuar con el esfuerzo emprendido "para que el Corredor pueda responder con toda su potencialidad a los nuevos retos", ya que según indicó Sevilla, "lo alcanzado hasta ahora es un punto de partida, una propuesta de trazado que debemos conseguir que se ponga en práctica en las condiciones más adecuadas y beneficiosas para la Región".
   Durante el encuentro, el consejero expuso que el Gobierno regional trasladará al Ministerio de Fomento la necesidad de modificar el diseño actual, "dado que es necesario concretar aspectos económicos y conceptuales".
   En cuanto a los aspectos económicos, añadió, "se requiere la preparación, por parte del Ministerio, de un calendario en el que se detallen las inversiones correspondientes para desarrollar íntegramente el Corredor Mediterráneo en el tiempo previsto".
   Además, añadió, las modificaciones del diseño que el Gobierno regional trasladará al Ministerio de Fomento "incluyen la continuidad plena del trazado entre Alicante y Murcia, una conexión directa con la Dársena de Escombreras y el nuevo puerto de El Gorguel, y la necesidad de concretar definitivamente la llegada del AVE a Cartagena por el Corredor central".
   Y es que, el Ejecutivo regional se centrará además "en la necesidad de que se ponga en marcha la variante de Camarillas y se dé una solución a los pasos a nivel de Alcantarilla, Las Torres de Cotillas y Alguazas, núcleos urbanos que en la actualidad el ferrocarril parte por la mitad".
   Asimismo, otra de las propuestas del Gobierno regional es la de incorporar un desdoblamiento desde Lorca hacia Baza y Granada, recuperando el antiguo corredor de unión del Levante y Andalucía por el interior.
   Sevilla apuntó también que el corredor de mercancías entre Alicante y Murcia, en el caso de no poder discurrir de forma paralela a la línea de Alta Velocidad, debería realizarse junto a la A-7.
   Finalmente, se refirió también a la necesidad de que el Corredor Mediterráneo disponga de un trazado costero por Málaga, "puesto que es un núcleo de gran importancia y no tendría sentido cambiarlo por un trazado que obliga a subir mil metros para luego bajarlos".

Sara García (PSRM) critica que el PP "utiliza la crisis como excusa para recortar en Sanidad y Educación

CARTAGENA.- La candidata socialista al Congreso de los Diputados, Sara García, denunció que si gobierna el PP "va a utilizar la crisis como excusa para recortar en sanidad y educación públicas, por eso su programa no contiene medidas concretas de qué van a hacer", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   Así, ha señalado que, en la Región de Murcia, "ya lo están haciendo, es un claro ejemplo de lo que harían si gobernaran. Un ejemplo más, el recorte en Atención Primaria con la disminución de centros de salud que pasan consulta por la tarde".
   "El Gobierno regional reconoce que el ahorro con esta medida será pequeño y que en realidad no se hace por eso. La pregunta es por qué se hace, creemos que es porque no se cree en la sanidad pública y porque así muchos trabajadores se verán obligados o bien a renunciar a ir a consulta o a pagar un seguro privado", ha apuntado.
   Asimismo, la diputada explicó que para muchos trabajadores es un verdadero trastorno tener que pedir permiso en el trabajo para llevar a sus hijos, para llevar a sus mayores a cargo o para ellos mismos, además de la larga espera que se produce en muchos centros de salud. Por eso, es fundamental el turno de tarde en los centros de salud".
   En su opinión, el problema en la Región era, precisamente, el contrario, ya que muchos centros de salud no tenían horario vespertino, y eso era lo que había que resolver. "En cambio el Gobierno regional hace todo lo opuesto, cierra centros de salud por la tarde y reduce las consultas", añade.
   García afirmó que con esta medida están obligando a muchos trabajadores a contratar un seguro privado o a renunciar a hacerse todos los chequeos que estarían dispuestos si hubiera horario de tarde.
   Por otro lado, considera que "esto es sólo un adelanto de lo que harían si gobernaran. Si el PP quiere recortar, promover la sanidad privada, implantar copago sanitario o privatizar, debieran decirlo abiertamente a los ciudadanos. No se puede consentir que no dijeran que iban recortar en sanidad y ahora lo estén haciendo creyéndose que los votos son un cheque en blanco".
   Y es que, desde el PSOE, "no estamos dispuestos ni a recortar facultativos ni a cerrar centros de salud por las tardes", por lo que propone mejorar la sanidad pública, aumentar los ingresos con la eliminación de las exenciones a la sanidad privada y controlando que las mutuas y seguros paguen íntegramente los servicios prestados por el sistema sanitario de salud y asegurado por aquellas.
   "La otra vía, es el incremento del 10 por ciento del impuesto especial al tabaco y a las bebidas alcohólicas, excluido el vino y la cerveza", ha afirmado. Además, apostilló que mientras el PSOE tiene propuestas concretas para defender la sanidad "el PP intenta que nadie le pregunte, que nadie sepa que van a hacer, para hacer lo que quieren de espaldas a la gente".
   Por ultimó, recordó que el próximo día 20 hay elecciones, "y parece que el PP va por el mismo camino, ocultar su programa, no explicar qué van a hacer para no perder votos y así poder hacer lo que les venga en gana".