Cáritas atiende a 75.000 personas en lo que va de año y Jesús Abandonado da 19.423 comidas en octubre

MURCIA.- En Murcia es palpable el aumento de la pobreza con motivo de la crisis. Cáritas ha atendido a 75.000 personas en lo que va de año y Jesús Abandonado ha dado 19.423 comidas en octubre. Ambas instituciones reconocen que ha aumentado los usuarios en los últimos años y predominan los motivos laborales.

   El índice de pobreza en la Región está entorno al 30 por ciento, es decir, 450.000 murcianos son considerados 'pobres'. Otro dato que demuestra el descenso de la calidad de vida en la comunidad es que "antes, más de 70.000 personas vivían en riesgo de exclusión social, ahora habrá subido a 85.000", como explica el secretario general de Cáritas, Antonio Sánchez.  

   Cáritas ha atendido a 75.000 personas en lo que va de 2011 y su secretario general espera que para final de año la cifra ascienda a 100.000, a pesar de que la ONG ha tenido 1,2 millones de euros menos que en 2010.

    Por ello afirma que "es difícil que podamos atender un mayor número de personas que las que atendimos el año pasado" para poder "mantener la calidad de la atención."

   "Nosotros no podemos sustituir a los servicios sociales y ahora es lo que está pasando", explica Sánchez, añadiendo que son "complemento de los servicios sociales que son los que tienen que atender al público, pero ahora en vez de ser nosotros los que derivamos a los servicios sociales, son los servicios sociales los que nos derivan a nosotros".

   Cáritas parroquial tiene 26 centros de acción social y 170 equipos, a los cuales llegan personas con un perfil diferente al de hace unos años. Ahora la llegada de "parados de larga duración va en aumento".

   Son "normalmente profesionales poco cualificados, los que más vienen son los relacionados con la construcción" que rondan entre los 30 y los 55 años.

   También ,desde hace unos años, acuden "autónomos que han tenido personas contratadas, que han tenido un estatus medio alto y ahora ir a Cáritas les da vergüenza y con frecuencia van a los directivos reclamando una atención más personal y más anónima".

   Cáritas ofrece distintos programas para todos los que soliciten su ayuda, por ello, Sánchez recalca que "la asistencia es un complemento a esto".

   Uno de ellos es el Programa 'Proinfancia', basado en la atención a familias desestructuradas  y niños que están en riesgo de exclusión social. Incluye bienes pero también servicios, como la atención psicológica para niños y familias o el refuerzo escolar.

   A pesar de esto, cuando empezó la crisis, Cáritas abrió un Fondo de Ayudas de Emergencia que recoge todos los donativos. Con ese fondo se paga la ayuda asistencial como son los recibos de luz, agua y alquileres que no pueden pagar los equipos parroquiales. Sánchez destaca que "no se ha denegado ninguno que venga con los criterios", pero advierte que el pago de hipotecas, por ejemplo, no se paga.

   Como conclusión Antonio Sánchez destaca que los programas y la asistencia de la ONG son para ayudar a que estas personas salgan adelante, por ello no quieren "generar personas dependientes, no nos gustaría que la gente se aclimate a vivir con ayuda de la administración y con la comida que le da Cáritas".

   Otra institución que ve de cerca las consecuencias de la crisis es la Fundación Jesús Abandonado. En el mes de octubre repartieron 19.423 comidas (13.323 comidas en comedor social, 3.500 en la residencia para personas sin hogar y 2.600 desayunos).

   En el mismo mes del año pasado la cifra fue de 10.972 comidas. El director de esta Fundación, Daniel López, afirma que "desde enero del 2009 no habíamos tenido tanta actividad para dar de comer".

   López afirma que tienen "dificultades para conseguir comida pero la Fundación está preparada". De hecho ya fueron "previsores" porque en octubre de 2010 se inauguró un nuevo comedor social ampliado.

   El director afirma que "cada día se hacen 800 servicios" entre la residencia y el comedor social. Un total de 200 desayunos, 300 comidas y 300 cenas.

   Daniel López mantiene que la mayoría de los usuarios están allí por motivos laborales y que "se palpa bastante desesperanza", añadiendo que "por desgracia la desesperación está haciendo mella".

   Como en Cáritas, en el comedor social de Jesús Abandonado también ha cambiado el perfil de los usuarios "desde el último año y medio", según afirma su director. "Antes el 80 u 85 por ciento de asistencia era de inmigrantes, ahora el número de inmigrantes no ha disminuido pero ha aumentado el de españoles".

   Respecto a los asistentes españoles, suelen ser mujeres, chicos jóvenes y enfermos mentales. La edad media total ronda los 40 años.

   Daniel López explica que el perfil de la residencia es diferente, la mayoría son españoles, hay pocas mujeres y la media de edad oscila entre 50 y 55 años. A la residencia llegan personas desde tres vías: a través de la oficina de atención de acogida para personas sin hogar, aquellos que son derivados por hospitales y con el Proyecto Encuentro.

   Este último se basa en personas que salen a la calle todos los días para ofrecerles la oportunidad a aquellos que están viviendo en la calle. Además la Fundación también tiene un centro de acogida para transeúntes que están de paso con 142 camas.

Saura: "Rajoy aplaude en Zaragoza la muerte del Trasvase, después de utilizarlo para ganar la elecciones en Murcia"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, ha criticado este sábado que Mariano Rajoy "aplauda en Zaragoza la muerte del Trasvase del Ebro, después de haber utilizado esa idea durante 16 años para ganar elecciones en la Región de Murcia"

De este modo, Saura se ha referido a unas declaraciones realizadas por el presidente del PAR, José Ángel Biel, en la cuales, "ante la mirada cómplice de Rajoy, ha afirmado sobre el Pacto del Agua que "si se ejecutan estas obras y se cumple la previsión estatutaria de reservar a Aragón 6.550 hectómetros cúbicos de agua del Ebro no habrá trasvase", una declaraciones que han arrancando los aplausos de la plaza de Toros de Zaragoza.

Saura ha calificado que el acuerdo con el PAR, "una formación que está en contra del trasvase, pone de manifiesto la gran mentira y la estafa electoral del PP con el Mediterráneo, sobre todo después de que Rajoy utilizara ese argumento durante 16 años para ganar las elecciones en Murcia".

Y es que, en opinión del líder de los socialistas murcianos, "Rajoy cada día que pasa se convierte en una amenaza mayor para los intereses de la Región de Murcia".

Asimismo, Saura ha destacado que el PAR "no es socio del PP a posteriori, sino a priori, antes de que se produzcan las Elecciones Generales, y ese acuerdo por escrito supone la muerte del Trasvase del Ebro".

Finalmente, ha criticado que el líder del PP nacional "haya aplaudido la sentencia de una idea como es el Trasvase del Ebro que el PP vendió en la Región como la gran propuesta si ganaba las elecciones".

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Diego de Ramón prepara una ampliación de su denuncia sobre la CAM a la Audiencia Nacional

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón prepara una ampliación de su denuncia a la Audiencia Nacional sobre la gestión en la CAM, ya que advirtió que no se iba a quedar ahí y que, por lo que a él respecta, iba a centrar sus esfuerzos en determinar cuál ha sido la actuación de las instituciones públicas en este asunto y en establecer si también han podido incurrir en alguna responsabilidad, bien por acción o por omisión. La entidad, que hasta el mes de marzo aseguraba estar en beneficios, está en una situación límite, con un agujero estimado de 5.000 millones de euros, que podrían aumentar hasta 16.000 por su elevada exposición al ladrillo.

«Ahora voy a volcarme en depurar las responsabilidades de los políticos», alerta.

Diego de Ramón presentó semanas atrás una denuncia contra la exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, y contra el resto de la cúpula directiva de la citada caja de ahorros. 

En el escrito, dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, De Ramón denunció, entre otros aspectos, que la dirección de la caja había producido «un quebranto económico de pérdidas ocultas de 4.587 millones de euros» y que había «atentado contra la seguridad nacional en época de crisis en España». 

En la denuncia, que ha dado origen a la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, el letrado Diego de Ramón relata una serie de supuestas irregularidades en las que habría incurrido la anterior cúpula directiva de la CAM, entre las que destaca el presunto reparto de 71 millones de euros en créditos entre siete consejeros de la caja, y de otros 18 millones de euros, en los últimos cuatro años, en concepto de retribuciones. 

En el escrito del abogado murciano se denuncia, igualmente, el presunto disfrute de «créditos blandos» por parte de un grupo de varios de esos exdirectivos. Asuntos, todos ellos, que ya están siendo investigados.

Todas las denuncias sobre la mala gestión de la CAM terminarán en la Audiencia Nacional

MADRID.- Todas las diligencias abiertas sobre la mala gestión en la CAM se acumularán a la causa que se ha iniciado esta semana en la Audiencia Nacional, al igual que las demás denuncias relacionadas con la CAM presentadas ante distintas fiscalías y juzgados de Valencia, Madrid, Alicante o Murcia. Al tratarse de los mismos hechos, lo lógico es que todas se lleven en un único procedimiento para evitar resoluciones dispares, avanza hoy el diario 'Público'. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska investiga ya la "contabilidad creativa" puesta en marcha por la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós.

Aunque aún no se ha concretado a qué personas se imputará, María Dolores Amorós, la última directora general, tiene todas las papeletas. Con ella al frente de la gestión, la entidad presentó unos beneficios de 39 millones de euros en el primer trimestre y pretendió publicar unos beneficios de 80 millones en el primer semestre, que, una vez fueron recalculados por los administradores del FROB y por los auditores, se convirtieron en unas pérdidas de 1.136 millones. Además, pactó con el expresidente Modesto Crespo una pensión vitalicia anual de 370.000 euros, pago que fue eliminado por los actuales administradores.

Pero, cuando avance la investigación, probablemente no figurará ella sola en el listado de imputados. La denuncia del letrado murciano Diego de Ramón, admitida a trámite por el juez Fernando Grande-Marlaska esta misma semana, también atribuye responsabilidad al ex director general Roberto López Abad, el secretario general José Pina, Joaquín Meseguer (Participaciones Empresariales), Francisco Martínez (Inversiones y Riesgos), Teófilo Sogorb (Planificación y Control) y Daniel Gil. 

Según el denunciante, formaban el equipo que dirigía la entidad a espaldas del consejo de administración. También cita a los directores territoriales de la entidad en Murcia y Valencia.

El letrado De Ramón califica los hechos como delito societario, falsedad documental, apropiación indebida y abuso de poder. Y dirige su denuncia contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a la que los interventores despidieron en septiembre por unas causas, que la Fiscalía Anticorrupción ha investigado para determinar si superan el ámbito de la infracción disciplinaria y llegar a constituir delito. Aparentemente, son fácilmente transformables, puesto que los motivos alegados para despedirla consistieron en "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente".

Con el informe a favor de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha acordado la primera diligencia: solicitar al Banco de España un avance del informe que preparan los interventores que designó al frente de la entidad para analizar la gestión desarrollada en los últimos años.

De las conclusiones de este avance de informe dependerá el futuro de la causa, porque a partir de él se perfilarán las imputaciones que se realizarán contra los exresponsables de la CAM. La admisión a trámite se ha producido por estafa y delitos societarios, entre los que se incluyen administración desleal y apropiación indebida en el seno de una empresa. 

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 no llamará a declarar a ninguno de los antiguos gestores de la entidad bancaria hasta conocer los resultados del Banco de España.

Aparte de afirmaciones escandalosas, pocas pruebas aporta el escrito de denuncia, por lo que es imprescindible iniciar la investigación prácticamente desde cero con las conclusiones del órgano auditor.

La denuncia, según recuerda 'El País', recogía las supuestas maniobras de Amorós para ocultar la pésima situación económica de la caja descubiertas por el supervisor que, según el denunciante, tenían por objeto "engañar a las autoridades monetarias del Banco de España para que no fuese intervenida". 

También recuerda que la CAM presentó en marzo unos beneficios de 38,9 millones de euros que en junio se convirtieron en 1.136 millones de pérdidas, lo que demostraría que tanto Amorós como el resto de directivos trataron de esconder "la debilidad financiera" de la entidad y las retribuciones de Amorós, que, además de una pensión vitalicia de 369.497 euros anuales, se adjudicó un sueldo de otros 593.040. 

El Gobierno autónomo emite bonos de la Región de Murcia esperando que se los quiten de las manos

MURCIA.- La Consejería de Economía y Hacienda de Murcia, a través del Instituto de Crédito y Finanzas, sacará al mercado el próximo 21 de noviembre bonos de la Región con una rentabilidad del 4,75 por ciento a un año y del 5,5 por ciento a dos años, ha informado en un comunicado.

El comunicado añade que los bonos, a partir de mil euros, se podrán adquirir en cualquiera de las oficinas de Bankia, como entidad gestora, BMN, Cajamar, Caja Rural Central, Caja del Mediterráneo, Caixabank y Banco de Sabadell, hasta el 16 de diciembre.

El consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, ha asegurado un poco a la desesperada y con exceso de optimismo, que el Ejecutivo autónomo ofrece "a la sociedad murciana y española una gran oportunidad de seguridad y rentabilidad a sus ahorros con todas las garantías, a la vez que contribuyen al desarrollo regional".

Marín ha destacado que estos bonos de la Región de Murcia pueden ser adquiridos "por cualquiera, excepto instituciones, desde 1.000 euros y sin límite, ya sean particulares, entidades de inversión, SICAV, "family office", pymes o autónomos", indicó Marín.

Y ha informado, con el mismo exceso de optimismo y mucha necesidad contenida, de que en un principio, esta emisión alcanza los 100 millones de euros, "pero puede ser ampliada en función del volumen de la demanda", dando la sensación de que se la van a quitar de las manos.

El carrito de la compra, más caro / Javier Gil Sanz

En los últimos meses, muchos alimentos han subido de precio: azúcar, frutas, zumos, arroz, café, cereales, cerveza…El último estudio de la OCU es concluyente: se ha acabado la guerra de precios, incluidas las marcas blancas, que copan el mercado. El problema es doble. Por un lado, están subiendo los alimentos en el mercado internacional, por la mayor demanda, las malas cosechas y la especulación. Por otro, la enorme concentración de los distribuidores (cuatro marcas venden el 58% de los alimentos) está empezando a ser negativa para la competencia. Y mientras, los agricultores y ganaderos se llevan la quinta parte del precio que pagamos. Cara al futuro, todo apunta a que comer será cada vez más caro.

enrique ortega

Comer es el mayor gasto de los españoles (14,4% del presupuesto familiar), tras la vivienda (29,4%) y por encima del transporte (12%). En alimentación nos gastamos 1.460 euros por persona en 2010, un 2,3% menos, en una tendencia a la baja que empezó con la crisis y que se da en toda Europa, aunque España es el país donde más ha bajado el gasto alimenticio, junto a Italia (-7,6%): -5,5% entre 2007 y 2010, frente al -0,4% en Francia, el -2,7% en Gran Bretaña o el -2,8 % en Alemania. Para 2011, la OCU estima que el gasto de alimentación de una familia media será 6.804 euros (567 al mes), unos 400 euros menos que el año pasado, por la crisis y la caída de precios.

Pero los precios están repuntando en los últimos meses y ya hay fabricantes que reconocen estar subiendo los zumos (por la subida de las frutas y el azúcar), el arroz, el café, los cereales y pastas o la cerveza. Y la OCU señala, en su última encuesta, que ha finalizado la guerra de precios de 2009 y 2010 y que la mayoría de cadenas están subiendo precios. De momento, el propio IPC ya lo refleja: los alimentos han subido un 2,3 % en el último año (la inflación, el 3,1), con fuertes subidas en el azúcar (+26,9%), el café (+12,5%), el pollo (+6,9%), los cereales (+6,9%), el pescado (+4,9%) o los lácteos (+4,8%), mientras subían poco la leche (+0,3%) y el aceite (+1,8%), dos “productos escaparate” en los supermercados y con excedentes.

La causa inmediata de estas subidas es el aumento del precio internacional de muchos alimentos, sobre todo cereales, azúcar, arroz, lácteos y café, que han subido más del 40% en el último año, según la FAO. De hecho, desde 2008 asistimos a una gran volatilidad de los precios de los alimentos, por tres causas. La primera, la mayor demanda de alimentos de los países en desarrollo y el aumento de población (80 millones de bocas más cada año), mientras  los cultivos apenas crecen, caen las existencias y cualquier sequía o inundación provoca sobresaltos de precios. La segunda, el aumento de los precios de la energía y la apuesta por los biocombustibles (subvencionados), que fuerza la subida del maíz, trigo, azúcar y aceites. Y la tercera, la especulación pura y dura: los alimentos se han convertido en activos para invertir, que mueven billones de dólares, amplificando la volatilidad de precios.

Pero también hay otras causas de la subida de los alimentos. La concentración de los distribuidores y el auge de las marcas blancas (42% ventas), que fue positiva al principio para bajar precios, puede haber llevado ya a echar del mercado a muchos fabricantes y  a una menor competencia de los que han quedado por producto, uno o dos fabricantes de marca y la marca blanca del distribuidor. Así lo refleja el reciente estudio de la Comisión de la Competencia, donde se indica que cuatro grandes distribuidores (Mercadona, Carrefour, Eroski y Auchan) controlan ya el 58 % del mercado alimenticio, empleando prácticas restrictivas de la competencia: cláusulas con fabricantes, pagos comerciales, información sobre productos…

Las marcas blancas están aquí para quedarse y ya las compran el 87 % de los consumidores (habitualmente en conservas, pastas, legumbres, arroz, leche, lácteos y congelados), sobre todo los menores de 45 años, especialmente en Aragón, Andalucía y Madrid. Y aunque son más baratas (-31,7%), parece que los precios han tocado suelo y ahora que están asentadas, los distribuidores van a tratar de subirlas, poco a poco. Y mientras, tratan de seguir ganando márgenes a costa de agricultores y ganaderos. De hecho, estamos pagando casi cinco veces más caros los alimentos que el precio que recibe el campo, según el observatorio de COAG: casi el doble por el aceite, cinco veces por los tomates o las acelgas, siete veces más por el plátano, el doble por el pollo  o la leche y cuatro veces más por la ternera…

El Gobierno se despide sin haber aprobado la Ley que prometió al campo para regular (como hace Francia) los contratos entre productores y distribuidores de alimentos, que imponen su ley, controlando las ventas (un 63% en supermercados e híper, frente al 27% de la tienda tradicional, en extinción). Un poder que puede imponer ahora subidas de precios, forzado por unos mercados internacionales al alza, donde los alimentos van a duplicar su precio en los próximos 20 años, según Intermón Oxfam. Y eso porque la demografía (2.000 millones de bocas más que alimentar para 2030) y el cambio climático son una bomba de relojería sobre una agricultura mundial que no avanza (las hectáreas cultivables se han reducido a la mitad desde 1960), donde faltan tecnología e inversión y donde los precios los fijan pocos países (EEUU, China y Rusia) y 500 multinacionales (3 en cereales).

La alternativa, intentada por la FAO y el G-20, es promover la inversión en la agricultura, reduciendo el proteccionismo y la especulación. Y en Europa, ayudar a agricultores y ganaderos, para asegurarnos los alimentos. Pero eso cuesta enormes subvenciones, que Bruselas quiere recortar ahora, con lo que España recibiría 5.000 millones en vez de los 7.000 actuales. Eso volverá a echar a más gente del campo. Y comer será aún más caro.

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Costa Morata (IU-Verdes) dice que las políticas del Gobierno regional "están en guerra con el medio ambiente"

MURCIA.- El cabeza de lista de IU-Verdes al Congreso por Murcia, Pedro Costa Morata, dijo en Totana que las políticas económicas impulsadas en los últimos años por el Gobierno regional "están en guerra" con la preservación del medio ambiente, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   Costa Morata ha indicado que es necesaria la puesta en marcha de un nuevo modelo económico que vele por la protección de los valores naturales y no por grandes proyectos que carecen de interés social y perjudican el entorno natural de la Región.

   Ha planteado la necesidad de apoyar a los autónomos y pymes, así como por una reforma fiscal progresiva por la que tributen más las personas que más tienen y ganan con el fin de obtener más ingresos públicos con los que crear empleo.

   Ha asegurado que el "exceso de poder financiero" en el actual sistema económico contrarresta con los recortes que los gobiernos autonómico y central han llevado a cabo sobre aquellos que "pese a no ser culpables de la crisis, la están pagando".

   Por último, ha pedido una ley de Transparencia de la información pública y de las mayores empresas privadas al objeto de incrementar la calidad democrática.

Acuerdan elaborar un estudio que ponga en valor Murcia y Almería para que queden atendidas en el Corredor Mediterráneo

MURCIA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha planteado este viernes al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, la posibilidad de hacer un estudio "argumental" que comprende la zona de Murcia y Andalucía oriental con el objetivo de "ponerlas en valor", ya que la zona del Mediterráneo "no ha quedado conveniente atendida" en el Corredor Ferroviario Mediterráneo de mercancías.

   Así lo ha anunciado al término del encuentro, celebrado en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, quien ha explicado que en este estudio, que tardará en elaborarse entre tres o cuatro meses, según ha desvelado, intervendrán "elementos fundamentales de la sociedad civil que tengan profundo conocimiento de ello, como pueda ser alguna universidad o entidad de prestigio más que reconocido".

   No obstante, ha afirmado que aún no se ha decidido quién elaborará dicho estudio, aunque la pretensión es presentarlo para "enero o febrero" del próximo año.

   "El alcance, ha dicho, es poner en conocimiento la importancia del Arco Mediterráneo --Murcia, Almería y Málaga hasta Algeciras-- para intentar justificar la bondad y conveniencia de este trazado".

   En dicho encuentro, Valcárcel ha trasladado a Amorós la necesidad de modificar el diseño actual del proyecto aprobado por la Unión Europea con el fin de que responda a los nuevos retos del transporte de los próximos años y para que incorpore una doble vía en todo el trazado en su configuración definitiva.

   En concreto, desde Estocolmo hasta Alicante irán cuatro vías, integradas en una doble línea, y precisamente por ello lo que se pretende es que esto no se corte en Alicante, sino que continúe hasta Lorca y una vez allí, se bifurque de manera que dos de las vías vayan hacia Granada y enlacen con el eje transversal andaluz y las otras dos sigan hasta Almería y conecten por la costa hasta el Estrecho de Gibraltar.

   En esta línea, Amorós ha comentado que el estudio analizará "las ventajas estratégicas desde el punto de vista socioeconómico, medioambiental y de generación de puestos de trabajo e incremento del PIB". Los puntos del acuerdo reflejan que Murcia y Andalucía oriental "no se pueden quedar en una situación precaria en esta conexión".

   En opinión del secretario general de Ferrmed, asociación empresarial impulsora del Eje Ferroviario de mercancías Escandinavia-Rhin-Ródano-Mediterráneo Occidental, "donde se encuentra el déficit de infraestructuras es en el Corredor Mediterráneo, es el más importante de España", lamentando, en este sentido, "el retraso de 20 ó 30 años en las inversiones".

   Por ello, ha reclamado que "se dé prioridad al Corredor que pasa por la costa, ya que es donde está el 50 por ciento de la economía española y el contacto con el mercado global".

   La zona sur, según ha recalcado, es "estratégica" no solo para España, sino también para Europa, ya que "es la zona por donde circula el tráfico intercontinental más importante del mundo, con 20 millones de contenedores que pasan por el Mediterráneo, mientras que en el Atlántico esta cifra desciende hasta los cinco millones". Tras lo que ha puntualizado que el Mediterráneo "se está convirtiendo en el punto de tráfico más importante del mundo".

   De ahí que al ministro de Fomento que salga de las elecciones generales le vayan a reivindicar que Murcia "tenga una línea complementaria, paralela a la nueva línea de Alta Velocidad, para las mercancías y enlazar convenientemente con el puerto de Cartagena en todas sus dársenas".

   Asimismo, Sevilla ha demandado la elaboración, a instancias del Gobierno central, de un plan de inversiones, así como que en el estudio licitado de la línea Monforte del Cid-Murcia se tenga en cuenta la conveniencia de una doble vía que permita el movimiento de las mercancías.

Los empleados de Latbus ejecutan su tercer día de huelga para reclamar los salarios atrasados

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su tercer día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, según ha informado hoy el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras la huelga de este lunes y jueves, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse a las 6.00 horas en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con un poco de retraso como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes.

   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.

   Cano ha explicado que el pasado martes fueron llamados por la Entidad Pública del Transporte (EPT) y citados en la oficina de resolución de conflictos laborales, donde la empresa les ofreció pagar las nóminas a plazos "como si los empleados fuéramos una entidad financiera".

   Desde entonces, los empleados no han vuelto a tener comunicación de la empresa, aunque confían en que este viernes vuelvan a recibir una llamada de la EPT para volver a negociar.

El PSOE denuncia que el Gobierno regional "sigue haciendo caja con el dinero que el Estado envía para Lorca"

MURCIA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, ha denunciado que el Gobierno regional "sigue haciendo caja con lo que llega del Estado para Lorca", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado. 

   "Cuando se cumplen seis meses de los terremotos, los ciudadanos de Lorca se preguntan qué ha ocurrido con las ayudas comprometidas y que el Gobierno de España ha ingresado en las Cuentas de la Comunidad Autónoma", añade la portavoz.

   García Retegui indicó que, al parecer, por el momento, "sólo han llegado a Lorca alrededor de 50.000 euros de todas las ayudas aprobadas y enviadas desde la Administración del Estado".

   El Grupo Parlamentario Socialista pide la comparecencia urgente en la Asamblea Regional del consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, para que explique "cuáles han sido los ingresos del Gobierno de España, las fechas de estos ingresos y cuáles han sido los pagos efectuados por el Gobierno regional".

   "El Gobierno regional no se puede justificar alegando la tramitación de los expedientes, ya que la Administración central sólo los tramita una vez comprobado que cumplen todos los requisitos. Por lo tanto, no valen excusas", ha concluido.

La moratoria a los rumanos obliga a 200.000 a trabajar en la economía sumergida

MADRID.- El presidente de la Federacion de asociaciondes rumanas de Europa (FADERE), Daniel Tecu, ha asegurado que 200.000 rumanos están trabajando en España en la economía sumergida "por culpa" del Gobierno y de su decisión de recuperar la moratoria que restringe el acceso al mercado laboral de los ciudadanos de esta nacionalidad. La asociación ha denunciado al Ministerio de la Presidencia por esta decisión. 

  Tecu ha denunciado que con el restablecimiento de la moratoria, "todos los que no estaban inscritos en ese momento en el INEM, aunque tuvieran documentación desde hacía 20 años, perdieron su permiso de trabajo" y, como la medida se aprobó en verano (22 de julio), muchos se habían vuelto a Rumanía para pasar la temporada sin haberse inscrito primero.

   "Los rumanos suelen darse de baja e irse a Rumanía por tres o cuatro meses. Al regresar, se han encontrado con que no han podido darse de alta de nuevo y como tienen aquí sus casas y sus vidas, no van a quedarse sin comer, así que están trabajando en el mercado negro", ha asegurado.

   Según explica, la cifra es tan elevada porque "para un rumano estar o no inscrito carece de importancia".

"Si ellos no están trabajando se ponen a buscar trabajo, que es su prioridad, pero lo buscan por ahí, la mayoría no busca trabajo inscribiéndose en el Inem", ha apuntado.

   Fadere calcula que hay 200.000 personas afectadas por la restricción y estima que si cotizasen por los trabajos que están desempeñando actualmente, se alcanzaría "una cifra muy alta de ingresos a la Seguridad Social". 

"El Gobierno está perdiendo este dinero y la sociedad española también", ha apostillado.

   Para Tecu, los afectados no son los trabajadores del campo, "un 10 o 15 por ciento de los rumanos que viven en España" y que se concentran en la zona sur del país. "A esos no les ha afectado tanto porque vienen de temporada pero tienen su casa en Rumanía. Los que yo señalo son los que tienen su vivienda en España y la están pagando", ha aclarado.

   El responsable de Fadere ha apuntado que muchas de estas personas se han dirigido a las autoridades para intentar conseguir el permiso de trabajo que ahora necesitan si quieren estar empleados por cuenta ajena, pero hasta hace "unos días" no han comenzado a expedirse. En cualquier caso, afirma, el procedimiento es muy irregular, ya que "hay gente que en tres meses no obtiene respuesta y gente que la recibe en ocho días".

   Por otra parte, Tecu ha explicado que la organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Gobierno que recuperó la moratoria así como las instrucciones y la adenda que la desarrollan, en el que sostiene que la medida "no se ajusta a derecho" y es "gravemente perjudicial para los derechos e intereses del colectivo que representa" Fadere.

   En paralelo, la organización ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el que explica que sus instrucciones están impidiendo trabajar "a aquellos ciudadanos rumanos que estaban trabajando legalmente en España antes del 22 de julio pasado y que por cualquier razón, a esa fecha concreta no figuraban de alta en la Seguridad Social o no constaban como demandantes de empleo en el INEM".

   "Esto vulnera de plano los derechos adquiridos de esas personas que, por cualquier causa, de modo transitorio hayan dejado de encontrarse justo en esa fecha en cualquiera de esas dos situaciones y antes lo hubieran estado durante muchos meses", señala el recurso.

   Según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores y las restricciones laborales para rumanos y búlgaros que todavía se mantienen en una decena de Estados miembros, España es el país de la UE con más parados de estas nacionalidades, con algo más del 60 por ciento del total, seguido de Italia con un 23 por ciento.

   Además, España es el país más beneficiado económicamente por la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros, que han contribuido a un crecimiento del PIB español del 1,7% entre el 2004 y el 2009, frente al 0,3% de media en el conjunto de los Veintisiete y del 0,4% en los 15 antiguos Estados miembros.

José Blanco: 'España cumplirá en 2011 con el déficit si las CC AA cumplen'

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que el conjunto de la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas "va por buen camino" para cumplir sus objetivos de déficit en 2011, pero si hay que adoptar medidas "en 2012 o 2013" la decisión corresponderá al Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre. 

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Blanco ha respondido de esta forma al ser preguntado por las previsiones de la Comisión Europea de que España cerrará 2011 con un déficit público del 6,6%, frente al 6% previsto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

   Blanco ha recalcado que ahora es "prioritario" que las comunidades "asuman sus compromisos y cumplan" con las medidas contenidas en los planes de reequilibrio remitidos al Ministerio de Economía y Hacienda.

"Si cumplen con los planes de reequilibrio al final de año, cumpliremos con los objetivos de déficit", ha asegurado.

Banco Mare Nostrum coloca bonos convertibles en acciones por 242 millones

MADRID.- El Banco Mare Nostrum (BMN) dijo hoy viernes que ha cerrado su emisión de bonos obligaciones convertibles en acciones por importe de 242,5 millones de euros destinada a reforzar su balance ante las necesidades de recapitalización exigidas por el Banco de España y puesto que hoy ha sido la fecha de desembolso de esa cantidad. La conversión dará a los tenedores de bonos un 25,11% del capital del banco. El banco buscaba colocar bonos convertibles por importe de 250 millones de euros.

En una nota a la CNMV, Mare Nostrum dice que la conversión dará a los tenedores de esos bonos un 25,11% del capital del banco. Con la operación, BMN reconoce que ha elevado su capital principal al 9,2%.
Banco Mare Nostrum ha dado entrada a inversores privados hasta ese 25,11% de su capital tras emitir esas obligaciones subordinadas, necesariamente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, valoradas en 2,89 euros cada una, lo que supone un descuento sobre el valor en libros de la entidad del 67 % y con el fin de fortalecer su solvencia y evitar así la ayuda pública con la entrada del Estado en su accionariado.
   Según comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco integrado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y Sa Nostra ha alcanzado tras esta operación un capital principal del 9,2%.
   El importe total de la emisión ascendió a 242,2 millones de euros, divididos en 1.615 obligaciones de 150.000 euros de valor nominal cada una de ellas y una rentabilidad fija anual del 8 %.
BMN, que se compromete a cotizar en Bolsa antes de diciembre de 2014, fecha límite para convertir esas obligaciones en acciones, ha informado además de que solicitará la admisión a cotización de las mismas en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.
BMN tenía inicialmente unas necesidades de capital de 637 millones de euros para llegar a un capital básico del 10% en el caso de no completar una colocación de al menos el 20% del capital entre inversores privados. .
Mediante la venta de activos y la generación de fondos orgánica ya contaba a junio con un ratio de capital de entre 8,8 y 8,9% con el que ya cumple de facto las exigencias del banco emisor, ya que la colocación de al menos un 20% del capital entre inversores privados reduce las exigencias al 8%.
BMN finalizaría así unos planes de reforzamiento de solvencia que fue imposible cumplir mediante la colocación de acciones en Bolsa.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra / Javier Gil Sanz

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

http://economiaaloclaro.blogspot.com/2011/10/los-ayuntamientos-un-paso-de-la-quiebra.html 

Cascos avisa de que Rajoy no sabe lo que va a hacer con el "futuro de España"

MADRID.- El presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró anoche que el líder del PP, Mariano Rajoy, no quiere explicar sus propuestas porque sencillamente "no sabe lo que va a hacer a partir del 21 de noviembre con el futuro de España".

Durante un acto electoral en Madrid, el líder de Foro Ciudadanos ha criticado la actitud de Rajoy y también la del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que no tiene "ninguna credibilidad" y que aunque en su programa llevara "milagros" no le votarán los ciudadanos porque ya no le creen al haber situado el PSOE a España en este "punto dramático".

Álvarez-Cascos ha lamentado la actitud de los candidatos de los partido mayoritarios en el debate de pasado lunes y ha defendido que su fuerza concurre a estos comicios como el "único contrapeso" para que se apoye el Gobierno ante las "tensiones nacionalistas".

"No somos antinacionalistas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que su formación lo que quiere es "más España, mejor España" frente al discurso de los nacionalistas de "pedir menos España".

Para Álvarez-Cascos, Foro es el "tensor" que puede neutralizar "los vientos dominantes" de los nacionalistas para que el Gobierno no tenga que ceder y sea fuerte en la defensa de los intereses del Estado.

Por ello, ha incidido en la necesidad de que su partido consiga grupo parlamentario propio en las Cortes Generales para que su programa no se quede en un ejercicio "teórico", pueda estar donde se toman las grande decisiones y contribuya a una España "mejor en los próximos cuatro años".

En este sentido, ha resaltado que su formación es la alternativa al bipartidismo y que surge para "romper la falta de credibilidad de unos y la falta de programa de otros".

Tras denunciar la situación económica de España, el presidente asturiano ha insistido en que lo más "urgente" es un política de recortes del gasto público, un asunto sobre el que hay "muchas diferencias" según los partidos.

En su comunidad no van a hacer ajustes en "servicios esenciales" como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha añadido Álvarez-Cascos, que prefiere "recortar" en las televisiones autonómicas y no cerrar ambulatorios como Cataluña o dejar de pagar medicamentos como ocurre en otras autonomías.

"Estamos recortando sin tocar las prestaciones esenciales que los ciudadanos consideran prioritarias en el Estado del Bienestar", ha agregado.

Ha detallado una serie de propuestas de su formación, como la de contribuir a que las empresas españolas ganen "competencia", una nueva reforma laboral, reordenar el sistema fiscal y que los empresarios no tengan que pagar el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas.

También ha abogado por reducir burocracia, bajar el impuesto de Sociedades y que las empresas que se creen estén exentas de tributos durante el primer año y del cincuenta por ciento en el segundo.

"Hay que hacer muchas reformas estructurales", ha continuado Álvarez-Cascos, que además ha apostado por reducir el coste energético y ayudar al sector de la gran industria, que tiene un "gravísimo problema de competitividad".

Además, dedicó parte de su mitin a la política internacional e instado a hacer una diplomacia "comercial" para ayudar a abrir mercados a las empresas en vez de una política exterior que haga "amistades ideológicas en función de intereses políticos".

Álvarez-Cascos ha subrayado que es necesario un Gobierno "serio" que no tenga que "estar de rodillas ante la UE escribiendo al dictado".

El Grupo Generala comienza a negociar para evitar el concurso de acreedores

MURCIA.- La deuda que las administraciones públicas mantienen con Grupo Generala, cifrada en 90 millones de euros, ha llevado a la empresa a acogerse al artículo 5.3. para comenzar, de este modo, una negociación con los acreedores, y principalmente con las administraciones públicas, con la finalidad de evitar el procedimiento concursal, garantizar los empleos y responder a las obligaciones con clientes y proveedores.

   Esta deuda contraída como consecuencia de los servicios que presta a las diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno central, ha obligado a Grupo Generala a recurrir a esta fórmula legal para ordenar su situación financiera ante los constantes "impagos" de la Administración.

   No obstante, la compañía ha precisado en un comunicado que está al día en el abono de las nóminas de sus trabajadores, genera beneficios y mantiene un balance sólido "con el único problema del retraso en los cobros de la Administración pública".

   Su objetivo, y principal preocupación, es "mantener a toda la plantilla para continuar desarrollando los servicios que tiene contratados".

   Grupo Generala suma 25 años de trayectoria con una actividad diversificada en diferentes sectores que incluyen servicios de mantenimiento de zonas verdes, limpieza de hospitales, prevención de incendios, conservación de espacios naturales, limpieza viaria y recogida de residuos, construcción y jardinería.

Los empleados de Latbus se manifiestan para exigir el pago de sus nóminas atrasadas

MURCIA.- Los empleados de la empresa de transporte público Latbus han cumplido su segundo día de huelga y han salido a las calles de Murcia en manifestación para reivindicar a la empresa el pago de las nóminas de septiembre y octubre, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Cano.

   Tras la huelga del pasado lunes, los empleados de la empresa han vuelto a reunirse a las 6.00 horas en las cocheras de Latbus, donde han supervisado el cumplimiento de los servicios mínimos, que han salido con un poco de retraso como consecuencia de la inspección y del agolpamiento a las puertas de los garajes.

   Posteriormente, los empleados han recorrido las calles de Murcia para protestar, en una manifestación que ha salido de El Rollo, ha pasado por las calles Floridablanca, Hernández del Águila, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta la plaza de la Fuensanta.

   Cano confirma que el pasado martes fueron llamados por la Entidad Pública del Transporte (EPT) y citados en la oficina de resolución de conflictos laborales, donde la empresa les ofreció pagar las nóminas a plazos "como si los empleados fuéramos una entidad financiera".

   Los trabajadores se negaron rotundamente a esa posibilidad, ya que su deseo es cobrar "tal y como está pactado en el contrato, del 1 al 5 y todo el mes". En contrapartida, la oferta de la empresa pasa por pagarles las nóminas que les deben en la semana del 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre.

   El problema de esta alternativa, según Cano, es que tras cumplir con los atrasos de septiembre y octubre, los empleados "volverían a quedar con atrasos de las nóminas de noviembre y diciembre", una posibilidad que rechazan porque supondría "financiar el transporte público".

   Por lo tanto, Cano prevé que la huelga continúe este viernes, a no ser que "alguien saque una varita mágica y resuelva el conflicto, porque el dinero que había para el transporte en Murcia ha desaparecido, según manifiesta la EPT".

   Así, lamenta que la negociación "se prevé dura", y no confía en una resolución a corto plazo, aunque ha dicho preferir estar de huelga y sin cobrar a estar sin cobrar y seguir trabajando. "Vamos a aguantar lo que sea necesario", ha advertido.

La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia mantiene su competencia para enjuiciar caso Tótem

MURCIA.- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia mantiene su competencia para el enjuiciamiento del denominado caso Tótem, de corrupción urbanística en Totana, contra el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras doce personas, según lo acordado en el auto de 2 de noviembre.

   Respondiendo a la solicitud formulada por una de las partes de inhibición a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana, el tribunal ha acordado que "no ha lugar a la misma conforme al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo plasmado en sentencia de 8 de marzo de 2002".

   Se establece pues que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia queda fijada en el momento en que deban comenzar las sesiones del juicio oral. De modo que, al haberse fijado el primer señalamiento antes de que el diputado acusado, Juan Morales, perdiera su condición de aforado, "la Sala debe mantener su competencia para el enjuiciamiento del asunto y rechazar la solicitud de inhibición", según fuentes del TSJ.

   La Sala del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desestimó ya la recusación contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia, encargados de enjuiciar el caso. Esta recusación sostenía que estos magistrados podían haber quedado 'contaminados' al haber intervenido en la resolución de distintos recursos y hubieran realizado un juicio 'valorativo' de las diligencias sumariales.

   Fue a finales de noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.

   El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.

   En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas, entre ellas el que fuera alcalde de Totana (PP) hasta las pasadas elecciones autonómicas y municipales, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión dos meses y el partido lo dio de baja; así como el ex regidor totanero de este mismo municipio, Juan Morales, que aunque por su condición de diputado (primeramente del PP y tras ser expulsado, del Grupo Parlamentario Mixto) no fue detenido, la Sala competente del caso acordó, tras más de 12 horas de declaración, su prisión provisional eludible bajo una fianza de 200.000 euros que hizo efectiva antes de que se agotara el plazo fijado por el magistrado.

   De ahí que una pieza de la operación 'Tótem' la asumiera el Juzgado de Totana, mientras que la que afecta a la persona del ex diputado se declaró competente para enjuiciar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia al entender que hay "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el ex parlamentario, entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".

   Está previsto que pasen por el banquillo el ex alcalde y ex diputado, Juan Morales; Gabriel Martínez, de la empresa Huevos Maryper; Joaquín Carmona, gerente de Nubia Inversiones; y su socio, José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuarias Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.

   Así como la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán; el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo, de Agroproducciones Integradas S.L.; Domingo Sánchez Martínez, de Visanfer S.S; la novia de Morales, Vaneyde Freita; y José Miguel Martínez Soler.

Bruselas alerta de "riesgos" en la banca española por la exposición a la vivienda

MADRID.- La Comisión Europea ha alertado de "riesgos" en el sector bancario español por la fuerte exposición al sector de la construcción, que se está traduciendo en una reducción de los beneficios y una contracción del crédito.

   La rebaja del pronóstico de crecimiento para España en 2011 y 2012 -que Bruselas ha situado en el 0,7% del PIB cada año- "tiene consecuencias negativas para el sector bancario español", según alerta el Ejecutivo comunitario en sus previsiones económicas de otoño.

   "Pese a unas minusvalías ya significativas (que representan el 10% del PIB desde 2008), los bancos todavía tienen una exposición importante al sector de la construcción. Debido a las difíciles condiciones de financiación el proceso de desapalancamiento se ha acelerado, reduciendo más el crédito al sector privado, lo que puede tener consecuencias negativas para la inversión y el consumo de bienes duraderos", insiste el informe.

   "La rentabilidad de los bancos está reduciéndose y el riesgo de crédito sigue siendo una preocupación, ya que los préstamos morosos están aumentando y el ajuste del sector de la vivienda prosigue", resalta la Comisión.

   El Ejecutivo comunitario avisa en este sentido de que el ajuste tras la burbuja inmobiliaria, que en principio debería haberse completado en 2013, "está siendo retrasado por una restricción más aguda del crédito en este sector".

   En todo caso, la Comisión recuerda que para aumentar la resistencia del sector bancario español, el Banco de España ha aumentado los requisitos mínimos de capital, que "ya han sido cumplidos por una gran mayoría de los bancos".

Estiman que el 90% de las participaciones de CAM fueron colocadas con engaños

ALICANTE.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) calcula que el 90% de las participaciones preferentes "colocadas" por Caja Mediterráneo (CAM) a sus clientes fueron comercializadas mediante "engaños".

 

Así lo ha defendido hoy en Alicante el presidente nacional de ADICAE, Manuel Pardos, en varias asambleas para informar a los consumidores de los productos tóxicos emitidos tanto por CAM y como por otros bancos y cajas.

Pardos ha afirmado que las participaciones preferentes de CAM fueron comercializadas bajo "la apariencia de una renta fija" ya que la mayoría de los clientes las compraron pensando que se trataban de un producto de plazo fijo y en el que la entidad adquiría un compromiso para su venta casi inmediato.

Todo esto cuando, en realidad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las considera un "producto de riesgo" porque supone un tipo de deuda de la entidad de carácter perpetuo que únicamente es reconvertible en los mercados secundarios.

Ha añadido que con la crisis financiera el movimiento de estos mercados "ha caído muchísimo" hasta el punto de que se puede considerar que está "cerradísimo".

Además, ha recordado que las citadas participaciones preferentes carecen de un fondo de garantía que las respalde en caso de insolvencia de la entidad financiera y, además, en caso de quiebra los titulares estarían por detrás de los acreedores para los pagos y sólo por delante de los accionistas.

Por todo ello, el presidente de ADICAE cree que los clientes podrían en un futuro reclamar y obtener por la vía extrajudicial o judicial el capital aportado, siempre que se demuestre que las participaciones les fueron colocadas de forma engañosa.

Ha agregado que esto ha ocurrido en 9 de cada 10 casos porque es difícil que un porcentaje mayor sea conocedor por sí mismo de un producto financiero tan complejo.

Pese a la "incertidumbre e inquietud" suscitada por la situación de CAM, Pardos ha recordado que la caja alicantina cuenta con el respaldo del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y que, previsiblemente, éste sólo procederá a la venta de la entidad a otra que sea "solvente y que debería cumplir sus obligaciones".

Sobre la situación de Banco de Valencia, el presidente de ADICAE ha comparado la gestión de la entidad con la de CAM por compartir una "situación contable ruinosa", y ha opinado que deberá ser su matriz, Bankia, la que deba asumir cualquiera de los compromisos del banco.

El Ministerio de Defensa admite su falta de liquidez para hacer frente a los pagos comprometidos

MADRID.- La ministra Carmen Chacón ha dicho públicamente que el Ministerio de Defensa por falta de liquidez no puede hacer frente al pago de 26.692 millones de euros correspondientes a los 19 Programas Especiales de Armamentos (Peas) comprometidos con diversas industrias, según el digital www.rebelion.org

El secretario de Estado de su Ministerio, Constantino Méndez, fue más lejos, y en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso (6/10/2011) afirmó que “no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

Sorprendente, pero claro y llano, el Ministerio de Defensa se encuentra en suspensión de pagos. No tiene recursos suficientes para hacer frente a los grandes programas de armamentos y como se tendrán que renegociar con las industrias militares y aplazar sus pagos, el mismo Ministerio avisa que la deuda se incrementará de manera importante. 

Los técnicos del propio Ministerio han hecho una proyección para el año 2015 con un importe final de la deuda que ascenderá a 36.876 millones €.

El juez Grande-Marlaska asume la instrucción de la causa tras la denuncia contra la dirección general de la CAM

MADRID.- El juez Fernando Grande-Marlaska Gómez, titular del juzgado central nº 3 de la Audiencia Nacional ha aceptado instruir la causa contra la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, tras el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y una vez admitida a trámite la denuncia por varios presuntos delitos efectuada en su día por el letrado murciano Diego de Ramón Hernández. Y así lo ha hecho saber hoy a las partes mediante una providencia fechada el pasado día 8 de noviembre.

La decisión judicial es consecuencia, además, del oficio remitido a Grande-Marlaska por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada asumiendo las competencias con el conocimiento de las citadas diligencias por parte de los fiscales Luis Pastor Mota y Luis Rodríguez Sol.

Grande-Marlaska justifica, por su parte, la asunción de competencias en la denuncia de Diego de Ramón y otros por los presuntos delitos de estafa, societario y falsedad documental, por el informe fiscal favorable del pasado 7 de noviembre por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de los delitos comprendidos en el artículo 65.1c de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que, del exámen de las actuaciones y basándose en lo dispuesto en los artículos 65 y 88 de la citada ley orgánica, procede, de conformidad con el dictámen del ministerio fiscal, aceptar la competencia para el conocimiento de la presente causa por cuanto que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos contemplados en los artículos 248, 290 y 390 y siguientes del vigente Código Penal.


En su Providencia, Grande-Marlaska ordena finalmente se libre oficio al Banco de España para que los administradores provisionales de la CAM y Banco CAM den cuenta de su situación y, principalmente, de cuantas irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil se pudieran haber cometido por los anteriores responsables, debiendo presentar un primer informe de avance a la mayor brevedad posible.

Según 'Adicae', entidades financieras habían iniciado una "fuga adelante" de recapitalización con productos tóxicos

ALICANTE.- El presidente de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha destacado que ahora se empieza a saber "la actuación de las entidades financieras" en la venta de productos "cada vez más complejos" y, en algunos casos, "tóxicos" porque "querían recapitalizarse, tapar sus agujeros en una especie de la fuga hacia adelante intentando no llegar a que el Banco de España o el FROB las interviniera".

   Con motivo de la celebración de varias asambleas en Alicante para informar a los clientes sobre "productos tóxicos de la CAM y de otros bancos y cajas", Manuel Pardos ha lamentado la "venta engañosa" de "productos complejos" que algunas entidades han venido haciendo con la finalidad de "retrasar" o evitar una posible intervención.

  "Nos estamos enterando de la actuación de las entidades financieras españolas", ha dicho Pardos, quien ha considerado que en "el caso de las cajas son más flagrantes por su carácter social". Desde su punto de vista, "querían recapitalizarse, tapar sus agujeros en una especie de la fuga hacia adelante intentando no llegar a que el Banco de España o el FROB las interviniera".

   Por ello, ha vaticinado que "aún veremos otras muchas, pero como se ha visto el Banco de Valencia hacía publicidad de depósitos muy agresiva, y los demás no sabíamos lo que iba a pasar, ellos sí". Según ha dicho, la situación de las entidades las conoce "el Banco de España y el Gobierno y ellos, y nadie más".

   Adicae ya sabía que existían "este tipo de productos pero no comercializados tan masivamente y con esos caracteres, a personas mayores, con menos cultura financiera, abusando claramente de su confianza". Pardo ha destacado que hay "un estándar de venta engañosa: no te preocupes, esto es lo que te conviene...". Esta táctica de venta "es lo que permite su defensa, el carácter engañoso", ha dicho.

   En el caso de Caja Mediterráneo, ha señalado que tienen 200 quejas, y esperan más tras las asambleas que van a celebrarse, por la venta de un producto que, en principio, era supuestamente vendido como plazo fijo y que, posteriormente, estaba ligado a la compra de deuda perpetua. Cuando vence el plazo, el usuario se acerca a recuperar el dinero o se interesa porque la caja ha sido intervenida "se encuentra con que no puede sacar el dinero".

   Según Pardos, se les decía "puedes venderlo en cualquier momento, pero lo que no les decían y que no podían entender los usuarios es que era en el mercado secundario, llamado AIAF, un mercado muy difícil y que con la crisis financiera está prácticamente colapsado, y que con el caso de las participaciones preferentes de la mayoría de las entidades, incluso con penalizaciones de pérdida de hasta un 40 por ciento del dinero invertido, pero incluso poco vendibles en este momento ni con penalización, dada la situación del mercado".

   A su modo de ver, "un usuario no puede entender eso" y no se les pasaba el cuestionario previo que acredite que entiende las condiciones de los productos que estaban adquiriendo.  

  Este incumplimiento, según Pardos hace tener "una esperanza" de que los clientes puedan recuperar su dinero porque las entidades "estuvieron incumpliendo la normativa MiFID, vigente desde noviembre de 2007, referente a que para contratar un producto de riesgo le tienes que pasar un test de conveniencia".

   "Estos depósitos estructurados con obligación de coger preferentes, no sabemos si otras lo hicieron, pero es particularmente dañino", ha dicho. Pardos ha matizado que este tipo de productos los "hay en todas las entidades pero las noticias sobre la CAM y su intervención han levantado las alarmas entre los usuarios, particularmente en la Comunitat Valenciana porque habían vendido mucho, estaban muy concentrados".

   Las asambleas, con tres turnos a las 12.00, a las 17.00 y a las 19.30 horas de este miércoles en la sede que Adicae tiene en la calle Arquitecto Guardiola de Alicante, tienen como misión recopilar "documentación, fotocopias y se adhieren o no a una reclamación colectiva, judicial o extrajudicial con la asociación", ha explicado Pardos.

  "Preferimos una acción extrajudicial pero informamos a cualquier usuario sobre la situación concreta, se revisa, se informa de las preferentes y se les invita a adherirse a una plataforma para reclamar por diversos medios: presión, mediación, negociación, denuncias a la CNMV o Banco de España, si hubiera lugar, y finalmente si no se logra resolver mediante una acción judicial colectiva", ha explicado.