viernes, 4 de noviembre de 2011

España necesita financiación por 330.000 millones en 2012, según De Guindos

MADRID.- España acumula una necesidad de financiación por importe global de 330.000 millones de euros en el ejercicio 2012, lo que supone la tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB), según los cálculos difundidos por el director del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, Luis de Guindos.

   De este importe, los vencimientos de la banca se elevan a 120.000 millones, cantidad que triplica la de 2011 y a la que hay que sumar los vencimientos a medio y largo plazo del Tesoro (110.000 millones), las necesidades adicionales para cubrir un déficit público del 4,4% (50.000 millones), los vencimientos de emisiones de las corporaciones (30.000 millones), y las necesidades de financiación de las comunidades autónomas (20.000 millones).
   "El problema más acuciante y el verdadero riesgo de la economía española y del sistema bancario español en estos momentos es la situación de liquidez", sostuvo De Guindos, tras destacar que los mercados se encuentran "bastante cerrados" y que si no se abren se puede intensificar "de forma notable" la restricción del crédito, sobre todo al consumo y a las pequeñas y medianas empresas.
   La cerrazón de los mercados provocará que la banca reactive la guerra de depósitos para captar pasivo, lo que incrementa el coste de la financiación y estrecha sus márgenes, por lo que "es imprescindible" avanzar tanto en los ajustes de política fiscal como en la transparencia en el sector financiero, sobre todo en cuanto a su exposición al suelo, enfatizó.
   Según De Guindos, la banca española acumula una exposición al suelo dentro de su riesgo inmobiliario y promotor por importe total de unos 120.000 millones de euros, provisionados al 30%, y debe reconocer las pérdidas en balance asociadas a su depreciación para posteriormente cubrirlas con capital.
   "Es necesaria una valoración ajustada a la realidad" dijo el ex secretario de Economía durante el Gobierno del PP, quien no obstante, rechazó de plano la necesidad de establecer provisiones por la totalidad de los préstamos en suelo por considerar que este activo "no vale cero y sería un error" hacerlo.
   El problema del suelo en España deriva de la caída de la demanda de vivienda, con entre 700.000 y 800.000 unidades en 'stock', lo que también apunta a la necesidad de ajustar las valoraciones del precio de la vivienda, sostuvo De Guindos, si bien eludió ofrecer una cifra estimativa al respecto.
   A su parecer, "si no se fuerza a un saneamiento total de los activos, incluidos los tóxicos que todavía tienen en balance los bancos, la recapitalización acordada a escala europea puede no ser suficiente para mejorar el acceso de la financiación de las entidades", ya que incentiva a dotar menos provisiones para generar más reservas y a reducir el crédito bancario, dijo.
   Los 26.161 millones de euros de capital adicional requerido por las cinco mayores entidades españolas (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Popular) según los cálculos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), suponen discriminar a la banca española, ya que olvidan sus peculiaridades regulatorias positivas, como las provisiones dinámicas, consideró.
   Asimismo, De Guindos hizo hincapié en lo "extremadamente paradójico" de que los bancos españoles, que son los que menos deuda griega tienen en balance de toda Europa, hayan resultado ser los que mayor necesidad de capital tienen después de los griegos."Hay una relativa discriminación y sesgo que penaliza a los bancos españoles, que se han visto menos penalizados en Bolsa que otros", sostuvo en alusión directa a los bancos franceses.
   De Guindos puntualizó que del informe elaborado por el Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School se desprende que el conjunto de la banca española habría necesitado unos 30.000 millones de euros para recapitalizarse si la Comisión Europea y la EBA hubieran incluido en sus mayores exigencias de solvencia a todo el sector financiero y hubieran realizado el cálculo en función del balance a septiembre y no a junio.
   Concretamente, la EBA ha aplicado un descuento de mercado sobre la deuda soberana española en el balance de los bancos del 2,8%, lo que acarrea un riesgo implícito de reducción del apetito de compra de bonos españoles, especificó.
   Dicho riesgo es menos importante que el de que la banca recurra a la reducción de los activos ponderados por riesgo (variable que se usa para establecer el capital de máxima calidad) para minimizar su necesidad de capital, lo que se traduce en una contracción de la concesión de crédito.
   En cualquier caso, De Guindos incidió en que resolver el problema de Grecia y que se genere de nuevo una expectativa de crecimiento económico en España es fundamental para que se abran los mercados de financiación para las entidades y se pueda romper el "círculo vicioso" de la elevada remuneración del pasivo y la contracción del crédito.

Santander, único banco español entre las entidades sistémicas a nivel mundial

CANNES.- El  Santander es el único banco español incluído en el listado inicial de las 29 entidades financieras con importancia sistémica, aquellas consideradas "demasiado grandes para quebrar", que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) ha presentado a los líderes del G-20 reunidos en la localidad francesa de Cannes y que obligará a someterse a una supervisión más estricta y contar con niveles de capitalización más elevados.

No obstante, el Consejo precisó que este listado de entidades sistémicas será actualizado anualmente por la institución cada mes de noviembre, por lo que los requisitos adicionales de capitalización sólo serán exigidos a aquellas que aparezcan en la lista de noviembre de 2014.
En concreto, las entidades que sean consideradas de importancia sistémica dentro de tres años deberán generar un amortiguador adicional de capital de entre el 1% y el 2,5%, que podría alcanzar el 3,5% en caso de incrementarse los riesgos, de manera gradual entre enero de 2016 y enero de 2019.
A este respecto, los autores de la propuesta destacaron que "los duraderos beneficios económicos derivados de la mayor capacidad de resistencia de estas entidades sobrepasa ampliamente el modesto y temporal impacto negativo sobre el PIB".
"Hacer frente a la cuestión del 'demasiado grande para quebrar' exige un abanico de medidas integrales y heterogéneas", explicó la institución, que pide someter a estas entidades a "una supervisión más intensiva y efectiva".
De este modo, el Consejo plantea establecer a nivel internacional un nuevo estándar que sirva de referencia para reformar los mecanismos nacionales de resolución de estas entidades al determinar las responsabilidades, instrumentos y poderes que todos estos regímenes nacionales deberían incluir para dotar a las autoridades de cada país de la capacidad de liquidar a estas firmas financieras de manera ordenada y sin exponer a los contribuyentes al riesgo de pérdidas.
En este sentido, el FSB subrayó que las 29 entidades incluídas en este listado inicial tendrán que cumplir a finales de 2012 con los requisitos contemplados en los citados planes de resolución, también conocidos como 'testamentos vitales'.
Además, el Consejo señaló que las autoridades nacionales cuentan con la capacidad de ampliar a otras entidades la obligación de cumplir con estas exigencias en sus respectivas jurisdicciones.
El listado elaborado por el FSB cuenta con una clara predominancia de entidades domiciliadas en el Viejo Continente, ya que un total de 17 de las 29 firmas son europeas.
En concreto, aparte del Santander, aparecen otros bancos como Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Dexia, Crédit Agricole, HSBC, ING, Lloyds Banking Group, Nordea, Royal Bank of Scotland, Société Générale, UBS, Unicredit y Banque Populaire.
Por su parte, EEUU cuenta con 8 representantes: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street, Wells Fargo y Bank of New York Mellon.
El resto de de entidades consideradas de importancia sistémica por el FSB son Bank of China, y las japonesas Mitsubishi, Mizuho y Sumitomo Mitsui.

Los sindicatos de la CAM denuncian que se ha aumentado dos horas el horario laboral

ALICANTE.- La plataforma de unidad sindical de Caja Mediterráneo (CAM), integrada por SICAM, UGT, Alta, CCOO y CSICA, ha presentado un escrito ante la Inspección Provincial de Trabajo en el que denuncian el aumento en dos horas de la jornada laboral de los empleados de la entidad alicantina.
 
Según han informado fuentes sindicales, la firma y entrega de este documento llega después de que los sindicatos no hayan recibido respuesta de la Inspección de Trabajo a su solicitud de una reunión, petición realizada el pasado 25 de octubre.
En el escrito la plataforma asegura que el pasado jueves 20 de octubre la Dirección Territorial de Murcia de CAM dio las primeras instrucciones para que los empleados acudieran a trabajar todas las tardes de 17 a 19 horas, un tramo que "no sería remunerado".
Para las organizaciones sindicales, los responsables de oficinas de CAM están siendo "coaccionados por sus superiores" para este aumento del horario laboral.
La plataforma sindical ha recordado que esas dos horas incumplen el artículo 31 del convenio colectivo de cajas de ahorro, así como el acuerdo laboral firmado en junio de 2008, donde se indica que el horario de los trabajadores de CAM es de 8 a 15 horas, ampliado los jueves primero y último de cada mes de 16.30 a 20 horas, excepto festivos.
Así pues, son "horas extraordinarias todas las que se hagan fuera de ese horario".
Los sindicatos no entienden como "en una empresa con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en vigor, que supone reducción de empleos alegando la disminución del negocio, se puede exigir a la plantilla que haga horas extraordinarias fuera de su horario legítimamente establecido".
Los sindicatos aseguran que el personal de la caja de ahorros acude a su puesto de trabajo en esas horas "por miedo a ser represaliados por sus superiores".
La Inspección Provincial de Trabajo tiene ahora 15 días de plazo para estudiar si aceptan intervenir en este hecho, según las citadas fuentes sindicales.

La CAM se desangra: se hunde en Bolsa y pierde el 80% del patrimonio de fondos de inversión

VALENCIA.- A medida que transcurren las semanas se constata el abandono que está sufriendo el pequeño inversor de Caja Mediterráneo (CAM). Y no sólo de los 'accionistas', es decir, de los cuotapartícipes, sino también de los partícipes de fondos de inversión. Por no hablar de los que tienen preferentes y subordinadas. Mientras tanto habrá que esperar a la celebración de las elecciones del próximo 20-N para conocer qué entidad se va a quedar con la caja alicantina en el proceso abierto que mantiene el Banco de España. Pero el tiempo va pasando y los minoristas asisten -no sin cierta desilusión- a cómo se reducen sus inversiones en los productos de la entidad intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según www.valenciaplaza.com

Las cuotas participativas hicieron ayer historia al cerrar en el nivel más bajo desde los 5,84 euros que debutaron en bolsa en julio de 2008. Concretamente lo hicieron en los 1,28 euros después de dejarse un 3,76%, 'pecata minuta' comparado con el 78% que se han dejado en el camino en su trayectoria bursátil. Sin embargo, todavía están algo lejos de los 0,91 euros que llegaron a marcar durante la sesión del pasado 26 de agosto.
"La situación es muy complicada y nos sentimos completamente abandonados", advierte Víctor Baeta, presidente de la Asociación de Impositores Valencianos de la CAM, que ha solicitado formalmente una entrevista con el conseller de Economía para que "haga de mediador entre los cuotapartícipes y los actuales administradores del Banco de España en la caja alicantina". Aunque algún analista consultado por este digital se sorprende que esta valor no valga cero, al ser la caja una entidad en quiebra técnica e intervenida.
Baeta tiene claro que los 'accionistas' de la CAM junto al Estado han "contribuido a capitalizar la caja para pagarnos así", mientras confía en que más pronto que tarde obtengan una respuesta y para ello no se va a cansar de reunirse con los responsables del Banco de España y el FROB "tantas veces como sea necesario por el bien de la entidad, sus trabajadores, depositantes e impositores".
Mientras tanto, Gestimed, la gestora de fondos de inversión de la CAM, cerró octubre con el patrimonio más bajo de los últimos años, según las cifras provisionales aportadas esta misma semana por la Asociación de Instituciones de Inversión Coletiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
La estampida de los partícipes va a más hasta el punto que gestoras de tamaño bastante más reducido se sitúan ya por encima de Gestimed, que ocupa el puesto número 51 del ranking que elabora la patronal del sector.
Una posición que dista mucho de las posiciones que históricamente ha ocupado -entre las veinte primeras- y que es síntoma evidente de la desconfianza que inspira la entidad entre sus pequeños inversores. Una circunstancia a tener muy en cuenta, dado que este patrimonio de fondos se dirigió en un primer momento a participaciones preferentes para ganar solvencia y más tarde a depósitos para liquidez.
Los 484,95 millones de euros que gestionaba Gestimed a 31 de octubre pasado, siempre según los datos provisionales de Inverco, representan una caída del 31% en lo que va de año y de un 55% tomando como referencia los 1.071,20 millones que tenía a buen recaudo el último día de 2009. Nada comparado con el 80% que se ha dejado atrás desde que arrancó la actual crisis, puesto que a 31 de diciembre de 2007 el patrimonio de la gestora de la CAM era de 2.305,32 millones de euros.

España, peligro inminente / Ignacio Ramonet *

La histórica decisión de la organización ETA (Euskadi Ta Askatasuna), anunciada el pasado  20 de octubre, de “cesar definitivamente su actividad armada” sin condiciones, pone término a 43 años de violencia política en España, y representa el fin de una suerte de trágica excepción española en Europa. 

Desde la muerte del dictador Franco en 1975 y la adopción por referéndum de la Constitución en 1978, nada justificaba el recurso al asesinato político, al atentado o a la violencia armada. Todo ello (así como la tortura y la represión policial) ha causado un enorme sufrimiento social y centenares de víctimas mortales. La propia sociedad vasca, como lo expresó el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en julio pasado, ya no toleraba el terrorismo.

Es menester ahora avanzar hacia la construcción de la paz y la convivencia, sin vencedores ni vencidos, en el marco definido el 17 de octubre pasado por los expertos internacionales en la Declaración final de la Conferencia de Paz de San Sebastián (1). Éstos aconsejaron “tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto”, o sea: la situación de los presos y de los clandestinos; la restitución de las armas; la compensación y la asistencia a todas las víctimas; el reconocimiento del dolor causado; y la ayuda para sanar las heridas personales y sociales. Pero también, si se desea establecer para siempre la concordia, habrá que avanzar de manera responsable en lo político con la participación de todos los partidos democráticos de España y Euskadi.

Es interesante observar que ETA ha anunciado su adiós a las armas justo un mes antes de las decisivas elecciones legislativas del 20-N. Un escrutinio que, según las encuestas de opinión, debería ganar con fuerte probabilidad el Partido Popular (PP), vencedor ya de las últimas elecciones locales. ¿Ha querido ETA, en cierto modo, influir en ese escrutinio? ¿Ha deseado, con el cese de su actividad armada, apoyar una línea nacionalista no violenta que, como lo demostró el éxito de Bildu en las elecciones municipales de mayo pasado, cuenta hoy con la simpatía de una gran parte del electorado abertzale? ¿En qué medida el fin del terror podría también ser capitalizado electoralmente por el PSOE como una victoria política del Gobierno actual capaz de atenuar su anunciada derrota?

Muchos electores habituales del PSOE estaban decididos, en efecto, a sancionar esta vez al partido de José Luis Rodríguez Zapatero. No sólo a causa de la crisis inédita que vive el país sino por las brutales políticas de ajuste (“impopulares pero necesarias”, afirmó el Presidente) que han castigado sobre todo a las clases medias y humildes, así como a los jubilados y a los jóvenes. Y porque Zapatero –en una muestra de “coraje político”, según él–, se ha rendido a los mercados, no dudando en asumir las consignas ultraliberales exigidas por los inversores internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la canciller alemana Angela Merkel.

Pareciera además que la impopularidad actual del presidente Zapatero lo inhibiera en algún modo de cualquier pudor a la hora de tomar, a final de mandato, medidas descaradamente conservadoras, últimos desafíos a su propio electorado socialista. Por ejemplo: la reciente reforma de la Constitución, sin referéndum, para limitar los déficits presupuestarios como se lo exigían Francia (que no se lo aplica a sí misma) y Alemania. O la muy controvertida decisión del 4 de octubre pasado (cuando ya las Cortes estaban disueltas), de firmar un acuerdo en el que España cede a EEUU la base de Rota como sede naval del escudo antimisiles de la OTAN.

Zapatero se lo ha puesto muy difícil a su virtual sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, al dejar un Partido Socialista desorientado, confundido, aturdido, extraviado, exánime y derrotado. No se repondrá fácilmente el PSOE. Le esperan largos años de travesía del desierto en espera de su refundación.

No es buena noticia para España. Sobre todo porque la izquierda de la izquierda, de donde deberían provenir las ideas más audaces y más constructivas para sacar al país del atolladero se halla demasiado fragmentada. Y porque otras fuerzas de progreso que suben en el resto de Europa, la ecología política por ejemplo (léase, en esta misma página, el artículo de Joan Martínez Alier), se encuentran aún, aquí, en el limbo.

Este contexto favorece electoralmente al PP. Y las encuestas lo anuncian, en efecto, como vencedor del próximo escrutinio. Muchos electores que se disponen a votarlo creyendo que un eventual Gobierno de Mariano Rajoy hará una política económica diferente de la de Zapatero –o sea una política sin ajustes, sin recortes y sin austeridad–, deben saber que no será así. Simplemente porque Zapatero, en los últimos 18 meses, ha hecho, en economía, una política ya de derechas. Y que, con mayor razón, Rajoy la acentuará.

Basta con ver cómo se está comportando la derecha actualmente en otros pagos. En Cataluña, por ejemplo, el Gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas (Convergència i Unió) está aplicando (“sin que nos tiemble la mano”, ha dicho Mas) recortes drásticos en los sectores de la Sanidad y de la Educación que han disparado las protestas. En Sanidad, por ejemplo, anunció una reducción de mil millones de euros, o sea el 10% de los recursos con los que contó el pasado ejercicio en tiempos del Tripartito. Ello significa cierre de centros sanitarios, supresión de plantas y quirófanos, pérdida de camas, despido de auxiliares y médicos, supresión de turnos de noche, etc. O sea, castigo para los pacientes.

 En Castilla-La Mancha, la presidenta María Dolores de Cospedal (PP) presentó a final de agosto pasado un plan de choque para recortar más de 1 800 millones de euros. Congeló la oferta pública de empleo en todos los sectores y suprimió el 40% de los puestos de personal eventual en la Administración pública. A los profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se les aumentaron autoritariamente dos horas lectivas cada semana. Se suprimieron casi todos los centros de formación de los docentes. Y los mayores recortes están previstos en el sector de la Sanidad (2). Para el PP, Castilla-La Mancha es el laboratorio de lo que la derecha se dispone a hacer si Rajoy consigue llegar a La Moncloa. El peligro es pues inminente. ¿Acaso la propia María Dolores de Cospedal no definió su brutal terapia de choque como “un ejemplo” para toda España?

(1) El País, Madrid, 18 de octubre de 2011.
(2) Idem, 31 de agosto de 2011.

La morosidad del Gobierno regional "es uno de los mayores castigos" del empleo en la Comunidad

MURCIA.- El diputado regional socialista, Francisco Javier Oñate, tras conocer los datos del paro hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha criticado que "la morosidad del Gobierno regional es uno de los mayores castigos que recibe el empleo en la Región".

   En este sentido, ha afirmado que "en el PSOE estamos convencidos de que la Región de Murcia podría haber sido la única en donde no creciera el desempleo si Ramón Luis Valcárcel pagara lo que debe a las empresas murcianas", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
   Oñate, que calificó como "malos" los datos del paro, en los que la Región de Murcia "sigue a la cabeza de la destrucción de empleo en términos interanuales", considera que "los impagos, la morosidad de la Administración regional es ahora mismo uno de los mayores castigos que recibe el empleo de esta Región".
   "Que se aplique Valcárcel, que empiece a pagar, y verá cómo en los próximos meses se nota en mejores datos de empleo", añadió.
   El diputado considera, por otro lado, que el comportamiento del sector de la construcción ha sido el mejor entre todos los sectores, "lo que quizás se deba a los trabajos de reconstrucción de la ciudad de Lorca".

Ecologistas en Acción califica esta legislatura como "la peor en 15 años" en gestión hídrica

MADRID.- El responsable del Área de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha criticado que "esta legislatura ha sido la peor en 15 años" en lo referente a la gestión del agua, durante la presentación del Informe de evaluación de la gestión del agua en la legislatura 2008-2011.

   Martín ha señalado que las decisiones tomadas en esta última legislatura han supuesto un "lamentable" paso atrás para el medio ambiente ya que una "buena gestión del agua sería hacer todo lo contrario a lo que se ha hecho". En concreto, ha explicado que la absorción del Ministerio de Medio Ambiente por el Ministerio de Agricultura ha supuesto un "gran error" ya que la gestión del agua ha quedado supeditada a los intereses agrícolas, que, según ha apuntado, suponen alrededor del 80 por ciento del consumo de este recurso en España.
   Por otro lado, ha recordado que "la única modificación de envergadura de la Ley de Aguas no ha sido para introducir medidas que garanticen la sostenibilidad ambiental sino para imponer de forma totalmente autoritaria, sin pasar por el Consejo Nacional del Agua, el Real Decreto-Ley 12/2011".
   En esa línea, ha tachado de "inconstitucional" esta norma, ya que "deja en manos de los gobiernos autonómicos de Cataluña, Andalucía y Aragón las competencias en materia de policía de dominio público hidráulico". A su juicio, esto puede generar "graves problemas ambientales" en la gestión del dominio público hidráulico, así como de "conflicto entre regiones y nacionalidades". Por ello, Martín espera que el próximo Gobierno derogue esta norma y se devuelvan las competencias.
   El informe muestra que la planificación hidrológica "lleva un retraso inadmisible", tanto según la normativa vigente, como desde el punto de vista ambiental y social, y además, recoge que "los documentos que se están elaborando, no tienen apenas en cuenta los aspectos ambientales, ni las limitaciones existentes en los recursos".
   Asimismo, Martín ha destacado que "cuando ya se habían superado las políticas de construcción de grandes embalses y trasvases, en esta legislatura se ha vuelto a mostrar apoyo a estas grandes construcciones". En concreto, ha criticado los casos de los embalses de Alcolea y Biscarrués, éste último "especialmente lamentable" ya que, según ha indicado, cuenta con informes desfavorables por parte de entidades como el IGME y el CEDEX. Por ello, ha pedido el abandono de éstos.
   Por su parte, la responsable del Área de Agua de Ecologistas en Acción, Erika González, ha defendido que se apoye a la gestión pública de los abastecimientos urbanos. En este sentido, ha pedido que "se establezcan en las tarifas bloques de precios más diferenciados que resulten realmente eficaces, para disuadir los consumos elevados".
   Además, Ecologistas en Acción reivindica la aprobación de los planes hidrológicos en los que se pongan en marcha medidas como la prohibición de creación de nuevos regadíos y la reducción de la superficie existente en aquellas áreas donde exista un déficit hídrico importante, hasta alcanzar una situación de equilibrio con el recurso renovable. Asimismo, ha reclamado el establecimiento de caudales ambientales adecuados para todos los cauces y en todos sus tramos; la obligatoriedad de la tarificación volumétrica en el consumo de agua y la subida de los precios actuales del agua para el regadío, al menos hasta cumplir el principio de recuperación de costes.
   Finalmente, Ecologistas en Acción considera que aplicando estas medidas se podrá garantizar la sostenibilidad ambiental y social de los ríos y acuíferos y, por ello, va a hacer llegar estas propuestas a todas las formaciones políticas.

jueves, 3 de noviembre de 2011

Cinco activistas murcianos son detenidos en Cannes durante las protestas de la contra cumbre del G20

MURCIA.- Cinco activistas murcianos han sido detenidos en Cannes (Francia) en el transcurso de las protestas contra cumbre del G20 aunque, posteriormente, todos han sido puestos en libertad sin cargo alguno, según informaron fuentes de la formación electoral Asamblea para el Senado en un comunicado.

   Las mismas fuentes consideran "bochornoso" que puedan ser detenidas personas cuyo único móvil es protestar contra el injusto sistema que los liberal-conservadores imponen a toda la ciudadanía".
   Además, estima que esta actuación "demuestra la limitación de la democracia en Europa". Todo ello, mientras que "ni un sólo banquero, excepto en Islandia, ha sido siquiera cuestionado por haber provocado la crisis".

El desempleo vuelve a aumentar en la Región de Murcia

MURCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Región de Murcia al término del mes de octubre ascendió a 138.865 personas, lo que supone un incremento de 2.571 personas respecto a septiembre, según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos relativos, la subida del paro en el mes de octubre fue del 1,89 por ciento respecto al mes de septiembre. En relación al mismo mes de 2010, el paro ha aumentado en 10.122 personas (7,86 por ciento).
   En lo que respecta al paro masculino se ha situado en 70.032 personas, y el femenino ha alcanzado las 68.833 personas.
   Por sectores, el paro ha subido en  casi todos los sectores, a excepción de Construcción, que ha descendido en 78 personas. En concreto, el sector Servicios es en el que más ha aumentado, concretamente en 1.469 personas, seguido de Industria (502), el colectivo Sin Empleo Anterior (368) y Agricultura (310 personas).
   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante octubre se situó en 22.115, lo que supone un aumento de 241 personas con respecto al mes de septiembre (1,10 por ciento). Del total de desempleados, 3.963 fueron comunitarios y 18.152 extracomunitarios.
   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios (10.325 personas), seguido de Construcción (4.320 personas) y Agricultura (3.801 personas).

La afiliación media a la Seguridad Social en Murcia gana 287 trabajadores en octubre

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en octubre en 507.906 personas, que supone en términos absolutos un aumento de 287 personas con respecto al mes anterior (0,06 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo. 

   En términos medios, la afiliación se redujo en 13.362 personas en los últimos 12 meses (-2,56 por ciento).
   De las 507.906 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 344.037 pertenecen al Régimen General, 90.596 al Régimen de Autónomos, 63.393 al Agrario, 8.876 a empleados del Hogar, 1.004 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.
   En el conjunto del país, la Seguridad Social perdió una media de 75.249 afiliados en octubre (-0,4%), con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes en 17.360.313 cotizantes.
   Con este descenso, que supera en más de 10.000 afiliados el registrado en septiembre (-64.956 ocupados), la Seguridad Social acumula tres meses de pérdida de afiliación.
   La caída de octubre contrasta además con la experimentada en el mismo mes de 2010, cuando la afiliación sólo se redujo en 5.331 personas, catorce veces menos de lo que lo ha hecho en el mismo mes de este año.
   En los últimos doce meses, el sistema ha perdido 305.837 afiliados, el 1,73%, correspondiendo la mayor parte de este retroceso al Régimen General.
   En octubre, el Régimen General perdió 74.813 ocupados (-0,57%), hasta un total de 13.088.041, siendo el régimen que más cotizantes perdió en el décimo mes del año.

COEC pide una plataforma de actividad logística en el entorno del Puerto de Cartagena para fomentar actividad portuaria

CARTAGENA.- El presidente de Confederación Organizaciones Empresariales Cartagena (COEC), Pedro Hernández, acompañado por los miembros de su junta directiva, ha pedido al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, la puesta en marcha de una plataforma de actividades logística en el entorno del Puerto de Cartagena.

   Y es que ha indicado, "no podemos perder tiempo, esperar a la resolución de los trámites tan amplios que tiene que vivir el proceso de inversión en El Gorguel", a falta del estudio de impacto medioambiental.
   Los plazos que está viviendo la dársena están siendo demasiado lentos, de ahí, indicó en rueda de prensa, "la necesidad de que el Puerto de Cartagena no espere a esa infraestructura".
   Según el presidente de la Confederación, "tenemos que ponernos en marcha para que el Puerto de Cartagena siga siendo un motor económico importante, independientemente de que la dársena de El Gorguel pueda ser una realidad más adelante".
   Esta plataforma, señaló, "permitiría fomentar la actividad portuaria, oportunidades de negocio en cuanto a la logística, una mayor internacionalización de las empresas y reducir los costes de transporte".
   Hernández ha mostrado, asimismo, al presidente Valcárcel, con quien se ha reunido en el Palacio de San Esteban, el apoyo y la colaboración de COEC en cuanto al Corredor Mediterráneo, El Gorguel, el AVE y Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, pues, señaló, "todos ellos son temas de futuro, que pasan por vertebrar la Región".
   Aunque, indicó, "también nos surgen algunas dudas sobre los tiempos en las que se puedan producir". Así en referencia al Corredor Mediterráneo, añadió, "hay que pelear por lo trazados, tiempos e inversiones".
   En cuanto al AVE, indicó, la línea Madrid-Cartagena "es fundamental para el desarrollo del mundo de la empresa en general y del turismo en particular de la Región". Tras lo que aseguró que estarán "muy atentos" a que se vayan cumpliendo los compromisos y plazos pactados.
   COEC ha manifestado al presidente murciano la necesidad de llevar a cabo un plan estratégico "que ordene los atractivos turísticos de la Región y los priorice".
   De tal manera, explicó, "que podamos tener claro desde el empresariado cual es la expectativa de crecimiento y prioridad en este sector para la Comunidad y nos permita afinar en la mayor promoción turística que necesita la Región".  
   Hernández ha destacado, al hilo, la "difícil" situación que están viviendo las empresas actualmente debido a "los problemas de liquidez, la dificultad de acceso a la financiación y las inquietudes por la subida de impuestos".
   A su juicio, "hay que fomentar que el consumo se active"; criterio éste que ha compartido el presidente murciano, según Hernández. Así como agilizar los trámites burocráticos.
   En materia hídrica, los empresarios de Cartagena esperan que el agua "no sea moneda política, sino una realidad en la Región porque el sector agrícola es muy importante en Murcia", recalcó su presidente en la sede del Gobierno regional.
   A partir de la próxima semana, anunció Hernández, la Confederación cartagenera iniciará una serie de reuniones con los distintos consejeros del Gobierno autonómico "para ir profundizando en todos estos temas de colaboración y reivindicación por parte del empresariado".

Siete de cada diez españoles quieren que el Estado recupere las competencias en Sanidad

MADRID.- Una encuesta promovida por el Consejo General de Enfermería revela que hasta siete de cada diez españoles (69,8%) piensa que el Estado debería recuperar las competencias en materia de Sanidad, que ahora dependen de las comunidades, a fin de resolver los problemas con que actualmente se encuentra el Sistema Nacional de Salud (SNS).

   El trabajo, que se ha basado en 1.200 encuestas telefónicas, pretende "dar voz al ciudadano" y mostrar a los partidos políticos su valoración sobre el presente y futuro de la sanidad pública, a fin de que lo tengan en cuenta de cara a las próximas Elecciones Generales.
   "Mucha gente no se va a quedar contenta con estos resultados", ha reconocido Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ya que evidencian que "los ciudadanos están dispuestos a asumir cambios".
   Uno de los más apoyados por los encuestados es la recuperación de competencias por parte del Estado en materia de Sanidad, una medida que es considerada más adecuada por los mayores de 35 años y las clases sociales baja y media.
   Esta recuperación de competencias está justificada en la "garantía y seguridad" que aporta el Estado, así como "por los problemas de gestión que en algunos casos se pueden atribuir a algunas comunidades", explica José María San Segundo, director del estudio.
   "La gente cuando va a otra comunidad está viendo lo que pasa cuando quiere recibir atención médica, ya que actualmente hay verdaderas fronteras sanitarias entre comunidades", añade González Jurado.
   Por otro lado, en el estudio también se preguntó a los ciudadanos por algunas medidas concretas que han sido sugeridas por diversos expertos para garantizar la sostenibilidad del SNS. Entre las propuestas, la más respaldadas ha sido la creación de un copago creciente en función de la renta de los ciudadanos, aceptada por el 63,5 por ciento de los encuestados.
   En concreto, el 50,8 por ciento entiende que va a ser necesario en los próximos años y el 48,6 por ciento lo ve justo, aunque hasta un 73 por ciento entiende que es una medida que "no está todavía socialmente aceptada".
   Menos apoyo ha recibido la posibilidad de establecer un 'ticket' disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios, ya que sólo el 54,8 por ciento de la población lo vería adecuado o muy adecuado. Esto se debe a que sólo un 51 por ciento considera que sería muy eficaz, mientras que el 77,2 por ciento cree no que no sería socialmente aceptada.
   "Cuando a los encuestados se les preguntó por copago o 'ticket' moderador, se hacía como medidas para salvar al sistema, de ahí la aceptación obtenida. Entienden que el sistema hay que mantenerlo como sea", puntualiza San Segundo.
   Además, el 66,2 por ciento de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas, y hasta un 68,3 por ciento ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, algo que en cambio un 31,2 por ciento lo rechaza de forma taxativa.
   Con el estudio también se ha querido conocer la valoración de los españoles sobre las prestaciones que actualmente ofrece la sanidad pública en España, en comparación con la privada, que utilizan cerca del 30 por ciento de los encuestados (en solitario o en combinación con la pública).
   En las consultas médicas es cuando "más se aproximan" la sanidad pública y privada, ya que un 59 por ciento de los encuestados se decantaría por la primera y un 39,3 por ciento exclusivamente por la sanidad privada.
   Sin embargo, a la hora de ir a Urgencias, un 72,7 por ciento elige la sanidad pública y un 25,7 por ciento la sanidad privada, datos que "sorprendentemente se alejan más" en el caso de aquellos que sólo tienen la privada, ya que hasta un 79 por ciento de estos prefiere la pública.
   Lo mismo sucede para operaciones, intervenciones y enfermedades graves, ya que el 75,8 por ciento elige la sanidad pública y el 22,1 por ciento la sanidad privada.
   "Quien sale realmente reforzado de este es la sanidad pública y nuestro actual sistema", asegura González Jurado que anima a los dos principales partidos políticos a "sentarse con los profesionales, gobierno quien gobierne, para llegar a un acuerdo y tomar medidas".

González Pons: "Hay que empezar a recortar el gasto público innecesario"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado que si su formación gana las elecciones generales del próximo 20 de noviembre el Gobierno tendrá que "recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario".

   "Sobre todo hay que empezar a recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario. Hay que operar de vegetaciones a la administración española y permitir que vuelva a haber iniciativa privada", ha señalado en una entrevista a la Cadena Cope.
   Pons ha asegurado que su formación si llega al poder "va a tomar las medidas que se tienen que tomar" y ha negado la existencia "programa oculto".
"No se va a tomar ninguna medida que no esté en el programa", ha añadido
   "Ahora lo que está en el programa si se va a hacer, hablaremos con los sindicatos pero si ellos no están de acuerdo en todo caso haremos la reforma que tenemos que hacer, porque la reforma de la negociación colectiva es inevitable", ha asegurado.
   En este sentido, ha criticado que la sociedad asiste a un "debate sobre el recorte del gasto público conformista y pesimista" ya que "todo el mundo da por hecho que la economía no puede crecer".
"Nosotros apostamos por un crecimiento de la economía y con ese crecimiento de la economía, incrementándose la contratación de trabajadores desempleados, reducir el pago por prestación por desempleo total", ha destacado.
  "Hay que adaptar la administración al tiempo que vivimos sin tocar los gastos sociales pues ir quitando cosas superfluas que hace la administración pero pueden hacerla perfectamente la iniciativa privada", ha apostillado.
   Al ser preguntado por los posibles candidatos a ser ministro de Economía, el dirigente popular ha asegurado que "nadie tiene duda de que la política económica del PP la va a dirigir Mariano Rajoy".
"Rajoy no es un presidente, como los hemos tenido, que delegaran completamente las grandes decisiones de política económica en unos superministros del área económica", ha recalcado.
   "No se que perfil elegirá como ministro de Economía, pero tengo la absoluta seguridad de que sea cual sea la política económica del próximo Gobierno no la va a hacer el ministro de economía. La va a hacer el presidente del Gobierno", ha reiterado.

El sector de la dependencia puede cerrar "en días" por la deuda de las autonomías

VALENCIA.- El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha advertido que si no cobran los 1.268 millones que les deben las Administraciones "serán días lo que tarden los centros en cerrar por quiebra" y, en ese caso, se ha preguntado quién se hará cargo de los usuarios que atienden, que en muchos casos son personas con un alto nivel de dependencia. 

   Echeverría ha leído este jueves un manifiesto al término de una concentración realizada frente al centro de Velluters de Valencia para denunciar la "insostenible" situación por la que atraviesan los 5.000 empresarios de las 17 patronales autonómicas, que generan 200.000 empleos directos y 100.000 puestos de trabajo indirectos, y que representan 150.0000 plazas residenciales, 28.000 plazas de centro de día, 230.000 beneficiarios de ayudas a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia. Como ejemplo, ha citado los 900 millones de euros que les deben los ayuntamientos por servicio de ayuda a domicilio.
   Echeverría ha evidenciado que estos impagos "ponen en peligro la viabilidad" de las empresas y puestos de trabajo, así como la "calidad de vida de un millón de personas a los que hay que asistir cada día". De este modo, ha anunciado que los paros, a los que se han sumado empresarios, trabajadores y usuarios persistirán todas las semanas para reivindicar el pago de los servicios prestados.
   Al respecto, ha  explicado que desde la FED se mantienen reuniones continuas con todas las administraciones y que "todas" les trasladan lo mismo: "que no tienen liquidez". Como ejemplo, ha señalado que desde Castilla La Mancha les han dicho que hasta disponer del presupuesto del año que viene no les podrán pagar. "Pero esto se tiene que resolver en días, no podemos seguir más tiempo así", ha exigido.
   En ese sentido, ha subrayado que los propietarios de las residencias se han endeudado, incluso personalmente, para tratar de aguantar, pero "se ha tocado su límite" y al final se ven "obligados" a dejar de pagar a sus proveedores y éstos dejan de servirles. "Es la pescadilla que se muerde la cola", ha indicado.
   De hecho, si la situación persiste tendrán que hacer "partícipes" a los propios familiares de los dependientes en el pago de los servicios o para que se lleven a sus familiares a casa. Al respecto, ha advertido que en estos momentos están todas las empresas del sector "al borde de la viabilidad". "Una farmacia puede cerrar si hay otra de guardia, pero nosotros no", ha constatado.
   Ante esta situación, FED exige a las administraciones de forma "unida y conjunta" que paguen la deuda, reduzcan los gastos en otros sectores que "no son necesarios y básicos", de forma que puedan atenderse a todos los dependientes, y modifiquen los baremos del Cuidador Informal, pues esto supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.
   Del mismo modo, exigen un control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio, no otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos, la apertura de líneas de financiación  que se pueda compensar la deuda de la administración con las empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.

La falta de ahorro de las CC.AA. impedirá lograr la cifra de déficit

MADRID.- La escasez de ahorro de las comunidades autónomas impedirá al Estado alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 6% este año, según ha explicado el director de coyuntura y estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda.

   Durante la presentación de una nueva edición de los 'Cuadernos de Información Económica' que edita la fundación, Laborda ha explicado que para que España pudiese lograr esa cifra de déficit, el ahorro de las administraciones públicas debería haber registrado un aumento del 2,3% durante este año, "y, sin embargo, se quedará en torno al 1%, por lo que la cifra pasará ampliamente el 6%".
   Para el economista, el ahorro de las administraciones públicas está siendo insuficiente porque las autonomías "no están cumpliendo los objetivos impuestos derivados del ajuste fiscal de mayo de 2010 debido a la falta de ingresos". Además, ha resaltado que esas medidas de austeridad se produjeron un año antes de las elecciones autonómicas, "y nadie quiere realizar recortes en época preelectoral".
   El ahorro nacional se quedó en el 18,8% del PIB en 2010, "lo que supone una bajada bastante importante desde 2003, cuando se alcanzó el máximo histórico del 23,4%", ha señalado el director general de Funcas, Carlos Ocaña, quien ha estimado que, para 2011, el ahorro caerá al 18,2% del PIB.
   Según la fundación, la economía española no genera el ahorro "suficiente" porque destina muchos recursos a financiar la inversión, aunque ha resaltado que los niveles de ahorro actuales se encuentran en la media de la zona euro.
    El ahorro de las familias españolas, a pesar de la recuperación que se produjo en 2008 y 2009, cayó en 2010 un 25% y la previsión se mantiene para este año, cuando descenderá un 11,6%, según los datos de la fundación.
   Laborda ha detallado que el motivo de que el Estado haya aumentado su nivel de ahorro y el de las familias haya bajado es que, desde los ajustes fiscales de mayo del pasado año, los ciudadanos han tenido que pagar más impuestos y han perdido prestaciones que ha ido ganando la Administración Pública. Además, el economista cree que el ahorro de las familias continuará bajando porque la renta disponible "apenas va a crecer en los próximos años".
   "La crisis económica ha servido para reforzar a las empresas españolas financieramente y éstas han adquirido una robustez que ha hecho que sus niveles de autofinaciación sean iguales a los de las empresas alemanas", ha destacado Laborda.
   Según Funcas, en la época previa a la crisis, las compañías españolas no se preocuparon por ahorrar porque había una "abundante" financiación exterior. "Sin embargo, al llegar la recesión vieron cómo se les cortaba el grifo de la financiación y comenzaron a ahorrar, aunque bien es verdad que bajaron sus niveles de inversión", ha indicado Laborda. No obstante, el economista de Funcas ha matizado que la mayoría de las empresas que no han sucumbido a la crisis han salido reforzadas de ella "porque han aprendido a no depender de la financiación de un tercero".
   Por otra parte, Funcas ha presentado los datos de ahorro por comunidades autónomas y provincias, según los cuales Baleares es la autonomía más ahorradora, con una tasa de ahorro del 28,23%, seguida de Navarra (25,37%) y la Comunidad Valenciana (25,11%).
   Por contra, Extremadura es la comunidad que menos guarda sus recursos y se queda con una tasa del 9,51%, por delante de Asturias (11,53%) y Castilla y León (12,13%).
   El director general de Funcas ha subrayado que el endeudamiento de la economía española es uno de los mayores del mundo "y el principal obstáculo para salir de la crisis", por lo que ha abogado por una política de ahorro mayor, pues, en su opinión, "de esta crisis se sale ahorrando, aunque eso implique que se consuma menos".

El Banco de España obliga a la banca a remitir más información sobre su exposición al ladrillo

MADRID.- El Banco de España ha puesto a consulta una circular en la que obliga a la banca a remitirle más información sobre su exposición al ladrillo, tanto acerca de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas, como de los activos recibidos en pago de deudas en España.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez eleva así a rango de circular el requerimiento de mayor transparencia que hizo por carta a las entidades financieras a finales del pasado año, y que ha hecho llegar a las patronales del sector para que realicen las alegaciones que crean pertinentes hasta el próximo día 14.
   La banca deberá enviar dicha información al instituto emisor en sus estados financieros reservados y al mercado a través de sus informes semestrales y memorias anuales. Concretamente, habrá de incluir sus políticas y estrategias para hacer frente a las financiaciones inmobiliarias de recuperación problemática.
   La situación y perspectivas de recuperación de la liquidez de dichos activos financieros deberá figurar en la información con el fin de facilitar la mejor comprensión de los riesgos e incertidumbres a que se enfrentan las entidades.
   Como mínimo, la información detallará las correcciones de valor por deterioro de activos en forma de préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria, con un desglose adicional de los calificados como subestándar y dudosos. Se indicará tanto el importe bruto de las financiaciones calificadas como activos fallidos como el importe de las provisiones genéricas.
   Asimismo, se especificará si los préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria tienen o no garantía hipotecaria, y en su caso, la naturaleza del activo, ya sean edificios terminados (vivienda y resto), en construcción o suelo.
   Las entidades financieras deben desglosar también el importe de dudosos en los créditos a los hogares para la compra de vivienda en diferentes tramos en función del porcentaje de riesgo asociado.
   El Banco de España exige también que se incluya la manifestación expresa del consejo de administración de la entidad sobre la política y procedimientos de actividades en el mercado hipotecario aprobados, lo que le convierte en responsable del cumplimiento de la normativa hipotecaria.
   Ese órgano de gobierno debe indicar si dichas políticas y procedimientos incluyen criterios sobre la concentración de riesgos y activos no corrientes en venta.
   Por otro lado, la circular incluye requerimientos de información respecto a las tasaciones, como qué servicio se ha utilizado, si son conformes a la ley del mercado hipotecario o la fecha en que se ha realizado la última sobre determinado activo.
   El objetivo de este proyecto de norma es generalizar determinada información a incluir en las cuentas anuales de las entidades de crédito cuya publicación se demandaba hasta ahora mediante escritos del Banco de España a la gran mayoría de entidades.
   Asimismo, establece la incorporación de dicha información al conjunto de la que periódicamente y con carácter reservado deben rendir las entidades al Banco de España.
   La exposición problemática de la banca vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.
   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

Programa electoral de 'Asamblea para el Senado'

"La Asamblea para el Senado de la Región de Murcia ha sido constituida por un conjunto de ciudadanas y ciudadanos conscientes y responsables que pretenden defender en el Senado los intereses de la mayoría de las personas de la Región. La A.S exige la reforma del Senado para que pueda cumplir de manera efectiva la función de verdadera cámara de representación territorial.

La Asamblea para el Senado exige que los derechos sociales sean considerados derechos humanos básicos, inalienables e irrenunciables, que tengan la condición de derechos fundamentales y que gocen de la misma protección jurídica que los derechos y libertades contenidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución española (artc.14-30). La Asamblea para el Senado quiere modificar el proceso de reforma constitucional actual para impedir que la garantía y protección de los derechos sociales se someta a los intereses económicos.

    Somos conscientes de que el sistema económico-financiero liberal-conservador que ha elaborado las reformas políticas y jurídicas en su propio interés no va a ceder sus privilegios ni a compartir su riqueza de manera voluntaria. El éxito de nuestro programa pretendemos basarlo en nuevas estructuras políticas, jurídicas y sociales.

Nuestro Programa Electoral se basa en los siguientes puntos:

1. Prioridad del gasto social derivado de  los derechos sociales garantizados por la Constitución. Para ello, obtendremos recursos de:
  • a) La reducción de los gastos militares comenzando por  repatriar toda la presencia militar en el extranjero, excepto la que realmente tiene que ver con Ayuda Humanitaria. También defenderemos la salida de España de la OTAN.
  • b) La persecución del fraude fiscal en general y en especial de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones, de profesionales, y de la economía sumergida.
  • c) Reforma fiscal progresiva que grave más a quienes más tienen, en especial a la Banca. Exigimos responsabilidades civiles y penales a quienes son los causantes de la crisis económica, social y ecológica que padecemos y siguen ocupando puestos claves de responsabilidad en el sistema.
  • d) Derogación del Concordato vigente con el Estado Vaticano y de todos sus privilegios económicos.
2. Garantizar los derechos sociales reconocidos en el capítulo 3º del Titulo I de la Constitución: derecho a la vivienda,  a la educación, a la salud, al medio ambiente adecuado,  integración de los discapacitados…etc.

3. Pobreza. Tender a erradicar la pobreza en la Región de Murcia, cifrada en un 25%.

4. Inmigración. Desarrollo de políticas de acogida a la inmigración y exigencia de derogación de la ley de extranjería. Clausura  de los CIES.

5. Medio ambiente. Revisar la actual ley de economía sostenible incluyendo en ella nuevos modelos de producción y de consumo. Defender el derecho humano al agua, a la tierra y a los recursos propios. Primar los criterios medioambientales a los empresariales. No a los proyectos de Marina de Cope, Gorguel, Costa Azul de Portman, Aeropuerto de Corvera… degradación del Mar Menor, etc. Cierre de las nucleares, y desarrollo de las energías renovables, ecoempleo, comercio local, potenciación de la agricultura regional, soberanía alimentaria y desarrollo de políticas de movilidad sostenible.

6. Derecho a la vivienda. Reforma de la ley  hipotecaria que incluya la dación en pago con efecto retroactivo. Nacionalización del parque de viviendas sin vender que engrosa la propiedad de los bancos, y su conversión en un parque de vivienda pública para alquiler social con opción a compra.  Esta nacionalización se llevaría a cabo con las cantidades asignadas por el Estado a los bancos para su rescate.

7. Derecho al Trabajo. Evitar la precariedad laboral. Derogación de las últimas reformas laborales referentes al abaratamiento de despidos, al encadenamiento de contratos temporales de forma indefinida, etc. Incremento de la prestación por desempleo y establecimiento de una renta básica equivalente al salario mínimo interprofesional.

8. Derecho a la Educación gratuita, pública, laica y de calidad, desde educación infantil y primaria a universitaria. Optimización de los recursos en todos los subsistemas  de formación profesional – reglada y en la formación profesional para el trabajo-.Aumentar los servicios en los centros educativos, y mantener las plantillas laborales hasta cubrir las vacantes. 

9. Derecho universal a una sanidad pública de calidad. Oposición a cualquier ley que implique la privatización de los servicios públicos. Recuperación de servicios privatizados que deben reducirse al mínimo. Acotación y control exhaustivo de las competencias de las mutuas por parte de los servicios de inspección de la sanidad pública.

10. Servicios Públicos. Defensa y extensión de los servicios públicos. Recuperación para la gestión pública de los servicios privatizados rentables. Freno a la privatización prevista de Aena. Nacionalización de antiguas empresas públicas privatizadas.

 11. Justicia.  Defensa de la Independencia Judicial. Separación efectiva de los demás poderes del Estado. Democratización del acceso y del funcionamiento judicial. Valoración objetiva del mérito y la capacidad para los cargos judiciales. Incremento de la inversión en justicia, hasta llegar a la media europea.
                                       
12. Economía social y alternativa .Reforma fiscal. Implantación de impuesto a las transacciones financieras (Tasa Tobin). Pasos para eliminar los paraísos fiscales. Reforma fiscal progresiva. Persecución de la economía sumergida. Elevación considerable de impuestos a las SICAV.

13. Banca. Creación de una Banca Pública no especulativa,  que pueda implementar directamente las medidas de apoyo para financiar  la inversión en administraciones públicas, familias y PYMES. A este modelo de banca pública podrían incorporarse algunas entidades privadas mediante el proceso de nacionalización.

14. Regeneración democrática basada en la democracia participativa. Supresión de privilegios a la clase política. Reforma de la Ley electoral para facilitar el acceso de la ciudadanía a los órganos de representación democráticos. Efectividad de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP). Convocatoria de referéndums sin las limitaciones que establece el punto 3 del artc. 167  de la CE .  Abrir la vida pública a la participación real de la hoy excluida ciudadanía. Establecer el sistema de listas abiertas para el Congreso y en las asambleas regionales y municipios. Regular la limitación de mandatos de los cargos electos; asegurar la equidad en el desarrollo de las campañas electorales, así como la neutralidad y profesionalidad de los medios de comunicación públicos y la imposibilidad de la concentración de los privados. Garantizar la plena transparencia en el acceso a la información en poder de las instituciones, regular la rendición de cuentas. Excluir a los corruptos de la vida pública. Democratizar por ley la vida de los partidos y la transparencia completa de su financiación. Garantizar el control de los fondos públicos entregados a cualquier tipo de entidades. Y establecer un riguroso sistema de incompatibilidades que evite la connivencia de los representantes públicos con intereses particulares.

15. Exigencia de que todas las leyes que se elaboren en ambas cámaras contemplen las diferencias sociales, económicas y culturales de género y desarrollen políticas anti-discriminatorias en todos los ámbitos mencionados".

miércoles, 2 de noviembre de 2011

La exposición problemática al ladrillo de la banca española asciende a 176.000 millones

MADRID.- La exposición problemática de los bancos y cajas de ahorros vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.

   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez indica que en un momento de fuerte ajuste del sector inmobiliario, la exposición problemática que mantiene el sector bancario no se limita a los activos dudosos.

   A su parecer, también han de tomarse en cuenta los activos adjudicados y recibidos en pago de deudas, así como aquellos otros préstamos en situación normal, pero bajo vigilancia.

   Los activos así clasificados, junto con los considerados dudosos, están sujetos a la constitución de provisiones de acuerdo con la normativa contable del Banco de España.

   Asimismo, el Banco de España también ha requerido a las entidades de crédito españolas la publicación de esta información detallada, que las entidades habrán de reflejar en sus cuentas anuales, así como en la información financiera intermedia que hagan pública.

   La cobertura con provisiones, tanto las específicas asociadas a estos activos como las genéricas de los negocios en España, alcanza el 33% dde la exposición problemática en junio de 2011.

   El Banco de España subraya que el grado de cobertura de la exposición al riesgo promotor de este volumen significa que las pérdidas hipotéticas en el escenario de referencia de las pruebas de resistencia europeas llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) quedarían más que cubiertas.

   Por otro lado, recuerda que el volumen de saneamiento global del balance realizado por las entidades españolas desde que se inició la reestructuración del sistema financiero hasta junio de 2011 asciende a 105.000 millones de euros, lo que supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB).

Adicae denuncia a cajas y bancos por los abusos en los productos de ahorro-inversión

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) ha anunciado que denunciará en toda España a las cajas de ahorro y a la banca por los "abusos y engaños" que están realizando en los productos de ahorro-inversión.

   La encuesta de ADICAE llevada a cabo entre 1.500 ahorradores demuestra, en su opinión, que las entidades financieras aprovechan la crisis financiera para organizar nuevos fraudes a millones de ahorradores.
   ADICAE asegura que "las maniobras que llevan a cabo las entidades financieras ante su necesidad de aumentar su capitalización y liquidez a través de captación de depósitos y productos de riesgo para los consumidores, están causando grandes preocupaciones en las familias".
   En Zaragoza, muchos consumidores han manifestado a ADICAE que entidades como CAI (ahora Caja3) e Ibercaja están ofreciendo productos como pagarés, bonos estructurados y otros de productos de ahorro que carecen de la transparencia, liquidez y garantía de otros como los tradicionales depósitos. ADICAE recuerda que Ibercaja comercializó bonos de Lehman Brothers.
   Los consumidores alicantinos que se han acercado a las mesas informativas de ADICAE en esta ciudad han manifestado sus malestar y críticas hacia Caja Mediterráneo (CAM), cuyas cuotas participativas y participaciones preferentes les fueron colocadas con total falta de transparencia.  
   En Vigo y La Coruña, las quejas de los consumidores se han centrado en que Novacaixagalicia ha vendido productos tóxicos y de riesgo, como participaciones preferentes, a consumidores que por su edad o por su conocimiento de los productos financieros, no daban el perfil adecuado para contratarlos.
   En Barcelona se ha escenificado delante de la sede de CatalunyaCaixa una 'perfomance' donde se representaba el fraude a los ahorradores durante estos últimos 10 años.
   En Madrid, las críticas a Bankia por parte de los consumidores se multiplican "por la opacidad con que se han vendido todo tipo de productos tóxicos", como participaciones preferentes, "atendiendo más a los propios intereses de liquidez de la entidad más que al perfil del consumidor".
   ADICAE asegura que miles de ciudadanos han dejado sus testimonios en las mesas informativas de la asociación y que los trasladará a las entidades financieras implicadas, organismos reguladores y Ministerio de Economía, para exigir cambios inmediatos en la regulación y control de los ahorros de los consumidores.
   En el estudio de ADICAE se indica que un 62% de los consumidores admiten haber tenido "malas experiencias" en su banco o caja, y un 47% califican estas situaciones de "fraude".
   Estas quejas de los consumidores se hacen extensivas también a productos como los planes de pensiones y los fondos de inversión, con rentabilidades negativas y con comisiones altísimas "que no justifican una nefasta gestión".
   ADICAE denuncia que estos productos de ahorro-inversión se siguen colocando a través de campañas de venta indiscriminada por todas las entidades.
   Ante esta situación, el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, solicitó que el nuevo gobierno "ponga fin a los más de 10 años de fraudes al ahorro en España y que adopte todas las medidas necesarias para proteger el ahorro, un bien absolutamente necesario para nuestra economía, y mucho más en tiempos de crisis."