El Gobierno central crea un Comisionado para impulsar y coordinar las actuaciones en Lorca

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se crea un Comisionado que continuará con las acciones emprendidas en Lorca, tras el terremoto, e impulsará "nuevos acordes" con la evolución de los acontecimientos.

   El subsecretario de Fomento, Jesús Miranda, ocupará el cargo de Comisionado, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Fomento, y dependerá funcionalmente del Ministro de la Presidencia y orgánicamente del Ministro de Fomento.

   Miranda, que tendrá el rango de Secretario de Estado, se dedicará al impulso, la coordinación, el seguimiento y a las propuestas que realice el Gobierno de las actuaciones que considere necesarias para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca.

   Asimismo, tendrá encomendada la realización de informes y la convocatoria y presidencia de las reuniones de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 6/2011, cuya vicepresidencia corresponde a la Subsecretaria de Interior.

   Para todo ello, el Comisionado estará asistido por una Oficina que contará con apoyo administrativo y material de los distintos Ministerios y de la Delegación de Gobierno. Esta oficina estará dirigida por el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Fomento, Tomás Moreno Bueno, sin que sus funciones sean retribuidas.

Precisa Tovar

El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, ha aclarado al portavoz del Gobierno regional, José Ballesta, que el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cuando estuvo en Lorca, indicó que tal como mandó el Congreso de los Diputados, "se está elaborando un Plan para Lorca que implica a todos los Ministerios, y que se suma al Real Decreto aprobado 48 horas después de los terremotos del pasado 11 de mayo".
   El delegado ha contestado de esta forma a Ballesta, quien ha expresado la "profunda decepción" de todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad por las manifestaciones de Jáuregui al dar a entender que "no se iba a desarrollar el Plan Lorca, por el que tanto hemos luchado", y que "en cierta manera, el Real Decreto Ley 6/2011 que se aprobó 48 horas después de los terremotos es el Plan Lorca".
   González Tovar ha indicado que el Plan Lorca "contempla un sinfín de acuerdos y por el que se están aprobando numerosas medidas que lo único que buscan es el máximo beneficio de los lorquinos", según informaron fuentes de la delegación del Gobierno en un comunicado.
   Así, ha puesto como ejemplo el Plan de Vivienda "sufragado en su totalidad por el Gobierno de España, mediante el cual se van a construir 300 casas para los lorquinos, o el Plan de ayuda al Comercio, para el cual el Gobierno de España va a poner sobre la mesa un millón y medio de euros, sin nombrar las ayudas al patrimonio cultural, al alquiler de vivienda, de enseres, y un largo etcétera".
   El delegado ha subrayado que el Gobierno "no se ha negado en ningún momento a llevar a cabo un Plan para Lorca, y para ello se cuenta con los diferentes departamentos ministeriales, que trabajan sin descanso por el bien de Lorca y de sus habitantes, como así puede comprobar tras siete reuniones de la Comisión Interministerial".
   González Tovar ha declarado que no se debe confundir el Plan con el que está trabajando el Gobierno por mandato del Congreso, con  el presentado por el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel en la Región, ya que el Grupo Parlamentario del PP "no lo presentó en el Congreso de los Diputados, algo que no se puede imputar al ministro ni a ningún miembro del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista".
   El delegado ha reiterado que la Proposición no de Ley del Congreso  de los Diputados instó a elaborar un nuevo Plan Lorca, "más completo y riguroso" y ha añadido que el consejero Ballesta "no debió escuchar correctamente lo que dijo el Ministro de la Presidencia, cuando anunció que convocaría en breve tanto a la Comunidad Autónoma como al Ayuntamiento de Lorca, para seguir trabajando por el Plan Lorca".
   Finalmente, González Tovar ha manifestado que con declaraciones como las realizadas por el consejero "lo único que se pretende es confundir a los lorquinos y tratar de ocultar las acciones que el Gobierno de España está llevando a cabo por y para Lorca". Y ha finalizado matizando que el Gobierno central "es el único que realmente está haciendo una labor intachable tras los terremotos acaecidos el pasado 11 de mayo".

Cámara anuncia que se impondrá el nombre de Tomás Fuertes a una calle de la ciudad de Murcia

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha anunciado este viernes que una vía pública de la ciudad llevará el nombre del empresario Tomás Fuertes, de quien ha dicho que es "referente de todos los ámbitos, no sólo por su modélica trayectoria empresarial, sino también por su calidad humana y personal".

   Cámara ha respondido así a la petición hecha en este sentido por Miguel López Guzmán, promotor del almuerzo-tertulia 'Arroz y Habichuelas', que ha rendido homenaje a Fuertes, a quien se ha impuesto la 'Habichuela de Oro' en el transcurso de una comida celebrada en el Hotel Silken 7 Coronas.

   "Las calles contribuyen a honrar a las personas que les dan nombre -ha añadido el alcalde-, pero también ayudan a hacer historia de ciudad", según fuentes municipales.

El número de desahucios en la Región de Murcia aumentan un 640% en segundo trimestre

MURCIA.- Los desahucios en la Región de Murcia aumentaron un 640% en el segundo trimestre del 2011 respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor incremento porcentual por provincias, ya que estos procedimientos se elevaron a 259, frente a los 35 registrados entre abril y junio de 2010.

   Así se desprende de los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan que el incremento de los desahucios experimentado en la Región de Murcia en el segundo trimestre de este año es el mayor por provincias con diferencia, muy por encima del incremento del 97,7 por ciento de Jaén, que fue el segundo mayor aumento porcentual.

   Pero la Región de Murcia no solo lideró el número de desahucios en el segundo trimestre, sino que también encabezó el ranking por provincias en el primer trimestre de 2011 con un incremento del 446,9 por ciento, al pasar de 32 casos a los 175.

   Además, Murcia registró el segundo mayor aumento en el cuarto trimestre de 2010 con un crecimiento del 386,6 por ciento, solo por detrás de Cuenca (720 por ciento). En este caso, Murcia pasó de registrar 35 desahucios entre octubre y diciembre de 2009 a los 164 del mismo periodo de 2010.

   Habría que remontarse al tercer trimestre de 2009 para encontrar un aumento tan abultado en la Región de Murcia, ya que en aquel periodo los desahucios llegaron a crecer un 1.300 por ciento, lo que representa el mayor incremento porcentual histórico de España por provincias registrado desde el primer trimestre de 2009. Los desahucios pasaron de ser dos en el tercer trimestre de 2008 a los 28 del tercer trimestre de 2009.

   Entre medias, los crecimientos de los desahucios en la provincia de Murcia han sido más moderados, ya que se elevaron al 3,6 por ciento en el tercer trimestre de 2010 respecto al mismo periodo del año anterior; al 29,6 por ciento en el segundo trimestre de 2010; al 77,8 por ciento en el primer trimestre de 2010; y al 66,7 por ciento en el cuarto trimestre de 2009.

   En el cómputo anual, el número de desahucios en la Región de Murcia creció un 140,7 por ciento entre 2009 y 2010, al pasar de 108 a los 260. Se trata del tercer mayor aumento por provincias, solo por detrás del de Cuenca (217,9 por ciento), y Castellón (217,9 por ciento).

   Entre 2008 y 2009, el crecimiento fue mucho más moderado, del 16,1 por ciento, al pasar de 93 procedimientos a los 108, y solo en 2011, desde enero hasta junio, se han dado 434 desahucios en la provincia de Murcia.

   Los desahucios tramitados por los juzgados españoles alcanzaron un nuevo récord histórico en el segundo trimestre del año al sumar un total de 16.464 ejecuciones, lo que supone un 21,2% más que en el mismo período de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   En lo que va de 2011 se han producido ya 32.010 embargos de viviendas, casi el total de los desahucios dictados por los tribunales en todo el 2009, que finalizó con un total de 33.918 procesos, y un 33% menos que el récord de 47.809 registrado en 2010.

   Por provincias, entre abril y junio de 2011 Madrid se situó a la cabeza de los embargos con un total de 2.688, seguida de Valencia con un total de 2.171, Barcelona con 1.643 y Alicante con 1.137.

   Durante el segundo trimestre del año, los juzgados españoles recibieron 15.546 solicitudes de desahucio, un 36,8% más que en el mismo periodo de 2010. Muchas de estas solicitudes, en su mayoría presentadas por las entidades financieras por impago de hipotecas,  están pendientes de ejecución, lo que hace prever un aumento de las cifras a final de año respecto a 2010.

Intervenciones

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha paralizado 37 desahucios en la Región de Murcia, de los 78 que hay detenidos en toda España, y ha intermediado en un centenar de casos, que ha conseguido impedir a cambio de la dación en pago u otras soluciones, todo ello desde diciembre de 2010 hasta la actualidad.
   La Plataforma, que tan solo ha sido incapaz de evitar un desahucio en Molina de Segura donde intervino la Policía Nacional, está en contacto con unas 360 familias en toda la Comunidad Autónoma, aunque la situación "empeora" y están recibiendo hasta cuatro o cinco llamadas al día de afectados.
   Así lo ha hecho saber el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Región, José Coy, quien ha explicado que los casos de desahucios que ahora mismo están llegando a la fase judicial datan de dos o tres años atrás, es decir, del comienzo de la crisis, por lo que se espera una eclosión de casos, y prevén un mal 2012.
   Los procesos de desahucio interrumpidos "son un pequeño porcentaje" y, de hecho, en la Región de Murcia hay 9.000 familias inmersas en procedimientos judiciales por este motivo, según Coy, quien también es miembro de la Comisión de coordinación de la Plataforma estatal de Afectados por la Hipoteca.
   Los afectados se suelen poner en contacto con la Plataforma telefónicamente o por correo electrónico, aunque esta organización también recibe peticiones de ayuda de Cáritas, sindicatos y asociaciones de vecinos.
   La organización atiende todas las llamadas, que normalmente piden asesoramiento por estar desorientados, y normalmente encuentran respuestas a todas sus preguntas "gracias a la experiencia acumulada" de la Plataforma.
   En cualquier caso, la Plataforma colabora con la organización de consumidores Consumur-Facua, que les ofrece cobertura legal, y a donde se derivan los casos más concretos que precisan una mayor especialización jurídica.
   Coy ha explicado que la paralización de desahucios "es lo más espectacular", pero ha señalado que la plataforma se dedica también a otras cosas, como a la intermediación directa con los bancos y cajas de ahorro para tratar de conseguir soluciones como la dación en pago o el alquiler con opción a compra.
   El coordinador de la Plataforma ha instado a los afectados a que se pongan en contacto con ellos antes de que se inicie el procedimiento judicial, a partir de cuatro meses de impago. Ese margen de tiempo da posibilidades de mediar con la entidad financiera. Si no hay acuerdo, el proceso judicial continúa.
   En este sentido, ha querido recriminar que las entidades financieras con menos receptividad a sus demandas o peticiones de negociación son dos grandes bancos porque "son los más sobrados y uno de los poderes del país". No obstante, ha puntualizado que "determinadas cajas de ahorro y cajas rurales son más receptivas".
   Al hilo ha destacado especialmente el "problema" de la Caja Mediterráneo (CAM), que tiene en sus manos unos 60 casos en los que trata de intermediar la Plataforma. En concreto, ha acusado a la directiva de esta entidad financiera de ser "insensible" a las negociaciones, lo que achaca a la situación de intervención en la que se encuentra la caja a manos del Banco de España.
   Y es que la Plataforma de Afectados ha mostrado su interés por negociar con la CAM, pero dice que no es posible porque la entidad financiera se encuentra inmersa en un periodo de transición e incertidumbre derivada de su "intervención y de su proceso de venta al mejor postor".
   Ha exigido que la caja "siga siendo pública y no se regale, para que pueda dar una salida a todas las familias en dificultades en el marco de un proyecto público".
   A su juicio, una de las salidas más factibles para los propietarios que se encuentran en situación de ser desahuciados, es el alquiler con opción a compra, que consiste en que el propietario alquile la casa y pueda recuperarla cuando vuelva al mercado de trabajo, de forma que se reste la cantidad que ya han abonado por el arrendamiento.
   Otra reivindicación fundamental de la Plataforma es la dación en pago, que resuelve un problema "porque permite entregar la casa pero te libera de la deuda". No obstante, Coy ha dicho que lo que hay pedir es "trabajo, porque si hay empleo hay una solución". Por ello pide una moratoria a las entidades financieras, y mientras haya crisis no quiten la casa no cobren intereses.
   "Los recibos que no pagas aumentan en muchos casos un 25 por ciento, porque se te acumulan intereses, y pone a los ciudadanos en un callejón sin salida", ha añadido Coy.
   Coy se pregunta "por qué se tienen que quedar las casas vacías si la situación se puede resolver de una manera mucho más humanitaria, porque los pisos no solo son cemento, sino que también tienen identidad y guardan historias de las diferentes familias".
   El movimiento comenzó en 2009, cuando se creó una asamblea de personas paradas en Molina de Segura, y se dieron cuenta que compartían problemas de hipotecas. Así, se pusieron en contacto con la Plataforma en Cataluña, donde ya había sido puesta en marcha, y tras el 15-M la situación "se ha desbordado".
   La próxima actuación de la Plataforma será hoy sábado, cuando hay prevista una manifestación que saldrá del jardín de Floridablanca, a las 20.00 horas. Coy ha hecho un llamamiento a los afectados por la hipoteca para que "participen en esta movilización planteada por el 15-M y Democracia Real Ya, en una convocatoria a nivel internacional bajo el lema 'Por un cambio global'".

Desestiman un recurso de Barreda contra las demarcaciones de Júcar y Segura

TOLEDO.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo que el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, presentó ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura. 

   Según reza la sentencia, el Ejecutivo que presidía Barreda demandó a la Administración General del Estado, a la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Comunidad de Regantes de Campo de Cartagena, y solicitaba que el alto tribunal declarase la nulidad del artículo 2 en lo que respecta a las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar.

   El anterior Gobierno del PSOE alegaba que en el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, no podían computarse como recursos hídricos en esta demarcación los procedentes del trasvase Tajo-Segura, dado que estos están supeditados a posibles excedentes de la cuenca cedente (la de Castilla-La Mancha) y sujetos a la prioridad de otras cuencas y territorios.

   Por lo que respecta a la Demarcación del Júcar, la observación principal del Ejecutivo socialista era que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal supremo de 20 de octubre de 2004, es imprescindible excluir real, efectivamente y a todos los efectos, las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, incluidas todas las denominadas costeras, ya que cualquier actuación en otro sentido acarrearía la nulidad del proceso.

   Pero el Tribunal Supremo ha dictaminado que dicho Real Decreto es conforme a derecho, y para ello, comienza diferenciando lo que son cuentas intracomunitarias, de las intercomunitarias. Así, determina que la cuenca que discurre por una comunidad es intracomunitaria, y en el caso de que pase por varias comunidades es una cuenca intercomunitaria, cuya competencia viene atribuida al Estado.

   Defiende el tribunal que tanto la Comunidad Valenciana como Murcia son titulares de la competencia en materia de aguas sobre las cuencas intracomunitarias, porque la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía así lo atribuyen.

   El Supremo matiza también que la fijación de la demarcación de las comunidades demandadas -Comunidad Valenciana y Murcia- sobre estas cuencas tiene carácter provisional o temporal, temporalidad que terminará cuando las comunidades afectadas asuman de manera definitiva la competencia sobre dichas cuencas.

   Aunque el alto tribunal admite que habrá que revisar las demarcaciones correspondientes "hasta entonces, toda cuenca hidrográfica intracomunitaria no traspasada queda provisionalmente adscrita a la demarcación hidrográfica cuyo territorio esté incluido en el ámbito territorial de la confederación a la que pertenezca la cuenca".

El PP no dejará que el aeropuerto de Ciudad Real "sea un pozo sin fondo"

TOLEDO.- La diputada regional del PP Cesárea Arnedo ha señalado que el aeropuerto de Ciudad Real ha sido "un despropósito" del Gobierno de José María Barreda, y lo que no van a hacer los 'populares' es dejar "que sea un pozo sin fondo sin una viabilidad económica y sin un proyecto empresarial que lo respalde".

   A preguntas de los medios sobre el hecho de que los administraciones concursales del aeropuerto de Ciudad Real hayan solicitado la suspensión de actividades de la infraestructura durante un año, Arnedo ha señalado que "ahora hay que tomar un paréntesis".

   En su opinión, lo que hay que plantear son proyectos viables económicos "para la mayoría de los ciudadanos, no para cuatro empresarios como así ha venido siendo" en el caso del aeropuerto de Ciudad Real.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Mora ha señalado este viernes que el aeropuerto de Ciudad Real "tiene que buscar salida" a su situación y es "importante" que las administraciones públicas "apoyen esa salida" y se generen "otro tipo de expectativas".

   Mora se ha manifestado así, en rueda de prensa, preguntado por el hecho de que los administraciones concursales del aeropuerto de Ciudad Real hayan solicitado la suspensión de actividades de la infraestructura durante un año.

   El parlamentario socialista ha abogado --aunque ha reconocido que en época de crisis "es complicado"-- por buscar una solución para el aeropuerto y encontrar a "alguien que sea capaz de darle futuro" porque este proyecto "puede tener futuro".

   En este punto, ha remarcado que el aeropuerto, de carácter privado, nació con unas circunstancias de expansión económica aunque su posterior apertura coincidió con la crisis, lo que ha hecho "que no remonte".

   Mora ha defendido la necesidad de buscarle una salida al aeropuerto, pero considera que se debe descartar la expropiación, porque no sería "lo más sensato".

La Caixa retrasa una emisión de bonos a cinco años

BARCELONA.- La Caixa ha decidido retrasar una emisión de bonos simples por 1.500 millones de euros a cinco años con un interés del 5,95% "para considerar otras alternativas", han informado hoy fuentes de la entidad presidida por Isidre Fainé.

   Los bonos, de 1.000 euros cada uno, se iban a emitir el 31 de octubre con vencimiento en la misma fecha de 2016, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Estos bonos iban destinados a su colocación en la red de oficinas entre los clientes de la entidad.

   Si se hubiese cumplido el calendario previsto inicialmente, habrían coincidido en parte con la emisión de bonos minoristas que realizará la Generalitat por 3.000 millones ampliables a 4.000, y que se comercializarán entre el 24 de octubre y el 14 de noviembre.

   Los bonos de la Generalitat, también de 1.000 euros cada uno, ofrecen una rentabilidad del 4,75% a un año y del 5,25% a dos años, y La Caixa, CatalunyaCaixa y Banco Sabadell lideran la colocación.

Blanco confía en que la Unión Europea tendrá en cuenta los corredores ferroviarios desde España

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró estar en "condiciones de afirmar que probablemente" los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva relación de Redes Transeuropeas prioritarias que se anunciarán el próximo 19 de octubre.

   Blanco calificó de "muy positiva" la reunión mantenida sobre este tema ayer jueves en Luxemburgo con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Transportes, Siim Kallas.

   "En la reunión de ayer el comisario reconoció que hemos hecho una gran trabajo, dado que hemos planteado un objetivo muy ambicioso, que busca articular mejor el país", detalló Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   "Se trata de un ambicioso proyecto, de la segunda gran modernización de las infraestructuras españolas, que presenta una visión mallada y articulada del conjunto del país", añadió.

   Asimismo, el titular de Fomento confesó sentirse "bastante satisfecho" del trabajo realizado por el Gobierno español ante la revisión de las redes transeuropeas. "Espero noticias positivas para el país", subrayó al respecto.

   El ministro aseguró que la propuesta española establece además los parámetros y el tipo de financiación y la inversión necesarios para cada corredor.

   Con todo, Blanco afirmó estar "en condiciones de afirmar que probablemente se consiga" que los corredores propuestos por España pasen a formar parte de la nueva Red Transeuropea de Transportes para el periodo 2014-2020. Entre estos corredores figuran el Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, el Cantábrico-Mediterráneo y el Eje central por los Pirineos, entre otros.

Blanco: "Ni un solo euro del contribuyente irá a sanear el sistema financiero"

MADRID.- El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha asegurado que "ni un solo euro del contribuyente irá a sanear el sistema financiero" después de la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos anunciada este jueves.

   En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Blanco sostuvo que dicha reforma responde al principio fundamental del Gobierno de garantizar que el coste de la recapitalización de las entidades financieras sea asumido por la banca.

   "El coste de la recapitalización de las entidades financieras será asumido por el conjunto de los bancos españoles y no por el bolsillo de los ciudadanos", enfatizó el ministro portavoz.

   La ministra de Economía, Elena Salgado, anunció este jueves el Gobierno prevé unificar los tres fondos de garantía de depósitos existentes, de bancos, cajas y cooperativas de crédito, en uno solo para que absorba las eventuales pérdidas futuras del sector financiero.

   La intención del Gobierno es que una vez acometida la recapitalización del sector financiero las posibles pérdidas futuras que pudieran aparecer en el proceso de reestructuración ni se trasladen al contribuyente ni aumenten el déficit.

   A partir de ahora, este único Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutrirá de las aportaciones de las entidades financieras, va a proveer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración, como pudiera ser el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

   Respecto a si la iniciativa supone cargar en los bancos las inyecciones de capital acometidas en las cajas de ahorros, Blanco defendió que "las entidades financieras que están saneadas podrían hacer una contribución especial para afrontar los desafíos del país".

   En este sentido, agregó que la unificación de los fondos de garantía de depósitos en uno solo, con competencias más allá de garantizar los ahorros de los españoles, "es una decisión importante y trascendente en este momento".

   Sin hacer referencia explícita a los bancos, el ministro de Fomento dijo que el Gobierno "puede entender las críticas", si bien insistió que su decisión de no cargar al contribuyente con cargas del sector financiero es "clara y contundente".

Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía mantendrán los fondos regionales

BRUSELAS.- Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Murcia mantendrán parte de los fondos europeos procedentes de la política comunitaria de cohesión, gracias a la creación de una nueva categoría de regiones en periodo de transición.

Los comisarios europeos de Política Regional y de Empleo, Johannes Hahn, y Lázló Andor, respectivamente, presentaron en rueda de prensa los nuevos reglamentos que guiarán la política de cohesión en el periodo 2014-2020 y para el que propone un presupuesto de 376.000 millones de euros, casi un 37% del presupuesto de 1.025 billones de euros que la CE ha propuesto para el mismo periodo.

La Comisión Europea propuso la creación de regiones transitorias en la presentación a finales de junio del presupuesto multianual para 2014-2020 y el Parlamento Europeo aprobó la propuesta en julio.

La CE ha propuesto destinar 38.900 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de transición, es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario, pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.

Con su nueva propuesta seguirán recibiendo fondos: las regiones menos desarrolladas (cuyo PIB per cápita esté por debajo del 75% de la media europea), las regiones en transición (con un PIB de entre el 75% y el 90% de la media de la UE) y las regiones más desarrolladas (PIB superior al 90% de la media).

Hahn explicó que dos tercios de los fondos de la política de cohesión se destinarán a la primera categoría, las regiones más desfavorecidas, mientras que el resto se repartirá entre las dos últimas.

El objetivo es hacer más suave la transición para aquellos territorios que dejen de ser "objetivo prioritario", porque aunque su PIB supera el 75% de la media europea, aún se encontrará lejos del 90% o el 100% de la media de la UE. Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía están en esa situación.

La UE financiará como máximo el 60% de los proyectos de las regiones en transición. El 40% restante cofinanciarán las regiones. Extremadura seguirá siendo considerada un "objetivo prioritario".

Murcia se beneficia hoy de una "fase de transición", una figura que ahora la CE quiere institucionalizar con la creación de la nueva categoría intermedia. En ella no entrará Asturias, que hoy por hoy está en la misma situación que Murcia.

El reparto del presupuesto propuesto por la CE, aún tiene que ser discutido y aprobado por los países de la UE y el Parlamento Europeo en un proceso que podría demorarse unos 18 meses.

Por otro lado, la Comisión Europea también ha propuesto suspender las ayudas regionales a los países con procedimientos abiertos por incumplimiento de los objetivos de déficit establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

La reforma pretende dar más énfasis a las ayudas regionales en materia de crecimiento, competitividad, creación de empleo, investigación e innovación, la energía, la educación y la reducción de la pobreza, todos ellos objetivos esbozados en la Estrategia Europa 2020.

El presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, y el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, han insistido en incluir la posibilidad de la congelación de las ayudas regionales en la propuesta, pese a la oposición de Hahn.

Barroso dijo este miércoles en la rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, que quería que la política de cohesión "apoye nuestros esfuerzos de mejorar la disciplina fiscal y estimular el crecimiento". Este cambio fue introducido hace solo tres días en los nuevos reglamentos, según fuentes europeas.

Precisamente, Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, han presionado a favor de que se incluyera una suspensión de un año de las ayudas de cohesión como sanción económica para aquellos Estados miembros que incumplen el PEC.

En la UE, 23 de los 27 países miembros tienen procedimientos abiertos por déficit excesivo, sólo cuatro estados no superan los límites marcados por el PEC: Luxemburgo, Estonia, Suecia y Finlandia.

El plan ha sido criticado por Danuta Hübner, eurodiputada polaca y presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, porque considera que las sanciones propuestas socava los esfuerzos del programa de ayudar a los países más pobres de la UE, que dependen de la ayuda europea.

Pero la CE argumenta que la reforma del plan de cohesión pretende mejorar el impacto de la ayuda regional en todas las regiones, no solamente en los más pobres.

La reforma también pretende imponer condiciones más estrictas, condiciones y puntos de referencia en el marco de contratos que la CE va a firmar con los Estados miembros y que establecerán cómo se debe gastar la ayuda regional.

Si los países no se ajustan a los puntos de referencia se podría retrasar el desembolso de más fondos, mientras que aquellos Estados que superan los objetivos se beneficiarán de un sistema de primas.

Se aventa inestabilidad social-laboral en 'Mare Nostrum' ante los centenares de despidos ineludibles

GRANADA.- Los 350 trabajadores de los servicios centrales de CajaGranada no descartan iniciar una huelga si se confirma la posibilidad de que el Grupo Banco Mare Nostrum (BMN), en el que está integrado Caja Murcia, Sa Nostra, Caixa Penedés y la caja granadina, emprenda un nuevo proceso de reestructuración que suponga el despido de entre 400 y 800 empleados de estas cuatro entidades. Estos empleados seguirán con las concentraciones semanales hasta la reunión prevista para el 18 de octubre.

El presidente de CajaGranada y vicepresidente de BMN, Antonio Jara, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores en torno al proceso de recapitalización de Banco Mare Nostrum (BMN), un proceso que resulta "obligado e ineludible".

A su juicio, el proceso de recapitalización en que BMN está inmerso "viene exigido por los organismos reguladores y, por tanto resulta obligado e ineludible en este momento".  Y ha señalado, además, que dicha recapitalización "avanza razonablemente bien".

Jara ha apuntado que "en este contexto BMN está inmerso en un proceso de diálogo con la representación laboral" y se ha mostrado "convencido" de que "se alcanzará un acuerdo con los representantes de los trabajadores" sin entrar en más detalles y consideraciones.
Lo anterior contrasta con la realidad inmediata: la asamblea de CajaGranada ayer jueves se ha echado a la calle, y no de manera figurada. Los alrededor de 200 empleados de la sede central de la entidad financiera han celebrado su asamblea al raso, sentados en el suelo y con megáfono, al estilo del sindicalismo clásico o del más moderno movimiento 15-M. La razón, que la dirección de la caja no les ha cedido un espacio en el interior, por lo que han decidido "exteriorizar" el conflicto, a juicio de 'El Mundo'.
La asamblea era una más dentro del creciente clima de descontento entre los empleados de la entidad. En concreto, los de la sede central ya llevan varias semanas movilizándose para protestar por lo que consideran, a efectos prácticos, la pérdida de 400 empleos entre prejubilaciones y traslados forzosos a los nuevos servicios centrales en Madrid, donde el Banco Mare Nostrum (BMN), resultado de Sistema Integrado de Protección (SIP) o fusión fría de la entidad con CajaMurcia, Sa Nostra y CaixaPenedes, tiene su sede.
El 26 de septiembre fue la última concentración, de alrededor de 200 empleados de los servicios centrales protestaron precisamente en el mismo punto donde se vieron obligados la tarde de este jueves a celebrar su reunión. Afirmaban entonces que los al menos 100 traslados previstos supondrán una pérdida de "activos" para la caja y la ciudad y que deberían ser de carácter voluntario. Achacan a la dirección de la caja "falta de transparencia", ya que los empleados desconocen por el momento cuál será su futuro, si deberán ir a Madrid o a cubrir prejubilaciones en otras zonas, o el calendario previsto por el grupo, que componen además.
Además de esta situación, que afecta principalmente a los empleados de los servicios centrales -vacíos de contenido desde la creación de BMN, que ahora dirige en la práctica a las cuatro entidades-, los sindicatos permanecen atentos a la última reunión de coordinación del SIP, celebrada el pasado 4 de octubre y que adelantó una posible orden de ajuste, toda vez que sobre el nuevo banco pesa la amenaza de la intervención del FROB después de ser una de las dos entidades a la que se le dieron 25 días para recapitalizarse.
La caja salió de la misma con la perspectiva de cierre de 50 oficinas más y el despido de, al menos, 400 trabajadores, que pueden llegar a los 800, que se podría llevar a cabo mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) muy diferente a las prejubilaciones llevadas a cabo hasta ahora, y que CCOO y UGT contemplan como una ruptura del acuerdo con los órganos de dirección de la entidad, que encabezados por su actual presidente, Antonio Jara, colocaron el mantenimiento de los empleos y la implantación territorial de CajaGranada como principal justificación para la fusión fuera de Andalucía.

Cuando los Hombres Buenos de Murcia se convirtieron supuestamente en codiciosos

MADRID.-  El presidente del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y también presidente de la Junta de Hacendados ha sido imputado junto al vicepresidente y cuatro vocales de ésta en un posible delito de estafa por haber cedido el uso de miles de metros de acequias a promotores y constructores de la zona de la capital murciana para que construyeran viviendas sobre ellas. Esas cesiones serían ventas encubiertas, según la querella presentada por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), según revela hoy www.elconfidencial.com

En la querella criminal, Huermur, que agrupa a los huertanos críticos con la gestión de Sigifredo Hernández, estima que él, el vicepresidente Diego Frutos Saura, y los vocales Diego Melgar Sánchez, José Frutos Serrano, Ángel Cano Valverde y Benito Abellán Conejo han vendido de forma encubierta cauces de acequias y quijeros a distintos promotores “sin contar con la preceptiva autorización de la Junta General- Juntamento General-”, reza el texto al que ha tenido acceso El Confidencial.

Sigifredo Hernández Pérez como cabeza electa de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia es también presidente del Consejo de Hombres Buenos, tribunal interno tradicional de los huertanos murcianos, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y como tribunal consuetudinario por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya apertura anual tiene asiento, al igual que el representante del Tribunal de las Aguas de Valencia.  

La juez María Carrillo Sáez del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en su auto de admisión a trámite de la querella y notificación de imputación estima que los hechos pueden ser “constitutivos de un delito de estafa” y establece la toma de declaraciones “en calidad de imputado” para los días 16 y 24 de noviembre próximo.

Sin contar con la opinión de la Junta General, que agrupa a 22.000 huertanos, los imputados hicieron cesiones de uso y aprovechamiento urbanístico de miles de metros de acequias y quijeros, la mayoría en la zona huertana de expansión urbanística al norte del centro de la ciudad de Murcia para que promotores y constructores edificaran sobre ellos bloques de pisos o urbanizaciones, se explica en la querella admitida a trámite, durante la época de expansión inmobiliaria de la década pasada.

Además, según estiman los querellantes, hubo ventas que se hicieron a precios distintos al establecido de 120 euros por metro cuadrado en un Juntamento General – del que no existe acta, asegura Huermur–, con el resultado de que las cuentas de ingresos no cuadran, estima en su exposición de motivos el abogado de los querellantes, Fernando Hernández, que explica un caso en el que se debieron cobrar 323.640 euros y se ingresaron 215.458 menos, es decir solamente 108.182.

Un experto internacional señala a Francisco Camps como directo responsable del 'agujero' de la CAM

SALAMANCA.- El catedrático de Economía y Estrategia en el Departamento de Empresas y Economía de la London School of Economics, el español Luis Garicano, ha asegurado que "el verdadero agujero" que ha dejado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, "se llama CAM".

 Garicano ha asegurado y añadido que las cajas de ahorro, cuyo sistema considera "desaparecido", se han gestionado, salvo "honrosas excepciones", en "beneficio de sus patronos políticos".

Garicano ha atribuido "la desaparición" del sistema de cajas de ahorro en España a que, salvo "honrosas excepciones", se han puesto al frente de ellas a "gestores poco profesionales" que han realizado su trabajo "para el beneficio de sus patronos políticos".

El catedrático, que ha tildado de "sangrante" el caso de Caja Mediterráneo (CAM), ha subrayado que a pesar de que se sigue hablando de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, "el verdadero agujero que este señor dejó se llama CAM".

"Las decisiones adoptadas y los préstamos horrorosos concedidos" por esa entidad financiera "van a costarle a España mucho en el futuro", ha apostillado.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que el sector financiero español "estaba bastante bien preparado para una crisis" en el sentido que "tenía mucho capital", si bien, ha reconocido que "ha habido razones para que en el exterior hubiera preocupación".

Tras las intervenciones realizadas por el Banco de España a tres cajas españolas -Caja Mediterráneo (CAM), Caja Sur y Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM)-, Garicano ha explicado que la información dada sobre este tipo de entidades financieras hizo que "la gente se preguntara sobre si existían temores".

En todo caso, ha considerado que "algunas cajas", aunque no ha especificado cuáles, "han mentido" y así ha confiado en que "paguen sus consecuencias".

"Me parece inconcebible -ha sentenciado- que unas instituciones financieras que van a costar miles de millones de euros a los españoles puedan irse con indemnizaciones millonarias y que no pase nada".

No obstante, ha hecho hincapié en que los bancos españoles "más sólidos", entre los que ha mencionado el BBVA y el Santander "están muy bien gestionados y no tienen ningún riesgo de rescate".

Garicano ha abordado la desconfianza habida en el exterior respecto a los mercados financieros e inmobiliario, el paro, la economía sumergida y las finanzas públicas españolas.

Sin embargo, a juicio del catedrático, "la luz al final del túnel va a venir sola", pero va a haber que "concienciar a los ciudadanos de las reformas que será necesario llevar a cabo".

"Lo realizado este año por el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido un principio chiquitín de lo que hay que hacer", ha puntualizado.

En su opinión, lo ejecutado hasta ahora "ha demostrado que se puede salir del grupo de cola porque tenemos puntos de partida que no están mal siempre que se sanee el sistema financiero, se reforme el mercado laboral y se asegure la financiación autonómica".

En este sentido y respecto a los resultados electorales del 20-N ha resaltado que "cualquiera de los dos partidos -PP y PSOE- que llegue al poder tendría que tomar medidas drásticas para reconducir la situación".

Sin embargo, el Consell no quiere saber nada ahora de sus responsabilidades en la intervenida Caja Mediterráneo (CAM), pese a que la Ley de Cajas de la Generalitat, vigente desde 2003, le otorga competencias de control. La norma surgió para adaptar la legislación valenciana de cajas a la ley estatal de medidas de reforma de sistema financiero de 2002. La ley, sancionada por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, ahora vicepresidente de Bankia, sustituyó al decreto legislativo de 1997 y politizó aún más los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, recuerda 'El País'.

La legislación valenciana sobre entidades financieras de ahorros dice: "La presente ley introduce expresamente nuevas obligaciones de información con el organismo supervisor, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que se consideran esenciales para el desempeño de una labor más eficaz. Entre estas obligaciones, cabe destacar la comunicación previa de las emisiones de valores negociables que sean susceptibles de computar como recursos propios, que vienen adquiriendo en los últimos tiempos una gran notoriedad".

Por su parte, el reglamento del IVF recoge entre sus competencias "ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal".

La Generalitat está presente en los órganos de las cajas (asamblea general y comisión de control), que también fueron modificados por la ley de 2003. En la asamblea general de la CAM la Generalitat cuenta con 45 de los 180 miembros de la asamblea. Y en la comisión de control, con el vicepresidente del órgano, José Manuel Uncio que fue presidente del IVF, según han confirmado fuentes de la entidad.

El IVF completa su presencia en la comisión de control de la CAM con un representante con voz pero sin voto. Este miembro, según fuentes de entidad, apenas participa en las reuniones de ese órgano, "salvo en vísperas electorales".

La comisión de control, además de supervisar la gestión general de la caja, también inspecciona las auditorías internas y externas sobre los balances de la caja. Este órgano, que preside el exedil del PP de Murcia, Juan Ramón Avilés, mantiene sus funciones tras la intervención de la caja por parte del Banco de España.

El consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, soslayó este cuerpo legislativo y aseguró que las competencias sobre la solvencia de las cajas "residen en el Estado a través del Banco de España, que ha estado inspeccionado la CAM desde septiembre de 2008 hasta diciembre de 2009". Pero a renglón seguido, el consejero defendió las actuaciones del IVF, en su calidad de supervisor de las entidades financieras.

El titular de la Consejería de Economía señaló que el Consell no ha interferido en la gestión y administración de la caja, "porque corresponde de forma exclusiva y excluyente a sus órganos de administración".

Verdeguer compareció a raíz de una pregunta formulada por Francisco Toledo, portavoz de Economía del PSPV, sobre las actuaciones del IVF en la CAM. Toledo responsabilizó al PP del proceso de intervención de la CAM porque, según él, nombró al consejo de administración.

"La larga sombra del PP vacía las arcas de la CAM", dijo el diputado socialista. "Esta caja y Bancaja podrían haber sido socios estratégicos, pero los consejeros del PP los han llevado al traste", añadió.

UGT defenderá "hasta el último puesto de trabajo" del aeropuerto de San Javier

MURCIA.- El sindicato UGT ha advertido este jueves, durante la asamblea celebrada en la que han participado un centenar de empleados del aeropuerto de San Javier, que defenderá "hasta el último puesto de trabajo" de dicha infraestructura "si éste es cerrado y opera el de Corvera".

   La intención del sindicato, según fuentes de UGT, es que "los más de 300 puestos de trabajo actuales sean conservados y puedan transferirse íntegramente al nuevo aeródromo".

   Durante este acto, Federico Lombardo, responsable federal de UGT en Aena; y Raúl Gómez, responsable de Relaciones Institucionales de UGT en Aena, junto a los secretarios generales de las federaciones de Transportes, Comunicaciones y Mar (TCM), de la Federación de Servicios (FES), y de la Federación de Servicios Públicos (FSP), entre otros, de UGT Región de Murcia, se han dirigido a los presentes para exponerles, de primera mano, lo que han dado a denominar como el  "desquiciamiento aeronáutico existente tras la prevista decisión del Estado de cerrar el espacio aéreo comercial de San Javier, en beneficio del futuro aeropuerto privado de Corvera".

   En este sentido, Lombardo ha recordado que desde UGT "hace ya ocho años que se predijo este cierre de San Javier por los intereses especulativos y urbanísticos que promovían el interés por el aeropuerto de Corvera".

   "A fecha de hoy, Aena nos ha confirmado que en marzo de 2012 es imposible que esté operativo el nuevo aeropuerto, al contrario de lo que se asegura desde el Ejecutivo regional", ha subrayado, para después añadir que "en todo caso, Aena vislumbra, como muy pronto, octubre de 2012 por los grandes cambios que hay que practicar en los Planes de Navegación Aérea de San Javier, el aeródromo de Alcantarilla, El Altet y Corvera".

   Al hilo, el responsable sindical ha lamentado la "gran improvisación de todos los agentes públicos que no paran de dar ideas optimistas sobre el futuro aeropuerto internacional de la Región", ya que "la noticia de cierre de San Javier ya está perjudicando a Murcia por la bajada de contratación de paquetes turísticos que se hacen a seis meses vista".

   No obstante, Lombardo ha confirmado que, desde Aena, le han garantizado el traslado de los 81 puestos de trabajo de la compañía a Corvera, pero, ha precisado, "hasta ahora, nadie nos ha asegurado que el resto de puestos que prestan servicio en empresas auxiliares de las que se nutre el actual aeropuerto tengan garantizada su continuidad en Corvera, ya que dependerá del proceso de negociación para cerrar San Javier y su continuidad en la nueva ubicación".

   Por su parte, Nicolás Vicente Carrión, secretario general de TCM-UGT, ha criticado "la escasa promoción que siempre ha tenido San Javier y la monumental promoción de nuevo aeropuerto privado que Ramón Luis Valcárcel ha liderado, dando un aval de 270 millones de euros al Consorcio Aeronáutico Aeromur para su construcción y puesta en marcha".

   En la misma línea, Pedro Cánovas, secretario general de FES-UGT, ha llamado la atención sobre "los 1,6 millones de euros del Servicio de Empleo y Formación (SEF) que se han destinado a formar a los futuros trabajadores de Corvera".

   A esta asamblea, se ha sumado también el diputado regional por el PSRM-PSOE, Joaquín López, que ha informado a los presentes del debate mantenido en la jornada de este miércoles en la Asamblea Regional a propósito del futuro de San Javier, indicando que "presentamos una moción en defensa de todos los puestos de trabajo, desestimada por la mayoría de votos del PP, que presentó su propia moción en líneas similares, pero no dejando claro el futuro de los puestos de trabajo de las empresas auxiliares".

Algunos cientos de personas se manifiestan para advertir que el empleo "es un derecho" y reclamar el fin del trabajo precario

MURCIA.- Cientos de personas, entre 1.500 y 2.000 según los sindicatos convocantes --UGT y CCOO--, se han manifestado este jueves, en la Jornada Mundial del Trabajo Decente, bajo el lema 'El trabajo decente no es un privilegio. Las personas y el empleo, lo primero', para reclamar "el fin del trabajo precario y la regulación del sistema financiero".

   Y es que, han subrayado los secretarios generales de CCOO y UGT, Daniel Bueno y Antonio Jiménez, respectivamente, en la Región de Murcia hay 133.000 personas en paro y un aumento considerable de los contratos temporales. Por lo que, han indicado, el trabajo "es un derecho absolutamente necesario para remontar esta situación de crisis".

   "Tenemos que seguir exigiendo un trabajo digno con derechos sociales y laborales", ha añadido Bueno, quien ha asegurado que "hoy más que nunca tenemos que hacer vivas estas reivindicaciones y pedir al Gobierno que los ciudadanos deben ser lo primero y no los mercados".

   En este sentido, el secretario general de UGT ha recordado que 1.450 millones de trabajadores se encuentran actualmente bajo fórmulas de empleo precario y que más del 80 por ciento de la población mundial está actualmente desprovista de cobertura social, de los más básicos derechos laborales "y en ocasiones hasta de las mínimas condiciones de salubridad e higiene en el trabajo".

   En estos momentos, continuó, "el trabajo decente es la respuesta y solución", y debemos luchar "por unas condiciones dignas de trabajo, tener empleos competitivos, protección de desempleo y para que los trabajadores puedan remontar esta situación de crisis porque es básicamente la capa social que ha pagado con más virulencia la crisis con pérdida de salario y puestos de trabajo".

   En este contexto, explicó el secretario general de CCOO hemos querido que la Jornada Mundial del Trabajo Decente sea también una jornada de lucha "intensa" en España y de llamar la atención, pues, insistió, en que "el principal bien de nuestro país y mecanismo de riqueza y solidaridad entre todos, "es el empleo".

   En la misma línea se ha manifestado el candidato de IU-Verdes al Congreso de los Diputados, Pedro Costa Morata, quien ha expresado que el trabajo, "víctima principal" de los acontecimientos actuales, "es sagrado".

   Tras lo que ha advertido que esta "tragedia", fruto del "neoliberalismo, que nos está asfixiando", nos llevará a la esclavitud de seguir avanzando, es decir, remarcó, "cobrar cuatro perras y estar disponible las 24 horas del día".  Desgraciadamente, indicó, "ésta es la tendencia" desde hace años, incluso "antes" de la crisis.

   Al respecto, el coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, ha subrayado que la situación actual, de retroceso de los derechos de los trabajadores, es totalmente "indecente".

   Sobre el accidente laboral de la semana pasada en Alguazas por el que han detenido a tres personas, resultando que el trabajador fallecido no estaba dado de alta en la Seguridad Social, los secretarios generales de UGT y CCOO han lamentado que "algunos" empresarios utilicen la crisis "como excusa para rebajar las condiciones a los trabajadores y no invertir en prevención de riesgos laborales".

   Algo, prosiguió Daniel Bueno, "necesario porque puede tener consecuencias tan funestas como la pérdida de una vida humana". Y es que, apostilló Jiménez, "invertir en condiciones de seguridad laboral es una inversión, no un gasto y un derecho fundamental de las personas".

Murcia es la región española que más aumenta sus exportaciones en el continente africano, un 127,72%

LAS PALMAS.- La Región de Murcia, Cataluña, Andalucía y País Vasco ocupan las primeras posiciones del ranking de exportaciones a África. Entre ellas, Murcia es la autonomía que más crece en el mercado africano con un 127,72 por ciento en estos siete primeros meses del año, seguida de Andalucía, que aumenta factura en un 64,28 por ciento, Cataluña, con un 44,48 por ciento y País Vasco que lo hace en un 24,68 por ciento.

   Otro dato a tener en cuenta sobre este cuarteto de comunidades punteras en las exportaciones relativas al gremio de la alimentación es que por cuantía facturada, Cataluña ha ingresado 144,09 millones por esta partida, Murcia 94,53 millones, Andalucía 90,33 millones y País Vasco 51,78 millones de euros.

   Las ventas de España al continente africano en el ramo de la alimentación, entre enero y julio, se han incrementado un 43,23 por ciento hasta los 610,04 millones de euros, recoge el informe elaborado por AFRICAinfomarket 'Exportaciones España-África. Alimentación, 2010-2011', informó la institución en un comunicado.

   De esta manera, en valor, las partidas más relevantes son las relativas a pesca, aceites y bebidas, que tiene sus principales destinos en Argelia, Sudáfrica, Marruecos, Guinea Ecuatorial y Túnez, aunque no hay que olvidar que España factura a 52 de los 54 países del continente.

   Si bien a Argelia se le han facturado 94,76 millones, un 33,48% más interanual, lo cierto es que es Sudáfrica el mercado que da un estirón hasta los 93,33 millones, lo que significa que casi cuadruplica sus compras (+375,28%).

   Situación similar ocurre con Túnez, país que con sus 36,95 millones facturados crece un 121,25%, como se destaca en el análisis por facturación y crecimiento, y con Guinea Ecuatorial que registra un crecimiento del 41,2% al cerrar factura en los 41,12 millones.

   Por su parte, en cuanto a Marruecos, un mercado histórico para las exportaciones españolas, sus 72,27 millones en compra de alimentos le anotan una subida del 6,3%.

Resuelta la evaluación de impacto ambiental de línea ferroviaria para acceso terrestre a Escombreras

CARTAGENA.- El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) ha formulado la Resolución sobre la evaluación ambiental del proyecto 'Línea ferroviaria y desdoblamiento de calzada para el acceso terrestre a la ampliación de Escombreras (Cartagena)'.

   Así, ha concluido que de acuerdo con la evaluación practicada y cumpliendo con los requisitos ambientales que se despenden de esta resolución, "no es previsible se produzcan impactos adversos significativos".

   El objeto del proyecto es duplicar la carretera CT-34 (N-343) y el acceso ferroviario en paralelo a dicha carretera, partiendo del límite del dominio público portuario hasta las nuevas dársenas de Escombreras, a lo largo de 1.587 metros. Dentro de las nuevas dársenas, actualmente en ejecución, se desarrollarán dos ramales ferroviarios, así como la organización del viario.

   Ambos accesos conectarán con dos proyectos que llegan hasta el dominio público portuario 'Duplicación de la carretera de acceso a la Dársena de escombreras. Carretera N-343 Cartagena-Alumbres-Escombreras. Tramo: Cartagena-Escombreras' y 'Acceso ferroviario a la ampliación de la  dársena de escombreras del puerto de Cartagena y de la remodelación de la estación de Escombreras'.

   El proyecto se sitúa en una zona industrial, fuertemente antropizada, carente de vegetación y de fauna de interés. No obstante, la resolución del MARM establece el jalonamiento de la franja de actuación, ubicando las instalaciones auxiliares en zonas donde lo suelos y la vegetación no tengan especial valor de conservación.

   Además, según fuentes de la Delegación del Gobierno, no está prevista la apertura de caminos de acceso, ya que se aprovecharán los ya existentes. También se contempla la restauración de todas las superficies afectadas.

   En la resolución aprobada este jueves se establecen medidas específicas para la protección del sistema hidrológico, vegetación, suelo y patrimonio arqueológico. Con el fin de evitar molestias a la fauna, también propone un calendario de actuaciones fuera del periodo de reproducción y cría de las especies vulnerables que habitan en las cercanías.

   El promotor deberá cumplir los umbrales legales establecidos en la legislación para uso industrial. La resolución indica que la circulación viaria será similar a la actual, con un descenso de tráfico pesado que será sustituido por el tráfico ferroviario, señalando que la mejora de la carretera y su regulación por glorietas mejorará las condiciones de rodadura.

La producción industrial registra una caída del 2,2% en Murcia

MURCIA.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de agosto de 2011 decreció un 2,2 por ciento frente al mismo mes del año anterior, mientras que para España se registró un aumento de seis décimas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

   En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, sólo se produce un incremento respecto al mismo mes del año anterior, en la producción de bienes de consumo no duraderos con un 4,5 por ciento.

   Por otro lado, se producen descensos en la producción de bienes de equipo, con un -13,7 por ciento; seguido de la producción de bienes intermedios, con un -6,9 por ciento; de bienes de consumo duradero, con un -2,1 por ciento; y de energía, con un -1,7 por ciento.

   Por ramas de actividad, el mayor aumento lo ha registrado la fabricación de bebidas, con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 37,6 por ciento; seguida de la industria textil y de la confección, con un 37,6 por ciento; la industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados, con un 35,2 por ciento; la industria del cuero y del calzado, con un 19,7 por ciento; y la fabricación de productos de caucho y plásticos, con un 10 por ciento.

   Por el contrario, se producen los mayores descensos en otras industrias extractivas, con un -47,8 por ciento; seguido de la fabricación de otros productos minerales no metálicos, con un -38,6 por ciento; y la metalurgia y fabricación de productos metálicos, con un -10,6 por ciento.

   Así como la industria de la alimentación, con un -3,7 por ciento; la industria química y farmacéutica, con un -3,1 por ciento; la fabricación de muebles, con un -3 por ciento; otras industrias, con un -2,9 por ciento; y el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, refino de petróleo con un -1,6 por ciento.

Los administradores del aeropuerto de Ciudad Real piden cerrarlo un año

CIUDAD REAL.- Los tres administradores concursales del aeropuerto de Ciudad Real han solicitado a la juez del Juzgado de lo Mercantil número 4 de la capital, que lleva el concurso de acreedores en el que está inmerso el aeropuerto, la suspensión de las actividades en esta infraestructura durante un año, según ha adelantado este jueves eleconomista.es y han confirmado posteriormente fuentes de toda solvencia conocedoras del caso. 

   Durante el período de cese de actividad, se espera que se pueda resolver el concurso de acreedores en el que está inmerso el aeropuerto desde junio de 2010. Asimismo, se podrían estudiar las propuestas de compra que hay para hacerse con las instalaciones.
   La información del citado medio refleja además que pese a que los administradores abogaban por mantener abierto el aeropuerto, "se ha llegado a una situación en la que resulta imposible de mantener" y es necesaria la suspensión temporal.
   La propuesta deberá ser ratificada por la juez, para lo cual no hay un tiempo concreto marcado.
   La suspensión de actividades, de ser aprobada, debería conllevar una negociación con las autoridades competentes en relación con la licencia de actividad y la licencia de vuelo, entre otros permisos.
   Por otro lado, fuentes sindicales en el aeropuerto han señalado hoy que no tenían conocimiento de esta propuesta, aunque sí han reconocido que es un tema que se ha comentado este jueves entre los trabajadores.
   El aeropuerto de Ciudad Real está inmerso en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está afectando a toda la plantilla, unas 90 personas.
   La compañía aérea Vueling, única que opera en la infraestructura, anunció el pasado 1 de agosto que dejaría de utilizar el aeropuerto el 29 de octubre debido a su "baja rentabilidad".
   La empresa, que actualmente trabaja con rutas a Palma de Mallorca y a Barcelona --en ambos casos los martes y los sábados--, tomó esta decisión achacando la baja rentabilidad "al alza del precio del combustible y al estancamiento de la economía española".
   El pasado 12 de agosto la presidenta de Castilla-La Mancha anunció que el Consejo de Gobierno había aprobado la disolución de la Sociedad Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha (SIA).
   Cospedal explicó que la sociedad se disolvió porque, tras "un tiempo de vida" y la generación de un gasto "importante", se ha demostrado que no ha contribuido "en nada" a mejorar la situación de las infraestructuras aeroportuarias.
   La sociedad tenía por objeto favorecer o ayudar, fundamentalmente, a las infraestructuras aeroportuarias de Castilla-La Mancha y supuso un gasto "importante" en un momento en el que la economía del Gobierno de Castilla-La Mancha es "frágil", señaló Cospedal.
   La Junta indicó que la actividad de SIA se ha limitado a la firma de dos contratos de patrocinio con la compañía Vueling Airlines, cuya vigencia expira el próximo 31 de octubre. Dichos contratos han supuesto un gasto de 2.344.723 euros, mientras que la plantilla de personal de SIA, formada por tres personas supone un coste anual de 179.989 euros.
   Dos días antes de las elecciones autonómicas del 22 de mayo, la entonces candidata 'popular', María Dolores de Cospedal, aseguró sobre el Aeropuerto de Ciudad Real que había "muchos rumores" de que pudiera estar en "situación de tener que cerrar porque no cobra nadie, rumores que no terminan de salir a la luz pero que me temo que saldrán el día 23".
   En cualquier caso, abogó por "buscar una fórmula para hacerlo rentable", añadiendo que "si la Junta se va a tener que quedar con el aeropuerto tendrá que ver qué ha pasado".

200 trabajadores de CajaGranada se concentran contra eventuales despidos en Mare Nostrum

GRANADA.- Doscientos trabajadores de CajaGranada se han concentrado este jueves en la sede central en protesta por el posible ERE que podría afectar a entre 400 y 800 empleados del Banco Mare Nostrum.

En el caso de CajaGranada, según el presidente del comité de empresa, esta reducción de personal podría suponer que la caja pasara de 500 a 120 empleados.

Los trabajadores y los representantes sindicales allí congregados no han concretado qué medidas van a tomar en los próximos días, aunque sí han confirmado que se reunirán cada lunes en la sede de CajaGranada, según el periódico 'Ideal'.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT temen que el grupo Banco Mare Nostrum (BMN), en el que está integrado CajaGranada, pueda prescindir en breve de hasta 800 empleados como consecuencia del nuevo proceso de reestructuración que lleva a cabo para completar su proceso de recapitalización, publica por su parte el digital 'Granada Hoy'.

Ambos llegan a esa conclusión después de que el pasado martes, la reunión de la Comisión de Seguimiento del SIP, celebrada en Madrid, les regalara, en palabras de CCOO, "un dardo envenenado": un nuevo proceso de reestructuración que en primera instancia se cuantifica "en un excedente de personal de unos 400 empleados y que puede llegar a los 800".

"La dirección muestra la cara más salvaje de las relaciones laborales", destaca el sindicato, que explica que BMN se plantea "la radical cifra de reducir la masa salarial entre 30 y 40 millones", lo que implicaría esa pérdida de empleos.

Están dispuestos a hacerlo, agregaron, "con unos planteamientos que difieren a los presentados en el anterior pacto". Se refieren al primer plan de ajuste del grupo, en junio de 2010, y que se tradujo en el cierre de 171 oficinas y en la prejubilación de 1.050 trabajadores.

UGT detalla que el nuevo plan establece como primera medida "el cierre de otras 50 oficinas" y que la otra vía de ahorro a la que acudirá será "la racionalización y en su caso venta de empresas participadas". Por último, también haría "lo único que parece que se les da bien: reducir los gastos de personal".

Especifica que se haría "por distintas vías, todas ellas en estudio". Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que significaría que "por turnos o elegidos a dedo, los trabajadores dejan de trabajar un tiempo, durante el cual en vez de nómina cobran el paro que les corresponda" y planes de salidas voluntarias incentivadas, de reducciones voluntarias de jornadas, de excedencias parcialmente remuneradas y, esto último lo recalcan especialmente, "de reducciones del salario para la plantilla".

Como último recurso, añade UGT, contemplan un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo, algo distinto a las prejubilaciones que hasta ahora se han llevado a cabo "y no precisamente en las mismas condiciones".

Comisiones Obreras puso el acento en otra cuestión: algunas entidades han necesitado acudir al Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) para completar su proceso de recapitalización y eso se ha querido vender como un fracaso porque esos bancos no han podido encontrar inversores privados (que en eso es en lo que está BMN). "Pero ninguna de esas entidades ha planteado, en una situación tan crítica, una reducción de la plantilla a niveles tan radicales. Los puestos de trabajo, a fecha de hoy, se están garantizando".

"Sin embargo -continúa CCOO-, BMN no parece tener una situación tan crítica pero plantea reducir la masa salarial entre 30 y 40 millones de euros".

El día 18 habrá una nueva reunión entre sindicatos y dirección y los sindicatos esperan que ésta dé marcha atrás. En caso contrario, de sus palabras se deduce que la relación con ella no será idílica. "Ochocientos puestos de trabajo es una cifra insostenible", sostiene CCOO, que recuerda que los mismos gerentes que estaban en las cajas siguen en el banco "sin asumir su responsabilidad por habernos llevado a esta situación crítica".

UGT lo resume en una frase categórica: "Es absolutamente inaceptable y confirma una auténtica declaración de guerra".

Diego de Ramón ya presentó el pasado febrero una denuncia contra el gobernador del Banco de España por no supervisar la CAM

 MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón presentó ya a principio de este año la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, en un juzgado de Murcia a raíz de lo que sabía de fuentes internas estaba sucediendo en la CAM. La noticia de esta acción legal se públicó exclusivamente en Murcia Confidencial el 13 de febrero y ningún otro medio se hizo eco de ella, al parecer, por razones de cartera publicitaria. Y la respuesta del juez de admitirla o no a trámite aún está pendiente de conocerse.

 ESTA ES LA NOTICIA DEL PASADO 13 DE FEBRERO

"MADRID.- El abogado español Diego de Ramón ha presentado la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', según han confirmado fuentes de su bufete.

Esta denuncia, según las mismas fuentes, se basa en un reciente informe del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y delegado de supervisión del Banco Central Europeo.

El escrito, pendiente de admisión a trámite y quedar convertido 'de facto' en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a reparto en los primeros días de febrero en un juzgado de guardia de Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y operativa, del Banco de España".

El dinero que han cobrado seis directivos de la CAM bastaría para cubrir el subsidio de 17.000 parados

MURCIA.- Los 15,5 millones de euros en prejubilaciones que se han repartido los miembros de la cúpula que han dejado CAM serían suficientes para hacer frente a la ayuda mensual que reciben 17.000 parados. Mientras el desempleo sigue aumentando, 50.000 desempleados de los 136.294 registrados en la Región no cobran ningún tipo de prestación, ayuda o renta de inserción, recuerda hoy el digital Murcia Económica.

Las cifras aportadas por el ministerio de Trabajo sobre Murcia son suficientemente clarificadoras. De los 136.294 desempleados murcianos registrados en el mes de septiembre, únicamente 84.311 cobran alguna prestación, bien por desempleo o por ayudas del ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo se ve obligado cada mes a hacer frente a una nómina de 77 millones de euros en la Región en su correspondencia con el desempleo cada vez más galopante. 57de estos millones corresponden a los desempleados que aún cobran prestación. Otros 16,7 millones tienen que ser destinados mensualmente al pago de los subsidios; y otros 3,2 millones corresponden a las rentas de inserción.

En este marco marcado por el paro, el malestar se acrecienta cuando hace una semana se ha conocido que la cúpula de la CAM, intervenida por el Banco de España, se repartió la friolera de 15,5 millones en prejubilaciones de lujo y las pérdidas en los seis primeros meses del año superan los 1.136 millones.

Los ejecutivos que se han repartido este dineral son Roberto López Abad (director general hasta diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la Caja).

La directora de la CAM hasta la intervención de la caja por parte del Banco de España, María Dolores Amorós, pretendía cobrar una renta vitalicia, por 369.497 euros anuales, decisión que fue uno de los motivos que precipitó su despido.

La ejecutiva, sin embargo, se quedará sin cobrar esta renta vitalicia por haber sido objeto de despido disciplinario, salvo que recurra a los tribunales y éstos le den la razón.

El caso más destacado entre los cinco es el de Roberto López Abad, que dejó la dirección de CAM para asumir la dirección de Banco Base. Se prejubiló y obtuvo una indemnización de 3,8 millones de euros. Este importe es el resultado de multiplicar su último salario neto por los años que le quedaban para la jubilación (nueve).

Otra de las salidas sonadas fue la del director general Adjunto, Agustín Llorca. Éste anunció que se acogía al plan el mismo día en que se produjo la intervención de la caja, pero por la mañana. Llorca afirmaba en ese momento que ya había avisado de que tenía intención de prejubilarse, pero que quiso apoyar la labor de la directora general en los meses siguientes, en los que la caja estuvo buscando inversores que entraran para evitar la intervención del Banco de España, y eso retrasó su salida formal de la entidad.

Cuatro de los cinco ejecutivos se acogieron a las jubilaciones anticipadas el pasado febrero, justo después de que la entidad formulara las cuentas de resultados del ejercicio 2010, cuando todavía estaba en marcha la creación del malogrado Banco Base con Cajastur.

Vinculado con la integración en Base Base se aprobó un plan de jubilaciones en la CAM, con expediente de regulación de empleo, al que se acogió la cúpula directiva. Tras la ruptura de Base se ejecutó un nuevo expediente de regulación de empleo, que fue formalmente aprobado por el ministerio de Trabajo el 3 de junio.

Entre tanto, casi un millar de trabajadores de Caja Mediterráneo, aproximadamente el 90% de plantilla de la Región de Murcia, se concentraban en la tarde del martes ante el Banco de España en Murcia, produciéndose cortes intermitentes de tráfico en la Gran Vía ante la avalancha de asistentes. Los manifestantes reclamaban que no se pierda la Obra Social de CAM y que no se destruya empleo en la Caja una vez adjudicada mediante subasta a otra entidad financiera.

Estos trabajadores también condenaban la “deplorable y vergonzosa actuación” de los directivos de la Caja.

CC.OO. y UGT arremeten contra Fernández Ordóñez por actuar como un "incompetente y temerario"

MADRID.- Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, han arremetido este jueves contra el gobernador del Banco de España por su tarea al frente del supervisor bancario, llegando a calificarle de "incompetente, imprudente e incluso temerario", que ha ocasionado que España lleve "los deberes retrasados" a la hora de sanear el sistema financiero para resolver la restricción del crédito.  

   En una rueda de prensa conjunta, ambos líderes sindicales han acusado al gobernador de olvidar sus funciones de supervisión de la banca para dedicarse "a dar consejos" en otros ámbitos, en especial el laboral y social. "Que no venda consejos, la gente en este país está harta de charlas de telepredicador para justificar recortes", ha incidido Méndez.

   En este sentido, el dirigente de UGT ha remarcado que lo que ha fallado no son los mecanismos de regulación, de los que el Banco de España dispone desde los tiempos en que Ángel Rojo estaba al frente de la institución, sino la supervisión, que ha sufrido un "debilitamiento" en los últimos años.

   "Fernández Ordóñez ha estado hablando a troche y moche de reforma laboral y negociación colectiva mientras ocurrían cosas gordas en su ámbito", ha asegurado Méndez, quien ha advertido que esto "no debe volver a pasar".

"Que se dedique a lo suyo", ha incidido.

   Preguntado por la propuesta del PP de reformar el Banco de España para garantizar una gestión "técnica e independiente políticamente", Fernández Toxo ha advertido de que se puede ser "independiente o supuestamente independiente y a la vez ser incompetente, imprudente y temerario", como a su juicio ha sido Fernández Ordóñez.

   Para los sindicatos, existe mucha opacidad" en las entidades que están propiciando situaciones "inmorales e indecentes" como las relativas a las indemnizaciones de ex directivos de cajas como la CAM o Novacaixagalicia, permitiendo también que se asumieran "riesgos suicidas" en el sector inmobiliario.

   "Hay alguien en la supervisión que no cree en las cajas de ahorro y ha permitido que esto sucediera con el objetivo de cargárselas", ha remarcado Cándido Méndez, quien ha lamentado que el proceso de bancarización de estas entidades "perjudica" la salida de la crisis a sectores económicos muy importantes, como las pequeñas empresas.

   Por su parte, Fernández Toxo ha defendido a los representantes de los sindicatos en los consejos de administración de las cajas, asegurando que ellos "no tienen conocimiento" de los "pactos" acerca de prejubilaciones e indemnizaciones para los altos cargos, sino sólo información "global" y no desglosada de la política de remuneraciones.

   "No estamos de acuerdo ni nuestros representantes hubieran permitido, de conocerlos, estos comportamientos indecentes", ha asegurado

   Además ha asegurado que el proceso de reestructuración de las cajas está "expulsando" a los sindicatos de los consejos, mientras que los dirigentes de las entidades "que quieren dar lecciones a todo el mundo", utilizan su "situación de preeminencia" para "aporvecharse" y lucrarse, incluso gracias a los recursos públicos inyectados a las entidades.