domingo, 14 de agosto de 2011

Responsabilidades en el final de la CAM / José María Perea Soro *

Han pasado poco más de dos semanas desde que Camps y la CAM protagonizaron dos de los hechos más notables en la historia de nuestra comunidad: la primera dimisión de un presidente de la Generalitat por haber sido citado a juicio por presunta corrupción y la intervención del único banco con sede en Alicante, heredero de una caja de ahorros con 136 años de antigüedad. Diversos artículos en el diario 'Información', así como algunas cartas al director, han puesto de manifiesto estas dos vidas paralelas hacia el declive, así como el papel determinante del ex-molt honorable en la crisis de la caja de ahorros.

Los alicantinos podemos vivir en septiembre-octubre una situación por la que ya pasamos hace unos años cuando el Banco de Alicante desapareció. Un Gobierno presidido por José María Aznar, con Rato y Rajoy como hombres fuertes, entregó Argentaria (la banca pública conformada por el Banco Exterior de España, el Banco de Alicante y otras entidades regionales de menor peso económico) al Banco Bilbao Vizcaya para transformarse en el actual BBVA. Es probable que sea el BBVA quien, de nuevo, se quede con la propiedad de un banco alicantino, el casi inédito Banco CAM, intervenido por el Banco de España el 22 de julio de 2011.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo llegó a unos activos de alrededor de 75.000 millones de euros, casi un millar de oficinas y 3,3 millones de clientes, como resultado de sucesivas fusiones que culminaron hace veintiún años con la protagonizada por la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia con la Caja de Ahorros Provincial de Alicante, ésta última entidad fundada por la Diputación para servir de apoyo, primordialmente, a los ayuntamientos de la provincia. 

Hasta llegar a ese punto, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alicante, fundada en 1875 por la burguesía comercial alicantina para dotarse de un instrumento financiero propio, había realizado en 1940 y 1975 procesos de fusión con entidades locales de las provincias de Murcia y Alicante, manteniendo siempre la sede central, y la capacidad de decisión, en la capital de la provincia.

El Banco de Alicante surgió en 1965 con el mismo objetivo, el de contar con una entidad financiera autóctona, en este caso bancaria. Antonio Ramos Carratalá, director de la Caja del Sureste desde los años 40, estuvo entre los impulsores del nacimiento del Banco de Alicante, que hizo de su nombre bandera para conquistar el mercado local. Su crecimiento fue espectacular hasta que, atrapado por el excesivo riesgo contraído con la actividad constructora, entró en manos de Banca Catalana antes de ser intervenido por el entonces Fondo de Garantías, precedente del actual FROB, que redujo el valor de las acciones a una peseta en la conocida como "operación acordeón" del capital social de la entidad bancaria.

El ladrillo, como se dice hoy, arrastró a la intervención del Banco de Alicante por las autoridades del Banco de España, como ha sucedido ahora, en gran medida, con Caja Mediterráneo. Un nuevo paralelismo en la historia de ambas entidades, surgidas del mismo deseo social e intervenidas por la misma causa económica.

El Banco de Alicante, adjudicado en febrero de 1983 al Banco Exterior de España en pública subasta, supo remontar, con presidentes como Francisco Fernández Ordoñez, hermano del actual gobernador del Banco de España, y de Miguel Boyer, hasta situarse de nuevo, en pocos años, como una entidad bien gestionada, con beneficios y una clara expansión en los municipios y, sobre todo, presente en todos los sectores económicos de la provincia, que tuvieron en la entidad un apoyo acorde a sus propósitos fundacionales.

La privatización interesada que de todo lo público realizó el Gobierno de España, en los primeros años con el Partido Popular en el poder, condujo a la desaparición definitiva del Banco de Alicante con todo el grupo Banco Exterior. Ahora, la desmedida intervención de la Generalitat en las cajas de ahorro valencianas, desde que el PP alcanzara el poder en 1996, ha acabado con Bancaja, refugiada en Caja Madrid, y con la CAM, convertida en banco intervenido y expuesta en la plaza pública al mejor postor.

Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, presidentes de la Generalitat entre 1996 y 2011, pasarán a la historia como los responsables del fin del sueño valenciano: contar en estas tierras, de Vinaroz a Orihuela, con instrumentos financieros propios que sirvieran para impulsar nuestra economía, como hacían vascos y catalanes. Un fracaso histórico e irreversible, probablemente, en estos tiempos de economía globalizada. Zaplana y Olivas encontraron un refugio bien dotado económicamente, y el tercero, pese a su dimisión como imputado, está llamado -Rajoy dixit- a nuevas glorias políticas. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!

Finalmente, dos palabras más sobre la CAM, intervenida con casi ¡un billón! de las antiguas pesetas, entre los 2.800 millones de euros de recapitalización y los 3.000 millones de disponibilidad inmediata, que con esto del euro todas las cifras parecen pequeñas. Los últimos datos contables de la CAM atribuían a las comisiones de clientes más del 80 por ciento de la cifra total de beneficios. Luego, era verdad que la caja era nuestra, de los impositores, ya que nuestra fidelidad a la entidad era la que mantenía en positivo sus resultados y no la buena gestión financiera e inversora de sus consejeros y directivos, tan bien remunerados en créditos preferentes y sueldos millonarios. 

Los especialistas en Historia Económica tienen suficiente material para un estudio, tanto de la intromisión política partidista en las instituciones financieras, como de lo descabellado de tantas decisiones económicas ruinosas de un grupo dirigente (Consejo y altos directivos). En el batiburrillo de sonoros fracasos de la CAM, y malas amistades, se pueden ver arrastrados la Obra Social, un patrimonio y un mecenazgo cultural irremplazables en Alicante, algunas empresas participadas bien gestionadas o proyectos de futuro como los surgidos del estudio I+D para acciones concretas en el territorio de Alicante, sobre cuya continuidad se abren ahora muchas incógnitas.

Todos los alicantinos perderemos con la desaparición de la CAM, cuando sea adjudicada entera o troceada. La sociedad valenciana, con lo sucedido en Bancaja y la CAM, ha fracasado en su voluntad de dotarse de instrumentos financieros cercanos y atentos a la realidad del territorio y de sus gentes, de sus sectores económicos y sociales. Pero no todos somos igual de responsables. Hay algunos que por acción, como los expresidentes de la Generalitat ya mencionados, como por omisión, capítulo que encabezan las organizaciones patronales y camerales regionales y provinciales tan sumisas durante los últimos años a los desafueros del poder establecido, tienen sobre su conciencia un mayor peso. 

En el capítulo de responsables/irresponsables destacan aquellos miembros del Consejo de Administración -captados o cooptados por los dirigentes de partidos, sindicatos e instituciones económicas- y aquellos altos directivos que han protagonizado muchos de los avatares de la CAM en los últimos tiempos. Son quienes, a la vista de lo que se va conociendo, quizá tengan que responder en otras instancias. Socialmente, al menos, ni vestidos de arpillera ni cubiertos de ceniza, deberían pisar la calle sin sonrojo. 

(*) Periodista

sábado, 13 de agosto de 2011

Los economistas confían en el turismo como el sector más aventajado para salir de la crisis

MURCIA.- El X Barómetro del Colegio de Economistas de la Región de Murcia pone de manifiesto que los economistas confían en el turismo, el ocio y la hostelería como el más aventajado para salir de la crisis y encabezar el crecimiento económico. En concreto, al valorar de cero a diez sus previsiones de crecimiento, los encuestados le han dado una nota de 6,20, la mayor de todas.

   A continuación, otros sectores que también aprueban a juicio de los economistas son la agricultura (5,12), la industria agroalimentaria (5,11) y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (5,08). Por el contrario, suspenden Servicios sanitarios, salud y atención social (4,87), Comercio (4,57), logística y transportes (4,46), sector financiero, de seguros y servicios avanzados (4,2) y Otra industria (3,89).
   Destaca, por su nota negativa, el sector de la construcción, que obtiene la peor valoración con un 2,36 y que, según ha destacado el vicedecano del Colegio, Jose Ignacio Gras, "crece algo respecto a anteriores barómetros pero los economistas tienen pocas esperanzas de cara al medio plazo".
   De nuevo, los asalariados del sector privado son el colectivo más optimista, siendo los asalariados del sector público el colectivo más pesimista respecto a la situación por sectores, y todos coinciden en que la construcción y el urbanismo es el que presenta unas expectativas más sombrías.

La Región de Murcia continúa sin suerte con las gestiones para la colocación de la deuda

MURCIA.- La Consejería de Economía y Hacienda continúa con las gestiones "intensas" para la colocación de la deuda, aunque "no son los momentos más adecuados con las primas de riesgo y la situación que viven los intereses de la deuda de algunos países".

   Así lo ha manifestado, al ser preguntado sobre esta cuestión, el portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, quien ha afirmado que "hasta que esta situación no se estabilice no habrá noticias".
   No obstante, ha señalado que las relaciones y conversaciones son "intensas", por lo que se espera que próximamente se pueda dar información al respecto.

Italia suprimirá las provincias de menos de 3.000 kilómetros cuadrados

ROMA.- El ministro de Reformas Institucionales italiano, Roberto Calderoli, dijo hoy que el Gobierno aprobó "la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie", y que para ello se elaborará un censo en otoño de 2011.

Calderoli compareció hoy en rueda de prensa junto con los ministros de Economía, Guilio Tremonti, y de Trabajo y Políticas Sociales, Maurizio Sacconi, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros.
El Gobierno italiano aprobó ayer un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
Según cálculos realizados por los medios de comunicación a partir de los datos ofrecidos por Calderoli, entre 29 a 35 provincias italianas pueden desaparecer.
En cuanto a los 8.094 ayuntamientos existentes en Italia, hay 1.970 con menos de 1.000 habitantes por lo que para ellos será obligatorio la fusión municipal, dijo el ministro.
Calderoli prevé además una reducción de alrededor de 54.000 cargos y asesores a finales de la legislatura sobre los 140.000 actuales.
Por su parte, Tremonti, dijo que la llamada "contribución de solidaridad" penaliza con un 5 % los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 % a los que excedan los 150.000, todos ellos deducibles de la renta.
La "contribución de solidaridad" tendrá una duración de tres años computables a partir de 2011.
El ministro de Economía ratificó que el decreto ley no necesita una cuestión de confianza en el Parlamento, porque es suficientemente "serio y comprometido" para implicar a la clase política en aras del interés general.
En su intervención, el ministro de Trabajo y Políticas Sociales anunció que, en consonancia con los solicitado por el Banco Central Europeo (BCE), el decreto ley contempla la flexibilidad del mercado de trabajo para impulsar la contratación a nivel empresarial, pero también el despido del personal.
Comentó que la jubilación de hombres y mujeres (que hasta ahora se jubilaban a los 65 y 60 años respectivamente) pasará a los 67 años en los próximos cinco años y que en 2050 podría elevarse a los 70.
El gobierno italiano prometió que su nuevo programa de austeridad reducirá la abultada burocracia del país mediante la eliminación gradual de miles de empleos a medida que se reorganiza la administración de las provincias.
El primer ministro Silvio Berlusconi consideró las reducciones como "excesivas", pero reconoció que no hubo otro remedio debido al descontento generalizado de los ciudadanos ante los privilegios de la clase política italiana.
Ante las presiones del Banco Central Europeo, el gobierno aprobó el viernes un plan adicional de austeridad de 45.500 millones de euros en los próximos dos años para equilibrar el presupuesto del 2013.
El plan —una mezcla de reducción del gasto y aumento de los impuestos, incluyendo una "tasa de solidaridad" para los salarios más cuantiosos— intenta apaciguar los temores de los mercados y asegurar que Italia no acabe pidiendo un plan de rescate para evitar la bancarrota.
Roma había aprobado ya el mes pasado un recorte del gasto público de 70.000 millones de euros, pero el gobierno sostuvo que la situación financiera se ha deteriorado de forma palpable desde entonces.
El ministro del gabinete Roberto Calderoli dijo el sábado que el número de legisladores nacionales —unos 1.000 en la actualidad— será reducido en un 50%, aunque será necesario un largo proceso constitucional.
Agregó que las administraciones provinciales menores a 3.000 kilómetros cuadrados (1.160 millas cuadradas) o con poblaciones de menos de 300.000 habitantes serán abolidas. Muchos consideran que esas administraciones —una figura que se encuentra entre las municipalidades y las regiones — son una costosa duplicación.
Aunque el número preciso será determinado por un censo en el cuarto trimestre, la medida seguramente afectará a entre 29 y 365 gobiernos provinciales, dijo Calderoli. El diario La Repubblica indicó que entre ellas figuran Siena, Trieste y Prato, un importante centro de negocios en las afueras de Florencia.
Las poblaciones con menos de 1.000 residentes serán consolidadas con otras mayores, cambio que afecta a unas 1.970 municipalidades de 8.094 en todo el país, según el gobierno.
Esas reducciones significan que unos 5.000 cargos elegidos serán eliminados, así como varios miles de empleos relacionados, dijo Calderoli. Esas medidas entrarán en vigor en las próximas elecciones municipales.
El tema de la excesiva burocracia ha figurado desde hace años en el debate entre los partidos italianos. Pero, la indignación ciudadana alcanzó recientemente nuevos niveles al quedar exenta la clase política de las reducciones.

Los municipios españoles enfrentan una profunda crisis

MADRID.- Las 8.115 municipalidades españolas están afectadas por las deudas que contrajeron después de dos décadas de vacas gordas que supuso el auge de la construcción antes de estallar la burbuja en el 2008.

Existe una creciente preocupación en España de que las municipalidades y los gobiernos regionales corran el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones. Esta semana, en La Mancha, Castilla, tres de cada cuatro farmacias cerraron en una "huelga" para protestar por la demora en el pago de 125 millones de euros que les debe el gobierno regional por las recetas farmacéuticas que los ciudadanos reciben del sistema nacional de salud.
Los gobiernos locales y regionales asumieron grandes obligaciones durante los años de bonanza, pero ahora sus arcas se han vaciado.
Muchos pueblos contrataban a numerosos empleados a medida que los municipios recaudaban las tarifas de los permisos de construcción y las licencias de negocios, además de mayores impuestos a la propiedad. Las autoridades se lanzaron a construir carreteras, escuelas, guarderías, atracciones turísticas y centros para retirados.
La crisis financiera del 2008 redujo los fondos y convirtió el auge en un desastre. Ahora la construcción está paralizada y los negocios están cerrando mientras España lidia con un desempleo de casi el 21%, récord para la eurozona. Muchos municipios casi no pueden pagar a sus empleados, no pueden despedir trabajadores debido a las reglas sobre el servicio público, están pagando con demora al sistema de salud, y tratan de aplazar o reestructurar las deudas que asumieron con los costosos proyectos de infraestructura.
La nación podría ser la próxima en necesitar un rescate financiero después de Grecia, Irlanda y Portugal, y hay quienes dicen que el ejemplo de su municipio demuestra que España necesitará la ayuda de la Unión Europea, pese a las promesas de las autoridades centrales de que la nación no la precisará.
La deuda de los gobiernos locales ascendía a 35.000 millones de dólares a fines del 2010, un 11% más que en el 2008, y se pronostica que podría aumentar este año a medida que siguen declinando los ingresos de las municipalidades.
"El panorama es negativo, y si no enfrentamos los problemas de los municipios tendremos más ejemplos como Moratalla, en la Región de Murcia", advirtió Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia y presidente de la comisión de finanzas de la asociación que representa los municipios y provincias de España.
"Se trata de aumentar impuestos o reducir servicios. No existe una máquina para fabricar dinero".
Arahuetes dijo que el gobierno central español debe considerar una reforma controvertida para disponer la fusión de pequeñas comunidades a fin de que ahorren costos, al menos para los pueblos de no más de 400 habitantes que tengan sus propios municipios.
"La distribución territorial de los pueblos en España es totalmente insostenible y alguien tiene que encarar este problema seriamente", agregó.
Grecia lo hizo el año pasado, cuando redujo sus 1.034 municipalidades a 325 para dinamizar los servicios y reducir costos y desperdicios. En Italia, el gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi emitió el viernes un decreto de emergencia para abolir la administración provincial de las ciudades con menos de 300.000 personas, mientras que los pueblos pequeños con menos de mil residentes se fusionarán con comunidades más extensas.

El Gobierno urge a las CCAA a que "aceleren" la aprobación de la regla de gasto antes del plazo

MADRID.- El vicesecretario general del PSOE, ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, José Blanco, exige a las comunidades autónomas "un compromiso mayor" con lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que aceleren el establecimiento de una regla de gasto público y ha hecho un llamamiento al PP, que gobierna en la mayoría de ellas, a que "se comprometa de verdad" con la reducción del déficit y de "gastos innecesarios que a veces se producen en determinadas comunidades" y les anima también a revisar su política de "ingresos".

   "Es verdad que la mayor preocupación que manifiestan los mercados en relación con la situación de la economía de nuestro país, es la preocupación por el endeudamiento y el gasto de las comunidades. En este sentido es exigible un compromiso mayor a todas", afirma Blanco.
   El dirigente socialista insiste en que esa regla de gasto transmitirá "seguridad y confianza", que es lo que pide el PP, ha dicho, para acusar al líder de este partido, Mariano Rajoy, de "contribuir sin embargo todos los días a la desconfianza".
"Por cierto, un líder que no es capaz de generar confianza cuando está en la oposición no será capaz de generar confianza cuando está en el gobierno", ha añadido.
   José Blanco entiende que las comunidades deben aplicar esta fórmula porque nadie se opuso a ella en el Consejo de Política Fiscal, aunque las comunidades del PP se abstuvieran, no votaran en contra.
   "Un compromiso es un compromiso y nos parece que quien ha venido pidiendo que las comunidades cumplieran con su deber y no gastaran más de lo que está previsto, no haga ahora lo contrario. Entendemos, insisto, que el valor de la coherencia es un valor importante que el PP tiene que ir demostrando para ser creíble", ha exigido el portavoz del Gobierno, que no ha planteado un plazo para aprobar esa regla de gasto. "Cuanto antes, mejor para todos", ha zanjado.
   Blanco recuerda también a las comunidades que pueden revisar sus ingresos además de reestructurar su deuda, "plantearse si es necesaria una política de ingresos mayor".
"Plantearse los ajustes que crea convenientes, pero tienen que cumplir con su objetivo", afirma, para aclarar sin embargo que no quiere indicar a las autonomías cómo adecuar gastos e ingresos. 
"Para eso tienen autonomía, pero precisamente en el ejercicio de su autonomía tienen que tomar sus decisiones", asegura.
   El dirigente socialista explica al respecto que las comunidades no se pueden "instalar en la reivindicación permanente" al Gobierno de más recursos para gestionar las competencias. "No se puede estar planteando sistemáticamente que hay que rebajar impuestos y luego reclamar al Estado que nos compense. Los gastos y los ingresos tienen que cuadrar y como hay que cumplir con los objetivos de déficit, cada comunidad debe adecuar sus gastos a sus ingresos. Y yo no voy a decirles, Dios me libre, cómo tienen que hacerlo", insiste.
   En esta misma línea, Blanco exige claridad sobre el copago, a propósito del debate suscitado en la Comunidad Valenciana para establecerlo en la Justicia, después de plantearlo también para la Sanidad y la Educación, aunque nunca se ha llegado a pedir abiertamente.
   "Ya he escuchado a tres presidentes autonómicos del PP, a tres, hablar del copago sanitario, que la gente pague por ir al médico;  del copago educativo, que la gente pague por ir al colegio; y del copago en materia de justicia, que la gente pague por resolver los litigios", afirma. "Que de verdad abran el debate, que lo digan si lo quieren hacer, pero que no anden siempre sí pero no, sí pero no, a ver si cuela", exige.
   Blanco también se pronuncia sobre otros de los asuntos planteados desde algunas comunidades gobernadas por el PP, la posibilidad de devolver una competencia al Estado si el gobierno regional no quiere gestionar esa materia.
   El portavoz del Gobierno advierte de que esta no esa una decisión unilateral, puesto que el traspaso tampoco lo es: lo acuerdan el Estado y la autonomía. El asunto, en su opinión, deja traslucir la "la incapacidad para gestionar las competencias" en una situación difícil como la actual.
   "Cuando escucho a algún presidente de Comunidad Autónoma del PP hablar de esto me pregunto qué poca memoria tiene, porque las transferencias las hizo el Gobierno del PP en materia de sanidad y educación para la mayor parte de las autonomías. Las hizo el Gobierno de Aznar", explica.

El ciezano José Antonio Camacho, nuevo seleccionador de China

PEKÍN.- El entrenador español José Antonio Camacho ha llegado hoy sábado a Pekín donde firmará un contrato de tres años como nuevo técnico de la selección de fútbol china, a la que intentará clasificar para el Mundial de 2014 que se celebrará en Brasil.

   De esta manera, el murciano de Cieza sustituirá en el cargo a Gao Hongbo, después de que durante el último año, la Asociación China de Fútbol (CFA) sopesara varios nombres para ocuparse de su combinado nacional. Camacho intentará clasificar a China en la fase final del mundial de 2014 como ya lo hiciera Bora Milutinovic en el mundial de Corea y Japón de 2002, única fase final que ha disputado el combinado chino.
   Según informó la agencia oficial Xinhua, el técnico español fue recibido por una marea de medios y aficionados chinos en el aeropuerto de Pekín, donde acompañado de todo su equipo técnico declaró sentirse "muy feliz y muy orgulloso" de formar parte de la selección china.

Aguilar dice que Francia se compromete a garantizar la libre circulación de los camiones españoles

MADRID.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado que el Gobierno francés, a través del ministro de Agricultura del país, se ha comprometido a garantizar la libre circulación de mercancías y la seguridad de los camiones y transportistas españoles en el territorio galo.

   Aguilar hizo estas declaraciones a raíz de los ataques a camiones españoles que transportaban frutas y hortalizas en Francia, por parte de un grupo de agricultores, que lanzaron a la calzada la carga de los vehículos de transporte procedentes de la Península.
   En una entrevista concedida a la 'Cadena Ser', la titular de la cartera de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha afirmado que ha solicitado a su homólogo francés que aseguren la plena seguridad del funcionamiento normalizado de los almacenes españoles que se hayan en el Sur de Francia.
   Según Aguilar, el ministro galo se ha comprometido "plenamente" ante estas peticiones y ha lamentado todos los hechos que han sucedido durante los días pasados. Además, ha indicado que ambos gobiernos han acordado trabajar conjuntamente en una propuesta a la Comisión Europea (CE) para establecer mecanismos de regulación "eficaces y efectivos" que impidan que estas situaciones se vuelvan a repetir.
   "Los precios en relación con las cosechas están por los suelos, no se cubren los costes de producción y esta situación es insostenible y la Comisión debe actuar. Por este motivo, vamos a presentar una propuesta fuerte y potente encima de la mesa para que se tomen decisiones urgentes en el marco de la Unión Europea", ha añadido.
   La ex alcaldesa de Córdoba ha afirmado que estos ataques a los camiones españoles no se tratan de actos "plenamente organizados por parte de los agricultores franceses" y ha señalado que el Gobierno francés está comprometido a poner fin a esta situación que acontecido.
    Por otro lado, Aguilar ha explicado que la posibilidad de que los transportistas españoles lleven escolta en Francia "no tiene ninguna eficacia" y ha resaltado que la opción más adecuada es atajar estos ataques y "poner punto y final a la situación".
   Por último, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha indicado que a principios de septiembre viajará a Francia, donde se reunirá con su homólogo francés, al que ha solicitado conocer los daños ocasionados en las mercancías y en el transporte por las protestas de los agricultores galos. En este sentido, ha añadido que propondrá un "resarcimiento" de daños "urgente, rápido y eficaz".

CGT convoca movilizaciones en Caja Mediterráneo para exigir una venta de la entidad con "garantías"

ALICANTE.- CGT ha convocado para el 18, 22, 25 y 29 de agosto una serie de movilizaciones para "exigir garantías" para mantener los "puestos de trabajo, condiciones laborales y la obra social", así como para que se "depuren responsabilidades" y que la caja sea adquirida por "una caja o grupo de cajas", en lugar de que se produzca "una venta disgregada de la CAM", según ha informado el sindicato en un comunicado.

   CGT se ha dirigido a los administradores del Banco de España "exigiendo que no se produzca la venta sin las citadas garantías" y, según ha asegurado, "ante la falta de respuesta de los administradores" han decidido convocar estas movilizaciones, que se celebrarán a las puertas de la central, situada en Óscar Esplá. Todas serán a las 15.30, salvo la del día 25, que será a las 20.30 horas.
  "Nos parece una grave irresponsabilidad, por parte del Banco de España, el anuncio de venta al mejor postor. Un organismo público, como el Banco de España, debe velar por los puestos de trabajo y evitar la venta disgregada", ha añadido.

Piden al FROB que las cuentas de la Caja Mediterráneo se hagan públicas

ALICANTE.- El Movimiento 15-M de Alicante ha enviado un escrito al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que piden que las cuentas de Caja Mediterráneo (CAM) se hagan públicas y pide responsabilidades a sus gestores, según ha informado en un comunicado este movimiento, que ha resaltado que enviará la carta a la Policía Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, los representantes de 15-M piden que la CAM "no se convierta en Banco CAM, sino que siga siendo una Caja de Ahorros", aunque este proceso ya fue iniciado hace meses, así como "conocer las cuentas, que se enjuicie a los responsables" y que "las cantidades dedicadas a respaldar los valores en Bolsa se usen para que no paguemos los españoles tanto dinero por reflotar la caja".
Así mismo, demandan que "no se despida a los empleados que no se han visto implicados en las operaciones presuntamente fraudulentas y que sean de probada competencia y que se paralicen y anulen los proyectos CAM de marcado carácter antihumanitario y antiecológico".
Este escrito será enviado también a la Fiscalía Anticorrupción, al Cuerpo Nacional de Policía, al jefe de Inspección de Hacienda y al Banco de España.
Según han argumentado, "la intervención de la CAM por parte del Banco de España para evitar la quiebra de la entidad deja a la Comunidad Valenciana y a la sociedad alicantina en particular sin su principal arma financiera".
A su juicio, "su quiebra significa que ciudadanos, pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno tendrán obligatoriamente que acudir para pedir dinero a entidades cuyos centros de decisión están en Madrid, Barcelona, o incluso en el extranjero".
También han lamentado "la posible pérdida de la obra social, los muchos puestos de trabajo directos o indirectos que se van a perder" y han expresado su "sospecha de que no se va a pedir responsabilidades a los responsables".

viernes, 12 de agosto de 2011

El alcalde de Lorca insta a Tovar a que explique por qué el Estado ha tirado por la borda proyecto de ley de ayudas

LORCA.-   El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha pedido al delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, que "no lance más cortinas de humo y explique a los lorquinos por qué el Ejecutivo central ha tirado por la borda las múltiples iniciativas que habíamos presentado para lograr más ayudas para Lorca en la tramitación del proyecto de Ley".

   Así, Jódar ha acusado a Tovar de "mentir deliberadamente al acusarnos de crear confrontación por intereses partidistas cuando, al contrario que él, nos estamos limitando a defender los intereses de los lorquinos, porque yo soy de Lorca antes que del PP, mientras él demuestra ser del PSOE antes que murciano".
   "Hemos callado infinidad de veces las pegas que nos está poniendo la Delegación, que han sorprendido hasta a los propios miembros del Gobierno central", ha manifestado Jódar, para después dejar claro que "al contrario que el PSOE, nosotros pusimos encima de la mesa propuestas para mejorar el proyecto de ley, intentando buscar el consenso hasta que el Gobierno central lo rompió".
   Ahora, ha continuado, "mantenemos nuestra colaboración para el Plan Lorca y el Plan de Vivienda, nuevas propuestas que planteamos y que tienen la oportunidad de aceptar".
   Según ha comentado, lo que hizo este jueves fue "poner encima de mesa una gran cantidad de propuestas, fruto del trabajo de muchas personas y las aportaciones de los agentes sociales, para que Lorca se sitúe donde tiene que estar, como si no hubieran ocurrido los terremotos, dos planes plagados de propuestas que esperemos que el Ejecutivo central no desprecie".
   Por ello, ha asegurado que seguirá manteniendo ese espíritu de colaboración pero, al mismo tiempo, el delegado del Gobierno "no debe dudar que seguiremos denunciando cualquier actitud perjudicial para los lorquinos, como debería de hacer él".
   En un comunicado, Jódar ha subrayado que "el Ayuntamiento hace mucho tiempo que tramitó todas las solicitudes de ayuda a la Comisión Mixta que las aprueba".
   Además, el primer edil lorquino ha pedido a González Tovar que "deje de intentar de engañar a la opinión pública contabilizando las indemnizaciones del Consorcio como ayudas del Estado, pues este dinero sólo lo recibe, como manda la ley, quien ha estado pagando por tener un seguro y por lo tanto es una obligación y no hay que agradecer nada por ello".
   A lo que se une el hecho de que "hemos recibido innumerables quejas de que en la mayoría de los casos no se aporta al ciudadano un informe pericial y se le da menos dinero de lo que le correspondería".

El delegado del Gobierno pide que cada Administración asuma sus obligaciones en la reconstrucción de Lorca

  MURCIA.- El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha pedido que cada Administración asuma sus obligaciones en la reconstrucción de Lorca y ha recordado que la confrontación y el enfrentamiento no beneficia ni a la ciudad ni a los lorquinos.

   González Tovar ha comentado que las declaraciones del alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que aseguró que el Gobierno de la nación "se había olvidado de la ciudad", se deben a una campaña orquestada por el Partido Popular.
   Al respecto, ha afirmado que lo que debe de hacer tanto el Gobierno regional como el local es "asumir sus competencias y responsabilidades, en lugar de criticar, de manera irresponsable, al Gobierno estatal obviando las ayudas y la colaboración que ofrece en los últimos meses".
   El delegado ha asegurado que la Administración central está teniendo un comportamiento ejemplar con ayudas rápidas y ágiles, sin olvidar a Lorca en ningún momento y manteniendo su compromiso con la ciudad y con cada uno de los habitantes que se han visto perjudicados por los seísmos.
   González Tovar se ha preguntado qué hace el Ejecutivo regional y las medidas que pueden llevar a cabo, además de las declaraciones. Ha pedido también que pongan en marcha medidas como por ejemplo el "céntimo solidario, algo parecido a lo que se hace con el céntimo sanitario para financiar la sanidad pública, pero en este caso para la recuperación de Lorca".
   Además, ha aclarado que la única vía para ayudar a la ciudad y a los damnificados es la unidad, ya que esta campaña de descalificaciones y la posición del PP y el Ayuntamiento de Lorca no beneficia a nadie. El delegado ha comentado al respecto que entiende que "el Ayuntamiento esté desorientado y se vea incapaz de gestionar el problema por lo que busca en el Gobierno de España un elemento para distraer y criticar".
   Por otra parte, ha recordado que para llevar a cabo los trámites se necesita personal y aunque los funcionarios necesitan sus vacaciones, si hay que firmar ciertos proyectos urgentes se debe colocar a otras personas que puedan continuar con los trámites de los expedientes.
   González Tovar ha mencionado que para los proyectos se necesita personal y también dinero, y que ambos los está poniendo el Gobierno de la nación, pese a que competencias como vivienda, educación o sanidad están transferidas se ayuda en estos campos.
   Al hilo, ha explicado que el Estado ha otorgado 137 millones en concepto de obras que se ejecutan e indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, además, más del 67 por ciento de los expedientes presentados están resueltos y abonados, con lo que se demuestra una gestión rápida y ágil.
   En cuanto a este asunto, ha asegurado que el Gobierno regional es el responsable de los expedientes que llegan a la Comisión Mixta por lo que si no se tramitan y aprueban más es porque no reciben y ha añadido que lo que se pretende es que lleguen cuanto antes y en cantidad de modo que puedan ser aprobados y destinar la cantidad necesaria a las víctimas.
   Respecto a los planes de la Administración central, el delegado ha recordado el Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Histórico en el que se destina 51 millones de euros, en las que aportará un tercio el Gobierno de la nación, otro tercio a repartir entre Comunidad y Ayuntamiento, y el resto entre propietarios y mecenas.
   Por otra parte, ha señalado que el Ministerio de Educación aportó 2 millones de euros para la rehabilitación de centros pese a que estas competencias las tiene la Comunidad; y ha afirmado que las facturas que el Ayuntamiento presenta ante la Delegación son tramitadas y ha abonado 2,7 millones de euros y ha comentado que hasta el 19 de julio no se había recibido ninguna factura.
   González Tovar ha asegurado que el Consorcio ya ha aportado 109 millones de euros en indemnizaciones con una aprobación del 70 por ciento de los expedientes. Además de las aportaciones de los gastos de emergencias y el adelanto de alquileres, que "si el Gobierno regional ha puesto la otra mitad que le correspondía, ya habrán llegado a los destinatarios".
   Asimismo, ha añadido que las ayudas a la reparación de la vivienda ascienden a algo más de 882.000 euros y pasará por el Consejo de Ministros la próxima semana para su aprobación. Además, la Delegación ha recibido 46 expedientes de demoliciones, aunque por la prensa conocemos que puede haber más de 100, de los cuales 32 se han ordenado y los 14 restantes se han devuelto para la subsanación de algún error.
   El delegado ha manifestado que el total de las ayudas asciende a 137 millones de euros sin contar los 25 millones que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puso a disposición de comercios y pymes, con interés 0, o los 12 millones que el ministro Sebastián anunció para la recuperación empresarial.
   En cuanto al plan para la recuperación de la vivienda, se trata de 300 millones repartidos en dos anualidades, 2011 y 2012, que no está terminado y que supondrá un plan de choque para la rehabilitación de las viviendas de Lorca.

Retegui asegura que el Gobierno murciano es mayor riesgo para la prima de deuda

MURCIA.- La portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, ha asegurado que el mayor riesgo para la economía de cualquier estado o de cualquier comunidad autónoma es un gobierno despilfarrador que no controle el déficit y que no dé datos rigurosos como es el de la Comunidad de Murcia.

   Al respecto, Retegui ha asegurado que esta semana, además, se ha visto cómo medios de comunicación internacionales como The Economist criticaban duramente al Gobierno de Valcárcel por la falta de rigor y de seriedad al haber hablado de devolver competencias, y por no estar preocupado por un control de sus cuentas públicas.
   Además, la portavoz socialista ha añadido que cuando se habla de falta de rigor y de falta de verdad, se debe hacer de altos cargos, de entes públicos, de datos objetivos, y ha manifestado que "hace poco más de un mes, el Gobierno regional configuró un Ejecutivo y nombró nuevos cargos, y dijo que los había reducido. Dijo que 74 significaban una reducción del número de altos cargos, y nos dieron datos de 2008, de 2007 y de 2006.
   Al hilo, ha asegurado que "los números que facilitan los consejeros a los medios de comunicación no se corresponden con los números que se ponen en los documentos oficiales que se envían al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Economía, y que son los que figuran en la página Web de la Comunidad Autónoma".
   En cuanto a este asunto, García Retegui ha invitado a todos los ciudadanos "a que se asomen a la página Web de la CARM, vayan a la cuenta general, y a las cuentas desde 2002, 2003 hasta 2010, y en el Tomo 3 del Volumen 2 visiten la evolución del personal, en donde aparece el número de altos cargos de la Comunidad Autónoma.
   Respecto a este asunto, ha explicado que se podrá observar cómo "en 2003 había 72 altos cargos, con un coste de 3,3 millones de euros, en 2006 había 86, con un coste de 5,3  millones de euros, y cómo en 2010 teníamos menos altos cargos de los que dice ahora la Comunidad Autónoma que tiene. Porque, según dicen los datos oficiales, había 73 altos cargos con un coste de 4,6 millones de euros".
   "Si se habla del número de eventuales, en 2010 ha habido más personal eventual de gabinete en la Comunidad que en 2009, una situación curiosa para una situación de crisis económica, y un año en el que se ha aumentado la deuda con los proveedores, a quienes la Comunidad no les ha pagado porque han caído los ingresos de una forma brutal", ha puntualizado la portavoz socialista.
   Así, ha añadido que sin embargo creció con respecto a 2009 el número de personas de confianza de los gabinetes de los consejeros, pasando de 51 en el año 2009 a 52 en 2010". "Si hablamos de entes públicos, a 1 de enero de 2011 aparecen 106 entes públicos, luego eran 'cuentos chinos' cuando nos dijeron que se habían reducido en un 25 por ciento estos entes durante los años de la crisis que no sólo no se han reducido sino que se han incrementado durante estos años".
   Por ello, García Retegui ha exigido a los consejeros y a Valcárcel "rigor, control del déficit público, menos declaraciones y más gestión". También ha aclarado que "si se había reducido la cuantía del coste de los altos cargos, no era sino consecuencia del recorte mandado por el Gobierno de España, que obligó a una reducción del salario también de los altos cargos regionales".
   Por otra parte, García Retegui se ha referido a que "no sólo el Gobierno regional es un auténtico riesgo para la deuda pública, para el incumplimiento del objetivo de déficit, sino que además en los últimos días estamos viendo cómo hay una estrategia orquestada desde el Partido Popular en relación con el asunto de Lorca".
   En su opinión, "nada puede hacer tanto daño a Lorca, después del terremoto, como que en lugar de que todas las Administraciones estén trabajando para resolver sus problemas, haya Administraciones que no hagan nada y se dediquen a colocar la pelota en el tejado de otros. Lorca sigue necesitando a todas las Administraciones públicas. No puede ser que quienes no están haciendo nada salgan a criticar a la Administración central, que sí está haciendo su trabajo".

El Gobierno de Cospedal aprueba la disolución de la Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias

CIUDAD REAL.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que el Consejo de Gobierno, reunido este viernes en Ciudad Real, ha aprobado la disolución de la Sociedad Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha tal y como propuso este jueves la Consejería de Fomento.

   Cospedal, que ha sido la encargada de dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, ha explicado que la sociedad se ha disuelto porque, tras "un tiempo de vida" y la generación de un gasto "importante", se ha demostrado que no ha contribuido "en nada" a mejorar la situación de las infraestructuras aeroportuarias.
   La sociedad, que, según ha señalado, tenía por objeto favorecer o ayudar, fundamentalmente, a las infraestructuras aeroportuarias de Castilla-La Mancha, ha supuesto un gasto "importante" en un momento en el que la economía del Gobierno de Castilla-La Mancha es "frágil".
   A preguntas de los medios, Cospedal ha dejado claro que la gestión del aeropuerto de Ciudad Real es privada y ha recordado que está inmerso en un concurso de acreedores, concurso cuya calificación, ha dicho, "ya veremos cuál es: si al final es un concurso normal, fraudulento, o a ver de qué tipo de concurso se trata".
   Dicho esto, ha confiado en que los administradores concursales "hagan todo lo que tengan que hacer" para dar con la "mejor" solución y evitar que la infraestructura pueda seguir perdiendo dinero. "Yo lo que hago hoy es confiar en la buena gestión que tienen que hacer los administradores judiciales", ha zanjado.
   Respecto a que 'Vueling' haya anunciado que va a dejar de operar el 29 de octubre, la presidenta ha asegurado que se trata de una decisión que tiene que tomar la propia compañía.

Asaja amenaza con bloquear La Jonquera para protestar contra el boicot galo

BARCELONA.- La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña ha anunciado este viernes que bloqueará el regreso de los turistas franceses a su país cortando la carretera de La Jonquera como respuesta al boicot de los productores galos y a los recientes ataques a camiones procedentes de la Península que transportaban fruta y hortalizas.

   El coordinador de Asaja en Cataluña, Albert Castelló, ha asegurado que ya se ha acabado la paciencia, "ojo por ojo y diente por diente", y ha afirmado que es absurdo seguir con buenas palabras y esperar actuaciones de los gobiernos.
   Además, ha avisado de que si siguen los ataques en la frontera de aquí a final de mes "automáticamente irán a buscar intereses franceses y a causarles el mayor daño posible".
   Ha emplazado a la policía catalana a ser "guardianes" y a defender los intereses de catalanes y españoles cuando se produzcan estos ataques, tal y como ha asegurado que hacen los cuerpos de seguridad galos.
   Asaja ha arremetido de nuevo contra el Gobierno por su "inmovilidad" a la hora de tomar medidas concretas para defender los intereses de los productores autóctonos, que esta semana han estado sufriendo nuevos ataques en la frontera.

Bruselas recuerda a Francia que debe garantizar la libre circulación de mercancías

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha señalado hoy que no ha sido informada formalmente de los últimos ataques de agricultores franceses contra camiones que transportaban frutas y verduras desde España, pero ha dejado claro que condena "todo tipo de acción ilegal y destructiva" y ha recordado a Francia que los países de la Unión Europea deben tomar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

   "No hemos recibido nuevas quejas. Pero de manera general, evidentemente la Comisión condena toda acción ilegal y destructiva", han declarado fuentes del Ejecutivo comunitario. Las fuentes han confirmado que están al tanto de las informaciones publicadas sobre los incidentes de los pasados 9 y 11 de agosto en la frontera francesa, pero han señalado que las autoridades españolas no han notificado los incidentes a Bruselas.
   En cualquier caso, apuntan las fuentes, "todo Estado miembro está obligado a tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas, con el objetivo de garantizar la libre circulación de los bienes sobre su territorio". También tienen la obligación de informar al Ejecutivo comunitario "en caso de obstáculos importantes" a este derecho.
   Sin embargo, las fuentes consultadas, advierten de que las normas de la Unión Europea confieren a las autoridades nacionales "la competencia exclusiva" en lo que concierne al mantenimiento del orden público y a las medidas a poner en práctica para garantizar el derecho a la libre circulación en una situación específica.
   El pasado julio, tras un primer ataque de piquetes franceses contra camiones con frutas españolas, Bruselas se puso en contacto con París para advertirle de su obligación de cumplir las normas del mercado único. La gendarmería se comprometió entonces a intervenir si fuera necesario para impedir nuevos casos, según las fuentes.
   La Comisión puede actuar si recibe una queja formal. Primero la somete a examen y si lo considera necesario contactar con el Estado miembro. Si Bruselas considera que el país en cuestión infringe la regulación europea que le obliga a proteger la libre circulación de mercancías, podría iniciar un procedimiento de infracción.

La Comunidad Autónoma puede arruinar a la farmacia murciana

MADRID.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha criticado este viernes la "falta de voluntad" de la administración para aportar soluciones a la situación de impagos que están atravesando numerosas oficinas de farmacia de diferentes comunidades autónomas.

   Así lo ha expresado el presidente de FEFE, Fernando Redondo, que en una rueda de prensa, ha dicho que "llama la atención la falta de voluntad de las comunidades autónomas para aportar soluciones, planes o fechas de pago, para acabar con esta situación, una actuación que no permite encontrar salidas en las que pudieran intervenir terceros como entidades financieras".
   Redondo ha reiterado que "si se ha llegado a esta situación no ha sido por la falta de solidaridad de los farmacéuticos sino por la pasividad de la Administración por encontrar soluciones" y asegura que "los ciudadanos necesitan urgentemente soluciones económicas que permitan mantener un servicio farmacéutico de primera necesidad y de calidad como el que estaban disfrutando hasta ahora".
   Según el presidente de FEFE, esta "pasividad" se ve en la falta de propuestas por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), cuya última reunión tuvo lugar a finales de julio, y que "no abordó este problema de los impagos que ya existía y, sin embargo, se centró en aportar propuestas de nuevos recortes en farmacia que se vienen sufriendo desde el año 2000", expone Redondo.
   Desde FEFE proponen que se realice un pacto de Estado para acabar con estos impagos y aseguran que una solución plausible que se podría acordar en el próximo Consejo de Ministros, que tendrá lugar el próximo 19 de agosto, sería "que el Estado se presentara como aval para el Sistema Nacional de Salud", ha asegurado el asesor jurídico de FEFE, Juan de la Cruz.
   Respecto al cierre de farmacias que secundó este jueves más de un 80 por ciento de las boticas castellano-manchegas, Redondo ha manifestado su "apoyo incondicional" a esta protesta y afirma que desde la federación se han puesto y se pondrán los medios necesarios para ayudar a sus compañeros.
   Por su parte, la secretaria general de FEFE y presidenta de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), María Dolores Espinosa, ha recordado que la situación que están viviendo las farmacias de su región es "insostenible" y asegura que "no hay ninguna legislación que obligue a un farmacéutico a arruinarse para avalar el Sistema Nacional de Salud", justificando así los cierres protesta de este jueves.
   Respecto a las posibles sanciones que pueden recibir los farmacéuticos castellano-manchegos por estos cierres, según han anunciado desde la consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Espinosa asegura que "sería injusto que se sancionaran porque lo que exige la ley es que el servicio farmacéutico sea continuo y en Castilla-La Mancha han ejercido un derecho a protestar porque están en una situación dramática".
   En relación a posibles medidas futuras por parte de los farmacéuticos de esta comunidad autónoma, la presidenta de FEFCAM ha afirmado que se podría llegar a dejar de considerar la receta como un justificante de pago, "la receta ahora mismo es un cheque sin fondos, esta receta serviría como justificante para poder dispensar, pero habría que cobrarle al ciudadano su medicamento, darle su factura y que vaya a cobrar al servicio de salud correspondiente".
   Murcia, Islas Baleares y La Rioja son otras de las comunidades autónomas más afectadas por los impagos de la factura farmacéutica por parte de sus respectivas administraciones.
   El presidente de la Asociación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Murcia (AEOF), Miguel Chamorro, ha explicado que en su región "los farmacéuticos están poniendo su dinero para mantener la prestación a los ciudadanos y se ha llegado al punto de que cada farmacéutico ha puesto sus bienes presentes y futuros como aval para mantener este sistema" y asegura que "la deuda que acumula la administración murciana ascenderá para octubre, fecha en la que cumple el compromiso de pago de esta comunidad autónoma, a 200 millones de euros".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Baleares (AEFB), Guillermo Torres, ha expuesto que "desde mayo no se paga la factura de la prestación farmacéutica a los farmacéuticos de las islas y se está haciendo todo lo posible para evitar llegar a la situación en la que está Murcia" y ha añadido que "se supone que a finales de agosto o principios de septiembre la administración presentará un cronograma de pagos para que informe de cómo y cuándo pagarán".

Arranca en Ávila el Congreso Mundial de Universidades Católicas

ÁVILA.- Cerca de 600 profesores y alumnos de 180 universidades católicas de 40 países de los cinco continentes participan desde hoy y hasta el domingo en el Congreso Mundial de Universidad Católicas, inaugurado por Zenon Grocholewski, cardenal y Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, quien llamó a "evangelizar educando, y educar evangelizando".

En la inauguración del congreso, el cardenal polaco pronunció la lección inaugural, en la que llamó a las universidades católicas a desempeñar un papel donde "está en juego el significado mismo del hombre".
   "La contribución de las universidades católicas -dijo- será verdaderamente vital cuando logren una presencia pública, continua y universal del pensamiento cristiano, con todo un esfuerzo a promover la cultura superior y a formar a todos los estudiantes, para que lleguen a ser hombres insignes del saber, preparados para desempeñar las funciones de responsabilidad en la sociedad y a testimoniar su fe ante el mundo". Grocholewski llamó al entendimiento entre "la razón y la fe", en lo que la Teología juega un destacado papel "en el amplio diálogo de la Ciencia".

jueves, 11 de agosto de 2011

El ejemplo de Moratalla ilustra la situación real de los municipios españoles


MORATALLA.-  En este pueblo en la ladera de una colina, coronado por un castillo medieval y rodeado de olivares, los 120 trabajadores municipales no reciben su paga desde mayo. La policía tiene órdenes de no usar sus patrullas a menos que reciba denuncias de un accidente de tránsito o un delito en marcha.
 
La piscina municipal está cerrada pese a que se registran temperaturas superiores a los 40 grados centígrados a la sombra. Las tarifas para la guardería pública se han duplicado. Las cuentas del agua subirán pronto un 33% y los propietarios de los comercios locales están furiosos por los nueve millones de euros que debe la municipalidad, en gran parte a ellos.
 Las autoridades de Moratalla creen que son las primeras en España en declarar públicamente que su municipio está al borde de la bancarrota, y que el único modo de evitarlo es un programa sin precedentes para reducir drásticamente los servicios a la vez que se aumentan los impuestos y las tarifas en una medida de austeridad que podría durar ocho años.
Moratalla y su enorme deuda "reflejan la imagen de muchas otras ciudades" que todavía no han admitido la magnitud de sus alarmantes circunstancias financieras, dijo el vicealcalde Juan Soria. "Estas son medidas duras, pero necesarias y creo que deberíamos reinventarnos porque hemos vivido más allá de nuestros medios y debemos reducir nuestras expectativas".
En Moratalla, con 8.500 habitantes, Soria se alarmó por la idea de fusionarse con un municipio vecino, pero admitió que su comunidad está permanentemente en crisis. Hace dos semanas, las dos gasolineras del pueblo dejaron de llenar los tanques de los vehículos municipales cuando los propietarios perdieron toda esperanza de que les paguen las deudas atrasadas por 120.000 euros.
Ahora los trabajadores municipales cargan gasolina en una cooperativa agrícola local. Pero la policía ya casi no usa sus vehículos y patrulla a pie.
El agente José Antonio Navarro se preocupa de que no pueda responder a tiempo a una emergencia pública, y sus colegas se ven en figurillas para pagar sus hipotecas debido a lo tarde que cobran.
"Es una situación difícil", comentó. "Los amigos nos prestan dinero y tenemos que ir a comer a casa de nuestros padres".

Ayuntamiento y CA diseñan el Plan 'Lorca', de inversiones extraordinarias que el Estado "debe asumir"

LORCA.- El Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma han diseñado el Plan 'Lorca', un documento en el que se contemplan las inversiones "extraordinarias" que el Gobierno central "debe asumir para que, una vez concluidos sus cuatro años de ejecución, la ciudad se sitúe donde estaría en esas fechas si no hubiera sufrido los terremotos".

   Este anuncio lo ha hecho el alcalde de la localidad, Francisco Jódar, cuando se cumplen tres meses de los terremotos que destrozaron la ciudad, según fuentes municipales.
   Dicha propuesta de batería de inversiones será remitida al Gobierno de España para que el 19 de agosto puedan debatirla en el Consejo de Ministros y aprobarla, como muy tarde, a finales de mes, ya que, ha manifestado Jódar, "es la última oportunidad que tienen para que nos creamos las promesas que hicieron".
   Este plan, que está abierto a las aportaciones de los agentes sociales, tiene una visión de conjunto, según el alcalde, por lo que incluye actuaciones en todas las áreas, que "deben de ser complementarias a las indemnizaciones o subvenciones ya anunciadas".
   Al hilo, ha recordado que ya había manifestado anteriormente la necesidad de que Lorca "tuviera un plan extraordinario de actuación similar al que se diseñó en Galicia tras el Prestige, porque son inmensos los daños sufridos en la Ciudad del Sol sobre las personas, las empresas, infraestructuras básicas y economía, y porque el Real Decreto se queda muy corto para cubrir las necesidades".
   Y es que, ha admitido, con este plan, que en los próximos días se remitirá al Gobierno de España, el Ayuntamiento y el Gobierno regional "hemos hecho los deberes en un tiempo record y esperamos que en esta ocasión el Gobierno central no deje pasar el tiempo, como lo ha hecho a conciencia con la tramitación del proyecto de ley, dejando sin ayudas a muchas familias y empresas".
   Por ello, ha adelantado que este plan lo presentará en los próximos días el presidente Ramón Luis Valcárcel y será remitido al Consejo de Ministros para que "sea debatido en su próxima sesión y aprobado antes de finales de mes, si quieren que los lorquinos nos creamos alguna de las promesas que hicieron los ministros y el presidente del Gobierno".
   "Se hace necesario seguir trabajando desde el consenso, y eso es lo que hemos hecho el presidente Valcárcel y yo, aunque lamentablemente el ministro José Blanco, en una reunión que mantuve en Moncloa unas horas antes de que Zapatero anunciara las elecciones e hiciera inviable que salieran adelante las enmiendas al proyecto de Ley, fue capaz de hacernos creer que todavía había posibilidades, ya que estuvo tomando nota de las necesidades que le planteamos sin decirnos que se iban a disolver las Cortes y que las reivindicaciones que teníamos no se iban a aprobar", ha criticado.
   En esta misma línea, ha explicado que paralelamente al diseño del Plan Lorca, el Ayuntamiento está trabajando de la mano de la Comunidad y el Gobierno central para poner en marcha un Plan Especial de Vivienda.
   En su opinión, la ciudad necesita que "se aprovechen los avances técnicos que permiten construir viviendas en tiempo record para el alojamiento provisional de las familias que no tienen una segunda residencia o no encuentran una vivienda en alquiler para el tiempo necesario, para el arreglo, o la reconstrucción de su edificio".
   En otro orden de cosas, ha indicado que los técnicos municipales "han preparado las bases para que, una vez que en el mes de septiembre se terminen las demoliciones, se inicie el concurso de ideas para la reconstrucción del barrio de La Viña".
   "El objetivo es conseguir las mejores propuestas del mayor número posible de especialistas sobre el nuevo diseño urbanístico de esta zona para hacerla más habitable", ha dicho.
   En cuanto a otros proyectos de reconstrucción de edificios, desde la Concejalía de Urbanismo también se están estudiando con fichas concretas de cada uno de ellos.
   Por último, Jódar ha vuelto a hacer un llamamiento a la solidaridad "porque el dinero de las cuentas solidarias ya está comprometido para el gasto en su mayor parte".

Corvera continúa sin obtener los permisos oficiales de apertura aeroportuaria

MURCIA.- Las obras de construcción y ejecución de las infraestructuras del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia se encuentran en su fase de terminación y está prevista su finalización total en el último trimestre de este año 2011. Así lo ha manifestado el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, tras su visita al aeropuerto.

   Sevilla ha informado que "la torre de control y todos sus edificios auxiliares están concluidos, además de la plataforma de estacionamiento de aeronaves". Actualmente, los trabajos se centran "en extender las últimas capas de aglomerado de la calle de rodadura y pista de aterrizaje", ha señalado.
   Por otra parte, el titular de Obras Públicas ha explicado que, en el lado tierra, "están terminadas las terminales de pasajeros y de carga, y se está procediendo a la ejecución de las obras de urbanización del aeropuerto, en especial la construcción de la zona de estacionamiento de vehículos, que tendrá una capacidad de 1.800 plazas".  
   También se está habilitando la zona de actividades complementarias en las que se asentarán servicios de distinta índole vinculados a usos aeroportuarios.
   Sevilla ha afirmado que se continúan realizando las gestiones necesarias ante las autoridades y organismos estatales competentes, a fin de obtener todas las autorizaciones necesarias para la apertura y puesta en marcha del aeropuerto.
   Entre estas se incluyen las autorizaciones para la creación de un puesto fronterizo y de un recinto aduanero, la aprobación de la reordenación del espacio aéreo para la integración en el mismo del nuevo aeropuerto, entre otras exigencias imprescindibles para la posterior Certificación del Aeropuerto.

Ecologistas piden al Banco de España que investigue los vínculos de la CAM con proyectos urbanísticos "especulativos"

VALENCIA.- Las organizaciones ecologistas ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que investigue los "vínculos" entre la Caja Mediterráneo (CAM) y una promotora inmobiliaria y turística "implicada", según estas entidades, "en varios proyectos dudosos o fallidos de carácter turístico e inmobiliario".

También han pedido que la entrada de fondos públicos para sanear la caja suponga "el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente". 

   La solicitud la han realizado a través de una carta que han enviado este jueves al presidente del Banco de España y a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad, así como a la Embajada de España en México.
   En un comunicado, los colectivos señalan que la CAM "posee el 30% de las acciones de Hansa Urbana y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa". En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Carthago, en Murcia, hoy paralizado. Según las estimaciones publicadas por varios medios y citadas por estas fuentes, las líneas de crédito de la firma con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros en total.  
   Esta empresa alicantina, prosiguen, se dedica a la construcción y los negocios inmobiliarios, con especial atención a los lotes turísticos mixtos compuestos por hoteles, campos de golf y segundas residencias. Aunque ha actuado en diversas zonas del territorio español y en el extranjero, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de su actividad --"y donde todavía tiene la mayoría de sus activos, así como de sus proyectos retrasados o fallidos, apuntan-- son la Comunitat Valenciana y Murcia.
   En concreto, en Murcia es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que pretenden la construcción de unas 23.000 viviendas: Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre. "Muy probablemente, la empresa es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el mismo límite de espacios protegidos", señalan las organizaciones, que añaden que, "debido al desplome de la 'burbuja' inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados".
   En la misma línea, consideran que "los excesos urbanísticos impulsados en diversos puntos de la costa mediterránea española" por esta empresa, "con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria".
"La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos", insiste Pedro García, de ANSE.
   Además, manifiestan que la expansión internacional de la promotora comenzó en México en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3.850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el macroproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés. Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta con otros ingredientes como campos de golf, puerto deportivo y aeropuerto privado. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio de la Humanidad por decisión de la Unesco, debido a su incalculable valor ecológico.
   Precisamente por ello, y por los "daños irreversibles" que podría causar al mismo, tanto las comunidades de la zona como organizaciones ecologistas y académicas "han expresado en reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado  a la espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente".
   "Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto", afirma Agustín Bravo, de CEMDA.
   Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a estas "aventuras", ya que su informe anual de gobierno corporativo en 2009 muestra algunos datos en este sentido.
   "La CAM es perfectamente consciente del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos, a tenor de la intervención de su directora general, María Dolores Amorós, en la Asamblea de la entidad en junio de 2010. Cuando los representantes sindicales preguntaron a la caja acerca del potencial impacto de Cabo Cortés, Amorós afirmó que se trataba de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la Caja estaría vigilante para que ello siga siendo así", relatan las mismas fuentes.
   "Greenpeace, Ecologistas, CEMDA y ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así, y que el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente", señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.
   Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM, las organizaciones han remitido una carta al gobernador del Banco de España para "llamar su atención hacia estas irregularidades urbanísticas y medioambientales".
   "Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés", concluye Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento de Murcia elabora el pliego para la concesión del transporte público del municipio

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha explicado este jueves que el Consistorio trabaja en la elaboración del pliego para la concesión del transporte público en el municipio.

   Al respecto, ha comentado que para septiembre debe estar concluido y ha señalado, respecto a la desestimación del recurso de Latbus a la concesión de la Línea 1 del Tranvía, que lo que debe hacer es dar buen servicio mientras sea concesionaria y hacer frente a sus compromisos y en ello está.
   El fallo señalaba que el acuerdo de adjudicación del proyecto, construcción y explotación de la línea 1 del tranvía se realizó "cumpliendo todos los preceptos legales", según el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, que desestimó un recurso presentado por Transportes de Viajeros de Murcia S.L (Latbus) contra su aprobación.
   Por su parte, el Ayuntamiento, ha añadido Cámara, debe obligar a que los servicios públicos sean los mejores para los ciudadanos por lo que se sacará a concurso la nueva concesión del transporte para el municipio de Murcia.
   Cámara ha manifestado que para primeros de septiembre se reunirán los responsables con los grupos políticos para elaborar el pliego y, posteriormente, publicarlo de manera que se conozca la nueva concesión que está abierta a cualquiera.
   Entre los puntos de ese pliego, el alcalde ha asegurado que será obligatorio coordinar los títulos de transporte de tranvía y autobús. En cuanto a un posible bono conjunto, Cámara ha comentado que ya se solicitó por parte del Ayuntamiento, pero no han recibido respuesta aún.
   Respecto a las críticas al tranvía por la "poca gente que viaja", el alcalde ha pedido a los que se quejan que se monten en este medio puesto que es eficaz, rápido, seguro, cómodo y permite establecer relaciones entre los viajeros.

El Gobierno de Cospedal propone disolver la sociedad que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real

TOLEDO.- La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha propuesto a la Consejería de Economía y Hacienda la tramitación ante el Consejo de Gobierno de la disolución de la Sociedad Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha (SIA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de Castilla-La Mancha.

   Esta sociedad, recuerda el Gobierno de María Dolores de Cospedal en un comunicado, nació, en julio de 2010, con la vocación prioritaria de actuar desde el ámbito público en el proyecto de capital privado del aeropuerto de Ciudad Real.
   Desde su constitución, asegura la Junta, la actividad de SIA se ha limitado a la firma de dos contratos de patrocinio con la compañía Vueling Airlines, cuya vigencia expira el próximo 31 de octubre, que han supuesto un gasto de 2.344.723,65 euros. Por otra parte, la plantilla de personal de esta sociedad, formada por tres personas, el director gerente, el jefe de administración y la secretaria de dirección, supone un coste anual de 179.989,56 euros.
   "Es evidente que SIA no ha respondido al fin pretendido con su creación, ya que su actuación no ha contribuido a la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real, el cual, como es sabido, se encuentra inmerso en concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 4 de Ciudad Real", continúa el Gobierno regional.
   El departamento que dirige Marta García de la Calzada asegura que el objetivo para el que fue creada SIA "ya no resulta razonable seguir persiguiéndolo".
   En consecuencia, advierte, su mantenimiento a cargo de fondos públicos supondría un gasto para el ciudadano "sin apenas rentabilidad social", que resulta "incoherente" con la "política de austeridad y de eficiencia del gasto público que resulta necesario adoptar". No obstante, destaca que es "deseo" del Gobierno regional que el proyecto del aeropuerto  de Ciudad Real culmine con "éxito", si bien, "sin impacto" para el contribuyente castellano-manchego.
   En consecuencia, y ante la constatación de que el interés común que ha de defender el Gobierno de Castilla-La Mancha y al que se ha de supeditar cualquier asignación de recursos públicos, "máxime en las actuales circunstancias", no se cumple con la SIA, la Consejería de Fomento, a la que está adscrita la mencionada sociedad, propone la disolución de la misma.
   Finalmente, la Consejería de Fomento ha dejado claro que la viabilidad del aeropuerto de Ciudad Real "no es responsabilidad" de la Junta de Comunidades por tratarse de una iniciativa de capital "íntegramente privado", como tampoco lo es, "lamentablemente", que la asignación de los recursos haya resultado "equivocada", motivo por el cual se encuentra sometido a procedimiento judicial de concurso de acreedores, condición ésta que pone en manos de los administradores concursales designados por el juez, la responsabilidad de tomar las decisiones que garanticen el mejor destino del aeropuerto de Ciudad Real.