Según Núñez Feijóo, muchas CC.AA entrarán en colapso financiero a finales de 2011

SANTIAGO.- El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha afirmado respecto a la falta de acuerdos en Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, que "no se puede considerar un éxito" porque "no ha habido resultados", sino que simplemente se rechazaron todas las propuestas que presentaron las Comunidades Autónomas. "Lamentablemente una buena parte de las comunidades entrarán en una situación muy delicada de un posible colapso financiero a finales de este 2011", ha agregado.  

   "Planteábamos tener la misma regla que tiene el Gobierno central, que tiene un periodo medio entre 10 y 15 años para pagar su deuda. Nosotros planteábamos tener un periodo de 10 años para pagar la deuda en la que hemos incurrido por falta de un presupuesto realista del año 2008 y 2009" ha explicado para añadir que, "en el año 2008 se trataba de negar la crisis económica, se inflaron los ingresos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en consecuencia lo que se transfirió a las Comunidades Autónomas. Y ahora nos reclaman y nos dicen que tenemos que pagar en cinco años".

   El presidente de la Xunta ha dicho también que comparte la preocupación del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, respecto a la dificultades económicas que presentan las Comunidades Autónomas para cumplir con rigor las transferencias. No obstante, considera que devolver o no devolver las transferencias, como ha apuntado Valcárcel, es "otra cosa distinta".

   "Yo comparto esa preocupación. Si a usted le confieren una transferencia con un presupuesto y después para cumplir esa transferencia le bajan el presupuesto y le exigen que cumpla las mismas prestaciones que cuando tenía un presupuesto superior, y esto se hace para los próximos cuatro o cinco años. Pues este es el planteamiento que nos han hecho ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

   A su juicio, para ser "honrados" con los ciudadanos y "consecuentes" con sus principios, las Comunidades Autónomas deben plantearle al próximo presidente del Gobierno exactamente lo mismo que le plantearon ayer al actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: "Tener un periodo medio de 10 años para pagar la deuda".

"Que se vea que esto no es un problema entre PP-PSOE, no es un problema ideológico sino de servicios sociales. El presidente del PP, Mariano Rajoy, planteaba ayer en el Congreso el aplazamiento de la deuda de las Comunidades Autónomas porque no incrementaba el déficit público. Si tiene la confianza de los ciudadanos, eso lo ha de seguir planteando como presidente del Gobierno de España", ha subrayado.

   En este sentido, ha afirmado que había una posibilidad de "un acuerdo institucional de un pacto de Estado" en este final de legislatura y que nunca hubo un ofrecimiento "tan sincero y necesario" por parte de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, "lamentablemente" tampoco hubo nunca una respuesta tan "insuficiente y decepcionante" por parte del Gobierno.  

   Según Feijóo, "todo parece indicar que el Gobierno se desentiende de los problemas de los servicios públicos esenciales".

"Primero les dice a las Comunidades Autónomas que han de devolver lo que el Gobierno de España presupuestó mal. Después, que no cumplirán con el acuerdo de financiación y que liquidarán los fondos en el momento que el Gobierno considere oportuno. Y por último, que no dejarán a las comunidades posibilidad de pagar ese error en el presupuesto en 10 años", ha explicado.

   "Yo le puedo asegurar que el Gobierno de España no sería capaz de gestionar hoy los servicios públicos en las Comunidades Autónomas si se somete a los mismos requisitos que somete a las comunidades", ha afirmado para recordar que, "el déficit público admitido para el Gobierno central es del 6 por cierto y el de las Comunidades Autónomas es del 1,3 por cierto".

   Por otro lado, se ha referido a la idea que exponía el Gobierno de que el crédito ICO ayudase a las Comunidades Autónomas a pagar su deuda. "No es verdad que se hayan planteado créditos ICO para la mitad de la deuda. Solamente lo han planteado para lo que hay que devolver en el año 2012, es decir para una anualidad. Y en segundo lugar, se les dice a las comunidades que miren si es más barato financiar su deuda pública con el ICO y le dejarán la mitad de esa anualidad, sino que sigan financiado su deuda pública con otros bancos", ha asegurado. 

    El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no ha ahorrado en descalificativos para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha tildado de "lamentable". Convencido de que "pudo no haberse celebrado", ha tachado de "broma de mal gusto" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la deuda de las comunidades, al tiempo que ha anunciado que la Xunta hará "efectivo" el recurso de inconstitucionalidad para que el Gobierno abone los 805 millones que "debe" a Galicia por la financiación autonómica.

   En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha remarcado que su Gobierno decidirá cuando toque si opta por la banca privada o por el crédito ICO que, en todo caso, ha considerado "una broma", antes de la alertar de que la "irresponsable" decisión del Ejecutivo central de no aplazar la devolución de los anticipos provocará que muchas comunidades "entren en colapso financiero" en el tercer trimestre del año. "A ver qué hace entonces el Gobierno", ha apostillado.

   Sobre el caso concreto de Galicia, ha rechazado la devolución de competencias --como han propuesto otros presidentes autonómicos como el murciano--, si bien ha admitido que habrá que la Xunta tendrá que  "reducir capacidades de gasto". No en vano, 243 millones de los 805 que pedirá Galicia ante el Tribunal Constitucional con un recurso contra la ley de presupuestos del Estado ya estaban incluidos en las cuentas gallegas para 2011.

   Eso sí, pese a las dificultades, Núñez Feijóo ha garantizado que la Xunta "intentará preservar los servicios públicos básicos" y la "solvencia" de la comunidad, "intentando" también cumplir con los criterios de déficit público. "A efectos de los servicios públicos, el Ejecutivo central no existe", ha sentenciado en una rueda de prensa en la que ha cargado con especial dureza contra un Gobierno estatal --ha advertido-- "de fin de ciclo".

El 72,1% de los economistas cree que la economía regional empeora respecto al año anterior

MURCIA.- El 72,1 por ciento de los economistas murcianos afirma que la economía regional ha empeorado a fecha de junio de 2011 respecto al año anterior, lo que supone una "leve mejoría" de 10,9 puntos porcentuales respecto a la opinión que expresaban hace seis meses, cuando el empeoramiento era percibido por el 83 por ciento de ellos.

   Así lo recoge el número 10 del Barómetro del Colegio de Economistas de la Región de Murcia que se basa en encuestas realizadas a economistas de diferentes sectores de la Comunidad Autónoma, cuyas conclusiones han presentado este jueves en rueda de prensa su decano, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras.

   En concreto, al ser preguntados por la percepción de la economía regional con respecto a hace un año, un 72,1 por ciento de los encuestados piensa que ha empeorado, un 23,1 por ciento opina que sigue igual y únicamente un 0,7 por ciento piensa que la situación ha mejorado. El resto, un 4,2 por ciento no emite juicio.

   Esto quiere decir que "prácticamente hay consenso en cuanto al deterioro de la situación económica regional en el último año, aunque desciende el porcentaje de los que piensa que ha empeorado y desciende ligeramente el porcentaje de los que perciben alguna mejoría", según Gras.

   Y es que la proporción de encuestados que califica la situación como mejor que un año atrás ha descendido progresivamente, de forma que el barómetro de junio de 2010 recogía que el 4 por ciento de los economistas era optimista, mientras que el porcentaje descendió al 1,4 por ciento en el estudio de diciembre de 2010 y se desploma al 0,7 por ciento en junio de 2011.

   Los economistas murcianos no eran tan pesimistas desde diciembre de 2008 y junio de 2009, cuando ninguno de ellos -el cero por ciento- creía que la situación mejoraba, y los resultados son los mismos que en junio de 2008, cuando se repitió el resultado actual y solo un 0,7 por ciento apreciaba una mejoría de la economía murciana.

   Sin embargo, la percepción del empeoramiento por los economistas alcanzó su máximo en junio de 2009, cuando el 96,6 por ciento coincidía en la gravedad de la situación, y desde entonces fue descendiendo progresivamente hasta el 67,1 por ciento de junio de 2010, aunque repuntó al 83 por ciento en diciembre de 2010 hasta alcanzar el 72,1 por ciento actual.

   En una escala de cero a diez, la situación actual de la economía murciana ha sido valorada, en promedio, con 3,26 puntos, que es 0,12 puntos inferior a la valoración de la pasada edición y la más baja de todas las anteriores. Mientras, la valoración de la economía española ha sido de 3,45, lo que supone 0,02 puntos por debajo de la de diciembre de 2010.

   En concreto, la valoración de la economía murciana se ha mantenido más o menos estable en los últimos años, lejos de su máxima nota de 6,76 alcanzada en junio de 2007. Desde entonces, el índice ha bajado progresivamente hasta los 3,65 de diciembre de 2008, los 3,35 de diciembre de 2009, y los 3,38 de diciembre de 2010, hasta el 3,26 actual.

   La valoración de la economía nacional ha evolucionado de forma paralela y desde su cota máxima de 6,31 de diciembre de 2006, ha bajado a los 3,61 de diciembre de 2008, los 3,60 de diciembre de 2010 y el 3,43 de diciembre de 2010.

   Estas cifras reflejan, según Gras, un "suspenso claro" y, en el presente barómetro, es cuando aparecen "las mayores divergencias entre la puntuación de la economía regional y nacional desde la edición de diciembre de 2009, en contraposición con las dos últimas ediciones en las que la diferencia fue disminuyendo paulativamente".

   Atendiendo a la situación profesional de los encuestados, los economistas que otorgan una mejor puntuación a la economía regional son los asalariados del sector privado, que califican con un 3,5, mientras que la perspectiva es peor para los asalariados del sector público (3,24), los economistas parados (3,33), los economistas empresarios por cuenta propia (3,02), y los jubilados (3).

   El barómetro recoge la situación económica prevista por los economistas para dentro de seis meses, que se eleva a 3,42 puntos para la economía regional y al 3,58 para España, por lo que su estimación es ligeramente más optimista en comparación con la situación actual, lo que pone de manifiesto una expectativa de "leve mejora económica" tanto a escala nacional como autonómica.

   Comparando la valoración actual con la previsión realizada hace seis meses para el momento presente, el barómetro refleja cierto deterioro en la valoración a escala regional, pues en aquel momento la previsión fue de 3,38 y la valoración actual es de 3,26. En cambio, acertaron el pronóstico de la economía nacional con una puntuación de 3,45, lo que pone de manifiesto un mejor nivel de confianza a nivel estatal.

   Por sectores, el barómetro pone de manifiesto que los economistas confían en el turismo, el ocio y la hostelería como el más aventajado para salir de la crisis y encabezar el crecimiento económico. En concreto, al valorar de cero a diez sus previsiones de crecimiento, los encuestados le han dado una nota de 6,20, la mayor de todas.

   A continuación, otros sectores que también aprueban a juicio de los economistas son la agricultura (5,12), la industria agroalimentaria (5,11) y nuevas tecnologías de la información y la comunicación (5,08). Por el contrario, suspenden Servicios sanitarios, salud y atención social (4,87), Comercio (4,57), logística y transportes (4,46), sector financiero, de seguros y servicios avanzados (4,2) y Otra industria (3,89).

   Destaca, por su nota negativa, el sector de la construcción, que obtiene la peor valoración con un 2,36 y que, según ha destacado Gras, "crece algo respecto a anteriores barómetros pero los economistas tienen pocas esperanzas de cara al medio plazo".

   De nuevo, los asalariados del sector privado son el colectivo más optimista, siendo los asalariados del sector público el colectivo más pesimista respecto a la situación por sectores, y todos coinciden en que la construcción y el urbanismo es el que presenta unas expectativas más sombrías.

   En una escala en la que 1 es muy malo y un 5 es muy bueno, los economistas encuestados han valorado con un 2,37 la situación actual de las empresas respecto a su situación económico-financiera, es decir, sus resultados, rentabilidad y endeudamiento, entre otros factores.

   En esa misma escala, los economistas valoran con un 2,35 la situación económico-financiera de las familias murcianas, es decir, su ahorro, salario y endeudamiento.

   En cuanto a su evolución en los próximos meses, un 58,5 por ciento de los entrevistados considera que la situación seguiría igual en el caso de las empresas y un 57,8 por ciento hace la misma consideración para las familias. Sin embargo, el 23,2 por ciento cree que las empresas van a ir a peor, frente al 29,3 por ciento que pina lo mismo para las familias.

   En cuanto a la evolución de la demanda de consumo por parte de las familias, un 35,4 por ciento de los encuestados considera que la demanda de consumo por parte de las familias sufrirá una disminución en los próximos seis meses frente al 48,3 por ciento que así lo manifestó en la edición anterior, y un 45,6 por ciento emite la misma opinión en relación con la compra de viviendas, en comparación con el 55,8 por ciento que así lo creían en diciembre de 2010.

   En cambio no existe variación entre los que creen que aumentará la demanda de consumo como la compra de viviendas respecto a la edición anterior, un 4,1 por ciento y un 2,7 por ciento respectivamente.

 

Opiniones

El decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, y el vicedecano, José Ignacio Gras, han coincidido en señalar acertada cualquier medida para reducir el déficit de las administraciones públicas e intentar recuperar el tejido empresarial, bien sea a través de financiación privada o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entre otras posibilidades.    Madrid y Gras han respondido de esta forma al ser preguntados por la nueva línea ICO propuesta este miércoles por la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente las comunidades autónomas en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009.
   Precisamente, el decano y el vicedecano han hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación del décimo barómetro del Colegio, que refleja que los economistas murcianos encuestados para su realización valoran el control del déficit público como una de las medidas con más respaldo dentro de las propuestas por el Pacto del Euro.
   Así, aunque el barómetro no hace referencia expresa a la medida adoptada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de aprobar una línea ICO, los economistas murcianos "tienen claro que, o el déficit público se controla, o la economía va a tener dificultades de crecer y desarrollarse", explica Gras.
   Madrid ha puntualizado que "lo más difícil es decidir cómo se controla el déficit, y los recortes habrá que hacer", pero ha criticado que "no se puede tener un nivel de ingresos de 10 y un nivel de gastos de 20 o de 15, lo que es insostenible". Hasta que no se alcance un equilibrio, ha apostado por "seguir tomando medidas de ajuste para que no se dispare el déficit".
   En este sentido, Gras ha considerado "una opción" los préstamos del ICO para tratar de evitar la destrucción del tejido empresarial, ante la falta de respuesta de la banca nacional, pero ha emplazado a no pensar que esto "se va a resolver en cuestión de poco tiempo".
   Madrid ha dicho que si las administraciones públicas pagasen sus deudas y cumpliesen la ley "favorecerían la mejora en la situación económica". Así, ha considerado positivo todo lo que sea impulsar que las administraciones públicas actualicen sus pagos, puesto que "habría un respiro enorme en el funcionamiento diario de muchas empresas".
   Por otro lado, el vicedecano del Colegio de Economistas ha afirmado que las últimas noticias de las consejerías de la Comunidad Autónoma "vislumbran que se quiere hacer un pacto para poder pagar a los proveedores que tiene la Comunidad Autónoma, lo que nos alegraría a todos".
   En este sentido, Gras ha esperado que la Comunidad siga trabajando en esa línea "lo más rápidamente posible" porque el deterioro del tejido empresarial "es muy alto, especialmente, de todos los proveedores y suministradores de las administraciones públicas, que lo están pasando mal".
   "Parece que con los nuevos vientos que corren en la Comunidad Autónoma, eso se va a solucionar de una forma rápida", según Gras, quien ha dicho desconocer si eso significará que "la Comunidad pagará rápido, si se alcanzará a algún compromiso o si habrá líneas de descuento".
   En la décima edición del Barómetro, el Colegio de Economistas ha sometido al análisis de los economistas encuestados una serie de recomendaciones o reformas relacionadas con el llamado Pacto por el Euro, cuyo objetivo es responder a la crisis y atenuar las asimetrías de competitividad que existen entre los distintos países comunitarios.
   Los colegiados encuestados han valorado en una escala que va desde 0 a 10 una serie de siete recomendaciones incluidas en dicho acuerdo para mejorar la competitividad europea, y ha reflejado que la mayoría de ellas obtienen una puntuación superior a la nota central de cinco, a excepción de la reducción de las cotizaciones sociales y aumento del IVA, que suspendió con una puntuación de 4,37.
   Los economistas, sin embargo, muestran su conformidad con el resto de recomendaciones. En concreto, la que mejor acogida ha tenido, con una puntuación de 8,42 es la lucha contra el fraude, seguida de cerca por el control del déficit público mediante la incorporación a las leyes nacionales y subnacionales de límites para garantizar la disciplina fiscal, con una puntuación de 7,52.
   A continuación, los economistas han valorado con un 7,27 vincular la evolución de los salarios con la productividad. La recomendación que es puntuada por encima de la nota media, con la menor valoración  es la correspondiente a la adaptación de los sistemas públicos de pensiones a la esperanza de vida, con una puntuación de 6,24.
   El Barómetro también recoge la opinión de los economistas murcianos sobre las corrientes de opinión que se oponen a las reformas de este Pacto del Euro, y que se aglutinan alrededor del conocido movimiento del 15-M o 19-J.
   Valoradas en una escala del 1 al 10, únicamente dos de estas críticas al Pacto del Euro obtienen una nota superior al 5, por lo que los economistas no están del todo de acuerdo con estos reproches en promedio, según el informe.
   En concreto, la crítica que mejor acogida ha tenido por los economistas, con una puntuación de 6,77 puntos es la que reprocha que la subida del IVA castigará el consumo de las clases menos acaudaladas. El otro reproche que ha aprobado con una nota de 5,97 es el argumento de que los grandes beneficiarios serán los bancos, a los que se les asegura la supervivencia a diferencia de otro tipo de empresas.
   La crítica que obtiene una puntuación más baja, un 4,01, es la que indica que el Pacto del Euro facilitará el despido y aumentarán los contratos temporales. Los economistas también suspenden con un 4,09 la posibilidad de que este Pacto reducirá el poder adquisitivo de los trabajadores y, en general, se erosionarán sus derechos laborales.
   Los colegiados también suspenden, con un 4,13, el argumento que sostiene que, a la hora de vincular los salarios a la productividad, el trabajador estará indefenso por la falta de información en relación a la que tienen los empresarios; mientras que califican con un 4,40 el hecho de que bajar las cotizaciones sociales pondrá en peligro las pensiones y no hará aumentar la productividad.

Senadores del PP por Murcia acusan al GPS de retrasar "intencionadamente" las ayudas a Lorca

MURCIA.-  Los senadores del Partido Popular por Murcia han denunciado este jueves que el "Gobierno de Zapatero y el PSOE han abandonado a su suerte a los lorquinos", ya que, según ha explicado el portavoz del grupo territorial, José Joaquín Peñarrubia, "se ha ido de vacaciones sin convocar la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, imprescindible para que se tramite el proyecto de Ley 6/2011 por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca". 

   Peñarrubia ha recordado que "el PSOE tiene mayoría en el Congreso y en la mesa de la comisión, por lo que la podría haber convocado cuando hubiera querido", pero, ha considerado, "han retrasado la tramitación de este proyecto de forma malévola e intencionada", ya que tienen la mayoría en la Cámara y en la comisión Interior del Congreso de los Diputados.

   Ha querido dejar claro que está conforme con que las vacaciones son legítimas y es un derecho, pero siempre y cuando estén los deberes hechos, si no "es un engaño a los ciudadanos".

   Y ha criticado especialmente a alguien que "con la cara más dura que el mármol" --en referencia al diputado socialista por Murcia Javier Mármol-- se atreve a decir que se está estudiando y valorando las enmiendas cuando es un proyecto de urgencia, eso es "excusa de mal pagador".

   El senador murciano ha explicado que desde el día 1 de julio, semana tras semana, han venido denunciado "los engaños y manipulaciones del PSOE con la tramitación de este proyecto de Ley" y ha criticado "su deslealtad con los lorquinos y, sobre todo, su falta de compromiso con los quienes están más necesitados de apoyo en estos momentos".

   En este contexto, José Joaquín Peñarrubia ha criticado la "política virtual" que han mostrado el presidente Zapatero y casi todos sus ministros, incluido Pérez Rubalcaba, que "se han paseado por las calles de Lorca con gran despliegue mediático anunciando actuaciones y ayudas que no llegan y cuando lo hacen son tan raquíticas e insuficientes que provocan vergüenza ajena".

   El senador del PP ha lamentado que los socialistas "no han dudado en mentir" e "incluso han llegado a afirmar que las denuncias del PP sobre los retrasos en la tramitación del proyecto de Ley de ayudas eran falsas".

   Esto, para el senador del PP "es muestra de que sólo pretenden huir hacia delante con el fin de ganar tiempo y trasladar a los que han de venir después, más pronto que tarde, lo que es de su exclusiva responsabilidad" --en referencia a la hipotética victoria del PP en las próximas elecciones generales--.

   En este punto, Peñarrubia ha advertido que el proyecto de Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto de Lorca se paralizará en el momento en el que se disuelvan las Cortes y, en consecuencia, se tendría que empezar de nuevo la próxima legislatura.

   No obstante, el senador ha recalcado que "si los españoles así lo deciden, el PP cumplirá con sus compromisos con los lorquinos, que no pueden estar supeditados a los intereses mezquinos y partidistas del PSOE", por lo que, "ahora, más que nunca, es necesario que los ciudadanos se pronuncien".

   "Los lorquinos, los murcianos y los españoles no merecen por más tiempo un Gobierno insensible a sus problemas y preocupaciones", ha defendido.

   Por eso, ante la "ineficacia y la dejadez del Gobierno y del PSOE" han reclamado "elecciones ya, para resolver cuanto antes las ayudas a los damnificados por el terremoto".

Martínez Moya reconoce que "lo prudente" es no hacer las transferencias de Justicia en este momento

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, ha reconocido que en la actual coyuntura económica es "prudente" no llevar a cabo las transferencias en Justicia.

   Martínez Moya, en la presentación de la Memoria del TSJ de la Región de Murcia de 2010, ha defendido, en relación a las transferencias de Justicia, que "hay que ser prudentes" y no olvidar que comportan gestión de medios personales y materiales en la Región.

   La situación de crisis económica y recortes presupuestarios a la Comunidad Autónoma, y el proceso de modernización en el que los órganos judiciales de la Región están inmersos, unido a los proyectos de leyes orgánicas, procesales  y tecnológicas no parecen conformar un escenario propicio para culminar este proceso en breve espacio de tiempo.

   Fundamentalmente por dos razones: por el ritmo de los esfuerzos e inversiones en marcha y por la necesidad de prever un plan estratégico de Justicia en la Región.

   En este sentido, ha defendido que la Justicia es "poliédrica" y existen ámbitos de actuación que no se pueden separar de las políticas estatales, como son, por ejemplo, el modelo de oficina judicial y la implantación de nuevas tecnologías. Esto evita tener organizaciones de primera y de segunda según la Comunidad Autónoma.

   Por ello, el papel que tiene que jugar el Consejo General del Poder Judicial conjuntamente con el Ministerio es el de fortalecer y generar un modelo simétrico en las organizaciones de justicia; al tiempo que ha reconocido la "atención especial" que ambos organismos han prestado a la Región de Murcia.

Garantías

El secretario de Economía de IU-Verdes en la Región de Murcia, Cayetano Jaime Moltó, ha manifestado, ante los comentarios vertidos por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, sobre la posibilidad de devolver las competencias de Educación y Sanidad al Gobierno central, que se deben garantizar todos los servicios públicos, según han informado fuentes de esta formación en un comunicado de prensa.
   Moltó ha indicado que el PP, con Valcárcel a la cabeza, ha asumido voluntariamente estas competencias y que por tanto no son "el baúl de la Piquer", y que debería reflexionar sobre su posición y en definitiva la de Murcia, defendida en cada Comisión de Política Fiscal y Financiera.
   Además, el secretario de Economía de IU- Verdes, ha recordado que desde el año 2001 en que fueron asumidas las competencias de Educación y hasta hacerse cargo de las de Sanidad, todas estas competencias fueron asumidas por el PP, máxime cuando el Gobierno central de España estaba en manos del Partido Popular.
   Respecto a las competencias de Sanidad, Moltó ha asegurado que "se vendieron como un logro al gestionar el 50% de ingresos indirectos; por ello, si ahora Valcárcel se da cuenta de que se olvidó de incluir datos tan esenciales como la población, no debería quejarse y hacer frente a sus errores".
   IU-Verdes ha considerado que "el PP debe hacer autocrítica y revisar el importante incremento que se ha producido en la asunción de estas competencias por el gasto de funcionamiento  y de gasto corriente".
   Asimismo, la formación ha "recordado a Valcárcel las rebajas fiscales que ha realizado en la última década y los caprichos de gastos en los que se embarcado y que ahora sitúan en difícil posición a la Comunidad Autónoma".

Credit Suisse, socio de Polaris, recortará unos 2.000 empleos tras ganar un 52% menos

ZURICH.- El banco suizo Credit Suisse, socio de 'Polaris World', recortará unos 2.000 puestos de trabajo, alrededor del 4% de su plantilla, con el objetivo de ahorrar 1.000 millones de francos suizos (868 millones de euros), anunció la entidad, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 768 millones de francos suizos (667 millones de euros) en el segundo trimestre del año, un 52% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

   La cifra de negocio del segundo mayor banco suizo se situó en 6.326 millones de francos suizos (5.497 millones de euros), un 25% menos que hace un año, con una caída del 6% en los ingresos de la división de banca privada y un retroceso del 31% en su negocio bancario.

   La entidad helvética explicó estos resultados por el impacto en sus cuentas del bajo nivel de actividad de sus clientes ante un complicado entorno de 'trading' por las preocupaciones por la crisis de deuda soberana de la zona euro y el deterioro de los indicadores económicos globales, así como por la fortaleza del franco suizo y el bajo nivel de los tipos de interés.

   De este modo, en los seis primeros meses del ejercicio, Credit Suisse obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.907 millones de francos suizos (1.657 millones de euros), un 48% menos, mientras que su cifra de negocio retrocedió un 19%, hasta 14.139 millones de francos suizos (12.285 millones de euros).

   Aparte de sus resultados, Credit Suisse anunció sus planes para reducir costes en unos 1.000 millones de francos suizos mediante la aplicación de distintas medidas para mejorar su eficiencia de costes, incluyendo el recorte de aproximadamente el 4% de su plantilla, lo que se traducirá en la supresión de unos 2.000 puestos de trabajo.

   "Para posicionar a la entidad de cara a un buen resultado en un mercado con dificultades continuadas, se están aplicando una serie de medidas de eficiencia con el objetivo de reducir en 1.000 millones de francos suizos los costes, incluyendo una reducción de plantilla de aproximadamente el 4%", indicó el banco.

   En este sentido, Credit Suisse precisó que la aplicación de estas medidas representará un coste de entre 400 y 450 millones de francos suizos (347 y 390 millones de euros) en 2011, lo que reducirá el efecto positivo del programa de eficiencia este año, pero que permitirá notar su impacto positivo en las cuentas del grupo a partir de 2012.

   "Para garantizar un retorno atractivo en medio de un complicado entorno económico, continuamos siendo proactivos en la optimización de los costes", destacó el consejero delegado de Credit Suisse, Brady Dougan.

Salgado: la decisión de intervenir una caja la toma el Banco de España

MADRID.- La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha recordado este jueves que las decisiones de intervención en entidades financieras corresponde tomarlas al Banco de España y ha dicho además que éstas "nunca pueden anticiparse".

   Salgado, en declaraciones a la cadena SER, respondía así al ser preguntada por si a lo largo de las próximas semanas se van a producir nuevas intervenciones en entidades financieras tras la llevada a cabo recientemente en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

   La vicepresidenta ha recordado que la CAM era la institución financiera que ofreció una "mayor debilidad" en los test de estrés y que fue la misma caja la que pidió su intervención tras pedirle el Banco de España un plan de recapitalización "más potente, robusto y realista".

   "En vez de presentar un plan nuevo que pudiera dar respuesta a esas necesidades de recapitalización, la CAM solicitó ser intervenida. Por tanto, estamos en una situación singular, porque esa caja de ahorros aparecía en una situación de gran debilidad", ha dicho.

   Salgado ha apuntado que el resto de entidades financieras están llevando a cabo sus procesos de recapitalización y ha recordado que en septiembre será cuando se analice si éstos han dado los resultados esperados y la cantidad que debería aportar el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que los niveles de solvencia sean los marcados legalmente.

Bono: España "vale más que las 17 CC.AA juntas"

JAÉN.- El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha defendido este jueves que "España vale más que las 17 comunidades autónomas juntas" porque constituye un "valor añadido sobre los 17 territorios" y se ha felicitado por el acuerdo "en términos generales" alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque España, ha advertido, "no puede ser un patio de vecinos mal avenidos".

   En declaraciones a los periodistas previas a su intervención en la clausura del seminario 'Justicia, política y medios de comunicación' de los cursos de verano de Torres (Jaén), Bono ha indicado que "da la impresión de que han llegado a un acuerdo en términos generales" en el CPFF "y eso me agrada" y ha puntualizado que, aunque "he sido presidente de una autonomía 21 años, España vale más que las 17 comunidades autónomas juntas".

   En este sentido, ha advertido que "España es un valor añadido sobre los 17 territorios y, a veces, esto se pierde de vista por la pasión del momento, que puede llevar a creer a los distintos presidentes que su territorio es el más importante, pero no, el mundo no tiene ombligo, pero si tuviese, no sería una comunidad", ha recalcado.

   En esta línea, el presidente del Congreso ha expresado que "es conveniente que las distintas comunidades autónomas sepan que el conjunto y la unión entre todas es mucho más importante que la discrepancia", y es que, ha añadido, "tendríamos que ver que lo que une a los españoles es más que lo que nos separa, por más que algunos se encarguen de buscar identidades diferenciadas desde la época de don Pelayo".

   Por último, Bono ha recordado que "aquí teníamos dos asuntos autonómicos que tenían más historia que otros, País Vasco y Cataluña, pero en un momento dijeron café para todos, creyeron que era la solución mágica y tuvo sus ventajas y sus inconvenientes".

   A su juicio, ello provoca que 30 años después "hay que resolver inconvenientes porque tantas administraciones sobre un mismo territorio quizá sean muchas, ya que existen 17 defensores del pueblo, del menor y del mayor, así como 17.000 televisiones, que son muchas, sobre todo si se pagan del bolsillo de los ciudadanos", ha concluido.

Chaves, la del CPFF fue una reunión "sin tensión" en la que hubo un "consenso muy alto"

MADRID.- El vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado este jueves que en la reunión del miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "no hubo tensión" entre el Gobierno y los consejeros autonómicos y se ha alegrado del "consenso muy alto" al que llegaron en los principales asuntos como, por ejemplo, en la necesidad de garantizar los objetivos de consolidación fiscal.

   "Todas las Comunidades Autónomas (CCAA) estaban de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de establecer una regla de gasto a través de una ley que tiene que ser aprobada en los parlamentos autonómicos. Nosotros les vamos a enviar todos los detalles de la oferta pero en el discurso que hubo el miércoles, cuando los consejeros del PP pidieron aclaraciones, no hubo un rechazo a la propuesta del Ejecutivo", ha recalcado Chaves en una entrevista en RNE.

   Así, el ministro de Política Territorial ha valorado que los responsables de Economía de los gobiernos autonómicos 'populares' estén centrados en solucionar los problemas "reales" de los ciudadanos y no como el líder del PP, Mariano Rajoy, que sólo tiene el objetivo de "tratar de adelantar las elecciones".

   Dicho esto, Chaves ha recordado que las CCAA tienen que asumir la responsabilidad, tal y como lo establece la Constitución, de los ajustes y decidir de dónde tienen que recortar y ha exigido a los líder regionales "no sacar presuntas facturas o déficit ocultos" para "endosarle la culpa al Ejecutivo anterior o al Gobierno de la nación" en el momento en el que realicen los recortes que tienen que hacer.

   "Ustedes tienen que asumir la responsabilidad del ajuste porque, de lo contrario, se romperían las reglas fundamentales del Estado de Autonómico. Quien tiene que decidir si hay ajustes o de dónde se recorta es la comunidad, igual que el Gobierno lo hace en las competencias que tiene", ha sentenciado el ministro.

Según Valcárcel, las propuestas del Gobierno "no van por el buen camino" al ser insuficientes

MADRID.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado este jueves que las propuestas que realizó el miércoles el Gobierno a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) son insuficientes y no van por el buen camino" debido a que no atienden a las peculiaridades de cada autonomía.

   A su juicio, es necesario que exista una "flexibilidad" entre la administración central y las autonómicas ya que, ha advertido, tras la reunión del miércoles da la impresión de que el compromiso de déficit de 1,3 por ciento del PIB regional "no se puede llevar a cabo".

   "Se habla de techo de gasto, pero tampoco se concreta, en función de los ingresos y gastos de cada comunidad autónoma, pero nadie nos garantiza que se vayan a tener esos ingresos. Se nos adelanta un dinero, creyendo que tal vez no hay crisis y ahora se nos pide la devolución de estos anticipos. Cosa normal aunque, ahora bien, con flexibilidad en el tiempo y no con las exigencias de hacerlo como se había pretendido anteriormente con inmediatez", ha recalcado en una entrevista en Onda Cero.

   Dicho esto, Valcárcel ha recordado que las comunidades están teniendo dificultades para financiar determinadas competencias, como por ejemplo Sanidad, por lo que, ha advertido, o se buscan nuevas fórmulas o las regiones tendrán que renunciar a esas competencias para que sea el Estado quien se encargue de garantizarlas.

   "Esto es lo más indeseable que podría ocurrir, no es lo que queremos. Pero por encima de que exista un estado de las autonomías que no sea útil al ciudadano, es evidente que habría que hacer una reflexión. Está claro que el sistema de financiación autonómica es útil pero no del todo, si vemos cómo los principios básicos del estado de bienestar generan un problema a los ciudadanos", ha enfatizado el dirigente autonómico.

Salgado: la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las CC.AA.

MADRID.- La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha indicado que la regla de gasto debe ser "homogénea" en todas las comunidades autónomas, pero eso no significa que deba ser idéntica.

   En declaraciones a la cadena SER, Salgado apuntó que "no es malo" que haya distintas alternativas dependiendo de cada comunidad, ya que, según admitió, a unas benefician más unos criterios que otros.

   En este sentido, señaló que el Gobierno es partidario de que cada comunidad utilice como parámetro para limitar el techo de gasto el crecimiento de años pasados del PIB de su región, lo que lógicamente será distinto en cada una de ellas, pero también se tendrán en cuenta las previsiones de crecimiento futuras que, en este caso, serían las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.

   Según Salgado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se abordaron éste y otros asuntos, hubo un "principio de acuerdo" sobre estos criterios.

   "De lo que se trata es de unificar los criterios aunque la aplicación pueda producir resultados ligeramente distintos dependiendo de la historia de cada comunidad", añadió la ministra, tras defender que las previsiones del Gobierno central son "más robustas, han sido contrastadas con los organismos internacionales y son las que se envían a Bruselas".

   La ministra, que calificó de "bueno" el CPFF de ayer, sí que reconoció que no se obtuvieron los resultados que hubiera deseado el PP, puesto que sus peticiones no se aceptaron.

"Es verdad que el PP había estado varios días tratando de hacer ruido alrededor de este Consejo, pero las propuestas del PP no salieron adelante", admitió Salgado, tras insistir en que, no obstante, todas las comunidades mostraron su compromiso "absoluto" con el cumplimiento de reducir el déficit.

   Dicho esto, la titular de Economía rechazó que exista riesgo de colapso en alguna comunidad, y aseguró que "el esfuerzo mayor" en la reducción del déficit lo está haciendo el Gobierno del Estado, que ha tenido que reducir las inversiones, bajar el salario de los funcionarios o congelar las pensiones. "Así que la asfixia a la que se refieren (las comunidades del PP) es que simplemente tienen que ajustar sus gastos a la situación económica actual", reiteró.

   Además, recordó que las comunidades contarán el próximo año con 8.000 millones de euros más y tendrán que mantener en el 1,3% el déficit, mientras que el Estado contará con un presupuesto inferior al de este año y tendrá que seguir reduciendo su déficit. Por ello, dijo que sería "completamente injusto" atribuirle al Gobierno central cualquier posible recorte de gasto social en las comunidades.

   "La mayoría de los sacrificios del año que viene van a tener que ser hechos por el Gobierno central porque el déficit de las comunidades autónomas va a ser el mismo el año que viene que éste y sin embargo el Gobierno va a tener que seguir reduciendo su déficit", insistió Salgado.

   Por último, se refirió a la propuesta que realizó ayer su departamento para que el ICO ofrezca créditos a las comunidades por la mitad del importe que deben devolver el año que viene al Estado, y afirmó que se trata de una "oferta atractiva".

El Banco de España, obligado a gestionar una entidad mexicana de crédito inmobiliario

MADRID.- La nacionalización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha provocado que el Banco de España pase a controlar el 100% de Crédito Inmobiliario, una sofol mexicana que la entidad alicantina compró en 2009. La compra, realizada tras la quiebra de Lehman, obligó a la CAM a un desembolso de 145 millones de euros, cifra que posteriormente aumentó en otros 150 millones a través de una ampliación de capital.

Una compra que un abogado español, Diego de Ramón, considera sospechosa de lavado de dinero, por lo que ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio Banco de España una investigación rigurosa, según www.americaeconomica.com

El Banco de España decidió la semana pasada intervenir la CAM, la entidad española con peor ratio de solvencia, para capitalizarla con la aportación de 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y abrir posteriormente un proceso para adjudicarla al mejor postor, según ha indicado la institución en un comunicado oficial.

La actividad de Crédito Inmobiliario, que se encontraba hace tres años entre las cinco primeras Sofoles de México, está centrada en la concesión de líneas de financiación para empresas y particulares, tanto a clientes ya implantados en México como a particulares y empresas españolas que tengan intención de desarrollar su actividad en ese país.

No en vano, como destacó la CAM en un comunicado en 2009, “la adquisición de esta sociedad es un paso más en la labor que desarrolla la Entidad para acompañar a los clientes en sus procesos de expansión fuera de nuestras fronteras”.

Las cosas no salieron como planeaban los gerifaltes de la CAM. Tal como señala MadridCapital.com, la CAM tuvo que invertir esos 150 millones de euros para cubrir las enormes pérdidas que Crédito Hipotecario tuvo por la crisis de las hipotecas subprimes que azotó EEUU desde 2008 y por la escasa capacidad de financiación a que tenía acceso.

Es decir, el mismo año que la caja española compró la firma mexicana, tuvo que “tapar” un agujero extra provocado por las pérdidas de la recién adquirida empresa, que rondaba los 120 millones de euros. Una operación sospechosa que De Ramón considera que debería ser investigada por el la CNMV española y por el propio Banco de España.

Tras la nacionalización de la CAM, es la institución central española la que pasa a controlar Crédito Hipotecario. Los desmanes de la caja alicantina pueden convertirse en un dolor de cabeza para el Banco de España, que tendrá que decidir si se pone los guantes y rebusca entre las operaciones emprendidas en los últimos años por la CAM para averiguar si cumplieron con la legalidad.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la delirante gestión de los directivos de la CAM se produjo tras comprar el parque temático Terra Mítica, en 2000, por 420 millones de euros. Cuatro años más tarde, en 2004, la caja intentaba venderlo por 70 millones.

Los nuevos administradores de la CAM intentan evitar la fuga de depósitos

VALENCIA.- Los nuevos administradores de la CAM nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) siguen tomando medidas para sanear la entidad y garantizar su viabilidad, y uno de los primeros asuntos que se ha abordado es la posible fuga de depósitos. 

Aunque lo cierto es que no se están produciendo las retiradas de efectivo que se esperaban tras la nacionalización -fue uno de los motivos por el que se concedió una línea de crédito de 3.000 millones a la caja-, los nuevos gestores saben que cualquier pérdida supone agravar la ya muy delicada situación de la entidad.

Por eso han dado orden de que todas las oficinas comuniquen diariamente las solicitudes de retiradas de fondos de cierta importancia para que un responsable de la entidad pueda ponerse en contacto con esos clientes y trate de convencerlos para que mantengan su saldo. También se ha pedido que se comuniquen los depósitos a plazo que venzan para intentar retenerlos, según el diario 'Levante'. 

Por otra parte,  Gestimed, la gestora de fondos y de sicav (sociedad de inversión de capital variable) de Caja Mediterráneo, ha sido una de las firmas del sector más perjudicadas en España por la fuga de capitales que se ha producido desde el inicio de la crisis económica en el verano de hace cuatro años.

Según publicaba el pasado lunes el diario económico Expansión, la firma de Caja Mediterráneo ha pasado de gestionar casi 2.500 millones de euros en junio de 2007 hasta los 562 millones que tenía en el mismo mes de 2011. Este descenso implica una caída del 75,6 %. Solo Caixa Penedés, con una disminución del 76,8 % tiene un peor registro que la caja.

Por contra, en el segundo lugar de entre las gestoras que más patrimonio han ganado se encuentra la valenciana Nordkaap, presidida por Enrique Lucas y participada por el Banco de Valencia. Ha crecido un 283,7 %.

El citado rotativo apunta que la pérdida patrimonial de la CAM se debió a los reembolsos netos realizados por sus clientes, valorados en 2.076 millones en los últimos cuatro años, y no por la pérdida de valor de las carteras invertidas.

La salida de partícipes de Gestimed ha llegado por dos vías: el cambio de clientes a otras entidades, que llevan consigo el patrimonio invertido en fondos, y el trasvase de partícipes a otros productos de CAM, como los depósitos, que la caja ha primado de manera especial (hasta un 4%). La fuga de clientes se intensificó tras la ruptura del Banco Base con Cajastur en marzo y ante los rumores de entrada del FROB en su capital.

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que la intervención de CAM no impide que siga siendo «vulnerable» ante las potenciales pérdidas que le podría ocasionar su «significativa exposición» al sector inmobiliario».

Moody's hizo esta consideración en un informe, en el que mantiene la calificación de la deuda a largo plazo de la CAM al nivel del «bono basura» y avisa de que podría aplicar nuevas rebajas porque todos sus ‘ratings’ tienen «perspectiva negativa».

La CAM prestó 200 millones a la Generalitat dos días antes de su caída

MADRID.- El destino de las cajas está irremediablemente unido al de sus gobiernos regionales y sus ayuntamientos de cabecera en la mayoría de los casos. Y da igual lo que pase con la caja, lo que importa son las finanzas de la comunidad.  Caja Mediterráneo (CAM) arrastraba desde hace más de un año una situación financiera más que delicada y se había salvado de la intervención porque acordó una fusión con Cajastur, Extremadura y Cantabria (que finalmente se rompió). Eso no fue impedimento para que el año pasado duplicara sus créditos a la Generalitat (el Parlamento regional nombra al 25% de sus consejeros) y los elevara de 224 millones de euros a 505 millones, según 'Público'.

Pero quizá lo más grave es que hace 20 días, en uno de los últimos servicios de Francisco Camps al frente de la Generalitat, acordó entregarleo más bien refinanciarle un crédito que le vencía ahora de 200 millones y que la Generalitat no podía devolver porque su situación financiera no se lo permitía. Ese pacto se firmó hace tres semanas, pero se entregó el miércoles pasado, sólo un día antes de que el Banco de España le entregara a la CAM la carta en la que le conminaba a presentar un plan para recapitalizarse o si no debía ser intervenida.

La caja, un día después de esa misiva y dos días después de haber entregado el préstamo millonario, reconoció que no tenía salida para elevar su solvencia y solicitó ser intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que le ha entregado una ayuda de 2.800 millones y le ha abierto una línea de liquidez, ante sus dificultades para conseguirla, de 3.000 millones.

Después de financiar sin problemas a la Generalitat, que pagará un tipo de interés del 4,75% anual en estos tres meses, es decir dos millones de euros, los clientes particulares tendrán ahora más dificultad para acceder a sus préstamos. Los interventores han obligado a revisar todas las operaciones de préstamo que están en marcha, con lo que varias se caerán.

Los gastos públicos para recuperar Lorca, en camino de no computar en el déficit de la Comunidad Autónoma

MADRID.- El Partido Popular ha acusado al Gobierno de falta de concreción y transparencia en las propuestas puestas sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), especialmente en la relativa al establecimiento de un techo de gasto, y ha calificado de "insuficiente" la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie la mitad de las devoluciones que deben hacer las autonomías al Estado por los anticipos a cuenta de los ejercicios de 2008 y 2009.

   Al término de la reunión, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha ejercido de portavoz de las comunidades 'populares', mayoritarias en el CPFF tras las elecciones del 22 de mayo, y ha lamentado que el Ejecutivo no haya aceptado su petición de aplazar diez años las devoluciones que deben hacer al Estado de las liquidaciones negativas, algo que les permitiría ganar en liquidez para poder afrontar los gastos.

   Según ha censurado, el Gobierno les ha propuesto a cambio que cada comunidad financie la mitad de su deuda anual a través de un crédito del ICO a devolver en tres años, aunque no ha detallado la propuesta. "Es voluntario pero no soluciona para nada el problema de la devolución", ha advertido la consejera 'popular'.

   En el mismo sentido se ha manifestado sobre la regla de gasto, respecto a la cual todas las comunidades se han comprometido a aprobar una norma específica en sus respectivos parlamentos autonómicos en un plazo de seis meses. Sin embargo, Del Olmo ha recordado que éste es un compromiso que el PP ya llevaba en su programa electoral el pasado 22-M y ha acusado al Gobierno de cambiar su propuesta en el último momento.

   Según ha censurado, el Ejecutivo puso sobre la mesa este martes en una reunión de trabajo una propuesta "cosmética" que contemplaba una homogeneización del gasto de todas las comunidades y al comienzo del CPFF la ha cambiado por una norma "genérica" que les emplaza al mes de septiembre para concretar los detalles del acuerdo. Por ello, en una votación que la consejera castellanoleonesa ha calificado de "churrigueresca", las autonomías sólo se han comprometido este miércoles a llevar la propuesta a sus parlamentos.

   Además, ha criticado al Gobierno por no aceptar su petición de avalar las emisiones de deuda de las comunidades y no aceptar tampoco el pago de los fondos de convergencia, cooperación y competitividad reclamados en base al modelo de financiación autonómica y de los que dependen "una parte muy importante" de los ingresos de las autonomías.

   Del Olmo también ha dejado claro el compromiso de las comunidades del PP con el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque ha explicado que sus comunidades se han abstenido en la votación debido a la "incoherencia clara y falta de información y transparencia" del Gobierno. ¿Cómo es posible fijar el objetivo de estabilidad sin conocer ni siquiera la financiación que recibiremos en 2012?", ha preguntado.

   Junto a la consejera castellanoleonesa ha comparecido el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Percival Manglano, que ha censurado el carácter "anómalo" de las propuestas y votaciones sobre regla de gasto, así como el contenido "deshilvanado" de la propuesta del Gobierno que "no está a la altura" del CPFF. Manglano ha advertido además de la "asfixia" a la que están sometidas las comunidades autónomas como consecuencia de los fondos que Estado "no está transfiriendo" y que les va a hacer llegar a una situación "insostenible" que va a hacer al Ejecutivo tener que tomar medidas "cuanto antes".

   Para Galicia, el balance es "un poco decepcionante" porque las comunidades autónomas no han conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de transferir los fondos de convergencia, que según éstas les corresponden en función del sistema de financiación autonómica, que el Gobierno considera que cumple estrictamente.

   En cuanto a la propuesta de recurrir al ICO para financiar la mitad de las liquidaciones negativas de los anticipos, la consejera gallega, Marta Fernández Currás, ha apuntado que "a primera vista es notoriamente insuficiente frente a una petición que sin duda no lesionaba en absoluto las cuentas del Estado y habría sido más coherente con la situación económica", ha señalado en alusión al aplazamiento solicitado por el PP.

   Más optimista se ha mostrado el consejero extremeño, Antonio Fernández, quien ha valorado de forma "bastante positiva" para su comunidad las conclusiones del CPFF y ha constatado una "cierta flexibilidad por parte del Gobierno".  En concreto, ha manifestado su satisfacción por que el Ministerio se haya comprometido a estudiar utilizar como referente para la regla de gasto no sólo el PIB sino también el nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas, como habían solicitado Extremadura y Canarias, con la adhesión de Andalucía.

   Por otra parte, en cuanto a la aprobación del plan de reequilibrio financiero de Extremadura para el periodo 2011-2013, ha señalado que a pesar de que lo había confeccionado el anterior Gobierno y considerarlo "poco serio" el nuevo Ejecutivo no sólo lo ha aceptado sino que se ha comprometido a "hacer lo posible para su mejor cumplimiento".

   Desde Aragón, Mario Garcés, ha lamentado que el Gobierno se haya negado a aceptar el aplazamiento de las devoluciones a cuenta pero ha celebrado la medida de financiarlos a través del ICO, una medida que ya ha adelantado que Aragón aceptará para "reducir carga financiera".

   La única representación del PSOE ha sido la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, que ha celebrado los acuerdos adoptados porque considera que están en "sintonía" con lo que pedía la región.

   Desde Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Andre Mas-Colell (CiU), considera "un progreso" la propuesta de financiación del ICO y ha recordado que había un "sentimiento general unánime" en todas las autonomías sobre la necesidad de aplazar el pago "provocado por las sobreestimaciones del Gobierno".

   El consejero canario, Javier González Ortiz, de CC, ha subrayado que el mensaje fundamental que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han lanzado en este CPFF, es que tanto el uno como los otros se han comprometido al control de las finanzas públicas, y éste es un mensaje "claro, positivo y unánime, que debe transmitir tranquilidad al conjunto de los mercados". En lo que respecta a la regla de gasto, ha defendido que el Estado deber ser "sensible" con Canarias.

   El consejero de Economía de Murcia, Salvador Marín, ha trasladado la petición de que los gastos derivados del terremoto de Lorca no se contabilicen en el déficit regional y ha desvelado que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha consultado esta posibilidad de forma informal en el ámbito de la Unión Europea y le han transmitido la posibilidad de llevarlo a cabo si la contabilidad se establece de forma separada. 

"Le hemos pedido que lo solicite para 2011 y 2012 y nosotros nos comprometemos a llevar esa contabilidad separada", ha garantizado Marín.

El ICO financiará a la CC.AA la mitad de la deuda que tienen que pagar en 2012

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha dicho que el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) abrir una línea ICO para financiar la mitad de las devoluciones a las que tienen que hacer frente en 2012 por liquidaciones de 2008 y 2009, lo que supone 2.500 millones de euros, de los alrededor de 4.800 millones previstos. Esta línea, a la que las comunidades podrán acudir de forma voluntaria, tendrá un plazo de amortización de tres años y se destinará a pagar a proveedores.

   En rueda de prensa, Salgado ha explicado que esta fórmula es "más razonable" que la petición del PP de que se aplacen las devoluciones de los adelantos a cuenta para dotar de más liquidez a las comunidades autónomas.

   Salgado ha argumentado que, en primero lugar, no deberían presentarse problemas de liquidez para las comunidades autónomas durante los próximos años, pero que "en caso de existir alguna dificultad se plantearía en 2012". A ello ha añadido, que estas devoluciones no computan en el déficit ni suponen por tanto un límite del gasto, con lo que su aplazamiento sólo puede servir para reducir el endeudamiento o pagar a proveedores.

   Por otro lado, ha señalado que esta medida, que de momento es sólo una propuesta, ya que requeriría una modificación legal, ha tenido una "razonablemente" buena acogida en primera instancia por parte de las comunidades autónomas, y ha avanzado que podría estar en marcha en 2012.

   Por otro lado, Salgado confirmado que las comunidades autónomas han aprobado "sin ningún voto en contra" la aplicación de una regla de gasto "individual" en cada una de ellas, una regla que habrán de concretar en una proyecto normativo en sus respectivos parlamentos en un plazo de seis meses.

   Salgado ha concretado que "conviene que la regla sea lo más homogénea posible" entre las comunidades y ha avanzado que para asegurarse de ello durante el mes de septiembre se llevarán a cabo reuniones en un grupo de trabajo para discutir unas posibles pautas.

   Si bien, Salgado ya avanzó que entre ellas estará la vinculación del crecimiento del gasto al crecimiento del PIB en años anteriores y a la estimación del crecimiento futuro del PIB nacional, a lo que habrá que sumar un objetivo de inflación no superior al 2%, frente al 1,75% propuesto inicialmente. Asimismo, reiteró que estas reglas deben ser coherentes con los ciclos económicos.

   Por otro lado, Salgado informó de que el CPFF aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria individual de las CC.AA para el periodo 2012-2014, que permite un déficit del 1,3% del PIB regional en 2012; del 1,1%, en 2013, y del 1% en 2014. Si bien, la aprobación de este plan se ha logrado con la abstención de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, algo a lo que Salgado ha quitado importancia diciendo que "cuando el PP no está en contra se abstiene".

   En este punto, Salgado ha señalado también que las comunidades autónomas tendrán en 2012 mayor capacidad de gasto, un margen que estimó en unos 12.750 millones de euros.

   Además, ha informado que durante la reunión se han aprobado los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Baleares y la Comunidad Valenciana.

   Por otro lado, Salgado ha asegurado que durante la reunión ni siquiera se ha votado la petición de las comunidades autónomas de que el ICO avale la deuda de las comunidades autónomas, al ser "ilegal", pero si ha distribuido a cada una de ellas las entregas a cuenta en 2012.

Las CC.AA aplicarán reglas de gasto y el ICO financiará parte de las liquidaciones pendientes

MADRID.- Las comunidades autónomas han aceptado aplicar reglas de gasto para contener su déficit, aunque no han acordado una fórmula concreta, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sigue reunido y en el que el Gobierno ha propuesto que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la liquidación negativa correspondiente a los años 2008 y 2009, que asciende a alrededor de 24.000 euros.

   Así lo ha avanzado la consejera de economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha comparecido ante los medios en representación de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que, según ha dicho, han mantenido "una postura común".

   Del Olmo ha concretado que las comunidades se han comprometido a presentar a sus respectivos parlamentos una propuesta de regla de gasto en un plazo de seis meses, pero ha asegurado que casi todas las comunidades se han abstenido a la hora de concretar una fórmula, ya que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta que no ha dado tiempo a analizar y que presentaba "incongruencias".

   En cuanto a la propuesta de que el ICO alivie parte de la deuda de las comunidades autónomas, la consejera del PP ha indicado que la medida es una "propuesta la aire" y "no solucionará los problemas de financiación" de las comunidades autónomas.

   Asimismo, la consejera 'popular' ha dicho que las comunidades autónomas se han comprometido con los objetivos de déficit, pero con una abstención casi mayoritaria, ya que "aún no tienen noción de los ingresos de los que dispondrán en 2012" y además consideran que el crecimiento previsto del PIB para 2012, del 2,4%, es "difícil de cumplir".

   Así pues, Del Olmo acusó al Gobierno de "falta de transparencia" a la hora de plantear los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Consell valenciano recalca que "no analiza el riesgo ni concede" las operaciones propuestas por el consejo de CAM

VALENCIA.- El Consell de la Generalitat Valenciana ha recalcado este miércoles que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) --órgano supervisor de las cajas-- autoriza las operaciones de crédito que Caja Mediterráneo (CAM) "le propone, siempre que cuenten con el informe técnico favorable y el acuerdo del consejo de administración", pero "no propone, ni analiza el riesgo de la operación, así como tampoco concede la operación".

   Según han informado hoy fuentes de la Generalitat, la responsabilidad de la concesión de esas operaciones "es plena y exclusiva" del consejo de administración de la caja, tal y como se le advierte en la correspondiente resolución.

   Desde la administración autonómica se ha pronunciado en estos términos en alusión a las informaciones publicadas acerca de que la Generalitat autorizó créditos al 0% al consejo de la CAM.

   Al respecto, han remarcado que la autorización del IVF "no implica pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la firma acreditada, así como sobre su capacidad de generación de recursos para atender puntualmente las obligaciones de pago contraídas con la caja", sino que "se limita a verificar la regularidad de la operación".

   Por lo tanto, el IVF "no propone, ni analiza el riesgo, ni concede" esas operaciones, dado que esas funciones competen a los órganos internos de la caja.

   Desde la Generalitat han destacado asimismo que, con la autorización del IVF y la aprobación del consejo de administración, "se da transparencia a estas operaciones y se previene del posible conflicto de interés que pudiera darse".

   Entre las distintas operaciones de este tipo existentes, figuran algunas a consejeros que son miembros de la plantilla, y pueden acogerse por tanto a convenios laborales específicos de la entidad, que "no requieren autorización administrativa por parte del IVF".

   También figura una línea de avales que "no llevan tipo de interés, pero sí comisiones por riesgo (0,80%) y apertura (0,20%)", han recalcado las mismas fuentes.

   Desde la Generalitat se han referido asimismo a otras dos operaciones autorizadas que, según los informes del IVF, una presenta un tipo de interés del euríbor más 0,85%, mientras que la otra es una operación --de modalidad Cuaderno 19-- que "tiene asignadas comisiones por presentación de recibos y por devolución, y que no es propiamente riesgo por no existir financiación".

   De acuerdo con la normativa vigente, las cajas de ahorro están obligadas a obtener autorización administrativa del IVF cuando efectúen operaciones de riesgo dinerario o de firma, así como transmisiones de cualquier bien o valor, con los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y el director general, o con personas físicas o jurídicas vinculadas a ellos.

   No obstante, esa limitación no es de aplicación a los créditos, avales o garantías cuya finalidad sea la adquisición de viviendas con aportación por el titular de garantía real suficiente, ni para la concesión a los representantes de los empleados de créditos acogidos a convenios laborales, aunque en este caso se debe contar con el informe previo de la comisión de control de la entidad.

   Así, se establece una autorización de forma genérica siempre que se cumplan tres condiciones: que el volumen global de riesgos alcanzado por el conjunto de los altos cargos y personas vinculadas sea inferior al 15% de los recursos propios de la caja, que el volumen de riesgos imputables al alto cargo afectado no exceda el 5% de ese límite global del 15% y que el importe de la operación propuesta sea inferior a 150.253,03 euros.

   Según las mismas fuentes, también se concede una autorización genérica a las operaciones que realicen las cajas con sociedades en las que el cargo de consejero o director lo desempeñen altos cargos de la entidad, en representación de la misma.

   Cuando la operación de riesgo está sujeta a autorización y ésta no se haya concedido de forma genérica, la caja debe solicitar la autorización previa del IVF mediante una propuesta que incluya las características y condiciones de la operación de riesgo, finalidad, concepto en que interviene el alto cargo afectado, clase de operación, importe, tipo de interés, plazo y régimen de amortización.

   Además, deben adjuntar el informe técnico que haya servido de base al consejo de administración para la aprobación de la operación, así como el certificado del acuerdo del consejo de administración por el que se aprueba la operación que se propone al IVF.

El Estado puede imponer "límites presupuestarios" a las CC.AA., según el TC

MADRID.- El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado que el Estado puede imponer "límites presupuestarios" en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución.

   Así se desprende de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria de la misma, al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña.

   Ambas leyes, que fueron posteriormente modificadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligaban tanto al Estado central como a las comunidades autónomas a conseguir el 'déficit cero' en sus presupuestos y a un control más estricto del gasto público.

   Para el Tribunal Constitucional, la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una "orientación de política general que el Estado puede dictar", y añade que la autonomía financiera de las comunidades autónomas "no excluye la existencia de controles, incluso específicos".

   Según dictamina la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto a las administraciones públicas "encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario".

   Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas "la acomodación" de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa, toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.

   En conclusión, determina el TC, la impugnación debe ser desestimada, porque la imposición de límites de gasto a las comunidades autónomas no supone una vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña, máxime cuando el artículo 214 del Estatuto de Autonomía de la comunidad condiciona el establecimiento de límites para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria a los dispuestos por la normativa estatal y de la Unión Europea.