Diego de Ramón exige a la Fiscalía General del Estado la apertura a directivos de la CAM de diligencias por quebranto

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha solicitado esta misma noche por conducto fehaciente a la Fiscalía General del Estado la apertura de diligencias informativas de todos los responsables de la CAM "por imprudencia temeraria financiera ante el quebranto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y que llegue hasta sus responsables politicos, en cuanto a si los creditos no pagados corresponden a filiaciones o amigos, con trámite de audiencia a esta parte".

"El deseo de justicia y el vacio patrimonial que han producido sus gestores con créditos dados a inmobiliarias o compras sin las debidas garantias necesarias (asi tenemos inversiones en Mexico de casi 300 millones de euros), en Terra Mitica, a las constructoras en Seseña (conocido popularmente como Francisco El Pocero), Polaris, Hansa Urbana, sociedades participadas en paraísos fiscales, etc., como tambien dinero dado a fundaciones, partidos politicos, Comunidades Autonomas en exceso, créditos blandos concedidos solo a sus gestores politicos de 168 millones de euros, dietas, blindajes de contratos, etc... es por lo que pido se abran diligencias informativas contra toda la cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo", reza la denuncia del letrado Diego de Ramón.

En esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado se solicita que dichas diligencias informativas afecten a "desde su ex Presidente D. Vicente Sala, como hasta su actual presidente D. Modesto Crespo, presidentes territoriales, y ex director general D. Roberto Lopez Abad (para saber de este último cuanto dinero en bonos, o beneficios económicos de blindajes de su contrato, se ha llevado de la CAM después de marcharse recientemente), siendo la principal causa la 'imprudencia temeraria financiera', que ha producido el quebranto y el tener que ser intervenida por el Banco de España ante tal estado de insolvencia económica, estando pedida por este letrado la suspensión de su cotización en Bolsa -cuotas participativas- lo que adjunto a este escrito al estar publicado en prensa digital".


Desea el citado letrado murciano que "estas diligencias informativas de actuación de la Fiscalía General del Estado sirvan, para PERSEGUIR HASTA SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS a los responsables políticos, miembros del Consejo de Administración, Directores Generales y Presidentes (pues fueron directamente puestos por los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Valencia y Murcia, -habiendo dimitido el primero por actuaciones penales-), y creemos que, dado el ESTADO DE CRISIS PROFUNDA EN ESPAÑA no solamente económica, sino también de valores (donde el consentir o no sacar adelante estas responsabilidades penales, es acostumbrar a la sociedad civil a ver algo que es delictivo como algo normal, lo que hace PONER EN DUDA EL ESTADO DE DERECHO O DEMOCRACIA, de ahí los movimientos de jóvenes del M- 15, DEMOCRACIA REAL YA, en toda España y que se rebelan contra ESTA CLASE DE INJUSTICIAS, de salir airosos los “responsables de la CAM” y siendo los clientes o el pueblo el perjudicado económicamente, jactándose el presidente de la CAM de barcos veleros, viajes al extranjero, cruceros, créditos (ventajosos en carencias e intereses, sus miembros a México, Londres,etc., con ricas dietas y ventajosos beneficios económicos de millones de euros, como así se llevó el anterior Director General, Sr. Gisbert, cerca de mil millones de pesetas, el hasta hace poco actual no sabemos cuánto dinero de indemnización se ha llevado D. Roberto Lopez Abad. Y tampoco por qué los Servicios Jurídicos de la CAM no han procedido contra créditos fallidos, sin justificación su ejecución, por lo que se tendrá que abrir una relación MILLONARIA EN EUROS, de porqué se han dejado fallidos créditos (de empresas, personas fisicas, partidos, etc.)", y así concluye.

También CC OO

El secretario de Organización de Comfia-CC.OO., Benito Gutiérrez, ha exigido este viernes la depuración de responsabilidades en las que los gestores salientes de la Caja Mediterráneo (CAM) hayan podido incurrir.
   En un comunicado, el sindicato ha recordado que el Banco de España ha sustituido a los administradores de la CAM, para capitalizar la entidad y abrir un proceso competitivo para su adjudicación.
En este sentido, ha exigido la depuración de responsabilidades en las que hayan podido incurrir los gestores salientes y transparencia en todo este proceso.

Salgado reconoce que la CAM iba 'muy justa' de ratio

MADRID.- La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha asegurado que la intervención de la CAM se ha producido "a petición de ella y cuando la ha solicitado" la propia entidad. Según Salgado, el Banco de España envió ayer un escrito a la CAM en el que le pedía que presentase en un plazo de diez días un nuevo plan para reforzar su situación financiera.

Tras comprobar que no era posible hacer frente a la petición del supervisor, ha sido el consejo de administración de la CAM el que ha pedido al Banco de España la intervención, precisó la vicepresidenta primera.

Esa es la razón por la que la Caja Mediterráneo ha pedido "la intervención y el cambio de administradores", ha insistido Elena Salgado, para añadir que a partir de ahora el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) administrará la CAM , para lo que inyectará capital por valor de "2.800 millones de euros", así como una línea de crédito que "asegure la liquidez".

En cuanto a si la intervención tendrá efectos en los mercados y en la deuda española, Elena Salgado ha respondido que "en absoluto", porque la medida adoptada por el Banco de España muestra "nuestra decisión de fortalecer nuestro sector financiero".

En este sentido, recordó que en los "test de estrés" europeos que se han hecho recientemente a las entidades financieras comunitarias, la CAM ha tenido un ratio "muy justo y antes de aplicar las provisiones genéricas".

Era la que tenía la "menor valoración de todas las examinadas", ha sostenido la vicepresidenta, quien ha subrayado que ante esta "situación de debilidad relativa" es por la que el Banco de España ha realizado la intervención.

Preguntada Salgado por si no es un poco sorprendente que se haya llevado a cabo la medida antes del comienzo de un puente, aseguró que se ha hecho cuando lo ha solicitado la propia CAM .

El Banco de España trata de tranquilizar a los impositores de la CAM

MADRID.- El Banco de España, a solicitud del Consejo de Administración de la CAM, sustituye a los administradores de la entidad para capitalizarla y abrir un proceso competitivo para su adjudicación. El Banco de España ha acordado hoy iniciar un proceso dirigido a capitalizar el Banco CAM y posibilitar su posterior enajenación a otra entidad mediante un procedimiento competitivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 9/2009, según un comunicado del Banco de España.

Para llevarlo a cabo, los Consejos de Administración de CAM y Banco CAM han solicitado la intervención del Banco de España y el cambio de sus administradores por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) que, a partir del 23 de julio, administrará el Grupo con el objetivo último de estabilizar el mismo, capitalizarlo y proceder a su reestructuración.

Con dicha finalidad, la Comisión Rectora del FROB ha acordado, con esta misma fecha, inyectar en Banco CAM 2.800 millones de euros mediante la suscripción de acciones y otorgar una línea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata al Grupo CAM para asegurar la liquidez de su banco. Todas las medidas adoptadas hoy garantizan que CAM pueda seguir operando con normalidad y cumpla con todas sus obligaciones frente a terceros. Por tanto, los depositantes y los acreedores pueden estar absolutamente tranquilos.

CAM formó parte inicialmente del sistema institucional de protección (SIP) denominado Banco Base, junto a Cajastur, Caja Canarias y Caja Extremadura. El SIP había remitido al Banco de España su estrategia de recapitalización conjunta el 28 de marzo de 2011. Sin embargo, dos días después, el 30 de marzo, estas tres entidades decidieron no aprobar la segregación de su negocio bancario al organismo central del SIP, con lo que este quedó en vía muerta y CAM debió afrontar en solitario su proceso de recapitalización.

A tal efecto, CAM presentó el pasado 28 de abril un plan de recapitalización, en el que se incluía la petición de 2.800 millones de euros al FROB para alcanzar el nivel de capital principal requerido por el RD-ley 2/2011.

Por otra parte, CAM fue una de las cinco entidades españolas que, considerando la inyección de capital comprometida por el FROB, quedó por debajo del umbral del 5% fijado como referencia en las pruebas de resistencia coordinadas por la Autoridad Bancaria Europea, si bien, teniendo en cuenta las provisiones genéricas, no tendría necesidad de aumentar adicionalmente su capital como consecuencia de estas pruebas. 

Pero, como se subrayó en la presentación de los resultados de las pruebas de resistencia, estos ejercicios son un instrumento importante a disposición de los supervisores pero no son el único elemento que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la solvencia y viabilidad de las entidades.

Por ello, una vez evaluada la situación financiera-patrimonial del Grupo CAM y constatado el hecho de que el plan presentado por CAM no incorporaba las medidas adecuadas para asegurar su viabilidad, la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de acuerdo con el artículo 6 del RD Ley 9/2009, decidió ayer 21 de julio enviar un escrito concediéndole un plazo de 10 días naturales para presentar una solución definitiva a su situación.

Los Consejos de CAM y Banco CAM han decidido hoy manifestar al Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para el negocio financiero del grupo y solicitar la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB, para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria proceda a ampliar el capital del Banco y dé plena seguridad a sus depositantes y acreedores.

Finalmente cabe señalar que la fórmula utilizada en este caso – capitalización de una entidad y posterior enajenación a otra mediante un procedimiento competitivo - es una de las distintas posibilidades contempladas en el RD-l 2/2011 para cumplir con los nuevos requerimientos de capital. 

En la nota publicada ayer, se describen las otras vías utilizadas por las 13 entidades a las que se requirió recapitalizarse: inyecciones de capital en filiales de bancos por su matriz, emisiones de obligaciones convertibles en capital, salida a Bolsa, entrada en el accionariado de inversores privados, venta de activos, etc.

La CAM sigue presumiendo de solvencia pese a su intervención estatal

ALICANTE.- La Caja Mediterráneo ( CAM ) señaló hoy que con la intervención del Banco de España y la inyección de 2.800 millones de euros, su solvencia se verá reforzada hasta el 10 %. La caja informó en mayo de que su coeficiente de solvencia al cierre de marzo se situaba en un 8,54 %.

En una nota, la caja alicantina señaló que su Consejo de Administración acordó solicitar al Banco de España la anticipación de 2.800 millones de euros de capital, con el objetivo de "ofrecer mayor estabilidad y normalidad a su ejercicio financiero".

Asimismo, añadió, "es una muestra firme y sin fisuras de su responsabilidad y compromiso con el proyecto de presente y de futuro de Caja Mediterráneo".

En este sentido, afirmó, el Consejo de la caja ha puesto a disposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sus órganos de administración y la Junta General de Accionistas del Banco CAM .

A partir de ahora, Banco CAM "continuará trabajando con normalidad y con la garantía adicional aportada por el FROB", concluyó.

136 años de historia

El origen de Caja Mediterráneo ( CAM ) se remonta a 1875, en una época en la que en España nacieron numerosos Montes de Piedad y Cajas de Ahorros y en su configuración actual han participado una treintena de entidades.

La primera fusión se produjo en 1940 y dio lugar a la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad del Sureste de España.

Aglutinó a las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad de Alicante (1877), Elche (1886), Tecla (1902), Cartagena (1919), la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Cámara Agrícola de Jumilla (1893) y la Caja Regional Murciano-Albacetense Previsión Social y Monte de Piedad de Murcia (1922).

En 1941 se incorporó Caja Rural de Ahorros y Préstamos del Sindicato Católico-Agrícola «el Progreso» de Caudete (creada en 1919).

La nueva entidad desarrolló su actividad sobre todo en Alicante y Murcia, provincias en las que fue referente bancario, con 275 oficinas en 1975.

Ese año, todas las cajas de fundación privada de ambas provincias se unieron y crearon la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, a la que en 1976 se incorporó la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de Alhama de Murcia (1902). Formó parte del grupo de las diez principales cajas de ahorros españolas y aspiraba a estar presente en todo el levante español, para lo que continuó absorbiendo a otras entidades menores.

En 1988 redefinió sus planes estratégicos y adoptó una nueva denominación, Caja de Ahorros del Mediterráneo, que continuó uniendo otras entidades a su núcleo.

En 1992 se unieron a la CAM las Cajas de Ahorros Provincial de Alicante y Valencia y en 1998 la CAM adquirió el Abbey National Bank España (1988) y el Banco Sanpaolo S.A.

El 26 de junio de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó a la CAM la suscripción de cuotas participativas, con lo que se convirtió en la primera entidad de ahorro española de estas características en emitirlas y en salir a bolsa. Así, el 23 de julio de 2008, las cuotas participativas de CAM arrancaron en bolsa a un precio de 5,85 euros, el 0,17 por ciento más de los 5,84 euros de precio de salida.

En 2010, la entidad aseguraba estar presente en todas las provincias españolas con 1.060 oficinas, además de prestar servicio a sus clientes a través de 9 oficinas en el extranjero.

El 23 de mayo de ese año, la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron crear el Banco Base, un acuerdo destinado a crear la quinta entidad financiera de España con activos estimados en 135.000 millones de euros.

El proyecto se frustró tras la negativa de las otras tres cajas al conocerse que el Banco Base necesitaría una inyección de 2.784 millones para cumplir con los nuevos criterios de solvencia marcados por el Banco de España.

Hoy, la CAM ha sido intervenida por el Banco de España a fin de capitalizarla y después venderla.

El Gobierno murciano confirma que su trato "preferencial" con la Comunidad Valenciana "continuará" con Fabra

MURCIA.- El portavoz del Gobierno autonómico, José Ballesta, ha informado que el trato "preferencial" que la Región de Murcia mantiene con la Comunidad Valenciana "continuará" en el futuro con el nuevo presidente valenciano, Alberto Fabra, a pesar de la dimisión de su predecesor, Francisco Camps.

   Ballesta ha admitido que Murcia ha mantenido relaciones preferentes con Valencia "por ser vecina y hermana y por estar afectada también por muchos de los problemas que afectan a la Región en materia de agua y de infraestructuras de comunicaciones".

   "Son tantos los elementos que nos unen que el nivel de trato preferencial que hemos tenido se mantendrá también en el futuro", ha añadido Ballesta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha tenido lugar en Ojós.

   En este sentido, ha estimado que el próximo martes será el debate de investidura y, probablemente, el jueves será la toma de posesión de Alberto Fabra, persona que ha calificado como "muy vinculada también a la Región", con la que la Comunidad ha mantenido "numerosos contactos en el pasado".

   Sobre la dimisión de Camps, Ballesta ha suscrito las palabras del presidente murcianos, Ramón Luis Valcárcel, y ha expresado su "absoluto respeto a su decisión" de dimitir, que ha considerado "coherente, valiente, que introduce elementos que enaltecen la vida política y la clase política, tan castigada por la opinión pública últimamente".

Saura recuerda que en la Región de Murcia "hay sentencias firmes" y no hay "consecuencias políticas"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha establecido un paralelismo entre la Región de Murcia y la situación desencadenada en la Comunidad Valenciana por la trama Gürtel y la dimisión de Francisco Camps, pero ha recordado que en la Comunidad murciana "hay sentencias firmes y no hay consecuencias políticas".

   En rueda de prensa y al ser preguntado por la dimisión de Camps y la reivindicación de UPyD, que este jueves pidió la dimisión del senador socialista Manuel Hurtado, imputado por prevaricación, Saura ha insistido en que en la Región de Murcia "hay sentencias firmes, y no hay ni una sola dimisión ni ningún tipo de consecuencia ni responsabilidad política".

   Al respecto, ha señalado que el "modelo de especulación" que representa la trama Gürtel, es el que "se instaló en el Mediterráneo, particularmente en Valencia y en Murcia. Es la misma cosa, y ese modelo tiene unas consecuencias, también en materia de corrupción en la Región de Murcia".

   Saura ha reconocido que este hecho ya no le "llama la atención", ni la decisión ni "el modelo político de la Región de Murcia". A su juicio, la trama Gürtel "no ha terminado, está ahí y veremos las consecuencias, pero la Región de Murcia también vivió en su momento de ese modelo especulativo".

   Saura ha indicado que el PP y la derecha "nos trajo esas consecuencias económicas que estamos viviendo, más paro que la media, más problemas en la Hacienda económica y local que la media, y una consecuencia: que desapareció la línea que debe separar lo público y lo privado".

   A su juicio, la trama Gürtel "no ha terminado, continúa todavía y está por poner negro sobre blanco lo que ha pasado y que haya una calificación jurídica definitiva", pero ha remarcado que la Región de Murcia "también vivió en su momento de ese modelo especulativo".

La Región incrementa en un 17,6% sus exportaciones hortofrutícolas hasta abril

MURCIA.- La Región de Murcia ha registrado un incremento del 17,6 por ciento en el volumen de frutas y hortalizas exportado durante los primeros cuatro meses de 2011, que se sitúa en las 767.807 toneladas. Pese a ello, su valor se ha reducido en un 5,2 por ciento durante este periodo y ha supuesto un total de 598 millones de euros.

   En el grupo de hortalizas, 539.262 toneladas salieron al exterior desde Murcia de enero a abril de 2011 por un valor de 451 millones de euros. Entre ellas, la lechuga (277.152 Tn), principal producto exportado por la Región, registró un incremento de un 15,3 por ciento en el volumen exportado hasta abril y, sin embargo, se produjo un descenso de valor del 15,7 por ciento, situándose en 209 millones de euros exportados.

   Tras este producto, brócoli y otras coles (134.555 toneladas), tomate (49.418 toneladas) y apio (28.907 Tn), ocupan los siguientes puestos entre los principales volúmenes exportados por la Región. Todos ellos han registrado incrementos significativos en volumen con respecto al primer cuatrimestre de 2010, de un 11,5, 22,2 y un 9,2 por ciento, respectivamente.

   En el epígrafe de frutas, la Región exportó 228.545 toneladas en el primer cuatrimestre de 2011 por un valor de 146 millones de euros. El limón, con 124.942 toneladas,  registró un aumento del 23 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

   Asimismo, la Región de Murcia ocupa el tercer lugar en exportación hortofrutícola en España, tras Andalucía (1.404 millones de euros) y Comunidad Valenciana (1.255 millones de euros) y representa el 19 por ciento de la exportación española en volumen.

   Para Proexport, las cifras registradas en el primer cuatrimestre de 2011 representan una recuperación en el consumo de frutas y hortalizas a nivel europeo, indicativo de una estabilización económica.

   Aún así, este incremento en las ventas de frutas y hortalizas en Europa "no se ha traducido en una mejora de la rentabilidad para las producciones hortofrutícolas de la Región, puesto que los clientes internacionales han ajustado a la baja los importes que pagan por las frutas y hortalizas al productor".

   La organización ha manifestado que "más allá de la presión de las cadenas, la preocupación del sector se centra ahora en las consecuencias que está teniendo sobre los precios de frutas y hortalizas la crisis alimentaria alemana, en unos momentos en el que el consumo estaba comenzando a reactivarse en Europa tal como evidencian las cifras de los primeros cuatro meses del año".

Saura insiste en que la deuda del Gobierno regional con los proveedores "supera los 2.000 millones de euros"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha afirmado que insistido en que la deuda de la Comunidad con los proveedores es de más de 2.000 millones de euros por pagos que se les deben desde hace más de un año, y la deuda con los bancos "está en torno a los 2.000 millones de euros", de forma que "ahora mismo la deuda a los proveedores está por encima de la deuda a las entidades financieras".

   En rueda de prensa, Saura ha remarcado que las cuentas públicas de la Comunidad y su deuda "es muy importante para los proveedores de la Administración regional, como empresas privadas, instituciones de todo tipo, como ayuntamientos y universidades y, en general, el tejido social y económico de la Región de Murcia". Como ejemplo, ha informado que "la Comunidad Autónoma debe hasta 60 millones de euros a la Universidad de Murcia".

   Saura ha afirmado que la consecuencia más importante de esta deuda con los proveedores es que "la Administración regional está lastrando el crecimiento económico regional, de forma que el tejido productivo que no se ha llevado para adelante la crisis económica, se lo está llevando la deuda del Gobierno autonómico".

   Ha especificado que "ya se han perdido en torno a 10.000 empleos en la Región de Murcia como consecuencia de esa deuda que la Administración tiene con los proveedores, porque es una carga, cuando debería ser la punta de lanza y el instrumento más importante de la Región para pilotar la salida de la crisis y un modelo productivo distinto que genere empleo estable".

   Así, ha pedido al consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín, que administre bien y que no deje a la Comunidad Autónoma "igual que ha dejado al Instituto de Fomento (INFO), que está más tieso que la mojama y prácticamente ha desaparecido, ya que sus funciones no se hacen, tanto para el tejido productivo de la Región, como hacia el exterior".

   Y es que el INFO "tiene un déficit que le lleva a no poder absolutamente nada con los empresarios de la Región", ha remarcado Saura, quien ha reconocido que muchos de estos empresarios le confiesan que "prefieren no trabajar para la Comunidad Autónoma, porque no les sirve de nada llevarse un contrato o una obra si luego no les van a pagar".

   "Todo esto sin contar que la inversión pública ha desaparecido, que no se hace inversión y que han desaparecido muchas de las políticas sociales y de las inversiones que tienen que ver con la educación o la sanidad", ha señalado.

   Además, reprocha "que no se está haciendo nada para poner coto el déficit de la Comunidad Autónoma cada uno de los años, que alcanzará muy probablemente en 2011 la misma cantidad que en 2010, es decir, más de mil millones de euros". Saura ha puntualizado que el déficit de cada uno de los años "es la antesala de los problemas de tesorería y de los impagos de mañana o de pasado mañana".

   El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea "ha propuesto de manera permanente un gran acuerdo social y político en la Región para plantear un plan de lucha contra el despilfarro, una reorientación de la política de gasto en la Comunidad, que mantenga la política social, la inversión y la política educativa".

   Asimismo, le ha pedido que luche contra el fraude fiscal, que según ha puntualizado "se ubica también en torno a los mil millones de euros". Al respecto, ha dicho no entender que en la Comunidad "haya 680 personas que, cada una de ellas, tenga más de 50 propiedades inmobiliarias a su nombre" lo que, en su opinión, es reflejo del fraude fiscal.

Río, La Viña, Jerónimo Sante Fe y San Diego, las zonas de Lorca donde se han demolido inmuebles

LORCA.- El portavoz municipal de Comunicación del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha informado de las diversas actuaciones que se están llevando a término por parte del Consistorio en relación con los inmuebles más afectados por los terremotos que se encuentran en Río, La Viña, Jerónimo Santa Fe y San Diego, según han informado fuentes municipales en un comunicado de prensa.

   García ha realizado una exposición del estado que presentan diferentes edificaciones repartidas por todo el casco urbano y sus pedanías más próximas. En este sentido, el portavoz ha comentado que este jueves se inició el derribo del edificio conocido como 'Norico', una edificación que acogía a la Escuela Municipal de Música, así como a algunas oenegés.

   Asimismo, ha explicado que los técnicos municipales se encuentran supervisando y estudiando dos dictámenes de posible ruina de edificios que reúnen especiales condiciones. Es el caso del que acoge al supermercado 'La Estrella', en el barrio de La Viña, así como el que alberga una sucursal de la entidad Cajamar en ese mismo barrio, y el que acoge las instalaciones de la firma Sotroni en sus bajos comerciales y que está situado en la calle Jerónimo Santa Fe.

   Además, ha comentado que la 'Casa del Reloj', sobre cuyo estado se estaba investigando durante las últimas semanas, cuenta ya con un decreto de demolición que afecta a parte de la fachada, en concreto la situada en calle Padre García Carlón. Este decreto contempla la estabilización del torreón, por ser una obra de singular importancia. Cerca de esta vivienda existe otra, conocida como "antigua lechería", ubicada en calle Alfonso X, 2.

   Sobre esta edificación también se está trabajando, puesto que existe un informe técnico presentado por sus propietarios que apunta hacia su derribo. Serán los técnicos municipales quienes informen sobre su destino.

   Por su parte, en el edificio del Casino ya se han iniciado los trabajos para la estabilización y apeo de su fachada en calle Lope Gisbert. El inmueble presenta daños importantes, aunque, en principio, no se han encontrado daños graves en su estructura.

   Estas labores van a provocar un estrechamiento en la calle, por lo que se reclama a peatones y conductores que extremen al máximo la precaución cuando transiten por esta zona, recordando la situación que estamos sufriendo todos los lorquinos en la actualidad.

   La 'Casa de los Arcas', emplazada en Lope Gisbert esquina Pío XII, va a ser objeto de una actuación de emergencia para proceder al saneado de su fachada y aleros con el fin de evitar posibles desprendimientos.

   También, el edificio que acogía el pub 'Fraguel Rock', ubicado en calle Álamo esquina con calle Rubira, también cuenta con un decreto que supone la demolición del interior del inmueble y el mantenimiento de su fachada.

   El Portavoz de Comunicación ha señalado que en los últimos días se ha decretado el derribo de un total de 25 viviendas unifamiliares en la pedanía de Río.

   Junto a estas también se ha decretado la demolición de dos bloques de pisos en la calle Escultor Rodríguez Larrosa (números 2 y 4), que suponen un total de 40 viviendas.

   Asimismo en La Viña se tendrán que derribar también los números 24 y 26 de la calle Herrerías, así como el número cuatro de la calle Tejedores y los números 19 y 21 de calle Jardineros. Estos últimos suponen un total de 33 viviendas.

El Banco de España interviene la CAM para capitalizarla y sustituye a sus administradores

MADRID.- El Banco de España ha nacionalizado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para capitalizarla y ha sustituido a sus administradores a solicitud del consejo de administración, indicó el regulador.


   El instituto emisor ha iniciado un proceso competitivo para posibilitar la enajenación de la CAM y a partir de mañana, sábado 23 de julio, será administrada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
   El FROB ha acordado inyectar 2.800 millones de euros mediante la suscripción de acciones y otorgar una linea de crédito por 3.000 millones de euros de disponibilidad inmediata al grupo para aseegurar su liquidez.
   El Banco de España asegura que "los depositantes y los acreedores" de la CAM "pueden estar absolutamente tranquilos", porque todas las medidas adoptadas hoy garantizan que la CAM pueda seguir operando con normalidad.
   Tras evaluar la situación financiera y patrimonial de la CAM y constatar que su plan de recapitalización no era adecuado para asegurar su viabilidad, el Banco de España decidió ayer jueves 21 de julio enviar un escrito concediendo a la entidad diez días naturales para presentar una solución definitiva a su situación.
   Los consejos de CAM manifestaron este viernes al instituto emisor español la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para su negocio financiero y solicitaron la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB.
   De esta forma, el FROB procederá a ampliar el capital del Banco y dará plena seguridad a sus depositantes y acreedores, indica el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
   CAM fue una de las entidades financieras españolas que, considerando la inyección de capital comprometida por el FROB, quedó por debajo del umbral del 5% fijado como referencia en las pruebas de resistencia europea.
   El Banco de España precisa que las pruebas de esfuerzo son un instrumento importante a disposición de los inversores, pero no son el único elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar la solvencia y viabilidad de las entidades.
   El organismo recuerda que la CAM formaba parte inicialmente del Sistema Institucional de Protección (SIP) de Banco Base, junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, pero las asambleas de estas tres cajas rechazaron finalmente integrarse con la alicantina.
   "La CAM debió afrontar en solitario su proceso de recapitalización", rememora el Banco de España, por lo que el 28 de abril acordó solicitar 2.800 millones al FROB para elevar su capital principal.
   El Banco de España ya intervino Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur, adjudicadas en procesos competitivos a Cajastur y BBK, respectivamente.

El ex consejero y ex delegado del Gobierno, Marqués, imputado por corrupción, dimite de su cargo en Hefame

MURCIA.- El ex consejero del Gobierno murciano y ex delegado del Gobierno en la Región con Aznar, Francisco Marqués, ha presentado su dimisión como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), una decisión que fue aceptada anoche por el Consejo Rector de esta institución.

   Marqués, quien ocupaba el cargo de director general desde 2006, ha presentado su renuncia "por razones personales", según ha informado el presidente de la Fundación y del Grupo Hefame, Antonio Abril, quien ha reconocido, no obstante, que "todos podemos intuir" que esta decisión "tendrá que ver" con el proceso judicial del caso 'Zerrichera'.

   Y es que el ex consejero fue detenido en marzo de 2009 por la Policía Nacional, tras investigar su patrimonio en relación a este caso, abierto por supuesta corrupción urbanística en la recalificación de la finca agrícola denominada 'Zerrichera' para construir un 'resort' en Águilas.

   En concreto, una parte de este terreno está protegido por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), por lo que según la investigación de la fiscalía no debería ser urbanizable.

   Marqués prestó declaración en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia, y permanece imputado por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y delito fiscal.

   De momento, Hefame no ha designado al sucesor de Marqués, una decisión que adoptará "en las próximas semanas", aunque están sopesando nombrar a "alguien de la casa", según Abril, quien ha reconocido que el Consejo Rector confiaba en que la situación "se podía arreglar" para evitar la dimisión.

   De hecho, Abril ha confirmado que "no había ninguna divergencia de criterio entre el Consejo Rector y el propio Marqués", sino que fue éste el que presentó voluntariamente su renuncia por motivos personales y la Hermandad "trató de evitarlo, aunque finalmente entendió las circunstancias" del ex consejero.

   Abril ha confirmado que Marqués no volverá al cargo "a corto plazo, con total seguridad, y probablemente tampoco a medio plazo" porque su situación "puede seguir todavía algún tiempo, un año o dos", aunque no ha descartado que pueda regresar "más adelante".

   Marqués entró en el Ejecutivo regional en 1995, año en el que fue nombrado consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, y ostentó diversas competencias, incluyendo un breve paso por la Delegación del Gobierno en Murcia, hasta que presentó su renuncia en 2006 para hacerse cargo de la dirección general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), en aquel entonces en pleno proceso de fusión con Cofares, que finalmente no se produjo.

   En junio de 2004, y tras estar apenas unos meses como delegado del Gobierno en Murcia, Marqués fue nombrado por Ramón Luis Valcárcel consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, siendo cambiado de cartera en 2005, tras la renuncia a la Consejería de Economía e Industria de Patricio Valverde.

   Las competencias de Valverde se repartieron entre tres consejerías sin introducir ningún nuevo miembro en el Ejecutivo. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués, fue uno de los más beneficiados, ya que recibió el área de Industria y Nuevas Tecnologías

   Finalmente, en abril de 2006, y a la vuelta de un viaje institucional a China, Marqués presentó su renuncia como consejero de Industria y Medio Ambiente, tras varios meses de desgaste por las críticas ecologistas a su gestión, especialmente por la recalificación de la finca La Zerrichera, en Águilas. Tras su salida se incorporó a la dirección general de Hefame.

La presión familiar y las dudas sobre el apoyo de Génova precipitaron la dimisión del 'President'

VALENCIA.- Francisco Camps tomó la decisión de dimitir de la presidencia de la Generalitat ante la presión ejercida por su familia y debido a las dudas sobre el apoyo del presidente del PP, Mariano Rajoy, una vez se hubiera declarado culpable por el delito de cohecho pasivo impropio que se le imputa en la 'causa de los trajes' del denominado 'caso Gürtel', según interpretan diversas fuentes.

   La actuación de Camps ayer, cuyo entorno llegó a comunicar que acudía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para declararse culpable después de que ya lo hubieran hecho el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, para después cambiar de opinión y anunciar su dimisión horas más tarde ha dado lugar a diversas interpretaciones.

   Desde que el pasado viernes el juez Flors decidiera abrir juicio oral por la causa de los trajes para a Camps, junto a Betoret, Campos y el ex número dos del PPCV, Ricardo Costa, por haber recibido presuntamente regalos de la trama Gürtel, se especulaba con la posibilidad de que los cuatro imputados aceptaran su culpabilidad con el fin de evitar el banquillo y someterse al veredicto de un jurado popular.

   Al parecer los cuatro imputados habían pactado acudir a lo largo de la mañana de este miércoles TSJCV para reconocer su culpabilidad y admitir que recibieron regalos de la trama corrupta, según han informado fuentes conocedoras del acuerdo, pero solo Campos y Betoret lo hicieron.

  Camps ha estado desde el viernes estudiando sus posibilidades con miembros del partido y con su familia al saber que el juez había decidido  celebrar el juicio. Desde el primer momento contactó con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y estuvo todo el fin de semana en contacto con el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, quien ha actuado de enlace con el PP nacional.

   Ante la situación, Trillo se desplazó el lunes a casa de Camps donde se encontraba también su mujer y unos amigos y estuvo orientándole "un poco lo que fue la toma de decisión, que fue por el mismo, no por nadie más", según ha explicado.

   Aunque asegura que Camps vio clara la decisión de dimitir de su cargo la noche del martes y que en torno a las ocho y media de la mañana del miércoles se lo comunicó al presidente de su partido, Mariano Rajoy, la tensión que se vivió el miércoles por la mañana con la decisión de Campos y Betoret de declararse culpables y el anuncio de que Camps también lo iba a hacer mientras que Costa no se decidía, hace pensar que no era una determinación firme.

   La razón que ha llevado a Camps a no aceptar la culpabilidad y aceptar un juicio con jurado no es única, según han señalado diversas fuentes que apuntan a motivos personales pero también a las dudas que le suscitó el apoyo de Rajoy a su permanencia en la presidencia de la Generalitat una vez aceptado el delito de cohecho pasivo que supone, además de una multa, tener antecedentes penales.

   La pena por este delito no supone inhabilitación, por lo que, al reconocer la culpa, podría haber permanecido de presidente de la Generalitat pero su situación política hubiera sido "insostenible" y "muy difícil de mantener" en un escenario de unas posibles elecciones generales adelantadas, según han coincidido diversas fuentes.

   Además para poder evitar el juicio hubiera sido necesario que los cuatro imputados reconocieran su culpa y Costa, del que no ha transcendido si finalmente lo hubiera aceptado, se había mostrado receloso desde un primer momento en hacerlo ya que esto supondría tener antecedentes penales lo que complicaría su posición en el caso de la financiación irregular que se deriva también del caso Gürtel.

   Al final, la decisión de Camps ha sido muy personal y en ella ha influido mucho el factor personal, su familia, pero también hay factores políticos y la falta de apoyo de Génova percibida en el último momento que desencadenaron su decisión de dimitir, afirmar su inocencia y querer demostrarlo en un juicio.

   Sobre la actuación del PP nacional, algunos de los dirigentes consultados han recordado lo que pasó cuando finalmente Costa tuvo que dimitir de secretario general del PPCV al verse implicado en el caso Gürtel por la presión ejercida desde Génova y la no reelección de José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante después de haber asegurado que contaba con el aval de Génova para repetir en el cargo.

   Ahora Camps, fuera de la Generalitat y del partido, espera dedicar más tiempo a su familia y poder preparar con tranquilidad su defensa ante un juicio que previsiblemente se podría celebrar en otoño.

Por otra parte, el hasta ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tendrá tratamiento vitalicio de 'Molt Honorable Senyor' y, además, podrá contar con coche oficial, chofer, escolta y con dos trabajadores con funciones de asesoramiento.    Así consta en el Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat, aprobado en 2002, que contempla que los jefes del Consell gozarán, desde el momento de su cese, de la "consideración, atención y apoyo debidos".
   Asimismo, señala que, en sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, los ex presidentes podrán gozar del apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas del Consell en Madrid y Bruselas, y "de aquellos otros de similar naturaleza que existan o que en el futuro pudieran establecerse".
   El Estatuto de los ex Presidentes de la Generalitat, de aplicación a Francisco Camps, también indica que el Consell pondrá a disposición de los ex presidentes dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del ex presidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat.
   También pueden disponer de un local adecuado para la instalación de una oficina de apoyo, de la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y de un automóvil del parque móvil de la Generalitat. Además, el Consell debe adoptar las actuaciones precisas para "preservar la seguridad personal" de los ex presidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios.
   Por otro lado, los presidentes de la Generalitat pueden ostentar, desde el momento en que se produce su cese, la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana.
   Dejan de ostentar esta condición en el momento de acceder a cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en cualquier administración pública y cuando concurran los supuestos de incompatibilidad legalmente establecidos.
   En cualquier caso, añade el Estatuto de los ex Presidentes, la percepción de las retribuciones correspondientes a la condición de miembro permanente del CJC es incompatible con la de otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público.

La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de La Unión crean una comisión para planificar el futuro de Portmán

MURCIA.- La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de La Unión han acordado crear una Comisión Interdisciplinar, compuesta por cinco Consejerías del Gobierno y el Consistorio, al objeto de fijar las bases que van a regir el futuro desarrollo turístico y urbanístico del entorno de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera.

   Así lo han acordado este jueves el presidente Regional, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde de La Unión, Francisco Bernabé, en una reunión en la que ambos mandatarios han determinado así mismo que Portmán quede ya definitivamente configurado como uno de los grandes Proyectos de Desarrollo Regional.

   Las Consejerías que van a formar parte de esta Comisión son Obras Públicas y Ordenación del Territorio, que la presidirá, la Consejería de Cultura y Turismo, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, la Consejería de Presidencia y la Consejería de Economía y Hacienda, según informaron fuentes del Ayuntamiento de La Unión en un comunicado.

   La primera reunión está previsto que se celebre en los próximos días y que se disponga de sus primeras conclusiones en otoño. La intención es que toda la planificación se desarrolle a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

   El alcalde, ha señalado que Portmán se va a convertir, sin duda alguna, en uno de los enclaves turísticos más importantes de las costas españolas gracias a la puesta decidida que se va a realizar por un turismo sostenible y de alta calidad, capaz de generar varios miles de puestos de trabajo, que incluya varios e importantes hoteles, el nuevo puerto deportivo y un campo de golf.

La Comunidad crea un grupo para acelerar la tramitación de ayudas a las viviendas afectadas por el terremoto lorquino

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, anunció este jueves la creación de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de la administración regional y local que se reunirán semanalmente en Lorca, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de ayudas a las viviendas afectadas por el terremoto del pasado mes de mayo, y cuya primera reunión está prevista para el próximo martes.

   Sevilla hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida con el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, con quien acordó empezar a trabajar en una estrategia conjunta sobre acciones de carácter inmobiliario y urbanístico, con el fin de resolver los problemas ocasionados por los movimientos sísmicos desde una perspectiva global, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento manifestaron la necesidad de que la Administración General del Estado forme parte de esta iniciativa "porque trasciende de la capacidad financiera de ambas instituciones, al igual que ocurre con el impulso a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley que desarrolla el Real Decreto 6/2011 que debe ser impulsado definitivamente", explicó Antonio Sevilla.

   En la misma línea, ambas administraciones acordaron solicitar al Consorcio de Seguros la creación de una oficina permanente en la ciudad de Lorca para facilitar a los vecinos sus trámites con el citado organismo y, celebrar una reunión de la Comisión Mixta con las distintas plataformas surgidas tras los seísmos.

   Por otra parte, el titular de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio manifestó que se va a iniciar la modificación del Plan General para el traslado del antiguo matadero, recalificando el uso industrial a residencial e incrementando la edificabilidad para que sea viable el traslado de la citada instalación.

   No obstante, Sevilla apuntó que previamente, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene que subsanar el encauzamiento de una rambla, trámite que el Ayuntamiento se ha comprometido en solicitar lo antes posible.

   En cuanto a infraestructuras de carreteras, Sevilla informó de que el proyecto de Ronda Sur Central de Lorca sigue su trámite administrativo "que habrá que compatibilizarlo con las acciones de emergencia de las carreteras como la de La Parroquia".

Rajoy le dijo a Camps que estaba eligiendo entre la "deshonra" o la dimisión

MADRID.- El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, habló anteayer por la noche con Francisco Camps y le dijo que su elección estaba entre "la deshonra" de ser un presidente autonómico con condena o renunciar al cargo.

Fuentes del PP han informado que el líder nacional de los populares le dejó claro en todo momento que la decisión era exclusivamente personal y que, por tanto, sólo podía tomarla él.

Aunque estas fuentes, que son de diversos integrantes de la cúpula del partido, ofrecen esta versión de la conversación entre Rajoy y Camps, otras fuentes oficiales de la dirección nacional del PP no confirman los términos de la misma y remarcan que fue el ya expresidente valenciano, por sí solo, el que llegó al convencimiento de que la mejor decisión era la renuncia.

Las fuentes citadas antes señalan que la idea del presidente valenciano hasta el martes por la mañana era pagar la multa y evitar el juicio.

El presidente del PP, según las fuentes consultadas, no presionó a Camps en ningún momento, pero sí le planteó de forma "muy clara" que, dentro de su autonomía e independencia, sus opciones eran o bien "aguantar durante cuatro años la deshonra de ser un presidente" con una condena, o bien renunciar al cargo.

Las fuentes no precisan si esta conversación con el líder del PP, que fue una más de las muchas que han mantenido durante el fin de semana y hasta ayer mismo, resultó determinante para que Camps diera la vuelta a su intención, pero sí indican que poco a poco fue revirtiendo la pretensión primera del presidente de la Generalitat.

Recalcan que Rajoy se ha mostrado siempre "respetuoso" con su barón regional, quien siempre que habló con su líder le repitió que se sentía inocente y que así lo demostraría.

Por tanto, las fuentes niegan que a lo largo de las penúltimas 24 horas desde Génova se haya presionado a Camps con insistencia para que abandonara la Presidencia de la Comunidad Valenciana.

Si Camps ha optado por dimitir a pesar de que tan sólo unas horas antes tenía en mente pagar la sanción estipulada por el juez es porque él, al final, lo ha decidido así, sin presiones, reiteran las fuentes consultadas.

También niegan que Camps haya cambiado de parecer por una supuesta negativa del exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa a pagar la sanción y reconocerse culpable.

Estas fuentes explican que, si bien el ahora coordinador económico del grupo popular en Les Corts era reacio a aceptar la conformidad, anteayer por la noche y ayer por la mañana supuestamente se había convencido de que posiblemente fuera la mejor opción.

En ese cambio de opinión de Costa ha tenido mucho que ver el coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, quien durante las jornadas de anteayer y de ayer ha estado en Valencia en diferentes reuniones con Camps y su entorno y con el propio Costa.

La dirección del PP, sus demás mandatarios y los parlamentarios estaban convencidos de que el presidente valenciano no iba a dimitir; al contrario, se mostraban seguros de que terminaría pagando la sanción y de que aguantaría ser presidente con una condena por un delito de cohecho pasivo impropio, es decir, por haber aceptado, presuntamente, trajes de una trama corrupta como la del caso Gürtel.

Pero no ha sido así. La noticia de la renuncia de Camps fue una realidad en Génova a las 16:00 horas, puntualizan las fuentes, o sea, una hora antes de que lo anunciara públicamente.

Las fuentes reconocen que "ha pillado por sorpresa completamente"; unas fuentes que reconocen que si Camps sale inocente, regresará a la primera línea del Partido Popular "por la puerta grande".

La CAM procederá a la amortización de sus cuotas participativas en circulación

MADRID.- El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha acordado proceder a la amortización de la totalidad de las cuotas participativas en circulación, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   En concreto, la CAM ofrece un precio para la amortización de 4,7714 euros por título, correspondiente a la media de cotización del último trimestre contando de fecha a fecha desde ayer.

   La CAM se convirtió en 2008 en la primera caja en saltar al mercado con sus cuotas participativas, un instrumento financiero similar a la acción, pero sin derechos políticos.

   Para financiar el coste de la amortización, está previsto que Banco CAM efectúe un reparto de prima de emisión a favor de su accionista único, CAM, por importe de 238,57 millones de euros.

   La efectividad del acuerdo queda supeditada a su aprobación por la Asamblea General de CAM, que se ha acordado convocar para el próximo 16 de septiembre, y de los organismos supervisores competentes -el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía y Hacienda-.

   El plazo máximo previsto para la ejecución del acuerdo y, por tanto, para el pago a los cuotapartícipes del valor de amortización, es de dos meses contados a partir de la fecha de efectividad del acuerdo.

Un exdirectivo de la CAM confirma que hacía negocios de compra-venta de suelo con Ortiz

ALICANTE.- El directivo de Caja Mediterráneo (CAM), Daniel Gil, ha confirmado ante el juez que, en su función de responsable de inversiones inmobiliarias de la entidad financiera, hizo negocios de compra-venta de suelo con el empresario Enrique Ortiz. 

 

   El directivo se ha presentado sobre las 10.00 horas de este jueves ante el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga el 'caso Brugal' relativo a las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

   Gil estaba citado por su presunta relación con un delito de aprovechamiento de información privilegiada, que supuestamente pudo producirse en el marco de varias operaciones cuyo objetivo era la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.

   El abogado de EUPV, José Luis Romero, ha explicado que en su comparecencia ante el juez, Daniel Gil no ha contestado a las preguntas de las acusaciones particulares, pero sí ha atendido a alguna preguntas del fiscal y a las de su defensa.

   Al respecto, según Romero, Gil ha aclarado que la sociedad de la CAM que él dirigía "compraba con miras a la reclasificación del suelo, y que esa parte la dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa CAMSERVI de la que Ortiz es administrador".

   "Ha confirmado que tenía una opción de compra sobre unos suelos en los saladares de Aguamarga, en torno a los que había un problema jurídico de exceso de cabida. Por este motivo, ha detallado que "CAM no quería llevar esa opción de compra que tenía con CAMSERVI, y que finalmente sí compraron el terreno".

   Sobre las escuchas, Daniel Gil ha mantenido ante el juez que "no recordaba absolutamente nada", y ha rechazado la invitación del fiscal anticorrupción para escucharlas en ese momento, según ha indicado el abogado de EUPV.

   Romero también ha considerado que si en un futuro las escuchas se declaran válidas, "va a tener que decir algo, porque son muy claras y muy patentes de lo que había debajo del negocio legal". 

Por ello, a su parecer, "lo que pierde ahora es su oportunidad, y si se declara oir las escuchas, no habría hecho falta volver a llamarles para decir lo que hubieran podido decir ahora".
La declaración de Daniel Gil ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, quien instruye la pieza separada del Brugal sobre presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, se debe a que, según se desprende del sumario, parcelas del entorno de los Saladares de Aguamarga fueron objeto de interés por parte de sociedades y personas que conocieron con antelación a la publicación del PGOU su posible cambio de calificación del suelo.
A raíz del análisis de protocolos notariales, el fiscal observa cómo a través de distintas operaciones se materializa la compra de la totalidad de participaciones de la sociedad que ostenta la propiedad visible de los terrenos que van a soportar el proyecto de la "Ciudad de la Economía", una iniciativa que recogía aprovechamiento terciario en el citado suelo de Aguamarga.
Así, se atestigua, tal y como recoge el sumario, que la sociedades CAMSERVI Obras y Servicios, propiedad de Enrique Ortiz, junto a la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L., propiedad de CAM, son las máximas accionistas de una mercantil, Dreamview, protagonista en estos hechos.
Gil, acompañado por su letrado, ha comparecido ante el juez por espacio de una hora y en cuya comparecencia también han estado los letrados de Ortiz y de Esquerra Unida (acusación popular), y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Según fuentes judiciales, Gil ha apuntado que la CAM era "el socio financiero" y que ellos "compraban con miras a la reclasificación del suelo", y que esa parte "la dejaban en manos del socio tecnológico, una empresa de la que era administrador Ortiz".
Preguntado sobre si conocía que Ortiz hubiera intentado negociar con la entonces edil de Urbanismo, Sonia Castedo, y el exalcalde Luis Díaz Alperi temas relacionados con Aguamarga, Gil ha aseverado que no sabe nada de eso.
En los protocolos notariales se observa, según añade el fiscal, cómo a través de distintas operaciones se materializa el deseo de Ortiz de no constar como propietario de ciertos terrenos en la zona de Aguamarga y "que han sido recalificados para su beneficio y el de la CAM".
El fiscal considera que Gil puede ser responsable de infracciones penales, como recepción de información privilegiada, conseguir, a través de Ortiz, resolver a su medida aspectos del proyecto de la "Ciudad de la Economía", y de "comprar terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización dentro del Plan General en base a la información privilegiada recibida".
Para la acusación pública, los hechos relatados pueden ser constitutivos, al menos, de los delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y delito de tráfico de influencias.

Las obras de restauración del parador de Lorca supondrán cinco millones de euros

LORCA.-  El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, ha realizado una visita técnica a las obras del parador turístico de Lorca, acompañado por el secretario general de la delegación del gobierno en Murcia, José Camarasa, para revisar e inspeccionar los daños ocasionados durante el terremoto del mes de mayo, y cuyas obras supondrán cinco millones de euros, según ha informado fuentes de la Delegación del Gobierno. 

   Un presupuesto con el que se tiene que realizar el revestimiento exterior del edificio, las actuaciones en diferentes áreas del interior por el derrumbe y las grietas producidas en diferentes dependencias.

   El plan de actuación de emergencia fue aprobado el pasado 30 de junio para la reparación de los daños producidos en el parador por el terremoto, estimándose en diez meses el periodo de ejecución de las reparaciones.

   A primeros del mes de julio, la empresa encargada de la reparación inicia la fase de  desescombro y en estos momentos se está protegiendo el suelo del edificio parador.

   La inversión total de la Administración Turística Española en el parador de Murcia realizada es de 25,5 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros cinco por los daños causados.

   Desde que se produjo el terremoto el pasado día 11 de mayo,  los trabajos de análisis y de evaluación de los desperfectos comenzaron de forma inmediata por el procedimiento de emergencia.

   Al día siguiente del seísmo se iniciaron las actuaciones de urgencia en el exterior del parador con el apuntalamiento de la ermita de San Clemente y de los restos arqueológicos.

   Una vez finalizadas las obras  la sociedad estatal de paradores  procederá al amueblamiento del edificio  pudiéndose inaugurar el establecimiento hotelero el próximo año.

   El parador contará con 76 habitaciones dobles, de ellas varias suites; varios comedores y cafetería, así como un salón polivalente de convenciones, además de spa y de piscina interior y exterior, aparcamiento y jardines. Se ha previsto musealizar los restos arqueológicos hallados para disfrute de los clientes y de los turistas que visiten el castillo de Lorca, donde se halla el edificio.

   El parador de turismo de Lorca se sitúa sobre una superficie de 13.625 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento de la ciudad. La mayoría de las actuaciones incluidas en las obras del edificio hotelero van a potenciar el recinto histórico del Castillo de Lorca mediante la conservación, puesta en valor y restauración de los restos más significativos.

IU presenta el viernes moción para que se modifique el PGOU y preserve entorno de La Fuensanta

MURCIA.- El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Murcia presentará en el Pleno de este viernes una propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio al objeto de que se preserve el entorno del monasterio de La Fuensanta y sea declarada "zona no urbanizable", donde el plan parcial contempla "la construcción de 1.300 viviendas".

   De llevarse a cabo el desarrollo de dicho plan, supondría un impacto paisajístico "severo", basándose en el informe de la Dirección General del Medio Natural, ya que es "el segundo balcón que queda desde el monasterio hasta el municipio, siendo el primero el que hay entre La Alberca y El Palmar, pendiente también de un plan urbanizador que toca LIC y ZEPA".

   Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de IU-Murcia, Esther Herguedas, quien ha justificado la oposición a dicho plan parcial "por las irregularidades que tenía y los defectos de tramitación", rechazando, al mismo tiempo, que esta zona pueda ser considerada como urbanizable.

   A ello se suma el hecho de que la empresa promotora del plan es Inverovide, que tiene una participación del 13,29 por ciento, lo que, a su juicio, resulta sospechoso. Esta empresa, con sede en Madrid, "tenía un administrador único, que no está relacionado con Murcia, pero sí con algunas personas relevantes del urbanismo de Murcia, ya que tuvo otra sociedad junto con Higinio Pérez, investigado en la operación Umbra", de presunta corrupción urbanística.

   Igualmente, la redacción del plan parcial que promueve esta empresa corresponde a Jesús Zafra, "también investigado dentro del caso 'Umbra' por sus relaciones con el ex jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver".

   Por tanto, ha lamentado, un plan parcial donde "encontramos a viejos conocidos del urbanismo murciano y no precisamente por haber actuado en beneficio de los intereses de la sociedad, sino en función de sus intereses particulares".

   Otra de las irregularidades que presenta el plan, ha dicho Herguedas, "es que tenía como objetivo el año 2025 cuando se hizo y con esa finalidad disponía de una gran bolsa de suelo para atender las necesidades de vivienda del municipio de Murcia".

   Así, Herguedas ha subrayado que "las necesidades se han calculado con este objetivo de 2025 y se ha liberado suelo en Murcia, según el plan, para tres veces las necesidades de la población en el año 2025", lo que supone "1,5 millones de habitantes y en este momento, ni siquiera llegamos al medio millón".

   "Ese suelo no es necesario y ha generado una importante burbuja inmobiliaria con planes parciales a mitad de desarrollo y nos encontramos con un plan general que ha fracasado y que sería el momento de revisar", ha sostenido la concejal.

   Entre otras razones, ha recordado que en el plan general esta zona aparecía como "desarrollo extraordinario", lo que quiere decir que "sería de los últimos lugares a ocupar"; además de que "no se estarían vulnerando los derechos de los particulares".

   Fruto de las irregularidades, hay presentado un recurso contencioso-administrativo, ya que tampoco "tiene aprobación definitiva, ni siquiera la aprobación en el Pleno y el plan parcial no tuvo su fase de exposición pública de información a la ciudadanía sobre este hecho".

El Consorcio de Compensación de Seguros dice haber pagado 12.859 expedientes del seísmo lorquino

MURCIA.- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, dice haber pagado hasta el 15 de julio un total de 66,3 millones de euros correspondientes a 12.859 expedientes abiertos por los daños ocasionados a las personas y en los bienes asegurados por los terremotos producidos en Lorca el 11 de mayo de 2011.

   En concreto, el Consorcio registró 22.411 solicitudes por daños en viviendas y comunidades de propietarios, por los que ha abonado 11.538, por un importe de 54,7 millones de euros. Asimismo, registró 1.815 solicitudes de daños en comercios, de los que ha pagado 725 por un coste de 9,5 millones de euros.

   De las 379 solicitudes registradas por daños en oficinas, el Consorcio ha abonado 157 por un valor de 937.400 euros; mientras que de las 209 solicitudes por riesgo en industrias ha pagado 83 con 501.489 euros; y de las 426 solicitudes de indemnizaciones por daños en vehículos y automóviles ha pagado 356 con 522.988 euros.

   El Consorcio ha señalado que "sigue trabajando a pleno rendimiento en la tramitación de las indemnizaciones por los daños ocasionados", y ha añadido que, de acuerdo con los objetivos marcados desde el inicio del proceso por el CCS a los equipos que están valorando los daños, y con el propósito de iniciar con la máxima celeridad posible el pago de las indemnizaciones, se han realizado, en primer lugar, las tasaciones de los siniestros más sencillos y de los de importe y dificultad medios.

   La eficaz labor que vienen realizando los más de 200 peritos que están llevando a cabo la valoración de los daños causados por el terremoto "ha permitido la rápida tramitación de las reclamaciones y el pago de las indemnizaciones y anticipos realizados hasta ahora", según el Consorcio, que ha añadido que estos profesionales "están realizando un gran esfuerzo para conciliar el rigor que requiere su trabajo con la necesaria agilización de las valoraciones".

   Transcurridos dos meses desde que se produjo el terremoto, y una vez atendidos el 50 por ciento de los siniestros, el CCS se propone afrontar la peritación y el pago de los siniestros de mayor complejidad y, en particular, de aquellos en los que se aprecian daños estructurales que impiden la habitabilidad de los edificios.

   Con el objetivo de abordar la peritación y pago de los siniestros pendientes, el CCS ha elaborado unas recomendaciones a sus peritos tasadores encaminadas a agilizar la peritación de los daños, cuyo extracto se incluye a continuación para que se difundan y sean conocidas también por los asegurados, de tal forma que ello contribuya a facilitar las relaciones entre éstos y el CCS, reduciendo al mínimo las eventuales discrepancias que pudieran surgir.

   En primer lugar, una vez cumplido el segundo mes desde que se produjera el terremoto, y peritados 12.000 siniestros con abono de más de 65 millones de euros en indemnizaciones, el CCS dice que procede ahora "acelerar el pago en los expedientes de mayor complejidad, ya sea concluyendo la peritación de los mismos o, si no fuera factible, determinando con la necesaria precisión el valor final de las reparaciones a efectuar, concediendo anticipos en los próximos días sobre la base de las estimaciones contenidas en informes periciales emitidos con dicha finalidad".

   En la línea con lo expuesto en el apartado anterior, el CCS recomienda que los peritos "deben identificar los siniestros cuya peritación deba razonablemente prolongarse en el tiempo e informar sobre la situación en que se encuentra la misma, su duración estimada, la actualización de las provisiones económicas y la propuesta de concesión de un anticipo en cuantía suficiente, que facilite las tareas de reparación.

   Las peritaciones complejas, a su juicio, "no deben acelerarse de forma precipitada, pero sí deben activarse intensamente y, de forma simultánea, orientarse hacia la concesión de anticipos de la indemnización final. Lo señalado en éste y en el anterior apartado es de especial aplicación en expedientes de inmuebles con daños estructurales importantes y de inmuebles demolidos o a demoler, según las mismas fuentes.

   En tercer lugar, plantea que los peritos "deberán entregar sin demora al CCS aquellas peritaciones que se encuentran terminadas aunque no obtuviesen la firma por parte del asegurado del documento de manifestación de acuerdo o conformidad con el importe de la valoración realizada por el perito".

   Esta forma de proceder sin más dilación "pretende dejar clara la disposición del CCS a no demorar ni un instante el pago, al menos de la indemnización calculada a través de sus peritos, por el hecho de que pudieran existir discrepancias con el asegurado".

   En estos casos de falta de acuerdo, el Consorcio indica que el perito "deberá explicar con claridad al asegurado los cálculos realizados de los que se desprende la propuesta de indemnización que realice"; y añade que "sería deseable, al mismo tiempo, que el asegurado manifestase los motivos de la discrepancia y el perito pudiese así aportar al CCS la explicación de las causas concretas de la misma".

   En todo caso, el Consorcio dice que "cuando haya discrepancia con la valoración del perito y aunque se haya producido ya el pago de la cantidad estimada por el CCS, el asegurado podrá continuar con el procedimiento previsto en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro y designar su propio perito para que, junto con el del Consorcio, cuantifique la indemnización".

   "Si no hay acuerdo entre ellos se podrá designar un tercer perito dirimente. Además, el asegurado puede presentar su reclamación ante el Servicio de Atención al Asegurado del Consorcio. En ambos casos, el CCS realizaría un proceso de revisión para analizar las oportunas alegaciones aportadas por los asegurados y, en su caso, realizar los pagos adicionales que correspondieran", añade.

   En cuarto lugar, el CCS considera "esencial" realizar las valoraciones de daños con un método analítico, aplicando sobre las mediciones de las unidades de obra los precios unitarios, teniendo a estos efectos como referencia bases de precios contrastados y de general aplicación, sin perjuicio de que en cada caso el perito deba atender a las especiales circunstancias que pudieran concurrir".

   Con el mismo fin de documentar con claridad y transparencia la actuación pericial y las diferencias que, en su caso, se produjeran respecto a las cuantías solicitadas por los asegurados, los peritos "procurarán recoger los presupuestos aportados por los asegurados o por las empresas que van a realizar las reparaciones, aún en el caso de que dichos presupuestos no sean finalmente admitidos".

   En los casos de inadmisión de los presupuestos, el perito deberá informar a los asegurados y, si procediese, a las empresas de reparación de la falta de aceptación de los presupuestos y del motivo de su rechazo. El perito deberá calibrar, a continuación, si solicitar un nuevo presupuesto o proceder a la valoración y redacción del informe pericial.

   Si se produjeran retrasos en la labor pericial porque no se hubiese aportado al perito la documentación esencial o porque existieran dificultades para reunirse con el asegurado o con su representante, el CCS recomienda que el perito lo hará constar de forma que quede probada la constancia de las dificultades que existan.

   "Como ha sido siempre norma de actuación esencial del CCS, la encomienda que se hace a los profesionales que colaboran en estas tareas de tasación es la de peritar los daños, y en ningún caso es la de reparar ni la de facilitar o sugerir al asegurado una determinado reparador", añade.