La CAM dice que no necesita ninguna aportación de capital adicional

ALICANTE.- La directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós, ha reiterado ante el consejo de administración de la entidad que el resultado del último test de estrés, publicado el pasado viernes, 15 de julio, demuestra que la entidad no necesita ninguna aportación de capital adicional, según ha informado en un comunicado la entidad financiera.

   El consejo de administración CAM celebrado en la mañana de este lunes, además, ha acordado someter a la comisión de control el informe relativo al cumplimiento de las líneas generales del Plan de Actuación de la entidad, referido al segundo trimestre de 2011, tras considerar que la gestión de la caja se adapta a dichas directrices.

   Por su parte, el director general adjunto, Agustín Llorca, ha facilitado al Consejo información acerca del cumplimiento de líneas estratégicas y evolución del presupuesto de la Obra Social CAM en el primer semestre de 2011.

   Asimismo, en la misma sesión se ha aprobado una propuesta para acometer la reforma y redistribución de espacios del Centro Cultural de Cartagena y la Biblioteca 'San Isidoro', situados en dos inmuebles dentro la sede de Caja Mediterráneo en la calle Mayor de Cartagena.

   La Caja va a realizar una sala de exposiciones y va a acometer la adaptación y adecuación de la Biblioteca 'San Isidoro', según han indicado las mismas fuentes.

   En este sentido, las iniciativas realizadas en materia de Obra Social han sido "fieles" a las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de acuerdo con los valores de solidaridad, integración, innovación y desarrollo.

‘The Economist’ elogia el 15-M

LONDRES.- Puede que no sepan lo que quieren, pero están empezando a conseguirlo". Con estas palabras el semanario The Economist define al movimiento de los indignados, a los que la publicación británica califica como los más "serios" de Europa.

  

En el artículo, recogido en el último número de la revista, se detallan algunas de las "victorias" del movimiento y se valora el hecho de que sus "educados" miembros las hayan conseguido sin la necesidad de lanzar piedras o ser reprimidos por gases lacrimógenos.

De los logros del movimiento, The Economist señala algunos de los anuncios del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

Entre ellos, la reforma electoral basada en el modelo alemán y su alusión a la responsabilidad de los bancos en la crisis hipotecaria. Un guiño a las protestas que la publicación califica de "educado", pero del que critica sus "trazas de populismo". Además, el semanario atribuye a la presión ejercida por el 15-M la rápida aprobación en el Congreso de medidas de protección para los embargados o el impulso al anteproyecto de Ley de

Pero la publicación tampoco ignora los puntos débiles del 15-M y recuerda las protestas frente al Congreso en las que había "más diputados dentro [de la Cámara] que manifestantes fuera [de ella]". También critica a los indignados su falta de concreción a la hora de afirmar "qué representan" y su sistema asambleario "terriblemente lento". El artículo subraya que el vicepresidente Manuel Chaves comparó las asambleas del 15-M con las del ficticio Frente Popular de Judea que aparece en la comedia La vida de Brian.

No obstante, recuerda que el 80% de los españoles apoyan al movimiento y destaca las "buenas maneras" como su punto fuerte, a pesar de incidentes violentos como el bloqueo del Parlament de Catalunya, que, según el semanario, no han minado la popularidad del 15-M. 

La simpatía que generan los indignados, prosigue, tiene que ver con su conexión con el malestar que sienten muchos ciudadanos españoles hacia los políticos, que trasciende la ideología "izquierdista" incluso de "extrema izquierda", afirma- de muchas de sus propuestas.

"No sólo la gente de izquierdas está indignada", prosigue el artículo. 

En este sentido, el texto contrapone la buena acogida que ha tenido al 15-M con el escaso 4% de votos que obtiene Izquierda Unida en las urnas. El semanario también da cuenta de los motivos de indignación entre los que señala la corrupción de las administraciones locales y autonómicas, el desvío de fondos de la SGAE o el caso Botín, según recoge 'Público', de Madrid.

Qué pasa en Valencia / Ignacio Escolar *

Valencia no sólo es la primera comunidad autónoma de la historia cuyo presidente será juzgado ante un jurado popular, acusado de aceptar sobornos. También es la autonomía más endeudada: debe el 17,2% de su PIB, 17.600 millones de euros. 

O la región europea con la entidad financiera que peor nota ha sacado en los test de estrés de la banca, sólo por detrás de Grecia. Hablo de la Caja Mediterráneo, la CAM, que ha suspendido este último examen con un 3. Sólo el ATEbank griego tiene una nota peor.

A la hora de buscar culpables de la delicada situación de la CAM, conviene recordar que esta caja, que tanto depende del poder político regional, no sólo ha comprado parte de los bonos que emite la comunidad para financiar su deuda, sino que también ha pagado faraónicos proyectos de la Generalitat Valenciana, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el ruinoso parque Terra Mítica. Aunque el mayor agujero de la CAM está en el ladrillo feroz. 

En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución, el informe Auken, que describía el urbanismo valenciano como una “forma endémica de corrupción” que ha creado un modelo de desarrollo movido por “la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción”.

Cuando la burbuja estalló, las dos cajas valencianas, CAM y Bancaja, pagaron gran parte de los platos rotos en Seseña, en Martinsa Fadesa, en Polaris World o en Astroc. Entre los exdirectivos de Astroc, hay un nombre que resalta rutilante sobre los demás: Estrella Camps, hermana de Francisco Camps. 

Evitar la quiebra de la CAM nos va a costar a los españoles 2.800 millones de euros del fondo de rescate. Es el doble de lo que se ahorró al congelar las pensiones. Tres o cuatro trajes, nada más.

(*) Periodista

Rosell pide acabar con los funcionarios "incumplidores" y con quienes se apuntan al paro "porque sí"

MADRID.- El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha expuesto sus recetas para facilitar la salida de la crisis en España y, entre otras cosas, ha señalado que hay que acabar con los funcionarios "prepotentes e incumplidores" y con aquellas personas que se apuntan al paro "porque sí".

   "Quien se apunte al paro porque sí, habrá que decirle que no", ha dicho Rosell, que ha añadido que todos los parados que estén inscritos en los servicios públicos de empleo deben formarse al mismo tiempo que cobran la prestación.

   En relación con los funcionarios, ha apostado por evaluarles y hacerles ver que "no son dueños" de su puesto de trabajo. También ha pedido que se penalice el absentismo laboral y se combatan los abusos asociados a las visitas al médico y el fracaso estudiantil.

   "Al estudiante hay que decirle que un fracaso se le puede consentir, pero que esté ocho años para acabar una carrera de cinco, no se le puede consentir y no se lo vamos a pagar siempre", ha precisado Rosell, que ha agregado que para conseguir todo eso debe cambiarse el funcionamiento de los servicios públicos.

   Durante su intervención en unas jornadas organizadas por 'El Economista' y Ernst & Young, el líder de la patronal española ha advertido de que, pese a los "graves problemas" que tiene España, la sociedad está inmersa en un proceso de "cierta complacencia" y ha señalado que para salir de la crisis habrá que hacer sacrificios y trabajar mucho y con "coraje".

   Rosell ha avisado de que España no creará empleo si su economía no crece por encima del 2% y ha abogado por acometer las reformas pendientes, por que el Estado simplifique "mucho" su estructura y por que éste y los gobiernos locales y autonómicos reduzcan sus gastos generales, "como están haciendo también las empresas".

   Preguntado por si haría falta una subida de impuestos para obtener más recursos, el presidente de la CEOE ha indicado que esa medida no le gusta, pero ha precisado que si en algún momento, "de manera excepcional y temporalísima", hay que elevar algún impuesto o eliminar alguna deducción o bonificación, "todo el mundo lo entendería".

   Rosell ha afirmado que la gestión de la crisis no ha sido buena, sobre todo porque el déficit se ha disparado y ha alcanzado una dimensión "monstruosa", que hay que parar y ante la que "no se ha presionado suficiente" a los gobiernos (estatal, autonómico y local) para cortarlo.

    Sobre si es necesario anticipar elecciones generales, Rosell ha afirmado que dependería de si el Gobierno actual se siente o no "fuerte" para acometer las reformas necesarias en lo que resta de legislatura. "Si la respuesta a esa pregunta es no, que deje paso, pero primero debe responder a esa pregunta", ha asegurado.

   Para el dirigente patronal, "es hora de pactar entre todos, y sin apriorismos", corriendo riesgos y haciendo las reformas necesarias, pero con un orden. "No va a ser nada fácil, nos va a costar muchísimos sacrificios y pagar a lo mejor más impuestos y tener menos servicios, pero así es la vida. La vida no es fácil", ha dicho.

   Rosell ha manifestado que gane quien gane las elecciones generales, habría que hacer, "entre todos", un gran pacto para salir de la crisis. Precisamente y sobre las negociaciones que mantienen Gobierno, empresarios y sindicatos en materia de empleo y contratación, el presidente de la CEOE cree que, aunque hay muchos temas sobre la mesa y diferencias entre las partes, podría haber acuerdos "puntuales".

El PSRM pide aclarar si se va a privatizar la sanidad y cómo se pagará a los proveedores

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia en la Asamblea Regional de la consejera de Sanidad y Política Social para que explique cuáles van a ser las líneas de actuación que piensa llevar a cabo desde su Consejería en esta nueva legislatura, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Así, la responsable de Sanidad del GPS, Teresa Rosique, ha indicado que "Palacios debe explicar cómo va a  resolver la más que preocupante situación económica de la Sanidad regional y cómo va a garantizar las prestaciones sociales a los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma".

   Rosique considera que "esta comparecencia es de máxima urgencia ya que se trata de dos áreas fundamentales para los ciudadanos" y entiende que "la enorme deuda acumulada por el Gobierno Regional, que l final de la pasada legislatura superaba los mil millones de euros, supone un riesgo para la sostenibilidad de la Sanidad Pública".

   "Las más que evidentes declaraciones del Presidente Valcárcel abogando por el copago sanitario o el retraso de cuatro años en la puesta en marcha de la Renta Básica, entre otras muchas cuestiones, exigen respuestas de la responsable en estas materias", ha sostenido.

   Y es que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, lo primero que debe aclarar la consejera es si va a garantizar el mantenimiento de la Sanidad Pública o si por el contrario tiene pensada su privatización.

   De este modo, Rosique indica que "hay que recordar que por primera vez en esta Región la Consejería de Sanidad ha introducido ya la gestión de una empresa privada en el mismísimo Rosell para realizar un servicio sanitario como es la hemodiálisis".

   Por todo ello, ha considerado "imprescindible" que la consejera explique en la Asamblea Regional la deuda con los farmacéuticos, con los centros sanitarios privados y con las empresas proveedoras, así como los préstamos pedidos y los intereses de demora que se están pagando y se espera pagar.

   "Palacios debe aclarar a cuánto asciende la deuda global de la Sanidad en la región y cómo y cuándo piensa pagar a los proveedores. Así mismo debe aclarar también cómo va a garantizar que el Rosell se convierta en el segundo hospital de Cartagena con todos los servicios básicos de un hospital general o cómo va a resolver la injustica cometida a los usuarios y trabajadores del nuevo Hospital Santa Lucía con el aparcamiento de pago sin que exista otro disuasorio", subraya.

   Por otro lado, ha pedido a la consejera que responda también "a cuáles son las razones por las que no se crean los Consejos de Salud de Área y sin embargo se pone en marcha una llamada Mesa de la Sanidad, de carácter eminentemente corporativista y totalmente excluyente y de la que no se sabe cuál va a ser su papel ni cómo se va a regular su funcionamiento".

   "Queremos saber también cuándo se va a cumplir la Ley de Renta Básica, aprobada en 2007 sin que se haya aprobado todavía el reglamento que la regula, una ayuda fundamental para las personas sin recursos; cuál es actualmente la demora en la aplicación de la Ley de Dependencia", ha concluido Rosique, añadiendo que "así mismo queremos conocer cuál es la deuda contraída con las organizaciones sociales y cuándo se va a saldar".

El Vaticano concede a la Diócesis de Cartagena el privilegio de celebrar la Memoria del Beato Juan Pablo II

MURCIA.- La Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos ha concedido a la Diócesis de Cartagena el privilegio de incluir el Calendario Propio de la Diócesis la memoria del Beato Juan Pablo II el día 22 de octubre, cuya celebración litúrgica tendrá carácter de Memoria Libre.

   El obispo, Jose Manuel Lorca Planes, elevó esta petición a la Santa Sede, motivada por el gran deseo de muchas personas y comunidades cristianas de poder celebrar la fiesta litúrgica del Beato Juan Pablo II, según han informado fuentes del Obispado en un comunicado.

   Ahora la Santa Sede, a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, concede este privilegio a la Diócesis de Cartagena, que se siente "especialmente gozosa".

Los extranjeros compraron 18.561 pisos en España en 2010

MADRID.- Un total de 18.561 pisos fueron comprados por ciudadanos extranjeros en España en 2010, lo que supone el 4,45% del total de viviendas vendidas el pasado año, según consta en el anuario inmobiliario del Colegio de Registradores.

   El porcentaje de pisos adquiridos por ciudadanos de terceros países se mantiene así en línea con el de 2009 (un 4,24%), pero está lejos del máximo del 8,9% registrado en 2007, antes de la crisis.

   Según los registradores, la crisis económica "afectó especialmente" a extranjeros residentes en España, "que son los que vieron más notablemente minoradas sus expectativas, reduciendo así su demanda de vivienda".

   "Por contra, los extranjeros no residentes incluso se vieron favorecidos en términos relativos, dado que encontraron más accesible la vivienda en España como consecuencia del ajuste de los precios", añaden.

   Por nacionalidades, los británicos son los que más pisos compraron en España el pasado año, un total de 4.350, el 23,4% del total adquiridas por extranjeros. Después se situaron los franceses, con el 8,2% del total, los alemanes (7,7%), los rusos (6,9%), y los italianos (5,6%).

   Según el informe, el resto de nacionalidades del ránking (Bélgica, Países Bajos, Suecia, China, Noruega, Rumanía, Irlanda, Marruecos, Dinamarca, Argentina, Finlandia, Suiza, Portugal y Polonia) cuenta con porcentaje de compras por debajo del 5%.

   Los registradores señalan que se trata de países europeos con un poder adquisitivo superior a las de otras nacionalidades residentes en España y que tienen una vocación de permanencia más estable por motivos laborales.

   En este sentido, el informe apunta el caso de los ecuatorianos que, según sus datos, han pasado de copar el 10,8% del total de compras de viviendas por parte de extranjeros en 2007 a no aparecer en el ranking de los veinte primeras nacionalidades que adquieren piso en España.

   De igual forma, los marroquíes, que en 2007 se hicieron con el 6,5% del total de pisos comprados por extranjeros, redujeron este porcentaje para el 2,03% en 2010.

   Para los registradores, "este desplazamiento de la estructura de nacionalidades, ya se extiende durante tres años, coincidiendo así con el cambio de ciclo inmobiliario y económico".

   Según destacan, durante el ciclo alcista, junto a los británicos, los ciudadanos extranjeros que más viviendas compraban en España eran los ecuatorianos, los marroquíes, los rumanos y los colombianos. Según explica el informe, "estas nacionalidades tradicionalmente compraban vivienda con una finalidad de residencia relativamente permanente para establecerse laboralmente en España".

   "La crisis económica les ha afectado con mayor intensidad que a otras nacionalidades, reduciendo proporcionalmente en mayor grado sus decisiones de compra de vivienda que a ciudadanos de otros países cuya finalidad era fundamentalmente turística", añade.

   Por tipos de vivienda, los extranjeros compraron el pasado año más pisos usados (9.643 unidades) que nuevos (8.918 unidades). Según el informe, suelen ser los ciudadanos que se instalan en España con fines turísticos los que en mayor medida se decantan por pisos nuevos.

Rubalcaba: "Una vez que la gente ve un político que se corrompe, el mal está hecho"

MÉRIDA.- El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado que ante la corrupción en la política no basta con "castigar", sino que es preciso "también prevenirla" porque "una vez que la gente ve a un político que se corrompe, el mal está hecho ya".

   Rubalcaba ha insistido en que cuando un político es corrupto se le puede "castigar" pero "el mal está hecho" porque el "problema es previo", dado que se trata de alguien a quien se votó "y se ha acabado llevando aquello que tenía que defender".

   "Es insostenible e intolerable para una democracia", ha sentenciado el dirigente socialista, quien no se ha referido a ningún político en particular durante su intervención en un acto en Mérida, el primero de su gira de contactos con las federaciones socialistas tras ser nombrado candidato.

   Por otra parte, Rubalcaba ha revelado que se presenta como candidato por su "gran confianza en España", que ha descrito como "un país fuerte, importe económicamente y políticamente", que ha llegado "al mando de la política europea".

   "Con una cultura boyante, poderosa, que tenemos que defender, que tenemos que exportar", ha señalado Rubalcaba, quien ha expuesto que las "naciones importantes" no lo son porque no pasen crisis, sino porque saben salir de las mismas.

   "Si me presento a las elecciones es porque creo que puedo ser útil a mi país y porque creo profundamente en mi país, en España", ha sentenciado.

   Además, ha abogado por defender el sistema sanitario público como existe en España financiándolo suficientemente pero sin entrar en el copago, que calificó como "repago", porque supone un cobro añadido a lo que ya se paga con los impuestos. "Ahí sí, Guillermo, ahí ni un paso atrás", ha señalado en alusión a Fernández Vara, presente en el Palacio de Congresos de Mérida, al que también ha acudido el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

   Al respecto, ha precisado que un copago de "un euro" por consulta no resuelve la financiación y además crea un problema de gestión. En el caso de Italia, que se cobrarán entre 10 y 25 euros, sí se recauda, "pero es profundamente injusto desde el punto de vista social", ya que, ha precisado, para unas personas 25 euros "no son nada" y para otras "es muchísimo".

   Alfredo Pérez Rubalcaba ha recordado que merced al sistema de financiación autonómica las comunidades dispondrán el año que viene de 8.000 millones más para financiar los servicios públicos esenciales.

   El candidato socialista ha reclamado que una "parte sustantiva" de esa cantidad vaya para el sistema sanitario, "para impedir que tenga déficit". En este punto se ha lamentado de que "hace poco" el Gobierno central aportó recursos a las autonomías para sanidad "y nadie acabó viendo ese dinero en los hospitales y en las camas de los enfermos".

Banco 'Mare Nostrum' presume de haber superado el test de estrés pero calla lo peor: morosidad previsible

MURCIA.- BMN, el banco conformado por Cajamurcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra, presume de haber superado ampliamente el test de estrés llevado a cabo por  la Autoridad Bancaria Europea (EBA), según han informado fuentes de la entidad bancaria en un comunicado. Aunque esta apreciación parece tener poco que ver con la información que hoy publica el diario 'El País', donde Caja Murcia (mayoritaria en BMN) está muy cerca de la CAM y con unas previsiones de morosidad que aterran, y eso se lo calla BMN.

   En un escenario adverso y altamente improbable, el core capital (o core tier1) del Grupo BMN sería del 6,1% en 2012, lo que supone un 22% por encima del mínimo exigido (5%) en el ejercicio de estrés de la EBA, y del 9,3% en el mismo horizonte, incluyendo las provisiones genéricas que BMN ya ha constituido, siempre según la nota interesada emitida desde su Presidencia.

   Así, el Presidente de BMN, Carlos Egea, califica de "especialmente satisfactorios estos resultados, teniendo en cuenta que el ejercicio se ha realizado con unas variables homogéneas para todos los bancos europeos, lo que supone, entre otros aspectos, un cómputo más adverso de la morosidad en España y un impacto de los mayores diferenciales de la deuda soberana. La interpretación de estos resultados debe hacerse incluyendo las provisiones genérica y subestándar, singulares en nuestro sistema financiero y constituidas para absorber pérdidas potenciales, que la EBA también pone de manifiesto".

   Y es que, teniendo en cuenta esas provisiones, el core capital del Grupo BMN prácticamente duplica el exigido, al situarse en el 9,3% en 2012. El ejercicio de estrés se ha realizado con datos a 31 de diciembre de 2010, por lo que todavía no recoge las sinergias y beneficios derivados del proceso de integración en curso, que se encuentra muy avanzado. El core capital de BMN al cierre de 2010 fue del 8,3%.

COAG pide medidas urgentes de crisis por el hundimiento de la fruta de hueso, el melón o la sandía

MURCIA.- COAG y Fecoam han demandado medidas urgentes de crisis ante el hundimiento de la fruta de hueso, el melón o la sandía, al tiempo que han calificado de "lamentable" la gestión de crisis alimentaria provocada por las desafortunadas declaraciones de la consejera de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks, que culpó a una partida de pepinos procedentes de España como los causantes de la infección con la bacteria E.coli.

   La Comisión Europea tardó 20 días en poner en marcha medidas para indemnizar a los agricultores por los daños causados, consistentes en una compensación de 210 millones de euros por las pérdidas sufridas por los productores de hortalizas y frutas de los 27 estados miembros, según han informado fuentes de la organizaciones agrarias en un comunicado.

   De este modo, han calificado esa suma de dinero de "insuficiente", ya que esta medida "sólo se aplicó al pimiento, calabacín, pepino, lechuga y tomate, en un periodo que fue desde el 26 de mayo hasta 30 de junio, quedando el resto de producciones a expensas del mercado".

   El sector avisó de que el principal efecto de la crisis alimentaria iba a ser la caída de precios de todos los productos hortofrutícolas murcianos debido a la bajada del consumo, "lo que lamentablemente ha sucedido, constatándose un hundimiento de los precios del 50 por ciento en relación con la campaña anterior tanto de la fruta de hueso, como del melón y la sandía, así como un final más que lamentable de la campaña de patata temprana", han apuntado.

   Por ello, el sector español ha pedido que en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE del próximo 19 de julio, se adopten medidas extraordinarias de gestión de crisis graves, especialmente un sistema de retiradas extraordinario para recuperar el mercado.

   Asimismo, han indicado que "no podemos consentir la pretensión del presidente Sarkozy de controlar las importaciones de melocotón y nectarina españolas, en un gesto más de la desunión europea y de la ineficacia de una Comisión Europea, que sistemáticamente da la espalda a los problemas de los agricultores españoles".

   Por todas estas razones, COAG y Fecoam, con el apoyo del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica y de otras entidades, convocan una movilización ante la Delegación de Gobierno el próximo martes, a las 11.00 horas, para expresar su repulsa y para colaborar con Lorca a través de un Mercado Solidario, en el que se repartirán unos 10.000 kilogramos de fruta de hueso, melones y sandías.

   Los consumidores podrán adquirir por un euro más de tres kilogramos de fruta. "Lo que pretendemos es presionar al Consejo de Ministros de Agricultura que se celebrará en Bruselas, durante el lunes y martes, así como exigir al Ministerio de Agricultura, al Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios del Congreso y de la Eurocámara a que den la cara, reclamen ente la Comisión Europea lo que el sector agrario demanda", han concluido.

UPyD de Murcia considera que el Equipo de Gobierno "podría haber ejercido un mayor control" con Latbus

MURCIA.- El concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna, considera que el Equipo de Gobierno "podría haber ejercido un mayor papel de control y fiscalizador" sobre la empresa concesionaria, Latbus, cuando, destacó, "tenían capacidad de haber pedido informes para conocer el estado del pago de las nóminas de los trabajadores y estar al día en la Seguridad Social", pero, añadió, "parece ser que eso no se ha hecho diligentemente".

   En el caso de que la legalidad no permitiera esa fiscalización de la empresa, que al fin y al cabo es privada, señaló, "UPyD pedirá a través de una moción que las subvenciones y contratos que se hagan incluyan cláusulas que permitan al Ayuntamiento controlar esas subvenciones".

   Aunque, la solución de Latbus, añadió, "es compleja, pues parece ser que el Ayuntamiento está al día del pago, con lo cual sería más un problema de la propia empresa que municipal".

   Sin olvidar, remarcó, "que por encima de todo el responsable político es el alcalde, y que vecinos, trabajadores o estudiantes se han visto afectados durante dos días, al verse privados de un servicio básico como es el autobús".

   De tal forma, Serna se ha mostrado partidario de que el servicio de transporte en la ciudad sea público, de competencia municipal o a través de concesiones administrativas, "pero siempre con una titularidad pública", aunque, apuntó, repartido a través de concesiones en varias empresas de diferente titularidad, con el objeto de minimizar el riesgo.

   Así, se mostró contrario de que el transporte público del municipio esté concentrado en única empresa, Latbus, "porque si algo va mal, todo el transporte se verá afectado", como ha ocurrido anteriormente o en los últimos días.

   Es algo complejo, señaló, y en estos momentos de crisis, acometerlo no sería conveniente, pero, según el edil, es una idea a tener en cuenta.

   A la larga, concluyó el concejal de UPyD en el Ayuntamiento capitalino, "habría que estudiar ese proceso como han hecho otras ciudades y con gran éxito".

El PSOE de La Unión recurre la subida de sueldo de los concejales aprobada por el alcalde del PP

LA UNIÓN.- Los concejales socialistas de La Unión han presentado un recurso en el Ayuntamiento en el que manifiestan que el acuerdo para la subida de sueldo a los concejales, aprobado por el alcalde Francisco Bernabé, es nulo, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Así, su portavoz, Mariano Oliver, argumentó que dicho acuerdo supone en la práctica "una modificación del Presupuesto vigente y, además, carece del informe del Interventor de Fondos del consistorio, que debe determinar si existe crédito presupuestario suficiente para la subida y si se supera el límite de la masa salarial establecido legalmente".

   Oliver tildó de "indecente", la decisión del alcalde de subir en este momento las retribuciones de los concejales, "cuando hace pocos días anunciaba en rueda de prensa la adopción de medidas de privatización de servicios y subida de tasas para los ciudadanos del municipio".

   El PSOE, que votó en contra de esta decisión de Bernabé desde el principio, criticó "la actitud improcedente e incoherente del PP, porque no se pueden subir las tasas a los vecinos y negar el pago de sus facturas a las empresas, para a renglón seguido, subir las retribuciones de los concejales".

   De este modo, el portavoz socialista indicó que la subida aprobada por Bernabé y el PP supone un gasto extra para el Ayuntamiento en retribuciones para los concejales de casi 5.000 euros al mes y 58.737 euros al año.

   "Todo ello, sin contar con que habrá tres miembros del equipo de gobierno liberados, el alcalde (28.794,01 euros, sin dedicación exclusiva) y dos concejales (27.330,52 euros, con dedicación exclusiva)", indicó, al tiempo que explicó que la subida supone que los concejales del equipo de gobierno pasen a cobrar un 56,27 por ciento más, garantizándose un mínimo de 943,16 euros; mientras los concejales de la oposición pasarán de 273,08 a 409,72 euros, y los pedáneos de 118,52 a 301,76 euros (un 154% más).

   Para Oliver, "Bernabé nos anuncia que los unionenses tendrán menos servicios y pagarán más tasas, mientras sus concejales cobrarán un 56 por ciento más que el pasado año y sus alcaldes pedáneos un 154 por ciento más que el año anterior, algo que no es coherente ni responsable en las actuales circunstancias".

   Y es que, según añadió, "Bernabé anuncia que despedirá a trabajadores con contrato temporal y, sin embargo, se ha contratado una segunda secretaria particular de libre designación, que costará a los unionenses 24.500 euros anuales más. Este puesto no se cubrió durante los anteriores gobiernos socialistas, cuando sólo había una persona en el Gabinete de Alcaldía y no dos como ahora".

   Por último, señaló que el alcalde y el PP han llevado al Ayuntamiento "a la quiebra técnica, con una deuda reconocida de casi 18 millones de euros. Es indecente que se les diga a los vecinos que, por ejemplo, tendrán que pagar tres veces más por llevar a sus hijos a la guardería municipal, que pasará a costar de 40 a 120 euros, mientras al tiempo aprueba una subida de retribuciones de los miembros de la Corporación".

Peñarrubia pide la comparecencia de Salgado en el Senado ante las "indignantes" actuaciones del Consorcio de Seguros en Lorca

MURCIA.- El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del Partido Popular por Murcia, José Joaquín Peñarrubia, ha solicitado este viernes, a través de una iniciativa de su Grupo Parlamentario, la comparecencia de la vicepresidenta Elena Salgado para explicar las "polémicas" actuaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en relación al terremoto acaecido en Lorca el pasado 11 de mayo.

   El parlamentario popular quiere que el Gobierno explique las razones de su deficiente gestión del terremoto y ha recordado que "los ministros de Zapatero acudieron en tromba cuando las ruinas humeaban, propalaron engaños que se han traducido en incumplimientos y, ahora que el asunto ya no es un referente mediático en los medios nacionales, humillan a Lorca con el olvido".

   Según el senador del PP, la gestión de las ayudas y compensaciones de seguros está provocando entre los ciudadanos lorquinos una honda sensación de "malestar, indignación, indefensión e impotencia".

   Peñarrubia ha recordado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 13 de mayo, que actualmente se está convalidando en el Parlamento como Proyecto de Ley, establecía, dentro de las medidas urgentes para reparar los daños causados por el seísmo, que el Consorcio, en nombre de las compañías de seguros, se encargase de indemnizar a los particulares afectados por daños en edificios, viviendas, locales comerciales y de negocios, tanto en relación a los bienes inmuebles como el lucro cesante, que se encontrasen cubiertos por pólizas de aseguramiento.

   El problema, según ha denunciado el senador popular, es que, "hasta la fecha, los únicos acuerdos que se están alcanzando entre asegurados y tasadores del Consorcio son los relativos a los daños de menor cuantía, mientras que, por el contrario, hay enormes dificultades para abordar los siniestros de cierta entidad".

   Según Peñarrubia, la gestión del asunto es tan mala que, incluso, en el caso de los daños de pequeña cuantía, se están produciendo notables retrasos de más de 30 días, "que resultan completamente incomprensibles" y que "entorpecen" todo el proceso. El parlamentario del PP denuncia además que el consorcio realiza, ya de principio, una valoración a la baja, de en torno al 20 por ciento, como están denunciando los afectados.

   En opinión del senador, es un problema muy serio, ya que las rehabilitaciones y reparaciones se eternizan en el tiempo y, como consecuencia de ello, surgen daños posteriores, causados precisamente por la falta de actuaciones.

   "En estos casos extremos, si el afectado quiere contactar con el tasador asignado, que ya realizó la primera visita, el asunto se vuelve imposible, como nos están trasladando muchos asegurados", ha relatado Peñarrubia.

   Así las cosas, cuando los daños a compensar son de mayor cuantía y de tipo estructural, los siniestros principales, la situación se torna "más grave e inquietante".

   El senador lorquino ha explicado que, en ese supuesto, el Consorcio recurre a una empresa subcontratada que se dedica a intentar orientar el estudio y solución del problema a determinados contratistas de fuera de la Región de Murcia.

Solicitan prorroga

   El Ayuntamiento de Lorca ha oficializado este viernes la petición al Gobierno de la Nación para que amplíe el plazo para la presentación de ayudas al objeto de subvencionar gastos relacionados con los daños ocasionados por los terremotos del pasado 11 de mayo.
   Así lo ha anunciado el portavoz municipal de Comunicación del Ayuntamiento, Francisco García, ha precisado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado una moción en tal sentido, que será remitida a la Delegación del Gobierno.
   Esta solicitud se fundamenta, según fuentes municipales, en la aparición de daños en numerosas edificaciones que no habían sido detectados con anterioridad, incluyendo la declaración de ruina de varios edificios y su necesaria demolición y desescombro.
   En concreto, la moción señala que, con fecha 3 de junio de 2011, se publicó en el BORM número 132 la orden por la que se desarrolla el Real Decreto ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca, encaminada a la concesión de ayudas al Ayuntamiento de Lorca por los gastos de emergencia en que haya incurrido como consecuencia de las actuaciones imprescindibles e inaplazables para garantizar la vida y la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
   Así como para resarcir los gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil en el ámbito de la Administración General del Estado con motivo de la situación de emergencia, concediéndose al efecto un plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigor de la mencionada orden.
   Considerando la conclusión de dicho plazo el próximo 4 de agosto y dadas las características singulares de los seísmos acaecidos en Lorca, han hecho del mismo que "muchos de los daños se encuentren todavía por determinar, pudiéndose en los meses sucesivos detectar nuevos hechos que pudieran estar incluidos por sus características dentro de los gastos subvencionables".
   Es por tanto, desde el punto de vista de la naturaleza del seísmo y desde la excepcionalidad de los casos que, de forma particular, puedan ir apareciendo es por lo que el Ayuntamiento de Lorca propone una ampliación de plazos para los supuestos puntuales puedan surgir.

Pedro Saura cifra en 2.000 millones la deuda de la Comunidad a proveedores

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha lamentado que "Valcárcel siga sin tomar medidas para contener el gasto improductivo, para controlar el déficit y para pagar a los proveedores", a pesar de que la deuda a estos últimos sea, según ha cifrado Saura, de "2.000 millones de euros".

   Por ello, no entiende como, tras conocerse los datos sobre el estado económico del resto de Comunidades Autónomas, "Cospedal está alarmada porque Castilla-La Mancha debe a los proveedores 1.700 millones de euros, mientras en la Región de Murcia se deben 2.000 millones de euros y no veo a Valcárcel ni estresado ni tenso".

   En este sentido, ha reiterado que "la Comunidad Autónoma debe 2.000 millones de euros a proveedores, a la gran mayoría desde hace un año y al Servicio Murciano de Salud desde hace casi dos años".

   De hecho, ha asegurado, "muchas de las asociaciones que trabajan con la Comunidad Autónoma y que están generando tejido social no reciben subvención desde hace un año". Pero lo peor para el secretario general del PSRM-PSOE "es que a estas alturas no hay ningún plan para pagar a los proveedores".

   A su juicio, "el Gobierno regional no está tomando medidas para resolver un problema creciente que tiene la Comunidad. Valcárcel y sus consejeros han creado un monstruo de gasto público y de gasto improductivo que se la está comiendo".

La CAM dice que habría superado las pruebas si se hubieran contabilizado las provisiones genéricas

ALICANTE.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha indicado este viernes que habría superado el test de estrés a la banca si se hubieran tenido en cuenta las provisiones genéricas constituidas a cierre de 2010 por importe de 1.001 millones de euros y ha subrayado que no necesita "ninguna aportación de capital adicional".

   La CAM es una de las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés).

   Tras conocerse los resultados del text, la caja alicantina ha resaltado que habría pasado el mismo, con un 5,1% de Core Tier 1, si se hubieran tenido en cuenta esas provisiones de 1.001 millones a cierre de 2010 y en el supuesto de un escenario económico muy adverso, con caídas del 2,1% del PIB y caída del precio de los inmuebles del 47%.

   Por ello, ha insistido en que la entidad no necesita ninguna aportación de capital adicional.

   Asimismo, ha recordado que está desarrollando "con éxito" su Plan de Recapitalización, "cumpliendo con estrictas medidas de ahorro de costes que situarán la eficiencia y productividad de la entidad en los niveles requeridos por el nuevo entorno competitivo y regulatorio".

   Por otra parte, ha resaltado también que la exposición de la CAM a riesgo soberano procedente de países distintos de España "es muy reducida y representa un 0,7% del total del activo".

EEUU investiga si Credit Suisse ayudó a evadir impuestos a sus clientes

ZURICH.- El banco suizo Credit Suisse, socio actual en 'Polaris World', está siendo investigado por las autoridades estadounidenses en relación con los servicios de banca privada transfronterizos prestados por la entidad a sus clientes estadounidenses, que podrían haber utilizado esta vía para defraudar impuestos al fisco de EEUU, reconoció el segundo mayor banco de Suiza. 

   "Credit Suisse recibió el 14 de julio una notificación del Departamento de Justicia de EEUU, donde se le informaba de que es objeto de una investigación", informó la entidad helvética.

   En este sentido, el banco precisó que en los últimos tiempos ha venido colaborando con las solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses en relación con los "servicios de banca privada transnacional prestados a clientes estadounidenses".

   Asimismo, Credit Suisse enmarcó estas pesquisas en una investigación más amplia por parte de las autoridades de EEUU, que afectaría al conjunto del sector financiero y mostró su disposición a colaborar en la resolución de la misma en línea con los criterios establecidos por las leyes suizas.

El 79% de los españoles opina que la población inmigrante es "elevada" o "excesiva"

MADRID.- El 79 por ciento de los españoles considera que el número de personas de origen inmigrante en el país es "elevado" (33%) o "excesivo" (46%), ya que la mayor parte de los ciudadanos cree que los extranjeros suponen el 21,3 por ciento de la población total, cuando en realidad, no llegan al 12 por ciento. También siguen pensando que reciben más del Estado de lo que aportan, aunque los datos dicen lo contrario. 

   Así lo recoge el informe 'Evolución del racismo y la xenofobia en España 2010' elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de una encuesta del CIS de 2009, del que se desprende que un 36 por ciento de los ciudadanos sigue siendo "reacio" a la inmigración, mientras se ha reducido un cinco por ciento el grupo de quienes piensan que sus efectos son positivos o muy positivos para España (41%).

   El presidente del Oberaxe, Nicolás Marugán, ha destacado que la cifra de "reacios" se ha mantenido estable pese a la crisis económica, aunque "empeora mucho la imagen" que tienen los españoles de los foráneos en el año 2009 con respecto a 2008 "porque hay mucha estereotipia", especialmente en lo que se refiere al uso de los servicios públicos y al mercado laboral.

   "Los españoles piensan que los inmigrantes abusan de los servicios sanitarios y de los educativos, y que los extranjeros los usan más y que reciben más del Estado que lo que aportan cuando los datos evidencian todo lo contrario", explica el experto, para quien "puede ser" que hagan falta más servicios públicos, "pero desde luego, los que hay no los usan más los inmigrantes, sino los españoles".

   Así, el 25 por ciento consideraba en 2009 que los inmigrantes "reciben mucho más del Estado de lo que aportan", (en 2008 eran el 20%) y el 56 por ciento considera que reciben "mucha o bastante protección por parte del Estado". Casi la mitad cree que aunque tengan los mismos ingresos, los foráneos reciben "más ayudas sanitarias" y un 52 por ciento piensa que tienen "más ayudas escolares". Más de la mitad cree que "abusan" de la gratuidad del sistema de salud y que empeoran la calidad de la atención tanto médica como escolar.

   En este sentido, el informe refleja un aumento del dos por ciento entre quienes piensan que los españoles deberían tener preferencia para acceder a la atención sanitaria, creencia que comparte el 44 por ciento de la población. Además, el 56% opina que deberían tener preferencia para elegir el colegio de sus hijos, un uno por ciento más que en 2008 y tres de cada diez cree que la presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas no enriquece al conjunto de los alumnos.

   Asimismo, en un test de respuesta espontánea, el 30 por ciento de los encuestados dijo que el aspecto negativo que destacaría más de la inmigración son "más problemas de delincuencia e inseguridad", si bien son un tres por ciento menos que en 2008; y un 13 por ciento apuntó "problemas de integración y choque cultural" (2% más). La tercera respuesta más mencionada fue "más competitividad en el mercado de trabajo", con un doce por ciento del total.

   "El tema de la competitividad laboral es clave y preocupante. Hace años las respuestas ante el mercado de trabajo no eran tan claras como ahora y lo que más ha cambiado es la actitud de los jóvenes, que antes tenían unas respuestas mucho más tolerantes, sobre todo los que estaban en desempleo, y se están tornando de tolerancia a ambivalencia, sobre todo los que están en desempleo", ha añadido.

   Sobre este punto, el estudio, basado en una encuesta del CIS de 2009, arroja un incremento del 4% entre quienes piensan que los españoles deben tener prioridad para acceder a un puesto de trabajo: el 64 por ciento de la población autóctona está de acuerdo con esta afirmación. Entre los menores de 30 años el aumento ha sido de un seis por ciento y ahora opina así el 58 por ciento.

   En términos generales, ha aumentado cuatro puntos hasta el 58 por ciento el grupo de quienes creen que los inmigrantes "quitan puestos de trabajo a los españoles" y un 73% considera que provocan bajadas salariales. No obstante, el grupo mayoritario (78%) es el que sostiene que los extranjeros "desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer".

   Otro de los asuntos sometidos a estudio es la percepción de la política migratoria. El 42% de los ciudadanos considera que las leyes son "demasiado tolerantes", cifra que se mantiene estable respecto al año anterior. En 2008 estaba de acuerdo con esta idea un 34% de los jóvenes y en 2009, el 39%. También ha aumentado el grupo de quienes piensan que se debe devolver a los inmigrantes en situación irregular a su país (un 19%, tres puntos más) y el 12% considera que no se debe acoger a quienes piden asilo político (un 1% más que en 2008).

   Para el 39 por ciento de la población, convertirse en un parado de larga duración debe ser motivo de expulsión y hasta un 69 por ciento (2% más que en 2008) considera que se debe expulsar al extranjero que cometa "cualquier delito". Nuevamente, entre los jóvenes se ha producido un aumento mayor, pasando de un 60% a un 65% quienes están de acuerdo con esta afirmación.

   En cuanto a los derechos de los inmigrantes, los datos se mantienen estables respecto al año anterior: un 79 por ciento cree que deben tener derecho a traerse a su familia, un 87% comparte que deben cobrar subsidio si quedan desempleados, un 61 por ciento está de acuerdo con que voten en las elecciones municipales y un 52 por ciento también con que participen en las generales. Sobre este punto, un 63 por ciento de los jóvenes estaba de acuerdo en 2008, pero en 2009 fue un ocho por ciento menos.

   Sobre la integración de los extranjeros, misión que la mitad de los ciudadanos atribuye al Gobierno, el 50 por ciento piensa que los inmigrantes deberían poder mantener en España "sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los españoles", aunque para el 45% su presencia enriquece la cultura española.

   Cuando se pide una valoración de la "conveniencia" de que la diversidad en la sociedad, tener varias razas obtiene 6,04 puntos; distintas culturas un 6,38 y distintas religiones un 5,28. Sobre este asunto, destaca que un 37 por ciento de la población considera "aceptable" protestar contra la construcción de una mezquita, un dos por ciento menos que en el año anterior.

Camps, primer presidente en activo de una CCAA que se sienta en el banquillo

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será el primer presidente en ejercicio de una comunidad autónoma que se siente en el banquillo ante un jurado popular. Lo hará previsiblemente en el mes de octubre de este año por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, dentro de la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.

   Camps estará acompañado en el banquillo por otros tres imputados en esta causa: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

   El jefe del Consell, Costa y Betoret se enfrentan a pagar una multa de 41.250 euros, tal y como solicita para ellos la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el ministerio reclama para Campos 35.000 euros. Por su parte, el PSPV, que ejerce de acción popular, eleva la petición para los cuatro hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación. Las defensas piden el sobreseimiento.

   Los cuatro imputados se sentarán en el banquillo por decisión de José Flors, quien ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral. Ahora, los testimonios, efectos, instrumentos del delito y demás piezas de convicción serán remitidos al tribunal competente para el enjuiciamiento, tal y como detalla el artículo 34 de la Ley del Jurado.

   El magistrado que presidirá el tribunal será Juan Climent --a quien le ha correspondido por turno--, quien contará con la asistencia de un secretario y será el que se encargará de fijar una fecha de juicio.

   Para la constitución del jurado, Climent citará al menos a veinte de los candidatos convocados y los interrogará por si hubiera falta de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. También podrán las partes interrogar a los candidatos y recusar a los que estimen que no cumplen con los requisitos.

   El magistrado resolverá sobre las recusaciones propuestas, sin que quepa recurso, pero sí protesta. Cuando se llegue al número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a las nueve personas que formarán parte del tribunal y otros dos más como suplentes.

   Una vez constituido el tribunal, se recibirá juramento o promesa de los seleccionados para actuar como jurados. El magistrado, cuando todos hayan concluido con este trámite, mandará comenzar la audiencia pública siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Matías Carrillo dice que seguirá como alcalde de Fortuna porque no le ha nombrado la Audiencia Provincial sino el pueblo

MURCIA.- El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha asegurado que tiene decidido que seguirá ejerciendo el cargo que actualmente desempeña porque "estamos en un Estado de Derecho" y como tal, puesto que la sentencia que le condena a 12 años de inhabilitación especial no es firme y la recurrirá ante el Tribunal Supremo, "me considero inocente y seguiré como alcalde porque no me ha nombrado la Audiencia, sino que me han elegido los ciudadanos en las elecciones".

   Al respecto, el regidor fortunero, del Partido Popular, ha calificado la sentencia, que también condena a la ex edil de Empleo, María Dolores Sánchez, por participar ambos en una trama de compra de votos por correo en los comicios municipales de 2003, de "política" al considerar que "no hay ningún fundamento jurídico para mi condena".

   Una condena, ha opinado, "que no es justa, porque es algo que no he hecho"; razón por la que ha dejado claro que recurrirá hasta el último organismo.

   Y es que, ha explicado, "quitarme sí que me puede quitar la justicia, pero ponerme no me ha puesto la justicia, y si no hay motivo justificado y firme para que deje de ser alcalde, no dejaré de serlo".

   "El pueblo, ha continuado defendiendo Carrillo, ha elegido una candidatura de una lista del PP y he sido elegido como alcalde". En el supuesto de que el partido decidiera darle de baja o suspenderlo cautelarmente, como ha ocurrido con otros alcaldes que se han visto implicados presuntamente en tramas de corrupción y estén pendientes de la apertura de juicio oral, ha dejado claro que "no le gusta hablar de hipótesis, sino de hecho concretos" pero en el caso, ha dicho que "de ser así, pues estaré de baja en el partido".

   Precisamente, algunos de los miembros del PP le han transmitido su apoyo porque "creen" en la inocencia del alcalde, y aunque "respetan la justicia y la sentencia, entienden que no ha terminado el trámite que se ha iniciado, ya que hay un recurso de apelación en marcha al Supremo y que diga lo que tiene que decir".

   En esta línea, Carrillo ha denunciado públicamente que se le imputen los delitos electoral y de prevaricación porque, aunque reconoce que firmó contratos, ha defendido tal actitud argumentando que lo hizo porque es alcalde desde el año 1999 y el responsable legal del Consistorio.

   "He firmado los contratos que se me han puesto, conforme a unas bases establecidas en el Ayuntamiento, porque no podía firmarlo otra persona", ha señalado el regidor fortunero, para después considerar que el hecho de que se le condene por ello y porque es funcionario de Correos "y han habido votos por correo, son conjeturas pero no ningún fundamento jurídico para que se me condene".

   Según comenta, a una persona "no se le puede imputar un delito de prevaricación si no adopta una resolución injusta a sabiendas".

"He firmado unos contratos legalmente establecidos en el Ayuntamiento, pasando por una base de contratación y elaborado por una asesoría externa al Ayuntamiento que me dice que los contratos son legales y los firmo, porque soy el representante legal", ha incidido.

   No se trata de contratos solo del año 2003, sino desde el año 1999, ha precisado Carrillo, quien ha dejado claro que no participó en "ninguna trama ni conozco ninguna trama de votos por correo", por lo que dice mantener su inocencia.

Manuel Hurtado pasa la vergüenza de tener que declarar ante el Tribunal Supremo como un vulgar "chorizo"

MADRID.- El senador del PSOE por Murcia y ex alcalde de Ceutí, Manuel Hurtado, ha declarado este viernes, en calidad de imputado, durante poco más de una hora ante el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades cometidas en las obras de adjudicación y contratación de un complejo polideportivo en el municipio murciano de Ceutí. A su salida del alto tribunal, ha expresado su deseo de que se dicte "pronto" la resolución sobre este asunto.

   El exalcalde de la localidad murciana de Ceutí ha llegado acompañado de su abogado, con cuarenta minutos de antelación, para responder por la querella que presentaron dos concejalas del Partido Popular en su contra por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. A su llegada al Supremo, ha declarado que comparece "con buen ánimo" para  defender su "inocencia".

   Hurtado ha comparecido ante el magistrado de la Sala de lo Penal Carlos Granados en una sesión que se ha desarrollado a puerta cerrada y se ha prolongado durante poco más de una hora. "Llevo cinco años casi sin haber hablado del tema y hasta que no esté la resolución prefiero seguir así", ha declarado Hurtado a los periodistas, para añadir que espera que "salga pronto la resolución" sobre este caso.

   Las concejalas del PP Beatriz Sandoval y Adoración Ayala presentaron una  querella sobre la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por valor de 1.883.263,85 euros. Las dos ediles denunciaron entonces que Hurtado adjudicó la obra "sin respetar los procesos de contratación que contempla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

   La comparecencia del exregidor de Ceutí se ha producido de forma voluntaria, por lo que la Cámara Alta no se ha visto obligada a tramitar el suplicatorio, según han informado fuentes del alto tribunal. El Supremo asumió el pasado diciembre la competencia de la investigación por su condición de senador.

     Una vez que el Supremo declarara su competencia para encausar al senador, Hurtado defendió en diciembre su inocencia y dejó claro que las obras de contratación fueron "perfectas". El que fuera alcalde de Ceutí durante casi tres décadas manifestó entonces que se trata de un tema que "movió" el PP y cuestionó que presentara en 2007 una denuncia por unos hechos de 2003.

   Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".

El ex militar Eduardo Garro, interventor general de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento, en la Consejería de Economía y Hacienda, del ex militar Eduardo José Garro en Intervención General; José María Lozano, en la Dirección General de Patrimonio; y de María José Portillo, doctora en Economía por la Universidad de Murcia (UMU), en la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.

   Mientras que en la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía estará al frente María Dolores Alarcón.

   El Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia lo ocupará el hasta ahora presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, el abogado Juan Hernández Albarracín.

   Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del portavoz del Ejecutivo autonómico, el nombramiento del director general de Comunicación, Miguel Ángel Pérez, como portavoz adjunto del Gobierno regional.

Caja Mediterráneo suspende el test de estrés

BRUSELAS.- Un total de 8 de las 90 principales entidades financieras europeas que se han sometido a los test de estrés coordinados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) han suspendido el examen al no haber podido mantener al menos un capital básico del 5% en el escenario económico más adverso. Entre ellas, está la CAM.

   Se trata de cinco entidades españolas (Cataluña Caixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM), dos bancos griegos (Atebank y Eurobank EFG) y uno austríaco (Volksbanken). El banco alemán Helaba se retiró de los test tras saber que suspendía.

   En total, los bancos que no pasan las pruebas de solvencia necesitan un capital adicional de 2.500 millones de euros. La entidad de la UE que requiere más fondos es la CAM (947 millones), seguida de Atebank (713 millones).

   Otros 16 bancos se quedan al límite del suspenso, con un capital de calidad (core tier 1) de entre el 5% y el 6%. De ellos siete son españoles, dos alemanes, dos polacos, dos griegos y uno esloveno.

   El escenario más negativo incluye una contracción del PIB en la eurozona del 0,5% en 2011 y del 0,2% en 2012, con tasas de paro del 10,3% y el 10,8% respectivamente.

   Los bancos que han suspendido las pruebas tienen ahora un plazo de tres meses para presentar un plan de recapitalización. Estos planes deberán privilegiar soluciones del sector privado, pero los ministros de Economía de los 27 se han comprometido a acudir al rescate de las entidades que no logren fondos en los mercados.

   Las subvenciones públicas a la banca deberán respetar las normas de la UE sobre ayudas de Estado, lo que significa que las entidades beneficiarias deberán reestructurarse y reducir su tamaño.

   Para los bancos que están cerca del 5%, la EBA recomienda a los respectivos supervisores nacionales que les obliguen a adoptar medidas para reforzar su capital, como restricciones a los dividendos, ampliaciones de capital o actuaciones para reducir el apalancamiento.

   CatalunyaCaixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM son las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés).

   Según la definición de capital realizada por la institución, estas cinco necesitarían unas aportaciones adicionales de capital de 1.564 millones de euros para alcanzar el ratio de capital 'core Tier 1' exigido en las pruebas.

   Sin embargo, teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras reconocidas, como las provisiones genéricas o las convertibles, estas entidades lograrían alcanzar el ratio mínimo del 5% y no necesitará capital adicional.

   La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es la entidad española que peor nota obtiene en las pruebas de estrés al alcanzar un ratio 3% en el escenario adverso, frente al 3,8% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que necesita 947 millones de euros para alcanzar el mínimo del 5% exigido por la EBA.

   En cambio, teniendo en cuenta las provisiones genéricas, la CAM lograría aprobar por un margen ajustado las pruebas de resistencia, al alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' del 5,1%.

   Por su parte, el Banco Pastor, que partía de un ratio de capital del 7,6%, obtiene en el escenario adverso para 2012 un porcentaje del 3,3%, lo que implica que necesita capital adicional por importe de 317 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas atenuantes, su ratio de capital alcanza el 5,6%.

   Caja3, entidad constituida por Caja Badajoz, CAI de Aragón y Caja Círculo de Burgos, pasa de un ratio de capital en 2010 del 8,6% a un 4% en el escenario adverso para 2012, lo que supone que necesita un capital adicional de 140 millones de euros. Sin embargo, contando con las provisiones genéricas, su ratio de capital asciende al 6,6%.

   Unnim, nombre bajo el que se agrupan Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, obtiene en el escenario adverso un ratio de capital del 4,5%, frente al 6,3% registrado a fecha de 31 de diciembre de 2010. Según la EBA, Unnim necesitaría 85 millones de euros de capital, pero teniendo en cuenta las provisiones genéricas, su ratio ascendería al 6,2%, por lo que no necesitaría capital adicional.

   Asimismo, CatalunyaCaixa alcanza un ratio de capital 'core Tier 1' en el escenario adverso del 4,8%, frente al 6,4% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que la EBA sitúa el capital adicional necesario en 75 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras, la entidad superaría la prueba al alcanzar un ratio del 6,3%.

La empresa Atosa sale al paso para evitar confusiones por analogía aparente con otras mercantiles

  
SANTOMERA.- La legendaria empresa murciana ATOSA (Ángel Tomás S.A.) ha tenido que salir al paso de determinadas informaciones, hechas circular en los últimos días en ámbitos minoritarios por fuentes interesadas y que pueden inducir a confusión, para precisar que no tiene nada que ver con la empresa Boys Toys ni con el grupo que dice encabezar aunque coincida que ambas son de parecida actividad, tienen su sede social dentro del término municipal de Santomera, pero en parajes distantes y distintos, y los nombres y primer apellido de sus presidentes coincidan igualmente.

La analogía aparente y, por tanto, potencial fuente de confusión, es que de éste grupo, Boys Toys, se ha dicho y, escrito incluso estos días, que fue fundado por el empresario Ángel Tomás, así a secas, sin precisar el segundo apellido de ese fundador, lo que puede inducir a un error supuestamente interesado y cuyo alcance estaría aún por ver.

"Ni mi padre, Ángel Tomás Pérez, ni yo mismo, hemos creado ni gestionado Boys Toys S.A. y mucho menos un grupo empresarial integrado por las firmas que se citan; algo de responsabilidad exclusiva de Ángel Tomás Pravia", ha dicho al respecto el presidente de Atosa, Ángel Tomás Martín.

Boys Toys, que dice ser una de las principales empresas españolas dedicada a la importación de artículos de regalo, juguetes, artículos de playa, escolares, de fiesta para Carnaval y Navidad en España y Portugal,  y matríz de un grupo compuesto, además, por las empresas Globolandia, BrisaJardín y Giepool, entre otras, ha revelado días atrás que su facturación en 2009 fue de 13 millones de euros.

"La empresa fundada por mi padre y continuada por mí es Ángel Tomás S.A., en anagrama ATOSA, pero no tiene vinculación alguna con Boys Toys S.A., de Ángel Tomás Pravia, y cualquier otra mercantil o grupo empresarial dirigido, gestionado o controlado por él", ha añadido el presidente de ATOSA.

Durante un cierto periódo de tiempo, y hasta hace ahora más de cinco años, en que fueron separadas, empresas de Ángel Tomás Pravia pertenecieron al Grupo ABG, que lideraba ATOSA, suprimiéndose desde entónces cualquier tipo de vinculación o responsabilidades de Ángel Tomás Martín y Ángel Tomás S.A. (ATOSA) en relación con las actividades de Ángel Tomás Pravia, Boys Toys S.A. o cualquiera de las empresas de su Grupo, según fuentes de ATOSA, una de las cinco empresas más importantes de la Región de Murcia en base a sus diferentes volúmenes comparados y relativos.