viernes, 15 de julio de 2011

Peñarrubia pide la comparecencia de Salgado en el Senado ante las "indignantes" actuaciones del Consorcio de Seguros en Lorca

MURCIA.- El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del Partido Popular por Murcia, José Joaquín Peñarrubia, ha solicitado este viernes, a través de una iniciativa de su Grupo Parlamentario, la comparecencia de la vicepresidenta Elena Salgado para explicar las "polémicas" actuaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en relación al terremoto acaecido en Lorca el pasado 11 de mayo.

   El parlamentario popular quiere que el Gobierno explique las razones de su deficiente gestión del terremoto y ha recordado que "los ministros de Zapatero acudieron en tromba cuando las ruinas humeaban, propalaron engaños que se han traducido en incumplimientos y, ahora que el asunto ya no es un referente mediático en los medios nacionales, humillan a Lorca con el olvido".
   Según el senador del PP, la gestión de las ayudas y compensaciones de seguros está provocando entre los ciudadanos lorquinos una honda sensación de "malestar, indignación, indefensión e impotencia".
   Peñarrubia ha recordado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 13 de mayo, que actualmente se está convalidando en el Parlamento como Proyecto de Ley, establecía, dentro de las medidas urgentes para reparar los daños causados por el seísmo, que el Consorcio, en nombre de las compañías de seguros, se encargase de indemnizar a los particulares afectados por daños en edificios, viviendas, locales comerciales y de negocios, tanto en relación a los bienes inmuebles como el lucro cesante, que se encontrasen cubiertos por pólizas de aseguramiento.
   El problema, según ha denunciado el senador popular, es que, "hasta la fecha, los únicos acuerdos que se están alcanzando entre asegurados y tasadores del Consorcio son los relativos a los daños de menor cuantía, mientras que, por el contrario, hay enormes dificultades para abordar los siniestros de cierta entidad".
   Según Peñarrubia, la gestión del asunto es tan mala que, incluso, en el caso de los daños de pequeña cuantía, se están produciendo notables retrasos de más de 30 días, "que resultan completamente incomprensibles" y que "entorpecen" todo el proceso. El parlamentario del PP denuncia además que el consorcio realiza, ya de principio, una valoración a la baja, de en torno al 20 por ciento, como están denunciando los afectados.
   En opinión del senador, es un problema muy serio, ya que las rehabilitaciones y reparaciones se eternizan en el tiempo y, como consecuencia de ello, surgen daños posteriores, causados precisamente por la falta de actuaciones.
   "En estos casos extremos, si el afectado quiere contactar con el tasador asignado, que ya realizó la primera visita, el asunto se vuelve imposible, como nos están trasladando muchos asegurados", ha relatado Peñarrubia.
   Así las cosas, cuando los daños a compensar son de mayor cuantía y de tipo estructural, los siniestros principales, la situación se torna "más grave e inquietante".
   El senador lorquino ha explicado que, en ese supuesto, el Consorcio recurre a una empresa subcontratada que se dedica a intentar orientar el estudio y solución del problema a determinados contratistas de fuera de la Región de Murcia.

Solicitan prorroga

   El Ayuntamiento de Lorca ha oficializado este viernes la petición al Gobierno de la Nación para que amplíe el plazo para la presentación de ayudas al objeto de subvencionar gastos relacionados con los daños ocasionados por los terremotos del pasado 11 de mayo.
   Así lo ha anunciado el portavoz municipal de Comunicación del Ayuntamiento, Francisco García, ha precisado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado una moción en tal sentido, que será remitida a la Delegación del Gobierno.
   Esta solicitud se fundamenta, según fuentes municipales, en la aparición de daños en numerosas edificaciones que no habían sido detectados con anterioridad, incluyendo la declaración de ruina de varios edificios y su necesaria demolición y desescombro.
   En concreto, la moción señala que, con fecha 3 de junio de 2011, se publicó en el BORM número 132 la orden por la que se desarrolla el Real Decreto ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca, encaminada a la concesión de ayudas al Ayuntamiento de Lorca por los gastos de emergencia en que haya incurrido como consecuencia de las actuaciones imprescindibles e inaplazables para garantizar la vida y la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
   Así como para resarcir los gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil en el ámbito de la Administración General del Estado con motivo de la situación de emergencia, concediéndose al efecto un plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigor de la mencionada orden.
   Considerando la conclusión de dicho plazo el próximo 4 de agosto y dadas las características singulares de los seísmos acaecidos en Lorca, han hecho del mismo que "muchos de los daños se encuentren todavía por determinar, pudiéndose en los meses sucesivos detectar nuevos hechos que pudieran estar incluidos por sus características dentro de los gastos subvencionables".
   Es por tanto, desde el punto de vista de la naturaleza del seísmo y desde la excepcionalidad de los casos que, de forma particular, puedan ir apareciendo es por lo que el Ayuntamiento de Lorca propone una ampliación de plazos para los supuestos puntuales puedan surgir.

Pedro Saura cifra en 2.000 millones la deuda de la Comunidad a proveedores

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha lamentado que "Valcárcel siga sin tomar medidas para contener el gasto improductivo, para controlar el déficit y para pagar a los proveedores", a pesar de que la deuda a estos últimos sea, según ha cifrado Saura, de "2.000 millones de euros".

   Por ello, no entiende como, tras conocerse los datos sobre el estado económico del resto de Comunidades Autónomas, "Cospedal está alarmada porque Castilla-La Mancha debe a los proveedores 1.700 millones de euros, mientras en la Región de Murcia se deben 2.000 millones de euros y no veo a Valcárcel ni estresado ni tenso".
   En este sentido, ha reiterado que "la Comunidad Autónoma debe 2.000 millones de euros a proveedores, a la gran mayoría desde hace un año y al Servicio Murciano de Salud desde hace casi dos años".
   De hecho, ha asegurado, "muchas de las asociaciones que trabajan con la Comunidad Autónoma y que están generando tejido social no reciben subvención desde hace un año". Pero lo peor para el secretario general del PSRM-PSOE "es que a estas alturas no hay ningún plan para pagar a los proveedores".
   A su juicio, "el Gobierno regional no está tomando medidas para resolver un problema creciente que tiene la Comunidad. Valcárcel y sus consejeros han creado un monstruo de gasto público y de gasto improductivo que se la está comiendo".

La CAM dice que habría superado las pruebas si se hubieran contabilizado las provisiones genéricas

ALICANTE.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha indicado este viernes que habría superado el test de estrés a la banca si se hubieran tenido en cuenta las provisiones genéricas constituidas a cierre de 2010 por importe de 1.001 millones de euros y ha subrayado que no necesita "ninguna aportación de capital adicional".

   La CAM es una de las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés).
   Tras conocerse los resultados del text, la caja alicantina ha resaltado que habría pasado el mismo, con un 5,1% de Core Tier 1, si se hubieran tenido en cuenta esas provisiones de 1.001 millones a cierre de 2010 y en el supuesto de un escenario económico muy adverso, con caídas del 2,1% del PIB y caída del precio de los inmuebles del 47%.
   Por ello, ha insistido en que la entidad no necesita ninguna aportación de capital adicional.
   Asimismo, ha recordado que está desarrollando "con éxito" su Plan de Recapitalización, "cumpliendo con estrictas medidas de ahorro de costes que situarán la eficiencia y productividad de la entidad en los niveles requeridos por el nuevo entorno competitivo y regulatorio".
   Por otra parte, ha resaltado también que la exposición de la CAM a riesgo soberano procedente de países distintos de España "es muy reducida y representa un 0,7% del total del activo".

EEUU investiga si Credit Suisse ayudó a evadir impuestos a sus clientes

ZURICH.- El banco suizo Credit Suisse, socio actual en 'Polaris World', está siendo investigado por las autoridades estadounidenses en relación con los servicios de banca privada transfronterizos prestados por la entidad a sus clientes estadounidenses, que podrían haber utilizado esta vía para defraudar impuestos al fisco de EEUU, reconoció el segundo mayor banco de Suiza. 

   "Credit Suisse recibió el 14 de julio una notificación del Departamento de Justicia de EEUU, donde se le informaba de que es objeto de una investigación", informó la entidad helvética.
   En este sentido, el banco precisó que en los últimos tiempos ha venido colaborando con las solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses en relación con los "servicios de banca privada transnacional prestados a clientes estadounidenses".
   Asimismo, Credit Suisse enmarcó estas pesquisas en una investigación más amplia por parte de las autoridades de EEUU, que afectaría al conjunto del sector financiero y mostró su disposición a colaborar en la resolución de la misma en línea con los criterios establecidos por las leyes suizas.

El 79% de los españoles opina que la población inmigrante es "elevada" o "excesiva"

MADRID.- El 79 por ciento de los españoles considera que el número de personas de origen inmigrante en el país es "elevado" (33%) o "excesivo" (46%), ya que la mayor parte de los ciudadanos cree que los extranjeros suponen el 21,3 por ciento de la población total, cuando en realidad, no llegan al 12 por ciento. También siguen pensando que reciben más del Estado de lo que aportan, aunque los datos dicen lo contrario. 

   Así lo recoge el informe 'Evolución del racismo y la xenofobia en España 2010' elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de una encuesta del CIS de 2009, del que se desprende que un 36 por ciento de los ciudadanos sigue siendo "reacio" a la inmigración, mientras se ha reducido un cinco por ciento el grupo de quienes piensan que sus efectos son positivos o muy positivos para España (41%).
   El presidente del Oberaxe, Nicolás Marugán, ha destacado que la cifra de "reacios" se ha mantenido estable pese a la crisis económica, aunque "empeora mucho la imagen" que tienen los españoles de los foráneos en el año 2009 con respecto a 2008 "porque hay mucha estereotipia", especialmente en lo que se refiere al uso de los servicios públicos y al mercado laboral.
   "Los españoles piensan que los inmigrantes abusan de los servicios sanitarios y de los educativos, y que los extranjeros los usan más y que reciben más del Estado que lo que aportan cuando los datos evidencian todo lo contrario", explica el experto, para quien "puede ser" que hagan falta más servicios públicos, "pero desde luego, los que hay no los usan más los inmigrantes, sino los españoles".
   Así, el 25 por ciento consideraba en 2009 que los inmigrantes "reciben mucho más del Estado de lo que aportan", (en 2008 eran el 20%) y el 56 por ciento considera que reciben "mucha o bastante protección por parte del Estado". Casi la mitad cree que aunque tengan los mismos ingresos, los foráneos reciben "más ayudas sanitarias" y un 52 por ciento piensa que tienen "más ayudas escolares". Más de la mitad cree que "abusan" de la gratuidad del sistema de salud y que empeoran la calidad de la atención tanto médica como escolar.
   En este sentido, el informe refleja un aumento del dos por ciento entre quienes piensan que los españoles deberían tener preferencia para acceder a la atención sanitaria, creencia que comparte el 44 por ciento de la población. Además, el 56% opina que deberían tener preferencia para elegir el colegio de sus hijos, un uno por ciento más que en 2008 y tres de cada diez cree que la presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas no enriquece al conjunto de los alumnos.
   Asimismo, en un test de respuesta espontánea, el 30 por ciento de los encuestados dijo que el aspecto negativo que destacaría más de la inmigración son "más problemas de delincuencia e inseguridad", si bien son un tres por ciento menos que en 2008; y un 13 por ciento apuntó "problemas de integración y choque cultural" (2% más). La tercera respuesta más mencionada fue "más competitividad en el mercado de trabajo", con un doce por ciento del total.
   "El tema de la competitividad laboral es clave y preocupante. Hace años las respuestas ante el mercado de trabajo no eran tan claras como ahora y lo que más ha cambiado es la actitud de los jóvenes, que antes tenían unas respuestas mucho más tolerantes, sobre todo los que estaban en desempleo, y se están tornando de tolerancia a ambivalencia, sobre todo los que están en desempleo", ha añadido.
   Sobre este punto, el estudio, basado en una encuesta del CIS de 2009, arroja un incremento del 4% entre quienes piensan que los españoles deben tener prioridad para acceder a un puesto de trabajo: el 64 por ciento de la población autóctona está de acuerdo con esta afirmación. Entre los menores de 30 años el aumento ha sido de un seis por ciento y ahora opina así el 58 por ciento.
   En términos generales, ha aumentado cuatro puntos hasta el 58 por ciento el grupo de quienes creen que los inmigrantes "quitan puestos de trabajo a los españoles" y un 73% considera que provocan bajadas salariales. No obstante, el grupo mayoritario (78%) es el que sostiene que los extranjeros "desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer".
   Otro de los asuntos sometidos a estudio es la percepción de la política migratoria. El 42% de los ciudadanos considera que las leyes son "demasiado tolerantes", cifra que se mantiene estable respecto al año anterior. En 2008 estaba de acuerdo con esta idea un 34% de los jóvenes y en 2009, el 39%. También ha aumentado el grupo de quienes piensan que se debe devolver a los inmigrantes en situación irregular a su país (un 19%, tres puntos más) y el 12% considera que no se debe acoger a quienes piden asilo político (un 1% más que en 2008).
   Para el 39 por ciento de la población, convertirse en un parado de larga duración debe ser motivo de expulsión y hasta un 69 por ciento (2% más que en 2008) considera que se debe expulsar al extranjero que cometa "cualquier delito". Nuevamente, entre los jóvenes se ha producido un aumento mayor, pasando de un 60% a un 65% quienes están de acuerdo con esta afirmación.
   En cuanto a los derechos de los inmigrantes, los datos se mantienen estables respecto al año anterior: un 79 por ciento cree que deben tener derecho a traerse a su familia, un 87% comparte que deben cobrar subsidio si quedan desempleados, un 61 por ciento está de acuerdo con que voten en las elecciones municipales y un 52 por ciento también con que participen en las generales. Sobre este punto, un 63 por ciento de los jóvenes estaba de acuerdo en 2008, pero en 2009 fue un ocho por ciento menos.
   Sobre la integración de los extranjeros, misión que la mitad de los ciudadanos atribuye al Gobierno, el 50 por ciento piensa que los inmigrantes deberían poder mantener en España "sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los españoles", aunque para el 45% su presencia enriquece la cultura española.
   Cuando se pide una valoración de la "conveniencia" de que la diversidad en la sociedad, tener varias razas obtiene 6,04 puntos; distintas culturas un 6,38 y distintas religiones un 5,28. Sobre este asunto, destaca que un 37 por ciento de la población considera "aceptable" protestar contra la construcción de una mezquita, un dos por ciento menos que en el año anterior.

Camps, primer presidente en activo de una CCAA que se sienta en el banquillo

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será el primer presidente en ejercicio de una comunidad autónoma que se siente en el banquillo ante un jurado popular. Lo hará previsiblemente en el mes de octubre de este año por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, dentro de la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.

   Camps estará acompañado en el banquillo por otros tres imputados en esta causa: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.
   El jefe del Consell, Costa y Betoret se enfrentan a pagar una multa de 41.250 euros, tal y como solicita para ellos la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el ministerio reclama para Campos 35.000 euros. Por su parte, el PSPV, que ejerce de acción popular, eleva la petición para los cuatro hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación. Las defensas piden el sobreseimiento.
   Los cuatro imputados se sentarán en el banquillo por decisión de José Flors, quien ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral. Ahora, los testimonios, efectos, instrumentos del delito y demás piezas de convicción serán remitidos al tribunal competente para el enjuiciamiento, tal y como detalla el artículo 34 de la Ley del Jurado.
   El magistrado que presidirá el tribunal será Juan Climent --a quien le ha correspondido por turno--, quien contará con la asistencia de un secretario y será el que se encargará de fijar una fecha de juicio.
   Para la constitución del jurado, Climent citará al menos a veinte de los candidatos convocados y los interrogará por si hubiera falta de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. También podrán las partes interrogar a los candidatos y recusar a los que estimen que no cumplen con los requisitos.
   El magistrado resolverá sobre las recusaciones propuestas, sin que quepa recurso, pero sí protesta. Cuando se llegue al número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a las nueve personas que formarán parte del tribunal y otros dos más como suplentes.
   Una vez constituido el tribunal, se recibirá juramento o promesa de los seleccionados para actuar como jurados. El magistrado, cuando todos hayan concluido con este trámite, mandará comenzar la audiencia pública siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Matías Carrillo dice que seguirá como alcalde de Fortuna porque no le ha nombrado la Audiencia Provincial sino el pueblo

MURCIA.- El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha asegurado que tiene decidido que seguirá ejerciendo el cargo que actualmente desempeña porque "estamos en un Estado de Derecho" y como tal, puesto que la sentencia que le condena a 12 años de inhabilitación especial no es firme y la recurrirá ante el Tribunal Supremo, "me considero inocente y seguiré como alcalde porque no me ha nombrado la Audiencia, sino que me han elegido los ciudadanos en las elecciones".

   Al respecto, el regidor fortunero, del Partido Popular, ha calificado la sentencia, que también condena a la ex edil de Empleo, María Dolores Sánchez, por participar ambos en una trama de compra de votos por correo en los comicios municipales de 2003, de "política" al considerar que "no hay ningún fundamento jurídico para mi condena".
   Una condena, ha opinado, "que no es justa, porque es algo que no he hecho"; razón por la que ha dejado claro que recurrirá hasta el último organismo.
   Y es que, ha explicado, "quitarme sí que me puede quitar la justicia, pero ponerme no me ha puesto la justicia, y si no hay motivo justificado y firme para que deje de ser alcalde, no dejaré de serlo".
   "El pueblo, ha continuado defendiendo Carrillo, ha elegido una candidatura de una lista del PP y he sido elegido como alcalde". En el supuesto de que el partido decidiera darle de baja o suspenderlo cautelarmente, como ha ocurrido con otros alcaldes que se han visto implicados presuntamente en tramas de corrupción y estén pendientes de la apertura de juicio oral, ha dejado claro que "no le gusta hablar de hipótesis, sino de hecho concretos" pero en el caso, ha dicho que "de ser así, pues estaré de baja en el partido".
   Precisamente, algunos de los miembros del PP le han transmitido su apoyo porque "creen" en la inocencia del alcalde, y aunque "respetan la justicia y la sentencia, entienden que no ha terminado el trámite que se ha iniciado, ya que hay un recurso de apelación en marcha al Supremo y que diga lo que tiene que decir".
   En esta línea, Carrillo ha denunciado públicamente que se le imputen los delitos electoral y de prevaricación porque, aunque reconoce que firmó contratos, ha defendido tal actitud argumentando que lo hizo porque es alcalde desde el año 1999 y el responsable legal del Consistorio.
   "He firmado los contratos que se me han puesto, conforme a unas bases establecidas en el Ayuntamiento, porque no podía firmarlo otra persona", ha señalado el regidor fortunero, para después considerar que el hecho de que se le condene por ello y porque es funcionario de Correos "y han habido votos por correo, son conjeturas pero no ningún fundamento jurídico para que se me condene".
   Según comenta, a una persona "no se le puede imputar un delito de prevaricación si no adopta una resolución injusta a sabiendas".
"He firmado unos contratos legalmente establecidos en el Ayuntamiento, pasando por una base de contratación y elaborado por una asesoría externa al Ayuntamiento que me dice que los contratos son legales y los firmo, porque soy el representante legal", ha incidido.
   No se trata de contratos solo del año 2003, sino desde el año 1999, ha precisado Carrillo, quien ha dejado claro que no participó en "ninguna trama ni conozco ninguna trama de votos por correo", por lo que dice mantener su inocencia.

Manuel Hurtado pasa la vergüenza de tener que declarar ante el Tribunal Supremo como un vulgar "chorizo"

MADRID.- El senador del PSOE por Murcia y ex alcalde de Ceutí, Manuel Hurtado, ha declarado este viernes, en calidad de imputado, durante poco más de una hora ante el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades cometidas en las obras de adjudicación y contratación de un complejo polideportivo en el municipio murciano de Ceutí. A su salida del alto tribunal, ha expresado su deseo de que se dicte "pronto" la resolución sobre este asunto.

   El exalcalde de la localidad murciana de Ceutí ha llegado acompañado de su abogado, con cuarenta minutos de antelación, para responder por la querella que presentaron dos concejalas del Partido Popular en su contra por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. A su llegada al Supremo, ha declarado que comparece "con buen ánimo" para  defender su "inocencia".
   Hurtado ha comparecido ante el magistrado de la Sala de lo Penal Carlos Granados en una sesión que se ha desarrollado a puerta cerrada y se ha prolongado durante poco más de una hora. "Llevo cinco años casi sin haber hablado del tema y hasta que no esté la resolución prefiero seguir así", ha declarado Hurtado a los periodistas, para añadir que espera que "salga pronto la resolución" sobre este caso.
   Las concejalas del PP Beatriz Sandoval y Adoración Ayala presentaron una  querella sobre la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por valor de 1.883.263,85 euros. Las dos ediles denunciaron entonces que Hurtado adjudicó la obra "sin respetar los procesos de contratación que contempla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".
   La comparecencia del exregidor de Ceutí se ha producido de forma voluntaria, por lo que la Cámara Alta no se ha visto obligada a tramitar el suplicatorio, según han informado fuentes del alto tribunal. El Supremo asumió el pasado diciembre la competencia de la investigación por su condición de senador.
     Una vez que el Supremo declarara su competencia para encausar al senador, Hurtado defendió en diciembre su inocencia y dejó claro que las obras de contratación fueron "perfectas". El que fuera alcalde de Ceutí durante casi tres décadas manifestó entonces que se trata de un tema que "movió" el PP y cuestionó que presentara en 2007 una denuncia por unos hechos de 2003.
   Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".

El ex militar Eduardo Garro, interventor general de la Comunidad Autónoma

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento, en la Consejería de Economía y Hacienda, del ex militar Eduardo José Garro en Intervención General; José María Lozano, en la Dirección General de Patrimonio; y de María José Portillo, doctora en Economía por la Universidad de Murcia (UMU), en la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.

   Mientras que en la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía estará al frente María Dolores Alarcón.
   El Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia lo ocupará el hasta ahora presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, el abogado Juan Hernández Albarracín.
   Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del portavoz del Ejecutivo autonómico, el nombramiento del director general de Comunicación, Miguel Ángel Pérez, como portavoz adjunto del Gobierno regional.

Caja Mediterráneo suspende el test de estrés

BRUSELAS.- Un total de 8 de las 90 principales entidades financieras europeas que se han sometido a los test de estrés coordinados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) han suspendido el examen al no haber podido mantener al menos un capital básico del 5% en el escenario económico más adverso. Entre ellas, está la CAM.

   Se trata de cinco entidades españolas (Cataluña Caixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM), dos bancos griegos (Atebank y Eurobank EFG) y uno austríaco (Volksbanken). El banco alemán Helaba se retiró de los test tras saber que suspendía.
   En total, los bancos que no pasan las pruebas de solvencia necesitan un capital adicional de 2.500 millones de euros. La entidad de la UE que requiere más fondos es la CAM (947 millones), seguida de Atebank (713 millones).
   Otros 16 bancos se quedan al límite del suspenso, con un capital de calidad (core tier 1) de entre el 5% y el 6%. De ellos siete son españoles, dos alemanes, dos polacos, dos griegos y uno esloveno.
   El escenario más negativo incluye una contracción del PIB en la eurozona del 0,5% en 2011 y del 0,2% en 2012, con tasas de paro del 10,3% y el 10,8% respectivamente.
   Los bancos que han suspendido las pruebas tienen ahora un plazo de tres meses para presentar un plan de recapitalización. Estos planes deberán privilegiar soluciones del sector privado, pero los ministros de Economía de los 27 se han comprometido a acudir al rescate de las entidades que no logren fondos en los mercados.
   Las subvenciones públicas a la banca deberán respetar las normas de la UE sobre ayudas de Estado, lo que significa que las entidades beneficiarias deberán reestructurarse y reducir su tamaño.
   Para los bancos que están cerca del 5%, la EBA recomienda a los respectivos supervisores nacionales que les obliguen a adoptar medidas para reforzar su capital, como restricciones a los dividendos, ampliaciones de capital o actuaciones para reducir el apalancamiento.
   CatalunyaCaixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM son las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés).
   Según la definición de capital realizada por la institución, estas cinco necesitarían unas aportaciones adicionales de capital de 1.564 millones de euros para alcanzar el ratio de capital 'core Tier 1' exigido en las pruebas.
   Sin embargo, teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras reconocidas, como las provisiones genéricas o las convertibles, estas entidades lograrían alcanzar el ratio mínimo del 5% y no necesitará capital adicional.
   La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es la entidad española que peor nota obtiene en las pruebas de estrés al alcanzar un ratio 3% en el escenario adverso, frente al 3,8% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que necesita 947 millones de euros para alcanzar el mínimo del 5% exigido por la EBA.
   En cambio, teniendo en cuenta las provisiones genéricas, la CAM lograría aprobar por un margen ajustado las pruebas de resistencia, al alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' del 5,1%.
   Por su parte, el Banco Pastor, que partía de un ratio de capital del 7,6%, obtiene en el escenario adverso para 2012 un porcentaje del 3,3%, lo que implica que necesita capital adicional por importe de 317 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas atenuantes, su ratio de capital alcanza el 5,6%.
   Caja3, entidad constituida por Caja Badajoz, CAI de Aragón y Caja Círculo de Burgos, pasa de un ratio de capital en 2010 del 8,6% a un 4% en el escenario adverso para 2012, lo que supone que necesita un capital adicional de 140 millones de euros. Sin embargo, contando con las provisiones genéricas, su ratio de capital asciende al 6,6%.
   Unnim, nombre bajo el que se agrupan Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, obtiene en el escenario adverso un ratio de capital del 4,5%, frente al 6,3% registrado a fecha de 31 de diciembre de 2010. Según la EBA, Unnim necesitaría 85 millones de euros de capital, pero teniendo en cuenta las provisiones genéricas, su ratio ascendería al 6,2%, por lo que no necesitaría capital adicional.
   Asimismo, CatalunyaCaixa alcanza un ratio de capital 'core Tier 1' en el escenario adverso del 4,8%, frente al 6,4% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que la EBA sitúa el capital adicional necesario en 75 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras, la entidad superaría la prueba al alcanzar un ratio del 6,3%.

miércoles, 13 de julio de 2011

La empresa Atosa sale al paso para evitar confusiones por analogía aparente con otras mercantiles

  
SANTOMERA.- La legendaria empresa murciana ATOSA (Ángel Tomás S.A.) ha tenido que salir al paso de determinadas informaciones, hechas circular en los últimos días en ámbitos minoritarios por fuentes interesadas y que pueden inducir a confusión, para precisar que no tiene nada que ver con la empresa Boys Toys ni con el grupo que dice encabezar aunque coincida que ambas son de parecida actividad, tienen su sede social dentro del término municipal de Santomera, pero en parajes distantes y distintos, y los nombres y primer apellido de sus presidentes coincidan igualmente.

La analogía aparente y, por tanto, potencial fuente de confusión, es que de éste grupo, Boys Toys, se ha dicho y, escrito incluso estos días, que fue fundado por el empresario Ángel Tomás, así a secas, sin precisar el segundo apellido de ese fundador, lo que puede inducir a un error supuestamente interesado y cuyo alcance estaría aún por ver.

"Ni mi padre, Ángel Tomás Pérez, ni yo mismo, hemos creado ni gestionado Boys Toys S.A. y mucho menos un grupo empresarial integrado por las firmas que se citan; algo de responsabilidad exclusiva de Ángel Tomás Pravia", ha dicho al respecto el presidente de Atosa, Ángel Tomás Martín.

Boys Toys, que dice ser una de las principales empresas españolas dedicada a la importación de artículos de regalo, juguetes, artículos de playa, escolares, de fiesta para Carnaval y Navidad en España y Portugal,  y matríz de un grupo compuesto, además, por las empresas Globolandia, BrisaJardín y Giepool, entre otras, ha revelado días atrás que su facturación en 2009 fue de 13 millones de euros.

"La empresa fundada por mi padre y continuada por mí es Ángel Tomás S.A., en anagrama ATOSA, pero no tiene vinculación alguna con Boys Toys S.A., de Ángel Tomás Pravia, y cualquier otra mercantil o grupo empresarial dirigido, gestionado o controlado por él", ha añadido el presidente de ATOSA.

Durante un cierto periódo de tiempo, y hasta hace ahora más de cinco años, en que fueron separadas, empresas de Ángel Tomás Pravia pertenecieron al Grupo ABG, que lideraba ATOSA, suprimiéndose desde entónces cualquier tipo de vinculación o responsabilidades de Ángel Tomás Martín y Ángel Tomás S.A. (ATOSA) en relación con las actividades de Ángel Tomás Pravia, Boys Toys S.A. o cualquiera de las empresas de su Grupo, según fuentes de ATOSA, una de las cinco empresas más importantes de la Región de Murcia en base a sus diferentes volúmenes comparados y relativos.

martes, 12 de julio de 2011

La Plataforma 'Lorca 11 Mayo' pide al Gobierno central que elabore un plan de inversión similar al del Prestige


LORCA.- La plataforma '11 Mayo' ha pedido al Gobierno central que elabore un plan de inversión similar al que puso en marcha en Galicia con el Prestige, así como que se revise la norma de construcción sismorresistente en vigor en España desde 2002 a fin de que se adapte a la realidad existente tras los terremotos de Lorca.

   Durante la concentración de los damnificados y ciudadanos de Lorca, la plataforma, en un manifiesto, reivindicó que se proporcione una vivienda prefabricada digna para los que hayan perdido su casa y cuya ubicación sea imposible en pisos de alquiler.
   Por otra parte, ha solicitado su mediación para que se establezca una moratoria en el pago de las hipotecas durante el período en el que nuestras viviendas no sean habitables, o hasta la entrega de una nueva vivienda si tienen que ser demolidas. Además, la plataforma ha pedido que no tenga coste para los afectados.
   En cuanto a las ayudas, los afectados han solicitado que las ayudas recibidas por los damnificados no computen en las próximas declaraciones de la Renta y que se mejore el decreto incluyendo ayudas para segundas viviendas, y para comercios y lucro cesante de negocios e industrias.
   Al respecto, la plataforma 'Lorca 11 Mayo' pretende que no existan limites por parte de las aportaciones y añaden que si es necesario un 75 por ciento central y 25 ciento autonómica que se legisle. También que se modifique el decreto a la mayor celeridad  cubriendo a todos los colectivos y subsanando los errores del actual.
   Los afectados han solicitado a la Administración regional que acelere la reconstrucción de centros de salud, colegios e institutos y otros centros públicos de titularidad autonómica, para "poder recuperar cuanto antes la normalidad en nuestras vidas".
   En cuanto a la calidad de las estructuras, pide que se lleven a cabo estudios exhaustivos de sismo resistente en los edificios públicos, en especial en centros educativos y se realice un plan renove de estos centros y hospitales para que se adapten a la nueva ley sísmica.
   Respecto a las ayudas, solicitan que se clarifique la partida del 50 por ciento de donde van a salir los fondos que la Comunidad Autónoma tiene que aportar al Decreto de Ayudas y que "ponga en marcha las ayudas prometidas a los comerciantes en la Junta de Gobierno celebrada en Lorca a los pocos días del terremoto".
   Asimismo, los afectados han exigido al Ayuntamiento de Lorca que los ciudadanos puedan conocer exhaustivamente en qué se va a gastar el dinero recaudado por la Mesa Solidaria a través de las donaciones de empresas, instituciones y particulares, se haga también en soporte online y que sea público y consultable por los ciudadanos y donadores.
   Por otra parte, creen necesario que una delegación de los vecinos afectados, representados en esta Plataforma pase a formar parte la Comisión Mixta creada por el Real Decreto-Ley 6/2011 que regula las ayudas a los damnificados por parte de las administraciones públicas para la reparación, reconstrucción y alquiler de viviendas.
   Además, que se redacte un calendario de reuniones de estos dos órganos, responsables de agilizar las ayudas a los damnificados y  que para los vecinos y casos concretos donde los vecinos no tenga medios económicos o bien sea a través de la Mesa Solidaria o de la Comisión Mixta se le dote con urgencia de recursos económicos para que a petición de afectados, técnicos capacitados revisen aquellos edificios aún sin calificar.
   Al respecto, los afectados han pedido que se le ayude con el pago de técnicos que hagan una "peritación de parte, en el caso de discrepancias con el Consorcio de Seguros".
   Por otra parte, la plataforma 'Lorca 11 Mayo' ha comentado que es necesario que "el Ayuntamiento en conjunto con el resto de administraciones haga las gestiones pertinentes con el Colegio de Arquitectos a fin de que no se cobren las tasas del visado de los proyectos de obras correspondientes a los afectados u otros impuestos o costes de colegios profesionales que el afectado en sus tareas de vuelta a la normalidad necesiten ejemplo los notarios".
   Por otra parte, esta plataforma ha asegurado que el 90 por ciento de los damnificados este recibiendo indemnizaciones por un 30 por ciento menos de lo que le corresponde, y "le toca al afectado poner de su bolsillo para arreglar su casa cuando ha estado durante años pagando un seguro".
   Asimismo, los afectados han asegurado que los peritos "chantajean a los ciudadanos ofreciéndoles dinero y comentándoles que si no aceptan el dinero se quedara nulo el siniestro y jamás pagarán".
   En algunos casos están tardando casi 45 después de firmar el acuerdo sin indemnizar al afectado y dan hasta 60 días de plazo para revisar y contestar a presupuesto de reparación que ha presentado el afectado, según la plataforma.
   Además, ha asegurado que los peritos "no quieren aceptar el informe que busca vicios ocultos como el de la Ley sísmica y más del 20 por ciento de los edificios de Lorca tiene vicios ocultos y alguno de ellos ante un próximo terremoto colapsaran, con miles de víctimas, según informa los expertos en sísmica".

Viviendas modulares

Cruz Roja ha puesto en marcha la instalación de viviendas modulares prefabricadas, en distintos puntos del municipio de Lorca, para las personas afectadas por el terremoto del pasado 11 de mayo.
   En concreto, y en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca, la organización, según ha explicado en comunicado de prensa, va a comenzar la instalación de 14 viviendas prefabricadas para dar acogida temporal a las familias desalojadas del barrio de San Fernando.
   De este modo, Cruz Roja va a destinar parte de los recursos captados a través de la población y empresas, asumiendo el coste de las viviendas y su urbanización.
   Se trata de viviendas modulares de, al menos 42 metros cuadrados, para cuatro personas, dotadas con el equipamiento necesario, (mobiliario, cocina, sanitarios y equipo de aire acondicionado) que permitan una acogida temporal de las personas que se encuentran en situación vulnerable, en espera de una solución definitiva a su problemática.
   Ya se ha iniciado la instalación de las primeras 14 viviendas prefabricadas para afectados por el terremoto.
   Cruz Roja instalará el resto de las viviendas comprometidas -similares a su estándar internacional- y, de acuerdo con su propuesta al Ayuntamiento, en distintos puntos del casco urbano, en base a las solicitudes realizadas por el propio Consistorio de Lorca, evitando situaciones que puedan constituir focos de dificultad en la convivencia.

Fitch mantiene en 'AA' el rating de las emisiones de cédulas multicedentes en las que participa la CAM

ALICANTE.- La agencia de calificación Fitch ha decidido mantener en 'AA' el rating de las emisiones de cédulas hipotecarias multicedentes que Caja Mediterráneo (CAM) realiza junto a otras cajas de ahorros desde el año 2003, según ha informado la entidad financiera en un comunicado. 

   Desde mediados del mes de mayo, Fitch había situado en revisión temporal la calificación de estas emisiones. La resolución de Fitch se ha hecho pública este martes tras evaluar "de forma positiva" la información de la cartera hipotecaria de Caja Mediterráneo y "el compromiso de sobrecolateralización" asumido por la Caja.
   No obstante, la agencia calificadora mantiene la perspectiva negativa para estas emisiones de cédulas multicedentes debido, principalmente, a que otros emisores distintos de CAM muestran niveles inferiores de sobrecolateralización.

La Audiencia de Murcia inhabilita al alcalde de Fortuna por compra de votos en 2003

MURCIA.- La Audiencia de Murcia inhabilita al alcalde de Fortuna por compra de votos en 2003.  La sentencia condena también a cinco años de inhabilitacion y multa a la que entonces era concejala de Empleo, María Dolores Sánchez, y absuelve al tercer acusado, el concejal de Economía, José Antonio López.

Durante el juicio oral, celebrado hace dos semanas en la Audiencia Provincial, el fiscal acusó sólo a la exconcejala por delito electoral, mientras que la acusación particular, ejercida por IU, pidió la condena de los tres por este delito y por el de prevaricación.
El representante del Ministerio Fiscal expuso en su informe que consideraba probada la participacion en los hechos de María Dolores Sanchez, pero no de los otros dos acusados, y negó que se hubiera cometido un delito de prevaricación.
La Audiencia en su sentencia señala que, aunque los testigos exculparon en el juicio al alcalde y atribuyeron toda la responsabilidad de los hechos a la entonces concejala de empleo, en la causa se contiene pruebas e indicios suficientes sobre los que basar la condena al primer edil de Fortuna, que ganó por mayoría absoluta en los comicios municipalees de 2003, de 2007 y 2011.
Este caso tuvo una primera fase en 2004 cuando la entonces única acusada Maria Dolores Sanchez declaró en la vista oral que en la compra de votos había participado tambien el alcalde Matías Carrillo.
Ante estas manifestaciones la Audiencia suspendió entonces el juicio y ordenó al juzgado de Instruccion que abriera una información suplementaria que ha desembocado en la vista oral celebrada ahora contra los tres imputados.
Los testigos manifestaron ante la Sala que la entonces concejala de Empleo les ofreció en 2003 puestos de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de que le entregaran su documentacioon y la de sus familiares para tramitarles el voto por correo.
Además, uno de los testigos dijo que la demanda del voto por correo fue tan elevado que se agotó la documentacion que había en la Oficina de Correos, ya que había sido muy superior a la de comicios anteriores.

La Federación de Sindicatos de Enseñanza y Sanidad se presenta oficialmente a Valcárcel

MURCIA.- El presidente del sindicato de Enseñanza ANPE, Clemente Hernández, y del sindicato de Enfermería (Satse), José Antonio Blaya, han presentado oficialmente al jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, la Federación de Sindicatos de Enseñanza y Sanidad, donde actualmente en Murcia la integran sendos sindicatos.

   Durante el encuentro, celebrado en San Esteban --sede del Gobierno regional--, han comentado los resultados obtenidos en las pasadas elecciones sindicales, donde "hoy por hoy", es el segundo sindicato más representativo de la Comunidad, tan sólo por detrás de CCOO por un delegado, han reseñado los presidentes de ANPE y Satse.
   Al hilo, Blaya ha indicado que con el presidente murciano se ha abordado el tema de la crisis y de qué manera afectará, sobre todo en lo que respecta al sector sanitario. De ahí que haya puesto de manifiesto que tiene "entusiasmo" de empezar a trabajar con el nuevo equipo de la consejera María Ángeles Palacios, bajo los principios, ha defendido, de "ahorrar tanto en inversiones como en compras".
   Y es que, ha recalcado, "ahora mismo hay que racionalizar el gasto y hay fórmulas para ello".
"Se presentaron al Gobierno regional y las volvemos a sacar porque hay que seguir hacia adelante", ha subrayado el presidente de Satse, quien ha resaltado la necesidad de personal de enfermería.
   "Escasez, ha dicho, de las plantillas de la enfermería en los tratamientos sanitarios donde siempre hay un gran perdedor cuando se hablar del capítulo I, de Personal", ha reprobado Blaya.
   Así, ha advertido al presidente que consecuencia de este problema, "durante el verano, ante la ausencia de contratación de enfermeros, se cierran las agendas, como la del hipertenso o la del diabético, porque no tenemos personal para llevarlas hacia adelante". No obstante, ha asegurado que en septiembre "se volverán a abrir, aunque con un poco de lista de espera, para poder atender a la población".
   Desde ANPE, su presidente, Clemente Hernández, ha brindado a Valcárcel su "disposición a aportar propuestas de futuro y razonables en defensa de los servicios públicos en Sanidad y en Educación".
   En concreto, y referido a su materia, ha hecho referencia a la primera ley que Valcárcel iba a poner en marcha, la de autoridad pública del profesorado, "fundamental para mejorar la dignificación de la función docente, ya que son muchos los docentes que se sienten maltratados y agredidos y se ven impotentes a la hora de responder ante una agresión física o verbal".
   Dicha ley, ha avanzado, "va a ser inmediata y antes de final de mes o a partir de septiembre se empezará con ella y será durante el próximo curso cuando se cristalice, se elabore y se publique".
   Para ello, ha explicado que "se creará un grupo de trabajo donde esperamos estar los docentes, además de los diputados, para valorar la situación de la Región en este tema".
   Clemente ha concluido su intervención reivindicando la necesidad de "invertir hasta donde se pueda en educación al objeto de mejorar la formación de los ciudadanos y la apuesta por la FP".

Murcia lidera el mayor porcentaje de efectos devueltos impagados en mayo

MURCIA.- La Región de Murcia fue la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos durante el pasado mes de mayo, al situarse en el 4,8 por ciento, lo que supone nueve décimas más que la registrada en el conjunto nacional (3,9 por ciento), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, el importe de los efectos de comercio devueltos impagados en la Región de Murcia ascendió a 28,8 millones de euros en mayo y a 634,5 millones de euros los efectos vencidos.
   El importe medio de los efectos devueltos impagados en la Región de Murcia se elevó a 2.485 euros, superior a la cifra nacional (1.736), y el importe medio de los efectos de comercio vencidos alcanzó los 2.600 frente a los 2.047 del conjunto del país.

El consejero de Cultura ansía que se esclarezcan los hechos sobre su agresión

MURCIA.- El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro Alberto Cruz, quien desconoce como va la investigación sobre la agresión que recibió hace meses en el portal de su vivienda, ha declarado su interés en que se esclarezcan los hechos, pues, indicó, "no hay crimen perfecto", además, culminaría con la "especulación basura" existente al respecto.

   De los agresores, señaló, "no sé absolutamente nada, confío en la Policía, porque son profesionales, pero la verdad es que no hay crimen perfecto y es raro que no se sepa nada". Tras lo que subrayó la necesidad de información.
   "Me gustaría saberlo, estoy deseando que se aclare todo, porque además cuando hay un vacío de información, éste se utiliza de una manera soterrada para verter todo tipo de basura". Ya he pasado suficiente, resaltó, "para que encima se estén realizando todo tipo de especulaciones perversas".
   En este sentido, el consejero, que ha sido uno de los altos cargos más criticados por su forma de hacer política  --a pesar de ser uno de los consejeros que más apuesta por el consenso--, ha señalado que "en un momento dado estuvimos en el centro de la diana y algunas personas creyeron que podían sacar rédito de ello".
   Pero, al contrario, "jamás he utilizado un mal adjetivo contra ningún partido político, soy una persona que ha intentado pactar con partidos, debo ser de los pocos en esta democracia que invitó a los portavoces de los partidos a mi despacho para informarles de todo e intentar consensuar", remarcó, "y lejos de crear un clima de sana crítica y diálogo se ha derivado hacia posiciones extremistas", lamentó, aunque espera que estos "hayan descubierto que era un callejón sin salida".
   No soy nada rencoroso, apuntó, y a su juicio "lo mejor está por llegar", de tal forma, lo único que espera es que lo sucedido ayude a la gente a comprender "que ese no es el camino por el que hay que andar". Además, expresó, "el hecho de que cada uno defienda una posición, un punto de vista y una forma de pensar la Región o la sociedad, no nos convierte en enemigos a unos y a otros".
   Desde luego, opinó, "lo que no se puede es pervertir la realidad", máxime cuando las políticas que se han practicado desde esta Consejería "son abiertas, plurales y progresistas".
   Es cierto, insistió, que esta Consejería ha sufrido procesos de linchamientos públicos bastante severos pero, subrayó Cruz, "por otro lado nos encontramos con ciudadanos que se declaran apasionados y fans de lo que hacemos, personas que no son necesariamente votantes del PP".
   Una demostración, a su parecer, de que realmente "hemos sido honestos, hemos realizado política para todos los ciudadanos y así lo entiende la gente, todo lo demás son fricciones, invenciones y cosas que no se comprenden".
   "Esta Consejería ha hecho más pedagogía que ninguna otra, se han explicado las cosas hasta la saciedad", el problema, advirtió, "es cuando la gente no quiere escuchar o cuando ciertamente se ha elegido la misma para hacer sangre y un discurso perverso y alejado de la realidad".
   La cuestión es "qué derroche va hacer esta Consejería cuando en el año 2007 le dieron un presupuesto de 140 millones de euros y en el 2011 no llegaba a los 60 millones". La reducción, apostilló, "ha sido extensible y dramática y aún así hemos conseguido unos niveles de excelencia y que la Región de Murcia fuese referente en cultura y comenzara a serlo en turismo".
   Según el consejero, el discurso del derroche es "absolutamente mal intencionado, fundamentado muchas veces en mentiras conscientes que han venido repitiendo hasta el día antes de las elecciones" y espera que, dado que el resultado que les ha dado, "dejen de hacerlo y que cuando critiquen lo hagan con objetividad y honestidad".
   "Incluso la crítica tiene que tener unos parámetros de ética", manifestó Cruz, quien lamentó que "sobre nosotros se hayan construido muchos discursos perversos a sabiendas" de que lo eran.

Luis de Guindos, consejero de 'Mare Nostrum': 'La austeridad es obligada y concluir las reformas'


MADRID.- No le gusta hablar de ello, pero no puede evitar escucharlo. Casi siempre, leerlo. Está en múltiples quinielas, y más de uno le sitúa ya como ministrable en la cartera de Economía con un próximo Gobierno Rajoy o, incluso, de gobernador del Banco de España, en pugna directa con otro de los candidatos españoles, José Manuel González Páramo. Experiencia no le va a faltar. Extraordinariamente respetado en el mundo económico actual, Luis de Guindos reitera una, dos y tres veces si hace falta que la solución de la crisis en España pasa por un plan integral de política económica que deberá de poner en marcha ya el Gobierno, y si el actual «no tiene capacidad, ganas ni sabe, que convoque elecciones generales de inmediato y que lo haga el siguiente». Consejero, además, del Banco Mare Nostrum (Cajamurcia), lo entrevista 'Abc'.

—Vivimos un momento lleno de contradicciones...
—Sí, y de las contradicciones muchas veces surgen soluciones curiosas, imaginativas, uno se busca la vida, por eso soy optimista a pesar de todo...

—Desde ese optimismo, ¿cómo percibe la situación presente de la economía española?
—Por desgracia, España está enmarcada dentro de la zona de riesgo de los países periféricos. Pero, independientemente de lo que digan las noticias día a día, nos debemos marcar como objetivo fundamental salir de ahí, porque España nunca ha estado al borde de ningún rescate como Grecia, Irlanda o Portugal. Ese debería ser el objetivo número uno de la política económica de España. 

—¿Haciendo qué exactamente?
—Fundamentalmente generando confianza en la economía española y credibilidad con respecto a la capacidad del país para crecer en el medio plazo. ¿Cómo? Con una política económica dirigida estrictamente a una austeridad presupuestaria con la que cumplir los objetivos de déficit que nos hemos marcado, y, sobre todo, recuperando el crecimiento económico. Porque si no recuperamos el crecimiento económico, el plan de austeridad por sí mismo no tendrá efecto. Por tanto, para tener confianza y credibilidad es necesario convencer a los mercados y a nuestros socios de la Unión de que vamos a cumplir los objetivos que nos hemos marcado. Por ejemplo, el de alcanzar un déficit público en dos años del 3% del PIB pero que simultáneamente se va a hacer a través de un crecimiento económico, mejorando la competitividad de España y mejorando la capacidad de generación de empleo.

—¿Cómo generar más empleo si la actividad económica sigue parada?
—Para crear crecimiento económico hace falta un plan integral desde el punto de vista de la política económica española. Que parta de un diagnóstico de nuestros desequilibrios. Tenemos un nivel de endeudamiento elevado, una reestructuración pendiente en el sistema financiero, un mercado laboral que ha penalizado la generación de empleo, una burbuja inmobiliaria que todavía no se ha ajustado en sus precios, un problema de pérdida de competitividad acumulada, que se ha corregido solo parcialmente... En España se han hecho ajustes, sí, sobre todo lo ha hecho el sector privado, pero son ajustes parciales, no totales que son los que verdaderamente se necesitan. Lo que hay que hacer es que este plan integral parta del diagnóstico de los ajustes pendientes y de alguna forma nos lleve a que la política económica intente acelerar dichos ajustes para rebotar lo antes posible. 

—¿En concreto?
—A la austeridad obligada, más reformas. En el mercado laboral, fundamentalmente la reforma de la negociación colectiva, que es vital para la economía española. La de las cajas de ahorros, que me da la impresión de que nos volvemos a quedar atrás. Liberalizando todo lo relacionado con el mercado de alquileres, ya que en España tenemos, según los últimos datos del Ministerio de Fomento, unas 700.000 viviendas vacías, que deberían salir al mercado de alquiler. Cambiando la regulación comercial, ya que la que tenemos pone trabas a la inversión, algo que no nos podemos permitir en estos momentos. Hay que liberalizar otros mercados, como los servicios profesionales; tenemos que lograr una política energética relativamente razonable, que vaya a las fuentes de la generación del déficit de tarifa y las corrija... Todo ese tipo de cuestiones si las tratamos y de alguna forma generan confianza y credibilidad, pueden poner a crecer a la economía española rápidamente.

—¿Con el Gobierno actual parece bastante complicado?
—Estamos viviendo ya los últimos minutos de esta legislatura, y la percepción que existe es que evidentemente la legislatura está agotada. Eso no son buenas noticias, porque la prioridad de España tiene que ser la implementación de las reformas, si eso no lo puede hacer este Gobierno es mucho mejor que se convoquen elecciones cuanto antes, que haya un nuevo Gobierno que tenga un mandato claro al respecto, y que lo ponga en marcha. No nos podemos permitir continuar como hemos estado en los últimos meses, en los que se anuncian reformas y luego ni son las que se esperan ni las que se deciden se ejecutan.
 
—Resulta paradójico que Rubalcaba, como próximo candidato socialista a la presidencia del Gobierno, se esté dedicando con sus declaraciones a intentar recuperar la «o» del partido...
—Esas contradicciones internas, que pueden ir a más, son incompatibles con el mensaje que tiene que mandar ahora España, tanto a sus socios de la Unión como a los mercados.

—¿Hay que olvidar ingresar más vía subida de impuestos?
—Creo que existen aún muchas partidas en las que se puede reducir gasto. Existen solapamientos, duplicidades... es curioso que durante la crisis el empleo público haya crecido, son cuestiones que no te puedes permitir en un momento como el actual. Por tanto, aún hay posibilidades de recorte. A ello hay que unir el hecho de que hay que intentar racionalizar las prestaciones de los servicios públicos que son muy importantes para el tema del bienestar social, como es la educación y la sanidad. Vuelvo a repetir todos tenemos que ser más corresponsables, pero matizado y ajustado por el nivel de renta de contribuyentes y beneficiarios.

—¿Para controlar el déficit de las comunidades autónomas será suficiente con fijar un techo de gasto?
—Es absolutamente imprescindible incluirlo en la ley de estabilidad presupuestaria, de la que se eliminó una parte en 2005, un apartado donde se decía que las CC.AA. no podían tener déficit. Lo matizamos con un concepto evanescente que era el equilibrio a lo largo del ciclo. Eso fue un error. Calcular cuál es la posición cíclica de la economía en un año en concreto es una especie de canto al sol que siempre da como resultado que se puede gastar.

—Siguen faltando reformas para controlar ese déficit...
—La de la negociación colectiva. Hay que dar posibilidades claras para que haya más convenios colectivos de empresa. En España, el ajuste ante una caída de la demanda en las empresas, siempre es el mismo, echar a los temporales, y eso hay que evitarlo. Es lógico que si hay una caída de demanda, la empresa tenga que ajustar sus costes. Pero la peor forma de ajustar sus costes, desde todos los puntos de vista (social, laboral, económico, presupuestario...) es despidiendo temporales. Conviene tener en mente la reforma de la negociación colectiva que hizo Alemania en 2003, que le ha permitido que, a pesar de que tuvo una caída muy importante de la actividad durante los años más calientes de la crisis, no hubo destrucción de empleo. Después, con la recuperación, los alemanes se han subido a ella con más rapidez que los demás. Hay que conseguir más convenios de empresa, proporcionar mayor flexibilidad interna en las mismas, para ajustar tiempos de trabajo, jornadas, vacaciones, etc,. y por último, lograr que los convenios se eternicen vencidos ya su plazo, no se pueden congelar condiciones laborales del pasado ante un mundo cambiante.

—¿Qué opinión tiene sobre la petición de nuestros socios de indexar salarios a la productividad?
—Estoy a favor de la descentralización de la negociación colectiva y de que haya más convenios de empresa. La productividad es un concepto que macroeconómicamente carece de sentido como guía de salarios. Lo que sí tiene sentido para determinar una parte del salario es que las empresas tengan en cuenta la productividad de sus trabajadores. La única forma de conseguirlo es si dejas en el entorno de la empresa la posiblidad de que tanto gestores como sindicatos determinen cómo se fije la productividad de cada uno, y cómo va a ser la remuneración para aportar a la cuenta de resultados. Lo de ajustar salarios a la productividad es un eufemismo, y lo que se está queriendo decir es que creas un entorno en el cual las empresas puedan ajustar sus condiciones a lo que es la evolución de las aportaciones de los trabajadores y a la evolución de la demanda.

—Si usted fuera gobernador del Banco de España ¿qué pensaría sobre la actual reforma del sistema financiero español? 
—El decreto ley de febrero decía que las entidades tienen que tener un capital superior al de Basilea y se les daba un plazo. Si la entidad no tenía ese capital entonces el FROB pondría el dinero. Creo que la vía elegida es errónea. De alguna forma, cuando observamos los descuentos que se están exigiendo en estos momentos a las cajas que están saliendo a Bolsa vemos cómo se pone de manifiesto que la vía es errónea. ¿Por qué? Porque ese ratio de capital, si no están valorados correctamente los activos, carece de significado. Hubiera sido mucho más efectivo haber reforzado todo lo relacionado con saneamiento y transparencia inicial de estos activos, y a partir de ahí se habría generado confianza y credibilidad. 

—¿Habrá nueva oleada de fusiones?
—Sí, sí habrá segunda oleada de consolidación, y la veremos en los próximos trimestres. Si bien tendremos que estar alerta sobre otro de los problemas del sector. Hay cuatro grupos de cajas que han pedido ayuda al Frob y tendrá que haber un proceso de reestructuración importante. 

—¿Faltan por aflorar aún activos tóxicos en nuestras entidades?
—Queda ajuste pendiente. Pero el problema no es tanto que aún queden por aflorar algunos activos inmobiliarios, como que estamos viendo un estrechamiento de márgenes. Como consecuencia del riesgo macroeconómico y de que tenemos una prima de riesgo entorno a los 270 puntos básicos, las entidades españolas no se pueden apenas financiar en los mercados de capitales. Hay mucho vencimiento de deuda que habíamos contratado en el pasado que no se está recabando. Esto, por un lado, nos hace ser muy dependientes de la ventanilla del BCE y, por otro, incentiva a la guerra de los depósitos, del pasivo. Lo que a su vez desemboca en un incremento del coste de financiación de bancos y cajas, por lo que el margen, entre lo que reciben y lo que cobran de esos préstamos y su financiación, se va estrechando. Se estrechó en 2009 un 25%, y este año se vuelve a estrechar, lo que evidentemente pone en cuestión la rentabilidad del negocio futuro. Urge solucionarlo, porque te exige una reestructuración y una segunda etapa de consolidación.

—Si usted fuera ministro de Economía, ¿que medidas pondría en marcha para tener unos presupuestos austeros, lógicos, responsables y reales?
—España ha perdido entre 30.000 y 40.000 millones de euros por ingresos, que estaban ligados a la burbuja inmobiliaria, y que además como se reprodujeron durante bastante años, los consideramos estructurales. Eso ha afectado sobre todo a las administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, que dependían enormemente de esos ingresos inmobiliarios. Toca ajustarse a una nueva realidad, en la que hay que ser mucho más austeros en gastos de personal y corrientes. Hemos perdido muchos ingresos y el equilibrio presupuestario va a ser un requisito básico para la supervivencia de todas las prestaciones sociales, para las que se antoja imprescindible que haya una mayor corresponsabilidad social de los usuarios, matizado por el nivel de renta. No se puede exigir lo mismo a una persona con una pensión de viudedad de 600 euros que a una con unos ingresos de más de 100.000 euros, al que le puedes hacer más corresponsable. Tenemos que infundir un espíritu de austeridad mucho más profundo, algo que ya se ha dado de algún modo en las familias españolas, y asumir que todos tenemos que ser más corresponsables, sobre todo los que tienen mayor nivel de renta con lo que son la prestación de estos servicios.

Un «ex» con opciones renovadas