Gil Eguino reconoce que cargó a la cuenta de Limusa 4.800 euros por servicios y consumiciones en una casa de alterne

MURCIA.- El principal imputado del caso de corrupción Limusa, Francisco Gil Eguino reconoce, en la segunda sesión del juicio oral, por la que se investiga una presunta trama de corrupción entorno a la empresa de limpieza municipal de Lorca del mismo nombre, que, aprovechando un viaje a Sevilla en abril de 2004, "realizado por motivos de trabajo y fuera del horario laboral y acompañado por diversas personas y personalidades que no recuerdo", abonó, con cargo a fondos de Limusa, 4.828 euros de un total de 6.279 euros "las consumiciones y los servicios profesionales de alterne prestados en 'La casita Sevilla' a los mismos".

   Pero, subrayó en la Sala del Jurado del Palacio de Justicia de Murcia, "en ningún momento hice uso de tal tarjeta para mi propio beneficio". Asimismo, reconoce que días después cargó a la cuenta de Limusa las consumiciones realizadas en el mismo local "pero sin abonar servicios profesionales de alterne", la suma de 790 euros.

   Otras imputaciones que el acusado ha reconocido son la aplicación privada de bienes muebles pertenecientes a un organismo dependiente de la administración por el uso de los muebles de Limusa con fines propios.

   Y que en el ejercicio de sus funciones como director de la entidad Limusa, añadió, "no controlé diversas facturas", cuya supervisión y control directo, según el Manual de Funciones, correspondía al responsable y jefe de Compras y al jefe de Administración "si bien por razón de cargo daba el visto bueno a las mismas y di lugar a que otros incluyeran datos inciertos".

   En concreto, explicó, facturas emitidas a una empresa por importe de 14.070,80 euros entre los años 2003 y 2006 y facturas a otra empresa que sumaban un total 13.242,65 euros, al tiempo que ha recordado que ha abonado en la cuenta de la Sala del TSJ 40.000 euros a lo largo de 2011.

   A preguntas del fiscal del caso, Juan Pablo Lozano, ha asegurado que no sabía que las facturas fueran falsas, que éstas habían sido firmadas anteriormente por dos personas, gente que consideraba de confianza, y que "ni siquiera" él controlaba el pago de las mismas, aunque "éstas son exclusivas del jefe de Administración".

   Está claro, señaló, "que no revisé el trabajo", pero también que "no me he apropiado de ningún dinero, de lo que tengo culpa es de no haber investigado más y haberlo evitado, pero no me he quedado con dinero", insistió, además, "no he podido sacar dinero porque no sé el número de la caja de Limusa", manifestó Gil Eguino.

   Sobre ciertas comidas y viajes a cuenta de la empresa municipal, el acusado ha indicado que el único gasto apuntado fue el viaje a Sevilla, ya reconocido, "todos los demás gastos han sido por motivos de trabajo y necesidad" y, apostilló, "no solamente de Francisco Gil Eguino". De hecho, aseguró, "se me imputan comidas en las que no he estado".

    En este sentido, el fiscal le ha preguntado como era posible que su nombre aparezca en las cuentas por comidas en varios restaurantes el mismo día o cenas, y al respecto ha afirmado que los jefes de departamentos de la empresa tenían también autorización para cargar comidas de trabajo a Limusa.

   De tal forma ha señalado que "nunca" ha usado la tarjeta de Limusa durante fines de semanas por motivos personales y que las asistencias a viajes era para realizar gestiones de Limusa "o municipales".

   Sobre la proximidad de viajes a Madrid, señala que responde a motivos de agenda y compromisos de delegados y concejales; en cuanto a la asistencia a partidos de fútbol de Real Madrid a costa de la empresa municipal, Gil Eguino ha manifestado que no es cierto y un "yo soy del Athletic del Bilbao".

   En caso de asistir, apuntó, se hizo tras jornadas de trabajo, y que mientras unos iban al fútbol, otros al cine o a los toros pagado de sus bolsillos, nunca a costa de Limusa.

   Gil Eguino, acusado de un delito de malversación y falsedad de la factura de proveedores con todo tipo de gastos, malversación con falsedad, así como de prevaricación en lo referente a la mejora y al maltrato a los trabajadores de Limusa y beneficios que otorgaba a su mujer y de falsedad en documento mercantil, ha confesado que a la única persona del Ayuntamiento a la que entregó dinero en concepto de facturas fue a Miguel Navarro, "nunca a Bartolomé Soler".

   Sobre la acusación particular del ex empleado de Limusa que denunció la trama, Jacinto Parra, por un presunto delito de 'mobbing', ha destacado los cambios de humor, problemas de salud y familiares de este empleado.

   Dice que no lo ha maltratado, de hecho, relató, "me vino llorando diciendo que quería irse de la empresa por los problemas que tenía y le dije que dónde iba, que se quedara ahí, que le permitiría cosas" e incluso le dijo "si quieres no vengas". Además, subrayó, "todos los títulos que tiene es gracias a que yo le insistía y los ha pagado Limusa".

   Sobre el cambio de dependencias, Gil Eguino ha explicado que se trasladó a él y a todo el departamento de Servicio, "ahora si que está en una ofician tercermundista", expresó, tras lo que resaltó, "si hubiera querido quitármelo de encima podría haberlo hecho cuando era encargado de la depuradora, cuando hubiera sigo subrogado por Aguas de Lorca pero me dijo que quería quedarse", así que, sentenció, "tan mal no estaría".

   A pesar de ello, ha manifestado que, aún siendo exigente y duro, "no soy un hostigador, siempre he respetado a la gente, soy conciliador y si me ha pasado esto es porque soy gilipollas". Aunque ha reconocido que hacía contar a sus trabajadores dinero de sus empresas privadas.

   En cuanto a su mujer, también acusada, ha explicado que se incluyeron en sus nóminas ayudas de estudio por valor de 66.000 euros "en concepto de docencia", algo, remarcó, "que también se ha pagado a otros empleados" aunque reconoce que la universidad privada de su hija --Universidad Europea-- es más cara. Pero, apuntó, "todo era lícito".

   Asimismo, considera que es normal que a medida que la empresa municipal crecía en responsabilidades y contratos, "también de trabajo", se les reconociera con una mejora salarial, algo, señaló, que responde a su contrato y que está incluido en los Presupuestos.

   Cabe recordar que en la primera sesión del juicio, hace dos semanas, se retiró la acusación contra el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro, y contra los empresarios, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles porque, según explicó el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, "las acusaciones han prescrito".

   Además, el fiscal llegó a un acuerdo de conformidad con los abogados de tres de los acusados, entre ellos el ex diputado Bartolomé Soler, que supondrá una reducción de sus penas, pues se ha conformado con un año y medio de prisión, además de un año, un mes y 15 días de inhabilitación para cargo público.

   A la vista de esta última sesión han acudido también Jesús Molina, que fue consejero delegado de Limusa desde su designación en 1999 hasta 2003 y vocal desde julio 2003 hasta 2007, el interventor municipal Francisco Javier Poyato, el ex diputado Bartolomé Soler y la mujer de Gil Eguino, Ofelia González.

   La sesión del juicio oral de Limusa continuará esta tarde, sobre las 17.00 horas en la Sala del Jurado del Palacio de Justicia de Murcia. Las siguientes sesiones se sucederán, previsiblemente, este jueves y viernes, también en horario de mañana y tarde.

   En el marco de esta trama fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento lorquino, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio lorquino durante 13 años, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

La mujer de Gil Eguino declara entre lágrimas que "en mi vida he hecho nada ilegal"

MURCIA.- La mujer de Francisco Gil Eguino, a la que se le imputa la utilización de fondos de Limusa para costear los estudios universitarios de su hija, ha declarado entre lágrimas que "en mi vida he hecho nada ilegal".

   En la jornada vespertina de la vista oral por Limusa, por la que se investiga una presunta trama de corrupción entorno a la empresa de limpieza municipal de Lorca con el mismo nombre, la acusada señaló que costeó los estudios de su hija en base al convenio "privilegiado" de la empresa, "ajustándose a la legalidad", y que la empresa no le pagaba el coste de las matrículas hasta que certificaba que las había abonado.

   Además, incidió, "siempre he dicho que éramos unos privilegiados por trabajar con un convenio como tal, pero todos estábamos regidos por el mismo convenio". Nuestra hija, explicó, "no daba la nota para la universidad pública, y buscamos en 14 o 16 universidades en toda España, pero no pudo ser".

   "Esa es la realidad, aún así la hubiéramos enviada pidiendo un crédito en el banco porque para nuestros hijos no íbamos a escatimar, como cualquier padre", añadió.

   Asimismo, ha manifestado que la gestión de la empresa municipal no se vio nunca mermada "ni un minuto ni cinco" por las empresas privadas de Francisco Gil Eguino, ex gerente de esta empresa municipal lorquina; y señalado que nunca escuchó que nadie se quejara por eso y que si alguien hacia una hora de más, "la cobraba, pero no del dinero de Limusa".

   Tampoco escuchó que nadie hablara mal de su marido, "la mayoría le estaba agradecido y aseguraba que habían aprendido mucho con él y eso que era exigente, pero primero con él mismo", indicó.

   Ofelia González aseguró también que nunca ha tenido un trato de favor por ser su mujer, todo lo contrario, apostilló, "tenía que estar mucho más atenta", y "nunca he salido de la oficina a tomar café ni sola ni con mi director, siempre con mis compañeros, que me han hecho sufrir mucho".

   Así como que tampoco ha participado en comidas y viajes a costa de Limusa, a excepción de un viaje a Tenerife "para realizar un curso" y en el caso de acompañar a Gil Eguino era porque así se lo pedía su superior, Asensio Díaz.

   "En la oficina Ofelia y Gil Eguino no eran marido y mujer, él era el director y yo una oficial de Primera y las órdenes me las daba Díaz", subrayó, "sólo me he valido de ello en beneficio de mis compañeros".

   Algo alterada apuntó que las mejoras salariales "nos las habíamos ganado día a día y año tras año, no de recién llegados", y la mía, recalcó, "era una de las compensaciones más bajas".

   En este sentido, aseguró no entender como un oficial administrativo, "un hombre de la calle", que fue contratado con posterioridad cuando su marido ya no era director de Limusa, consiguió desde la primera contratación que se le aplicaran mejoras salariales de más de mil euros. "Pero nadie hablaba y yo ya tenía bastante", denunció.

   Preguntada sobre la retirada de 120.000 euros de cierta entidad bancaria tras ser su marido despedido y detenido, ha argumentado que "no sabía lo que ocurría", y que lo hizo por miedo, "no sabía el dinero que iba a necesitar, con lo cual me lo guardé para poder vivir".

   Tras lo que aseveró, "llevamos tres años con las cuentas bloqueadas", dígame usted, preguntó al fiscal, "de qué hubiéramos podido vivir y pagar las hipotecas que debemos y seguimos rigurosamente pagando aún no siendo nuestras".

   Finalmente, ha señalado emocionada que su último año como empleada en Limusa, cuando su marido ya había sido despedido y detenido, fue muy duro. "Me crucificaron, era como un perro, nadie me hablaba ni me miraba", lamentó.

   Por su parte, el ex diputado regional Bartolomé Soler, que fue consejero delegado de la empresa municipal, ha vuelto a la sala de vistas, ya que la acusación particular del ex empleado de Limusa que denunció la trama, Jacinto Parra, el letrado Ricardo Mateos mantiene contra él y Gil Eguino un presunto delito de 'mobbing'.

   En este sentido, cabe recordar que en la primera sesión del juicio el fiscal llegó a un acuerdo de conformidad con los abogados de tres de los acusados, entre ellos el ex diputado Bartolomé Soler, que suponía una reducción de sus penas, con un año y medio de prisión, además de un año, un mes y 15 días de inhabilitación para cargo público.

   Sobre la acusación de 'mobbing', Soler ha asegurado que su trato con Jacinto Parra siempre fue "cordial y respetuosa" y que cuando éste le manifestó que "su agobio personal" por tener que volver a trabajar, tras estar de baja por un accidente de tráfico, se ofreció a ayudarlo y mediar, y que le apuntó que primero era su salud, pero "nunca" hablaron sobre irregularidades ni de mobbing.

   Al hilo, ha declarado que nunca tuvo queja de Gil Eguino, ni le constaba que éste y su esposa, Ofelia González, realizaran viajes personales a costa de Limusa.

   Por último ha señalado que las mejoras salariales en Limusa estaban justificadas por la ampliación de competencias y trabajo de la empresa entre 2003 y 2007, y ha destacado la necesidad de los viajes, por lo menos, los que él realizó, "con cargo al Pleno".

   La sesión del juicio oral de Limusa continuará mañana, en horario de mañana y tarde, con la declaración de los testigos. La siguiente sesión se sucederá, previsiblemente, este viernes.

El Consorcio de Seguros ha abonado el 38% de los daños en Lorca, unos 9.000 siniestros

MURCIA.-  El Consorcio de Seguros ha pagado hasta la fecha un total de 9.200 siniestros en Lorca por los daños ocasionados por los terremotos del pasado 11 de mayo, lo que supone un 38 por ciento, según ha precisado este miércoles el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.

  

   De esta forma, las indemnizaciones abonadas a día de hoy ascienden a un montante total de 40,6 millones de euros, mientras que la provisión económica que se ha hecho sobre los expedientes de tramitación es de 107 millones de euros.

   En esta línea, González Tovar ha recalcado que el Consorcio "trabaja de forma ágil y eficiente", tal y como lo pone de manifiesto el hecho de que 215 tasadores diarios se encuentren en el municipio lorquino "haciendo las tasaciones de los expedientes que le llegan".

   En lo que respecta a la parte de las viviendas, ha comentado que "en un par de meses", el Consorcio "tendrá acabado todo el pago del dinero".

   Tarea que se ve apoyada por la labor de la Comisión Mixta, constituida por el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento, destinada a la rehabilitación y reparación de viviendas al margen del Consorcio.

Rosa Díez asegura que "España parece de todo menos un país" y destaca las "extravagancias" de los ayuntamientos

MURCIA.- La diputada nacional y portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha declarado en Murcia que "España parece, desde el punto de vista municipal, de todo menos un país". Y es que, alertó, no parece que exista la misma ley electoral, la misma ley de régimen local, los mismos reglamentos sometidos a la misma ley, "las cosas son tan pintorescas, extravagantes y extrañas" que, aseguró, "vamos a escribir un libro contando estas experiencias que creo incluso que será un best-seller".

   Hay tal opacidad y tan poca transparencia en los ayuntamientos en general, indicó, que sorprende, de hecho, "a los concejales de un ayuntamiento importante de la Comunidad de Madrid se les facilita una tarjeta para que puedan aparcar en doble fila" y aunque parece una anécdota, "esto está institucionalizado y ocurre desde siempre".

   A lo que se une, por ejemplo, la figura del vocal vecino, también en Madrid, que no los elige nadie, son ayuntamientos paralelos "y pagamos todos --entre 800 y 1.200 euros por unos 500 que existen en cada distrito--".

   Un ejemplo, aseveró, "de perversión, picaresca y corruptela, y como nadie lo sabe, nadie puede controlarlo ni opinar y al final lo estamos pagando entre todos algo que no beneficia al ciudadano". De esta forma, sostuvo, "tu tienes tu red clientelar como partido, has nombrado a un montón de ellos a los que le pagas mil euros al mes y matan por ti, y ganas todas las asambleas que haya que ganar".

   Es por ello que UPyD, que ha organizado en Murcia una jornada de trabajo a la que han asistido concejales del partido de todas las capitales de provincia españolas donde la formación ha conseguido representación, así como los siete ediles que UPyD tiene en la Región y los miembros del Consejo Territorial con el fin de poner en común líneas básicas de actuación en los Ayuntamientos, propone la reforma de la Constitución para definir con claridad la lista de competencias de cada entidad territorial, los instrumentos de cooperación, coordinación y solidaridad, "así como las reglas de financiación".

   Además, Unión, Progreso y Democracia propone la reforma de la Ley Electoral General para garantizar la igualdad del voto de los ciudadanos y para superar el bipartidismo e imperfecto inducido por una ley "injusta".

   Otras de las propuestas de UPyD, presentadas en el Debate del Estado de la Nación "y que no obtuvieron respuesta por el Gobierno", y que "son imprescindibles para salir de esta crisis política y económica", son la separación efectiva de poderes y restauración de la autonomía del Poder Judicial y la instauración de la igualdad efectiva de los ciudadanos con independencia del lugar donde residen mediante la restitución al Estado de las competencias necesarias para garantizar sistemas comunes de educación, sanidad y servicios sociales.

   Tras lo que resaltó la necesidad de terminar con las diputaciones  provinciales, "que sirve para colocar excedentes del PP y PSOE", así como "agrupar municipios", pues, informó, "si agrupáramos los municipios de 5.000 habitantes, serían más de 3.000 millones de euros al año que se podrían dedicar a prestación de servicios verdaderamente esenciales y de calidad para los ciudadanos".

   En el caso de que fueran municipios de alrededor de 15.000 habitantes se conseguirían más de 20.000 millones al año.

   UPyD porpone, además, la superación de la provisionalidad, la reforma del mercado laboral, la derogación de las normas intervencionistas "que han acabado con la unidad de mercado y la movilidad de profesionales, empresas y trabajadores", la eliminación de todas las duplicidades administrativas e iniciativas de transparencia y lucha contra la corrupción "para la regeneración democrática y para que los ciudadanos recuperen el control sobre los políticos y la confianza".

   Evitando, continuó, medidas "chapuzas como una tirita ante una hemorragia --como es el caso de que el Gobierno dote con 3.400 millones a la nueva línea del ICO para que ayuntamientos reduzcan la morosidad--" y el "sectarismo y cainismo" de la política española actual.

   En este sentido, Rosa Díez, acompañada por los concejales de UPyD en los ayuntamientos de Madrid, Alicante y Granada, aseguró que los ciudadanos podrán un día al mes plantear a los ediles de esta formación política las cuestiones que quieran, quejas o sugerencias, "sin control ni filtro previo y sin hora".

   Además los ediles saldrán una vez al mes a la calle "para abrir la institución, posibilitar que los ciudadanos sientan el control sobre el político y para que a estos últimos no se les olvide que están ahí al servicio del ciudadano".

   Rosa Díez, que se ha congratulado de los resultados "políticos" de UPyD en las elecciones del 22 de mayo, ha resaltado, finalmente, que en las próximas elecciones generales, UPyD "puede convertirse en un partido clave para determinar quien gobierna y como se gobierna España".

El Ministerio aprueba una disponibilidad en el acueducto Tajo-Segura de hasta 270 hm3

MADRID.- La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado, en la reunión celebrada este martes, aprobar una disponibilidad en cabecera de hasta un máximo de 270,8 hm3, cantidad correspondiente a las demandas solicitadas tanto para abastecimiento como para regadío. 

   Así, el volumen de agua disponible seguirá manteniéndose en la cabecera del Tajo y trasvasándose en función de la demanda real y adecuadamente justificada, según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) en un comunicado.

   Las demandas continuarán programándose quincenalmente y se servirán en función de las demandas reales, llevando a cabo un control a posteriori, por lo que el MARM continuará manteniendo un seguimiento técnico de control con el objetivo de atender las demandas de manera motivada y razonada, al tiempo que seguirá avanzando en la mejora de la información justificativa.

   De esta forma, ha decidido continuar con una programación para los próximos seis meses, siguiendo los mismos criterios de racionalidad y prudencia en la toma de decisiones, atendiendo todas las demandas de agua justificadas para abastecimiento y regadío.

   Durante el encuentro se ha resaltado el éxito de la celebración de reuniones con carácter semestral, que resultan beneficiosas tanto para la cuenca cedente como para la receptora.

   En ese sentido, se ha puesto de manifiesto que los embalses de la cabecera del Tajo muestran unos niveles constantes durante los últimos seis meses y que la cuenca receptora ha realizado un uso racional y sostenible de los recursos.

   La Comisión ha constatado también que la situación de reserva de agua tanto en la cuenca cedente como en la receptora es de normalidad, obteniéndose unos consumos de agua inferiores, no solamente a los máximos trasvasables sino también inferiores a los máximos previstos para el semestre.

   Las circunstancias hidrológicas y la forma racional de autorización de los desembalses han permitido la optimización y ahorro en el uso del agua, preservando las necesidades de la cuenca cedente.

   Por último, la Comisión ha aprobado el presupuesto de explotación para el año 2012 y estudiado la actualización de las tarifas correspondientes a la conducción de las aguas por el Acueducto Tajo-Segura.

No ven necesidad

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Julián Rebollo, ha manifestado que, en su opinión, actualmente no hay necesidades para trasvasar agua desde la Cabecera del Tajo. Así, se ha quejado de que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura haya aprobado disponer de 270,8 hectómetros cúbicos para derivar agua desde la Cabecera del ¡Tajo a Levante.  
   "Todo lo que puede empeorar empeora porque a pesar de que la pluviometría es favorable en toda la zona de Murcia se continua con los trasvases como si nada hubiese ocurrido", ha señalado Rebollo.
   Asimismo, se ha mostrado convencido de que mientras no se apruebe el Plan de Cuenca del Tajo y se incorpore a las leyes españolas la Directiva Marco del Agua Europea, "el Trasvase Tajo-Segura no tendrá nunca solución".
   El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños duda que las cosas vayan a mejorar con el cambio de Gobierno en la Junta de Comunidades. "Si ya antes no teníamos ningún freno a las derivaciones de agua, ahora, con el Gobierno del PP, me imagino que tendremos mucho menos y habrá libre circulación del agua por el Trasvase en dirección a Murcia, y así no podemos continuar".
   Finalmente, Rebollo ha declarado que se siente "aburrido" de que pasen los años y las cosas no cambien, y ha afirmado que está deseando que se convoque la asamblea de la Asociación de Municipios Ribereños para que una vez que se han formado los nuevos Ayuntamientos, se elija a los nuevos integrantes de la Junta Directiva y pueda dejar la presidencia.

Los socialistas, con Retegui a la cabeza, se arrodillan ahora ante Valcárcel

MURCIA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, considera muy positivo el reinicio del diálogo social en la Región entre el Gobierno murciano y los agentes sociales. 

   García Retegui destacó que la concertación y el acuerdo, ahora en concreto en la Región de Murcia, trasladan a la sociedad un clima de confianza, "algo que ya tiene valor en sí mismo, sobretodo, en épocas de crisis como la que vivimos en la actualidad".

   Dentro de este marco, la portavoz socialista recordó que el PSRM está dispuesto a contribuir a salir de la situación actual "porque en este momento es necesaria también la presencia de todas las fuerzas sociales y políticas, para que se haga patente el compromiso de toda la sociedad en la búsqueda de soluciones y acuerdos".

   Begoña García Retegui mantiene lo que dijo en el Debate de Investidura de Valcárcel y se reafirma en su postura de no poner condiciones previas, así como su disposición a hablar de todos los temas, con un objetivo claro, que pasa por la creación de empleo, por la mejora y el mantenimiento de las políticas de bienestar social, para que se aborde el pago de la deuda a los proveedores y para que se articulen las medidas necesarias para salir de la crisis que sean socialmente justas.

   "Es decir, que no paguen siempre los mismos y que se haga un reparto equitativo no castigando a los más débiles, como también recoge la memoria del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, hecha pública ayer", declaró.

   Por último, Begoña García apuntó que el "PSRM muestra una actitud abierta y colaboradora al diálogo y al acuerdo y está ahí para ayudar a quien tiene que gobernar y liderar la salida de la crisis en la Región de Murcia, que son Valcárcel y el Gobierno regional".

Blanco trabaja para que el Corredor Mediterráneo se incluya en las "redes transeuropeas"

SEVILLA.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que el Gobierno "está trabajando intensamente para que el Corredor ferroviario Mediterráneo sea incluido en la red transeuropea prioritaria", al asegurar que por el momento la UE no ha realizado propuesta alguna en este sentido, prevista para el próximo mes de septiembre.

   Blanco lamentó que este corredor no fuera incluido en las redes europeas en 2003 "cuando se definieron dichas las redes", toda vez que "entonces gobernaba el PP en España y la comisaria de Transportes era una española".

   "Pero el PP no hizo nada por su visión centralista de España, en la que todo tenía que pasar por Madrid, por lo que entonces no incluyó el Corredor del Mediterráneo en las redes prioritarias transeuropeas", añadió el ministro.

   Por ello, reiteró que su Departamento está trabajando para la inclusión de esta línea entre las prioritarias de Europa, una línea "que recorre todo el Mediterráneo, incluido Algeciras, lugar logístico muy importante".

   En este sentido, recordó que la próxima semana se reunirá con los consejeros de las comunidades autónomas por las que discurre el corredor (Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía), para "definir la propuesta de España" y para pedir a dichas regiones "un compromiso  y una estrategia compartida en el objetivo de que sea incluido en los ejes transeuropeos prioritarios y además tenga financiación".

  "Se trata de un proyecto muy importante para el desarrollo social y económico de España tanto en pasajeros como mercancías", concluyó Blanco.

Un bufete de abogados recupera al ex juez Ferrín Calamita

MURCIA.- El Grupo RLD ha incorporado al ex juez Fernando Ferrín Calamita como responsable de su oficina de Murcia al objeto de reforzar su presencia en el sur de España para atender a sus clientes empresariales.

   Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y magistrado juez desde 1988, su incorporación "significa un paso más en la consolidación del Grupo RLD y de su oficina en Murcia para atender a nuestros clientes corporativos en el sur de España," ha explicado Rafael López-Dieguez Piñar, portavoz del despacho especializado en M & A.

   Por su parte, Ferrín Calamita ha subrayado que su incorporación al Grupo RLD como responsable de una oficina regional "significa un reto personal y profesional que me llena de ilusión".

   El grupo RLD fue fundado en 1989 es un despacho profesional especializado en Derecho y asesoramiento mercantil, contando entre sus clientes empresas cotizadas y empresas familiares.

   Con una larga trayectoria en fusiones y Adquisiciones (M&A) tanto en el mercado español como internacional, tiene oficinas en Madrid y Murcia y mantiene una corresponsalía en Lisboa (Portugal).

Sigue la política de beneficencia con los afectados en Lorca por el terremoto

LORCA.- Su Alteza Real la Infanta doña Elena --directora de Proyectos Sociales y Culturales de Fundación Mapfre-- ha entregado este martes al alcalde de Lorca, Francisco Jódar, un cheque-donativo de 250.000 euros para apoyar la reactivación socioeconómica del municipio, especialmente del pequeño comercio.

   Doña Elena estuvo acompañada por en Lorca por el presidente de Honor de la Fundación, Julio Castelo Matrán, y por el director general del Instituto de Acción Social de la entidad, Fernando Garrido Tomé.

   Después del acto de entrega, celebrado en el Ayuntamiento de la localidad, la Infanta se ha reunido también con familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado mes de mayo y ha visitado la iglesia de Santiago Apóstol y la zona de La Viña, una de las más afectadas por el seísmo.

   Esta acción se suma a otras realizadas por el Instituto de Acción Social de Fundación Mapfre en Lorca, entre ellas el plan de ayuda humanitaria llevado a cabo para los damnificados por el terremoto días después del suceso.

El Gobierno español, dispuesto a que los marroquíes voten en las municipales

BARCELONA.- La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, ha avanzado este martes que el Gobierno está dispuesto a que los marroquíes residentes en España puedan votar en las elecciones municipales, después de que Marruecos haya aprobado por referéndum la nueva Constitución, que prevé que los extranjeros que viven en el país norteafricano puedan participar en los comicios locales. 

   En declaraciones a los medios de comunicación ha explicado que la opción de que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales "siempre se ha basado en la reciprocidad", por lo que ha afirmado que el Gobierno iniciará las conversaciones con el reino alauí con vistas a firmar un acuerdo similar a los que España tiene con una decena de países.

   "Ahora que la Constitución marroquí abre esa posibilidad a los españoles, desde luego vamos a firmar los acuerdos para que sea recíproco", ha asegurado Jiménez, que ha defendido que se trata de una muestra de arraigo y de integración.

José Manuel Vargas dimite como consejero delegado de 'Vocento' (La Verdad)

MADRID.- José Manuel Vargas ha presentado ante el consejo de administración de Vocento su dimisión como consejero delegado del grupo, cargo que ocupaba desde el año 2008, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las labores de coordinación del equipo directivo serán asumidas por el presidente de la compañía, Diego del Alcázar.

Según ha señalado la empresa, Vargas, que presentó su dimisión en una reunión del consejo de administración celebrada este lunes como consejero delegado y miembro del consejo, abandona su cargo "por motivos personales". El exconsejero delegado estaba vinculado a Vocento desde hace más de una década.

Entre 2000 y 2002 fue director de servicios jurídicos de la entonces Prensa Española y secretario del consejo de ABC entre 2000 y 2005. Pasó después a ser director general financiero durante seis años y director general de mercados nacionales del grupo.

El 28 de enero de 2008 fue nombrado consejero delegado de Vocento, cargo que compaginó con el de consejero delegado de ABC. Al frente del grupo ha trabajado durante estos años para impulsar la transformación y reposicionamiento de la compañía en todas las áreas del negocio de la comunicación (Internet, prensa, televisión, radio y nuevos soportes), así como la renovación y refuerzo de la oferta informativa y editorial de las marcas multimedia que componen el grupo.

La compañía ha subrayado que Vargas ha realizado este trabajo "a pesar de las dificultades de un periodo marcado por la crisis económica, la fuerte contracción del mercado publicitario y la gran revolución del mundo de la comunicación por los cambios en los hábitos de los lectores y consumidores" y ha agradecido al directivo "su dedicación, compromiso y esfuerzo en estos años difíciles".

Para Vocento, la estrategia puesta en marcha durante el periodo de gestión de José Manuel Vargas, ha permitido, "a pesar de la difícil coyuntura, mantener la posición de liderazgo en el mercado español, tanto en lo referente a la difusión y audiencia, como a la rentabilidad". 

Como uno de los logros en la gestión del exconsejero delegado, el grupo ha subrayado el cambio dado en el origen de los ingresos (Internet y audiovisual suponen ya más del 25% del total), así como el haber mantenido una "sólida posición financiera, claro diferencial de Vocento respecto a otros grupos del sector.

Solbes cree que el interés de China en las cajas puede suponer una apuesta a medio o largo plazo

MADRID.- El exministro de Economía y Hacienda y presidente del Foro España-China, Pedro Solbes, ha asegurado que el interés de China en participar en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros puede pasar también por una posibilidad de entrar en el sistema financiero español "a medio o largo plazo". 

Solbes interpreta así una "doble lectura" de la intención del país asiático de invertir en las nuevas cajas resultantes de las fusiones, más allá de que se limite a contribuir en la recapitalización de estas entidades a corto plazo.

"Ya hay algunos bancos españoles en China y alguno chino en España, por lo que hay que contemplar estos fenómenos como propios y como favorables al comercio", explica el antecesor de Elena Salgado en una entrevista a la revista 'Global Asia'.

El exministro además se congratuló de la "apuesta de futuro" por España que se desprende del compromiso del primer ministro chino, Wen Jiabao, de que su país seguirá comprando más deuda española, de la que posee un 12%.

"En realidad China ha hecho una doble apuesta: por Europa y por España", matiza Solbes, quien no esconde que a la divisa china, el yuan, "le interesa" que exista una moneda como el euro, que además sea "moderadamente fuerte".

Solbes pone el énfasis en que la garantía de China sobre la deuda española se aleja de "temas especulativos" a corto plazo, por la crisis fiscal de la eurozona, y no duda en afirmar: "China sabe que España superará las actuales turbulencias y que tendrá un crecimiento en el largo plazo".

El también consejero de Barclays España reconoce que su paso al sector privado tras 41 años en la función pública le produce "muchas satisfacciones" en su nueva etapa.

"Ahora aconsejo para que otros decidan", resume, para terminar refiriéndose a su anterior etapa como ministro: "Hay que pasar página con una razonable satisfacción por el trabajo realizado y desear la mejor de las suertes a mis sucesores presentes y futuros".

Las voces del 15-M en el libro 'Nosotros, los indignados'

MADRID.- Cuatro miembros del #15-M, todos ellos indignados y comprometidos desde las primeras reivindicaciones presentan un libro sobre el movimiento titulado, 'Nosotros los indignados'. Sus nombres son Klaudia Álvarez, Pablo Gallego, Fabio Gándara y Óscar Rivas y cuentan sus motivos para estar indignados, con un prólogo de Stéphane Hessel.

Klaudia es profesora en Barcelona. Tiene 35 años, una gata, un trabajo que le gusta, buenos amigos, una familia y hasta su propia casa, que habrá logrado pagar cuando cumpla los 70. Pero, está indignada. Y lo está porque su padre hace demasiado que está en paro, y sus amigas encadenan contratos precarios, incluso su propio trabajo sigue siendo temporal después de ocho años.

Klaudia abrió una cuenta en Twitter y como dice ella misma, "la semilla del diablo se instaló en mi cabeza". Seguía activamente las revoluciones árabes a través de la red social. Poco a poco, esta maestra encontró también en Facebook a otros contrarrevolucionarios con los que marcó ilusionada un día en el calendario: el 15 de mayo de 2011. En tres meses escasos la idea de una movilización ciudadana asindical y apartidista cobró cuerpo en sesenta ciudades. La #spanishrevolution estaba en marcha.

El #pásalo surgió su efecto y el 15 de mayo, tras un invierno de trabajo y aprendizaje continuo, Klaudia se vio subida a un camión, en la plaza de Catalunya de Barcelona, micrófono en mano, delante de 15.000 personas indignadas que estallaron al grito de: "¡Sí se puede!".

Klaudia Álvarez (Barcelona, 1976), licenciada en Comunicación Audiovisual y con un posgrado en Gestión y Producción Cultural, ha trabajado para el Instituto Cervantes en Lisboa y el Ayuntamiento de Barcelona. En la actualidad es profesora de Imagen y Sonido en Terrassa y estudia Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Coordina el equipo de comunicación de Democracia Real Ya.

"Soy un joven hastiado de la situación de España y sé que no estoy solo". Con estas palabras, Pablo Gallego arrancó el 9 de febrero de 2001 en su blog el post titulado Mayo del 68 en España. Ese mismo día posteó su entrada en el perfil de Juventud en Acción y poco después se incorporaba al germen de Democracia Real Ya (DRY), la Plataforma de Coordinación de Grupos Pro-Movilización Ciudadana.

Pablo se autoproclama un sí-sí. Sí estudia y Sí trabaja. Preocupado por su futuro y por el de sus amigos, siente que hay mucho por denunciar. Pablo tiene dos carreras, habla inglés y alemán y ha estudiado en el extranjero. Se planeta marchar fuera a trabajar, a buscar su oportunidad. Justamente, esta oportunidad es la que Pablo cree ha empujado a miles de personas a salir a la calle para pedir un sistema "más justo, solidario y libre".

Pablo empezó a investigar sobre el origen de la crisis y sobre sus consecuencias y comprendió que había muchos motivos por los que indignarse "la corrupción, el gasto público, la especulación inmobiliaria, la privatización de las cajas, la inacción de la ciudadanía y el abismo entre los políticos y los ciudadanos".

Pablo Gallego (Cádiz, 1988) es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Cádiz y cursa el segundo ciclo de la licenciatura de Investigación y Técnicas de Mercado en ICADE, en Madrid. Actualmente realiza prácticas de empresa en una multinacional alemana del sector de la automoción y participa en el concurso del Proyecto Empresarial ICADE.

Fabio Gandara se autodefine como un #indignado más, pero no lo es. Él prendió la mecha en febrero de 2011 cuando en un chispazo de inspiración creó un grupo en Facebook y envió un mensaje a sus amigos en la red: *Únete*. De aquella plataforma surgió Democracia Real Ya. Sorprendido, vio como, en pocas semanas, la decena de internautas desorientados que charlaban en Twitter se transformó en una auténtica comunidad de #indignados.

Fabio es gallego, tiene 26 años y cumple con todos los estándares educativos: licenciado en Derecho y Políticas, cursando un máster, experiencia laboral, idiomas... Sin embargo, se siente parte de la supuesta "generación perdida" española.

"Para que muchos despertásemos -dice Fabio-, fue necesario que un valiente hombre de 93 años, luchador incansable a lo largo del siglo XX, nos hiciera esa exhortación: la sociedad civil debe diferenciarse de la política para garantizar una democracia real". Este hombre era Stéphane Hessel y sus palabras, recogidas en el libro ¡Indignados!, las inspiradoras de este fenómeno que encontró en las redes sociales su altavoz.

Fabio Gándara (Santiago de Compostela, 1984) se trasladó a Madrid con 18 años para estudiar las carreras de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. Ha trabajado dos años en el bufete Cuatrecasas y cursó un máster de especialización en Política Territorial y Urbanística. Compagina la preparación de unas oposiciones estatales con las labores de activismo en la plataforma ciudadana Democracia Real Ya.

Óscar Rivas fue un indignado más el pasado 15-M. Acudió a la convocatoria de Democracia Real Ya en Madrid para participar en la fiesta popular, así como para documentar audiovisualmente el evento. Este periodista de 38 años, que ha encadenado trabajos precarios con diversos intentos de proyectos empresariales, sintió que ese día, no sólo él sino miles de personas, estaban dando fe de cómo el sistema ha tratado a los jóvenes en este país.

Adscrito a la comisión de comunicación, llegó a pasar 32 horas seguidas al pie del cañón para dar vida Ágora Sol Radio, la emisora que emitió desde la misma plaza y que dio voz a las miles de personas que se acercaban a diario y contaban su historia de indignación.

La experiencia en Sol no sólo dio a Óscar una nueva visión sobre la posibilidad de un cambio social y la sorpresa de sentirse apoyado por tantos ciudadanos que mostraban su acuerdo con los acampados, sino que le mostró la dificultad por llegar a acuerdos y pensar en colectivo.

Óscar Rivas (Madrid, 1972) estudió sonido y ha trabajado en el ámbito de la producción musical y en RNE. Ha desarrollado varios proyectos relacionados con el mundo de la comunicación, entre ellos la creación de RESER Escuela de Comunicación. Trabaja como freelance en proyectos de comunicación, además de impartir clases de radio.

La Eurocámara aprueba la creación de regiones intermedias que incluye a Murcia

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo aprobó hoy la creación de una categoría de regiones intermedias que podrán seguir beneficiándose de los fondos europeos pese a superar el objetivo de convergencia, entre las que se incluye a la de Murcia.

Los eurodiputados aprobaron la propuesta de la Comisión Europea con 506 votos a favor, 48 en contra y 101 abstenciones durante el pleno que se celebra en Estrasburgo (Francia).

La Comisión Europea (CE) ha propuesto destinar 39.000 millones de euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de "transición", es decir, aquellas que no serán consideradas objetivo prioritario pero cuya renta esté aún lejos de la media comunitaria.

En concreto, el informe del diputado alemán Markus Pieper (Partido Popular Europeo) apoya la iniciativa de la CE de crear esta categoría intermedia para las regiones cuyo Producto Interior Bruto (PIB) pero cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % de la media de la Unión Europea (UE).

Las regiones con un PIB inferior al 75 % se benefician de las ayudas de convergencia destinadas a las más pobres de la UE.

Los territorios que entran en la nueva clase seguirán recibiendo fondos, aunque menos que cuando formaban parte del objetivo de convergencia.

La propuesta beneficiará también a otras regiones de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Grecia, Francia, Portugal, Finlandia, Austria, Polonia, Italia y de Malta.

El pleno del PE pidió además incrementar al 7 % el porcentaje de los Fondos Estructurales comunitarios dedicados a financiar las redes transeuropeas de transporte y energía, así como a las infraestructuras transfronterizas.

Los eurodiputados propusieron además que los fondos se destinen a "lograr resultados en un número limitado de prioridades", a fin de centrar los programas en reforzar el empleo y la competitividad de las regiones.

La Eurocámara pidió también que la Comisión Europea reduzca los trámites administrativos, que actualmente impiden a pequeñas y organizaciones de pequeño tamaño beneficiarse de los fondos.

El PE abogó también por simplificar y hacer más eficaz el sistema de control que garantiza el buen uso de los fondos europeos.

Tras la decisión de hoy, la Comisión debe presentar un paquete de propuestas legislativas (que está previsto inicialmente para finales de septiembre) y que incluya un reglamento general y reglamentos específicos para el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional y la cooperación territorial

A finales de este año, la CE presentará también otra propuesta sobre un nuevo marco estratégico común para todos los fondos europeos.

Desde Cataluña se cuestionan las infraestructuras innecesarias

BARCELONA.- La Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem), afín a CDC, han destacado que la decisión de Renfe de cerrar la línea de AVE que conecta Toledo, Cuenca y Albacete por falta de demanda representa "un escándalo mayúsculo que debería llevar a los tribunales a los responsables de un despropósito como este".

Y es que lamentan las "graves disfunciones" del sistema centralista de infraestructuras planificado por el Estado, y consideran que el ejemplo del AVE es el más evidente de todos.

Sin embargo, han apreciado otros casos "escandalosos" como el del aeropuerto de Castellón, donde aún no ha aterrizado ningún avión.

Critican así que el modelo español no haya apostado por un equilibrio entre sus territorios en el ámbito de las infraestructuras: "¿El criterio de equilibrio territorial es el que rige la construcción de una línea de alta velocidad para que pase un tren con una media de 15 personas al día? ¿O es que no es una aberración impulsar un aeropuerto sin aviones?"

De otro lado, han puesto en duda este lunes la viabilidad de los aeropuertos de Girona, Reus y Alguaire con la gestión pública actual, por lo que ha apostado por la entrada de capital privado en dichos aeropuertos catalanes.

En su último editorial apuestan por reformular la colaboración público-privada para garantizar el Estado del Bienestar y algunas de las infraestructuras que se aguantan actualmente con la ayuda de la administración, como los aeropuertos de Girona, Reus y Alguaire.

Sostienen que la armonización y reformulación de estos conceptos será la clave en muchos ámbitos, lo que debería implicar cambios legislativos importantes, hasta con efectos constitucionales, y un redimensionamiento del Estado y de sus estructuras politicoadministrativas.

"Hay que instar a los gobiernos a replantearse según que. Y es que creer que determinadas iniciativas sólo se pueden sostener con grandes inyecciones de dinero público es un error", aseguran en el artículo, a raíz de la amenaza de Ryanair de abandonar los aeropuertos catalanes.

Según la CatDem, la compañía aérea irlandesa hace "chantaje al Govern porque puede" ya que es consciente de que, si deja de operar en los aeropuertos catalanes, éstos perderían gran parte de su tráfico aéreo y quedarían prácticamente vacíos.

"Girona, Reus y Alguaire son infraestructuras inadecuadas para un país tan pequeño. El sueño del crecimiento exponencial nos hizo creer que todo era posible y hoy ya sabemos que esto no es cierto", señalan en el artículo.

Esclavos en Europa / Ignacio Ramonet

Dos siglos después de la abolición de la esclavitud, regresa una práctica abominable: la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 12,3 millones de personas en el mundo se ven sometidas, por redes ligadas a la criminalidad internacional, a la explotación de su fuerza de trabajo en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas.

Tratándose de mujeres, la mayoría son víctimas de explotación sexual mientras muchas otras son específicamente explotadas en el servicio doméstico. También se da el caso de personas jóvenes y en buen estado de salud que, bajo diversos engaños, son privadas de su libertad con el fin de que partes de sus cuerpos alimenten el tráfico ilegal de órganos humanos.

Pero la trata se está extendiendo cada vez más a la captura de personas que sufren explotación de su fuerza de trabajo en sectores de la producción muy necesitados de mano de obra barata como la hostelería, la restauración, la agricultura y la construcción.

A ese tema preciso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dedicó en Viena, los días 20 y 21 de junio pasado, una Conferencia internacional con la participación de autoridades políticas, organismos internacionales, ONGs y reconocidos expertos (1).

Aunque el fenómeno es mundial, varios especialistas subrayaron que la plaga del trabajo esclavo está aumentando imparablemente en el seno mismo de la Unión Europea. El número de casos revelados por la prensa, cada vez más numerosos, sólo constituyen la punta del iceberg. Las organizaciones sindicales y las ONGs estiman que hay en Europa centenares de miles de trabajadores sometidos a la execración de la esclavitud (2).

En España, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido y en otros países de la UE, numerosos migrantes extranjeros, atraídos por el espejismo europeo, se ven atrapados en las redes de mafias que les obligan a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud de antaño. Un informe de la OIT reveló que, al sur de Nápoles, por ejemplo, unos 1.200 braceros extracomunitarios trabajaban 12 horas diarias en invernaderos y otras instalaciones agrícolas sin contrato de trabajo y por sueldos miserables. Vivían confinados en condiciones propias de un campo de concentración, vigilados militarmente por milicias privadas.

Este “campo de trabajo” no es el único en Europa. Se ha descubierto, por ejemplo, en otra región italiana, a centenares de migrantes polacos explotados del mismo modo, a veces hasta la muerte, esencialmente para la recogida de tomates. Se les había confiscado su documentación. Sobrevivían subalimentados en una clandestinidad total. Sus “propietarios” les maltrataban hasta el punto de que varios de ellos perdieron la vida por agotamiento, o por los golpes recibidos, o empujados al suicidio por desesperación.

Esta situación concierne a miles y miles de inmigrantes sin papeles, víctimas de negreros modernos en los más diversos países europeos. Según varios sindicatos, el trabajo clandestino en el sector agrícola representa casi el 20% del conjunto de la actividad (3).

En esta expansión de la trata de trabajadores esclavos, el modelo económico dominante tiene una gran responsabilidad. En efecto, la globalización neoliberal –que se ha impuesto en los tres últimos decenios gracias a terapias de choque con efectos devastadores para las categorías más frágiles de la población– supone un coste social exorbitante. Se ha establecido una competición feroz entre el capital y el trabajo. En nombre del libre-cambio, los grandes grupos multinacionales fabrican y venden en el mundo entero. Con una particularidad: producen en las regiones donde la mano de obra es más barata, y venden en las zonas donde el nivel de vida es más alto. De ese modo, el nuevo capitalismo erige la competitividad en principal fuerza motriz, y establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.

Las empresas multinacionales, al deslocalizar sus centros de producción a escala mundial, ponen en competencia a los asalariados de todo el planeta. Con un objetivo: minimizar los costes de producción y abaratar los salarios. En el seno la Unión Europea, eso desestabiliza el mercado del trabajo, deteriora las condiciones laborales y hace más frágiles los sueldos.

La globalización, que ofrece tan formidables oportunidades a unos cuantos, se resume para la mayoría de los demás, en Europa, a una competencia sin límites y sin escrúpulos entre los asalariados europeos, pequeños empresarios, y modestos agricultores, y sus equivalentes mal pagados y explotados del otro lado del mundo. De ese modo se organiza, a escala planetaria, el dumping social.

En términos de empleo, el balance es desastroso. Por ejemplo, en Francia, en los dos últimos decenios, ese dumping causó la destrucción de más de dos millones de empleos únicamente en el sector industrial. Sin hablar de las presiones ejercidas sobre todos los salarios.

En semejante contexto de desleal competencia, algunos sectores en Europa, en los que existe una carencia crónica de mano de obra, tienen tendencia a utilizar a trabajadores ilegales. Lo cual estimula la importación de migrantes sin papeles, introducidos en el seno de la UE por traficantes clandestinos que en muchos casos les obligan al trabajo esclavo. Numerosos informes evocan claramente la “venta” de braceros agrícolas migrantes.

En el sector de la construcción, muchos trabajadores jóvenes extracomunitarios, sin papeles, se hallan bajo el control de bandas especializadas en la trata de personas, y “alquilados” a empresas alemanas, italianas, británicas o griegas. Estos trabajadores esclavos se ven forzados por las bandas que los explotan a pagar sus gastos de viaje, de alimentación y de alojamiento cuyo total es en general superior a lo que ganan. De tal modo que pronto, mediante el sistema de la deuda, pasan a “pertenecer” a sus explotadores (4).

A pesar del arsenal jurídico internacional que sanciona esos crímenes, y aunque se multipliquen las declaraciones públicas de altos responsables que condenan esa plaga, hay que reconocer que la voluntad política de poner fin a esa pesadilla resulta más bien débil. En realidad, las patronales de la industria y de la construcción  y los grandes exportadores agrícolas influyen en permanencia sobre los poderes públicos para que hagan la vista gorda sobre las redes de importación de migrantes ilegales.  

Los trabajadores sin papeles constituyen una mano de obra abundante, dócil y barata, una reserva casi inagotable cuya presencia en el mercado del trabajo europeo contribuye a calmar los ardores reivindicativos de los asalariados y de los sindicatos.

Los partidarios de una inmigración masiva siempre han sido las patronales. Y siempre por el mismo motivo: abaratar los sueldos. Los informes de la Comisión Europea y de Business Europe (la patronal europea), desde hace decenios, reclaman siempre más inmigración. Los patronos saben que cuanto mayor sea la oferta de mano de obra, más bajos serán los salarios.

Por eso ya no sólo los negreros modernos explotan a los trabajadores esclavos; ahora se está desarrollando una suerte de “trata legal”. 

Véase, por ejemplo, lo que sucedió en febrero pasado en Italia, en el sector de la industria del automóvil. El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. Enfrentados a la perspectiva del paro y aterrorizados por las condiciones existentes en Europa del Este donde los obreros están dispuestos a trabajar sábados y domingos por salarios miserables, el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación...

En Europa, muchos patronos sueñan, en el marco de la crisis y de las brutales políticas de ajuste, de establecer esa misma “trata legal”, una especie de esclavitud moderna. Gracias a las facilidades que ofrece la globalización neoliberal, amenazan a sus asalariados con ponerlos en competencia salvaje con la mano de obra barata de países lejanos.

Si se quiere evitar esa nociva regresión social, hay que empezar por cuestionar el funcionamiento actual de la globalización. Es hora de comenzar a desglobalizar.

(1) Bajo el título: "Preventing Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation: Decent Work and Social Justice", la Conferencia fue organizada por la Representante especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de seres humanos, Maria Grazia Giammarinaro, y su equipo, en el marco de la Alianza contra la trata de personas.
(2) Léase el informe: Combating trafficking as modern-day slavery: a matter of rights, freedom and security, 2010 Annual Report, OSCE, Viena, 9 de diciembre de 2010.
(3) Léase el informe: The Cost of coercion, OIT, Ginebra, 2009.
(4) Cf. No trabajar solos. Sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa, Confederación sindical internacional, Bruselas, febrero de 2011.

José Manuel Naredo, economista y estadístico: "La burbuja devoró los ahorros del país"

PALMA DE MALLORCA.- José Manuel Naredo (1942), economista y estadístico, fue uno de los primeros investigadores en hablar en España de 'economía ecológica'. En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el  ́Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español ́. Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro.

—¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?␣
—No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria.
La finalidad del libro ́El modelo inmobiliario español ́ es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.

—¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?␣
—Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores.
Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.
 

—Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.␣
—La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado.
Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.
 

—¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?␣
—Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.
 

—Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas.␣

—Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la ́Operación Chamartín ́ en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria -del Grupo BBVA-, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia.

—¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?␣
—Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social.

—Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?␣
—Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas.
No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación.
Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.

El ex alcalde de Águilas, Juan Ramírez, es lo que parecía ser

MURCIA.-  Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía revela que el exalcalde de Águilas, Juan Ramírez, envió 18.000 euros a las Islas Caimán. El documento forma parte de las diligencias judiciales sobre presunta corrupción urbanística en La Zerrichera, y se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre este sumario. En el informe, la Policía indica que el envío de esa suma se efectuó el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía. 

El informe, que se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre estas diligencias, indica que el envío de esa suma se efectuó a través de Cajamurcia el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía.

Los agentes aclaran que esta transacción no puede relacionarse con la modificación puntual del paraje de La Zerrichera que promovió Ramírez desde la Alcaldía con posterioridad, «pero es preciso recordar que la utilización de paraísos fiscales, en conjunción con el manejo de capitales cuyo origen no es posible establecer en la economía legal, es indicio de blanqueo de capitales», destacan.

El envío de los 18.000 euros «consistió en una operación por compra de valores representativos de empréstitos emitidos por no residentes a un plazo superior a un año y negociables en Bolsa o mercados organizados», explica el informe. 

La Policía recuerda que «las Islas Caimán son consideradas, por su escasa o nula colaboración en blanqueo de capitales, paraíso fiscal, y la conceptuación argumentada por el causante en relación a la operación es de difícil comprobación».

Para los agentes, la personalidad de Ramírez «no invita a que se le relacione con ese prototipo de operación financiera asimilada al concepto argumentado, según el cual invirtió mediante instituciones financieras radicadas en paraísos fiscales en valores negociables internacionales».

La Policía cree que el exalcalde ha utilizado en muchas de sus operaciones «sociedades instrumentales y testaferros, quienes figurarían como titulares de una serie de bienes o derechos cuya adquisición estaría financiada toda o en parte con capitales de origen ilícito». 

Patrimonio familiar

Esta estrategia, señala el informe policial, tendría como finalidad dificultar la identificación de hechos presuntamente delictivos. Aunque los autores del informe aconsejan la realizaciones de posteriores comprobaciones para precisar lo que en el estado de las investigaciones aparece solo como indicio, se afirma que la posición de testaferro estaría asumida por los familiares más cercanos de Ramírez, entre ellos, su esposa y sus hijos. 

Al analizar el patrimonio de la familia, la Brigada de Blanqueo de Capitales señala que «el aumento experimentado por personas afines en primer grado de consanguinidad con Juan Ramírez es apreciable desde que éste ejerce la función pública que le es propia». 

Llama la atención a la Policía de manera especial que ninguna de las tres compraventas efectuadas por una hija «sea financiada acudiendo a la captación de recursos ajenos formalizada mediante préstamo hipotecario o similar, sino que las transmisiones se formulan como precio confesado recibido con anterioridad».
En estas mismas actuaciones judiciales que se tramitan en un juzgado de Instrucción de Murcia por un presunto delito de cohecho figuran también como imputados el que fuera delegado del Gobierno en Murcia y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco Marqués y el promotor inmobiliario Trinitario Abadía.
El delito se habría cometido por las actuaciones inmobiliarias desarrolladas con la reconversión urbanística de esta finca, sobre la que se promovía una macrourbanización, pese a que parte de la misma se encuentra en una zona de especial protección. 

Las pesquisas de la Brigada de Blanqueo de Capitales forman parte del sumario sobre La Zerrichera por un presunto delito de cohecho.