MURCIA.- Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía revela que el exalcalde de Águilas, Juan Ramírez, envió 18.000 euros a las Islas Caimán. El documento forma parte de las diligencias judiciales sobre presunta corrupción urbanística en La Zerrichera, y se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre este sumario. En el informe, la Policía indica que el envío de esa suma se efectuó el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía.
El informe, que se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre estas diligencias, indica que el envío de esa suma se efectuó a través de Cajamurcia el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía.
El informe, que se ha conocido al levantarse el secreto que pesaba sobre estas diligencias, indica que el envío de esa suma se efectuó a través de Cajamurcia el 10 de diciembre de 2000, al año siguiente de llegar a la Alcaldía.
Los agentes aclaran que esta transacción no puede relacionarse con la modificación puntual del paraje de La Zerrichera que promovió Ramírez desde la Alcaldía con posterioridad, «pero es preciso recordar que la utilización de paraísos fiscales, en conjunción con el manejo de capitales cuyo origen no es posible establecer en la economía legal, es indicio de blanqueo de capitales», destacan.
El envío de los 18.000 euros «consistió en una operación por compra de valores representativos de empréstitos emitidos por no residentes a un plazo superior a un año y negociables en Bolsa o mercados organizados», explica el informe.
La Policía recuerda que «las Islas Caimán son consideradas, por su escasa o nula colaboración en blanqueo de capitales, paraíso fiscal, y la conceptuación argumentada por el causante en relación a la operación es de difícil comprobación».
Para los agentes, la personalidad de Ramírez «no invita a que se le relacione con ese prototipo de operación financiera asimilada al concepto argumentado, según el cual invirtió mediante instituciones financieras radicadas en paraísos fiscales en valores negociables internacionales».
La Policía cree que el exalcalde ha utilizado en muchas de sus operaciones «sociedades instrumentales y testaferros, quienes figurarían como titulares de una serie de bienes o derechos cuya adquisición estaría financiada toda o en parte con capitales de origen ilícito».
Patrimonio familiar
Esta estrategia, señala el informe policial, tendría como finalidad dificultar la identificación de hechos presuntamente delictivos. Aunque los autores del informe aconsejan la realizaciones de posteriores comprobaciones para precisar lo que en el estado de las investigaciones aparece solo como indicio, se afirma que la posición de testaferro estaría asumida por los familiares más cercanos de Ramírez, entre ellos, su esposa y sus hijos.
Al analizar el patrimonio de la familia, la Brigada de Blanqueo de Capitales señala que «el aumento experimentado por personas afines en primer grado de consanguinidad con Juan Ramírez es apreciable desde que éste ejerce la función pública que le es propia».
Llama la atención a la Policía de manera especial que ninguna de las tres compraventas efectuadas por una hija «sea financiada acudiendo a la captación de recursos ajenos formalizada mediante préstamo hipotecario o similar, sino que las transmisiones se formulan como precio confesado recibido con anterioridad».
En estas mismas actuaciones judiciales que se tramitan en un juzgado de Instrucción de Murcia por un presunto delito de cohecho figuran también como imputados el que fuera delegado del Gobierno en Murcia y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco Marqués y el promotor inmobiliario Trinitario Abadía.
El delito se habría cometido por las actuaciones inmobiliarias desarrolladas con la reconversión urbanística de esta finca, sobre la que se promovía una macrourbanización, pese a que parte de la misma se encuentra en una zona de especial protección.
En estas mismas actuaciones judiciales que se tramitan en un juzgado de Instrucción de Murcia por un presunto delito de cohecho figuran también como imputados el que fuera delegado del Gobierno en Murcia y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, Francisco Marqués y el promotor inmobiliario Trinitario Abadía.
El delito se habría cometido por las actuaciones inmobiliarias desarrolladas con la reconversión urbanística de esta finca, sobre la que se promovía una macrourbanización, pese a que parte de la misma se encuentra en una zona de especial protección.
Las pesquisas de la Brigada de Blanqueo de Capitales forman parte del sumario sobre La Zerrichera por un presunto delito de cohecho.
