Intelectuales y artistas piden "reconstruir la izquierda"

MADRID.-  “Nosotros estamos convencidos de la necesidad de reconstruir el presente de la izquierda. ¿Y tú?”. La pregunta cierra un manifiesto de apenas folio y medio, sencillo en las formas pero rotundo en el fondo: ante la bofetada recibida por el PSOE el 22-M, el empuje del PP y la insuficiencia de la izquierda alternativa actual, hace falta encender la chispa de la “ilusión”, según 'Público'.

Esa es precisamente la idea motriz del texto, titulado Una ilusión compartida, [verlo íntegro aquí]. Un manifiesto que promueven y suscriben una veintena de conocidos juristas, artistas, periodistas e intelectuales –entre ellos, Baltasar Garzón, Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, Almudena Grandes, Luis García Montero o Pilar Bardem– para ayudar a construir una plataforma “en la que confluyan las distintas sensibilidades existentes en la izquierda” y "encontrar el consenso necesario para crear una ilusión compartida". 

El llamamiento será presentado en los próximos días en Madrid. El texto arranca con un guiño al 15-M: “El descrédito de la política y las quejas asiduas sobre la corrupción de la vida democrática no pueden dejar indiferentes a las conciencias progresistas”. Son muchos los “indefensos” ante una crisis económica, social e institucional en la que los mercados “imponen el desmantelamiento del Estado del bienestar”, y ante la que el Gobierno, creen los promotores, sólo ha aplicado una receta, “aceptar las presiones antisociales y degradar los derechos públicos y las condiciones laborales”.

El manifiesto pinta un panorama desolador: un PSOE castigado en las urnas y una izquierda alternativa, cuyo máximo reflejo es IU, que se halla “falta de horizonte” y que “no ha llegado a recoger el voto ofendido por las medidas neoliberales y las deficiencias de una democracia imperfecta”. Pero “no es momento de perder la ilusión”, porque "la calle y las redes sociales se han puesto de pronto a hablar en alto de política para demostrar su rebeldía". 

Es la hora, dice el texto, de aprovechar la “energía cívica” que ha llenado las calles y que clama por mejores condiciones laborales, defensa de los servicios públicos, una economía sostenible y una profunda regeneración democrática para liquidar la corrupción, devolver a la política su “honradez, legitimidad y transparencia”, activar mecanismos de mayor participación y "sumar en una ilusión común los ideales solidarios de la izquierda democrática y social.

“Todo es posible”

El manifiesto exige acción ciudadana para "transformar el envejecido mapa electoral bipartidista", movilización como la que se encendió con el 15-M y antes contra la permanencia en la OTAN y la guerra de Irak. “Se necesita el apoyo y el esfuerzo de todos, porque nada está escrito y todo es posible”, porque “el mundo lo cambian” quienes no se acomodan, repudian la “injusticia” y “pelean dando sentido a la ilusión”. “La memoria de la emancipación humana exige una mirada honesta hacia los valores y el futuro”, proclama el texto.

De los firmantes, destaca la presencia del juez Garzón, autor de “Indignadanos”, artículo de opinión publicado en este diario el pasado 19 de junio y que también llamaba a cambiar “muchas cosas” a partir de “experiencias muy distintas y expresiones coincidentes de rebeldía y protesta, responsabilidad y compromiso”.

También suscriben el manifiesto intelectuales que en la campaña de las generales de 2008 apoyaron al candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero (Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina o Miguel Ríos, los artistas de la zeja) o bien a IU (Almudena Grandes, Luis García Montero o Pilar Bardem). 

La propuesta del llamamiento corre paralelo con el planteamiento de "frentes amplios" de la izquierda defendido por el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, y que de momento ha sido aparcado por la dirección federal de Cayo Lara, cuya prioridad es articular una "convocatoria social" para la elaboración del programa de las próximas elecciones generales.  

Primeras firmas de adhesión al manifiesto

"Una ilusión compartida"

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional

José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo. 

Pedro Almodóvar, director de cine.

Joaquín Sabina, cantante. 

Miguel Ríos, cantante. 

Pilar Bardem, actriz. 

Almudena Grandes, escritora.

Luis García Montero, escritor. 

Juan José Millás, escritor y periodista. 

Eduardo Mendicutti, escritor y periodista. 

Manuel Rivas, periodista y escritor. 

Ignacio Ramonet, director de la edición española de Le Monde Diplomatique. 

Carlos Berzosa, exrector de la Universidad Complutense de Madrid.

Juan Diego, actor. 

Isaac Rosa, escritor. 

Rosa María Artal, periodista y escritora. 

Ismael Serrano, cantautor. 

José Carlos Plaza, director de teatro. 

Juan Ramón Capella, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona. 

Francisco Fernández Buey, catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat Pompeu Fabra. 

Lourdes Lucía, activista de ATTAC. 

Ricardo Zaldívar, activista de ATTAC. 

El Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de los recursos de la SEPI por parte del último Gobierno de Aznar

MADRID.- El Tribunal de Cuentas pone en cuestión la gestión de los recursos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la última etapa de Gobierno de José María Aznar, que en algunos casos llegaron a destinarse a hacer frente a compromisos de la Administración General del Estado y a otorgar financiación a entidades "que no tienen carácter de públicas".

   Las críticas se recogen en las recomendaciones finales del informe de fiscalización sobre las "Principales aplicaciones de recursos realizadas por SEPI en el periodo 2001-2004",  y que el presidente del organismo, Manuel Núñez, llevará a la Comisión Mixta de las Cortes para las relaciones con el Tribunal, que este miércoles se reúne en el Congreso.

   En este documento, el máximo órgano fiscalizador plantea que las funciones de la SEPI se limitan a cancelar a su vencimiento las obligaciones del Instituto Nacional de Industria (INI) y todas aquellas que asuma en el ejercicio de su actividad, pero no las de la Administración, como ocurrió con la privatización de Santa Bárbara y el traspaso de los títulos de Minas del Almadén y Arrayanes.

   Asimismo, reclama que las aportaciones para reintegros patrimoniales que lleve a cabo SEPI en sociedades participadas se circunscriban a las pérdidas que éstas puedan acumular, formalizándose las demás aportaciones de capital mediante ampliaciones de capital, tal y como establece la Ley de Sociedades Anónimas.

   El organismo que presiden Manuel Núñez también recomienda que los valores de traspaso de las participaciones accionariales de SEPI se actualicen antes de llevarse a cabo dicha trasmisión, cuando el valor neto contable de los títulos sea inferior a su valor de adquisición.

   Por otro lado, llama la atención sobre la gestión de los excedentes de tesorería, que debería ser objeto de una regulación destinada a garantizar la obtención de los mayores rendimientos de los recursos financieros disponibles, limitando el porcentaje de inversión en deuda privada y, sobre todo, su plazo máximo de colocación.

   Por último, aboga por que se determine "de una manera clara" el concepto de "sociedad participada", a fin de evitar que la SEPI, que carece de habilitación legal para operar como entidad financiera, otorgue créditos a sociedades que no tienen el carácter de públicas.

El presidente del Consejo Consultivo para las reprivatizaciones era a la sazón el diputado del PP por Murcia, el catedrático Luis Gámir.

Huermur recurre contra la aprobación de una urbanización de 1.200 viviendas a los pies del Santuario de La Fuensanta

MURCIA.- Huermur, la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, después de haber encargado un estudio sobre el Plan Parcial ZB-Az1-2, y ante los resultados que se han obtenido, ha presentado un recurso ante el Ayuntamiento de Murcia, solicitando al alcalde que, debido a las graves deficiencias y numerosos incumplimientos que posiblemente contiene el Plan Parcial, anule esta actuación que, de llevarse a cabo, destruiría una de las últimas ventanas visuales que permiten contemplar la transición del espacio forestal del monte de la Fuensanta hacia la Huerta de Murcia.

La zona natural que se destruiría se encuentra a menos de 500 metros del límite del Parque Regional de Carrascoy y el Valle, y es parte del hábitat disponible para la caza de algunas especies de rapaces que nidifican a poca distancia, como son el Halcón Peregrino, el Águila Perdicera, el Búho Real y el Águila Real que se verán afectadas, ya que estas aves tienen una zona de campeo donde cazan a sus presas justo en el espacio donde se pretende urbanizar.

Según los planos del Plan Parcial, esta nueva urbanización está formada por 33 edificios de carácter privado con hasta cinco plantas de altura, a los que se suman los dos únicos edificios públicos que habrá en toda la urbanización.

Afirma Huermur que los valores paisajísticos y etnográficos del entorno donde se ubica el proyecto urbanístico son notables, y que estos afectan directamente al entorno del Santuario de la Fuensanta y del Parque Regional, disminuyendo en gran medida la calidad visual de esta zona del municipio de Murcia, y que no se puede pedir al pueblo murciano que renuncie a todo ello a cambio de la obtención de dos simples edificios para el uso público.

Además de todo lo anterior, según la asociación Huermur, la tramitación de este Plan Parcial no se ajusta a lo establecido en la Ley del Suelo Regional, ya que se trata de un Plan Parcial que nunca ha tenido una aprobación inicial con su debida publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con un plazo para su exposición pública y la posibilidad de presentación de alegaciones.

Denuncia Huermur que desde el Ayuntamiento se pretende que la aprobación inicial de una Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, que nunca fue aprobada definitivamente, sustituya a la aprobación inicial del este Plan Parcial. Esta maniobra municipal, que posiblemente es ilegal, posibilitaría llevar a cabo esta urbanización sin que haya existido la participación pública a la que los ciudadanos tienen derecho, y sin los obligados informes de los organismos oficiales y de otras administraciones afectadas.

Desde Huermur se solicita que desde la nueva Corporación Municipal se tenga el valor de enfrentarse a la desastrosa y caótica situación urbanística del municipio, y que no se continué con el urbanismo de esperpento y pandereta que se ha venido practicando en estos últimos años.

Así mismo, se insiste desde la asociación en el hecho indiscutible de que la única solución para el municipio de Murcia es la suspensión de todas las actuaciones urbanísticas y una revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, ya que este ha quedado obsoleto y es incapaz de dar respuesta a la nueva situación económica y social a la que nos enfrentamos los murcianos.

Igualmente, Huermur anuncia que si el recurso presentado no es atendido por el Ayuntamiento de Murcia, aclarando las sospechas existentes sobre este Plan Parcial en Algezares y ofreciendo una respuesta ajustada a lo establecido en la Ley del Suelo, continuará por la vía judicial defendiendo este paraje único, enormemente vinculado a las tradiciones e historia del pueblo de Murcia y que pretende destruirse por el interés de unos pocos. 

IU considera un "error" la desaparición de la comisión de Urbanismo

La concejala de IU en Murcia Esther Herguedas ha considerado hoy un "error" la desaparición de la comisión de Urbanismo porque supone, en su opinión, "un menor conocimiento de los asuntos urbanísticos, que no van a ser abordados en profundidad".
   Para Herguedas, el hecho de que los temas que abordaba esta comisión se traten a partir de ahora en otra que aglutina otros asuntos "complejos" como hacienda y contratación, conlleva "una falta de operatividad", ya que impedirá tratar "a fondo" todo lo que afecta al Urbanismo.
   Además, "esto supondrá una dificultad añadida, porque IU ha realizado un reparto equilibrado de funciones entre los dos concejales que en modo alguno puede corresponderse con la distribución de las competencias de las dos comisiones de Pleno", ha concluido.

Valcárcel adopta un perfil bajo en su quinta toma de posesión... y va para 20 años

MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha jurado hoy su cargo en un acto celebrado con asistencia del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, donde subrayó que "servir a la Región de Murcia es uno de los más altos privilegios y un auténtico regalo que te hace la vida". No obstante, el presidente electo ha adoptado un perfil más bien bajo en su quinta toma de posesión.

   Y es que aseguró el jefe del Ejecutivo regional, "hay un millón y medio de razones, que son personas, por las que merece la pena seguir luchando con compromiso e ilusión", y agradeció a todos los murcianos la confianza que "han depositado en el Partido Popular y en el Gobierno que lo sustenta".

   Además, remarcó que, pese a que se inicia ahora su quinta legislatura, "nunca es una rutina y nunca falta la ilusión porque el compromiso se refuerza año tras año, día tras día y legislatura tras legislatura".

   "No son tiempos fáciles, pero la dificultad hace que nos superemos ante la misma. Son retos que nos motivan", destacó Valcárcel, tras jurar su cargo como presidente del Ejecutivo murciano.

   El presidente murciano destacó el "empeño, la ilusión, la motivación y el carácter de superación de todos cuantos componen el Gobierno regional, y que será el motor para levantar la Región".

   Arropado por su familia y las principales autoridades regionales, el presidente murciano manifestó que su gobierno está "capacitado", así, añadió, lo han demostrado los consejeros "a lo largo de su trayectoria profesional, además tienen una experiencia política", pues "no hay ni un sólo miembro del gobierno, incluido quien mañana se incorpora --Antonio Sevilla-- que no haya estado vinculado a la política desde responsabilidades diversas".

   En cualquier caso destacó "el empeño, la ilusión, la motivación y el carácter de superación de todos y cuantos componen el gobierno de la Región de Murcia".

   El presidente ha asegurado, asimismo, que se reunirá previsiblemente la próxima semana con los agentes sociales, "después de un paréntesis en donde a lo largo de medio año ha habido ausencia del deseado y deseable diálogo social".

   "Parece ser que será un acercamiento a ese inicio de conversaciones que nos lleven a los cauces del diálogo que desde el año 95 iniciamos en una región que estaba huérfana de diálogo social y donde las diferentes administraciones estaban absolutamente enfrentadas en sus posiciones a los agentes sociales y sindicatos".

   En este sentido, indicó que abordará la necesidad de generar empleo y ver de qué manera "seguimos garantizando a toda costa esos servicios de la educación, sanidad y políticas sociales que generan y garantizan el estado de bienestar".

   Hay que hacer más con menos, advirtió Valcárcel, "y todo el mundo deberá entender que así hay que hacerlo, y eso significa recortar un gasto que carezca de lo que podamos entender ese carácter social, por lo que tendrá que ser objeto de eliminación o por lo menos, de aparcarlo hasta mejores momentos".

   Preguntado por un futuro encuentro con los partidos de oposición, Valcárcel indicó que "vamos a empezar la semana que viene y luego seguir trabajando en función de lo que vayamos construyendo con el resto de asociaciones, instituciones y formaciones políticas". Pero lo normal, apostilló, "es que establezcamos una primera toma de contacto con los agentes sociales y a partir de ahí definir unas líneas de trabajo".

   "Lo que no podemos es pensar que vamos a meter en el salón de actos a 500 personas para intentar iniciar un proceso de diálogo de forma asamblearia", añadió, y es que "la buena cocina, a fuego lento, lo cual no significa que se inicien este tipo de reuniones, incluso antes del periodo vacacional, pero las cosas hay que hacerlas de manera ordenada, metódica, porque eso garantiza el menor de los fracasos y aspiro a que garantice además el mayor de los éxitos".

   Por otra lado, a preguntas de los medios, matizó que existen determinadas competencias, entre otras Función Pública, que serán objeto de análisis y cambio de ubicación, probablemente en este caso para pasar de Presidencia a la Consejería de Economía y Hacienda, "es una opción", remarcó.

   Al acto, que fue calificado de "sencillo" por el propio presidente regional, algo que, según dijo, "no es incompatible con la solemnidad que encierra en sí mismo", asistió el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y las primeras autoridades de la Región de Murcia.

   Al hilo, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, destacó la sencillez del acto que caracteriza la austeridad que está llevando a cabo el Gobierno regional, que "huye de pompas y se dedica trabajar para los que le han votado y para los que no", en definitiva para el millón y medio de murcianos que viven en la Región.

   Por su parte, la socialista Begoña García Retegui ha subrayado la necesidad de "dar una mayor agilidad al tema de Lorca, porque necesitamos aclarar y concretar diferentes aspectos", al tiempo que indicó la importancia de un encuentro con los grupos de la oposición, sindicatos y empresarios porque "la Región está esperando la salida de la crisis económica sin perder derechos sociales y servicios públicos".

Valcárcel reconoce sus malas relaciones con el Ministerio de Economía

MURCIA.- El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, ha mantenido un breve encuentro con Ramón Luis Valcárcel antes de la toma de posesión del presidente murciano, donde han subrayado que "vienen tiempos difíciles, tenemos que ayudarnos y hacer las cosas bien porque Murcia y España lo necesitan".

   Jáuregui ha afirmado, en la misma línea que el jefe del Ejecutivo regional, que "comienza un tiempo muy complicado desde el punto de vista de la gestión gubernamental porque hay que hacer frente a una crisis que no ha terminado" y en ese sentido, el ministro le ha reiterado la colaboración y disposición del Gobierno central "a seguir trabajando juntos".

   Asimismo, han hablado sobre Lorca y su recuperación. A este punto el ministro ha manifestado que el Gobierno central "quiere seguir ayudando y colaborando con las urgencias y el día a día y nuestra presencia aquí viene a corroborar un acto de apoyo institucional y político a esta región tan importante de España".

   Al hilo, Valcárcel ha afirmado que las relaciones con el Gobierno de España "han mejorado" y que con el Ministerio de Economía "no han ido bien" ni para Murcia ni para el resto de autonomías "pues para una inmensa mayoría hay lógicas fricciones entre el gobierno central y autonómicos" y es que, señaló, "no está el horno para bollos".

   "Cuando hay abundancia decir sí es lo más fácil del mundo y cuando no la hay cuesta decir 'no'", apuntó Valcárcel, quien recordó que "la Región de Murcia no ha sido tratada en igualdad de condiciones como otras autonomías, con lo que las relaciones con el Ministerio de Economía no han sido todo lo fluidas que debieran de ser".

"Es perfectamente entendible", concluyó.

Consideran inaceptables las presiones del Presidente de la Autoridad Porturia, Adrián Angel Viudes

CARTAGENA.- Ecologistas en Acción considera inaceptables las medidas de presión de Adrián Ángel Viudes, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena(APC), enfocadas a la obligatoriedad de la construcción de la Terminal de Contenedores en El Gorguel, según Indymedia Sureste.

Además, "las constantes burlas y desprecios de Viudes hacia las voces contrarias a la Terminal de Contenedores en el Gorguel, son impropias de un cargo de su responsabilidad".

Ecologistas en Acción "considera inaceptables las medidas de presión con las que Adrián Ángel Viudes se aleja del debate técnico e intenta coaccionar a instituciones y a la opinión pública al ligar la construcción y desarrollo el muelle crucerístico en Santa Lucía con la construcción de la Terminal de Contenedores en El Gorguel, y sólo allí.

Queda patente, por enésima vez, el empeño personal de este alto cargo público en llevar a cabo sus megaproyectos en la ubicación que se le antoje, sin atender a criterios legales, ambientales, sociales y/o económicos. Esta irresponsable e irracional prepotencia ya le llevó en abril a confesar públicamente que incumplirá la legislación vigente, al manifestar que ”no se está buscando una ubicación alternativa al proyecto” ya que considera que sólo se puede llevar a cabo en El Gorguel".

El Presidente de la APC "se empeña con cada aparición pública en hacer ostentación de su bajo perfil democrático y su preocupante desconocimiento de la legislación vigente, que está obligado a aplicar y respetar, ya que en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), que ha de redactar la APC, es ineludible el incluir un "análisis exhaustivo de alternativas", tal como exige la ley, y así se lo recuerda el informe del Ministerio de Medio Ambiente respecto a los contenidos del ISA". 

Entre las diferentes alternativas a estudiar, los ecologistas consideran que debe contemplarse tanto la “Alternativa 0″, como la “Alternativa Valle de Escombreras”, esta última con el fin de maximizar el uso de la infraestructuras existentes parcialmente inacabadas, evitando así la duplicidad de usos e impactos.

Además, la asociación ambientalista recuerda que la Terminal de Contenedores no cuenta con ningún tipo de autorización hasta el momento. Es más, aun contando con el beneplácito del Ministerio de Fomento, éste ha eliminado recientemente la Terminal del Gorguel del mapa del Corredor Mediterráneo, apareciendo ahora únicamente el Puerto de Cartagena (como se solicitó desde el colectivo ecologista en tanto no existan los permisos pertinentes).

Advierten que este impactante megaproyecto, además de superar la legislación ambiental del Estado, también debe contar con el visto bueno de la Comisión Europea, "la cual ya le paró los pies a un descabellado proyecto de la APC con el que pretendía rellenar la dársena de Escombreras utilizando los estériles tóxicos de Portman".

Por otro lado, Ecologistas en Acción considera "inaceptable y antidemocrática la actitud de Viudes, que constantemente desprecia, se burla e insulta la inteligencia de los colectivos y personas, autorizadas y competentes (entre los que se encuentran técnicos de gran prestigio), que se oponen a su faraónico e impactante proyecto. Esto queda patente en diferentes declaraciones, como las recientes en las que insistía en afirmar que«las voces en contra son cuatro y pertenecen a gente que no sabe de lo que hablan o lo hace por motivos perversos». Declaraciones que rozan la difamación".

En este sentido, conviene mencionar que entre esas “/voces que no saben de lo que hablan/” se encuentra un equipo de especialistas las Universidades de Murcia y Cartagena, de sobrada solvencia y prestigio, que participaron junto con la Fundación Sierra Minera en la elaboración de un amplio informe técnico sobre las repercusiones ambientales, paisajísticas, geológicas y mineras que supondría la instalación de la Terminal de Contenedores proyectada en El Gorguel, por ser una zona de elevada biodiversidad, riqueza cultural y geológica, que cuenta además con varias figuras de protección a nivel regional, estatal y europeo. 

En todo caso, "quien debería demostrar su formación y conocimientos en materia de medio ambiente y patrimonio debería ser precisamente Viudes, ya que aparte de las despectivas declaraciones, no ha presentado argumentos técnicos a favor del proyecto, ni tan siquiera ha rebatido los que se le han presentado en contra".

Para terminar, Ecologistas en Acción ha lamentado que "desde las administraciones públicas y la clase política se siga insistiendo en un modelo agotado y que nos ha traído a esta crisis, con el perjuicio que supone perder recursos necesarios para el desarrollo sostenible de nuestra región, y el de las generaciones venideras".

El grupo Satocán respalda la impugnación de Carceller y Abelló contra Sacyr

MADRID.- El grupo Satocan ha suscrito también la demanda de impugnación que Demetrio Carceller y Juan Abelló han presentado contra el consejo de administración de Sacyr Vallehermoso del pasado 11 de mayo, el que acordó nombrar dos nuevos consejeros, uno en representación del presidente, Luis del Rivero, y otro del consejero delegado, Manuel Manrique, según informaron fuentes jurídicas.

Satocán, grupo constructor de la familia Jover, tiene una participación de alrededor del 3% en el capital social de Sacyr, sindicada con la de Carceller.

Así, los tres accionistas que han demandado a Sacyr Vallehermoso ante los tribunales suman una participación del 25,3% del capital social del grupo.

Carceller es el primer accionista de la compañía de construcción y servicios, con un 15,7% (incluyendo las acciones de Satocán), mientras que Abelló es cuarto máximo socio con un 9,6%, y además ocupa una de las tres vicepresidencias de la compañía.

Según explicaron las mismas fuentes jurídicas, Carceller, Abelló y Satocán presentaron el pasado 10 de junio una demanda de juicio ordinario contra Sacyr.

En su demanda, solicitan que se declare la nulidad del acuerdo del consejo de administración del 11 de mayo sobre la proposición de nombramiento de dos nuevos consejeros dominicales en el grupo, uno en nombre de Rimefor Nuevo Milenio (sociedad del murciano Luis del Rivero) y otro por Cymofag (Manuel Manrique).

La demanda se ha asignado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que está pendiente de que los demandantes subsanen algunos defectos de forma para dar curso al procedimiento, detallaron las mismas fuentes.

Los tres accionistas demandantes del grupo consideran "irregular, abusivo e injustificado" que los dos primeros ejecutivos de la compañía de construcción y servicios duplicaran su presencia en el consejo, y argumentan que el nombramiento no ha contado con el preceptivo informe de la comisión de nombramientos de Sacyr

De su lado, en la última junta de accionistas del grupo, en la que los demandantes votaron en contra de los nombramientos, el murciano Del Rivero y Manrique defendieron que sus puestos en el consejo tienen carácter ejecutivo, no dominical, y que por tanto creen necesario que sus "potentes inversiones en la empresa" tengan su correspondiente representación en el consejo. 

Del Rivero y Manrique cuentan con un 12,6% y un 6,2% del capital de Sacyr, respectivamente.

Zapatero pedirá en su último Debate "responsabilidad" a CCAA, Ayuntamientos y partidos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizará su último Debate del estado de la Nación para hacer un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" de partidos, comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales para "difícil tarea" de la recuperación económica y la creación "sostenida" de empleo, según avanzó él mismo el pasado viernes en rueda de prensa en Bruselas.

   Zapatero afronta su sexto y último debate como presidente del Gobierno en el peor de los escenarios desde 2004, con una economía en crisis, turbulencias de los mercados que están afectando a la deuda soberana española, arduas negociaciones parlamentarias para recabar apoyos y una reciente debacle electoral del PSOE en las municipales y autonómicas que ha dado alas al PP para seguir reclamando un adelanto electoral.

  "Mi Gobierno trabaja entre una desconfianza excesiva de los mercados y el lógico descontento de los ciudadanos. Trabajamos en ese camino y además con muy poco compromiso por parte de la oposición, pero son así las cosas y así hay que asumirlas", ha añadido.

   Con este panorama, el jefe del Ejecutivo quiere centrar su discurso inicial en "la situación económica, la estabilidad financiera y las reformas que están en marcha" y en ningún caso convertir su intervención en una suerte de discurso de despedida, según fuentes del Ejecutivo.

   Entre las reformas pendientes hay reglamentos de desarrollo de la reforma laboral, la mesa de contratación con empresarios y sindicatos y culminar la reforma financiera, junto a la tramitación en el Congreso de algunas reformas que están ya en la Cámara: negociación colectiva, pensiones y políticas activas de empleo. A todo ello se suman los compromisos adoptados en Bruselas en el llamado 'Pacto por el Euro plus'.

   Culminar las reformas es la tarea que se ha marcado Zapatero desde que anunció que no volverá a ser candidato a la Moncloa en 2012, y es también el motivo por el que, según ha expuesto una y otra vez, quiere agotar la legislatura. Según el Ejecutivo, adelantar las elecciones implicaría un parón en el proceso de reformas económicas que no sería bien visto por los mercados en estos momentos de inestabilidad.

   El Debate fijado para los días 28 y 29 de junio será el sexto y último 'duelo' entre Zapatero y el presidente del PP, Mariano Rajoy y  el último como coprotagonista de los nueve que acumulará Zapatero --debatió tres veces con José María Aznar cuando lideraba la oposición--.

   Eso deja a Zapatero menos margen para hacer anuncios de cara al futuro, como el 'cheque bebé' del Debate de 2007 o el fin de la deducción de impuestos por compra de vivienda en 2009. No obstante, lo cierto es que ya en el Debate de 2010 el jefe del Ejecutivo evitó anunciar medidas económicas y las dejó para los Presupuestos Generales del Estado, que se presentan en septiembre.

   Para este año, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya aseguró el pasado viernes que el Gobierno descarta nuevas subidas de impuestos ni nuevos recortes de sueldos a los funcionarios. En la cúpula del PSOE, mientras, hay quien asegura que Zapatero dará "alguna sorpresa", aunque sin precisar en qué ámbito.

   Zapatero sí podrá poner en valor dos proyectos de ley de corte progresista recién aprobados por el Consejo de Ministros: el de Igualdad de Trato y el llamado de Muerte Digna, a los que se sumará próximamente la Ley de Transparencia que llevaba prácticamente un año congelada.

   El Debate tendrá otra peculiaridad, y es que será la primera vez que el presidente del Gobierno estará acompañado por su ya anunciado sucesor en la candidatura, el vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba.

   Rajoy también era 'número dos' del Gobierno cuando Aznar afrontó su último debate en junio de 2003, pero aunque el presidente ya había desvelado que no volvería a presentarse Rajoy no fue designado sucesor hasta septiembre.

   No obstante, en el PSOE aseguran que Rubalcaba no tendrá ningún papel en este Debate, donde los actores son el presidente y los grupos parlamentarios. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, que se recupera de una fuerte cefalea que sufrió hace dos semanas, ha adelantado que él representará al PSOE si se siente bien pero que, en caso contrario, su papel lo asumirá alguien del grupo parlamentario, y "en ningún caso" Rubalcaba.

Moratinos no será secretario general de la FAO

ROMA.- El brasileño José Graziano Da Silva ha sido nombrado este domingo nuevo secretario general de Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) para el periodo de 2012 a 2015, durante la 37 Conferencia bienal de la Organización celebrada este domingo en Roma. 

   Da Silva ha vencido así al candidato español, Miguel Ángel Moratinos, que se ha quedado con 88 votos, para convertirse en el octavo secretario General en los 66 años de historia de la organización.

   Graziano Da Silva tomará posesión el próximo 1 de enero de 2012, cuando el actual secretario general, Jacques Didouf abandone el puesto.

   Los otros candidatos eran el austriaco Franz Fischler, el indonesio Indroyono Soesilo, el iraní Mohamad Said Noori Naeini y el iraquí Abdul Latif Rashid, que se retiraron en la primera votación.

    Tras la primera ronda, se ha dado la circunstancia de que la candidatura de Brasil ha pedido una recesión de media hora a la Presidencia de la Mesa  para reunirse con los 77 países no alineados, lo que ha provocado un manifiesto malestar entre las filas de la candidatura española. En este sentido, fuentes del Gobierno español a Europa Press, ésa recesión de media hora es "ilegal" porque la presidencia de la Asamblea "no puede permitir una suspensión de la reunión general durante una votación".

   Graziano Da Silva fue subdirector General de la FAO y Representante Regional para América Latina y el Caribe y cuenta con el apoyo principal del ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien le nombró ministro Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre.

   El nuevo secretario general es licenciado en Agronomía y Master en Economía y Sociología Rural por la Universidad San Pablo y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de Campinas. Además, Da Silva ha realizado dos post doctorados sobre Estudios Latinoamericanos y otro en Estudios Ambientales en la Universidad de California.

   Da Silva ha centrado su programa en cinco pilares que son "erradicar el hambre" y avanzar "en la meta de desarrollo del Milenio de reducirla a la mitad para el 2015", elevar la producción de alimentos e implementar algunas medidas que permitan el equilibrio "nuevo y sostenible" entre la producción y el consumo de alimentos, concluir el proceso de Reforma de la FAO y ampliar la cooperación entre los diferentes organismos de la organización.

Mañana, asamblea general de 'Democracia Real, ya' en La Glorieta

MURCIA.- La Asamblea General DRY-Murcia, ante los rápidos y contínuos movimientos y especulaciones que rodean a la plataforma, convoca una reunión para mañana lunes a las 20.30 horas en La Glorieta, demandada por muchas personas de los equipos de trabajo, según fuentes del Foro Ciudadano.

 

Orden del día

1º.- Información de los movimientos a nivel estatal por parte de la gente que está en grupos facebook estatales.
2º.- ¿DRY debe convocar huelga general?
3º.- ¿DRY debe asumir como propias, apoyar, o mantenerse al margen del referendum para el 15 de octubre?
4º - "Partido político Movimiento 15M"
5º - Otras cuestiones de interés
-Papper.Li
-Fricciones de acampada.
-Explicación de funcionamiento de los grupos de trabajo y rotación de coordinadores-portavoces.
-Dinámica del equipo de bienvenida y contactos con otros DRY locales de la Región de Murcia y con AcampadaMurcia.
-Otras propuestas.
-Ruegos y preguntas.

Día: Lunes 27
Hora: 20:30
Lugar: La Glorieta

Almunia exige a las autonomías contribuir con decisiones que reduzcan su déficit

BILBAO.- El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha calificado de "preocupante" que las Comunidades Autónomas no estén siendo capaces de controlar su déficit, y ha asegurado que éstas deben contribuir tomando medidas de forma autónoma.

"Tienen que contribuir y como son autónomas por definición, tienen que contribuir tomando ellas sus decisiones. No pueden esperar a que les impongan una decisión desde fuera porque ganaron su autonomía y la autonomía significa también responsabilidad", ha afirmado Almunia en una entrevista en Radio Euskadi.

En palabras de Almunia "no se puede exigir el mayor grado de autonomía, fiscal, financiera, presupuestaria, y luego decir, a mí nadie me puede decir nada y yo no tengo por qué hacer nada".

El vicepresidente de la Comisión Europea también se ha referido a las reformas que se están llevando a cabo en España, unas reformas que, según ha dicho, "se tenían que haber hecho hace mucho tiempo" porque "llevamos años, viendo que el mercado de trabajo español no funciona bien" o que el sistema de negociación colectiva no era "suficientemente eficiente".

Ha reconocido que tal vez no es el mejor momento, pero ha insistido en que "ya no se puede elegir".

Preguntado por si cree que serán suficientes las reformas acometidas, Almunia ha explicado que eso se tendrá que ir viendo con el tiempo pero ha dejado claro que "no podemos esperar a la siguiente crisis para preguntarnos por qué no lo hicimos".

"Si cuando todos los demás hayan salido de la crisis, aquí todavía sigue habiendo un 18-17% de paro tendremos que seguir preguntado por qué", ha añadido.

Finalmente se ha mostrado convencido de que el plan de ajuste griego "va a salir" aprobado en el Parlamento de ese país porque el gobierno tiene los votos suficientes, pero ha apelado a la responsabilidad de la oposición para apoyar esas medidas de ajuste.

Tomás Fuertes apoya al murciano Del Rivero en su pugna con el propietario de Estrella de Levante en Sacyr

MADRID.- La pugna empresarial por el poder en una de las principales constructoras de España, Sacyr Vallehermoso, que ha llenado páginas en la prensa económica del país en las últimas semanas, posee importantes ramificaciones en la Región de Murcia. No sólo por las raíces murcianas de algunos de los protagonistas de esta confrontación, sino también por los importantes intereses empresariales que en la Región tienen las compañías implicadas, según publica 'Abc'. 

De un lado se encuentra el presidente y fundador de Sacyr, el empresario murciano Luis del Rivero, que cuenta entre sus aliados a Tomás Fuertes, propietario de ElPozo y presidente del grupo empresarial más poderoso de la Región.

El Grupo Fuertes elevó el pasado mes de marzo su participación en Sacyr desde el 3,9% hasta el 5,001% tras acudir a la última ampliación de capital de este grupo. También tiene intereses en la constructora la primera entidad financiera de la Región, Cajamurcia, que adquirió una pequeña participación del capital junto con un grupo de cajas de ahorro.

El grupo opositor a Del Rivero está liderado por Demetrio Carceller, una de las mayores fortunas de España y uno de los empresarios más enigmáticos, que nunca concede entrevistas y que posee una profunda aversión a las fotografías. Carceller es propietario de Disa, la mayor compañía de distribución de carburantes de Canarias, con una red de más de 200 estaciones de servicio, y es también presidente del grupo cervecero Damm, al que pertenece la murciana Estrella de Levante.

En los últimos años, Carceller ha ido adquiriendo en el mercado acciones de Sacyr hasta convertirse en la actualidad en su primer accionista individual, con el 13% del capital.

El peso creciente en la constructora de Carceller, que también posee actividades empresariales en la Región a través de Alfil Logistic, terminó por generar roces con el núcleo fundacional, que encabeza Del Rivero.

Las desavenencias internas acabaron por estallar el pasado 19 de mayo, cuando la junta de accionistas de Sacyr aprobó incrementar de dos a cuatro el número de miembros del consejo de administración afines al presidente, Luis del Rivero, y al consejero delegado, Manuel Manrique.

Carceller, con el apoyo de Juan Abelló, que posee el 9,62% de Sacyr, decidió entonces impugnar judicialmente esta decisión, argumentando que la misma no había pasado por la comisión de nombramientos de la constructora, y acusó a Del Rivero de incumplir las normas internas de buen gobierno.

El constructor murciano respondió el pasado 22 de junio al conseguir que su aliado, el ex presidente y uno de los fundadores de Sacyr, José Manuel Loureda, fuera nombrado nuevo presidente de la comisión de nombramientos del grupo, con lo que reforzaba así su posición en los órganos de gestión de la compañía.

La tormenta que sacude a la constructora tiene un interés añadido en la Región de Murcia, puesto que es la máxima accionista de dos importantes proyectos de infraestructuras: el nuevo aeropuerto internacional y la autovía del Noroeste.

Y no se detienen ahí las derivaciones murcianas de este conflicto empresarial. Fuentes periodísticas apuntan que el objetivo final de Carceller, uno de cuyos puntos fuertes es el negocio de hidrocarburos, no es tanto Sacyr, sino la participación del 20% que la constructora tiene en Repsol, compañía que lleva a cabo una de las mayores inversiones privadas en Cartagena a través de la ampliación de la refinería de Escombreras.

Las administraciones deben 13.300 millones a los autónomos, el 57% en cuatro autonomías

MADRID.- Las administraciones públicas adeudan a los autónomos 13.300 millones de euros, de los cuales más de la mitad (57 por ciento) corresponden a entidades de cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Así consta en el informe que ha hecho público la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que se estima que la deuda de las administraciones catalanas con este colectivo asciende a 2.433 millones, por delante de los 2.154 millones de Andalucía y los algo más de 1.500 de Madrid y la Comunidad Valenciana, en cada caso.

A estas cuatro comunidades les siguen Galicia (940), Castilla y León (758), Castilla-La Mancha (631), País Vasco (625) y Murcia (532), mientras que, con una deuda inferior a los 500 millones se sitúan Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y Asturias.

Por último, se encuentran La Rioja, Navarra y Cantabria, donde, según ATA, las administraciones son "más cumplidoras" y su deuda con los autónomos y microempresas no supera los 200 millones de euros.

Para que las corporaciones locales puedan pagar las deudas contraídas con los autónomos, ATA ha solicitado la puesta en marcha de una línea ICO que esté acompañada de un régimen sancionador que obligue a las administraciones a abonar intereses de demora o que permita compensar estas deudas con los impuestos o cotizaciones.

En una visita al parlamento europeo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya solicitó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Empresas, Antonio Tajani, la creación de mecanismos de control para que los estados miembros cumplieran los plazos de pago.

ATA resalta en su informe que un 95 por ciento de las administraciones públicas en España incumple la Ley de Morosidad y las considera el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas.

Según el último barómetro realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de esta organización, el 60,6 por ciento de los autónomos se ve afectado por la morosidad pública y cuatro de cada diez tarda más de seis meses en cobrar sus facturas, aunque en el 30 por ciento se llega a un año.

Además, el periodo medio de pago de las administraciones públicas se sitúa en 170 días, lo que contrasta con el resto de Europa, donde los plazos de pago a autónomos se van reduciendo, según Amor.

El informe también pone de relieve que los autónomos han adelantado más de 1.600 millones de euros en concepto de IVA por unas facturas que aún no han cobrado.

Cataluña ha abonado por este concepto un total de 392,6 millones de euros, por delante de los 322 de Madrid, los 200 de Andalucía o los 180 de la Comunidad Valenciana, concentrando entre estas cuatro comunidades el 66,9 por ciento del total del IVA adelantado por los autónomos.

Les siguen el País Vasco (87,3 millones), Galicia (84), Aragón (58,4), Murcia (53,5), Castilla-La Mancha (53) y Castilla y León (52,1).

"Estos datos suponen un testimonio claro y definitivo de que autónomos y microempresas están financiando a las administraciones públicas cuando debería de ser al revés", asevera Amor.

Saura afirma que el nuevo Gobierno regional "no nos va a sacar de la crisis"

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha afirmado que el nuevo Gobierno regional "no nos va a sacar de la crisis" y considera "urgente" que Valcárcel tome medidas inmediatas para pagar la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con los proveedores, según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   De este modo, Saura piensa que es un gobierno en el que Valcárcel "no acomete los cambios en profundidad necesarios para sacar a esta región de la crisis".

   Asimismo, ha apuntado que en este nuevo gobierno "no se han realizado los cambios que se esperaban, de hecho, llama la atención que la consejera de Sanidad, cuyo gasto farmacéutico ha crecido en torno a un 30 por ciento, haya sido compensada con más competencias en lugar de excluirla de la nueva composición del gobierno".

   Y es que, según ha asegurado el secretario general del PSRM, "Valcárcel no se ha enterado donde están los problemas estructurales del gasto autonómico. No se entiende que Valcárcel no haya mirado más por la hacienda regional y no haya introducido cambios en profundidad ni abordado los problemas que tiene la administración. Parece que Valcárcel no es consciente de que está en juego la viabilidad futura de la Administración regional".

   "Es necesario que no se pierda más tiempo y se tomen decisiones de calado lo antes posible, porque los proveedores no cobran, la deuda asciende casi a la totalidad del presupuesto regional y la inversión está paralizada. Por mucha foto y toma de posesión que predomine estos días, la crisis de la hacienda regional sigue existiendo y lo prioritario es introducir cambios en profundidad y políticas ambiciosas y de liderazgo", ha concluido.

Sinde cifra en 50 millones de euros el coste de rehabilitar el dañado patrimonio cultural de Lorca

LORCA.- La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha viajado hoy hasta Lorca para conocer de primera mano el estado en que se encuentran los diferentes monumentos del patrimonio cultural afectados por el terremoto, como la Torre del Espolón y murallas del Castillo, Iglesia de San Clemente, Museo Arqueológico de Lorca e Iglesia de Santiago.

   Tras ser recibida en el Ayuntamiento lorquino por su alcalde, Francisco Jódar, ha visitado también la Fortaleza del Sol acompañada del consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz; el delegado del Gobierno Rafael González, así como el subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Alfonso Muñoz.

   Tras finalizar la visita, la ministra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha indicado que hay dos millones de euros para la restauración de la Torre del Espolón, unos trabajos que ya han comenzado y que se espera que terminen el año que viene.

   Finalmente, González-Sinde ha explicado que el Ministerio de Cultura ha cifrado en unos 50 millones el coste que supondrá la rehabilitación del patrimonio cultural dañado por los seísmos.

El TSJ de Madrid desestima el recurso de Mazón que pedía la retirada del Cristo de Monteagudo

MADRID.- La Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Preeminencia del Derecho, su presidente, el abogado José Luis Mazón, y su vicepresidenta, la letrada Encarnación Martínez contra la desestimación de las administraciones públicas a la retirada del símbolo religioso del Sagrado Corazón de Jesús ubicado en una parcela de la Administración General del Estado, en el castillo musulmán de la pedanía murciana de Monteagudo.

   De esta forma, el TSJ de Madrid ha rechazado la retirada del monumento del Cristo de Monteagudo, una de las imágenes más representativas de la pedanía, una construcción que data de 1926. Estaba formada por el Cristo con los brazos abiertos, las imágenes de San Francisco de Asís y de San Francisco Javier, dos indios en actitud orante y un relieve de Santa María de Alcoque en el pedestal.

   Esta estatua fue destruida durante la Guerra Civil, pero se levantó una nueva en el mismo lugar, diseñada por el artista Nicolás Martínez, de 14 metros de alto y que fue inaugurada el 28 de octubre  en 1951.

   La petición de la retirada del cristo por parte de la Asociación Preeminencia del derecho se basaba en una sentencia del Tribunal Europeo que obligó al Estado de Italia a retirar los crucifijos de los colegios públicos tras la queja de una madre, la cual "configura el derecho de libertad religiosa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos obligatorio en España, así como en cumplimiento del derecho fundamental a la aconfesionalidad del Estado".

   Asimismo, la Asociación entendía que puede ser aplicable "el artículo 14 de la Constitución española por cuanto permitir el uso de un espacio público con la estatua referida constituye un privilegio a favor de un símbolo católico en comparación con otra confesión religiosa distinta".

   En la sentencia, el TSJ de Madrid expone que en España, como en tantos otros de similares tradiciones culturales y religiosas "se aprecia en multitud de lugares públicos la presencia de símbolos de carácter religioso como crucifijos, monumentos o estatuas representativas de la figura de Cristo similares".

   Sin embargo, aclara que su mantenimiento "no es sino manifestación del respeto a dichas tradiciones y no imposición de unas particulares creencias religiosas, y en tal sentido no pueden entenderse como representativos de posturas de intolerancia hacia el no creyente en las mismas y así debe entenderse cuando de su mantenimiento se trata".

   En definitiva, la sentencia indica que "la neutralidad e imparcialidad del Estado no es en forma alguna incompatible con la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos que, como el presente, no son sino expresión de la historia y la cultura de España" que "inevitablemente está cargada de elementos religiosos e ideológicos perfectamente compatibles con el principio de laicidad positiva exigido por la Constitución Española".

   Así, conforme a la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos "la muestra de símbolos religiosos en aulas de educación es compatible con los derechos de libertad religiosa en sus vertientes positiva y negativa, con mayor razón lo será en espacios en los que, e principio, no se desarrolla una actuación del Estado".

   La sentencia también considera que la acción impugnada "no infringe el artículo 14 de la Constitución española al no haberse aportado por la actora el necesario término válido de comparación para apreciar dicha infracción, ni aun en el supuesto de comparación abstracto con otras confesiones religiosas al no acreditarse que respecto a símbolos de éstas se haya producido retirada alguna".

   En concreto, la Asociación Preeminencia del Derecho pidió al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Patrimonio del Estado la retirada de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús y el pedestal en el que están ubicados al considerar que se estaba utilizando un espacio público para fines religiosos.

   La Asociación promovió el recurso por el Procedimiento Especial de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, y las partes demandadas fueron el Ministerio de Economía y Hacienda y la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente del Gobierno regional, ambos representados por el Abogado del Estado.

   Igualmente, han sido parte demandada el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma, la asociación Letrados por el Derecho y la Cultura, y el abogado murciano Diego de Ramón Hernández, según la sentencia del TSJ de Madrid.

   El Abogado del Estado y los restantes codemandados contestaron a la demanda mediante escritos en que suplicaban que se dictara sentencia "en la que se confirme la resolución recurrida por no producirse vulneración alguna de los derechos fundamentales", una petición que coincidía con la del Ministerio Fiscal.

    Monteagudo es una pedanía de Murcia situada al noreste de la ciudad, con una superficie aproximada de 5,17 kilómetros y a una altitud de 50 metros sobre el nivel del mar, cuyo núcleo principal de población dista de la capital unos cuatro kilómetros.

Valcárcel liquida la herencia política de Marqués y De la Cierva y aparta al Opus de su Gobierno

MURCIA.- El presidente electo del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, ha dado a conocer este viernes, en rueda de prensa, la nueva composición del Gobierno murciano, que pasará de tener diez consejerías a ocho. Así, liquida la herencia política de los ex consejeros Marqués y De la Cierva y aparta al Opus Dei de su Gobierno al prescindir de Bascuñana.

   Valcárcel, que tomará posesión de su cargo este lunes, ha comunicado que el nuevo gabinete queda estructurado en ocho consejerías, por lo que se han reducido en dos (anteriormente eran diez), uniendo las Consejerías de Política Social y Sanidad, así como Presidencia con Interior, competencias que estaban anteriormente en la Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana.

   De este modo, el resto de departamentos no sufren cambios en su nomenclatura ni competencias, aunque tres de ellos --Economía y Hacienda; Obras Públicas y Ordenación del Territorio; y Universidades, Empresa e Investigación-- cambian de titulares, uno de ellos, Antonio Sevilla, miembro de la Comisión de Infraestructuras del PP y actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, entra a formar parte del Ejecutivo con Obras Públicas.

   Las dos restantes tendrán nuevos titulares. Así, Salvador Marín, hasta ahora consejero de Universidades, Empresa e Investigación, pasará a ocuparse de la "madre" de todas los departamentos, Economía y Hacienda, donde se ubicará la Unidad especial de requerimientos de proyectos que anunció el presidente en el Debate de Investidura; y las tareas propias del departamento que dirigía pasarán a José Ballesta, hasta ahora titular de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, asumiendo también la Portavocía por su carácter "comunicador".

   De forma que las competencias que antes estaban dispersas en diez departamentos ahora estarán en ocho. Destacar, al hilo, que solamente habrá una mujer en la nueva estructura, una "superconsejera" tal y como ha definido Valcárcel a la consejera de Sanidad, que ahora asumirá también las competencias de Política Social.

   Sobre ésta, ha destacado lo bien valorada que está tanto dentro como fuera por el sector sanitario. En este sentido, ha ironizado al explicar por qué solo hay una mujer, dejando entrever que le han "dado calabazas", porque "una de las consecuencias de esta sociedad, demasiado machista, son las obligaciones que pueda tener".

   Así, Presidencia e Interior se funden y su titular será Manuel Campos, hasta ahora consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana; al igual que ocurre con las consejerías de Sanidad y Política Social, cuya titular será María Ángeles Palacios, que hasta el momento se encargaba solo de Sanidad y Consumo.

   No se producen cambios en las consejerías de Agricultura y Agua, que seguirá pendiente de Antonio Cerdá; Educación, Formación y Empleo, que tendrá de nuevo a Constantino Sotoca como consejero; y Cultura y Turismo con Pedro Alberto Cruz.

   Sobre los consejeros que permanecen, Valcárcel ha dedicado unas breves palabras de afecto. A Campos lo ha definido como un "prestigioso jurista", mientras que a Cerdá se ha referido como "la agricultura en sí mismo" y persona comprometida con los agricultores y el campo murciano, destacando su "entrega y vehemencia" también en lo referido al agua, "firme defensor".

   De Sotoca ha dicho que es un "clásico" en la política regional, poniendo de manifiesto su capacidad para lograr el consenso alcanzado en el Pacto por la Educación y en el terreno "más difícil y penoso", el empleo, "no ha dejado de hacer los grandes esfuerzos en aras al diálogo social", confiando Valcárcel en que "será cuestión de días en que se recupere" tras su ruptura por la Ley de Medidas Extraordinarias.

   Finalmente, de Cruz ha ensalzado su virtud de haber gestionado una nueva política cultural consiguiendo que Murcia sea un referente internacional; y de Ballesta, ex rector de la Universidad de Murcia, ha asegurado que su labor al frente de Universidades continuará en esa línea de progreso.

   Para el único 'fichaje', Antonio Sevilla, el presidente murciano ha afirmado que "asumirá el reto de seguir vertebrando la Región" con el impulso a las infraestructuras.

   Por todo ello, ha subrayado que la reducción de consejerías, en este caso, "va a significar un mayor esfuerzo".

   La nueva composición del Gobierno la ha concebido, según ha dicho, pensando en la sociedad y no dejándose llevar por ningún tipo de presiones ni prioridades personales, tras lo que ha descartado una nueva reestructuración tras las elecciones generales, puesto que es un gobierno con "vocación de perdurabilidad".

   Por tanto, quedan fuera del Gobierno María Pedro Reverte, que ocupaba hasta ahora la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y la Portavocía; Joaquín Bascuñana, que era consejero de Política Social, Mujer e Inmigración; e Inmaculada García, como titular de Economía y Hacienda, quien, al parecer, según ha explicado el presidente, le pidió ayer "tomarse un respiro".

   Se trata, ha explicado Valcárcel, "de una persona que le ha tocado lidiar con un auténtico Miura que ha supuesto y supone la crisis económica, que ha dado lo mejor de sí misma, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, siendo éstas adversas en todo momento".

   Una persona, en definitiva, "que no ha dejado ni un sólo instante de estar las 24 horas al día al pie del cañón. No ha sido fácil, pero ahí ha estado", ha remarcado, "consciente del desgaste que ello podía suponer en un tiempo de crisis, que a veces nos lleva a situaciones de exigencia y reivindicaciones, más que entendibles y otras veces de incomprensiones, que por otra parte, ha sabido asumir con entereza, elegancia y compromiso". 

"Es su petición y yo la respeto", ha zanjado.

   Sobre María Pedro Reverte y Joaquín Bascuñana, el presidente del Gobierno murciano ha señalado que "son dos personas, asimismo, de extraordinaria valía". A su juicio, "éste ha sido un gobierno al que hay que reconocer, que excluyendo sólo al presidente, el resto de miembros del Gobierno realmente han estado a esa altura de las circunstancias".

   "Han dado lo mejor de sí mismos, han sabido que eran momentos difíciles y nunca han abandonado, estando hasta el final de la legislatura, la más difícil de todas", ha apostillado Valcárcel, quien ha advertido en su comparecencia que "vienen tiempos difíciles, pero estoy plenamente convencido de que no serán tan intensos y extensos en el tiempo como estos cuatro años".

   Así, ha agradecido y reconocido el trabajo de los consejeros y ex consejeros en esta legislatura, tras lo que ha apuntado que "en cualquier momento o circunstancia, desde luego, podré seguir contando con ellos".

   Esto, ha aclarado, no significa que deje a unos hoy en esto para mañana recuperarlos, "es simplemente que quienes son útiles a un proyecto, que se llama Región de Murcia, no pueden dejar de ser un lujo para la Comunidad".

   Por tanto, ha señalado, "haré todo lo posible, independientemente de que el resultado tenga o no éxito, porque sigan estando al servicio de lo público desde las responsabilidades que mañana puedan presentarse". De hecho, Bascuñana podría convertirse en senador autonómico, dándolo como algo probable.

Nuevo Gobierno murciano

   La composición del nuevo gobierno es la siguiente:

   -Consejería de Presidencia e Interior: Manuel Campos

   -Consejería de Economía y Hacienda: Salvador Marín

   -Consejería de Agricultura y Agua: Antonio Cerdá

   -Consejería de Sanidad y Política Social: María Ángeles Palacios

   -Consejería de Educación, Formación y Empleo: Constantino Sotoca

   -Consejería de Cultura y Turismo: Pedro Alberto Cruz

   -Consejería de Universidades, Empresa e Investigación: José Ballesta

   -Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio: Antonio Sevilla

Cámara muestra su satisfacción por el apoyo del TSJ al Sagrado Corazón de Monteagudo

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha mostrado este viernes su satisfacción al conocer que la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por una asociación contra la desestimación de las administraciones públicas a la retirada del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en una parcela de la Administración General del Estado en la cima del castillo de Monteagudo.

   Cámara ha agradecido a los ciudadanos la contundente respuesta que han dado en los últimos meses y los ha felicitado por la "encendida" defensa de los valores de Murcia, más allá de argumentaciones religiosas, culturales o políticas, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   De forma especial, ha felicitado a los vecinos de la pedanía de Monteagudo y a su pedáneo, Marco Antonio Fernández, así como a cuantos han defendido la permanencia de la imagen, conocida popularmente como Cristo de Monteagudo. Además, ha recordado que no se entendería Murcia "sin este símbolo que ha formado parte del paisaje desde hace casi un siglo".

   Cámara ha añadido que el Ayuntamiento de Murcia se personó ante el Tribunal en el mes de febrero del año pasado para manifestar, en nombre de una inmensa mayoría de murcianos, que el Sagrado Corazón es un símbolo de identidad para nuestra ciudad y defender su permanencia.

   Por último, el alcalde ha destacado que la noticia se produce cuando apenas faltan unos días para la celebración de la tradicional marcha-peregrinación hasta el Sagrado Corazón, que se celebrará el próximo día 1 de julio.