IU-Mazarrón llevará a la Fiscalía el problema con la urbanización 'Camposol'

MAZARRÓN.- El candidato a la alcaldía de Mazarrón por Izquierda Unida, David Fernández Sánchez, anuncia que si el actual ayuntamiento de Mazarrón o el que salga de las próximas elecciones no pone en marcha las indicaciones que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia hizo a raíz de las quejas presentadas por varios vecinos de la urbanización Camposol, "elevara una denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia contra los responsables políticos de la surrealista situación que padecen los vecinos de la urbanización Camposol", según un comunicado. 

"En la resolución emitida por la institución que preside Jose Pablo Ruiz Abellan se establece que el que la empresa urbanizadora no haya concluido los trabajos de urbanización del Plan Parcial , no exime al ayuntamiento de su responsabilidad de prestar los servicios municipales ya que tiene el deber de controlar el desempeño de la obligación de conservación y mantenimiento de la urbanización, ya que, en última instancia, es el responsable de la prestación de los servicios mínimos municipales que le atribuyen los artículos 25 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Por otro lado el dictamen del defensor del pueblo hace responsable de la correcta ejecución del plan parcial al propio ayuntamiento aludiendo a su deber de ejercer la misión de policía y vigilancia , y no admite la excusa ofrecida por el ayuntamiento de ante los requerimientos de este hacia la empresa , esta no los haya tenido en consideración . El ejemplo seria el de un ciudadano que aparca su coche en un vado publico y de que a pesar de que el ayuntamiento le sancione el multado hiciera caso omiso, y el ayuntamiento adujera que el denunciado no ha hecho caso de los requerimientos de la administración , consecuencia de ello el,vehículo seguiría estacionado sine die provocando el perjuicio al que contrata el vado. En este caso el Ayuntamiento estaría incurriendo en un claro delito de prevaricación".

Lo que desde Izquierda Unida de Mazarrón se considera mas grave es que el dictamen del Defensor pone en evidencia al ayuntamiento ya que a pesar de que la mayoria de las casas no tienen licencia de primera ocupación ni célula de habitabilidad el Ayuntamiento ha permitido su ocupación.

Así lo establece el Defensor del Pueblo en un pasaje de su dictamen:

"El otorgamiento de la licencia de primera ocupación se condiciona a la comprobación de que el promotor ha cumplido su compromiso de realizar simultáneamente la urbanización, determinando la imposibilidad de concederla si no se han acabado las obras de urbanización o las mismas son defectuosas, según se desprende del artículo 21.2 d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y del artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística. En este punto cabe afirmar que si el Programa de Actuación Urbanística impide todo tipo de recepción hasta la total terminación de las obras de urbanización, no será posible autorizar la ocupación de ninguna vivienda"

David Fernández Sánchez considera que la resolución emitida por el Defensor del Pueblo "censura la actuación del Ayuntamiento de Francisco Blaya y que la actuación del Ayuntamiento del PP respecto de la urbanización Camposol en los últimos ocho años ha estado plagada de mentiras y falsedades".

Antitaurinos y ecologistas recurren el BIC de los toros en la Región de Murcia

MURCIA.- Las asociaciones Antitaurinas de Cartagena, Antitaurinos de Murcia, y Ecologistas en Acción han presentado un Recurso de Reposición contra el Decreto nº 25/2011, de 25 de febrero, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Fiesta de los Toros en la Región de Murcia.

Según los colectivos contrarios a la tortura animal, el Decreto adolece de incumplimientos legales tan claros como graves, por lo que debería ser anulado simplemente por incumplir la legislación autonómica vigente en materia de Patrimonio. Aun así, las asociaciones han presentado también argumentos éticos para que no se equipare un acto de crueldad contra un animal a la categoría de Bien de Interés Cultural.

Entre las deficiencias legales, la más grave es el propio enunciado de la declaración “Fiesta de los toros”, ya que no se sabe muy bien lo que se declara Bien de Interés Cultural, ni tampoco se llega a describir en detalle el patrimonio que se pretende declarar a lo largo de los cinco folios de que consta el documento, llegándose a afirmar que “no es preciso describirla, por ser suficientemente conocida en la sociedad actual”. Esto, a juicio de los tres colectivos, supone un claro incumplimiento del artículo 17 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ya que en el mismo se indica claramente que la declaración de un bien de interés cultural contendrá necesariamente ”una descripción clara y detallada del bien objeto de la declaración que facilite su correcta identificación”.

Tampoco se aportan en el texto “las razones que justifican su declaración como bien de interés cultural, así como la enumeración de los valores del bien que constituyen aspectos fundamentales a proteger”.

Otra falta grave es que en ningún momento el Decreto demuestra adecuadamente que lo que se pretende declarar BIC sea una forma relevante de expresión de la cultura de la Región de Murcia, como exige la Ley 4/2007, en su artículo 1.

En todo caso, la Declaración demuestra que tanto las corridas de toros como la mayoría de los festejos taurinos tienen mayor relevancia fuera de nuestro territorio regional que dentro, por lo que no se puede considerar que sean representativos de la cultura murciana, y en todo caso quien debería plantearse si lo declara BIC Inmaterial sería el estado español.

En cuanto a los motivos éticos o morales, el propio texto del Decreto nº 25/2011 reconoce en diversos párrafos el carácter feroz y cruel de los eventos taurinos, y muestra el rechazo que ha producido desde hace siglos este tipo de “celebraciones” con maltrato animal en una parte de la sociedad española, reflejando la existencia del que puede ser el texto más antiguo conocido como antitaurino, que es precisamente una carta escrita por un renombrado y reconocidísimo personaje histórico de la cultura de nuestro país, como fue el escritor Francisco de Quevedo y Villegas. En dicho texto, Quevedo se queja de la crueldad del festejo taurino ante el Conde Duque de Olivares, en el siglo XVII.

Por otro lado, para las organizaciones, resulta hipócrita que la legislación actual sea tan estricta en cuanto a las condiciones de sacrificio en matadero, llegando a prohibir algo tan arraigado como la matanza del cerdo a cuchillo, si el animal no es previamente aturdido para evitar su sufrimiento, mientras por otro lado se permite torturar a un animal como el toro acosándolo, clavándole dolorosas banderillas, asestándole puyazos, y al final matándolo de uno o varios estocazos, que en el mejor de los casos lo matarán, pero que muchas veces requiere un puntillazo final en la nuca, alargándose así la agonía del pobre animal, torturado por pura diversión humana.

Desde los tres colectivos se ha exigido a la administración regional que se anule el Decreto nº 25/2011, de 25 de febrero, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial la Fiesta de los Toros en la Región de Murcia, por no ajustarse a derecho, pero también para evitar que se ofrezca apoyo institucional a una de nuestras peores costumbres como pueblo.

En pleno siglo XXI, las administraciones públicas deberían ensalzar los valores de respeto al resto de seres vivos con los que convivimos en este planeta, y no subvencionar y dar cobertura legal a actos tan crueles como anacrónicos, como son las corridas de toros y el resto de festejos taurinos.

Banco Mare Nostrum tiene tamaño para salir a Bolsa, a juicio de AFI

MADRID.- El consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ángel Berges, considera que Banca Cívica y Banco Mare Nostrum (BMN) tienen tamaño suficiente para salir a Bolsa y trabajan intensamente para dar el salto al parqué, si bien reconoció que el mercado atraviesa en la actualidad una fase de enorme volatilidad.

   Al término de su intervención en las jornadas financieras organizadas por el IESE sobre el futuro de las cajas de ahorros, Bergés consideró que una valoración en Bolsa razonable, que podrían alcanzar estas entidades con vocación de cotizar, podría situarse en una horquilla de entre el 0,6% y el 0,7% del valor en libros.

   En cualquier caso, el consejero delegado de AFI estimó que la valoración de las cajas de ahorros de cara a su salida a Bolsa se situará, previsiblemente, por debajo del valor en libros del 0,8% de La Caixa, referencia que algunos expertos consideran como tope.

   No obstante, durante su intervención, abogó por que las cajas de ahorros acudan al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para reforzar su capital antes de recurrir a los mercados con descuentos demasiado importantes que impliquen malvender sus activos.

   En cuanto a las nuevas exigencias de gobierno corporativo que implicará la cotización, Berges apostó, en declaraciones a los periodistas, por que los esquemas de gobierno nazcan de la nueva entidad fruto de la integración, sin herencias de las cajas originarias.

   Asimismo, valoró la rapidez imprimida al proceso de reestructuración en España, ya que ninguna fusión entre bancos realizada hasta el momento se ha llevado a cabo en menos de dos o tres años, tesis que defiende el presidente de Bankia y de Caja Madrid, Rodrigo Rato. "Se puede considerar que la reestructuración va bastante rápido", estimó Berges.

CC.OO pide al Banco de España que actúe con "determinación" en la CAM y aparte a sus gestores

MADRID.- El secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, ha pedido al Banco de España que actúe con "determinación" en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y aparte a los gestores del consejo de administración porque son los responsables de la crisis que vive la entidad. 

   Martínez subrayó durante un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que "no es posible solucionar el problema de esta entidad si no se acomete una reestructuración profunda de su cúpula directiva", ya que es ésta "la responsable del fiasco y de su crisis"·

   Martínez insistió en que Banco Base es "la expresión de cómo se está levando a cabo el proceso de reestructuración", ya que cuatro cajas de ahorros acordaron crear un nuevo banco, en el que por indicación de los supervisores debía haber un consejo de administración con ejecutivos profesionales, y, sin embargo, ocultaron información y dieron al traste con la fusión.

   El secretario de Comfia-CC.OO recordó que desde el 18 de enero las entidades tenían constancia de los problemas económicos que podría tener la CAM, pero no se dieron a conocer hasta el momento en que se frustró la operación. A su juicio, con esta situación "no es creíble que cualquier operador quiera hacerse cargo de la CAM".

   El sindicato se mostró así de determinante en el día en que la CAM debe presentar su proyecto al Banco de España y detallar la solicitud de fondos públicos por importe de 2.800 millones, tal y como anunció tras el naufragio de Banco Base, al tiempo que busca un socio estable para el futuro. Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura también presentan este lunes la reedición de su integración a tres bandas.

   Martínez insistió en en que el Banco de España debe actuar con "determinación" y criticó la pasividad y la "falta de coraje" con que ha actuado el gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, durante la crisis. No obstante, preguntado sobre si debería dimitir Fernández Ordóñez, Martínez respondió de forma tajante que no, porque su dimisión contribuiría a sembrar más incertidumbre en el sector.

   En cuanto a la responsabilidad de los gestores en las cajas de ahorros, Martínez también subrayó que si se demuestra que algunos gestores han cometido delitos, se les debería exigir responsabilidad penal.

   Martínez también recalcó durante su intervención la necesidad de un Esquema de Protección de Activos (EPA) para todas las cajas de ahorros con el fin de facilitar su colocación y no venderlas "por debajo de un precio razonable".

   Martínez subrayó que el EPA debe aplicarse en toda las entidades que actualmente están inmersas en un proceso de integración, no sólo en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ya que de lo contrario, sería "discriminatorio".

    A su juicio, el sector debe buscar que todas las cajas sean integradas sin deterioro para ninguna entidad y defendió que un EPA no genera déficits, sino ingresos, y protege a los inversores en las salidas a bolsa y los precios de las operaciones.

   Martínez insistió en que si se persigue una integración rápida de las entidades sin intervención por parte del Banco de España y posterior subasta, como el caso de CCM y CajaSur, este esquema es el más acertado, ya que actúa como un aval.

   En este sentido, también puso como ejemplo Caja España y Caja Duero, ya que, según indicó, se unieron hace un año y aún no han llevado a cabo una reducción de sus consejos. Martínez subrayó que Unicaja debería presionar para que los costes de la integración no se eleven y se aclaren las dudas sobre los consejos de administración y el sistema de gobernanza.

   Por otro lado, el secretario general de CC.OO también resaltó que "no debería" haber más problemas en el resto de procesos de integración que aún quedan pendientes, pero insistió en que se debería vigilar si no se llevan a cabo por problemas con los gestores.

   Asimismo, Martínez recordó en los últimos mensajes lanzados por el Banco de España se percibe un interés por la profesionalización de los órganos de gobierno de las entidades, pero recordó que muchas entidades consejeros con un perfil más político y no tienen problemas.

Cámara se compromete ante los empresarios a recuperar el empleo

MURCIA.- El alcalde de Murcia y candidato del Partido Popular en las próximas elecciones municipales, Miguel Ángel Cámara, se ha comprometido este lunes ante los miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio a "seguir contribuyendo a que Murcia crezca y sea el municipio moderno y atractivo que juntos estamos construyendo" y a recuperar el empleo.

 

   Cámara ha advertido que Murcia afronta el reto de posicionarse, frente al resto de ciudades españolas, en el lugar que le corresponde por tamaño y población y para ello debe plantearse un modelo económico en el que se potencie la ciudad en su conjunto, dotándola de infraestructuras capaces de generar valor añadido por ellas mismas.

   En este sentido, ha reiterado su compromiso para liderar un conjunto de actuaciones dirigidas a "superar la profunda crisis"; al tiempo que ha recordado que en los últimos siete años, 28.185 murcianos han perdido su puesto de trabajo.

   Asimismo, Cámara ha detallado algunos proyectos que se abordarán en el municipio y servirán para afrontar el futuro con expectativas de éxito, recuperar la senda de la creación de empleo, la revitalización de la actividad comercial, impulsar confianza en el futuro y continuar mejorando Murcia.

   Entre estas actuaciones Cámara ha destacado el desarrollo del recinto ferial, el nuevo palacio de congresos y el impulso de ambiciosas actuaciones que potenciarán a Murcia como referente cultural.

   Se trata, en suma, de "aunar iniciativas que potenciarán la 'Marca Murcia' como símbolo de calidad, una empresa en la que toda la sociedad puede participar", ha dicho el alcalde.

El Papa reprende a los europeos por olvidar sus raíces cristianas

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI reprendió este lunes a los europeos por olvidar sus raíces cristianas y los tildó de "amnésicos" cuando rechazan reconocer la influencia del cristianismo en Europa. 

"¡Voces afligidas critican con sorprendente regularidad la realidad de las raíces religiosas europeas! Se volvió de buen gusto ser amnésico y negar las evidencias históricas", afirmó el sumo pontífice al recibir al nuevo embajador de Croacia ante la Santa Sede, Filip Vucak.

"Afirmar que Europa no tiene raíces cristianas equivale a pretender que un hombre viva sin oxígeno y sin alimentos", subrayó el pontífice. Al término de una larga polémica, la Corte Europea de Derechos Humanos estableció el mes pasado que la presencia del crucifijo en las aulas de las escuelas públicas italianas no violaba el derecho a la instrucción. Con ello modificaba la decisión tomada en primera instancia, que condenaba a Italia.

El tema de las raíces de Europa irrumpió en el debate político de los países europeos, los cuales se esfuerzan por confirmar el propio laicismo en un momento en que los ciudadanos de religión musulmana exigen los mismos derechos de los católicos y algunos grupos sociales se preocupan por algunos comportamientos islámicos, como llevar el velo en público.

El Papa, que visitará en junio Croacia, exhortó a ese país, que formaba parte de la ex Yugoslavia y que tiene una mayoría católica, a "no temer reivindicar con determinación el respeto de su propia historia, de su identidad religiosa y cultural".

Algo se quiere mover en 'Sacyr' que no pasa por Murcia

MADRID.- El empresario José Moreno Carretero cuenta con una participación del 5,003% en el capital de Sacyr Vallehermoso tras acudir a las dos ampliaciones de capital realizadas por el grupo de construcción y servicios en los últimos meses.

   Moreno Carretero cuenta con un paquete de 20,52 millones de títulos de la compañía que preside Luis del Rivero, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a los que el empresario ha comunicado su participación tras acudir a la ampliación.

   La participación de Moreno Carretero en Sacyr está valorada en 192 millones de euros en función de la actual cotización del grupo.

   Este empresario de la construcción es uno de los dos nuevos accionistas que entraron en el capital social de Sacyr Vallehermoso en el marco de dichas ampliaciones de capital. El otro nuevo inversor es el Grupo Fuertes, propietario de firmas de alimentación como El Pozo, que también tiene algo más del 5% en Sacyr.

   El resto de principales accionistas del grupo son Demetrio Carceller, que posee un 15,7% de los derechos de voto de la empresa (al sumar su participación del 12,9% y la de alrededor del 3% del grupo Satocán con el que tiene sindicadas sus acciones), y el presidente, Luis del Rivero, y el ex presidente del grupo José Manuel Loureda, con algo más del 13% cada uno.

   Asimismo, un grupo de cajas de ahorros suman un 14,4% en el capital de la empresa, en la que también tienen sindicada su participación, mientras que el empresario Juan Abelló, vicepresidente del grupo tiene un un 9,6%, y el consejero delegado, Manuel Manrique, un 6,10%.

Rato cree que España no puede esperar a que termine una crisis que ya se acabó

VALLADOLID.- El presidente de Bankia y de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha advertido este lunes de que España no puede esperar a que termine una crisis "que ya se acabó" y ha insistido en que el objetivo ahora es discutir sobre qué futuro se quiere para el país, que vive ahora en una fase de "post-crisis" o de "nueva realidad".

   "Si no nos gusta la tenemos que cambiar pero si no la cambiamos esto es lo que hay", ha sentenciado Rato, para quien el verdadero "desafío" está en atajar la pérdida del potencial de crecimiento de España, que estuvo en márgenes del 2,5% y del 3% y ahora se sitúa en torno al 1,5%, según la Comisión Europea, aunque "según la realidad que estamos viendo puede que inferior".

   Para ello, ha calificado de "esenciales" los cambios económicos pero ha apostado también por la autoconfianza "porque lo que tenemos por delante depende sólo de nosotros".

   Tras admitir la existencia de crisis en determinados sectores de la economía española, como el inmobiliario, "que está atravesando una digestión muy difícil", el presidente de Bankia ha constatado "gran dinamismo" en la exportación española y el mantenimiento de "cierto nivel de consumo" por lo que ha reiterado su mensaje de que ya no se puede hablar de una crisis mundial que terminó a finales de 2009 o a principios de 2010 sino de esa "nueva realidad" en la que hay que trabajar.

   "El problema no es salir de la crisis sino cómo salir de la crisis", ha considerado el presidente de Bankia, que ha puesto sobre la mesa "claros indicios" de que el mundo está ya en una fase de expansión, como el precio de la gasolina. "Si la realidad no se cambia es la que tienes y ahí es donde está la discusión", ha continuado Rato, para quien el sistema financiero es parte de ese potencial de crecimiento a través de una recapitalización que permita mantener al mismo tiempo los niveles de competencia y de diversidad.

   Rodrigo Rato ha considerado asimismo que España no está en estos momentos entre los países con algún riesgo de intervención, como pudo ocurrir, según sus datos, el pasado otoño. "Esto no es lo que uno percibe ni en los mercados privados ni en las instituciones públicas", ha explicado el presidente de Bankia.

   Rato, que ha participado este lunes en Valladolid en una charla-coloquio titulada 'Bankia: un nuevo banco para afrontar los retos del sistema financiero', ha considerado que lo importante para el futuro es también que el crédito esté preparado para seguir a la economía para no suponer un freno. En este sentido, ha asegurado que ese crédito está preparado y que las entidades tienen "gran interés" en concederlo ya que, entre otras cosas, sus márgenes se están reduciendo por el encarecimiento de los depósitos de los ahorradores.

   El presidente de Bankia recordado que en diciembre de 2004 el crédito concedido en España alcanzó los 945.000 millones de euros, mientras que en el mismo mes del año anterior la cifra se duplicó y superó los 1,862 billones de euros, cifra similar a la computada en enero de 2011, con 1,826 billones de euros.

   Así, ha defendido que el crédito no ha sufrido una caída drástica si bien ha admitido que se está afectado por el menor crecimiento del PIB, por el encarecimiento del riesgo, que "ha cambiado" y ha beneficiado a los ahorradores, y por el encarecimiento de la financiación de la economía por el diferencial con Alemania, tres cuestiones que "entran de lleno en la economía española".

Unnim achaca al Banco de España "parte de culpa" en la crisis financiera

MADRID.- El presidente de Unnim, Jaume Ribera, ha achacado al Banco de España "parte de culpa" en la crisis financiera en el país, porque el organismo regulador contaba con toda la información respecto a la situación que atravesaban bancos y cajas de ahorros, si bien consideró que cada entidad financiera es responsable de su gestión.

   "El Banco de España tenía la visión completa de las cajas de ahorros, tendrá parte de culpa en lo que ha pasado, pero no me quito parte de culpa de mi institución", dijo Ribera en respuesta a una pregunta formulada respecto a la asunción de responsabilidades en el sector financiero ante los errores cometidos.

   Durante su intervención en las jornadas del IESE sobre 'El futuro de las cajas de ahorros', Ribera indicó que los mayores requisitos de capital establecidos en España "no van en la línea de favorecer el crédito", aunque a largo plazo puedan incrementar la confianza de los mercados internacionales en el país.

   A su parecer, el problema de algunas entidades financieras es que no logran liquidez en los mercados internacionales "como en la época dorada" de la expansión del crédito, a lo que se suman las presiones regulatorias para contar con mayores niveles de solvencia.

   En este escenario, el presidente de Unnim pronosticó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "entrará en el capital de bastantes instituciones españolas", y defendió esta alternativa porque permitirá a las cajas "ganar tiempo" para mejorar su situación. "Nosotros hemos tenido que sacar cosas del armario, confiamos en que en los próximos dos o tres años volveremos a posicionarnos", afirmó.

   "El FROB es una alternativa que a primera vista para la mayoría de las entidades suena mal porque parece que no has podido llegar a levantar el capital por otras vías, pero si lo piensas, es lo normal, lo extraordinario es que algunas entidades logren la capitalización", argumentó el presidente de Unnim.

   El objetivo de Unnim es ser una caja mediana, por lo que buscará nuevos socios con el objetivo de "quedarse en la parte media de la tabla" del ranking de entidades por tamaño una vez culmine la reestructuración del sector financiero, explicó Ribera.

   Asimismo, reconoció que el momento actual no es bueno para salir a Bolsa, pero que se trata de una vía que no ha descartado la integración de cajas catalanas, que también contempla reforzar su capital a través de inversores privados.

Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura presentan su fusión al Banco de España

MADRID.- Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura presentaron este lunes al Banco de España la reedición de su integración a tres bandas, tras  rechazar en el proyecto a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) la semana pasada, informaron fuentes financieras.

   Los órganos de gobierno de las tres entidades se reunieron el viernes para aprobar, previsiblemente, un nuevo proyecto de Sistema Institucional de Protección (SIP) para cumplir con las nuevas exigencias de capitalización establecidas por el Gobierno y por las que vela el instituto emisor español.

   Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura no pedirán recursos públicos al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cumplir con los requisitos de solvencia establecidos por el Decreto de Reforzamiento del Sistema Financiero.

   La nueva integración contará con un volumen de activos de 56.000 millones de euros, de los que Cajastur aportará las dos terceras partes (38.000 millones), Caja Cantabria aportará 11.000 millones (19%), y Caja Extremadura, 9.000 millones (16%).

   Por su parte, la CAM también debe presentar su proyecto al Banco de España y detallar la solicitud de fondos públicos por importe de 2.800 millones, tal y como anunció tras el naufragio de Banco Base, al tiempo que busca un socio estable para el futuro.

   Por el momento, la CAM ha adquirido a sus ex socios la totalidad del capital social de Banco Base, de modo que se ha quedado con la ficha bancaria, lo que facilita la entrada de fondos públicos para reforzar su solvencia en caso de que se quede en solitario.

   A instancias del Banco de España, la CAM busca un comprador para evitar su nacionalización total y ha contactado con Santander, BBVA, Popular, La Caixa y Sabadell, así como con otras entidades de menor tamaño, mientras que el regulador tantea por su cuenta el interés del sector.

   Los potenciales compradores de la CAM estudian los números de la entidad murciano-alicantina, pero prefieren esperar a que el FROB refuerce la caja antes de invertir, o un plan que garantice cobertura ante eventuales pérdidas, entre el que podría figurar un Esquema de Protección de Activos (EPA).

   Por su parte, el Banco de España quiere reducir al máximo el uso de recursos públicos para mejorar la situación de la caja, y sólo contempla la intervención como último recurso.

Las asambleas de estas tres cajas rechazaron el miércoles de la semana pasada integrarse con la CAM para dar fruto a Banco Base debido a los problemas de solvencia de la entidad murciano-alicantina, que horas antes había dado su visto bueno a la fusión a cuatro.

   Las cajas asturiana, cántabra y extremeña decidieron abortar la creación del tercer mayor grupo de cajas porque no estaban dispuestas a emprender un proyecto abocado a la nacionalización desde su nacimiento por culpa de la morosidad y exposición al ladrillo de la CAM, que habían disparado la solicitud de recursos públicos.

   Banco Base había solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de capital, lo que suponía casi duplicar las necesidades de 1.447 millones de euros identificadas por el Banco de España.

   Esta solicitud de fondos elevaba el recurso global al dinero público de Banco Base hasta 4.231 millones de euros, cifra que convertiría al Estado en el mayor y principal accionista de dicho Sistema Institucional de Protección (SIP).

Viudes comienza a cavar su propia tumba política frente a la legalidad vigente medioambiental

MURCIA.- Ecologistas en Acción califica de inauditas las declaraciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Adrián Ángel Viudes, donde expresa claramente su negativa a buscar alternativas a la ubicación de la Terminal de Contenedores en la cala del Gorguel.

Ecologistas en Acción considera en un comunicado que Adrián Ángel Viudes, con sus declaraciones, anuncia que va incumplir la ley al mostrar claramente que no piensa cumplir la obligación legal de buscar alternativas a la terminal de contenedores en la zona del Gorguel. 

Así lo declaraba en prensa este fin de semana, donde tanto del diario Abc como en La Opinión se extrae: “El presidente del organismo portuario, Adrián Ángel Viudes, ha dicho que no se está buscando una ubicación alternativa al proyecto y que mantiene que El Gorguel es la ubicación adecuada para el muelle de contenedores”.

El colectivo ecologista advierte al presidente de la APC que un cargo público de su entidad debe cumplir estrictamente la legalidad y por lo tanto el Informe de Sostenibilidad ambiental (ISA) deberá contemplar las directrices que se le hicieron desde el Ministerio de Medio ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). 

Estas directrices exponían claramente que el análisis de alternativas presentado en el “Plan Director de la Nueva dársena de Cartagena” es inadecuado, ya que la alternativa del Gorguel viene muy detallada en contraposición a las otras alternativas. 

Según la legislación vigente, el Análisis de alternativas debe ser exhaustivo y mostrar de forma clara que la alternativa elegida es la más adecuada.

Ecologistas en Acción considera que bajo estas circunstancias de crisis, realizar un informe tan costoso a sabiendas de que será irregular por incumplir la obligación de elaborar un análisis de alternativas, es derrochar dinero público por un empeño personal de Adrián Ángel Viudes.

Ecologistas en Acción se ha puesto en contacto con el Director General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, el murciano Pedro Antonio Ríos, para advertirle de las declaraciones realizadas por Adrian Ángel Viudes, que muestran un intención clara de  incumplir la ley a pesar de que el propio MARM ya le advirtió de la necesidad de ahondar más en el análisis de alternativas. Además solicita que, en caso de que se incumpla cualquier precepto legal, se tomen las medidas pertinentes por parte de la administración competente.

Ecologistas en Acción reitera su petición de destitución al Ministerio de Fomento, ya que considera que este tipo de comportamientos son inaceptables para una persona que ostenta un cargo público de tal responsabilidad como es el de Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

ANSE estudia el paso migratorio de la aves en la Isla Grosa frente a La Manga del Mar Menor

CARTAGENA.- Anilladores de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) trabaja permanentemente en Isla Grosa, frente a La Manga del Mar Menor, estudiando el paso migratorio de las aves, de las cuales han anillado a más de mil de 35 especies diferentes, según han informado fuentes de esta asociación en un comunicado de prensa. 

   La migración primaveral es uno de los principales acontecimientos que tienen lugar en la vida de las aves migratorias. Habiendo sobrevivido al invierno, al sur del Sahara, las aves deben llegar a sus áreas de nidificación a tiempo para establecer un territorio y encontrar una pareja.

   Así, en este viaje, deben enfrentarse a dos grandes barreras ecológicas, el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo. La migración se produce en una ancha banda a lo largo de todo el Mediterráneo, adquiriendo sus islas un papel fundamental como lugar de parada para numerosas aves, lo que supone que no haya mejores lugares para estudiar la migración prenupcial que en las islas.

   Por su situación geográfica, Isla Grosa posee un gran potencial para estudiar la migración primaveral en el Mediterráneo Occidental, al encontrarse en un punto de brusco cambio de dirección de la costa en el Cabo de Palos que origina que se encuentre abierta a sectores muy amplios del Mediterráneo recibiendo aves que abandonan África desde sectores de la costa argelina y marroquí.

   Además, la Isla Grosa está declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y recientemente se ha aprobado su plan de gestión.

   Por su parte, ANSE lleva estudiando este fenómeno desde 2007 y esta es la cuarta campaña de anillamiento que se realiza en primavera. En las campañas anteriores se han capturado un total de 6.410 aves de 60 especies distintas. Se han capturado aves anilladas en Bélgica, Suecia o Noruega y recientemente se tuvo conocimiento de un ave anillada en Isla Grosa que fue capturada tan solo 13 días después en Alemania.

   El anillamiento consiste en la aplicación de una anilla metálica, habitualmente de aluminio, en la pata de un ave viva. Esta anilla lleva impreso un remite, que identifica a la estación anilladora donde se centralizan los datos, uno o varios dígitos característicos del tamaño de la anilla y un número diferente para todas las anillas del mismo modelo y estación.

   De esta manera, los resultados son incluidos dentro del proyecto 'Piccole Isole' de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, en el que participan numerosas estaciones de anillamiento de diversos países ribereños, y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.

   Los trabajos en Isla Grosa se realizan por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria, y cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia, que facilita las instalaciones así como el transporte hasta la isla, y con la colaboración de Mendijob Medioambiente.

La Región sólo exporta tanto mueble como importa

YECLA.- La Región de Murcia es la novena comunidad autónoma que más muebles exporta de toda España, con un valor de 43,8 millones de euros en 2010, lo que supone un 3,3 por ciento sobre el total exportado a nivel nacional, cifra que ha supuesto un aumento de 1,3 por ciento respecto al volumen registrado en el ejercicio 2009 de 43,3 millones de euros.

   Los países destino donde más se ha incrementado la exportación del mueble murciano ha sido en Angola, Uzbequistán, los Emiratos Árabes y Rusia, según informaron fuentes de la Asociación Regional de Empresarios de la Madera de la Región (Arema) en un comunicado.

   Respecto a las importaciones, en 2010 Murcia importó muebles por valor de 42,9 millones de euros, lo que supuso un importante descenso de 18,8 por ciento con respecto al año anterior, es decir, 52,9 millones de euros. Sólo China sigue creciendo en la Región de Murcia como país importador respecto al 2009.

HUERMUR solicita que se revisen las licencias de edificación en el entorno del murciano Paseo del Malecón

MURCIA.- HUERMUR solicita que se revisen las licencias de edificación en el entorno del Paseo del Malecón ya que considera que algunas pueden ser contrarias al Plan de Ordenación Urbana de Murcia. El artículo 7.3.1 del PGMO del municipio de Murcia establece que se debe elaborar un Plan Especial de Protección y Monumental de los entornos del Malecón y de Monteagudo y que “No se podrán conceder licencias de edificación en dichos ámbitos hasta tanto se aprueben los Planes Especiales respectivos”.

El plazo para aprobar el Plan de Protección finalizó el 16 de mayo de 2007 y el Ayuntamiento todavía no lo ha redactado, otorgando licencias que probablemente condicionarán la elaboración de dicho Plan.

"El Malecón de Murcia y su entorno son uno de las principales señas de identidad del pueblo murciano. Pocos son los murcianos que no conocen el Malecón, que no han paseado por él, disfrutando de los esplendidos días de primavera y  adentrándose a lo largo de un kilómetro y medio en la huerta para escapar del asfalto de la ciudad. Un lugar apreciado desde antaño como punto de encuentro. Un lugar que afortunadamente ha llegado hasta nosotros", dice HUERMUR en un comunicado.

"Este paseo, del que ya se tienen noticias hacia el año 1420, se construyó como un muro de contención para la defensa de la ciudad ante los embates de las crecidas del río Segura.  En el año 1745 fue reconstruido por mediación del Cardenal Belluga tomando la forma del paseo que hoy conocemos.

Fue declarado como Monumento Histórico Artístico Nacional por Real Decreto 1398 de abril de 1982.

Según HUERMUR, en estos últimos años, los responsables municipales han concedido licencias de edificación en el entorno del Malecón sin haber sido aprobado el Plan de protección al que obliga la Ley, lo que está ocasionando una degradación paisajística de este bien de interés cultural.

El entorno del Malecón ya sufrió un grave ataque cuando en 2006 se modificó el PGOU para adaptarlo a la Ley del Suelo Regional y las autoridades municipales aprovecharon la ocasión para variar la clasificación de suelos de huerta no urbanizables convirtiéndolos, de la noche a la mañana, en urbanos. Además de esto, resulta significativo que antes de 2006 la construcción estuviese muy restringida, y, sin embargo, se permitió la edificación de un colegio privado junto al Malecón con un gran impacto paisajístico.

Las normas que regulan el urbanismo en Murcia están recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio y son de obligado cumplimiento por todos los ciudadanos, teniendo la Administración municipal el deber de actuar según dichas normas.

El artículo 7.3.1 del Plan General de Murcia establece para las huertas contiguas al Paseo del Malecón y las huertas de alto interés arqueológico y paisajístico de Monteagudo, que “La significación cultural, paisajística y ambiental de estas huertas justifica su tratamiento como huertas altamente protegidas, sujetas a las máximas restricciones y cautelas frente a todo tipo de transformaciones urbanísticas”.

El mismo artículo también dice que “Quedan delimitados como ámbitos NR-Aj (junto al Paseo del Malecón) y ámbitos NR-Md (junto al conjunto histórico arqueológico de Monteagudo) los espacios que deben ser ordenados mediante Planes Especiales de Protección Paisajística y Monumental de tales entornos de sitios del más alto nivel histórico-arqueológico y monumental. Dichos Planes Especiales serán redactados por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un año desde la fecha de aprobación definitiva de la Adaptación del Plan General a la Ley del Suelo Regional. No se podrán conceder licencias de edificación en dichos ámbitos hasta tanto se aprueben los Planes Especiales respectivos”.

El plazo para redactar el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Malecón terminó el 16 de mayo de 2007 y aún no ha sido realizado. Mientras tanto, han sido concedidas licencias de obras en el entorno de este monumento, teniendo como consecuencia la construcción de diversas edificaciones que van a condicionar la futura redacción de dicho Plan, e incluso es posible que algunas de ellas hayan supuesto un incumplimiento de las reglas urbanísticas.

Según HUERMUR, queda patente que el Ayuntamiento de Murcia no es capaz de hacer cumplir sus propias normas, otorgando licencias y degradando con ello un monumento que forma parte de los signos de identidad del pueblo murciano".

Ecologistas en Acción pide la "dimisión inmediata" de un concejal de Albatera por el vertedero clandestino de Abanilla

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha pedido "justicia rápida y efectiva" para los presuntos responsables del vertedero clandestino del municipio murciano de Abanilla, y ha considerado "particularmente grave" la presencia entre los detenidos de un concejal del Partido Popular de Albatera (Alicante), Javier Bru, y exige su "inmediata dimisión", según informaron fuentes de la asociación en un comunicado. 

   Para Ecologistas en Acción la operación 'Subterráneo', desarrollada durante los últimos meses, y que ha llevado a la detención de cinco personas por su relación en la creación de un vertedero ilegal de residuos en una finca agrícola de Abanilla, "pone de relieve la gravedad del problema de los vertederos ilegales en la Región de Murcia".

   El coordinador regional de la organización, Pedro Luengo, ha explicado que "este nuevo caso pone en evidencia también la permisividad social y política que existe con una actividad que está generando un importante perjuicio al conjunto de la sociedad". En este sentido ha criticado la "pasividad" del ayuntamiento de Abanilla por "no actuar ante la creación y proliferación de vertederos ilegales en el municipio".

   Ecologistas en Acción recuerda que "en los últimos meses hemos denunciado hasta cinco vertederos ilegales en diferentes parajes de Abanilla, algunos con afección directa a zonas de gran valor medioambiental, como el LIC del Río Chícamo".

   Ecologistas en Acción señala que entre los detenidos se encuentra el concejal Javier Bru, también imputado en la Operación Brugal desde 2007, y lamenta "que este tipo de actos delictivos estén presuntamente protagonizados por personas que deben defender el interés general de los ciudadanos y respetar las leyes", por lo que han exigido su inmediata dimisión.

   La actividad de vertederos ilegales, según Ecologistas en Acción, es "un grave problema que se extiende por toda la Región de Murcia", y ha recordado que, en marzo de 2010, presentó un informe en que incluían "hasta un total de 16 vertederos en 9 municipios de la Región, en concreto, Blanca, Calasparra, Moratalla, Ricote, Puerto Lumbreras, Lorca, Murcia, Cartagena y Yecla".

   Desde esa fecha, Luengo añade que "hemos denunciado nuevos casos de vertederos clandestinos en Molina de Segura, Villanueva del Segura, Murcia, Fortuna y Abanilla". Para la organización ecologista se trata "de un grave problema, creado principalmente por la escasa responsabilidad social de las empresas que los utilizan y la indiferencia de las administraciones públicas que deben atajar este problema".

   Ecologistas en Acción considera "imprescindible" el desarrollo de un Plan Regional de Control de Vertederos Ilegales, mejorar la coordinación entre administraciones públicas y aumentar las sanciones, que en ocasiones son irrisorias, por este tipo de actividades.

Señalan "deficiencias" en el sistema español de protección e intervención con menores inmigrantes

MURCIA.- La vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha destacado "algunas carencias" en el modelo español de acogida de los menores inmigrantes, ya que "no ha existido una planificación del sistema de protección ni un diseño del modelo de intervención con ellos, y existen grandes diferencias en la actuación desarrollada por las distintas comunidades en relación a los procesos migratorios de menores".

   Asimismo, ha criticado que "no hay un registro unificado de ellos, no se han elaborado estudios que permitan conocer sus características sociológicas, sus necesidades asistenciales y los medios y recursos que precisan para integrarse", según informaron fuentes del CGPJ en un comunicado.

   Bravo ha hecho estas declaraciones durante su intervención en una conferencia en el Aula de Abril de Caja Mediterráneo (CAM) en Murcia, en la que ha señalado que los menores de edad "son los nuevos protagonistas de los procesos migratorios y se ven sometidos, por ello, a un doble proceso de exclusión social".

   La primera exclusión a la que el menor se enfrenta "es la que le provoca la obligación de emigrar, lo que convierte en papel mojado los derechos que tiene reconocidos en los textos internacionales, y la segunda, la que sufre al llegar a los países desarrollados en los que busca una nueva vida, más digna, ante las deficiencias de los mecanismos de acogida", ha añadido.

   "Los menores en muchas ocasiones son tratados como inmigrantes irregulares y no como menores en desamparo", destacó la portavoz Bravo, que recalcó que eso significa que se trata el fenómeno "únicamente en términos de gestión ordenada de los flujos migratorios, desde un prisma de seguridad y de lucha contra la inmigración clandestina, y no según lo que dispone la ley".

   "Creo que es imprescindible empezar reconociendo que los menores que emigran a nuestro país han de ser considerados, antes que nada, como personas vulnerables, sujetos de derechos y por tanto como menores desamparados necesitados de protección", concluyó.

La Asociación Prolitoral acude al TSJ para conocer la concesión del aval para el aeropuerto de Corvera

MURCIA.- La Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral (Prolitoral) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia al "denegarle" el Gobierno regional el acceso al expediente por el que se autorizó un aval de 200 millones de euros a Aeromur, la empresa concesionaria del aeropuerto de Corvera, para "poder completar las obras y en un futuro acceder a la explotación de las misma".

La Asociación Prolitoral ha presentado esta demanda ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que los tribunales obliguen a la Comunidad Autónoma a facilitarle el expediente abierto para la concesión de ese aval por 200 millones de euros a la empresa adjudicataria de la construcción del aeropuerto.

En su recurso, esta organización señala que el Gobierno autónomo afianzó con la citada suma a "Aeromur", a la que se concedió la construcción del aeropuerto y que está integrada por entidades de ahorro y otras empresas.

Añade que en dos ocasiones la Comunidad se negó a tenerla como parte al considerar que carecía de interés legítimo y que, por tanto, no podía personarse en calidad de interesados en el expediente de otorgamiento del aval.

Por el contrario, la Asociació Prolitoral defiende su legitimidad para acceder al conocimiento de dicho expediente "y a obtener toda la información sobre el mismo".

La demandante solicita que se condene a la Comunidad a facilitarle la información solicitada y que sea condenada en costas.

En rueda de prensa, el presidente de Prolitoral, Martín Rodríguez, ha recordado que es un derecho "de obligado cumplimiento"; razón por la que ha optado por recurrir a la vía judicial al objeto de poder conocer información sobre dicho aval, que autorizó Bruselas, y analizar su contenido.

Según ha declarado, las consejerías competentes "nos han negado el acceso al expediente y a las condiciones por las que el Gobierno regional consiguió una decisión favorable de Bruselas". 

"No sabemos por qué y con qué informes el Gobierno murciano lo consiguió, pero tenemos dudas de que las razones sean lo suficientemente sólidas y verídicas para que esa decisión se tramitara como favorable", ha manifestado Rodríguez.

Este aval, ha recordado, fue fruto de que la concesionaria, que en un primer momento se había decidido que "se haría cargo de la construcción y de la explotación con sus propios recursos, no tuvo posibilidad de conseguir el crédito que había solicitado, ya que las obras quedaron prácticamente paralizadas".

De ahí que la entidad contratante de esta infraestructura, el Gobierno regional, "propuso un aval de un crédito de 200 millones para poder completar esas obras y en un futuro acceder a la explotación de las mismas".

Sin embargo, desde Prolitoral, el sociólogo Miguel Poveda ha alertado que este aval que le fue concedido a Aeromur "es un dinero que la Comunidad tendrá que abonar en el caso de que la concesionaria no se haga cargo del funcionamiento del aeropuerto".

En su opinión, "es extraño que siendo Caja Mediterráneo (CAM) y Cajamurcia miembros de Aeromur se solicite dicho aval", del que ha denunciado públicamente que "se desconozca todo: las condiciones en las que se ha dado, sus peculiaridades, qué papel han jugado las entidades financieras en el aval, cuáles son los avalistas y si fueron aprobados en los consejos de administración de las respectivas empresas que conforman Aeromur".

La cuestión principal, ha enfatizado Poveda, es "quién va a pagar esos 200 millones si no hay nadie que quiera gestionarlo", poniendo como ejemplo los casos de Huesca, Castellón y Ciudad Real; "un antecedente extremadamente peligroso que nos pone en alerta acerca de la posibilidad de que no se cumpla el pacto".

Y es que, ha advertido, la Comunidad "se verá abocada a una 'multa' de 200 millones de euros" en este caso, al estar el funcionamiento de dicha infraestructura "en el aire".

(En la imagen de EP, Poveda y Martín Rodríguez)

Presentan la candidatura de Moreno en Águilas sin desvelar su programa electoral y casi sus siglas

ÁGUILAS.- La candidatura municipal encabezada por Carmen Moreno Pérez, en Águilas, ha sido presentada durante el pasado fin de semana y estará integrada, además, por este orden: Vicente Ruiz Robles, Rosalía Casado López, Juan Miguel Lorenzo Cantero, Fina Espinosa Ruiz, José Espinosa Melenchón, Tomás Consentino López, Juani Quiles Pardo, Isa Fernández Martínez, Mª Dolores Carrasco Muñoz, Alonso Paredes Morata, Tina Martínez Vidal, Juan Diego Oliver García, Mª Dolores López Escolar, Ginés Desiderio Navarro Aragoneses, Paco Castro Cruz, Luis Martínez Castillo, Miguel Coronado Díaz, María Salas Rodríguez, Nicolasa Ortega López y Gabriel Navarro.

Moreno quiso destacar en una presentación discotequera y lúdica, sin desvelar contenidos, algunos de los puntos más importantes que llevará su programa electoral, plagado de generalidades, voluntarismo y lugares comunes, en agricultura, sanidad, industria, y deporte, todos ellos englobados bajo el desideologizado símbolo de la campaña Águilas ya.

Según dijo, ese programa desea un Ayuntamiento abierto para todos. "Y lógicamente, abierto a los empresarios que vengan con ganas de trabajar, de ofrecer iniciativas y proyectos, de traernos progreso, desarrollo y empleo”, con absolutamente ninguna mención a los logros de Zapatero para el pueblo y alguna más para que la gente asistente supiese que estaba formalmente en un acto del PSRM-PSOE.

El juicio por el caso 'Limusa' de corrupción lorquina arrancará a finales de mayo

MURCIA.- El juicio por el caso 'Limusa', de presunta corrupción en torno a esta empresa de limpieza municipal de Lorca, arrancará el 30 de mayo en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, presidida por el magistrado Juan Martínez Moya y los magistrados Manuel Abadía y Julián Pérez-Templado.

   Entre los acusados se encuentran el concejal delegado de Limusa desde 2003 a 2007 y diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Bartolomé Soler, que abandonó el Grupo Parlamentario Socialista y solicitó su baja temporal en el PSOE tras el último auto del TSJ, en el que se le acusaba presuntamente de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en relación a dicho caso.

   Soler ocupó el cargo de teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorca entre 1995 y 2007 y ejerció de portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio lorquino entre 2003 y 2007.

   También se sentarán en el banquillo de los acusados Francisco Gil, el ex director de la entidad Limusa desde 1998 hasta 2009; y el que fuera alcalde de Lorca desde 1993 hasta 2006 y ex presidente de dicha empresa municipal, Miguel Navarro.

   Los otros acusados son el consejero delegado de Limusa desde julio de 1999 hasta julio de 2003, Jesús Molina; el que fuera interventor del Consistorio lorquino, Francisco Poyatos; la cónyuge de Francisco Gil Eguino, Ofelia González; y los contratistas de Limusa, Juan Antonio Franco y Antonio Francisco Córcoles.

   El juicio se celebrará del día 30 de mayo al 3 de junio y del 6 al 8 de junio. Las sesiones, que se celebrarán el la sala de vistas del Tribunal, serán de mañana y tarde, exceptuando la sesión del día 3 de junio, que será sólo de mañana, según fuentes del TSJ.

   En el caso 'Limusa' se investigan los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron cometer algunos ciudadanos de Lorca. En el marco de esta trama fueron detenidos y puestos después en libertad con cargos ex concejales del PSOE en el Ayuntamiento lorquino, entre ellos el ex alcalde socialista regidor de este municipio lorquino durante 13 años, Miguel Navarro; el ex gerente de Limusa, un dentista, un notario, un corredor de seguros y empresarios.

Navantia recibe la pila de combustible del submarino S-80 que construye para la Armada española

CARTAGENA.- El astillero de Navantia en Cartagena ha recibido la pila de combustible del sistema AIP (Air Independent Propulsion) correspondiente al primero de los submarinos de la clase  S-80 que Navantia construye para la Armada española. 

   La pila de combustible es el corazón de este sistema, que permitirá incrementar de forma exponencial los tiempos de inmersión de los submarinos de la serie 80 como factor diferencial en comparación con el resto de submarinos diesel convencionales que hay en el mundo, según informaron fuentes del astillero.

   La pila de combustible ha sido desarrollada por la empresa estadounidense UTC, líder mundial en el sector y suministrador único de la NASA, que ha utilizado sus desarrollos para equipar los cohetes 'Apolo' y los transbordadores espaciales, entre otros.

   El sistema de pilas de combustible genera potencia eléctrica al ser alimentado con una corriente de gases rica en hidrógeno y oxígeno puro.

  Frente a otras tecnologías de pila, la seleccionada por Navantia es, según el astillero, "tecnológicamente más segura, ya que es una derivación de programas espaciales; tiene una alta densidad de potencia, y permite arrancar con mayor rapidez el sistema y operar a baja temperatura".

El enlace de Defensa con la OTAN declara que no hubo comisiones ilegales en la subcontratación del Yak-42

MADRID.- El teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Ministerio de Defensa con la OTAN para la subcontratación del avión Yak-42, en cuyo accidente en 2003 fallecieron 62 militares españoles, ha declarado en la Audiencia Nacional que no hubo cobro de comisiones ilegales en la subcontratación del aparato, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, informaron fuentes jurídicas.

Ruiz López, que ocupó entre los años 2002 y 2003 el cargo de enlace de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto (EMACON) ante NAMSA, la agencia de la OTAN que subcontrató el vuelo siniestrado, ha declarado durante casi dos horas como imputado ante el juez Fernando Grande-Marlaska.

El compareciente no ha responsabilizado a ningún mando militar de la cadena de subcontrataciones y ha explicado que la adjudicación de los vuelos se hizo "a precio cerrado", por lo que no existieron comisiones entre el broker Chapman Freeborn, que se hizo con el contrato de Namsa, y las compañías intermediarias que pagaron los servicios de la aerolínea Ukranian Mediterranean Air, propietaria del Yak-42.

El teniente coronel Ruiz López, que ha explicado que entre los mediadores también se encontraba un comercial de la propia UM Air, realizó una investigación interna sobre la cadena de subcontrataciones del aparato siniestrado que se plasmó en un informe de conclusiones que fue aportado al juez por el ex ministro de Defensa, José Bono, que declaró como testigo.

A preguntas del juez Marlaska, del fiscal Fernando Burgos y de dos abogados de los familiares de los fallecidos que ejercen la acusación particular, ha explicado que se trató de una investigación "muy laboriosa", ya que tuvo dirigirse a todas las partes interesadas para obtener los contratos y precios con que se realizó la operación.

La petición de imputación de Ruiz López fue reclamada por un grupo de familiares de los fallecidos, que le atribuye la responsabilidad, en aplicación de una directiva conjunta de 1987, de efectuar el seguimiento de las peticiones de apoyo logísticas españolas y de conocer de forma directa que el Gobierno noruego había suspendido la contratación del avión Yak-42 "por motivos de seguridad".

En su escrito dirigido al magistrado las familias aseguraban que el teniente coronel fue comisionado por el entonces ministro de Defensa, José Bono, para investigar la cadena de subcontrataciones y añadían que "su participación fue esencial" para aceptar a la empresa Chapman and Freeborn como contratista del vuelo.

Del procedimiento, en el que están imputados otros cinco mandos del Ministerio de Defensa, se ha retirado un grupo de 61 familiares de 13 de los 62 militares que fallecieron en el accidente.

El juez Grande-Marlaska está a la espera de recibir las últimas comisiones rogatorias que cursó en junio de 2008 a un total de 15 países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.

Los dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

La acción penal también recae sobre el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

Diego de Ramón pide al Consejo General una auditoría judicial en la Comunidad Autónoma de Murcia

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha registrado sendas peticiones, dirigidas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, para que se haga un chequeo o auditoria judicial en la Comunidad Autónoma de Murcia, sin  mencionar juzgados concretos para no señalar e identificar a nadie, y así saber si goza de buena salud en la defensa de los derechos humanos del ciudadano de la calle en sus pleitos con la Administración Regional (en Servicios Públicos transferidos) en los últimos quince años, tanto en la vía contencioso-administrativa como penal.

El letrado solicita que se abra un censo estadístico en la Comunidad Autónoma de Murcia, a traves de la Inspección de Tribunales, sobre los procedimientos judiciales  interpuestos por el ciudadano de a pié para saber cuántos han prosperado contra la Administración Regional de Murcia, sus políticos, funcionarios o por los simples funcionamientos anormales de los servicios públicos, en las áreas de la jurisdicción contencioso-administrativa y penal.

  El citado letrado incluye a todas las Consejerías, entre ellas la antigua de Formación y Empleo, y la actual de Educación, Formación y Empleo, y desea saber de aquellas que haya ganado el ciudadano, si se le han impuesto las costas a la Administración, y sobre las que haya perdido el ciudadano, si siempre las costas se le han impuesto a éste.

Concretamente, pide tomar como base cronológica quince años atrás, y saber número de procesos judiciales contenciosos y penales del ciudadano contra actuaciones de la Administración Regional, en todas sus Consejerías e Instituciones dependientes del Gobierno Regional; así como número de procesos que ha interpuesto el ciudadano, resultados finales en sentencias en primera instancia y apelaciones; y si las sentencias ganadas por los ciudadanos han sido parciales o totales, y cuántas condenas en costas se ha hecho a la Administración Regional condenada.

 También cuántas actuaciones o ejercicio de las acciones populares han prosperado, y si las cuantías de peticiones de avales o garantías que se le han exigido al ciudadano para denunciar o querellarse contra los funcionamientos anormales de los servicios públicos, de la Administración Regional, han sido tan elevadisimas para colectivos o ciudadanos, que han impedido su continuación. Y cuántas demandas han prosperado sobre la jurisdicción especial para la protección de los Derechos Fundamentales.

De todo esto dará traslado al Tribunal de Derechos Humanos y a todas las instancias europeas relacionadas con la Administración de Justicia, a traves del Defensor del Pueblo Europeo.