La fusión de Banco Base puede romperse este miércoles tras pedir 2.784 millones al FROB

MADRID.- La fusión de Banco Base puede romperse mañana después de que su consejo de administración ratificara ayer lo acordado por unanimidad el pasado 23 de marzo de solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros, lo que supone casi duplicar las necesidades de capital de 1.447 millones identificadas por el Banco de España, informaron fuentes del sector.

   Las asambleas de las entidades que integran Banco Base, Cajastur, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria y Caja Extremadura, están emplazadas mañana a dar 'luz verde' definitiva al proyecto de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) mediante la segregación de activos al banco, y todo apunta a que no habrá respaldo unánime de las cuatro entidades.

   A falta de que se apruebe este punto del orden del día de las asambleas, el SIP no es irreversible, porque aún no han entrado en vigor la mutualización de los beneficios y las garantías recíprocas de las cajas que lo integran, especificaron las fuentes consultadas. Al tratarse de un acuerdo a cuatro bandas, la negativa de una asamblea daría al traste con el proyecto de fusión fría, recalcaron las fuentes.

   Las asambleas no respaldarán previsiblemente el proceso porque la solicitud de fondos públicos a través del FROB de 2.784 millones más el respaldo solicitado anteriormente de 1.493 millones de euros elevaría el recurso global al dinero de público hasta 4.231 millones de euros, cifra que convertiría al Estado en el mayor y principal accionista del SIP en función del valor en libros del grupo.

   La solicitud de 2.784 millones de euros al FROB recoge la cantidad de capital adicional de 1.447 millones identificado por el Banco de España para cumplir con los nuevos requisitos de capital establecidos por el Gobierno en la Ley de Reforzamiento Financiero más las necesidades de solvencia derivadas de la situación de la CAM.

   La petición de ayudas encara además las exigencias de solvencia incluídas en las pruebas de estrés que se aplicarán al sistema financiero español bajo mandato de la autoridad bancaria europea (EBA) en los próximos meses y cuyos resultados se darán a conocer en el mes de junio.

   La caja alicantina contaba con una morosidad del 4,66% al cierre del primer semestre de 2010, según el último informe de gestión de los estados financieros de la entidad recogidos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero una vez integrada en Banco Base ha aflorado una tasa de impago cercana al 9% así como una elevada exposición al sector inmobiliario.  

   Las cajas de ahorros de Banco Base no son proclives a integrarse en un proyecto que resultaría capitaneado por el Estado desde su nacimiento, indicaron las fuentes consultadas. La CAM celebra mañana su asamblea general a las 11.30 horas y a partir de las 17.00 horas harán lo propio Caja Cantabria, Caja Extremadura y Cajastur.

   La CAM ha mantenido contactos en los últimos días con otras entidades de cara a otro intento de integración, entre las que figuran Banco Mare Nostrum, Santander, BBVA, Popular y La Caixa, mientras el Banco de España y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) siguen mediando para que la fusión no se rompa.

CCOO augura que el aeropuerto de Corvera se convertirá en "una infraestructura de ladrillo sin plan aéreo"

MURCIA.- El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) considera que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en Corvera puede ocurrirle lo mismo que al de Castellón, y convertirse en "una infraestructura de ladrillo sin plan aéreo".

   Y es que, explicó en rueda de prensa Antonio Lucas, de la sección sindical de AENA CCOO en el Aeropuerto de San Javier, quien diseño este nuevo aeropuerto "se cubrió de gloria" porque "esto de cerrar San Javier e irnos a Corvera como dijo el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, como si esto fuera una fiesta, no es tan fácil".

   De hecho, apostilló, "el pollo que tiene montado Valcárcel es impresionante" porque "no dispone de espacio aéreo". Pues, indicó, "aunque algunos se piensen que 'Romeo 63' es un tobogán, una artículo de limpieza, una marca de frigorífico, o un avión que llega y se deja caer", se trata de un espacio aéreo "restringido" a cualquier vuelo, excepto a los militares que abarca la Región de Murcia y se extiende a 30 kilómetros de Alicante, Albacete, Granada y Almería.

   Una zona, señaló Lucas, "en la que se tienen que mover los aviones de Corvera, San Javier, de la Academia General del Aire o lo que se inventen", por lo que, afirmó, "poner orden a este galimatías es bien difícil". Algo, insistió, "que al Gobierno regional se le escapa".

   Además, se trata de un espacio que llega a casi los 26.000 pies de altura, unos 8.700 metros, por lo que un avión con destino a Alicante que sobrepase la 'Romeo 63' tiene la opción de bordear este perímetro  para hacer una maniobra de aproximación o atravesarlo por encima, "un movimiento muy brusco, todo un vuelo que nadie repetiría". Y Corvera, apostilló, "está dentro de la 'Romeo 63'".

   Un espacio en el que se ven implicadas aéreas "peligrosas" como el aeródromo de Alcantarilla donde se encuentra la Escuela Militar de Paracaidista, el aeródromo de Los Martínez del Puerto, la zona donde practican los alumnos de la Academia General del Aire y la zona de Los Cánovas, donde el Ejército maniobra sus programas de ataque de defensa.

   De hecho, recordó Lucas, "cuando se iniciaron las obras del Aeropuerto Internacional de Corvera, --como si el de San Javier fuera el de la señorita Pepis--, Valcárcel visitó su aeródromo en helicóptero, contemplando la belleza y esplendor de dos Harrier que le 'pegaron la pasadita de rigor'".

   Así se preguntó el trabajador de AENA, "dónde metemos la Academia General del Aire o Alcantarilla, reestructuramos el espacio aéreo o dejamos al señor Valcárcel y nos vamos todos". Pues, sentenció, "nos vamos". Claramente, "esto es un toro que Valcárcel tiene que solucionar de alguna manera", apuntó Lucas quien duda "mucho" de que para marzo "estemos programando vuelos sin tocar esto".

   Y es que, subrayó, "privatizar una empresa nacional rentable es un chollo para los amiguetes, pero en Murcia ese negocio lo hacemos al contrario, de forma privada creamos una empresa, por supuesto, abocada al fracaso, con unas expectativas bien hinchadas y se la colocan a la Comunidad Autónoma de Murcia, a cambio, imagino, de algo".

   Esta empresa se financia en parte con cajas de ahorro para poder cargar, en caso de fracaso, la deuda del negocio privado a la deuda autonómica, añade.

   Valcárcel, apuntó, por su parte Mª Carmen Zapata, de AENA CCOO, en el aeropuerto de San Javier, "es un encantador de empleo", que vendió 20.000 puestos de trabajo cuando en el de San Javier y en temporada alta contamos con cerca de 600 trabajadores directos con dos millones de pasajeros.

   "A qué estamos jugando", se preguntó la sindicalista quien lamentó la falta de publicidad institucional en el aeropuerto de San Javier por parte del Gobierno murciano.

   El aeropuerto de San Javier, indicó así Lucas, "no es una broma", y compañías como la de Ryanair harán de cara a la época estival 55 vuelos semanales. Un aeródromo, que a pesar de lo que digan, "sí puede crecer más". Pero, ahora, denunció, "montamos un circo que tendremos que pagar todos los murcianos, sin saber a cuento de qué".

   Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Salvador Soto, que ha asegurado que nadie ha hablado en ningún momento con los trabajadores del aeródromo sobre el cierre de San Javier, anunció que crearán una comisión al efecto para el desarrollo del transporte aéreo de la Región de Murcia.

UGT protesta por los despidos "injustificados" en la empresa farmacéutica 'Grifols' en Las Torres de Cotillas

MURCIA.- Un grupo de trabajadores y delegados sindicales de UGT Y CCOO se concentran a las puertas de la factoría ' Grifols', ubicada en Las Torres de Cotillas, ante lo que consideran un despido "indiscriminado" e "injustificado" de trabajadores, algunos de ellos con casi 20 años de antigüedad.

   Y es que, según explican fuentes sindicales en nota de prensa, el pasado viernes cuatro trabajadores fijos de la farmacéutica, empresa española con sede en Barcelona y su principal sucursal en la localidad murciana de Las Torres de Cotillas, fueron despedidos, aduciendo motivos organizativos.

   Esta empresa emplea en la factoría de Las Torres a 260 trabajadores y a más de 6.000 en todo el mundo.

   Grifols es una empresa española que desde 2006 cotiza en Bolsa y en 2008 está dentro de las que operan en el IBEX 35.

   Actualmente comercializa sus productos en todo el mundo a través de sus propias filiales en 16 países (Alemania, Italia, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Portugal, Argentina, Brasil, México, Chile, Malasia, Tailandia, Singapur, Japón y Perú).

   A pesar de la crisis, subraya el sindicato UGT, está en un fuerte proceso de expansión e incluso en la propia localidad de Las Torres de Cotillas está construyendo su tercera factoría, en el Polígono Industrial 'Los Vientos.'

   El secretario general de la Unión Comarcal de la Vega del Segura de UGT, Teodoro Cánovas, ha manifestado su indignación y su extrañeza por los despidos fulminantes de estos cuatro trabajadores, "que se produjeron sin comunicación previa al Comité de Empresa y sin ningún motivo aparente de corte laboral, económico, sindical u organizativo".

   Además, ha resaltado que la empresa ha informado al mencionado Comité que en los próximos meses seguirá despidiendo personal porque en la futura fábrica que está a punto de inaugurarse harán falta menos trabajadores, y por tanto, no titubearán en hacerlo.

   UGT denuncia la actitud de estas empresas, que sin tener motivos aparentes y escudándose en la Reforma Laboral reciente, deciden "adelgazar" sus plantillas a bajo coste y eludiendo la negociación y el diálogo con los representantes de los trabajadores, además de los 'mensajes a navegantes' con noticias agoreras de futuro incierto de más trabajadores de la plantilla, en una empresa poderosa y líder mundial en su sector.

Un total de 17.462 extranjeros podrán votar en la Región en las elecciones del próximo mayo

MURCIA.- Más de diecisiete mil ciudadanos extranjeros (17.462) residentes en la Región de Murcia podrán votar en las próximas elecciones, la mayoría de ellos procede del Reino Unido o Ecuador, según ha informado hoy el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.

   El delegado ha señalado que el 61,83 por ciento (10.798) pertenecen a estados de la Unión Europea, mientras que el 38,16 por ciento restante (6.664) proceden de otros países con acuerdos al respecto, siendo las nacionalidad mayoritarias la británica y la ecuatoriana que con 5.988 y 5.524 personas inscritas en el censo, representan el 34,29 y el 31,63 por ciento, respectivamente.

   González Tovar ha añadido que esta cifra ha aumentado con respecto a la facilitada en enero pasado (15.458), al haber contabilizado la Oficina del Censo Electoral las solicitudes recibidas después pero presentadas en plazo por los interesados, así como que representa el 16,42 por ciento de quienes podrían haberlo hecho (106.296).

   Estos extranjeros pertenecen a 31 nacionalidades diferentes. Además de las ya señaladas del Reino Unido y Ecuador, las mayores aportaciones son las de los naturales de Rumania (1.140), Francia (826), Alemania (713) y Bolivia (575).

   Otros países con aportaciones significativas son Italia (470), Colombia (445), Bulgaria (347), Portugal (316), Países Bajos (231), Bélgica (197), Polonia (118) y Lituania (102). También podrán votar ciudadanos de Irlanda (97), Suecia (85), Perú (56), Dinamarca (40), Finlandia (32), Chile (30) y Austria (28).

   Por último, los países con menos posibles votantes son República Eslovaca (19), República Checa (16), Noruega (16), Paraguay (13), Hungría (12), Letonia (8), Grecia (6), Islandia (5), Eslovenia (4) y Luxemburgo (3).

   El delegado del gobierno también ha señalado que esos electores extranjeros se reparten por los 45 municipios de la Región de Murcia, destacando entre ellos Mazarrón (3.385), seguido de Murcia (2.705), Cartagena (1.393), Lorca (1.358), Totana (1.031), Los Alcázares (752), San Javier (736), Torre Pacheco (585) y Águilas (530).

   Otros 19 municipios se encuentran en el abanico que comprende más de cien posibles votantes y menos de 500. Se trata de Molina de Segura (451), San Pedro del Pinatar (383), Abanilla (381), Fuente Álamo (359), Jumilla (313), Fortuna (277), Yecla (266), Puerto Lumbreras (254), Alhama de Murcia (226), Mula (178), Alcantarilla (164), Caravaca de la Cruz (150), Las Torres de Cotillas (139), Santomera (136), Calasparra (134), Pliego (119), Archena (118), Cehegín (111) y Ceutí (104).

   Con más de 50 electores y menos de cien hay seis municipios más -Cieza (99), La Unión (86), Bullas (66), Beniel (65), Campos del Río (63) y Alguazas (50)- ; mientras que con menos de 50 y más de 20 están siete -Blanca (48), Abarán (46), Lorquí (43), Moratalla (41), Aledo (38), Librilla (30) y Villanueva del Río Segura (22)-.

   Los municipios con menos presencia de ciudadanos extranjeros en sus censos electorales son Ricote (18), Ojós (5), Albudeite (2) y Ulea (2).

   El delegado del Gobierno ha informado que el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el real decreto por el que se convocan las elecciones municipales que se celebrarán en toda España el próximo 22 de mayo y que en la Región de Murcia permitirán elegir los 763 concejales que integrarán las nuevas corporaciones locales en los 45 municipios de la Región, lo que supone un incremento de 18 concejales.

   Concretamente se incrementa el número de concejales en Alhama de Murcia (4), Calasparra (4), Ceutí (4), las Torres de Cotillas (4) y Villanueva del Río Segura (2). Este aumento en el número de concejales en estos cinco municipios se debe a que éstos cambiado de tramo de población.

   De esta forma, se elegirán 29 concejales en Murcia; 27 en Cartagena; 25 en Lorca y Molina de Segura; 21 en Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cieza, Jumilla, Las Torres de Cotillas, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Totana y Yecla; 17 en Abarán, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Cehegín, Ceutí, Fuente Álamo, La Unión, Los Alcázares, Mula, Puerto Lumbreras y Santomera; 13 en Abanilla, Alguazas, Blanca, Fortuna, Lorquí y Moratalla; 11 en Campos del Río, Librilla, Pliego y Villanueva del Río Segura; nueve en Albudeite, Aledo y Ricote; y siete en Ojós y Ulea.

Por otra parte, González Tovar ha dado cuenta de algunas de las fechas más destacadas del período electoral. Así, del 4 al 11 de abril se podrá consultar el censo electoral y efectuar las reclamaciones pertinentes al mismo, mientras que el sorteo por parte de los ayuntamientos para la elección de los miembros de las mesas electorales se realizará entre el 23 y el 27 de abril, notificándose las designaciones a los interesados en un plazo de tres días a partir del citado sorteo.

   Además, el delegado del Gobierno ha señalado que las coaliciones electorales deben comunicarse a las juntas electorales de zona desde mañana, día 30 de marzo, hasta el 8 de abril.

   Por su parte, las candidaturas se presentarán entre el 13 y el 18 de abril, se proclamarán el 25 de ese mismo mes y se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) al día siguiente.

   En cuanto a la campaña electoral, ésta se celebrará del 6 al 20 de mayo --el 21, víspera del día de votación, es jornada de reflexión--. De acuerdo con lo establecido por la ley, no se podrán publicar sondeos a partir del 17 de ese mes.

   Parte su parte, los electores residentes en España que quieran votar por correo deberán solicitarlo entre el 29 de abril y el 12 de mayo, teniendo de plazo para enviar su voto entre los días 2 y 18 de este último mes. En el caso de los residentes en el extranjero, lo pedirán entre el 29 de marzo y el 23 de abril, pudiendo remitir su voto al consulado hasta el 17 de mayo.

   En cuanto los electores temporalmente ausentes, lo podrán solicitar también entre el 29 de marzo y el 23 de abril, y lo deberán remitir a la mesa entre el 26 de ese mes y el 18 de mayo.

   El día 22, los colegios electorales estarán abiertos desde las 9.00 horas hasta las 20.00 horas. Los primeros resultados provisionales conocerán después de que cierren los colegios de Canarias, una hora más tarde que los de la península.

   El escrutinio oficial se efectuará por las Juntas Electorales de Zona entre el 25 y el 28 de mayo.

   Asimismo, el delegado del Gobierno ha informado que la constitución de las nuevas corporaciones se efectuará el 11 de junio, salvo en el caso de los municipios donde haya habido recursos contra la proclamación de los candidatos electos, en los que se realizará veinte días después, el 1 de julio.

La CAM "continúa haciendo esfuerzos" para la continuidad de Banco Base

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) "continúa haciendo esfuerzos" para la continuidad de Banco Base, según han indicado fuentes de la entidad financiera, quienes han resaltado que "no ha habido sorpresas" en sus números" y que "si alguno de los socios" no aprueba en sus asambleas la segregación de activos y pasivos hacia Banco Base, "será su decisión y su responsabilidad si queda fuera del proyecto". 

   El consejo de administración de Banco Base, celebrado en Madrid, aprobó solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 2.784 millones de euros, frente a los 1.447 millones previstos inicialmente de acuerdo a la necesidad de capital cifrada por el Banco de España para alcanzar los nuevos requisitos de solvencia establecidos por el Gobierno.

   Tras el consejo y las informaciones aparecidas sobre una posible ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP) por el aumento considerable de la cantidad solicitada de ayudas al FROB, fuentes de la caja han remarcado que la entidad "continúa haciendo esfuerzos para que Banco Base pueda seguir adelante".

   Aunque desde la caja alicantina "no creían necesario pedir una cifra tan elevada" al FROB, "no se opusieron por razones de cautela y consenso" ante las presiones planteadas en el consejo por parte de Cajastur, precisaron las fuentes.

   En este sentido, las mismas fuentes han indicado que los consejeros designados por CAM en Banco Base han hecho "un nuevo ejercicio de responsabilidad, de seriedad y de cumplimiento" de sus compromisos.

   Según fuentes de la caja, no era Caja Mediterráneo, sino Banco Base y sus órganos quienes "debían hacer pública" la cifra finalmente solicitada, puesto que fue su consejo quien la aprobó. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pidió en la tarde de este mismo lunes que se facilitara la cifra, pero Banco Base "no la dio".

   Por ello, y a pesar de que la petición realizada "supone que el FROB podría tomar la mayoría del capital en determinados escenarios extremos", desde la caja esperan que este miércoles la asamblea "apruebe el proyecto y que las de los otros socios hagan lo propio".

   "Si alguno de los socios no lo aprueba será su decisión y su responsabilidad si queda fuera del proyecto", han afirmado las mismas fuentes.

   Además, han tildado de "absolutamente falso que haya habido sorpresas en lo números" y han subrayado que "todos los socios los conocían", puesto que figuran "en actas del consejo de Banco Base desde hace meses".

   Así, han remarcado que "lo que ha cambiado es el escenario financiero y las exigencias del Banco de España y el Gobierno, no los números de CAM".

   Según fuentes de la entidad alicantina, la CAM "aporta tamaño y transparencia, que son dos de los requisitos de Banco de España para los futuros bancos" y los "repartos de participación fueron pactados como irreversibles por todos los socios".

   Por otra parte, fuentes del sector, han puesto en cuestión que Banco Base haya pedido una cifra tan superior a las estimaciones que el propio Banco de España, máxima autoridad, había realizado dos semanas antes y lo han calificado como un comportamiento "indigno" y que en "ningún caso leal".

   En su opinión, no se puede pedir al FROB "un capital que no se puede cumplir" y que "si quieren romper --el SIP--, que lo rompan", pero sus argumentaciones son "falacia sobre falacia".

   Todas las cajas que forman parte de Banco Base --Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y CAM-- tienen previsto celebrar este miércoles sus respectivas asambleas, en las que, en un principio, estaba previsto que segregación de activos y pasivos hacia Banco Base para culminar el proceso de fusión virtual.

CC.OO. urge al Banco de España a solucionar los problemas de Banco Base

MADRID.- CC.OO. ha instado al Banco de España a solucionar los problemas de Banco Base, el proyecto de integración de Cajastur, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja Cantabria y Caja Extremadura, que ha de ser ratificado mañana por las asambleas de las cuatro entidades.

   Según Comfia CC.OO., todo apunta a que CAM se adhirió a este Sistema Institucional de Protección (SIP) por presiones del Banco de España, por lo que el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez "debería actuar con decisión para solucionar el mismo problema que él creó".

   "Buena parte de la responsabilidad de que a estas alturas del desarrollo del SIP estemos así corresponde a la actuación del Banco de España", sostiene el sindicato, tras indicar que la situación de la CAM sería más comprometida que la del resto de integrantes del SIP por razones de su gran tamaño.

   CC.OO considera además que sería una "irresponsabilidad grave" que las asambleas de Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura dieran mañana su visto bueno definitivo a la fusión de Banco Base, "porque la viabilidad del grupo es incierta", a la luz de las cifras.

   El sindicato recalca que las necesidades de capital de Banco Base solicitadas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) provocarían que el Estado fuera "de largo" el primer accionista de la entidad, lo que no tiene nada que ver con la idea original de crear el grupo.

   Entre otros efectos negativos, provocaría la conversión obligatoria de las cajas en fundaciones y la imposibilidad de atender las obras sociales, destaca.

   CC.OO subraya que la necesidad adicional de 1.300 millones de euros de ayudas al FROB provocadas por nuevas circunstancias en la situación de la CAM, más las ayudas ya solicitadas da un total de 4.277 millones de euros de ayudas públicas.

   "Al igual que hemos pedido una y otra vez transparencia, hemos exigido que los gestores responsables de esta situación asuman su responsabilidad directa, exigencia que igualmente ha caído en saco roto", denuncia el sindicato.

   En esta "situación compleja", COMFIA-CCOO sostiene que lo primero es la viabilidad económica como garantía de los puestos de trabajo, y lo segundo que se depuren responsabilidades destituyendo a los gestores "que han llevado a esta situación desastrosa".

   Advierte además que los consejeros de CC.OO. en las asambleas van a pedir explicaciones, tanto de las cifras que se están barajando, "como del manifiesto enfrentamiento entre los ejecutivos".

Sacyr, dispuesto a amoldar el consejo a su nueva composición accionarial

MADRID.- El consejo de administración de Sacyr Vallehermoso manifestó en su reunión de este martes su disposición a abrirse para otorgar un nuevo puesto a Demetrio Carceller y dar entrada a los dos nuevos socios, el Grupo Fuertes (El Pozo) y José Moreno Carretero, según informaron fuentes próximas al grupo.

   Carceller se convirtió la pasada semana en primer accionista del grupo de construcción y servicios al elevar su participación en la empresa hasta el 15,7%.

   El propietario del grupo Disa ya cuenta con dos puestos en el máximo órgano de gestión de Sacyr, uno que ocupa el propio empresario y otro correspondiente a Satocán, grupo constructor canario de la familia Sanjuan Jover, con el que Carceller tiene sindicadas sus acciones de la constructora.

   Carceller tiene una participación directa del 12,9% en Sacyr que, sumada a la de alrededor del 3% con que cuenta Satocán, eleva su porcentaje total de derechos de voto en Sacyr hasta el referido 15,7%.

   En el caso de los propietarios de la empresa de alimentación El Pozo y el empresario de la construcción Moreno Carreter, recientemente tomaron alrededor de un 5% de Sacyr cada uno en las dos ampliaciones de capital realizadas por la compañía que preside Luis del Rivero en los últimos meses.

   En fuentes oficiales de Sacyr Vallehermoso destacaron que la apertura del consejo del grupo a estos socios forma parte de la normalidad y de los derechos que la ley otorga a los accionistas.

   Asimismo, subrayaron el ambiente de cordialidad en que se desarrolló la reunión del consejo de administración y mostraron su "satisfacción por el hecho de que un accionista de la compañía que conoce la empresa, apueste por ella", en referencia a Carceller.

   El consejo de administración de Sacyr está actualmente integrado por catorce miembros. El resto de accionistas de referencia de la compañía de construcción y servicios son su presidente y su ex presidente José Manuel Loureda, con una participación de alrededor del 13% cada uno de ellos; el vicepresidente, Juan Abelló (9,6%) y el consejero delegado, Manuel Manrique (6,2%)

Hacienda recuerda a las CC AA que la reducción del déficit no es "negociable"

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha salido al paso de las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre las dificultades que tendrá Cataluña para cumplir con la reducción del déficit en 2011 al asegurar que el objetivo de consolidación fiscal "no es negociable".

   "Lo tienen que cumplir todos", ha señalado Ocaña en declaraciones a los medios tras su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Congreso, donde ha dicho que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña están trabajando en el plan de reequilibrio que tiene que incluir la reducción del déficit hasta el 1,3%.

   En este sentido, Ocaña ha asegurado que el Ministerio de Economía va a ser "muy riguroso" con los planes de reequilibrio y ha recordado la necesidad de que las comunidades pongan en marcha las medidas necesarias para cumplir con los objetivos y pasar de un déficit de casi el 2,9% del PIB a uno del 1,3%, aunque no ha querido posicionarse sobre la conveniencia de aprobar algunas iniciativas concretas, como el Copago.

   Además, durante su comparecencia, el secretario de Estado ha recordado que el Gobierno está estudiando medidas adicionales para intensificar el control del gasto autonómico que se discutirán en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como el seguimiento trimestral de las cuentas.

   En cuanto a la idea de que se tenga en cuenta el nivel de deuda de las comunidades y no sólo el de déficit, Ocaña ha dicho que puede ser un "debate interesante", aunque en ningún caso debe servir para perdonar a los territorios con los saldos negativos más elevados. "Sería un elemento para imponer más disciplina", ha indicado, tras asegurar que es una cuestión que se plantea desde hace tiempo en el CPFF.

   Sobre las balanzas fiscales, Ocaña ha asegurado que al Gobierno no le supone "un problema especial" publicarlas porque no tiene ningún problema en "dar información y ser transparente", aunque no servirá para alimentar la reivindicación de alguna comunidad autónoma como quedó demostrado cuando se publicaron las correspondientes al año 2005.

   En cuanto a la posibilidad de que el Ejecutivo cambie sus previsiones de déficit, Ocaña ha recordado que el programa de consolidación fiscal y el cuadro macroeconómico se revisarán en abril, aunque los datos muestran que el déficit va "un poquito mejor" que hace un año y "muy cerca" de las previsiones del Gobierno. "No estamos pensando en corregir nada", ha indicado, tras resaltar, sin embargo, que el Gobierno hará "lo que sea necesario" para cumplir este objetivo.

   Además, ha asegurado que la nueva norma que modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo no afectará a los objetivos que se ha marcado el Gobierno en este sentido para los próximos años.

   Ocaña no ha querido detallar la nueva norma porque mañana lo hará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Cámara Baja, aunque sí ha reiterado que la regla será de obligado cumplimiento para el Estado y las corporaciones locales, mientras que tendrá que consensuarse en el CPFF para que las comunidades decidan aprobarla en sus asambleas regionales.

Retegui considera que Valcárcel "pretende que los ciudadanos paguen su despilfarro en cuentas públicas"

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, considera que el presidente Ramón Luis Valcárcel "pretende que los ciudadanos de la Región de Murcia paguen su despilfarro y su descontrol en las cuentas públicas". 

   "Ayer empezó hablando de que todo gratis no es viable, dijo que era muy valiente decir a los ciudadanos a dos meses de unas elecciones que debían participar directamente del gasto en sanidad y educación, para posteriormente intentar desdecirse, pero la realidad es que volvió a hablar de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos", remarcó la socialista.

   García Retegui, médico de familia, subrayó que la Comunidad de Murcia, con casi un 5 por ciento de déficit, dobla el de la media de las comunidades autónomas, y que, sin embargo, en 2010, en vez de reducir los gastos corrientes como hicieron el resto de regiones en un 8 por ciento, Valcárcel hizo que aquí aumentara en el mismo porcentaje.

   "En gasto corriente (contrataciones externas, protocolo, publicidad o propaganda) Valcárcel gastó 800 millones de euros en vez de los 600 presupuestados, es decir, 200 millones más", puntualizó.

   En época de crisis económica, añadió, "cuando había que hacer un esfuerzo para concentrar el gasto en inversión productiva, en empleo y en servicios sociales, Valcárcel dejó de invertir en inversión productiva y siguió gastando en inversión improductiva".

   Así Retegui puso como ejemplo lo gastado en Manifesta, el PAC, las pegatinas de la Fórmula 1, la contratación de empresas externas para que hagan trabajos que pueden hacer perfectamente los funcionarios, o el tener consejeros que no tienen competencias -en referencia a Justicia-.

   "Además, mantiene cargos y eventuales de Gabinete que no se reducen, anuncia la reducción de entes públicos de los que no gastan y tienen altos cargos mientras se mantiene a todo el personal, anuncia una reducción de la televisión autonómica que dos meses después no se ha concretado en nada", añadió.

   Otro ejemplo del despilfarro de Valcárcel es, según la candidata, la tardanza en anunciar una medida de la que ayer habló: la prescripción de receta por principio activo, que el propio presidente reconoce que va a significar un ahorro de más de 20 millones de euros.

   Por qué, se preguntó la candidata socialista, "no lo hizo hace más de tres año como le pedimos desde el PSOE, y como hace tiempo que se ha hecho en otras regiones".

   Pero, a juicio de Retegui, lo peor es que ayer Valcárcel dio un paso más, "y olvidó que la Constitución Española consagra la gratuidad en la enseñanza obligatoria".

   "Ningún ciudadano, ni en esta Región ni en el conjunto de España puede entender que en la Región de Murcia se malgaste en asuntos que no son competencia directa, ni mandato ni obligación constitucional alguno, y sin embargo se pida un esfuerzo complementario de los ciudadanos para pagar la educación, que constitucionalmente tiene que ser pública y gratuita", lamentó.

   En una Comunidad que está a la cola de la cola de los mejores indicadores y a la cabeza en fracaso escolar, todos, incidió, "deberíamos estar de acuerdo en que la educación tiene que ser un pilar fundamental, no solo para la salida de la crisis sino para el futuro como Región".

   Y si queremos eso, afirmó, "no hay que pedirles un esfuerzo a los padres, que algunos no podrían llevar a sus hijos a los colegios si les pedimos mayor contribución, sino que lo que habría que hacer es un esfuerzo solidario para pagar más becas y ayudar a los ciudadano a formarse, lo contrario de lo que propone Valcárcel".

   Según Retegui, el escenario que nos plantea Valcárcel a partir del 22 de mayo es "menos y peores servicios públicos, y copago o más impuestos para poder tener derecho a los servicios públicos".

   Al tiempo que recordó que "estamos a 29 de marzo, y los dependientes en la Comunidad Autónoma todavía no han cobrado su prestación, el derecho que tienen por la Ley de Dependencia".

Tovar considera que el copago "es ineficaz e ineficiente" porque genera "desigualdades importantes e inequidad"

MURCIA.- El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha considerado este martes que la medida del copago "es ineficaz e ineficiente, sobre todo, porque es una medida que genera desigualdades importantes e inequidad".

   González Tovar ha valorado de esta forma las declaraciones del presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, que este lunes planteó la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

   El delegado, médico de profesión, ha precisado que inequidad "es una palabra que usamos mucho los sanitarios, sobre todo, desde el punto de vista de economía sanitaria, que es la diferencia al acceso y los factores que dificultan ese acceso a las personas que están enfermas y necesitan el servicio y no pueden pagarlo".

   Como profesional de la sanidad, González Tovar dice que es un debate que "siempre hemos mantenido abierto y, desde luego, en nuestro sistema sanitario público en el sistema nacional de salud siempre lo hemos descartado porque creemos que es una medida ineficaz e ineficiente", ha insistido.

   Desde el punto de vista de la educación, González Tovar ha considerado que la Ley de Educación "es muy clara en cuanto a que debe de ser universal y gratuita". Por lo tanto, se ha preguntado "cómo casaría esta propuesta dentro de los preceptos constitucionales".

   No obstante, el delegado ha añadido que se trata de un debate "que está abierto y cada uno puede hacer la propuesta que considere oportuna y es importante que, cada uno haga su propuesta porque los ciudadanos deben de saberlas, precisamente en unos momentos como estos, cuando van a elegir.

El Defensor del Paciente cree que la propuesta de Valcárcel busca "masacrar los bolsillos"

MADRID.- La asociación Defensor del Paciente ha pedido al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, que de "inmediato de marcha atrás" ante las "vergonzosas declaraciones" que ha realizado, al plantear la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, que pretenden "masacrar los bolsillos de los ciudadanos".

   En una carta dirigida al presidente murciano, la presidenta de la asociación Carmen Flores ha calificado de "desvergüenza política" la propuesta de Valcárcel al hablar del "copago para la sanidad y la educación".

"Los ciudadanos con nuestros impuestos ya pagamos sobradamente los servicios que recibimos y su sueldo", ha defendido al tiempo que ha calificado de "lamentable" que se este dando un paso atrás en los derechos de los ciudadanos.

   En este sentido, Flores ha criticado que a Valcárcel le afloren "sus instintos recaudadores" para "fastidiar" al que más necesita los servicios públicos. "Nadie puede contravenir la Constitución que recoge los derechos de educación y sanidad", ha afirmado.

   "Es lamentable como se van conchabando con el solo fin recaudatorio sin pensar en los ciudadanos, que deberían exigirles que no malgasten el dinero público a su antojo y luego pretendan masacrar más si cabe el bolsillos de los ciudadanos", ha observado.

    En este contexto, ha insistido al dirigente 'popular' que debe "sentir vergüenza ajena" y no continuar con la "sin razón de sus declaraciones". Asimismo, ha pedido que "no se le ocurran ideas tan maravillosas como estas en contra de los murcianos".

Gonzalez Pons y Pastor desmienten a Valcárcel: El PP "no es partidario" del copago en sanidad y educación

BADAJOZ.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho que su partido "no es partidario de establecer el copago ni en sanidad ni en educación" ya que "deben ser universales y gratuitas para todos", desmintiendo así a un Valcárcel que ya va claramente por libre y errático en política.

En Zafra, ha respondido así a la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, que ha recordado que los ciudadanos "ya pagan por la sanidad y la educación a través de sus impuestos" y ha reclamado al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aclare si está a favor de que los ciudadanos asuman parte del coste de estos servicios.

Su versión fue apoyada, también, por la exministra de Sanidad y Consumo y actual coordinadora de Paticipación Social de los populares, Ana Pastor, que , tras las declaraciones de Valcárcel, recalcó que el PP «ha estado, está y estará» en contra del copago sanitario y reiteró la apuesta de su formación por un sistema sanitario «público y universal». 

Previamente, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, había propuesto que los ciudadanos asuman un porcentaje, "el que sea", en el coste de estos servicios básicos.

'Mare Nostrum' agotará todas las posibilidades antes de ir a morir al FROB

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN) mantiene como prioridad su plan de salir a Bolsa para recapitalizarse y cumplir con las nuevas exigencias de solvencia a la banca española, al tiempo que continúa con las conversaciones iniciadas en enero para buscar inversores privados que entren en su capital. 

 

Según indicó un portavoz de BMN a Reuters, la entidad ha presentado al Banco de España su plan de reforzamiento del capital, en el que no se descarta acudir al FROB en caso de encontrarse con dificultades para la captación de capital privado.

"No te puedes cerrar ninguna puerta, pero actualmente no lo contemplamos", dijo.
De acuerdo con los datos del Banco de España, BMN tiene que recapitalizarse por 637 millones de euros para alcanzar un capital básico del 10 por ciento, según la nueva regulación decretada por el Gobierno para despejar las dudas de los mercados sobre el sistema financiero español.

Nueve medidas para cambiar España / Ángel Tomás Martín *

Aspirar al 'Estado del bienestar' es comprensible. La dificultad en alcanzarlo o su fácil deterioro es un hecho real. Un pueblo que se deja engañar por quien se lo promete es, cuando menos, inocente voluntario. Si se exige el bienestar sin aportar esfuerzo y sacrificio, no es solamente irresponsable, sino totalmente inoperante. Los ciudadanos tenemos la obligación de aportar trabajo bien hecho apoyado en amor propio y fuerza de voluntad. 

Sólo el trabajo colectivo y el conocimiento pueden hacer feliz a un pueblo, y ese trabajo será posible si se unen los emprendedores, los trabajadores, el ingenio y, como dijera Jac Trout, la diferenciación. 

Hemos de abandonar el relajamiento y la tutela desafortunada para abrazar la cultura y el arte, éste último en atonía por habernos instalado en la comodidad. En esta situación no se crea, y casi todo es mediocre o decadente, por eso nos encontramos en el 'Estado del malestar'. Despertemos e impulsemos la "Sociedad del esfuerzo". 

Sin embargo tampoco será posible sin un cambio estructural que sólo el poder político- económico puede llevar a cabo. 

Nuestra pérdida de competitividad nos ha hecho descender nueve puestos en tan sólo un año, situándonos en el 42 según las conclusiones del IEE, lo que exige medidas urgentes que permitan recuperarnos. 

Todos piden cambios estructurales pero sin aportar ideas eficaces que hagan posible el esfuerzo colectivo. Por ello, y sin ánimo de ser exhaustivos, expongamos algunos trascendentales que darían solución rápida a la lamentable coyuntura económica que España padece. 

Necesitamos:

1. Un presupuesto general del Estado y unas medidas de acompañamiento veraces, desarrollables y vinculantes. 

2. Reformar el modelo autonómico Nacional, su armonización y su compatibilidad con el presupuesto Nacional. 

3. Sanear, regular y controlar (Banco de España y Tribunal de Cuentas) con valentía y rapidez el sistema financiero. Sin él, no es posible mantener la economía real, y aun menos su crecimiento y la creación de empleo. 

4. Urgente reforma de la fiscalidad y su armonización interna y comunitaria, sin olvidar ventajas temporales para los nuevos emprendedores (la falta de recaudación la compensará la disminución del costo del paro rescatado). 

5. Mejorar la reglamentación del sistema laboral asimilándolo al que rige en la CE, que incluye determinadas liberaciones. 

6. Acometer definitivamente el Plan Energético Nacional. Somos muy dependientes y ha de conseguirse bajar el costo al consumidor, asegurar el amenazado suministro exterior y disminuir la dependencia del petróleo.

En un reciente estudio de alta economía se llegó a la conclusión de una muy probable rotura de la economía, si el barril de crudo superase los 180$. 

7. Un plan hidráulico Nacional que cubra las necesidades civiles y agrícolas de forma solidaria. Agua hay suficiente, sólo se necesita una inteligente distribución. No construyamos más desalinizadoras: son caras de construcción y de mantenimiento, y nocivas por su contenido no resuelto en boro y sodio. Su construcción en el exterior está en proceso de eliminación. Reservemos las que tenemos para posibles sequías. 

8. La mejora de los métodos de la mecanización, de la investigación y de la ingeniería aplicada, el control de la inflación, el apoyo a la exportación… son otros tantos aspectos que deben ser abordados y estimulados. 

9. Siendo España un país carente de primeras materias y pobre en industria pesada y bienes de equipo, deben ser impulsados éstos últimos al nivel de lo posible, pero sobre todo fomentar nuestras propias fuentes de riqueza, como son la agricultura y sus derivados (castigada por una intermediación abusiva rayando en la especulación), renovando métodos y seleccionando cultivos. Y fomentemos el sector servicios llevándolos a la calificación de excelencia. 

Para acometer estos cambios estructurales expuestos es obligado que quien gobierne olvide su filosofía política y se dedique en plenitud a administrar bien para todos, sin olvidar la independencia del sistema judicial, del Banco de España y del Tribunal de cuentas del Estado.

(*) Doctor en Economía y empresario

Demetrio Carceller prevé solicitar un nuevo puesto en el consejo de Sacyr

MADRID.- Demetrio Carceller contempla solicitar un nuevo puesto en el consejo de administración de Sacyr Vallehermoso, compañía de la que es primer accionista tras elevar la pasada semana su participación en la empresa hasta el 15,7%.

   "Disa tiene intención de solicitar una representación adecuada a su participación" en el consejo de Sacyr, según indicaron fuentes próximas a la compañía propiedad de Carceller.

   El empresario podría plantear esta petición en la reunión del máximo órgano de gestión que la compañía que preside el ingeniero murciano Luis del Rivero prevista para hoy martes, 29 de marzo, según apuntaron fuentes del sector.

   En la actualidad, Carceller cuenta con un puesto en el máximo órgano de gestión de Sacyr, que ocupa el propio empresario. A este puesto se suma el que tiene Satocán, grupo constructor canario de la familia Sanjuan Jover, con el que Disa tiene sindicadas sus acciones en Sacyr.

   Así, en caso de que Sacyr aceptara su eventual solicitud de un nuevo sillón en el consejo de administración, el empresario pasaría a tener tres vocales en el consejo del grupo de construcción, servicios y energía.

   De hecho, en el pacto de socios que Carceller y Satocán firmaron el pasado mes de febrero ambos se comprometían a, entre otras cosas, "hacer los mayores esfuerzos para que Satocan mantenga o renueve su condición de consejero" de Sacyr. Asimismo, acordaron "expresamente agrupar las acciones sindicadas para el ejercicio del derecho de representación proporcional en relación con el consejo de Sacyr".

   Disa y Satocán firmaron esta alianza después de que el Grupo Fuertes (El Pozo) y el empresario José Moreno Carreter se convirtieran en nuevos socios del grupo a través de dos ampliaciones de capital, con las que se han hecho con un 11% de su capital, y de que Sacyr haya considerado conveniente que cuenten con representación en el consejo.

   Demetrio Carceller se convirtió la pasada semana en primer accionista de Sacyr al comprar un paquete de acciones del grupo representativas del 2,9% de su capital y elevar su participación en la empresa hasta el 15,7%.

   En concreto, con esta operación el empresario elevó su participación directa en el grupo de construcción y servicios a casi el 13%. En caso de sumar a este porcentaje el 3% que tiene de forma indirecta (mediante el referido acuerdo con Satocán), eleva su porcentaje total en Sacyr hasta el 15,7%.

   El resto de principales socios de referencia de Sacyr son su presidente el murciano Luis del Rivero, y el ex vicepresidente José Manuel Loureda con participaciones de alrededor del 13% cada uno de ellos; el vicepresidente de la compañía, Juan Abelló, con un 9,62% del capital y su consejero delegado, Manuel Manrique con un 6,10%.

El consejo administración de la CAM acuerda solicitar el apoyo del FROB para Banco Base

MADRID.- El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha ratificado anoche el acuerdo alcanzado el pasado 23 de marzo de solicitar el apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que Banco Base cumpla con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Banco Base está participado por Cajastur y la CAM en un 40%, respectivamente, así como por Caja Extremadura (11%) y Caja Cantabria (9%), y se creó con el objetivo de permitir a estas entidades convertirse en un grupo eficiente y solvente en el sistema financiero español.

   Banco Base ha presentado su plan de estrategia al Banco de España, en el que prevé cubrir con fondos públicos su necesidad de capital de 1.447 millones de euros para alcanzar el requisito de capital del 10%, umbral del que se aleja en 1,8 puntos porcentuales.

Valcárcel siembra incertidumbre entre los trabajadores del aeropuerto de San Javier

SAN JAVIER.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, manifestó que las declaraciones del presidente Ramón Luis Valcárcel, sobre el cierre del Aeropuerto de San Javier, han generado una gran incertidumbre tanto en los trabajadores de AENA como en las empresas que trabajan para dicho aeródromo, lo que afecta en total a unos 300 trabajadores. 

   Begoña García Retegui se reunió con los trabajadores del Aeropuerto de San Javier para clarificar determinados aspectos y hablar de la situación. La parlamentaria socialista les explicó que "el Partido Popular, al parecer, tiene un problema con Corvera y lo que contemplan es abrir negociaciones para ver la compatibilidad en el uso del espacio aéreo en la Región".

   García Retegui calificó de "una imprudencia enorme estas declaraciones, porque el presidente Valcárcel había asegurado que no necesitaba AENA para abrir Corvera; también dijo que no iba a necesitar recursos públicos de los murcianos y ya llevamos gastados 260 millones de euros y, además, se comprometió a crear más de 20.000 empleos y ahora nos dice que se va a llevar a los trabajadores de AENA".

   La portavoz socialista quiso tranquilizar a los trabajadores y les aseguró que San Javier es un aeropuerto rentable, que está funcionando bien, al que están llegando turistas y donde se han abierto nuevos vuelos.

   "Por ello, creemos que de momento lo prudente es seguir trabajando, negociar y abrir vías de diálogo, pero siempre desde una perspectiva de mantener este aeródromo abierto no sólo a los militares sino al tráfico civil", concluyó.  

   Al hilo, la Candidatura Independiente de San Javier, ha solicitado en el día de hoy a la alcaldesa del municipio, Pepa García, la celebración de un Pleno Extraordinario "urgente" para que cada grupo político clarifique ante la ciudadanía su posición con respecto al proyecto de cierre del aeropuerto.

   Desde los independientes, añadieron, "entendemos que es necesario que las formaciones políticas aclaren su disposición a defender una de las infraestructuras más importantes con las que cuenta nuestro municipio".

   Sabiendo que la segunda pista ya ha entrado en funcionamiento y que la fuerte inversión que ha realizado el Ministerio en ampliar y modernizar nuestro aeropuerto, es posible potenciarlo para dar cabida como estaba previsto a más de cuatro millones de pasajeros al año.

   "En tiempos de enfriamiento económico entendemos que se debe potenciar los recursos públicos y optimizar las infraestructuras con las que cuenta la Región y cerrar el Aeropuerto de San Javier supone una pérdida para la economía del municipio que va en detrimento de su importancia como referente turístico y social", finaliza.

IU denuncia que se trabaja "a escondidas" en las excavaciones del anfiteatro romano de Cartagena

CARTAGENA.- El candidato de IU-Verdes a la alcaldía de Cartagena, Cayetano Jaime Moltó, ha denunciado este lunes que en las últimas semanas se están realizando labores de excavación arqueológica en el anfiteatro romano que, por el "reducido" número de personas que trabajan en las mismas,  no son publicitadas, "ya que generaría vergüenza a quien lo hiciese".

   Para Jaime Moltó, "es lamentable que un conjunto patrimonial tan espectacular se vea negado de insuficiente financiación para abordar de forma integral un proyecto de recuperación y puesta en valor".

   Ha señalado además que "la mala gestión de los Gobiernos regional y local suponen que se tenga que hacer frente a importantes gastos fijos como los del andamiaje que sostiene la fachada de la antigua plaza de toros con un coste de 20.000 euros mensuales, mientras no se realiza tarea alguna continuada por falta de presupuesto".

   El cabeza de lista de la formación de izquierdas ha criticado "la improvisación y falta de planificación del ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma cuando se hace frente a importantes gastos de infraestructura de apoyo sin tener garantía de financiación para la continuidad ininterrumpida de las obras".

   A su juicio, "esto se traduce en que los varios años que ya están colocados los andamios se ha generado un gasto de varios cientos de miles de euros sin obtener un rendimiento que justifique la inversión, cuando con ese dinero se podía hacer acometido la excavación íntegra de los restos del anfiteatro".

Ecologistas en Acción denuncia que el PGMO de Murcia permite la construcción de 113.000 viviendas "irregulares"

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente que el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) aprobado por el Ayuntamiento de Murcia en 2006 permite la construcción de, al menos, 113.000 viviendas irregulares en el Campo de Murcia, por convalidar su construcción a cambio de suelo de protección específica, que incluye las consideradas Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y parques regionales.

   Se trata de un suelo protegido que el Ayuntamiento ha otorgado como aprovechamiento urbanístico a través de su adscripción o convalidación como Sistema General de Espacios Libres, es decir, como el porcentaje de suelo urbanizable que la Ley obliga a reservar sin construir y libre para habilitar, posteriormente, jardines, parques públicos, viales y otras zonas comunes. Es lo que se conoce como 'teletransporte'.

   Esto es una práctica "irregular" en base al PGMO, según han hecho saber en rueda de prensa el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, acompañado de las miembros de la asociación, Julia Martínez y Ángeles Moreno, que es Master en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.

   Por este motivo, Ecologistas en Acción ha presentado un Recurso Extraordinario de Revisión de la normativa ante el Consistorio y, subsidiariamente, ante la Comunidad Autónoma, para que se corrijan "de forma inmediata" estos "errores" detectados y se anule el aumento del aprovechamiento urbanístico, incluso, de las viviendas que ya han sido construidas y que quedan "fuera de la legalidad".

   A partir de este momento, Ecologistas en Acción ha explicado que se abre un proceso de dos meses, que es el tiempo que el Ayuntamiento de Murcia tiene para solucionar este tema de oficio. Si el Consistorio no da respuesta, la asociación ecologista ha anunciado que recurrirá "hasta el contencioso"

   Ecologistas en Acción tuvo conocimiento de esta práctica que califican como "irregular" en la última reunión de la Comisión de Participación para el Plan de Gestión del Valle y Sierras de Altaona y Escalona, por lo que encargaron un informe técnico para conocer, precisamente, la adscripción de suelo protegido como Sistema General de Espacios Libres en todo el municipio.

   Según este estudio, la aprobación de este PGMO en 2006 ha supuesto que se haya "triplicado la edificabilidad en los desarrollos urbanísticos previstos en todo el Campo de Murcia, desde las faldas de la ZEPA de El Valle y las sierras de Altaona y Escalona hacia el sur".

   Según los cálculos elaborados por Ecologistas en Acción en base a los mapas oficiales contenidos en la Comunidad Autónoma y en el Ayuntamiento de Murcia, sin el 'teletransporte' de la edificabilidad "se hubieran podido construir en el Campo de Murcia un total de 102.075 viviendas de 120 metros cuadrados, con una edificabilidad de 0,078 metros cuadrados, que es la edificabilidad mínima que se prevé", critica Martínez.

   Sin embargo, con el 'teletransporte' que prevé la Ley Regional del suelo en 2004 y que se consagra a partir del 2006 en el PGMO de Murcia, podría suponer "hasta 313.187 viviendas, por se triplica la edificabilidad". De estas edificaciones, al menos a 113.100 viviendas "son completamente contrarias a la normativa de la edificabilidad porque suponen generar aprovechamiento urbanístico el suelo protegido de protección específica, que no lo admite", asevera Martínez.

   Martínez ha recordado que la Ley del Suelo de la Región de Murcia, de abril de 2001, definía en su artículo 65 dos categorías de suelo no urbanizable: aquel que contaba con algún tipo de protección específica -es decir, los suelos protegidos por la normativa ambiental, por el Gobierno regional y por la Red Natura 2000-, y aquél suelo no urbanizable que declara el Propio Plan General.

   De acuerdo con su artículo 98, ninguno de los dos tipos de suelo podía ser adscrito como Sistema General de Espacios Libres, ya que dentro de esta calificación sólo incluía a parques y jardines públicos, y tampoco lo permitía el PGMO de Murcia, aprobado unos meses antes.

   Sin embargo, la modificación de la Ley del Suelo en mayo de 2004 cambia la redacción del artículo 98, de forma que se incluyen en el apartado de los Sistemas Generales de Espacios Libres "los espacios naturales que así se califiquen". Así pues, Martínez aclara que, para que terrenos de espacios naturales pudieran considerarse como Sistemas Generales, deben estar calificados expresamente como tales, y el encargado de calificarlos es el Plan General de cada municipio.

   En este sentido, añade que el 21 de enero de 2006 se publica la aprobación definitiva de la adaptación del PGMO de Murcia a la Ley del Suelo, pero el PGMO "permanece sin cambios ya que este documento tan sólo se refiere a las subsanaciones que deben efectuarse, entre las que se incluye la necesidad de diferenciar entre el suelo protegido por el planeamiento del de protección específica, por responder a distinto objeto y régimen".

   "No es hasta el 15 de mayo de 2006 cuando se produce esta diferenciación entre suelo protegido por el Plan General y suelo con protección específica", aclara Martínez.

   Además, para establecer la diferenciación, el PGMO incluye un nuevo apartado en otro punto del articulado en el que se señala que "las zonas con código de calificación GD-NF1 constituyen reservas de sistemas generales diferidos en suelo no urbanizable protegido por el Plan General".

   En consecuencia, el suelo de protección específica se diferencia del que tiene una protección derivada del Gobierno regional, y que en ningún modo "pueden constituir reserva de Sistema General para ser posteriormente adscritos a un sector urbanizable".

   Sin embargo, Martínez reprocha que la delimitación que tras esta modificación ha realizado el Ayuntamiento de Murcia "no responde en modo alguno a este criterio, al calificar los suelos objeto de protección específica como suelo libre y considerando así todo el suelo protegido como suelo reservado para sistemas generales".

   El aumento de la edificabilidad que este mecanismo ha generado, según Ecologistas en Acción, supone "aumentar en decenas de miles el número total de viviendas permitido, en contra de cualquier criterio de sostenibilidad y ordenación territorial".

   La última reunión de la Comisión de Participación para el Plan de Gestión de la ZEPA del Valle "demostró el contundente rechazo de dicha Comisión frente a esta adscripción de sistemas generales en la ZEPA y el asociado e insostenible incremento de la edificabilidad en los desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia".

   A juicio de Martínez, se trata de algo "totalmente incompatible con la conservación de los valores de la ZEPA, especialmente en relación con las poblaciones de aves rapaces, que justamente utilizan el Campo de Murcia como área de campeo, alimentación y dispersión".

   Ecologistas en Acción ha presentado ante el Ayuntamiento de Murcia un recurso extraordinario de revisión, al amparo del artículo 2.3.2.2 de la Ley del Suelo, para que se corrija de inmediato la errónea inclusión de los suelos de protección específica como suelos reservados para sistemas generales y se anulen las adscripciones a Sistemas Generales de los suelos de protección específica realizadas a partir del 1 de junio de 2006 hasta la actualidad.

El Sterm asegura que Valcárcel ha confirmado que los recortes sociales en Murcia "no han sido casualidad"

MURCIA.- El sindicato Sterm-Intersindical subraya que las declaraciones del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, en Madrid "confirman que los recortes sociales en la Región no han sido casualidad, sino que forman parte de su concepción política y económica del Estado".

   "Lejos de pensar que los servicios públicos son la forma en que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, a juzgar por sus declaraciones, nuestro presidente considera que han de disfrutar de esos derechos sólo quienes tengan recursos para pagárselos", lamentó la Intersindical.

   Tras lo que recuerda que el Estado del Bienestar parte del convencimiento de que Educación, Sanidad, Servicios Sociales o las Pensiones, entre otros, son derechos sociales universales, al alcance de toda la población, independientemente de su nivel de renta.

   En este modelo, los costes sociales han de ser sufragados por el conjunto de la sociedad, a través de impuestos progresivos, redistribuyendo en cierto grado la riqueza.

   Con propuestas de este tipo, el presidente Valcárcel pretende que todas las personas usuarias paguen por la utilización de los servicios públicos.

   "Esta política es de todo menos social y Valcárcel, defendiéndola, aparece como abanderado del neoliberalismo y la regresión social", concluye el sindicato.

Crítica de UGT

UGT ha calificado de "vergonzoso el que, de nuevo, sean las capas más desfavorecidas de la sociedad las que tengan que asumir, con la dificultad que eso les va a suponer, el coste de los servicios públicos esenciales, servicios que todos pagamos a través de nuestros impuestos", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

   UGT ha contestado de esta forma a Valcárcel, quien ha planteado este lunes la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

   UGT ha rechazado estas declaraciones, y ha manifestado que "si el presidente murciano quiere dar ejemplo a otros dirigentes políticos o a su propio presidente de partido, no podemos entender cómo interpretarlas".

   Todo ello, añade el sindicato, viniendo de un presidente de una comunidad "como la de Murcia, que cuenta con los peores datos económicos y laborales de toda España, que está en alarmantes números rojos y que ha provocado que 12.000 empresarios, sobre todo de pymes, hayan ido a la quiebra por no cobrar los créditos que mantienen con la Comunidad Autónoma".

   "Una vez más, Valcárcel vuelve a atacar a los servicios públicos básicos esenciales, como la sanidad, educación y la dependencia, sectores tan necesarios y que están viéndose cuestionados de nuevo tras los recortes que han experimentado de cara a los ciudadanos, tras el 'Tijeretazo'", aclara.

   Además, añade que se trata de servicios que en la Región de Murcia "se han visto mermados, por ejemplo, con la eliminación de las ayudas para la adquisición de libros de texto, la privatización de muchos servicios de la sanidad pública, la casi nula creación de plazas de educación infantil públicas, o incluso el llamado 'céntimo sanitario' que ya se está pagando por todos los que repostan combustible en nuestra región".

   Al respecto, UGT reprocha que en la región de Murcia "también colaboramos con el coste de aplicación de la Ley de la Dependencia, pues las personas dependientes contribuyen con parte de su pensión para cubrir determinados servicios".

   El sindicato ha vuelto a llamar la atención sobre las "nefastas cifras económicas, sociales y laborales de la Región, que tiene datos alarmantes de desempleo con más de 39.000 familias murcianas con todos sus miembros en paro y un 24,98 por ciento de tasa de desempleo".

   Asimismo, ha destacado una economía sumergida "que alcanza casi el 40 por ciento del PIB regional, destrucción de empleo autónomo, grave déficit económico en las arcas públicas y listas de espera en la sanidad y la dependencia difíciles de justificar tras 16 años de gobierno de esta Región".

   Por todo ello, UGT lamenta "que se propongan estas medidas, aunque sólo sean en forma de propuestas o de análisis de situación, ya que supondrían un debilitamiento más que evidente del 'Estado de Bienestar' que tanto esfuerzo ha costado conseguir".

También CC OO

La Federación de Enseñanza de CCOO muestra su repulsa por la implantación del copago de los servicios sanitarios y educativos; una nueva propuesta, explican en nota de prensa, dirigida "a dinamitar los servicios públicos esenciales".

   CCOO asegura que medidas de este tipo "van dirigidas contra los sectores de la sociedad de más bajo poder adquisitivo y únicamente pueden redundar en un alejamiento de estos sectores sociales del disfrute de estos servicios, cuya conversión en onerosos provocará la exclusión de los mismos de quienes no puedan costeárselos".

   Esta medida propuesta por el presidente Valcárcel esta mañana en los desayunos de ABC "debe ser enmarcada en la ofensiva que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia viene sosteniendo contra los servicios públicos y sería un paso más en el desmantelamiento y privatización de los mismos", insiste CCOO.

   La medida, de llegar a materializarse, sería "injusta y antisocial". A juicio del sindicato, la presencia de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, junto a numerosos dirigentes nacionales y regionales del PP, que no han matizado la intervención de Valcárcel, "podría inducir a pensar que el PP nacional avala los dislates ultra liberales y neo conservadores del presidente regional que ponen en cuestión el acceso a derechos fundamentales".

   CCOO estima que esta propuesta, diametralmente opuesta al programa electoral con el que el PP se presentó a las anteriores elecciones autonómicas de 2007, "es un reconocimiento de parte del fracaso de las políticas sociales del PP y de la catastrófica gestión de las cuentas públicas realizada por el gobierno Valcárcel".

   Por lo que llama a todos los trabajadores a defender la gratuidad de la sanidad y la educación públicas como conquistas "irrenunciables" de la clase trabajadora y patrimonio acumulado de la lucha de las generaciones anteriores.

Hasta USO

La Unión Sindical Obrera (USO) de la Región de Murcia ha rechazado "frontalmente" las declaraciones del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel de pedir otro esfuerzo económico a los ciudadanos para que asuman parte de los costos de la Sanidad y la Educación".

   En concreto, Valcárcel ha planteado este lunes la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

   En este sentido, USO pide al presidente de la Comunidad "que busque prioritariamente los sacrificios para salir de la crisis en los que más poseen y que los ciudadanos sirvan para algo más que para cuadrar las cuentas".

   USO se pregunta "dónde esta el sacrificio a los causantes directos o indirectos de las crisis, dónde esta el sacrificio del sistema financiero y de las grandes fortunas, qué responsabilidad se le ha pedido a quien jugaba con un modelo productivo basado en el ladrillo y en el ladrillazo".

   "Porque los trabajadores ya hemos aportado mucho más de lo que nos correspondía con congelaciones y bajadas salariales, perdidas de poder adquisitivo, y sobre todo un paro galopante que alcanza récord", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

   USO se pregunta también "dónde esta la Agenda social de esta Comunidad", y reprocha a Valcárcel que, en sus declaraciones, "se ha olvidado de dar una respuesta a los 186.000 desempleados según datos de la EPA o los 136.000 inscritos en el INEM".

   USO emplaza a "tomar medidas para reducir el déficit autonómico, en primer lugar en la supresión de todos los gastos suntuarios, la eliminación de los asesores, que no han asesorado nada y han errado en sus diagnósticos, así como en la supresión de todas las subvenciones, excepto las relacionadas directamente o indirectamente con la creación de empleo".

   Al mismo tiempo, USO pide "reformas estructurales que favorezcan los ingresos, como elevar el IRPF del tramo Autonómico para las rentas superiores a 80.000 Euros anuales como han hecho en varias Comunidades, y una Reforma Fiscal más progresiva para que paguen más los que más tienen".