El Aeropuerto de San Javier estrena su segunda pista, que aumentará la capacidad de vuelos comerciales

SAN JAVIER.- El secretario de Estado de Transporte, Isaías Táboas, el presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, ha inaugurado este viernes la segunda pista del Aeropuerto de Murcia-San Javier, que se destinará a uso exclusivo militar, con lo que la pista ya existente podrá utilizarse también en horario matinal para operaciones de vuelos civiles, a excepción de restricciones puntuales.

   Esto permitirá aumentar la capacidad de del aeropuerto para vuelos comerciales y, por tanto, potenciar su actividad, según informó Táboas quien estaba acompañado por el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, el presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, y el coronel director de la Academia General del Aire y jefe de la Base Aérea de San Javier, Juan A. Ortega Vázquez.

   Aena ha invertido más de 67 millones de euros en este Aeropuerto que incluye, entre otras actuaciones, la construcción de la segunda pista, una nueva torre de control, la ampliación de la zona de salidas del terminal de pasajeros, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves de uso comercial, una ampliación del aparcamiento público y una nueva central eléctrica.

   Actualmente se está ejecutando una adecuación de las áreas de facturación y embarque para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

   Las nuevas condiciones de operación para los operadores aéreos civiles de este aeropuerto significarán una ampliación de hasta seis horas y 45 minutos respecto a las condiciones de operación actuales, con un mínimo de cuatro horas en los meses de septiembre y octubre. Este incremento significa hasta un 82 por ciento de ampliación respecto al horario actual de lunes a viernes durante la temporada de verano (un 48 por ciento en los meses de septiembre y octubre).

   Hasta hoy hay programadas más de 8.000 operaciones, lo que supone más de 1,2 millones de pasajeros en toda la temporada de verano, que se inicia el 27 de marzo. En concreto, entre el 27 de marzo y el 14 de julio -fechas en las que hasta ahora no podía realizarse ningún vuelo civil en horario de mañana- están previstos 523 vuelos, operados por Jet2, Air Nostrum y Ryanair.

   La nueva pista de vuelo 05L-23R tiene 2.000 metros de longitud y una anchura de 45 metros. Es paralela a la existente, a 640 metros de ésta, y consta de una calle de rodaje que la enlaza con la plataforma de la Base Aérea.

   Sobre la coexistencia con el futuro Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, destacó que ser verán obligados a competir, y afirmó que "las infraestructuras generan demanda y por tanto el aumento de infraestructura supondrá un aumento de la demanda ahora existente".

   "Todo lo que sea oferta para atraer turistas, pasajeros y desarrollo de la economía es positivo", añadió Táboas, quien consideró "bueno" que haya "competencia y colaboración", así como el hecho de que "haya infraestructura para los pasajeros".

   Sobre la posibilidad de que ambos aeropuertos salgan adelante, Táboas ha insistido en que "las infraestructuras generan demanda, y cuanta más oferta se da, más demanda viene". Aunque ha reconocido no haber visto los estudios de tráfico del aeropuerto, ha señalado que es un tema para el que "hay que sentarse y estudiar cómo trabajamos para mejorar el servicio a los ciudadanos".

   El secretario de Estado de Transportes remarcó "las inversiones que el Gobierno de España está realizando en la Región de Murcia como las realizadas en el aeropuerto con el objetivo de que sea un factor más de dinamización y prosperidad para la Región". Asimismo, recordó  la noticia del proyecto presentado por el ministro de Fomento para el corredor mediterráneo "que también será un eje de desarrollo y progreso económico para Murcia".

   Según informa el Ministerio de Fomento la ampliación horaria para vuelos civiles a partir del 27 de marzo será de hasta 6 horas y 45 minutos. La pista, inaugurada hoy, de 2.000 metros de longitud  será de uso militar mientras que los vuelos civiles, a excepción de restricciones puntuales, utilizarán la pista ya existente.

   Las actuaciones llevadas a cabo por Aena en el Aeropuerto de Murcia incluyen la construcción de una nueva pista paralela a la actual, la construcción de una nueva calle de rodaje que une la nueva pista con la plataforma militar y la construcción de una nueva Torre de Control para dar servicio a las dos pistas equipándola completamente con sistemas de comunicaciones, instalación de nodo REDAN y presentación de vigilancia radar.

   Asimismo, las obras han supuesto la reubicación de las actuaciones instalaciones de combustible en otro emplazamiento, así como la ampliación del aparcamiento público con instalación de marquesinas, la ampliación y adecuación de plataforma de aeronaves, y la adecuación de terreno para senda de planeo umbral 23, y de las áreas de facturación y embarque.

   De la misma forma, ha supuesto la construcción de una nueva central eléctrica, la renovación y mejora de ayudas visuales, y la instalación de equipos transpondedores de radar secundario en todos los aviones de la Escuela de Vuelo.

   Además, se ha llevado a cabo la cabo la construcción de tres depósitos de combustible adecuados a normativa ATEX (atmósferas explosivas), un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea (FEDER).

   Táboas señaló que la segunda pista "es la culminación de un trabajo bien hecho que se inició con un protocolo de colaboración entre los ministerios de Defensa y Fomento en 2000".  

   Asimismo, destacó que las nuevas infraestructuras construidas junto con la pista permitirá al aeropuerto de Murcia-San Javier  "incrementar las posibilidades comerciales del aeropuerto de San Javier con la apertura de nuevos horarios matinales a a partir del 27 de marzo, mejorar sus prestaciones y ser más competitivo".

   En este sentido, afirmó que hasta el 14 de junio "hay programados más de 500 vuelos", y auguró unas "excelentes perspectivas de cara al verano, que podría suponer la llegada de más de un millón de viajeros durante la campaña veraniega al aeropuerto de San Javier".

Izquierda Unida expresa su preocupación ante la "posible pérdida" del aval concedido al aeropuerto de Corvera

MURCIA.- El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad de Murcia, José Antonio Pujante, ha manifestado este viernes su preocupación ante la "posible pérdida" de los 200 millones de euros avalados por el Gobierno regional, con el apoyo del PSOE, para la construcción del aeropuerto de Corvera.

   Pujante ha mostrado sus dudas sobre la "viabilidad" del citado aeropuerto, y ha considerado "irracional e insostenible" que existan tres aeropuertos "tan cercanos", en referencia al de Corvera, El Altet, en Alicante, y San Javier, que ha ampliado con una nueva pista sus instalaciones, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

   En este sentido, ha asegurado que "el mantenimiento de un aeropuerto público reforzado en la Región más el refuerzo y mejora del de El Altet puede convertir en un fiasco el privado y contribuir a intensificar la ruina de nuestra Comunidad".

El PSRM señala que Valcárcel, con el objetivo de llegar "vivo" al 22-M, no está adoptando medidas para sanear finanzas

MURCIA.- El secretario de Coordinación del PSRM, Francisco Javier Oñate, afirmó que, "más allá del dato conocido hoy de que la Comunidad de Murcia ha aumentado de forma importantísima la deuda que tiene, lo más penoso de todo es la conciencia cada vez mayor de que Valcárcel, sumido en la irresponsabilidad y con el único objetivo de llegar 'vivo' al 22 de mayo, no está adoptando las medidas que la Región necesita para tener unas finanzas saneadas". 

   "Estas medidas deberían tener el objetivo de hacer inversión pública, porque las Administraciones tendrían que estar tirando del carro de la economía para crear empleo", añadió Oñate, para quien "el Gobierno regional lo quiere hacer es lo contrario: endeudarse para pagar deudas, no para hacer inversión, para poder pagar a los proveedores a quienes debe 1.800 millones de euros, y detrás de los cuales hay muchas empresas y muchos trabajadores pasándolo mal".

   Francisco Javier Oñate insistió en que "la irresponsabilidad de Valcárcel en la gestión de las cuentas públicas hace que las deudas de la Comunidad estén completamente desbocadas, y lo más grave es que la deuda a los proveedores sea más grande que a los bancos".

   "No es la deuda en préstamos, es que se le deben 1.800 euros a proveedores, es que se tiene que hacer frente a muchos pagos de peajes en sombra, y es que, en futuro -posiblemente a partir de las elecciones de mayo-, aparte de tener que tomar medidas muy traumáticas, Valcárcel va a tener que dedicar todo el cobro de impuestos a pagar deuda", subrayó.

   "A Valcárcel sólo le importa ganar el 22 de mayo 'y después ya veremos qué pasa'", finalizó.

IU afirma que el Gobierno regional "demuestra su ineptitud para atajar el gasto farmacéutico"

MURCIA.- El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha afirmado este viernes que el incremento del gasto farmacéutico en la Región de Murcia demuestra "la ineptitud e incapacidad del Gobierno regional en el control del gasto".

   Para Pujante, "ante una situación tan grave financieramente y ante un PP que divulga su capacidad para controlar el déficit público, es un sarcasmo que* los murcianos tengamos que pagar más dinero a la industria farmacéutica y renunciar a la calidad de los servicios públicos", según han informado fuentes de la formación política en un comunicado. 

   Finalmente, ha exigido la dimisión de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, por considerar que la gestión y el control financiero que realiza su departamento es "un absoluto desastre".

La CEDH da la razón a Italia sobre los crucifijos en las aulas

ESTRASBURGO.- La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) dio este viernes la razón a Italia al considerar que la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas no viola el derecho de los padres a garantizar la educación de sus hijos según sus convicciones, dos años después de haber afirmado lo contrario. 

"Al decidir mantener los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas (...) las autoridades actuaron en los límites de la libertad de la que Italia dispone en el marco de su obligación de respetar el derecho de los padres de garantizar su instrucción conforme sus convicciones religiosas y filosóficas", afirmó la CEDH en su fallo definitivo, adoptado por amplia mayoría.

La sententencia fue pronunciada dos años después de que el mismo tribunal hubiera afirmado lo contrario y suscitó la satisfacción de la Iglesia católica, así como de Italia.

"Se trata de una sentencia bastante comprometedora e histórica", escribió en una nota el portavoz del papa Benedicto XVI, el padre Federico Lombardi. "Se reconoce por un nivel jurídico muy autorizado e internacional que la cultura de los derechos humanos no debe entrar en contradicción con los fundamentos religiosos de la civilización europea, a los que el cristianismo dio una contribución esencial", agregó.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Franco Frattini, "ha vencido el sentimiento popular de Europa porque con esa decisión se interpreta el sentimiento de los ciudadanos en defensa de sus valores y de su identidad", declaró visiblemente complacido el ministro italiano, cuyo país había recurrido la decisión del CEDH en primera instancia.

Según el Tribunal europeo, "no hay elementos que demuestren la eventual influencia que la exposición de un símbolo de esta naturaleza en un aula podría ejercer en los alumnos".

Admite que al autorizar la presencia de crucifijos en las aulas, "la reglamentación italiana otorga a la religión mayoritaria en el país una visibilidad preponderante en el medio ambiente escolar", pero "ello no es suficiente para constituir una actitud de adoctrinamiento", estimaron los jueces europeos. "Un crucifijo adosado a una pared es un símbolo esencialmente pasivo, cuya influencia en los alumnos no puede compararse a un discurso didáctico o a la participación en actividades religiosas", afirmaron los magistrados en su fallo en apelación.

El 3 de noviembre de 2009, este mismo tribunal había considerado en primera instancia que la presencia de ese símbolo religioso en las aulas era "contrario al derecho de los padres de educar a sus hijos según sus convicciones" y "del derecho de los niños a la libertad de religión y de pensamiento".

Pero este viernes, los jueces de la CEDH, que funciona en Estrasburgo, en el este de Francia, subrayaron, por 15 votos contra dos, el margen de que disponen los Estados frente al derecho europeo en lo referido a la educación.

Esta causa arrancó en 2006, después de que la ciudadana italiana Solie Lautsi y sus dos hijos, Dataico y Sami Albertin, de 11 y 13 años de edad, presentaran una demanda ante la CEDH contra la presencia de crucifijos en las aulas de la escuela pública a la que iban los pequeños, el colegio de Abano Terme, en la provincia de Padua, en el noreste de Italia. Solie Lautsi consideraba que era contrario al principio de laicismo y que sus hijos, que no profesan la religión católica, sufrían un tratamiento discriminatorio respecto de los alumnos católicos y de sus padres.

La decisión que en 2009 había tomado la CEDH había levantado una viva polémica en Italia, donde aunque el catolicismo dejó de ser religión de Estado en 1984, una ordenanza que data de la época del fascismo y que nunca fue derogada obliga a instalar crucifijos en las escuelas.

La deuda de las comunidades autónomas españolas alcanza el 10,9% del PIB

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas españolas aumentó un 31,7% en 2010, hasta registrar 115.455 millones de euros (el 10,9% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

   Los datos muestran que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en 2010 fue nuevamente Cataluña, con 31.886 millones de euros, cantidad que representa el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

   Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (17.600 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 13.492 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 54,5% del total del endeudamiento regional.

   A continuación, figuran Andalucía (12.176 millones de euros), Galicia (6.162 millones), Castilla-La Mancha (5.819 millones), País Vasco (4.916 millones), Castilla y León (4.294 millones de euros), Baleares (4.064 millones), Canarias (3.298 millones), Aragón (2.901 millones) y Murcia (2.107 millones).

   Completan la lista Extremadura (1.747 millones), Navarra (1.725 millones), Asturias (1.634 millones), La Rioja (726 millones) y Cantabria (911 millones).

   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en País Vasco (+95,1%), Extremadura (60,8%) y Murcia (57,2%),

   Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana volvió a situarse en 2010 a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 17,2% de su PIB, seguida de Castilla-La Mancha (16,5%), Cataluña (16,2%), Baleares (15,3%) y Galicia (11,2%), todas ellas por encima de la media (10,9%).

   Los porcentajes son menores en Extremadura (9,8%), Navarra (9,4%), La Rioja (9,2%), Aragón (8,9%), Andalucía (8,5%), Canarias (7,9%), Murcia (7,7%), Castilla y León (7,6%), País Vasco (7,4%), Madrid (7,1%), Asturias (7,1%) y Cantabria (6,7%).

   Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 35.441 millones de euros al cierre de 2010, el equivalente al 3,3% del PIB, lo que representa un aumento de solo un 2,1%. Además, estas corporaciones redujeron su endeudamiento en igual proporción (2,1%) en en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior.

   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (28.769 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 0,6%, y de esta cifra, 14.412 millones pertenecen a capitales de provincia.

   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.490 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,2%.

   Destaca, sobre todo, el incremento del 59,2% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 1.202 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 6,5%, hasta los 890 millones de euros.

   La deuda del Ayuntamiento de Madrid (6.453 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, aunque descendió un 4,5% durante el pasado año. Además, es más de cinco veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona.

Unas 2.000 personas rodean San Esteban con una cadena humana para pedir que se derogue la 'ley Valcárcel'

MURCIA.- Unas 2.000 personas, según fuentes sindicales, han rodeado este jueves el palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para pedirle al Ejecutivo murciano que derogue la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, más conocido como 'tijeretazo' o 'ley Valcárcel'.

   Al acto, en el que se ha leído un manifiesto realizado por las federaciones de enseñanza de los sindicatos que componen el 'Comité de Resistencia', han acudido los secretarios generales de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, así como el portavoz de Sterm-Intersindical, Toni Carrasco, que han coincidido en que es el Ejecutivo murciano el que tiene que tomar la iniciativa para erradicar las medidas que trajo consigo la ley 5/2010.

   En este sentido, Bueno ha indicado que la cadena humana "es un acto de protesta en torno a la sede del Gobierno regional, exigiendo al presidente que solucione el grado de conflicto que se ha abierto con la Ley de los Recortes".

   Asimismo, Jiménez ha incidido en que "el valor de la cadena humana es el de insistir en la necesidad de que se deroguen unas medidas que son muy regresivas para los trabajadores públicos, para la calidad de los servicios públicos que prestan y que son perjudiciales para la economía murciana".

   De este modo, ha apuntado que "el objetivo es situar en el problema en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, porque creemos que es el que tiene que tomar la iniciativa para erradicar las medidas que trajo consigo el tijeretazo".

   Al hilo, Jiménez ha pedido al Gobierno regional que "modifique esa postura y que convoque a las organizaciones sindicales que representamos a la mayoría de los trabajadores, porque tenemos que resolver el problema con la Comunidad", un problema, que en su opinión, "está motivado por una incapacidad en la gestión económica y la falta de previsión".

   Por otro lado, Carrasco ha afirmado que esta nueva movilización "demuestra la tozudez de lo trabajadores públicos en la defensa de sus derechos, frente a la tozudez del Gobierno regional que se empeña en recortarlos".

   Y es que, para el portavoz de la Intersindical, "es curioso que, cada vez que se anuncia una nueva movilización, el Gobierno regional saque de la chistera una nueva forma más positiva de leer la ley 5/2010 pero incongruente con los contenidos de la misma".

   Así, ha señalado que este jueves "se han repartido en los centros de trabajo una hoja de los horarios laborales con 35 horas, pero no han dicho nada de lo que se va a hacer con la hora y media que, claramente, están obligados a pedir por la ley".

   Por ello, ha pedido a la Comunidad "que se deje de rodeos y que directamente arregle la ley, fijándose la jornada en 35 horas", al tiempo que ha añadido que, "de paso, puede mejorar las otras medidas que recortaron, como la ayuda social, y que no pretendan privatizar la gestión de la incapacidad transitoria a través de mutuas privadas".

   Respecto a las nuevas movilizaciones, Carrasco ha explicado que, durante toda la semana próxima, "se realizarán asambleas en los centros de trabajo para definir el nuevo calendario de modificaciones, que llegará, por lo menos, hasta la Semana Santa".

   Antes de la lectura del manifiesto, las personas que formaban la cadena humana, que han conseguido rodear el palacio de San Esteban, han dado una vuelta completa a la sede del Gobierno regional, para volver cada uno a su posición inicial.

   Una vez realizara esa vuelta, se ha leído un manifiesto realizado por las federaciones de enseñanza de UGT, CCOO y Sterm-Intersindical, en el que han denunciado públicamente la actuación del Servicio de Inspección Educativa el pasado 4 de marzo en el IES Cañada de las Eras, con la misión de levantar acta de un acto informativo consistente en la representación teatral de la obra 'El señor de las Tijeras'.

   De este modo, a través del manifiesto, han expresado su solidaridad con el director del citado instituto, así como con los 64 profesores del mismo, "que pueden verse afectados por la actuación de la Inspección, cuyo carácter intimidatorio resulta evidente".

   Finalmente, han considerado que "este tipo de actividades se enmarcan en el ejercicio de los derechos de los trabajadores, por lo que demandamos del Servicio de Inspección la inmediata paralización a las actuaciones que hubieran podido derivarse del acta levantada por sus inspectores".

Unas 300 personas recorren las calles del centro de Murcia contra la energía nuclear

MURCIA.- Unas 300 personas han recorrido este jueves las calles del centro de Murcia para mostrar su rechazo a la energía nuclear y manifestar su solidaridad por los afectados por el terremoto y el tsunami que tuvieron lugar en Japón el pasado viernes, y que han provocado una amenaza de fuga radioactiva en la central nuclear de Fukushima.

   Los manifestantes recorrieron el trayecto entre la plaza de la Fuensanta hasta la plaza de Santo Domingo por la zona peatonal al grito de "nuclear, ni civil ni militar", "nucleares, trampas mortales" y "solidaridad contra la nuclear" ataviados con mascarillas y monos de protección.

   En la manifestación, que también recibió el respaldo de muchas organizaciones sociales y sindicales como Greenpeace, CGT, Sterm-Intersindical, Foro Social y diversos partidos como IU-Verdes, se podían leer carteles con eslóganes como 'Solidaridad con Japón', 'Fin de la era nuclear', 'Nucleares, ni aquí ni en Japón, ni en Garoña' y 'Todos con el pueblo japonés'.

   Se trata de una de las manifestaciones convocadas por Ecologistas en Acción en 34 ciudades de todo el territorio nacional "en solidaridad con el pueblo japonés por la catástrofe del terremoto y posterior tsunami que ha devastado grandes áreas de la isla y que ha provocado miles de víctimas".

   Así lo ha hecho saber el coordinador regional de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo, quien ha criticado "el efecto colateral que ha tenido del desastre en la central nuclear de Fukushima que tiene en situación crítica casi todos sus reactores, hasta el punto que se desconoce lo que puede ocurrir en las próximas horas y días".

   Además de solidarizarse con el pueblo japonés, Luengo ha pedido a nivel internacional y al Gobierno español, especialmente, que "se deje de apostar por la energía nuclear porque los riesgos que tiene no se compensan con el beneficio y, además, tiene alternativas viables limpias y más sostenibles".

   En este sentido, ha recordado que la energía nuclear "tampoco dura para siempre porque el uranio que hay en el planeta es también limitado y tampoco es una opción a largo plazo".

   Por contra, Luengo ha apostado por la energía que "aprovecha la fuente solar de forma directa o indirecta, ya sea la energía solar, la eólica o la hidráulica, que constituyen un recurso que no se agota y cuyo impacto en el medio ambiente es muy inferior al que tienen otras fuentes".

   Además de apostar por otras energías, Luengo ha defendido "una reducción del consumo y eficacia en su uso". Así, ha recordado que "hemos vivido en una época de energía barata en la que ha habido mucho despilfarro y tenemos que cambiar esa mentalidad y aprovechar la energía al máximo".

   "Hemos presentado hace poco una propuesta para tener en 2020 una España sin nucleares y con la producción energética asegurada al 100 por ciento", ha concluido.

   A su llegada a la plaza de Santo Domingo, el grupo se encontró con una decena de personas que habían acudido a una segunda concentración convocada por Ecolo-Los Verdes de la Región, cuyo candidato a la Alcaldía de Murcia, Federico García, ha señalado que lo que ha pasado en Japón "es una prueba más de que la energía nuclear es una fuente a extinguir".

   No obstante, ha manifestado que "hay un sector del empresariado y del lobby nuclear que no quiere que esto ocurra por sacar beneficio solamente". No obstante, se ha mostrado convencido en que el futuro "son las energías renovables", y ha solicitado al Gobierno de España "un apoyo decidido para que pueda sustituir a la nuclear en un plazo de 10 a 15 años".

Asaja-Murcia pide que Marruecos tenga las mismas exigencias fitosanitarias que los productos europeos

MURCIA.- El secretario general de Asaja-Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha tachado de "inconcebible" el hecho de que "no se trate igual al tomate español y europeo con respecto al procedente de Marruecos", siendo, por tanto, necesario "un endurecimiento de los controles a las importaciones marroquíes, tanto a nivel de calidad como de cantidad".

   En opinión de Gálvez Caravaca, "no se puede permitir que a nuestros productores les exijan muchísimo y a los de Marruecos prácticamente nada".

   Las autoridades suecas han emitido una alerta alimentaria después de detectar niveles 20 veces más altos de los permitidos de procimidona, un fungicida catalogado como restos de pesticida, en varias partidas de tomates procedentes de Marruecos, según fuentes de dicha organización agraria.

   Como consecuencia de esto, la hortaliza fue retirada de inmediato de los estantes de los supermercados del país escandinavo, pero la alerta ha dado "munición" a los países productores dentro de la Unión Europea para tratar de modificar el acuerdo preferencial con Marruecos.

   Asimismo, el titular de Asaja-Murcia ha insistido en que "no se puede permitir que se abran las puertas al tomate de Marruecos, mientras que se atenta negativamente contra los intereses de nuestros productores, y teniendo en cuenta que Marruecos comete dumping social y no aplica los mismos controles fitosanitarios que se realizan en España".

   Respecto a este asunto, ha pedido que la Comisión Europea "reflexione para evitar que el tomate marroquí entre en los mercados europeos sin unas condiciones fitosanitarias mínimas e igual que las que exigen a los tomates españoles".

Izquierda Unida solicita la dimisión "inmediata" de Sotoca por "mentir e intentar amedrentar" a los profesores

MURCIA.- El responsable de Educación de IU de la Región de Murcia, Diego Reina, ha solicitado este jueves la dimisión "inmediata" del consejero del ramo, Constantino Sotoca, por "mentir e intentar amedrentar" con interponer una querella contra los profesores que mantienen una labor crítica con su labor política.

   Reina también ha acusado a Sotoca de "faltar a la verdad y presumir de desconocimiento de las reuniones de su consejería con las organizaciones sindicales", y le ha pedido que "si le queda el más mínimo atisbo de responsabilidad y seriedad", cese a su director general de Recursos Humanos, José María Ramírez, según informaron fuentes de IU-Verdes en un comunicado.

   "El consejero mintió cuando afirmó que Ramírez daba mítines en calidad de militante del PP y no como cargo de Educación, ya que fue presentado como cargo político institucional tanto en Cieza como en Cartagena, en donde se dedicaba a insultar al profesorado murciano que está en contra del tijeretazo", ha subrayado.

   El dirigente de la federación de izquierdas ha censurado la actitud de Ramírez, y ha señalado que "al igual" que Sotoca, se ha comportado como "insultador oficial de los profesionales de la enseñanza y la educación, conceptos que desconoce profundamente debido a su lejanía profesional con el ámbito docente".

   Ha asegurado que el titular de Educación "desconoce" el Estatuto Básico del Empleado Público, "y por eso no sabe ni con quién se tiene que sentar a negociar los aspectos que afectan a los trabajadores públicos", y ha insistido en que "la ignorancia no pueden ser señal de la gestión de un responsable público"·.

   "Sotoca debe saber que la prevaricación ante todo inhabilita al servidor público debido a que moralmente queda minusvalorado para el resto de integrantes de la comunidad pública, y que si alguien ha ofendido el honor, a las familias y a los profesores de la enseñanza pública ha sido él por incompetente y Ramírez por negligente".

Retegui afirma que los servicios sociales "son un derecho, no la caridad de un Gobierno regional"

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, ha defendido que los servicios sociales "son derechos de ciudadanía como consagran la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, la Ley de Servicios Sociales regional o la Ley de Dependencia", por lo que ha criticado que "no pueden algo ser ni la beneficencia o la caridad de un Gobierno regional como el que ahora tenemos".

   Al respecto, ha adelantado que en el próximo programa electoral del PSRM se va a proponer "darle la vuelta" a la política que se practica actualmente en la Región en cuanto a educación y política social "para asegurar a los ciudadanos que reciben los servicios sociales", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

   García Retegui hizo estas declaraciones tras reunirse con representantes de la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (Aspanpal), "una entidad con más de 30 años de historia en la Región, que es referente regional y nacional en el tratamiento de la discapacidad auditiva, formada por padres y madres, con aproximadamente 300 socios y alrededor de 100 familias en tratamiento".

   La candidata socialista puso de manifiesto que en la Región las personas de más de seis años que reciben un trasplante coclear "no tienen asegurada la rehabilitación posterior, que es imprescindible", y ha censurado que "tampoco está asegurado un derecho que consagra la Ley de Servicios Sociales, que es que los niños con déficit auditivos tengan intérpretes en las aulas para su normal desarrollo educativo y para su normal integración en la vida ordinaria".

   "Estos servicios de intérprete lo pagan las asociaciones, y en este momento están en riesgo por la demora en los pagos del Gobierno regional", ha reprochado.

   La candidata socialista afirmó que La Región "está obligada a la prestación de los servicios sociales, que son derechos de ciudadanía", y que los murcianos "no pueden ser menos que los de otras comunidades autónomas".

   "Vamos a cambiar el mapa, haremos que la Administración asuma en su totalidad la prestación de los servicios sociales, si bien los podrá hacer por cuenta propia o por cuenta de organizaciones y asociaciones, a las que no someterá a subvenciones que hoy existen y mañana no, o que se pueden recortar, sino que se mantendrán como un catálogo de prestaciones, exactamente igual que tenemos asegurada la prestación sanitaria o una plaza escolar", añadió.

   "Me comprometo a hacer un catálogo de derechos y prestaciones de servicios sociales que permita que cualquier persona pueda reclamar ante los Tribunales de Justicia un derecho inherente de su condición de ciudadano, que no puede ser dado de una forma "graciable" ni en función de la capacidad económica de un Gobierno regional".

   Retegui recordó que "el Gobierno autonómico tiene todas las competencias en materia de política social y recibe toda la financiación autónomica en función del número de habitantes que tiene, del número de discapacitados, de dependientes y de niños y niñas en edad escolar, y además recibe dinero de la población a través de los impuestos"·

Carpena subraya que PP se olvida que fue Valcárcel quien aceptó condiciones de Aznar sobre transferencias sanitarias

CARTAGENA.- El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, manifestó que "el PP cuando habla de financiación sanitaria olvida lo principal y es que los que negociaron las transferencias sanitarias en 2001 para la Región fueron Ramón Luis Valcárcel en Murcia y José María Aznar en Madrid".

   Carpena hizo estas declaraciones en contestación al ponente de Sanidad del Libro Blanco del Partido Popular de la Región de Murcia, Domingo Coronado.

   Para el diputado socialista, al PP le faltó coraje para defender los intereses de la Región cuando gestionó el traspaso. "El Partido Popular de Murcia aceptó unas transferencias sanitarias absolutamente inaceptables, olvidando exigirle al Gobierno de Aznar inversiones sanitarias previas a esas transferencias, a las que el propio INSALUD, ya se había comprometido", añadió en comunicado de prensa.

   Entre ellas citó además de varios Centros de Salud, como por ejemplo el  2º de Cieza, obras tan importantes como el Hospital Materno-Infantil de la Arrixaca o la ampliación  del Hospital "Virgen del Castillo", de Yecla. Obras que el Gobierno regional acometió después con fondos propios, apostilló, "detrayendo dicho dinero de otras inversiones necesarias".

   El PP de Murcia, a juicio de Domingo Carpena, olvida que el Sistema de Financiación Autonómica del año 2001, que dejó fuera en su inicio a 150.000 murcianos, fue firmado por Valcárcel y por Aznar.

   En esa Ley no se contemplaba el reconocimiento automático del incremento de la población para incrementar la financiación autonómica. "Si a alguien hay que pedirle responsabilidades políticas por esto es al presidente Valcárcel, que lo aceptó, lo acató  y nunca lo recurrió a ningún Tribunal, por mucho que amenaza ahora cuando gobierna el PSOE".

   Agregó que el PP olvida que desde el año 2002 ha gastado un presupuesto en Sanidad, de casi 13 mil millones de euros. A finales de 2010 se calcula que el déficit presupuestario en Sanidad, alcanzaba los mil millones de euros.

   Carpena subrayó que "ni Zapatero, ni ningún socialista murciano ha gestionado ni un sólo euro, ni ha sido responsable de la mala gestión del gasto farmacéutico". Aseguró que en estos años sólo con un plan aceptable de uso racional del medicamento se podía haber ahorrado 500 millones de euros.

   Tampoco es responsable- añade- "de la mala gestión de las obras de infraestructuras sanitarias o del incompresible maremágnum organizativo entre la Atención Primaria y la Especializada que ha encarecido de modo importante toda la sanidad publica regional, por no hablar de la organización y el aumento del número de cuadros directivos".

   La nueva Ley de 2009, de Financiación Autonómica sí recoge el incremento automático de la población, "prueba de  ello es que la consejera de Hacienda fue la primera en firmar el sistema". Tiene poco más de un año de vigencia y habrá que esperar más tiempo para ver su funcionamiento.

   "Cuando hemos conocido las propuestas del PP en Sanidad nos ha sorprendido que, además de la probable construcción de un nuevo Hospital "Morales Meseguer", no contemplen la construcción de ningún otro hospital ni en Águilas, ni en Mazarrón, ni la creación de un Hospital de Lesionados Medulares, ni un nuevo Centro Oncológico, tantas veces publicitados por el presidente Valcárcel".

   Carpena concluyó que la forma de gestionar la CARM por el Gobierno de Valcárcel, "llevándola a la quiebra, es responsable de todos los recortes y carencias que tiene la Sanidad".

El PSRM denuncia que la consejera Palacios aún no ha explicado en la Asamblea la situación hospitalaria de Cartagena

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique denuncia que "el PP ha dado lugar a llegar al final de la legislatura e impedir que la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, venga a la Asamblea para explicar todas las cuestiones que tienen que ver con la situación hospitalaria de Cartagena". 

   Por segunda vez en lo que va de año, el PP ha bloqueado en la Junta de Portavoces, la comparecencia de la consejera de Sanidad. Una comparecencia, según explican fuentes socialistas, que viene solicitando el Grupo Parlamentario Socialista desde diciembre del pasado año, para hablar de dos cuestiones muy importantes: la situación del Rosell y la del nuevo hospital de Santa Lucía.

   El Grupo Parlamentario Socialista exigía que la consejera de Sanidad diera cuenta de las actuaciones que va a llevar a cabo su Consejería para garantizar el cumplimiento de la resolución aprobada en la Asamblea Regional, en el último Debate del Estado de la Región.

   En dicha resolución, el PSOE pedía al Gobierno regional que el hospital del Rosell se convierta en el segundo hospital de Cartagena con los servicios básicos de un hospital general, una vez que entrara en funcionamiento el nuevo hospital de Santa Lucía.

   Asimismo, el PSOE solicitó que Palacios explicara el calendario y puesta en funcionamiento del nuevo hospital de Santa Lucía, así como de la situación del Rosell y del Naval mientras se producía dicho proceso.

   El Grupo Parlamentario Socialista ha venido denunciando "la falta de transparencia y de información" de la Consejería de Sanidad con este tema.

Un total de 4.826 empresas y autónomos de la Región obtienen aplazamiento de cuota de la Tesorería de la Seguridad Social

MURCIA.- El director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia, Alfonso Fuentes, ha informado que su departamento concedió en 2010 un total de 4.826 aplazamientos de cuotas a empresas y autónomos de la Región, lo que les ha permitido regularizar sus deudas. Se trata de 460 aplazamientos más que en 2009 y 1.934 más que en el ejercicio de 2008, lo que supone un incremento de 10,5 por ciento y 66,8 por ciento respectivamente.

   Fuentes ha explicado que con estas medidas adoptadas por la Tesorería General "se pretende dar respuesta a la necesidad, tanto de empresas como de trabajadores autónomos, de regularizar sus pagos en un momento de dificultad económica como la actual". En cuanto a los tramos de deuda aplazada, en un 94,28 por ciento corresponden a cantidades inferiores a 30.000 euros, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

   Asimismo, ha informado que las Unidades de Recaudación Ejecutiva emitieron el pasado año 658 derivaciones de responsabilidad por descubierto de cuotas a la Seguridad Social frente a las 1.061 de 2.009, por un importe de 30.910.504 euros.

   Por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha dicho que "se está realizando el seguimiento a grandes y pequeñas empresas que por primera vez tienen descubiertos en sus pagos de cuotas". Con ello se pretende conseguir la inmediata detección de los impagos antes de que éstos alcancen un volumen que se vuelva inmanejable por las empresas, así como la rápida búsqueda de una vía de regularización de los mismos.

   Durante 2010 han sido objeto de análisis específico 3.112 empresas, lo que supone un incremento del 1,34 por ciento, respecto del año anterior. Además, este control ha posibilitado que el 71,89 por ciento de dichas empresas procediera al pago total o parcial de su deuda y que el 16,29 por ciento solicitara y obtuviera aplazamiento de la deuda.

La Unión Europea quiere reforzar su oficina contra el fraude y la corrupción

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha presentado propuestas para reformar la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) con el objetivo de mejorar su eficacia, reforzar sus capacidades para combatir el fraude y casos de corrupción relacionados con fondos comunitarios, mejorar su responsabilidad y garantizar un mejor seguimiento de los casos investigados. Los Estados miembros y la Eurocámara tendrán que dar su visto bueno a la propuesta para que entre en vigor.

   "OLAF es la piedra angular para proteger el presupuesto de la UE y para la lucha contra la corrupción. Con este proceso de reforma, pretendemos hacerla más fuerte aún, más eficaz y más capaz en beneficio de todos y cada unos de los ciudadanos europeos", ha asegurado el comisario de Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta.

   Desde su creación en 1999, OLAF ha llevado a cabo alrededor de 4.500 investigaciones de presuntos usos ilícitos de fondos comunitarios en la UE.

   Ahora, tras más de una década en funcionamiento, el Ejecutivo comunitario pretende reformar la oficina, preservando su independencia a la hora de investigar, pero mejorando sus capacidades y el seguimiento de los casos y reforzando los derechos de las personas objeto de investigación, garantizando que tendrán derecho a que se les informe de que son objeto de investigación y su acceso a documentos relevantes para su eventual defensa.

   Igualmente, la Comisión propone reforzar la cooperación entre OLAF y las autoridades competentes nacionales de los Veintisiete aumentando el intercambio de información sobre casos y procedimientos judiciales en marcha.

   Bruselas también quiere que los Estados miembros informen al Ejecutivo comunitario de las medidas que han adoptado en respuesta a casos investigados en su territorio por la oficina comunitaria. El Ejecutivo comunitario identifica la falta de seguimiento judicial por parte de las autoridades nacionales de casos investigados por OLAF como uno de los principales problemas en la lucha contra el fraude.

   Con el objetivo de agilizar la eficacia, la Comisión propone que OLAF deba informar al Comité Supervisor en caso de necesitar extender una investigación más allá del año. Bruselas asegura que el director general de OLAF seguirá reteniendo la capacidad para aprobar las investigaciones que lleva a cabo la oficina antifraude, aunque deberá guiarse por el impacto financiero potencial del caso a la hora de priorizar investigaciones.

   Dado que muchos de los recursos financieros comunitarios se destinan a terceros países, la Comisión propone que OLAF pueda negociar acuerdos administrativos de cooperación con las agencias competentes en estos países. También pide que la oficina firme sendos acuerdos para reforzar la cooperación con la oficina comunitaria y la Oficina Europea de Policía (Europol) y la agencia europea de Cooperación Judicial (Eurojust).

La dieta de San Patricio, parecida a la comida saludable de hoy

DUBLÍN.- San Patricio, el patrón de Irlanda, probablemente comió cosas parecidas a los costosos alimentos saludables de hoy en día, como cereales, pescados y algas marinas, según un investigador que ha estudiado la dieta del país en el siglo V. 

La historiadora en alimentación Regina Sexton dijo que los archivos almacenados por monjes mostraban que Patricio, al que se le atribuye haber librado a Irlanda de serpientes y donde difundió el mensaje cristiano, lo más probable es que se alimentara de cereales y productos lácteos como leche agria, mezcla aromatizadas de cuajada y una variedad de quesos tiernos y duros.

"Es seguro decir que la obesidad no era un problema en aquellos días, y que la comida era de temporada, sana y modesta para los niveles de hoy en día", explicó Sexton de la Universidad College Cork.
Teniendo en cuenta que llegó a Irlanda como un esclavo después de lo que probablemente fue un viaje de frío y con hambre desde Reino Unido, lo más seguro es que el futuro santo tomara platos de cuchara como sopas, papillas y pastas de harina.
Entre otras delicias culinarias que pudo elegir, se encuentran huevos de gallina y de ganso, miel, cuajadas, algas marinas y manzanas, que podía aderezar con una pizca de ajo silvestre o berros.
Pescados como el salmón, la trucha y la anguila o carnes como el cerdo curado estuvieron también entre los menús irlandeses del siglo V, mientras que los panes sin levadura hechos de avena, cebada, un poco de centeno y algunos de los trigos más exclusivos añadieron algo de masa.
"Irónicamente, gran parte de la comida disponible entonces es lo que llamamos "comida saludable" hoy, que llega por supuesto a un precio superior", recalcó Sexton.
El día de San Patricio se celebra cada 17 de marzo, con la gente celebrando con algo de color verde, bebiendo la Guinness, la famosa cerveza negra de Dublín, escuchando música tradicional y acudiendo a desfiles en honor del santo que jugó un papel importante en la conversión de Irlanda al cristianismo.

Japón, otra piedra en el camino de las cajas

MADRID.- Las cajas de ahorros podrían encontrarse en su búsqueda de fondos con el imprevisto añadido de la catástrofe sísmica y nuclear de Japón, en un momento en el que los bancos españoles tampoco están dando señales de apostar por una entrada inmediata en su capital y el recurso al dinero público parece cada vez la opción más realista para algunas entidades.

"Los (fondos y bancos) japoneses son un claro inversor en este tipo de operaciones, pero ahora el dinero japonés se va a reinvertir en la reconstrucción del país, en este sentido tienen un concepto muy patriótico de la inversión y sobre todo ante una situación tan extrema", dijo una fuente del sector bancario.

La incertidumbre derivada de la crisis nuclear en Japón tras los devastadores efectos del terremoto ha llevado a los inversores a buscar activos considerados "refugio" y huir de cualquier activo con sensación de riesgo.

"Además los japoneses van a sumarse a la ya de por sí dura competencia a la que se enfrentan las cajas para despertar el interés inversor. ¿Y dónde pondrías tu dinero si tienes la alternativa de una caja o el estado japonés?", añadió la fuente.

En un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero español, el Gobierno ha elevado los requisitos de solvencia, identificando necesidades de capital de hasta 14.077 millones de euros en ocho cajas.

Esta cifra será finalmente inferior ya que el Banco de España rebajará el listón a entidades que se sometan a una bancarización con capital privado. Según la patronal de cajas CECA, las necesidades de capital finales se reducirían a algo más de 4.000 millones en cuatro cajas.

Con todo, los analistas consideran que aun así es complicado que haya suficientes fondos de inversores disponibles para todos en el contexto actual de incertidumbre.

La relativa relajación de la desconfianza hacia España y la periferia de la zona euro tras el acuerdo de líderes europeos para reforzar el fondo de rescate se ha visto bruscamente eclipsada por el terremoto japonés.

"Está claro que la situación geopolítica, como la crisis en Japón, va a dificultar a las cajas captar capital privado pero en la misma medida en la que afecta a otras empresas con estas mismas necesidades o en situaciones difíciles", dijo Juan Tuesta, analista del sector financiero de Banesto.

Las cajas se han lanzado a una búsqueda contrarreloj de fondos entre inversores privados para presentar sus planes al Banco de España (BdE) a finales de este mes. A finales de septiembre el supervisor analizará el grado de cumplimiento de los planes y, en caso de no dar su aprobado, puede decidir la nacionalización parcial y temporal de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Expertos señalan que la competencia que supone la salida a bolsa de varias cajas a la vez y el cumplimiento de los plazos suponen una presión añadida para las cajas.

De los cuatro grupos de cajas que habían manifestado su interés en salir a bolsa, entre ellos La Caixa y Bankia, Banco Base, que en un principio manifestó su vocación para ir al mercado, ya no descarta la entrada del FROB.

"La lógica es cotizar en bolsa y esa es nuestra vocación, pero la entrada del FROB como accionista temporal es una opción tan válida como cualquiera otra", ha reconocido una fuente de Banco Base, liderado por Cajastur y Caja Mediterráneo.

Detrás de los posibles aplazamientos de salidas a bolsa está el temor a que las valoraciones sean demasiado bajas.

"Al final todos los procesos de captación de capital están sujetos a un precio, a una valoración y a lo mejor no es quizá la peor de las opciones que el FROB entre de forma temporal, incluso de dos años, en tu capital, y luego puedas recomprarlo para dar entrada a inversores privados con mejores valoraciones", dijo Tuesta.

Además, los bancos españoles, que hasta ahora han manifestado su interés en estudiar oportunidades de compra, siempre sitúan el énfasis de sus objetivos de crecimiento en aprovechar la consolidación del sector para incrementar sus cuotas de mercado y no necesariamente a través de compras.

El propio presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, reconoció recientemente que ahora no es el momento para entrar en el capital de las cajas y que era preferible estudiar este tipo de operaciones tras la entrada del FROB.

"Queremos ver valoraciones reales y no informaciones sobre descuentos del valor en libros y esto sólo lo veremos cuando salgan a bolsa La Caixa y Bankia", reconoció otra fuente del sector bancario.

Diversas cajas han iniciado procesos de presentación a analistas internacionales y hay potencial interés de diversos fondos internacionales, entre ellos algunos de origen árabe y otros de grandes gurús estadounidenses como Soros o Paulson.

En este escenario, las cajas parecen contar como más firme aliado a las aseguradoras. Al entrar en los negocios de seguros de las cajas, las aseguradores amplían su red de distribución, mientras que las entidades financieras se deshacen de activos que consumen capital y además ingresan fondos.

"Parece que la ayuda les va a venir desde las aseguradoras, que podrían convertirse en accionistas antes de sus procesos de salida a bolsa o incluso en el marco de las colocaciones", dijo Juan Pablo López, analista de Espirito Santo.

Mapfre dijo recientemente que invertirá en acciones de su socio y accionista Caja Madrid y en otras cajas que se reconviertan en bancos.

En esta línea, la aseguradora holandesa Aegon anunció recientemente un acuerdo para comprar el 50 por ciento del negocio asegurador de Caja Burgos, integrada en Banca Cívica, el otro grupo de cajas con plan de salir a bolsa.

Ordenan la apertura de juicio oral para el ex alcalde de Totana, Juan Morales, y otras 12 personas

MURCIA.- El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio de Totana, ha dictado auto por el que ordena apertura de juicio oral para el diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, y otras 12 personas, contra los que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y acusación particular, imputados en esta operación.

   Será así la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el órgano competente para el enjuiciamiento, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.

   Cabe recordar que el ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales está imputado por nueve delitos, entre los que se encuentran los de prevaricación y cohecho, en relación al caso Totem.

   En concreto, según señala el auto del TSJ, se acuerda la apertura de juicio oral contra Juan Morales, así como contra Gabriel Martínez, Joaquín Carmona --el gerente de Nubia Inversiones-- y su socio José Antonio Alcántara; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras; además del director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera.

   Así como a la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--, según señala el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado.

   En el caso del ex regidor totanero, estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.

   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.

   Sobre todos estos imputados, la Sala ya aseguró que incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.

   De tal forma, el magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del TSJ requiere a los acusados para que, en el plazo de un día presten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su día se les impuso.

   Se trata, en cuestión, de las fianzas de Juan Morales (24.163,056 euros), Gabriel Martínez Navarro, José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, con 1,6 millones cada uno.

   Para Manuel Núñez la cantidad requerida es 1,2 millones de euros, 933.333 euros para Pablo Maceira, la misma en el caso de José Antonio Carrocera; mientras que la cantidad para María del Carmen Jordán asciende a 10,5 millones; 1,6 millones para Fulgencio Marín y 4 millones para Domingo Sánchez.

   Por último, a Juan Antonio Álvarez Moreno se le requieren 8,8 millones y a Vaneide Freita la cantidad de 666.666 euros.

   Según concluye el auto del TSJ, se mantiene la situación de libertad de todos los acusados y el deber de comparecencia; así como las prohibiciones de disponer de inmuebles y vehículos que en su día ya fueron adoptadas.

   Se trata de una operación, destapada a finales de 2007, contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en el término municipal de Totana (Murcia). Y es que, el grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura, lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.

ANSE pide "medidas urgentes para frenar la destrucción de la playa y dunas de La Llana"

MURCIA.- La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha remitido un escrito al consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, para que inicien urgentemente los trámites para poner en práctica las medidas sugeridas a partir del proyecto 'Estudios y ensayos de contención de la erosión en las dunas de las playas de La Llana y Barraca Quemada' al objeto de frenar la destrucción de estas playas. 

   Así, las conclusiones de los estudios y trabajos realizados "plantean la modificación del perfil del dique sur de la actual pendiente a una más suave, de manera que las olas que inciden en el dique pierdan energía y pasen de tener la actual rotura con oscilación a la de colapso o voluta con menos energía y poder erosivo en el primer tramo de la playa de Barraca Quemada".

   Igualmente, ANSE se ha dirigido también al director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente para pedirle que, en coordinación con la Comunidad, "se establezcan medidas urgentes encaminadas a solucionar el problema de regresión de la playa de la Llana y de desaparición de parte de las dunas del Parque Regional".

   Las playas de La Llana y Barraca Quemada, situadas en el interior del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, han experimentado un "retroceso espectacular desde mediados del siglo XX, que diferentes estudios calculan en unos 80 metros de anchura", según fuentes de la asociación naturalista.

   Por su parte, las causas que han provocado dicha regresión son la  falta de aporte de materiales procedentes de la desembocadura del río Segura; retirada de arenas para creación de playas artificiales en la orilla norte del Mar Menor; subida del nivel del mar; manejo inadecuado de los arribazones de posidonia; y construcción del puerto de San Pedro del Pinatar, que ha modificado las corrientes marinas en la costa.

   En cuanto al proyecto desarrollado en 2010 por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, con el apoyo económico de la Fundación Biodiversidad, pretende resolver el problema "desde una perspectiva mas adecuada con el entorno y menos costosa", y ha consistido principalmente en el "aporte de 8.000 m3 de arena desde las playas localizadas al norte del puerto de San Pedro hacia la zona Sur del mismo".

   Sin embargo, no ha podido realizar la modificación de la pendiente del dique Sur del puerto, competencia de la Dirección General de Transportes y Puertos de la Comunidad Autónoma, y tampoco se han podido aportar cerca de 17.000 m3 de arena acumulada en las proximidades de la bocana de entrada al puerto.

   ANSE ha asegurado que si no se toman medidas por parte de la Comunidad Autónoma y la Dirección General de Costas, especialmente las que tienen que ver con la modificación del puerto de San Pedro del Pinatar, la acción de los temporales del NE seguirá erosionando y destruyendo la playa y dunas de La Llana, pudiendo afectar incluso a las salinas.

El SIP integrado por la CAM está valorando acudir al FROB

MURCIA.- El presidente territorial de Caja Mediterráneo (CAM) en Murcia, Ángel Martínez, ha confirmado que el SIP que ha formado su entidad financiera con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, está valorando "el tema del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", y ha afirmado que "todavía no ha tomado una decisión" sobre la salida a Bolsa.

   Durante el acto organizado con motivo del inicio de las obras de remodelación del edificio número 5 de la calle Trapería de Murcia para convertirlo en la nueva sede financiera de la CAM, Martínez ha destacado que el FROB "es un tema que lleva un tiempo", y ha criticado que "el Gobierno va en la carrera cambiando las normas y uno tiene que ir adaptándose a las que van apareciendo".

   "No lo veo como lo mejor pero es lo que hay y hay que adaptarse", ha añadido Martínez, quien ha insistido en que "la Ley acaba de publicarse y no sabemos nada".

   De todas formas, ha afirmado que la CAM "es un gran grupo financiero y, desde ese punto de vista, hay que reafirmar su historia: nació en Murcia en 1940, con cinco cajas de la Región y una de Alicante".

   En este sentido, ha señalado que esta entidad bancaria "ha tomado la decisión de conformar un SIP con otras cajas, con un objetivo doble: primero de tomar más fuerza y más capacidad de dar crédito y, en segundo lugar, a mayor fortaleza mayores recursos, y esos mayores recursos que esperamos tener queremos devolverlos a la sociedad a través de esta nueva sede".

Los sindicatos, preocupados por el incremento de ejecuciones hipotecarias

MADRID.- Los sindicatos han trasladado su preocupación por el incremento de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios a la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, durante la reunión de la mesa de diálogo social reforzado en materia de vivienda, junto a la patronal.

 

   En un comunicado, UGT ha concretado que las centrales sindicales han entregando a Corredor un documento con propuestas específicas para evitar la pérdida de la vivienda habitual o en su caso cuando sea inevitable, alternativas ante desahucio.

   El documento contiene también propuestas fiscales, normativas y de gestión que invitan a abrir un debate, en el seno de esta mesa, sobre los procedimientos de las ejecuciones hipotecarias y sus consecuencias y las posibles medidas a tomar para minimizar su impacto sobre las familias afectadas.

   Por su parte, el Ministerio de Fomento que ha transmitido a los agentes sociales las iniciativas que tiene en curso para reconvertir la construcción residencial en una auténtica industria de la edificación, con capacidad para que la economía española genere tecnología, innovación, eficiencia energética y para la creación de empleo.

Cataluña no logra colocar 300 millones de euros en obligaciones

MADRID.- Cataluña no logró colocar unos 300 millones de euros en obligaciones debido a una falta de interés de los inversores, indicaron este jueves varios medios españoles, después que la agencia Moody's bajó la nota de las finanzas de la región. 

El Gobierno de la región quería conseguir 300 millones de euros, según el diario El Mundo, mientras que El País habla de entre 300 y 500 millones de euros.

El Ejecutivo catalán proponía una tasa interesante, de entre el 5,5% y el 5,75%, según los diarios, pero aplazó la emisión tras comprobar con un sondeo el poco interés que suscitaba entre los inversores institucionales, según El País.

Cataluña, primera economía regional del país durante mucho tiempo hasta hace dos años, ha sufrido un incremento de su deuda en los últimos años y en febrero admitió tener grandes dificultades financieras, por lo que necesitaba conseguir 11.000 millones de euros este año.

El Gobierno español autorizó por ello a la región a emitir obligaciones por valor de 2.500 millones de euros.

Pero la agencia de calificación financiera Moody's bajó la semana pasada la nota de Cataluña de 'A2' a 'A3' después de haber recortado la de España a 'Aa2' debido a sus dudas sobre su recuperación financiera, sobre todo la de las administraciones regionales.

El déficit público aumentó en los últimos años un 2,83% du PIB en 2010, por encima del 2,4% aconsejado.

Más de 400.000 murcianos están bajo el umbral de la pobreza

MURCIA.- La Red de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN), que aglutina a casi una treintena de asociaciones, da un toque de atención a los políticos de cara a la elaboración de sus programas electorales con motivo de las elecciones del 22 de mayo porque, según ha explicado su presidente, Jesús Salmerón, "en situación de crisis no se puede recortar en acción social" con más de 400.000 murcianos bajo el umbral de la pobreza.

   Y es que, recordó en rueda de prensa, la Región de Murcia es la segunda comunidad con mayor porcentaje de personas que viven en esta situación, con casi un 30 por ciento, seguida de Andalucía; lo que, según la organización, "es algo intolerable". A lo que se une una cobertura "insuficiente" de la Renta Básica de Inserción, que sólo perciben unas mil familias murcianas.

   Los poderes públicos, subrayó Salmerón a este punto, tienen la obligación constitucional de garantizar, mediante el desarrollo de una política económica y social progresiva, el desarrollo humano y democrático, la inclusión social y la participación ciudadana.

   El crecimiento económico ha agravado las desigualdades sociales en los últimos años y no ha supuesto una reducción de la pobreza ni exclusión social. Por lo que, a su juicio, "es el momento de crecer distribuyendo, ya no vale decir que primero hay que crecer para después distribuir".

   "Una sociedad más cohesionada crea más capital social, favorece la iniciativa ciudadana, evita la emigración y el despoblamiento, crea condiciones para el desarrollo del tejido productivo, fomenta la armonía social, garantiza la seguridad, la convivencia y en definitiva el dinamismo económico", añadió.

   Según EAPN, "se hace necesario entre todos poner en marcha en la Comunidad planes o estrategias de inclusión que duren al menos el periodo de la legislatura porque el panorama en Murcia es desolador".

   Por ello, presentan un documento con 110 propuestas con el fin de que las formaciones políticas las atiendan y comprendan el interés de la Red de cambiar las perspectivas, porque, subrayó la organización, "hay que dejar de buscar culpables para buscar soluciones y alternativas".

   Se trata, indicó, "de hacerse más permeables a la realidad, críticos y asumir los cambios, porque gobierne quien gobierne hay muchas cosas por modificar". De hecho, lamentó, "no hay un plan de seguimiento, donde establecer prioridades y objetivos".

   Así la Red de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, que asegura que analiza buscar financiación privada, subrayó que "la situación de crisis actual obliga a que se intervenga de manera decisiva y clara".

   Entre sus objetivos y propuestas se encuentran poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo social, garantizar los derechos y profundizar en los mismos; situar la protección social como parte esencial de la política económica y mejorar el modelo de protección social, "buscando un pacto o acuerdo regional por la inclusión, con el apoyo e implicación del conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas de la Región".

   Así como recaudar más "de modo más progresivo y gastar de modo más justo", erradicar la pobreza severa, el chavolismo y la infravivienda, la igualdad educativa, garantizar la ocupación y formación de los desempleados de larga duración y el acceso a los suministros básicos de agua, gas y electricidad.

   Introducir mejoras de coordinación entre administraciones públicas con otros actores sociales, entre los que figure el tercer sector de acción social. En cuanto a las propuestas para reforzar el papel de este tercer sector, EAPN destaca mejorar la gobernanza en las políticas de inclusión sobre la base de compromisos mutuos, la búsqueda del consenso y el pacto social o el desarrollo del Método Abierto de Coordinación (MAC) en el plano autonómico y municipal.

   El reconocimiento del papel esencial que juega este sector en las políticas de inclusión y de la necesidad de participación en todas las fases del proceso de las políticas sociales de la Región, el establecimiento de sistemas de interlocución más estable, la corresponsabilización en las políticas públicas, son otras de las propuestas.

   Finalmente, la organización subraya el compromiso por parte del tercer sector, en realizar mejoras internas, que pasan por la coordinación, la transparencia, la búsqueda de mayor compromiso y eficiencia.