Manuel Pizarro dice que los países "no se mueren" y salen de la crisis

MURCIA.- El economista y ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, ha asegurado este miércoles que los países "no se mueren y acaban saliendo de la crisis, como Alemania, generando empleo", aunque ha advertido que "lo triste es salir sin generar empleo". Pero, ha insistido, "de la crisis se sale siempre, unos mal y otros bien".

   Pizarro ha expresado su deseo de que pase lo que ocurrió en el periodo del 96 en adelante, "que España salga por sus medios: entonces tuvimos el euro en primera fila y era el país que más empleo creaba de Europa".

   Al hilo, ha explicado que el salir de la crisis, cuya fecha ha eludido vaticinar, "es como las enfermedades, en cuanto se empiece a poner tratamiento".

   No obstante, ha advertido que "cuanto más tiempo se tarde en operar al enfermo y darle tratamiento más tarde se saldrá y cuando todavía estamos discutiendo qué pasa con el mercado laboral, con el sistema financiero, pues cuanto antes lo saneemos antes tendrá réditos las familias y empresas".

   El problema, ha destacado, es que "estamos metidos en la crisis con un nivel de desempleo muy alto, que es lo que hace que las finanzas públicas no se reequilibren, que la seguridad social esté 'justita' y gastando 35.000 millones en subsidio de desempleo y 26.000 millones en intereses de la deuda".

"Éstas son las cifras de la crisis, siendo la más importante la de casi cinco millones de desempleados", ha indicado.

   Las recetas para salir son "gastar un euro menos de lo que se gana, ahorrar, trabajar, mirar hacia adelante y decir la verdad a los españoles", que pasa, ha dicho, por "llamar crisis a la crisis, trabajo al trabajo, ahorro al ahorro y generar empleo". Lo demás, en su opinión, "es poner paños calientes".

   Pizarro también ha pronunciado, previamente, una conferencia bajo el título 'Crisis Económica y Sistema Financiero', enmarcada en las actividades divulgativas de la Cátedra de Ética Política y Humanidades, UCAM-FAES.

   Durante su alocución, ha dejado claro que "sin fe y esfuerzo resulta imposible el desarrollo de cualquier actividad", tras lo que ha señalado "el beneficio sin esfuerzo, cometer atrocidades financieras confiando en el rescate de los organismos reguladores y el afán de ganar dinero, mediante la creación de productos que no generan riqueza, como responsables de fallo del sistema financiero".

   A su juicio, la crisis económica "es fundamentalmente una crisis moral, ya que el fin último del sistema financiero no es otro que el de captar ahorro y llevarlo a la inversión al mínimo coste posible, y que haber desarrollado mal la ecuación ahorro e inversión ha provocado su quiebra".

   "Es necesario aplicar integridad. En el mundo anglosajón no se perdona la mentira y aquí ha faltado integridad. No se puede premiar a gente que se ha llevado por delante una entidad financiera, habiendo presentado unas cuentas de resultados como buenas, que luego no eran correctas", ha incidido.

   Pizarro se ha referido también a la crisis económica en España, que ha definido como una crisis de competitividad, dado que "en un entorno de moneda única debemos hacer las cosas tan bien como aquellos con los que nos comparamos".

El murciano Luis del Rivero declarará como imputado por la fusión de Itínere y Europistas

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid ha llamado a declarar como imputado al presidente de Sacyr Vallehermoso, el ingeniero murciano Luis del Rivero, dentro de la causa abierta por la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Europistas por imposición de acuerdos abusivos en el proceso de fusión con Itínere cerrado en abril de 2007.

   En la providencia dictada el pasado 1 de marzo, la juez María del Sagrario Herrero cita a Del Rivero a declarar el próximo 23 de junio como imputado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, administración desleal y delito societario.

   El empresario murciano estaba citado a declarar el pasado 8 de enero, pero su comparecencia fue aplazada por la juez a la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le remitiera un informe sobre la OPA, solicitado por el Ministerio Fiscal.

   Fuentes de la compañía explicaron que el "voluminoso" informe aportado por la CNMV concluye que el proceso de fusión de las dos compañías se hizo conforme a la legalidad, por lo que se pedirá a la juez que archive la causa.

   Las mismas fuentes señalaron que la juez ha citado, el próximo 13 de abril, al responsable del informe aportado por el organismo supervisor para su ratificación y que tras esta comparecencia la juez podría dictar el sobreseimiento sin que la declaración de Del Rivero llegue a producirse.

    Los accionistas minoritarios de Europistas, representados por el abogado Felipe Izquierdo, demandaron a Rivero al considerar que llegado el 31 de diciembre de 2007, Sacyr incumplió su compromiso, incluido en el folleto de OPA, de recompra por 9,15 euros más gastos financieros de todas las acciones restantes de Europistas, pertenecientes a los accionistas que no habían acudido a la OPA.

   En concreto, los minoritarios acusan a Sacyr de incumplir su compromiso de lanzar una Oferta Pública de Venta (OPV) o una Oferta Pública de Suscripción de la nueva Itínere con el fin de excluir de cotización a la nueva empresa antes del fin de 2007, por lo que habrían podido realizar la enajenación de sus acciones al precio equivalente actualizado de 9,6 euros por acción y no a los 3,6 euros por acción que recibieron.

La Oficina de Patentes deniega a Banco Mare Nostrum el uso de la marca 'Mare Nostrum'

MADRID.- La Oficina de Patentes y Marcas ha denegado a Banco Mare Nostrum, surgido tras la integración de Sa Nostra, Caja Murcia, Caixa Penedés y Caja Granada, la posibilidad de emplear la marca Mare Nostrum, según ha anunciado este miércoles el consejero delegado de Axa en España, Javier de Agustín.

El directivo explicó durante la presentación de resultados de Axa que cientos de clientes de Axa se identifican con esta marca, y que la compañía reaccionó de una "forma amistosa" con el banco, "sin sacar los cañones", para intentar alcanzar un acuerdo, aunque no fue posible. Axa tiene actualmente unas 300.000 pólizas de seguros que todavía utilizan la marca Mare Nostrum, sobre todo en Baleares.

No obstante, De Agustín reconoció que Axa sigue "abierta" a seguir hablando y para alcanzar un acuerdo, "con unos compromisos mutuos" y con el objetivo de que la entidad financiera "no desoriente" a los clientes de la aseguradora. En este sentido, Banco Mare Nostrum también se ha mostrado dispuesta a seguir negociando para alcanzar un acuerdo.

"Les tranquilizo. No va a haber batalla naval en el Mediterráneo", bromeó el consejero delegado de Axa en España, quien no quiso calificar la disputa por la marca como "conflicto", sino como el reconocimiento del derecho de Axa a defender un nombre que ya tenía previamente registrada.

Las diferencias entre Banco Mare Nostrum y Axa surgieron tras la denuncia de la aseguradora por el uso de esta marca, del que Axa tiene la licencia al tratarse del nombre de la compañía balear que compró en 1985.

El SIP y Axa negociaron entre noviembre y diciembre para que el banco pudiese utilizar la marca a cambio de un acuerdo de colaboración en la venta de seguros durante 10 o 15 años, pero la entidad financiera decidió finalmente no firmar el acuerdo.

En este sentido, la entidad defiende que tiene inscritos en el Registro Mercantil los nombres de Banco Mare Nostrum S.A. y BMN, con los que puede operar, y que no emplea la marca 'Mare Nostrum', pese a que disfruta de un 'derecho provisional' que le permitiría legalmente hacerlo por un periodo de tiempo.

Asimismo, recuerda que cuando se efectuó la operación de constitución del SIP entre las cuatro entidades, no sólo se dirigió al Registro Mercantil a inscribir el SIP como Banco Mare Nostrum S.A., sino que en el Registro de Marcas inscribieron distintas variaciones del nombre de Banco Mare Nostrum.

No obstante, la oposición de Axa a la marca Mare Nostrum no ha sido la única con la que se ha encontrado BMN, ya que la entidad también se ha enfrentado a las oposiciones de un resort de hoteles y otra de un fondo de inversiones europeo.

Las movilizaciones continúan contra la 'ley Valcárcel'

MURCIA.- Un comunicado distribuido hoy por el sindicato STERM, recuerda que las movilizaciones continúan contra la 'Ley Valcárcel' y establece un calendario de actuaciones  en compañía de los otros dos sindicatos de clase representantes de los funcionarios autonómicos.

"Los sindicatos STERM-Intersindical, CCOO y UGT continuarán con las movilizaciones hasta que el Gobierno Regional y su Consejería de Educación:

* Garantice las plantillas actuales de los centros educativos para el próximo curso escolar.
* Garantice que no habrá pérdida de empleo para el próximo curso escolar.
* Garantice que con fecha de 1 de enero de 2012 nuestras condiciones laborales, sociales y   salariales serán iguales que el 23 de diciembre de 2010.

Por ello nos hacen llegar el calendario de movilizaciones propuestas desde el 9 de marzo hasta el 2 de abril.

Miércoles, 9 de marzo a las 18 horas. Concentración masiva frente a la puerta de la Consejería de Economía y Hacienda para pedir a la Consejera que busque alternativas para salir de la crisis que no sea a cargo de los Servicios Públicos. Recuerda que es muy importante tu participación.

Domingo, 13 de marzo a las 10 horas. Participación de un grupo de corredores en la Media Maratón de Murcia con camisetas y carteles reivindicativos. Salida del Pabellón Infante Don Juan Manuel (Murcia). Si lo tuyo no es correr y no te has inscrito, te animamos a animar a nuestros compañeros/as participantes. Habrá un grupo de compañeros/as animando a lo largo de todo el recorrido con camisetas amarillas que llevarán el lema: “Corremos por lo público”.

Jueves, 17 de marzo a las 18 horas. Cadena humana para rodear el Palacio de San Esteban. ¿Conseguiremos rodear la sede del Gobierno Regional frente a las agresiones contra los servicios públicos? Sí, podemos.

Jueves, 24 de marzo a partir de las 17 horas. El Gobierno Regional nos chupa la sangre. Donación masiva de sangre en el centro de Hemodonación (detrás del Hospital Reina Sofía de Murcia). Previamente a la donación nos concentraremos en la Plaza del Cardenal Belluga para ir todos juntos hasta allí.

Sábado, 2 de abril a las 10 horas. Marcha reivindicativa a pie contra los recortes sociales y laborales. Recorrido aproximado de 5 Km a determinar".

El Comité de Resistencia.

¡DIGNIDAD Y RESISTENCIA!

García Retegui hace públicos datos de sus ingresos y patrimonio y anima al candidato del PP "a hacer lo propio"

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, hizo público este martes los datos de sus ingresos y de su patrimonio para que sean conocidos por toda la ciudadanía como muestra de compromiso "ético" y "transparencia" , tras lo que animó al candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel, "a que haga lo propio".

   Y es que, remarcó en rueda de prensa, "en días de dificultades económicas es cuando la transparencia y la austeridad son más exigibles que nunca a los políticos, a los representantes de los ciudadanos".  

   En concreto, especificó la socialista, García Retegui es propietaria junto con su esposo de una casa de 150 metros cuadrados, adquirida en el año 1990 en la pedanía de Santo Ángel, con un valor catastral de 73.192,91 euros.

   Asimismo tiene tres cuentas corrientes, con 17.506 euros, 2.250 y 1.180 euros, respectivamente, dos vehículos utilitarios (Opel Meriva del año 2004 y Chevrolet Tacuma del año 2008), un plan de pensiones como personal estatutario del Servicio Murciano de Salud --9.396 euros-- y otro plan de pensiones con Cajamurcia --5.675,77 euros--, así como un plan de ahorro suscrito por la Asamblea Regional --1.469 euros--.

   Además de dos esculturas de Antonio Campillo, una de Pepe Hernández Cano, un óleo de Antonio Maya y un acrílico de Manuel Pérez Martínez. Por último, García Retegui apuntó que sus ingresos en 2009 sumaron un total de 66.651,99 euros, percibidos de la Asamblea Regional y del Servicio Murciano de Salud (SMS).

   Retegui, que manifestó así su compromiso "ético" como candidata a la Presidencia de la Región, recordó que hay dos leyes regionales, la del Estatuto de la Actividad política y la Ley del Presidente, "que nos obligan a los cargos públicos a hacer declaración de las actividades y bienes".

   En este sentido, explicó que, la declaración de actividades es pública, pero, sin embargo, "la de bienes es reservada en la Región de Murcia". Por ello aseguró que propondrá en la Asamblea, "y se convertirá en la primera Ley si ganamos las elecciones", que la Declaración de Actividades y la Declaración de Bienes sean públicas y accesibles, que se publiquen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y en las páginas web tanto de la Comunidad como de la Asamblea Regional.

   García Retegui, que comparte sus bienes con su esposo en régimen de gananciales, explicó que los datos de sus ingresos y de su patrimonio están a partir de hoy en su web personal ('http://www.begoñagarcia.es') y en la del PSRM ('http://www.psoemurcia.es').

   "La declaración va unida indisolublemente al compromiso ético que tenemos que firmar todas las personas que nos presentamos en la lista del PSRM y que se adecua a nuestro código ético aprobado en los Congresos Federales", reiteró.

   A juicio de la socialista, "el ejercicio de transparencia que hago esta mañana es de justicia que se le exija también al candidato del Partido Popular, en coherencia con la voluntad firme y sincera que han manifestado desde el PP de un código de transparencia y austeridad en su último encuentro para el pistoletazo de salida de las Elecciones Autonómicas".

   "No nos vale que haya un registro de bienes en la Asamblea Regional, al que ningún ciudadano puede acceder y para el que se pone trabas a la propia Asamblea, y no nos vale tampoco que el candidato del PP presentara en los medios de comunicación una relación de bienes", apostilló.

La Costa Mediterránea registra los mayores descensos en el precio de la vivienda, un 6,7%

MADRID.- La Costa Mediterránea es la zona que ha registrado en España los mayores ajustes en el precio de la vivienda, con un descenso del 6,7 por ciento en febrero, según se desprende del índice de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa).

   De esta forma, los ajustes acumulados desde los precios máximos alcanzados antes de la crisis oscilan desde el 27,2 por ciento registrado en la Costa Mediterránea hasta el del 16,1 por ciento registrado en el resto de municipios.

   Por su parte, en el mes de febrero se ha producido un recorte del 5,4 por ciento en las áreas metropolitanas, y en las capitales y en las grandes ciudades un descenso del 5,2 por ciento.

   Por contra, los descensos más moderados se registraron en Baleares y Canarias, donde la vivienda bajó un leve 0,8 por ciento en el segundo mes del año en comparación a un año antes. En el resto de municipios, la caída de precios de los pisos fue del 3,3 por ciento y, por tanto, también inferior a la media nacional.

  A nivel nacional, el precio medio de la vivienda descendió una media del 4,5 por ciento el pasado mes de febrero en comparación con el mismo mes de 2010, con lo que acumula un ajuste del 19,5 por ciento desde el inicio de la crisis.

   La caída del precio de los pisos mantiene así su tendencia en los dos primeros meses de 2011, después de que cerrara el ejercicio anterior con una reducción del 3,9 por ciento, dado que en enero se anotó una caída del 5 por ciento.

   Tinsa considera que el mercado de la vivienda ha superado el efecto que en 2010 le produjeron los cambios fiscales para verse influenciado por nuevos factores "que cobrarán protagonismo en los próximos meses", como son el repunto de la inflación y el incremento de los tipos de interés.

   Para la firma de tasación, la inflación, de mantenerse en la actual tasa, podría producir una tendencia plana o de ligero descenso del valor nominal de los inmuebles, "una bajada más acusada del precio de la vivienda en términos reales".

   En cuanto a los tipos de interés, considera que, de confirmarse su aumento, se traducirá en un aumento del esfuerzo financiero que las familias realizan para comprar una vivienda, "o sencillamente para continuar pagando el crédito hipotecario".

CC OO alerta de la difícil situación económica de la UMU y la UPCT por los incumplimientos de Valcárcel

MURCIA.- Un reciente comunicado del Vicerrector de Infraestructuras de la UMU, Antonio Calvo-Flores Segura, pone de manifiesto que las Universidades Públicas murcianas "no son en absoluto ajenas a la crisis que sufre el sector público regional y muestra el desinterés del Gobierno Autónomo por una Universidad Pública de calidad en un momento crítico, como es la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y los nuevos grados", a juicio de CC OO.

En un escrito público dirigido a los trabajadores de las dos universidades públicas murcianas, el sindicato dice:

"La Región de Murcia vive una situación económica crítica. Afectada por las consecuencias de la crisis económica mundial y las particularidades de la española, el estado de la economía regional se ha visto agravado por el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los últimos años y la absoluta irresponsabilidad política, social y económica del ejecutivo encabezado por el presidente Valcárcel.

El incumplimiento de los compromisos sobre déficit aceptados por el propio Gobierno de la CARM en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha colocado a la Región en una situación muy difícil. El Gobierno de Valcárcel, único responsable de su imprevisión presupuestaria y del lamentable estado de las finanzas públicas de la CARM, parece ser incapaz de idear otra reacción que no sea la degradación de los servicios públicos, la pérdida de empleo en esos servicios, el deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la limitación de sus derechos.

El gobierno de Valcárcel se caracteriza por su ineptitud en la gestión pública y por el uso de un argumentario de una simpleza insultante para defender políticas públicas injustas e ineficaces que van a conducir a un retroceso de la calidad de vida en nuestra Región, al abandono a su suerte de los sectores más desprotegidos y a la imposibilidad de lograr un nuevo modelo económico que garantice el crecimiento en el futuro próximo.

Las actuaciones contenidas en la Ley de Medidas Extraordinarias dirigidas a corregir el déficit mediante la limitación de nuestro ya maltrecho, frágil y reducido Estado del Bienestar muestran una ceguera ideológica y una impericia económica alarmantes. Como solución ante sus fracasos e irresponsabilidades Valcárcel propone actuar exclusivamente sobre ciertos gastos y ha puesto en el punto de mira de sus recortes, entre otros sectores, a la sanidad pública, a la enseñanza no universitaria y a la atención a los dependientes.

No se encuentra en el Gobierno de Valcárcel ninguna reflexión seria y creíble sobre otros tipos de gasto, ninguna reflexión sobre la necesidad de incrementar los ingresos de un modo equilibrado, ninguna intención que no sea hacer recaer sobre los empleados públicos y sobre la gran mayoría de nuestra sociedad que se beneficia de los servicios públicos el coste de la crisis y de su incompetencia. Existen otras políticas económicas y fiscales más eficaces, que no producirían la desaparición de puestos de trabajo en el sector público y privado y que no favorecerían la contracción de nuestra economía; otras políticas además que son más justas socialmente pero que los prejuicios ideológicos de este gobierno le impiden considerar. Pensar que de este modo se puede salir de la crisis y pensar que con estas recetas obsoletas es posible poner las bases del crecimiento de la Región indica sólo el sesgo doctrinal y la completa desorientación del Gobierno Valcárcel.

En esta política, que como gran aportación para la salida de la crisis sólo es capaz de pensar en deteriorar servicios públicos, se incluye también el estrangulamiento económico al que se somete a las Universidades Públicas de la Región de Murcia. Obviamente, la UMU y la UCPT no podían ser ajenas a estas políticas que desprecian lo público. Fruto de su errónea política fiscal y presupuestaria, el Gobierno de Valcárcel tiene sometida a ambas universidades a una situación de estrangulamiento económico que se ha ido agravando con el paso de los meses.

En pocos casos como en éste se refleja mejor la desastrosa política del Gobierno de Valcárcel. Al tiempo que deteriora la enseñanza universitaria pública pone en jaque a las principales instituciones dedicadas a la innovación y a la investigación en la Región de Murcia. ¿Piensa el Presidente que puede hacernos creer que de este modo se promueve la salida de la crisis y el crecimiento económico? ¿Cree seriamente que colocando a la UMU y la UPCT y a sus empleados y empleadas en una situación presupuestaria crítica se ponen las bases del desarrollo futuro de nuestra Región?

El Gobierno de la CARM debe rectificar. El normal desenvolvimiento de las actividades de las Universidades Públicas se encuentra en peligro si el Gobierno de Valcárcel no cumple de modo urgente sus obligaciones presupuestarias con nuestra universidad (entre otras, pagos del Contrato Programa, de fondos FEDER, y de la financiación del Ministerio del Campus Mare Nostrum). Por otro lado, la ligereza irresponsable con la que el Gobierno aborda su política hacia servicios públicos tan relevantes como la enseñanza no universitaria, la sanidad y la universidad nos hacen temer que el estrangulamiento presupuestario al que tiene sometido a las Universidades Públicas sea sólo el primer paso de otros posibles despropósitos que afecten negativamente a las condiciones de trabajo y a los salarios del personal de nuestra universidad en los próximos meses.

Por no hablar de la práctica quimera en que se ha convertido la pretendida implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, los planes de calidad de los nuevos grados o el desaliento del profesorado, alumnado y PAS ante el abandono de unos objetivos iniciales esperanzadores de dar un salto en la calidad de la enseñanza superior en la Región.

Las Universidades Públicas han mantenido hasta ahora un perfil público bajo y comedido en la reclamación del cumplimiento de los compromisos de financiación, que ya ha llegado a límites insostenibles y que por tanto hay que sacar de los Consejos de Gobierno, porque la Sociedad murciana tiene derecho de conocer el estado financiero real de sus Universidades Públicas que tienen que rendir cuentas ante ella.

Como miembros de la comunidad universitaria y como empleados y empleadas públicos somos conscientes de la difícil situación general de la Región. Pero el presente de nuestra universidad, su futuro y el futuro de la sociedad a la que sirve requieren que el Gobierno de la CARM deje de incumplir los compromisos presupuestarios y de financiación adquiridos con las Universidades Públicas de la Región de Murcia y apueste decididamente por la inversión en la universidad pública.

CCOO va a defender por todos sus medios una Universidad Pública de la máxima calidad, con acceso para todas las capas sociales, y una potenciación de la formación y el estudio, y de la investigación, el desarrollo y la innovación por vocación y como mecanismo para salir de la actual crisis y, por ello, va a defender, no solo el mantenimiento de los compromisos económicos adquiridos, sino, en general, un mayor apoyo de la Instituciones Regionales a las Universidades Públicas de la Región de Murcia".

En efecto,  el citado vicerrector de la UMU, Antonio Calvo-Flores Segura, se ha dirigido en un comunicado a toda la comunidad universitaria para ponerles al corriente de la situación.

"Ante la lógica inquietud y la cantidad de consultas recibidas, creo que es mi deber informaros que la falta de incorporación (de remanentes de crédito) no se debe a cuestiones de gestión sobre los expedientes sino a la inconcreción, cuando no la incertidumbre, sobre la financiación universitaria que viene mostrando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No se trata ya de los recortes presupuestarios, que asumimos como parte del entramado público de la Región (nuestro presupuesto de 2011 es un 7% inferior al de 2010), sino de los riesgos por incumplimientos.


Sin ánimo exhaustivo quiero compartir con vosotros que:


- La CARM no ha reconocido ni pagado el CONTRATO PROGRAMA 2010 a pesar de que la Universidad sí lo ejecutó. Eso supone una minoración directa a DÉFICIT de 4.093.000 euros.


- La CARM ha reducido en 520.000 euros la subvención de inversiones de la Universidad de Murcia 2011 para poder atender el programa FEDER 2010 (que la Universidad gastó, pagó y justificó en 2010).


- La CARM, pese a que el Ministerio le ingresó el montante global el 30 de diciembre de 2010, no ha realizado pago alguno a la Universidad de Murcia para la ejecución de CAMPUS MARE NOSTRUM.


- LA CARM, excepto el pago de la subvención vinculada al pago de la nómina que, aunque con al menos un mes de retraso se viene ingresando periódicamente, lleva desde Junio de 2010 sin realizar pago alguno a la Universidad de Murcia. En estos momentos el saldo pendiente de pago a la Universidad es de 49,7 millones de euros.


Solo las dos primeras actuaciones suponen una minoración en la financiación anual de más de 1.000 euros por cada persona que trabaja en la Universidad.


La Universidad de Murcia es consciente del difícil escenario presupuestario que afrontan las administraciones públicas en general y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en particular. La Universidad de Murcia no puede obviar su responsabilidad institucional, lo que conlleva la búsqueda de un equilibrio, a veces muy difícil, entre la defensa de sus intereses y la obligación de colaborar en la superación de esta aguda crisis.


Por todo ello, al mismo tiempo que negocia una salida razonable a esta serie de problemas debe operar con criterios de extremada prudencia y potenciar las medidas de austeridad en su presupuesto de gastos".

El PSRM exige a la Consejería de Universidades que pague lo que les debe a las Universidades públicas de la Región

CARTAGENA.- El portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Domingo Carpena, exige a la Consejería de Universidades que pague lo que les debe a las Universidades públicas de la Región.

   Carpena manifestó que el consejero tiene que dar explicaciones "claras y contundentes" sobre por qué, a pesar de recibir un montante económico del Ministerio de Educación de 5,3 millones de euros, a finales de 2010, para la ejecución del CAMPUS MARE NOSTRUM, no se ha ingresado cantidad alguna a las Universidades públicas.

   El responsable de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista recordó que "sólo a la Universidad de Murcia se le adeudan 50 millones de euros, más de 8.300 millones de pesetas, desde junio de 2010; mientras que en el caso de la UPCT, el montante asciende a más de 20 millones de euros".

   Por ello, añadió en comunicado de prensa, "urge que se le abonen estas cantidades o al menos conocer un calendario de pago para saber cuándo y cómo se les va a abonar a las Universidades este dinero".

   Carpena añadió que esta deuda está asfixiando la gestión de ambas instituciones, hasta el punto de que sólo disponen de dinero para pagar las nóminas y poco más.

   Aclaró que "no tiene nada que ver con los recortes presupuestarios, ya que el presupuesto para 2011 de las Universidades Públicas descendió un 7 por ciento. Todo se debe a la insuficiencia de la ejecución presupuestaria de 2010", comentó.

   El diputado socialista agregó que lo más llamativo es que la CARM recibió un montante económico para la ejecución del programa MARE NOSTRUM "que no ha sido ingresado a ninguna de las Universidades, por lo que el consejero debe dar explicaciones rigurosas y fiables sobre el destino de ese dinero".

   Domingo Carpena cree que si de verdad se quiere apostar por el futuro de nuestra Región para salir de la crisis es necesario apoyar la educación universitaria, "máxime cuando en estos últimos cursos se está incrementando de manera notabilísima la matrícula en los Centros Universitarios, debido al incremento del desempleo y a la falta de una salida laboral de los jóvenes sin formación, consecuencia del modelo de desarrollo basado en el ladrillo. Es ahora precisamente, cuando el Gobierno de Valcárcel está abandonando a la Universidad, concluyó.

El Juzgado Mercantil declara en concurso de acreedores a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa)

MURCIA.- La jueza del juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha declarado en concurso a Conservas y Frutas S.A. (Cofrusa) una vez "que ha sido acreditado su estado de insolvencia actual", según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) en un comunicado. 

   El concurso tiene el carácter de voluntario, al haber sido instado por el propio deudor, que, según la resolución, "no ha solicitado la liquidación de su patrimonio".

   Igualmente, en el auto de 4 de marzo de 2011, la juez acuerda que las facultades de administración y disposición del patrimonio de la empresa sean intervenidas por la administración concursal y sometidas a "su autorización o conformidad".

   A tal efecto, se ha designado como administradores concursales a un abogado, un economista y uno de los acreedores.

   Cofrusa adquirió en 2009 a través de la mercantil Mediterra a las empresas Halcón Foods y Conservas Fernández (La Diosa), para lo que recibió un aval de 28,5 millones de euros de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Fomento (INFO). Sin embargo, los problemas persistieron y la empresa volvió a solicitar un segundo aval de 22 millones de euros.

   En diciembre de 2010, el INFO negó este segundo aval, y exigió a la empresa que cumpliera "con todos los compromisos que adquirió para dar viabilidad al proyecto empresarial".

   Paralelamente, los trabajadores de la empresa convocaron reiteradas concentraciones a las puertas del INFO y de San Esteban -sede del Gobierno regional- para reclamar la viabilidad de la compañía. Asimismo, tuvieron lugar sucesivas reuniones y estudios de seguimiento a la empresa por parte del Gobierno regional, organizaciones sindicales y los alcaldes de los municipios afectados -Albuideite, Calasparra, Campos del Río y Mula-.

   Finalmente, la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores ante el juzgado de lo Mercantil de Murcia, lo que desembocó el 29 de diciembre de 2010 en la convocatoria de una huelga general en los municipios en los que se encontraba implantada la empresa.

Se declara BIC el yacimiento arqueológico Picacho de Tercia, de Puerto Lumbreras, de la Edad del Bronce

MURCIA.- La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el yacimiento arqueológico de Picacho de Tercia, en Puerto Lumbreras, que se corresponde con un poblado fortificado prehistórico de la Edad del Bronce (cultura argárica), fechado en la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era. 

   En concreto, el yacimiento arqueológico Picacho de Tercia se ubica en el límite oriental de la Sierra de la Estancia, sobre la ladera superior y cima de un cerro protegido por fuertes defensas naturales constituidas por pronunciadas pendientes.

   El emplazamiento del poblado se justifica por la inmediatez de los recursos hídricos, así como el control de una vía de comunicación que discurría a través del cauce de la rambla de Vilerda, según han informado fuentes del Consistorio en un comunicado.

   Al respecto, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, Ginés David Piñero, ha explicado que la finalidad de la catalogación del yacimiento Picacho de Tercia como Bien de Interés Cultural es "proteger y conservar el patrimonio arqueológico de la localidad, ya que este tipo de yacimientos ayudan a transmitir la historia de los primeros asentamientos en la zona".

   De este modo, en el yacimiento se distinguen dos sectores. El primero localizado en la cima y vertiente norte del cerro, que es la parte habitada del cerro donde diferentes lienzos de muralla protegían la fachada del yacimiento.

   En el interior del recinto amurallado, se han constatado varios muros rectilíneos y cubiertos por una densa cobertera vegetal, que pertenecerían a estructuras de hábitat. Por otro lado, el registro arqueológico constatado en el yacimiento se define por abundantes fragmentos de cerámica argárica, en su mayoría paredes de recipientes de almacenamiento.

   Tras la catalogación de este yacimiento, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, continúa trabajado en otros expedientes para proteger diversos yacimientos arqueológicos prehistóricos existentes en la localidad.

   De hecho, ha precisado que "durante los últimos meses son ya cerca de una veintena los yacimientos declarados Bienes de Interés Cultural en la localidad". Entre los yacimientos recientemente protegidos destacan Peña Blanca, la Cueva del Rayo o el Aljibe de Poveda, que pertenece a época romana.

¿Se vulneran derechos fundamentales desde la CHS?

MURCIA.- El 23-F expedientaron a un trabajador de un embalse "vulnerando el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones". Le acusan de un gasto de unos 50 euros por haber llamado el día 24 de diciembre 100 veces a teletienda desde el teléfono de su domicilio; hecho que podría ser un error telefónico, según revela un comunicado del (CE) comité de empresa del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en Murcia, en alusión a presuntas prácticas anticonstitucionales desde un organismo público, como es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Según relata el citado comunicado, "el trabajador, A.A. vive con su familia en una casa de la CHS de un embalse donde trabaja de encargado. Como la residencia de este puesto de trabajo es obligatoria en el mismo embalase, dicha casa constituye domicilio particular de él, de su mujer y de su hijo. El trabajador tiene que estar en el embalse todo el día y todos los días del año, con problemas, incluso, para cogerse unos días de vacaciones. En contraprestación, la CHS le paga los gastos corrientes y el teléfono fijo del domicilio. Nunca le han limitado las llamadas ni nunca ha hecho un uso indebido de este teléfono. Además, el trabajador cuenta con un móvil de empresa pero que tiene restringidas las llamadas y solo puede llamar a números de empresa, a pesar del aislamiento que supone vivir en un embalse".

"El pasado 23-F le notificaron un expediente disciplinario por haber llamado el pasado 24 de diciembre 100 veces a “teletienda” y le adjuntan un listado de 4 folios de todas las llamadas que se han realizado desde el teléfono de su domicilio desde el día 2-12- 2010 a las 18:19:25 horas hasta el 30-12-2010 a las 0:01:15 horas. En ese listado figura el destinatario de las llamadas particulares, la duración de las mismas, la hora de inicio y de terminación. El trabajador ha pedido la suspensión del expediente hasta que se investigue judicialmente si la información recabada a vulnerado el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, pues la jurisprudencia entiende que se vulnera este derecho fundamental (Art. 18.3 de la Constitución Española) con el hecho de conocer y difundir esta información confidencial e intima del un domicilio particular. No hace falta que haya además escuchas de las conversaciones sin orden judicial", añade.

El CE apoya la denuncia del trabajador ante la Fiscalía de Murcia y pide al Fiscal Jefe de Murcia que investigue este hecho "y si en otros embalses de la cuenca del Segura se pudieran estar vulnerando estos derechos". Para el CE "se trata de un caso de acoso moral, ya que el propio trabajador se hizo responsable desde el primer momento de las llamadas efectuadas desde su domicilio y estaba dispuesto a pagar los 50 euros. Pero, a la CHS no le ha bastado esto, “quiere, más”.

El CE expresa su repulsa "por esta discriminación y por otras faltas de respeto democrático en la CHS consentidas por Charo Quesada, que parece que “reina pero no gobierna”. En efecto, vulnera derechos sindicales, pues desde que llegó no ha querido reunirse con el CE ni con las Secciones Sindicales y niega información sindical, algo nunca visto en la CHS en la democracia. Consiente censura informativa en Internet de prensa digital y censura parcial de un blog divulgativo sobre aguas. Consiente actitudes antisindicales, como la utilización indebida del correo electrónico por parte de un jefe de servicio para atacar a los sindicatos en correos masivos. Es del todo surrealista que se afane en cortar el gasto de 50 euros, que puede ser un error telefónico, y no corte el gasto de millones de euros en mantener “una CHS paralela” con personal de asistencias técnicas que le quitan el trabajo a los propios empleados públicos. Hechos éstos que el CE ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Murcia. O que, en crisis económica, “repartiera beneficios” a final del año pasado entre algo más de media docena de directivos de miles de euros por cabeza. Mientras al resto del personal (unos 200) o no les consideró productivos, o les dio “migajillas” (100 euros)", concluye el comunicado.

Controversia en Lorca sobre el soterramiento del AVE

LORCA.- El candidato socialista a la Alcaldía de Lorca, Manuel Soler, ha reclamado al alcalde, Francisco Jódar, que "centre sus esfuerzos en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para el soterramiento del AVE".

   Al respecto, Soler ha señalado que en los últimos días "ha hecho gestiones, personalmente, para que Fomento retome las conversaciones con el Ayuntamiento, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el tramo del ferrocarril a soterrar a su paso por el casco urbano de la ciudad".

   Y es que, ha advertido, "la llegada del AVE a la ciudad y las dificultades que plantea la financiación para su soterramiento es el segundo problema más grave del municipio tras el paro".

   Según Soler, las pretensiones del Ayuntamiento de soterrar 4,2 kilómetros "encarecerían el proyecto en 130 millones de euros y situarían su coste final en unos 250 millones".

   Al respecto, el candidato socialista ha añadido Fomento está "dispuesto a ceder" respecto a su posición inicial de soterrar sólo 1,3 kilómetros de vía. En ese sentido, ha dicho que tiene constancia de que el Ministerio "está dispuesto a avanzar en más kilómetros de soterramiento si hay implicación de la Comunidad para aportar una parte del dinero que cuesta el proyecto, igual que ha ocurrido en Murcia y Cartagena".

   También ha explicado que los terrenos propiedad del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif en Lorca que podrían ser cedidos al Ayuntamiento "estarían tasados en unos 20 millones de euros si el Consistorio les diera una alta edificabilidad".

Respuesta del PP

El secretario general del Partido Popular de Lorca, Ángel García Aragón, ha ratificado su exigencia de soterrar la totalidad del trazado del ferrocarril a su paso por la localidad.

   Y ha lamentado que el socialista Manuel Soler "haya renunciado al soterramiento de la línea férrea en su totalidad a su paso por Lorca".

   En su opinión, Soler "quiere condenarnos a todos a tener un trazado de ferrocarril sin soterrar, y eso no lo vamos a permitir".

   Para los 'populares' lorquinos, "es irrenunciable el soterramiento del trazado del ferrocarril a su paso por Lorca en su totalidad, y Lorca tiene que contar con parada propia del AVE, además de la recuperación de las conexiones con Almería y Granada, tal y como establecen los postulados del Ferrmed".

   En este sentido, García Aragón ha manifestado que "los lorquinos no nos rendimos y vamos a seguir exigiendo que se tenga el mismo trato con Lorca que con otras ciudades".

Las mujeres ganan en Murcia una media anual de 4.028 euros menos que los hombres

MADRID.- Las mujeres de la Región de Murcia ganan al año 4.028 euros menos que sus compañeros varones, lo que hace una brecha salarial del 22,4 por ciento, la quinta menor de entre las autonomías españolas e inferior a la media española, que es del 24,8 por ciento y de 5.323 euros anuales.

   Según se desprende del informe 'Retribución laboral por géneros', elaborado por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) y realizado a partir de las últimas estadísticas de salarios y pensiones correspondientes a 2009, los hombres en la Región ganan una media de 17.952 euros anuales, mientras que el salario de las mujeres es de 13.924.

Las medidas de restricción del Consejo Jurídico no impiden que emita mayor número dictámenes

MURCIA.- El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García Canales, ha asegurado que ante la actual situación de recesión económica, en donde la Administración pública "está haciendo lo que puede", la propia institución que dirige "ha hecho sus restricciones y adoptado medidas de racionalización y contención del gasto para acomodarse a las circunstancias y sin que los funcionarios hayan protestado en absoluto" sino todo lo contrario, "han trabajado para que este año hayan salido más dictámenes que nunca".

   Según García Canales, "las dificultades económicas están en la base de todo, tanto en el trabajo de los funcionarios que en este Consejo no se ha notado, como en otras relaciones jurídicas, como los problemas con la contratación pública".

   Al respecto, ha precisado que el que la Administración "haya anulado contratos que estaban en vigor por dificultades de contratistas es una cosa que se ha visto muy reciente y creciente en este año", aunque, ha apuntado, "son dificultades que no dependen de nosotros, ya que tratamos que sea equilibrado y proporcional".

   Precisamente, ha argumentado, "los difíciles momentos por los que atraviesa la economía han tenido su reflejo en Murcia, al disminuir los créditos presupuestarios que hacen posible el desarrollo de la actividad de los poderes públicos".

   Es por ello por lo que ha reclamado que la sociedad en general preste atención a esta situación, que "alcanza a las economías de todos los países europeos y que en el caso de España, las finanzas se han situado al límite por las pérdidas de recaudación de los principales impuestos, entre otras razones".

   De ahí que haya considerado que ninguna administración "está facultada para incumplir las determinadas normativas en las que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria regulada en la ley, sino que más bien debe cundir una solidaridad estrecha y recíproca para la colaboración y el buen entendimiento, ya que los ajustes deben involucrar a todos los niveles de Gobierno, particularmente en países muy descentralizados como España".

   Igualmente, García Canales ha hecho referencia a la "hipotética reforma del estatuto de autonomía para Murcia" que, a su juicio, "debiera contemplar la inclusión en el mismo de la función consultiva con la cita del correspondiente consejo; idea que se fundamenta en la particular posición de dicho órgano en el entramado institucional".

   En concreto, ha comentado, "uno de los efectos del estado autonómico ha sido la descentralización, haciéndola en nuestra caso al presidente, al Consejo de Gobierno, a los consejeros, así como a los ayuntamientos de la Región".

   De ahí la importancia de la función consultiva, "consustancial al estado mismo, que no se encuentra circunscrita a un tiempo ni país concreto". Por tanto, según García Canales, "una relectura de los títulos competenciales podría llegar a ser provechosa para ajustar algunas discordancias en la línea seguida por las reformas realizadas ya por otro consejos y que también aconseja la propia experiencia".

   Según la Memoria, durante el año 2010 tuvieron entrada en el Consejo un total de 297 expedientes con solicitud de dictamen, 65 más que en 2009, lo que supone un 28 por ciento más. Se trata, según ha destacado el presidente del Consejo Jurídico, "del año con mayor número de consultas desde la puesta en funcionamiento del Consejo, en 1998".

   Así, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración generaron 206 consultas. De dichos expedientes de responsabilidad patrimonial, 77 corresponden al funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria, y 57 al de los de educación no universitaria.

   Además, fueron emitidos 275 dictámenes, 50 más que el año anterior (22 por ciento más), siendo igualmente la cantidad más alta de dictámenes aprobados en un año.

   Destaca, al igual que en años anteriores, el notable incremento de los procedimientos de revisión de oficio, que han generado 26 dictámenes, frente a los siete del año anterior, siendo también reseñable que continúa la tendencia creciente de los dictámenes referidos a la resolución de contratos administrativos, con 12 dictámenes.

   Por su procedencia, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envió 280, siendo 17 los que corresponden a Corporaciones Locales. Además, a 31 de diciembre quedaban pendientes de ser despachados 124 expedientes.

UPA Murcia insta a la Comunidad a adoptar medidas contra la crisis "dramática" del sector ganadero

MURCIA.- El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, ha emplazado a la Consejería de Agricultura y Agua a la apertura inmediata, "hoy mismo", de una mesa de negociación para la definición y adopción de medidas concretas para solucionar la situación de crisis "grave, dramática y límite" que sufre el sector ganadero de la Región de Murcia como consecuencia del "desmedido incremento de los costes de producción" debido, sobre todo, al "espectacular" aumento de los precios de los piensos. 

   En general, Alarcón resume que estas medidas han de centrarse "en generar liquidez a corto plazo" a las explotaciones ganaderas con ayudas, así como "priorizar de otra forma" las disponibilidades presupuestarias. Aunque UPA ha presentado toda una batería de propuestas, ha señalado que su intención es consensuarlas con el resto de organizaciones agrarias, a las que va a dirigirse para proponerles una actuación conjunta".

   El objetivo es ayudar a este sector, del que viven unos 5.000 ganaderos en la Región que sostienen 10.000 explotaciones, y que  vive una situación de crisis, fundamentalmente, debido al incremento del precio de los piensos que se ha producido en seis meses.

   La situación, explica, es "dramática" teniendo en cuenta que los piensos "representan entre el 50 y el 60 por ciento de los costes en ganadería". Alarcón ha denunciado que estos incrementos en el mercado de los cereales "no están exentos de una actividad especulativa, porque los agricultores que producen el cereal no se han beneficiado de estos aumentos".

   A modo de ejemplo, ha señalado que desde junio de 2010 a enero de 2011, esos aumentos han alcanzado el 64 por ciento en el trigo, del 22 por ciento en la soja, del 42 por ciento en el maíz y de casi el 80 por ciento en la cebada, lo que se traduce en un incremento en el precio de los piensos de entre ocho y diez céntimos por kilogramo.

   En este sentido, ha señalado que es una crisis "generalizada que es más grave en la Región de Murcia que en otras comunidades autónomas porque, mientras en otras comunidades existe la posibilidad de que el ganado salga a pastar, en la Región de Murcia esa posibilidad queda muy limitada, ya que no es un territorio en el que abunden los pastos naturales".

   No obstante, ha precisado que el aumento de los costes de producción también viene dado "por el incremento del precio de los combustibles y las energías, así como por las condiciones especiales que se le imponen a la producción europea ganadera, derivada de la trazabilidad, del bienestar y sanidad animal para la garantía de una seguridad alimentaria".

   La consecuencia de todo esto, precisó Alarcón, es que cebar un cerdo de 100 kilogramos actualmente, cuesta "16 euros más, un cordero cuesta 5,6 euros más, un ternero 200 euros más, un conejo cuesta 35 céntimos más y, producir un litro de leche de cabra cuesta seis céntimos más que hace unos meses".

   Todo ello, indicó, lleva a unas pérdidas aproximadas en los sectores ganaderos de la Región de Murcia en esos seis meses que se sitúa en torno a 30 millones de euros, lo que a juicio de Alarcón, no se pueden compensar porque el incremento de los precios de producción "no se puede trasladar al precio de venta de las producciones ganaderas, sean carnes, leches o huevos".

   Además, ha dicho que el sector "padece una situación agravada por la competencia de importaciones de países terceros que, en muchos casos son alimentos que no reúnen las mismas garantías que se le exigen a las producciones en la Región de Murcia".

   Este problema, indicó, "puede provocar el desmantelamiento de todo un sistema productivo en la Región de Murcia que genera empleo y ocupación directa e indirecta en zonas rurales". De hecho, ha señalado que, en tan sólo cuatro años, el censo ganadero ha descendido un 23 por ciento en la cabaña de ovino, el 27 por ciento en la de porcino, y hasta el 45 por ciento en la de ganado bovino.

   En este sentido, Alarcón reclama "de manera urgente" medidas para hacer frente a esta situación, y que deben adoptarse en el ámbito estatal, en el ámbito comunitario y en el ámbito de la Región de Murcia.

   Por ejemplo, en el ámbito comunitario ha dicho que "algunas medidas se han puesto en marcha y se siguen trabajando con el Gobierno de España para su implementación, y medidas que tienen que establecerse en el marco de la reforma de la PAC más allá de 2013".

   Y es que "estamos ante algunas situaciones de carácter estructural y que tienen que ver con el funcionamiento de la cadena agroalimentaria y del desequilibrio que existe entre los productores, la industria y la distribución".

   Con el Gobierno de España, Alarcón dice que las organizaciones agrarias están "inmersas en una negociación como consecuencia de una mesa que arrojaba sus primeras conclusiones la semana pasada y que se concretará en medidas concretas esta semana".

   En el ámbito de la Región de Murcia, donde el Gobierno de la Comunidad "tiene competencias" en el sector, Alarcón ha denunciado que "las únicas decisiones tomadas hasta ahora que se encuentran ubicadas en la definición de los presupuestos para la Comunidad de 2011, son medidas que van en la dirección contraria a lo que necesitan los ganaderos".

   Es decir, "contribuyen a incrementar los costes a los ganaderos y agravar la situación, porque implican un mayor coste de los seguros obligatorios de retirada de cadáveres en las explotaciones, e implican un incremento de costes en las actuaciones para garantizar la sanidad de la cabaña ganadera. Así, ha acusado al Gobierno regional de ser un "espectador pasivo".

   Por ejemplo, UPA propone "descargar de costes a los ganaderos con la eliminación temporal de tasas regionales que los ganaderos deben pagar por la prestación de servicios de la administración", así como "mantener las cuantías de las ayudas regionales al coste de las primas de los seguros de retirada de cadáveres, y mantener las ayudas a las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria".

   De la misma forma, propone "el compromiso de la Comunidad de que, ante cualquier tipo de medida que adopte el Ministerio de Medio Rural, Medio Ambiente y Medio Marino (MARM), aportar un presupuesto adecuado para su correcta aplicación en el sector". Además, con el fin de dotar de liquidez al sector, pide hacer efectivo "de inmediato" de todas las ayudas solicitadas en 2010 y que cuentan con resolución de concesión.

   Alarcón cree que la Comunidad puede "gestionar el presupuesto de otra manera", y ha puesto como ejemplo la orden publicada por la Consejería de Agricultura "amparada básicamente con Fondos Feder del Porgrama de Desarrollo Regional para la mejora energética de los invernaderos, dotada con cinco millones de euros".

   Se trata, precisa, de una medida "que ha contado con la oposición de las organizaciones agrarias, particularmente por UPA, y en la que un sólo beneficiario puede recibir hasta dos millones de euros de subvención". Sin embargo, considera que las inversiones que se necesitan para poder acceder a esta línea de ayuda, hace que "no puedan concurrir pequeñas ni medianas explotaciones".

   "Son inversiones que sólo pueden realizar algunos tipos de empresas, que ya han desmantelado en buena parte su capacidad productiva en la Región, que han provocado paro y que tienen buena parte de su capacidad productiva en países de fuera de la Unión Europea", reprocha.

El Fiscal pide 28 años de cárcel para el diputado regional del PP, Juan Morales

MURCIA.- El Ministerio Fiscal ha solicitado 28 años y ocho meses de cárcel para el ex alcalde de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, por un total de nueve delitos investigados en el marco del denominado 'caso Tótem', que persigue una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   En concreto, el Fiscal pide para Morales 12 años de cárcel por cuatro delitos de cohecho; dos años de prisión por un delito de fraude; cuatro años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales; cuatro años y seis meses por un delito continuado de falsedad; tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación; y dos años y 8 meses de cárcel por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos.

   El escrito de calificación del fiscal, entregado a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al que ha tenido acceso Europa Press, pide más de 16,8 millones de euros en multas al diputado regional, y le acusa de otros dos delitos de prevaricación.

   En concreto, el Fiscal recuerda que Morales fue alcalde de Totana en las legislaturas 1995-1999, y 2003-2007, pasando a la oposición en el ayuntamiento en los años 1999-2003, a la vez que fue diputado regional en la legislatura 2003 a 2007, cargo que renovó en 2007-2011.

   Precisamente, el Ministerio Fiscal señala que en la legislatura 2003-2007, siendo alcalde y "amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal, cometió" los hechos relatados, los cuales "suponen un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado".

   Todo ello "buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa", según el escrito.

   Asimismo, el Fiscal le acusa de actuar "sin el más mínimo recato tanto él directamente como en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba  como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".

   En el escrito de calificación, que pide la apertura de juicio oral, también se encuentran acusadas otras 12 personas, entre las que se encuentra la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán Jiménez, para la que el Fiscal pide cuatro años y cuatro meses de cárcel, así como 7,9 millones de euros de multa por tanto del valor de la dádiva.

   Además, se encuentra acusada la actual compañera del diputado, Vaneide Freita, para la que pide la pena de tres años y seis meses de prisión, así como una multa de 500.000 euros y costas, pena que será sustituida por su expulsión del territorio nacional, así como el comiso de bienes como una vivienda y un local construidos en Brasil, tres coches, una vivienda situada en Murcia y 55.800 euros incautados.

   En el procedimiento también están acusados Juan Antonio Álvarez Moreno, Fulgencio Marín Bravo, Domingo Sánchez Martínez, Gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, José Antonio Carrocera García, Joaquín Carmona Abellán, José Antonio Alcántara Nicolás, Pablo Maceira Galarza, José Miguel Martínez Soler, como acusados.

Roca insiste en que tenía dinero al llegar a Marbella

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha insistido en que tenía dinero cuando fue a la ciudad y antes de entrar a trabajar en el Ayuntamiento marbellí. "El señor Roca no llegó a Marbella en un Seat Panda, como dijo en una ocasión la Policía, sino llegó con dinero físico y contante, e invirtió en Marbella, después desinvirtió y volvió a invertir en otra cosa", ha dicho.

   Según la Fiscalía Anticorrupción, Roca logró amasar un "importante patrimonio", con fincas, hoteles, arte, caballos, barcos, coches de lujo, un avión y un helicóptero, "coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento", algo que "no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas ni con ingresos de su unidad familiar", al haber un desequilibrio "descomunal", por lo que le acusa de blanquear 240 millones de euros.

   En el segundo bloque del juicio por el caso 'Malaya', el principal acusado ha seguido contestando a las preguntas del fiscal, con quien ha mantenido varios desencuentros dialécticos, y ha manifestado que cuando llegó a Marbella en 1984 "tenía dinero en efectivo y letras del Tesoro", luego, en 1990, ha dicho, "500 millones de pesetas netos", cifra que el ministerio público estima inferior; mientras que calcula su patrimonio en 2006 en 210 millones de euros brutos.

   Ha mantenido en todo momento que "tenía dinero", aunque ha vuelto a reconocer que "oculto", pero "dinero físico". "No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, no estoy diciendo soy un señor fenomenal por no pagar, estoy diciendo que en esas fechas tenía dinero físico porque usted dice que no", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que las sociedades que creó el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta se constituyeron "con dinero mío".

   Además, ha dicho al fiscal que "siempre" ha comprado en época de crisis "y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal". Asimismo, ha señalado que el que devolviera una letra en un momento determinado no se puede entender como que no tenía liquidez "porque entonces, en este país no tiene dinero ni Dios".

   Ha asegurado que guardaba "todo" respecto a las operaciones que realizaban sus sociedades, aunque no ha podido explicar por qué en los informes policiales solo consta documentación relativas a las compras y no a las ventas, y ha criticado que la Policía "solo ha investigado lo que ellos quieren". También ha seguido desgranando la constitución de las sociedades y el papel de sus presuntos testaferros, como Montserrat Corulla.

   El presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí ha precisado que fue suya la decisión de contratar a Corulla para administrar varias sociedades, destacando Condeor, dedicada a restaurar edificios y explotarlos como hoteles, y ha explicado que "buscamos una persona con experiencia en el sector hotelero y esta chica tenía referencias" en este sentido.

   Así, ha apuntado que en las sociedades relacionadas con este sector, Corulla se encargaba de gestionar "el tema técnico, conseguir las licencias, contratar al arquitecto, al constructor, siempre con mi visto bueno". 

"A la señora Corulla quien le daba las órdenes era yo", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que la administradora "venía del sector hotelero".

   "Tenía muy buenos contactos en el tema hotelero", ha manifestado Roca, quien ha indicado que ésta tenía un salario "de alta dirección", de entre 4.000 y 5.000 euros, "creo", aunque los objetivos "se marcaban año a año". Ha precisado que la presunta testaferro no estaba integrada en el gabinete jurídico, que llevaba la contabilidad de la mayoría de empresas, sino que era empleada de Condeor.

   Respecto a Condeor, creada en 1993, aunque pasó a su titularidad con posterioridad, ha dicho que pudo llevar a cabo las inversiones en palacetes y edificios importantes gracias, sobre todo, a préstamos de otras empresas del grupo, explicando que a esta sociedad "otras empresas le aportan muchos fondos para comprar inmovilizados que luego rentabilizará con explotación de complejos hoteleros". Así, por ejemplo era propietaria del hotel La Malvasía de El Rocío.

   También se ha analizado la empresa Maras Asesores, que ya ha dicho no era suya sino del también acusado Salvador Gardoqui, quien inicialmente solo llevaba la contabilidad de las sociedades de su mujer y luego pasó a llevar la de otras del grupo, hasta el punto de que hubo un momento "en el que llegué a colapsarlo por el volumen de trabajo que daban todas las sociedades mías", ha indicado el principal imputado en el caso.

   Ha explicado que "todas mis sociedades pagaban a Maras Asesores" por llevar la contabilidad y por tanto "fundamentalmente se nutría de las minutas que giraban mis empresas", aunque ha defendido que Gardoqui creó la sociedad con su entonces novia "para llevar contabilidades", llegando al acuerdo con él de compartir oficina. Ha añadido que éste sabía que Roca tenía otras sociedades llevadas por el gabinete, "pero no había una relación real".

   Sobre los vehículos que aparecen como propiedad de Maras Asesores, ha explicado que estaban a nombre de la sociedad "pero los usaba yo". En este punto, ha manifestado que los gastos de seguros los abonaba la empresa, aunque "previamente los había pagado yo".

Ecologistas en Acción denuncia que se mantiene la contaminación atmosférica por partículas en Murcia

MURCIA.- Ecologistas en Acción denuncia al Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Agricultura y Agua y la Consejería de Sanidad que durante el mes de febrero se han producido superaciones de los valores límite de micropartículas PM10 en el municipio de Murcia durante siete días del mes de febrero. 

   Estos datos registrados por la estación medidora de San Basilio evidencian, según los ecologistas, un significativo problema de deterioro de calidad del aire por contaminación de micropartículas PM10 en Murcia capital y su entorno

   La normativa sobre contaminación atmosférica establece un valor límite diario de 50 microgramos por metro cúbico de micropartículas PM10 ([1]). Este valor ha sido superado durante siete días con un pico de contaminación de 89 microgramos por metro cúbico el día 8 de febrero.

   Hay que señalar también que durante el mes de enero ha habido 12 días de superaciones del valor límite permitido en Murcia  capital. El número máximo de días con superaciones que establece la normativa es de 35 al año.

   Los orígenes directos del deterioro de la calidad del aire por la contaminación por micropartículas PM10, son el transporte y las actividades industriales a las que se puede sumar de una manera ocasional las intrusiones naturales de polvo sahariano.

   Así recuerda que las partículas PM10 pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas y son uno problema ambiental más severo por las graves afecciones a los conductos y sistema respiratorio. Las partículas PM10 pueden producir enfermedades respiratorias, asma, agravamiento de afecciones alérgicas y problemas cardiovasculares.

   Ecologistas en Acción ha reiterado en muchas ocasiones la necesidad de que las administraciones competentes no minimicen el problema de calidad del aire en Murcia y su entorno y desarrollen medidas preventivas ante estos episodios.

   Esta organización ambiental, demanda que se lleven a cabo actuaciones de control de emisiones de las actividades industriales y del tráfico (en el contexto de un Plan de Movilidad Sostenible) y la elaboración de planes de actuación para reducir la contaminación del municipio y entorno.

   Ecologistas en Acción, por otra parte, señala que las dos estaciones medidoras para Murcia capital y su entorno (San Basilio y Murcia-Alcantarilla) son a todas luces insuficientes para una correcta evaluación  de los índices de calidad del aire y demanda la ampliación del número de estaciones de control, especialmente en la zona norte y este de la ciudad.

   El Real Decreto 1073/2002, subraya Ecologistas en Acción, obliga a las instituciones responsables a elaborar planes de actuación con el objetivo de reducción de los niveles de contaminación atmosférica por debajo de los límites establecidos.