martes, 8 de marzo de 2011

¿Se vulneran derechos fundamentales desde la CHS?

MURCIA.- El 23-F expedientaron a un trabajador de un embalse "vulnerando el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones". Le acusan de un gasto de unos 50 euros por haber llamado el día 24 de diciembre 100 veces a teletienda desde el teléfono de su domicilio; hecho que podría ser un error telefónico, según revela un comunicado del (CE) comité de empresa del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en Murcia, en alusión a presuntas prácticas anticonstitucionales desde un organismo público, como es la Confederación Hidrográfica del Segura.

Según relata el citado comunicado, "el trabajador, A.A. vive con su familia en una casa de la CHS de un embalse donde trabaja de encargado. Como la residencia de este puesto de trabajo es obligatoria en el mismo embalase, dicha casa constituye domicilio particular de él, de su mujer y de su hijo. El trabajador tiene que estar en el embalse todo el día y todos los días del año, con problemas, incluso, para cogerse unos días de vacaciones. En contraprestación, la CHS le paga los gastos corrientes y el teléfono fijo del domicilio. Nunca le han limitado las llamadas ni nunca ha hecho un uso indebido de este teléfono. Además, el trabajador cuenta con un móvil de empresa pero que tiene restringidas las llamadas y solo puede llamar a números de empresa, a pesar del aislamiento que supone vivir en un embalse".

"El pasado 23-F le notificaron un expediente disciplinario por haber llamado el pasado 24 de diciembre 100 veces a “teletienda” y le adjuntan un listado de 4 folios de todas las llamadas que se han realizado desde el teléfono de su domicilio desde el día 2-12- 2010 a las 18:19:25 horas hasta el 30-12-2010 a las 0:01:15 horas. En ese listado figura el destinatario de las llamadas particulares, la duración de las mismas, la hora de inicio y de terminación. El trabajador ha pedido la suspensión del expediente hasta que se investigue judicialmente si la información recabada a vulnerado el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, pues la jurisprudencia entiende que se vulnera este derecho fundamental (Art. 18.3 de la Constitución Española) con el hecho de conocer y difundir esta información confidencial e intima del un domicilio particular. No hace falta que haya además escuchas de las conversaciones sin orden judicial", añade.

El CE apoya la denuncia del trabajador ante la Fiscalía de Murcia y pide al Fiscal Jefe de Murcia que investigue este hecho "y si en otros embalses de la cuenca del Segura se pudieran estar vulnerando estos derechos". Para el CE "se trata de un caso de acoso moral, ya que el propio trabajador se hizo responsable desde el primer momento de las llamadas efectuadas desde su domicilio y estaba dispuesto a pagar los 50 euros. Pero, a la CHS no le ha bastado esto, “quiere, más”.

El CE expresa su repulsa "por esta discriminación y por otras faltas de respeto democrático en la CHS consentidas por Charo Quesada, que parece que “reina pero no gobierna”. En efecto, vulnera derechos sindicales, pues desde que llegó no ha querido reunirse con el CE ni con las Secciones Sindicales y niega información sindical, algo nunca visto en la CHS en la democracia. Consiente censura informativa en Internet de prensa digital y censura parcial de un blog divulgativo sobre aguas. Consiente actitudes antisindicales, como la utilización indebida del correo electrónico por parte de un jefe de servicio para atacar a los sindicatos en correos masivos. Es del todo surrealista que se afane en cortar el gasto de 50 euros, que puede ser un error telefónico, y no corte el gasto de millones de euros en mantener “una CHS paralela” con personal de asistencias técnicas que le quitan el trabajo a los propios empleados públicos. Hechos éstos que el CE ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Murcia. O que, en crisis económica, “repartiera beneficios” a final del año pasado entre algo más de media docena de directivos de miles de euros por cabeza. Mientras al resto del personal (unos 200) o no les consideró productivos, o les dio “migajillas” (100 euros)", concluye el comunicado.

lunes, 7 de marzo de 2011

Controversia en Lorca sobre el soterramiento del AVE

LORCA.- El candidato socialista a la Alcaldía de Lorca, Manuel Soler, ha reclamado al alcalde, Francisco Jódar, que "centre sus esfuerzos en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento para el soterramiento del AVE".

   Al respecto, Soler ha señalado que en los últimos días "ha hecho gestiones, personalmente, para que Fomento retome las conversaciones con el Ayuntamiento, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el tramo del ferrocarril a soterrar a su paso por el casco urbano de la ciudad".
   Y es que, ha advertido, "la llegada del AVE a la ciudad y las dificultades que plantea la financiación para su soterramiento es el segundo problema más grave del municipio tras el paro".
   Según Soler, las pretensiones del Ayuntamiento de soterrar 4,2 kilómetros "encarecerían el proyecto en 130 millones de euros y situarían su coste final en unos 250 millones".
   Al respecto, el candidato socialista ha añadido Fomento está "dispuesto a ceder" respecto a su posición inicial de soterrar sólo 1,3 kilómetros de vía. En ese sentido, ha dicho que tiene constancia de que el Ministerio "está dispuesto a avanzar en más kilómetros de soterramiento si hay implicación de la Comunidad para aportar una parte del dinero que cuesta el proyecto, igual que ha ocurrido en Murcia y Cartagena".
   También ha explicado que los terrenos propiedad del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif en Lorca que podrían ser cedidos al Ayuntamiento "estarían tasados en unos 20 millones de euros si el Consistorio les diera una alta edificabilidad".

Respuesta del PP
El secretario general del Partido Popular de Lorca, Ángel García Aragón, ha ratificado su exigencia de soterrar la totalidad del trazado del ferrocarril a su paso por la localidad.
   Y ha lamentado que el socialista Manuel Soler "haya renunciado al soterramiento de la línea férrea en su totalidad a su paso por Lorca".
   En su opinión, Soler "quiere condenarnos a todos a tener un trazado de ferrocarril sin soterrar, y eso no lo vamos a permitir".
   Para los 'populares' lorquinos, "es irrenunciable el soterramiento del trazado del ferrocarril a su paso por Lorca en su totalidad, y Lorca tiene que contar con parada propia del AVE, además de la recuperación de las conexiones con Almería y Granada, tal y como establecen los postulados del Ferrmed".
   En este sentido, García Aragón ha manifestado que "los lorquinos no nos rendimos y vamos a seguir exigiendo que se tenga el mismo trato con Lorca que con otras ciudades".

Las mujeres ganan en Murcia una media anual de 4.028 euros menos que los hombres

MADRID.- Las mujeres de la Región de Murcia ganan al año 4.028 euros menos que sus compañeros varones, lo que hace una brecha salarial del 22,4 por ciento, la quinta menor de entre las autonomías españolas e inferior a la media española, que es del 24,8 por ciento y de 5.323 euros anuales.

   Según se desprende del informe 'Retribución laboral por géneros', elaborado por los Técnicos de Hacienda (GESTHA) y realizado a partir de las últimas estadísticas de salarios y pensiones correspondientes a 2009, los hombres en la Región ganan una media de 17.952 euros anuales, mientras que el salario de las mujeres es de 13.924.

Las medidas de restricción del Consejo Jurídico no impiden que emita mayor número dictámenes

MURCIA.- El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García Canales, ha asegurado que ante la actual situación de recesión económica, en donde la Administración pública "está haciendo lo que puede", la propia institución que dirige "ha hecho sus restricciones y adoptado medidas de racionalización y contención del gasto para acomodarse a las circunstancias y sin que los funcionarios hayan protestado en absoluto" sino todo lo contrario, "han trabajado para que este año hayan salido más dictámenes que nunca".

   Según García Canales, "las dificultades económicas están en la base de todo, tanto en el trabajo de los funcionarios que en este Consejo no se ha notado, como en otras relaciones jurídicas, como los problemas con la contratación pública".
   Al respecto, ha precisado que el que la Administración "haya anulado contratos que estaban en vigor por dificultades de contratistas es una cosa que se ha visto muy reciente y creciente en este año", aunque, ha apuntado, "son dificultades que no dependen de nosotros, ya que tratamos que sea equilibrado y proporcional".
   Precisamente, ha argumentado, "los difíciles momentos por los que atraviesa la economía han tenido su reflejo en Murcia, al disminuir los créditos presupuestarios que hacen posible el desarrollo de la actividad de los poderes públicos".
   Es por ello por lo que ha reclamado que la sociedad en general preste atención a esta situación, que "alcanza a las economías de todos los países europeos y que en el caso de España, las finanzas se han situado al límite por las pérdidas de recaudación de los principales impuestos, entre otras razones".
   De ahí que haya considerado que ninguna administración "está facultada para incumplir las determinadas normativas en las que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria regulada en la ley, sino que más bien debe cundir una solidaridad estrecha y recíproca para la colaboración y el buen entendimiento, ya que los ajustes deben involucrar a todos los niveles de Gobierno, particularmente en países muy descentralizados como España".
   Igualmente, García Canales ha hecho referencia a la "hipotética reforma del estatuto de autonomía para Murcia" que, a su juicio, "debiera contemplar la inclusión en el mismo de la función consultiva con la cita del correspondiente consejo; idea que se fundamenta en la particular posición de dicho órgano en el entramado institucional".
   En concreto, ha comentado, "uno de los efectos del estado autonómico ha sido la descentralización, haciéndola en nuestra caso al presidente, al Consejo de Gobierno, a los consejeros, así como a los ayuntamientos de la Región".
   De ahí la importancia de la función consultiva, "consustancial al estado mismo, que no se encuentra circunscrita a un tiempo ni país concreto". Por tanto, según García Canales, "una relectura de los títulos competenciales podría llegar a ser provechosa para ajustar algunas discordancias en la línea seguida por las reformas realizadas ya por otro consejos y que también aconseja la propia experiencia".
   Según la Memoria, durante el año 2010 tuvieron entrada en el Consejo un total de 297 expedientes con solicitud de dictamen, 65 más que en 2009, lo que supone un 28 por ciento más. Se trata, según ha destacado el presidente del Consejo Jurídico, "del año con mayor número de consultas desde la puesta en funcionamiento del Consejo, en 1998".
   Así, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración generaron 206 consultas. De dichos expedientes de responsabilidad patrimonial, 77 corresponden al funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria, y 57 al de los de educación no universitaria.
   Además, fueron emitidos 275 dictámenes, 50 más que el año anterior (22 por ciento más), siendo igualmente la cantidad más alta de dictámenes aprobados en un año.
   Destaca, al igual que en años anteriores, el notable incremento de los procedimientos de revisión de oficio, que han generado 26 dictámenes, frente a los siete del año anterior, siendo también reseñable que continúa la tendencia creciente de los dictámenes referidos a la resolución de contratos administrativos, con 12 dictámenes.
   Por su procedencia, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envió 280, siendo 17 los que corresponden a Corporaciones Locales. Además, a 31 de diciembre quedaban pendientes de ser despachados 124 expedientes.

UPA Murcia insta a la Comunidad a adoptar medidas contra la crisis "dramática" del sector ganadero

MURCIA.- El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, ha emplazado a la Consejería de Agricultura y Agua a la apertura inmediata, "hoy mismo", de una mesa de negociación para la definición y adopción de medidas concretas para solucionar la situación de crisis "grave, dramática y límite" que sufre el sector ganadero de la Región de Murcia como consecuencia del "desmedido incremento de los costes de producción" debido, sobre todo, al "espectacular" aumento de los precios de los piensos. 

   En general, Alarcón resume que estas medidas han de centrarse "en generar liquidez a corto plazo" a las explotaciones ganaderas con ayudas, así como "priorizar de otra forma" las disponibilidades presupuestarias. Aunque UPA ha presentado toda una batería de propuestas, ha señalado que su intención es consensuarlas con el resto de organizaciones agrarias, a las que va a dirigirse para proponerles una actuación conjunta".
   El objetivo es ayudar a este sector, del que viven unos 5.000 ganaderos en la Región que sostienen 10.000 explotaciones, y que  vive una situación de crisis, fundamentalmente, debido al incremento del precio de los piensos que se ha producido en seis meses.
   La situación, explica, es "dramática" teniendo en cuenta que los piensos "representan entre el 50 y el 60 por ciento de los costes en ganadería". Alarcón ha denunciado que estos incrementos en el mercado de los cereales "no están exentos de una actividad especulativa, porque los agricultores que producen el cereal no se han beneficiado de estos aumentos".
   A modo de ejemplo, ha señalado que desde junio de 2010 a enero de 2011, esos aumentos han alcanzado el 64 por ciento en el trigo, del 22 por ciento en la soja, del 42 por ciento en el maíz y de casi el 80 por ciento en la cebada, lo que se traduce en un incremento en el precio de los piensos de entre ocho y diez céntimos por kilogramo.
   En este sentido, ha señalado que es una crisis "generalizada que es más grave en la Región de Murcia que en otras comunidades autónomas porque, mientras en otras comunidades existe la posibilidad de que el ganado salga a pastar, en la Región de Murcia esa posibilidad queda muy limitada, ya que no es un territorio en el que abunden los pastos naturales".
   No obstante, ha precisado que el aumento de los costes de producción también viene dado "por el incremento del precio de los combustibles y las energías, así como por las condiciones especiales que se le imponen a la producción europea ganadera, derivada de la trazabilidad, del bienestar y sanidad animal para la garantía de una seguridad alimentaria".
   La consecuencia de todo esto, precisó Alarcón, es que cebar un cerdo de 100 kilogramos actualmente, cuesta "16 euros más, un cordero cuesta 5,6 euros más, un ternero 200 euros más, un conejo cuesta 35 céntimos más y, producir un litro de leche de cabra cuesta seis céntimos más que hace unos meses".
   Todo ello, indicó, lleva a unas pérdidas aproximadas en los sectores ganaderos de la Región de Murcia en esos seis meses que se sitúa en torno a 30 millones de euros, lo que a juicio de Alarcón, no se pueden compensar porque el incremento de los precios de producción "no se puede trasladar al precio de venta de las producciones ganaderas, sean carnes, leches o huevos".
   Además, ha dicho que el sector "padece una situación agravada por la competencia de importaciones de países terceros que, en muchos casos son alimentos que no reúnen las mismas garantías que se le exigen a las producciones en la Región de Murcia".
   Este problema, indicó, "puede provocar el desmantelamiento de todo un sistema productivo en la Región de Murcia que genera empleo y ocupación directa e indirecta en zonas rurales". De hecho, ha señalado que, en tan sólo cuatro años, el censo ganadero ha descendido un 23 por ciento en la cabaña de ovino, el 27 por ciento en la de porcino, y hasta el 45 por ciento en la de ganado bovino.
   En este sentido, Alarcón reclama "de manera urgente" medidas para hacer frente a esta situación, y que deben adoptarse en el ámbito estatal, en el ámbito comunitario y en el ámbito de la Región de Murcia.
   Por ejemplo, en el ámbito comunitario ha dicho que "algunas medidas se han puesto en marcha y se siguen trabajando con el Gobierno de España para su implementación, y medidas que tienen que establecerse en el marco de la reforma de la PAC más allá de 2013".
   Y es que "estamos ante algunas situaciones de carácter estructural y que tienen que ver con el funcionamiento de la cadena agroalimentaria y del desequilibrio que existe entre los productores, la industria y la distribución".
   Con el Gobierno de España, Alarcón dice que las organizaciones agrarias están "inmersas en una negociación como consecuencia de una mesa que arrojaba sus primeras conclusiones la semana pasada y que se concretará en medidas concretas esta semana".
   En el ámbito de la Región de Murcia, donde el Gobierno de la Comunidad "tiene competencias" en el sector, Alarcón ha denunciado que "las únicas decisiones tomadas hasta ahora que se encuentran ubicadas en la definición de los presupuestos para la Comunidad de 2011, son medidas que van en la dirección contraria a lo que necesitan los ganaderos".
   Es decir, "contribuyen a incrementar los costes a los ganaderos y agravar la situación, porque implican un mayor coste de los seguros obligatorios de retirada de cadáveres en las explotaciones, e implican un incremento de costes en las actuaciones para garantizar la sanidad de la cabaña ganadera. Así, ha acusado al Gobierno regional de ser un "espectador pasivo".
   Por ejemplo, UPA propone "descargar de costes a los ganaderos con la eliminación temporal de tasas regionales que los ganaderos deben pagar por la prestación de servicios de la administración", así como "mantener las cuantías de las ayudas regionales al coste de las primas de los seguros de retirada de cadáveres, y mantener las ayudas a las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria".
   De la misma forma, propone "el compromiso de la Comunidad de que, ante cualquier tipo de medida que adopte el Ministerio de Medio Rural, Medio Ambiente y Medio Marino (MARM), aportar un presupuesto adecuado para su correcta aplicación en el sector". Además, con el fin de dotar de liquidez al sector, pide hacer efectivo "de inmediato" de todas las ayudas solicitadas en 2010 y que cuentan con resolución de concesión.
   Alarcón cree que la Comunidad puede "gestionar el presupuesto de otra manera", y ha puesto como ejemplo la orden publicada por la Consejería de Agricultura "amparada básicamente con Fondos Feder del Porgrama de Desarrollo Regional para la mejora energética de los invernaderos, dotada con cinco millones de euros".
   Se trata, precisa, de una medida "que ha contado con la oposición de las organizaciones agrarias, particularmente por UPA, y en la que un sólo beneficiario puede recibir hasta dos millones de euros de subvención". Sin embargo, considera que las inversiones que se necesitan para poder acceder a esta línea de ayuda, hace que "no puedan concurrir pequeñas ni medianas explotaciones".
   "Son inversiones que sólo pueden realizar algunos tipos de empresas, que ya han desmantelado en buena parte su capacidad productiva en la Región, que han provocado paro y que tienen buena parte de su capacidad productiva en países de fuera de la Unión Europea", reprocha.

El Fiscal pide 28 años de cárcel para el diputado regional del PP, Juan Morales

MURCIA.- El Ministerio Fiscal ha solicitado 28 años y ocho meses de cárcel para el ex alcalde de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales, por un total de nueve delitos investigados en el marco del denominado 'caso Tótem', que persigue una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   En concreto, el Fiscal pide para Morales 12 años de cárcel por cuatro delitos de cohecho; dos años de prisión por un delito de fraude; cuatro años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales; cuatro años y seis meses por un delito continuado de falsedad; tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación; y dos años y 8 meses de cárcel por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos.
   El escrito de calificación del fiscal, entregado a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al que ha tenido acceso Europa Press, pide más de 16,8 millones de euros en multas al diputado regional, y le acusa de otros dos delitos de prevaricación.
   En concreto, el Fiscal recuerda que Morales fue alcalde de Totana en las legislaturas 1995-1999, y 2003-2007, pasando a la oposición en el ayuntamiento en los años 1999-2003, a la vez que fue diputado regional en la legislatura 2003 a 2007, cargo que renovó en 2007-2011.
   Precisamente, el Ministerio Fiscal señala que en la legislatura 2003-2007, siendo alcalde y "amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal, cometió" los hechos relatados, los cuales "suponen un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado".
   Todo ello "buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa", según el escrito.
   Asimismo, el Fiscal le acusa de actuar "sin el más mínimo recato tanto él directamente como en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba  como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".
   En el escrito de calificación, que pide la apertura de juicio oral, también se encuentran acusadas otras 12 personas, entre las que se encuentra la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán Jiménez, para la que el Fiscal pide cuatro años y cuatro meses de cárcel, así como 7,9 millones de euros de multa por tanto del valor de la dádiva.
   Además, se encuentra acusada la actual compañera del diputado, Vaneide Freita, para la que pide la pena de tres años y seis meses de prisión, así como una multa de 500.000 euros y costas, pena que será sustituida por su expulsión del territorio nacional, así como el comiso de bienes como una vivienda y un local construidos en Brasil, tres coches, una vivienda situada en Murcia y 55.800 euros incautados.
   En el procedimiento también están acusados Juan Antonio Álvarez Moreno, Fulgencio Marín Bravo, Domingo Sánchez Martínez, Gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, José Antonio Carrocera García, Joaquín Carmona Abellán, José Antonio Alcántara Nicolás, Pablo Maceira Galarza, José Miguel Martínez Soler, como acusados.

Roca insiste en que tenía dinero al llegar a Marbella

MÁLAGA.- El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha insistido en que tenía dinero cuando fue a la ciudad y antes de entrar a trabajar en el Ayuntamiento marbellí. "El señor Roca no llegó a Marbella en un Seat Panda, como dijo en una ocasión la Policía, sino llegó con dinero físico y contante, e invirtió en Marbella, después desinvirtió y volvió a invertir en otra cosa", ha dicho.

   Según la Fiscalía Anticorrupción, Roca logró amasar un "importante patrimonio", con fincas, hoteles, arte, caballos, barcos, coches de lujo, un avión y un helicóptero, "coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento", algo que "no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas ni con ingresos de su unidad familiar", al haber un desequilibrio "descomunal", por lo que le acusa de blanquear 240 millones de euros.
   En el segundo bloque del juicio por el caso 'Malaya', el principal acusado ha seguido contestando a las preguntas del fiscal, con quien ha mantenido varios desencuentros dialécticos, y ha manifestado que cuando llegó a Marbella en 1984 "tenía dinero en efectivo y letras del Tesoro", luego, en 1990, ha dicho, "500 millones de pesetas netos", cifra que el ministerio público estima inferior; mientras que calcula su patrimonio en 2006 en 210 millones de euros brutos.
   Ha mantenido en todo momento que "tenía dinero", aunque ha vuelto a reconocer que "oculto", pero "dinero físico". "No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, no estoy diciendo soy un señor fenomenal por no pagar, estoy diciendo que en esas fechas tenía dinero físico porque usted dice que no", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que las sociedades que creó el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta se constituyeron "con dinero mío".
   Además, ha dicho al fiscal que "siempre" ha comprado en época de crisis "y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal". Asimismo, ha señalado que el que devolviera una letra en un momento determinado no se puede entender como que no tenía liquidez "porque entonces, en este país no tiene dinero ni Dios".
   Ha asegurado que guardaba "todo" respecto a las operaciones que realizaban sus sociedades, aunque no ha podido explicar por qué en los informes policiales solo consta documentación relativas a las compras y no a las ventas, y ha criticado que la Policía "solo ha investigado lo que ellos quieren". También ha seguido desgranando la constitución de las sociedades y el papel de sus presuntos testaferros, como Montserrat Corulla.
   El presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí ha precisado que fue suya la decisión de contratar a Corulla para administrar varias sociedades, destacando Condeor, dedicada a restaurar edificios y explotarlos como hoteles, y ha explicado que "buscamos una persona con experiencia en el sector hotelero y esta chica tenía referencias" en este sentido.
   Así, ha apuntado que en las sociedades relacionadas con este sector, Corulla se encargaba de gestionar "el tema técnico, conseguir las licencias, contratar al arquitecto, al constructor, siempre con mi visto bueno". 
"A la señora Corulla quien le daba las órdenes era yo", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que la administradora "venía del sector hotelero".
   "Tenía muy buenos contactos en el tema hotelero", ha manifestado Roca, quien ha indicado que ésta tenía un salario "de alta dirección", de entre 4.000 y 5.000 euros, "creo", aunque los objetivos "se marcaban año a año". Ha precisado que la presunta testaferro no estaba integrada en el gabinete jurídico, que llevaba la contabilidad de la mayoría de empresas, sino que era empleada de Condeor.
   Respecto a Condeor, creada en 1993, aunque pasó a su titularidad con posterioridad, ha dicho que pudo llevar a cabo las inversiones en palacetes y edificios importantes gracias, sobre todo, a préstamos de otras empresas del grupo, explicando que a esta sociedad "otras empresas le aportan muchos fondos para comprar inmovilizados que luego rentabilizará con explotación de complejos hoteleros". Así, por ejemplo era propietaria del hotel La Malvasía de El Rocío.
   También se ha analizado la empresa Maras Asesores, que ya ha dicho no era suya sino del también acusado Salvador Gardoqui, quien inicialmente solo llevaba la contabilidad de las sociedades de su mujer y luego pasó a llevar la de otras del grupo, hasta el punto de que hubo un momento "en el que llegué a colapsarlo por el volumen de trabajo que daban todas las sociedades mías", ha indicado el principal imputado en el caso.
   Ha explicado que "todas mis sociedades pagaban a Maras Asesores" por llevar la contabilidad y por tanto "fundamentalmente se nutría de las minutas que giraban mis empresas", aunque ha defendido que Gardoqui creó la sociedad con su entonces novia "para llevar contabilidades", llegando al acuerdo con él de compartir oficina. Ha añadido que éste sabía que Roca tenía otras sociedades llevadas por el gabinete, "pero no había una relación real".
   Sobre los vehículos que aparecen como propiedad de Maras Asesores, ha explicado que estaban a nombre de la sociedad "pero los usaba yo". En este punto, ha manifestado que los gastos de seguros los abonaba la empresa, aunque "previamente los había pagado yo".

Ecologistas en Acción denuncia que se mantiene la contaminación atmosférica por partículas en Murcia

MURCIA.- Ecologistas en Acción denuncia al Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Agricultura y Agua y la Consejería de Sanidad que durante el mes de febrero se han producido superaciones de los valores límite de micropartículas PM10 en el municipio de Murcia durante siete días del mes de febrero. 

   Estos datos registrados por la estación medidora de San Basilio evidencian, según los ecologistas, un significativo problema de deterioro de calidad del aire por contaminación de micropartículas PM10 en Murcia capital y su entorno
   La normativa sobre contaminación atmosférica establece un valor límite diario de 50 microgramos por metro cúbico de micropartículas PM10 ([1]). Este valor ha sido superado durante siete días con un pico de contaminación de 89 microgramos por metro cúbico el día 8 de febrero.
   Hay que señalar también que durante el mes de enero ha habido 12 días de superaciones del valor límite permitido en Murcia  capital. El número máximo de días con superaciones que establece la normativa es de 35 al año.
   Los orígenes directos del deterioro de la calidad del aire por la contaminación por micropartículas PM10, son el transporte y las actividades industriales a las que se puede sumar de una manera ocasional las intrusiones naturales de polvo sahariano.
   Así recuerda que las partículas PM10 pueden penetrar hasta las vías respiratorias bajas y son uno problema ambiental más severo por las graves afecciones a los conductos y sistema respiratorio. Las partículas PM10 pueden producir enfermedades respiratorias, asma, agravamiento de afecciones alérgicas y problemas cardiovasculares.
   Ecologistas en Acción ha reiterado en muchas ocasiones la necesidad de que las administraciones competentes no minimicen el problema de calidad del aire en Murcia y su entorno y desarrollen medidas preventivas ante estos episodios.
   Esta organización ambiental, demanda que se lleven a cabo actuaciones de control de emisiones de las actividades industriales y del tráfico (en el contexto de un Plan de Movilidad Sostenible) y la elaboración de planes de actuación para reducir la contaminación del municipio y entorno.
   Ecologistas en Acción, por otra parte, señala que las dos estaciones medidoras para Murcia capital y su entorno (San Basilio y Murcia-Alcantarilla) son a todas luces insuficientes para una correcta evaluación  de los índices de calidad del aire y demanda la ampliación del número de estaciones de control, especialmente en la zona norte y este de la ciudad.
   El Real Decreto 1073/2002, subraya Ecologistas en Acción, obliga a las instituciones responsables a elaborar planes de actuación con el objetivo de reducción de los niveles de contaminación atmosférica por debajo de los límites establecidos.

domingo, 6 de marzo de 2011

¿Qué hay de Caravaca Jubilar? / Jaime Parra *

Sobre la continuidad de Caravaca Jubilar S.A. existe un corto plazo y un largo plazo. De corto plazo, todos menos el Partido Popular y su alcalde, Domingo Aranda, quieren hablar. Es decir, cuándo se les va a pagar a los trabajadores. Del largo plazo: qué va a ocurrir con Caravaca Jubilar S.A. nadie quiere hablar, por lo menos no antes de las elecciones municipales. ¿Qué partido se atreve a señalar que la empresa concebida como hasta ahora no tiene futuro y que no queda otra opción que aligerar (eufemismo) la plantilla?
Pero empecemos…

—En el principio un trabajador de Caravaca Jubilar que escribió en una red social que otros trabajadores y él llevaban x tiempo sin cobrar.


—A continuación, al gerente de Caravaca Jubilar lo entrevistó Romualdo López en Cadena SER Noroeste. No tiene desperdicio la intervención. El tema era: la culpa fue de la crisis, como antes fue del cha cha cha. Sus comentarios provocaron diversas reacciones. La mía, por ejemplo: «Si la izquierda presume de superioridad respecto a la derecha, generalmente se refiere a lo moral; por el contrario, la derecha alardea de su mejor gestión. Anteayer Moratinos, ayer Bono desmienten día a día cualquier lección de integridad que pretenda darnos la izquierda. La gestión de la Comunidad Autónoma o, más cercana, de Caravaca Jubilar S.A. debería dejar claro que tampoco la derecha sabe administrar. No digo su dinero, sino el de todos. Caravaca Jubilar S.A. se financia en un 75% con el dinero del contribuyente y el resto con lo que factura. 

«No conozco ningún museo que gane dinero sino todo lo contrario», asegura su gerente en una entrevista en Cadena SER. Y también señala el exceso de museos y la plantilla sobredimensionada. «Adecuar la estructura de la empresa a la realidad de 2011, no de 2003 o de 2006», aparece como su objetivo cuando cualquier cálculo debería haberse hecho con antelación. Así no estarían los trabajadores sin cobrar mes y medio, tres meses, según con quien hables. Continúa: «Una posibilidad que hay es que nos apretemos todos el cinturón». El falso igualitarismo este de los ricos: ¿afecta una rebaja del 25% por igual a quien cobra menos de mil euros que a quien tiene un sueldo superior a los cuatro mil?

Utiliza constantemente el símil del padre de familia, de la empresa como una familia. Solo que en este caso no piensas en quien da de comer a sus polluelos, si no en quien, como Cronos, devora a sus hijos. Lo que no nombra en los más de veinte minutos de entrevista en la SER es la palabra «dimisión». Tabú. ¿Por qué alguien va a dimitir con tan buenos argumentos como la crisis o que el arte no produce beneficios económicos? Tampoco escucho al gerente de Caravaca Jubilar S.A. o al partido que lo aupó al cargo nada sobre una auditoría para conocer gastos, ingresos, sueldos… Pero qué más da: tenemos el convencimiento de que la derecha sí sabe gestionar».
 
—Después se llevó a Pleno el 24 de febrero. En días antes se rumoreaba por Caravaca de la Cruz que iba a haber una manifestación en ese Pleno de trabajadores de Caravaca Jubilar S.A. Alguno fue, es cierto… Pero la astucia se impuso y cobraron ciertos atrasos. Desmontada, entonces, la maniobra para que se escuchara la voz de los trabajadores. En ese Pleno Domingo Aranda aseguró que los problemas de liquidez se estaban solucionando, así como los pagos. Por otro lado, continuaba confiando en Caravaca Jubilar S.A. para gestionar los museos.

—Un día más tarde surge la noticia de que el consorcio, al igual que la mayoría, es suprimido por la Comunidad Autónoma. ¿Qué significa? Pero retrocedamos, o retrocede la oposición política: esta se pregunta si el Alcalde conocía durante el Pleno lo que se iba a dar a conocer al día siguiente. Volvamos al significado de la supresión: Valcárcel giró por Caravaca de la Cruz para inaugurar (toca ahora) una residencia y centro de día en El Copo. Allí señaló: «no hay menoscabaos, no hay temor por lo que preocuparse con respecto del futuro de Caravaca Jubilar». No desaparece Caravaca Jubilar, sino la participación de la administración regional. Pero asegura los museos continuarán abiertos y, es más, se muestra ambicioso: 2003, referente regional; 2010, referente nacional; 2017… adivinen.


—La oposición clama. Juan Berbell: «Durante años han mantenido Caravaca Jubilar, una máquina de despilfarrar dinero. El Jubilar no ha servido para el desarrollo económico, ha sido una serie de actos religiosos sin más. ¿han cobrado ya todas las nóminas los trabajadores? ¿Qué van hacer con la plantilla? ¿Los van a despedir sin más? ¿En tal caso serán indemnizados correctamente? ¿Quién va a gestionar los Museos del Municipio y cómo tienen previsto mantenerlos abiertos?». El PSOE: «nos parece que las palabras del Presidente para nada despejan la incertidumbre sobre qué va a pasar tras la supresión de Caravaca Jubilar, quién va a gestionar y cómo se van a sostener los actuales siete museos, más otro que está previsto, así como el futuro auditorio, pues todo esto ahora es insostenible. Además, falta saber qué va a pasar con los cerca de 40 trabajadores de Caravaca Jubilar».


—Como ven el corto plazo está claro: los trabajadores quieren cobrar, la oposición que cobren y el Equipo de gobierno también. Cada uno con sus urgencias: la de los primeros las únicas que importan. Pero, ¿y a largo plazo? Domingo Aranda todavía no ha dado una rueda de prensa donde se clarifique. El PSOE, en la nota enviada esta semana, no ofrece soluciones. Las de Izquierda Unidas son tan vagas que las firmarían PP y PSOE: «Nosotros la tenemos clara, y en este sentido se le vamos a proponer a la ciudadanía, queremos mantener los museos abiertos y dando un servicio correcto, queremos promocionar el turismo y la cultura en todo el municipio, exigimos la colaboración del Gobierno regional en este sentido y sobre todo se puede hacer con mucho menos dinero».


—El corto plazo y el largo plazo se cruzan el 22 de mayo. Ni el PP ni el PSOE ni IU pueden decirles a casi cuarenta trabajadores y su familia que la mitad de ellos, tal vez más, se deben quedar en la calle. Así que, entre los tres partidos (más el Partido Popular que tiene la responsabilidad: suya fue la elección del Gerente de Caravaca Jubilar y la gestión en 2003 y 2010) van a tratar de dejar morir el tema hasta mayo. No significa que no manden notas de prensa. ¿Pero soluciones? No las esperen.

(*) Director del semanario 'El Noroeste'

Graves acusaciones de 'La Razón' al Colegio de Periodistas de Murcia, que las califica de falsas


MURCIA.- El diario 'La Razón' ha lanzado graves acusaciones contra el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, desde donde se  ha contestado frente a las supuestas revelaciones de este rotativo que, sin entrar a valorar, reproducimos a continuación para conocimiento de nuestros seguidores.

La UGT usa el Colegio de Periodistas para hacerse con fondos de parados

"Murcia- Es todo un clásico. Tan antiguo como la serpiente y la manzana en el paraíso terrenal. Nos referimos a las típicas y conocidas corruptelas que sirven para que los sindicatos de clase se financien a costa del dinero público, es decir, de todos. La técnica no es otra que la realización de cursos de formación continuada que no se realizan o  cuya asistencia a los mismos es falseada. De esto se trata. Hablamos de esa extraña colaboración entre el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, que dirige Juan Tomás Frutos, y el sindicato UGT, que comanda Antonio Jiménez. Un acuerdo que permitía a la UGT organizar cursos de formación con el apoyo del Colegio de Periodistas y que ha puesto al descubierto dicha operativa que no es otra que la realización de cursos a los que no acudían buena parte de los inscritos o cuya asistencia era falsificada, mediante la presentación de los correspondientes informes y firmas que permitieran el cobro de las subvenciones que otorga el INEM a través de la Fundación Tripartita. Según ha sabido LA RAZÓN, el pasado 15 de noviembre de 2010 llegaba a algunas redacciones un correo electrónico en el que se proponía un curso de «Nuevas tendencias en la redacción periodística». En el citado correo se indicaba que «el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, en colaboración con Edite Formación, ha organizado unos cursos enmarcados en el sector periodístico y de la comunicación». También se especificaba en dicha correspondencia electrónica que «estos cursos, financiados por el sindicato UGT, se desarrollarán entre los meses de diciembre y febrero y están dedicados prioritariamente a trabajadores en activo». Del mismo modo, se precisaba que «los profesionales que estén interesados en la realización de algunos de estos cursos deberán ponerse en contacto con el Colegio de Periodistas, rellenar directamente la matrícula de inscripción (para enviar al correo electrónico de la asociación, hoy colegio profesional, asprensamurcia@yahoo.es), junto a una fotocopia de la última nómina y DNI antes del 19 de noviembre de 2010. El curso constaba de 50 horas lectivas, (modalidad presencial) y ocupaba cinco horas de aprendizaje por la mañana o tarde entre el 18 de febrero y el 11 de marzo de este año.

El 14 de febrero se indicó a los alumnos que las clases se impartirían en la academia «MGI-NEVA» de la calle pintor Mariano Ballester, y tres días después se cambiaba el lugar a la academia «Creati Momentum», esta vez en la avenida Juan Carlos I, 5. Asimismo, y ante la incompatibilidad de horarios entre los cursos y el trabajo en las redacciones, se indicaba en algunos de los e-mails enviados  por parte de la responsable del curso que, «si no podéis venir a todas (las clases) no pasa nada». A los alumnos que no pudieron asistir a los cursos se les instó a firmar su presencia en clase para poder acceder al cobro de la subvención, lo que no deja de ser irregular y posiblemente tipificado en el Código Penal por falsedad en documento público. El Colegio se niega a responder sobre este asunto, así como a atender las peticiones de algunos de los alumnos inscritos". 

Califican de falsas las informaciones sobre los cursos de formación

MURCIA-El Colegio de Periodistas de la Región de Murcia  emitió ayer un comunicado en el que «niega rotundamente las acusaciones que ayer se vertieron en el periódico La Razón, en el sentido de realizar cursos de manera fraudulenta y con el fin exclusivo de recaudar fondos. El curso al que se alude, que realizamos por encargo del sindicato UGT, está actualmente en marcha, cumpliendo los requisitos y la legalidad vigente, como lo demuestran las inspecciones periódicas recibidas por parte de la Administración».

Del mismo modo añaden que «es cierto que, en éste como en otros cursos, se pueden producir bajas, que son sustituidas por aquellos alumnos que han quedado en lista de espera. Es rotundamente falso que hayamos dicho que se haya hecho un curso que no se haya celebrado realmente. Sería imposible, insistimos, habida cuenta de que es la propia Administración la que vela por el cumplimiento de la normativa vigente. Si en éste o en sucesivos cursos, en alguna ocasión no se alcanzara el mínimo de alumnos, sencillamente no se daría por realizado. Así se sencillo. Éste es el segundo curso que el Colegio de Periodistas ha realizado con UGT. En un momento en que creemos que es cuestión de ir sumando iniciativas, el Colegio intenta sumarse a cuantas actuaciones formativas se les ofrecen con el fin de contribuir a mejorar la situación del sector y de sus profesionales. Nuestra labor es poner a los profesionales que dan los cursos, que procuramos que sean los mejores. No nos llevamos nada en ello, excepto ayudar a los compañeros y compañeras, puesto que son cursos cedidos y que no los organizamos nosotros en su totalidad». «Creemos que es una mala praxis el “todo vale” y el practicar la técnica de “mentir que algo queda”, sobre todo en un momento en el que nuestro gremio precisa de altas dosis de ilusión y de credibilidad. Todo cuanto hace el Colegio, sus actividades, sus intenciones y aquello que compartimos con nuestro colectivo y con la sociedad, aparece reflejado en nuestro portal.»

«Informaciones falsas»
Por otro lado, la UGT, al igual que el Colegio de Periodistas, envió ayer otro comunicado en el que califica la información de este diario de «deliberadamente falsa» ante lo que precisó que «el curso a que se refiere la citada información, ‘Nuevas Tendencias en la Redacción Periodística’, es un curso destinado a trabajadores en activo, prioritariamente, y de los 12 alumnos que actualmente están recibiendo el curso, 9 son trabajadores en activo del sector de prensa escrita y/o multimedia, y 3 son desempleados, cumpliendo estrictamente lo que refleja la normativa de cursos de formación de la Fundación Tripartita, que programa los cursos dirigiéndolos prioritariamente a trabajadores en activo, permitiendo hasta un 40 por cientode personas desempleadas. Es rotundamente falso que UGT «use» a nadie para, como afirma este diario, «hacerse con fondos de parados», cuando el curso en cuestión está destinado prioritariamente a trabajadores en activo.»

«El curso mencionado está impartiéndose aún, ha superado los debidos controles e inspecciones satisfactoriamente y que, según la normativa vigente sobre este tipo de cursos de formación continua, los alumnos podrán superar el curso si asisten al menos al 75 por ciento de las clases, quedando el restante 25 por ciento  como posibles faltas de asistencia.   UGT ha contactado con el Colegio de Periodistas, que internamente y también a través de un comunicado de prensa ha desmentido el titular y el contenido de la noticia y se reserva el derecho a emprender acciones legales contra lo que califica de «ataque premeditado» y «falsedades absolutas», que sólo buscan el desprestigio del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia».
 
 

El dinero de Moncloa activa el servicio wifi gratuito en las pedanías de Guadalupe, Javalí Viejo, La Ñora y Puebla de Soto

MURCIA.- La concejalía de Calidad y Modernización de la Administración, que dirige Rafael Gómez, ha puesto esta semana en marcha el servicio wifi en exteriores en las pedanías de Barqueros, Cañadas Hermosa, Sangonera la Seca y Javalí Nuevo, que llevan la denominación de zona 1, a la que se ha sumado la zona 2, que comprende las pedanías de Guadalupe, Javalí Viejo, La Ñora y Puebla de Soto, y que ha sido financiada por el fondo estatal del Gobierno Zapatero.

   Gómez ha visitado también esa semana la pedanía de La Ñora en la que, en compañía del presidente de la junta municipal y un grupo de vecinos, ha comprobado 'in situ' la puesta en marcha del servicio gratuito, según han informado fuentes municipales en un comunicado.
   Y es que, en el municipio de Murcia existen más de 200 puntos de acceso a internet a través de la conexión wifi, en la que cada antena tiene una alcance circular que oscila entre los 70 y los 100 metros de distancia.
   La velocidad de conexión es, tal y como establece la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (1/2010, de 15 de junio de 2010) de 256 kb por segundo, que ascenderá a 50 mb por segundo cuando se trate de páginas web de administraciones públicas, y que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado del lunes 9 de agosto de 2010.
   De este modo, la creación y extensión de las zonas Wifi en los espacios abiertos del municipio de Murcia viene siendo uno de los objetivos y empeños de la Concejalía de Calidad y Modernización de la Administración, que dirige Rafael Gómez, quien destaca que se trata de la red wifi más extensa existente actualmente en España y que constituye una apuesta más que decidida por la tecnología y los ciudadanos.
   Además de la conexión a internet, estas antenas situadas en la totalidad del municipio de Murcia permitirán llevar a cabo acciones tan importantes como el control de los regadíos en parques y jardines, control del alumbrado público y placas fotovoltaicas, entre otros sistemas.
   El ancho de banda de estas conexiones es de 20 megas de subida y 20 megas de bajada, cuenta con fibra óptica, además de que están incluidas en un circuito supervisado las 24 horas del día y los siete días de la semana para que la conexión esté completamente garantizada.
   Finalmente, la puesta en marcha de este servicio gratuito para todos los ciudadanos ha contado con la estrecha colaboración entre los servicios informáticos del Ayuntamiento de Murcia y la empresa Telefónica. Asimismo, se trata de una actuación financiada por el fondo estatal del Gobierno Zapatero.

El PP ve una "mano negra" en el PSRM para evitar la financiación de la Región de Murcia

MURCIA.- El portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, José Antonio Ruiz Vivo, ha afirmado que "cada día parece más evidente que existan intereses políticos encaminados a evitar que la Región de Murcia, la cuarta comunidad menos endeudada de España, pueda ver satisfecha su solicitud de endeudamiento, como lo han conseguido otras comunidades autónomas socialistas".

   Ruiz Vivo ha destacado que "no se pueden descartar intereses políticos para desgastar al gobierno de Valcárcel y evitar por todos los medios que Zapatero nos pague lo que nos debe; esa especie de mano negra que ya ha surgido en la historia reciente de la Región en las filas del PSRM y en materias tan importantes para Murcia como el agua y las infraestructuras".
   "Ahora, en financiación y en deuda histórica nos encontramos con la misma estrategia, cerrar las puertas en Madrid a las reivindicaciones justas que el Gobierno de la Región plantea", ha añadido.
   Por otro lado, Ruiz Vivo ha indicado que "la actitud de los dirigentes del PSRM, como Saura y García Retegui, hace pensar en que es un partido de servidumbre y 'sucursalista', es decir, parece más una sucursal de la calle Ferraz de Madrid que un partido político que defienda los intereses murcianos, porque si fueran esto último se habrían alineado con Valcárcel y exigido a Zapatero que pague lo que nos debe".
   El portavoz regional del PP ha explicado que "la no contestación de Zapatero a la carta del presidente Valcárcel, la inconcreción de la ministra Salgado, mientras que apuesta descaradamente por Cataluña, Andalucía, Aragón y Baleares, el hecho de que el propio presidente Zapatero con una mano elogie el plan de austeridad del presidente Valcárcel, al que incluso pone de ejemplo".
   Mientras tanto, continúa el portavoz 'popular', "se resiste a tratar a esta Comunidad con el mismo rasero que a otras, o los errores y desatinos de un Gaspar Zarrías absolutamente desnortado en su visita a Murcia, nos hacen pensar en que efectivamente el presidente Valcárcel tenía razón y que hay una consigna para evitar una justa financiación de la Región de Murcia".

Joaquín López (PSOE) dice que "Valcárcel está más pendiente de criticar al Gobierno de España que de gestionar"

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE, Joaquín López, ha respaldado este domingo la medida de ahorro energético impulsada por el Gobierno central, por la que se reduce la velocidad máxima en autovía a 110 kilómetros por hora y ha criticado que Valcárcel "esté más pendiente de criticar al Gobierno de España que de gestionar", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

   López ha afirmado que esta reducción "aparentemente mínima, permitirá una mayor autonomía en carretera y un importante ahorro en el consumo", y ha apuntado que "se trata de una medida temporal que va a permitir ahorrar hasta 1.400 millones de euros de combustible al año. Una medida necesaria dada la situación del Norte de África y el encarecimiento del precio del combustible en las últimas semanas".
   Asimismo, ha dicho no entender la reacción del Partido Popular ante el anuncio del Ejecutivo Central de reducir la velocidad máxima. "Es curioso que el Gobierno regional no haya perdido tiempo en criticar esta iniciativa cuando la Ley que permite al Consejo de Ministros tomar este tipo de medidas sobre la velocidad en carretera en épocas de encarecimiento del petróleo fue una apuesta del gobierno de Aznar en 1998", ha señalado.
   "Dudo que el Gobierno regional hubiera hecho las mismas declaraciones si hubieran conocido todos los detalles, pero las prisas son malas consejeras. Para el gobierno de Valcárcel, de cara a las elecciones del 22 de mayo, es más importante dedicarse a criticar lo que hace el Gobierno de España que tratar de gestionar debidamente la Administración regional", ha explicado el portavoz socialista.
   Finalmente, López ha afirmado que "el PP critica desde la ignorancia una medida que ellos mismos contemplaron hace unos años. El Gobierno regional centra su actividad en ver lo que hace el Gobierno de España y, automáticamente y sin analizar las medidas, atacar cualquier iniciativa. No es de extrañar que la Región atraviese una situación de crisis extrema, cuando su presidente está más centrado en lo que pasa en Moncloa que en hacer su trabajo en San Esteban".

El PSRM cambia de candidatos en 25 de los 45 municipios para reforzar su poder en los ayuntamientos

MURCIA.- La renovación será la nota predominante en las candidaturas del PSRM en los municipios con el objetivo de reforzar su poder en los ayuntamientos. Así, en un total de 25 de los 45 municipios el PSRM-PSOE presentará nuevos candidatos.

   Se trata, en concreto, de los municipios de Abanilla, Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Caravaca, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Librilla, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Molina de Segura, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, Santomera y Torre Pacheco.
   Entre las apuestas más fuerte se encuentran Águilas, donde la secretaria de Organización del PSRM, María del Carmen Moreno, será la aspirante a la alcaldía, sustituyendo a Ramón Román, que fue el candidato en las listas de 2007.
   En Abanilla, José Antonio Cutillas ocupa el lugar de María Dolores Saurín; en Alcantarilla, José Antonio Sabater sustituye a Pedro Marín y en Los Alcázares, Joaquín Menargues a la actual alcaldesa del municipio, Encarna Gil, que es la cuarta por la circunscripción de Cartagena dentro de la candidatura oficial de Begoña García Retegui para las elecciones autonómicas de mayo.
   Nuevas caras habrá también en Alguazas con Blas Ruiperez; en Archena con Pedro Antonio Abad y en Caravaca con Fernando Romera, que anunció su disposición a presentarse a la Alcaldía tan solo unos días antes de la Asamblea local del PSOE de Caravaca y cuya candidatura obtuvo 65 votos frente a los 46 del candidato de la Ejecutiva, Luis Gabriel Martínez Elbal.
   En Cartagena se presenta Caridad Rives; en Ceutí, Gines Vidal; en Cieza, Pascual Lucas; en Fuente Álamo, Antonio Jesús García; en Jumilla, Jesús Sánchez; en Librilla, Jorge García; en Lorca el candidato será Manuel Soler; en Lorquí, Joaquín Hernández y en Molina, Antonio Gomariz.
   Pedro López sustituye en Murcia a María José Alarcón, que abandonó el cargo meses atrás; en Pliego, sube al barco socialista Pedro Noguera; en Puerto Lumbreras, Lidia Avilés se verá las caras quizás con Pedro Antonio Sánchez; en Santomera, José Antonio Mira, mientras en Torre Pacheco llega una cara nueva, el periodista de Deportes de Onda Regional, Fernando Vera.
   En Las Torres de Cotillas, Antonio Peñas ocupa el lugar de Cristóbal Gómez, que fue el candidato en las elecciones de 2007 y por último, en La Unión, Mariano Oliver Sánchez sustituye a Manuel Sanes.
   Aún se desconocen los candidatos de Abarán, Cehegín, Ojós y Ulea y no habrá novedades en Aledo (Juan José Andreo), Albudeite (Joaquín Martínez), Alhama (José Espadas), Beniel (Roberto García), Blanca (Fuensanta Turpín), Bullas (Esteban Egea), Calasparra (Jesús Navarro), Campos del Río (Miguel Navarro) y Fortuna (Alonso Ruiz).
   Tampoco habrá novedades en Mazarrón (Francisco García), Moratalla (Juan Llorente), Mula (Diego Cervantes), Ricote (Celedonio Moreno), San Javier (Pepa García), San Pedro (José María García), Totana (Juan Francisco Otálora), Villanueva (Jesús Soler) y Yecla (Antonio Villaescusa).
   En este sentido, el secretario de Coordinación del Partido Socialista en la Región de Murcia, Francisco Javier Oñate, subrayó la capacidad de gestión de los candidatos.
   Y es que, según explicó, "hemos buscado la honradez a carta cabal, que no es poco", que nadie tuviera que ver con imputaciones, "que está más bien en el territorio de nuestro adversario".
   Así como, continuó, "que fueran capaces de ser próximos en una época de desconfianza, más que gestores de laboratorio, alejados de la población" porque, apostilló Oñate, "la sociedad reclama cambios".  

Obras Públicas recupera el patrimonio arquitectónico de Ulea


MURCIA.- La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Territorio y Vivienda, está llevando a cabo la recuperación del patrimonio arquitectónico del municipio de Ulea con la ejecución de obras de rehabilitación y mejora en edificios y viviendas, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   Así, el director general de Territorio y Vivienda, Antonio Navarro, explicó que la próxima obra que proyecta la Consejería "se realizará en el entorno de interés arquitectónico de la iglesia de San Bartolomé, en el casco urbano de la población, donde la Comunidad ha finalizado recientemente la rehabilitación de nueve inmuebles de tipología tradicional".
   Navarro indicó que el nuevo proyecto consistirá en la restauración de tres nuevos inmuebles. La aportación económica de la Consejería para este proyecto es de 117.932 euros, lo que supone el 75 por ciento del coste total de las obras.
   La actuación se encuadra dentro del programa 'Adecuación y restauración de fachadas, cubiertas y medianeras', cuyo objetivo es la recuperación de aquellos edificios que poseen un singular valor arquitectónico o ambiental.
   De este modo, la intervención consiste en la adecuación de las cubiertas para mejorar las condiciones de eficiencia energética, el acondicionamiento de las fachadas y la reforma de la carpintería y la cerrajería, así como la disposición de un zócalo de piedra.
   Y es que, este proyecto se suma a otros trabajos de rehabilitación acometidos por la Consejería durante los últimos años en diferentes inmuebles del municipio de Ulea. La última actuación concluida fue la remodelación de 35 viviendas en el barrio de las Casas Nuevas, con una inversión de 247.000 euros, y se centró en la renovación de fachadas y cubiertas para lograr la unificación estética del barrio.
   Otra iniciativa fue el acondicionamiento de la plaza de la Constitución, centro neurálgico de la localidad, cuya redacción de proyecto fue financiada en su totalidad por el Ejecutivo murciano.
   Finalmente, Navarro concluyó diciendo que "se trata de una iniciativa que conlleva un gran beneficio social, ya que tiene como objetivo prioritario proporcionar a los vecinos de Ulea un espacio público para la convivencia y el ocio".

No hay castigo / Joaquín Estefanía

Los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas. Todavía peor: los partidos implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en los comicios, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales. Este es el resultado de un reciente estudio elaborado para la Fundación Alternativas (Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007) por los investigadores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez.

Con estos mimbres, los ciudadanos acuden a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. La cuestión que se suscita es si conclusiones tan pesimistas podrían extenderse desde los municipios a las comunidades autónomas y, más allá, a la Administración central; aunque no hay evidencias empíricas que lo demuestren, es difícil pensar que el comportamiento electoral podría ser, en esos últimos casos, esencialmente distinto.

Conclusiones pesimistas porque suponen un serio revés para el control de los políticos por los procesos electorales y porque ponen en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar ya no entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes. En la investigación no se analizan las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos, sino que se limita a constatar este fenómeno que, sin duda, debilita la calidad de la democracia en España.

El estudio, que examina el impacto electoral de los escándalos de corrupción que han tenido lugar en los Ayuntamientos de Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las elecciones municipales de 2003 y 2007, contribuye al debate sobre la existencia o no de castigo por parte de los votantes a los políticos implicados en casos sospechosos. Los términos de la polémica son, básicamente, si la corrupción no es castigada en las urnas por cuestiones de tipo cultural o si el castigo es asimétrico, por lo cual únicamente algunos partidos políticos se verían exonerados mientras que los demás sí sufrirían una penalización electoral.

El estudio de la Fundación Alternativas (que incorpora un rastreo exhaustivo de los casos de corrupción y no se basa en una selección determinada de ejemplos) demuestra que la aparición de escándalos en los Ayuntamientos sigue un cierto patrón: estos tienden a concentrarse en municipios costeros con un nivel de población superior a la media y con una mayor disponibilidad de suelo urbanizable. Y que no existen diferencias significativas entre los principales partidos en la proporción de sus alcaldes que se ven afectados por escándalos; en cambio, sí parece que los independientes son más propensos a ser investigados judicialmente.


Águilas. Palomares: la huella del plutonio, en Informe Semanal de TVE

Programa emitido en Informe Semanal el 5 de marzo de 2011. En el reportaje se muestra la problemática todavía existente, después de 45 años desde el accidente nuclear, ocurrido en Palomares el 17 de enero de 1966. En la actualidad grandes extensiones de terreno están contaminas por plutonio y otros componentes radiactivos. Este documental fue grabado en Palomares, Villaricos, Cuevas del Almanzora y Águilas.


ÁGUILAS. PALOMARES. LA HUELLA DEL PLUTONIO.TVE from Kalika Films on Vimeo.

La Ley de Memoria Histórica reconoce 170.000 nuevos españoles

MADRID.- La conocida como Ley de Memoria Histórica para paliar los efectos del franquismo ha concedido la nacionalidad española a 170.183 personas en sus dos primeros años de vigencia, algo más de la mitad de las peticiones registradas, según los datos existentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De ellos, 112.151 ya cuentan con un pasaporte español, y por tanto de la Unión Europea. La obtención de la nacionalidad permite además optar a las ayudas estatales contempladas para ciudadanos en el exterior, así como el derecho de voto en las elecciones generales, entre otras cuestiones.

El número de peticiones recibidas es algo menor de los cálculos que las asociaciones hicieron con motivo de la aprobación de la ley y que estimaban en más de medio millón de personas los posibles beneficiarios de la nueva norma.

En 2009 y 2010 las oficinas consulares de España recibieron un total de 293.500 solicitudes, la mayoría de ellas (un 96 por ciento) en las representaciones diplomáticas en Iberoamérica.

La presentación de las peticiones se ha hecho de forma bastante escalonada. En el primer año de vigencia de la ley se registró el 51,7 por ciento del total de solicitudes, frente al 49,3 por ciento en 2010.

El grueso de las demandas presentadas, un 91,48 por ciento, procede de hijos de españoles emigrados o exiliados, mientras que 19.646 corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española al exiliarse durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las restantes 5.333 pertenecen a españoles que obtuvieron la nacionalidad en la reforma del año 2002, pero sin el derecho a transmitirla a sus hijos y que pueden optar ahora a esa posibilidad.

Desde el departamento que dirige Trinidad Jiménez se subraya que queda un "número importante" de solicitudes en fase de estudio o pendientes de la presentación de algún documento, especialmente certificados de nacimiento de padres y abuelos que no son siempre fáciles de conseguir, explican a Europa Press fuentes diplomáticas.

Los trámites hasta conseguir la nacionalidad se prolongan de media durante más de un año si la petición se cursa en España, mientras que en los consulados en Iberoamérica no se suele rebasar los seis meses, según relatan algunos beneficiarios.

Para gestionar la presentación de las demandas, las oficinas consulares de España se han dotado de un sistema informático de cita previa que ha dado en estos dos primeros años un total de 522.871 citaciones.

El 22 de enero de 2010 el Gobierno amplió un año el plazo para poder optar a la nacionalidad española en virtud de esta ley con el fin de poder atender el "elevado" número de solicitudes recibidas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación llegó a presupuestar para 2009 cuatro millones de euros para aumentar en unos 150 efectivos el personal de ciertos consulados en Iberoamérica con el fin de atender las múltiples demandas que se preveían con la entrada en vigor de la ley, sobre todo en países como Argentina, Cuba, México, Uruguay y Chile.

La ley permite a los hijos de españoles obtener la nacionalidad de origen aunque hayan nacido en otro país, con independencia de su edad y al margen del lugar de nacimiento de los padres. En el pasado, la nacionalidad sólo se transmitía si el padre o la madre eran nativos de España y si los hijos eran menores de 18 años.

También posibilita a los nietos de españoles emigrados entre el 18 de julio de 1936 y la Ley de Amnistía aprobada tras el franquismo (octubre de 1977), adquirir directamente la nacionalidad de origen, siempre que acrediten su descendencia.

Programa de conservación en árboles monumentales de Cieza, Mula y Ricote


MURCIA.- Financiados por La Caixa, se han realizado trabajos de poda, desbroce y resalveo, así como la instalación de apoyos, cercados perimetrales disuasorios y cartelería, en una serie de árboles monumentales ubicados en los municipios de Cieza, Mula y Ricote, según fuentes de la Consejería de Agricultura y Agua.

   Dichas actuaciones han supuesto una inversión de 90.000 euros y han generado 70 jornales de trabajo. El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, destaca que "el proyecto de adecuación de árboles monumentales establece un orden de prioridades adecuado a los recursos disponibles".
   Y resalta que las tareas "las han realizado profesionales certificados por la Asociación Española de Arboricultura, bajo la supervisión de técnicos de la Consejería".
   Uno de los parajes donde se han llevado a cabo las actuaciones es la olmeda del Maripinar, situada sobre una llanura fluvial en plena huerta del Segura, en la carretera entre Mula y Cieza. Cuenta con 43 ejemplares centenarios y está considerada la olmeda más importante de España y una de las mejores de Europa.
   Allí se han eliminado ramas secas y con riesgo de rotura que podían caer sobre la carretera, y se han instalado cableados especiales para afianzar el ramaje.
   Por otro lado, en el Pino de las Águilas, ubicado en El Cajitán de Mula, en medio de una zona de cultivos agrícolas extensivos de secano, y en la Olivera Gorda de Ricote, situada junto a la carretera que discurre entre esta localidad y Ojós, se han colocado pasamanos perimetrales para disuadir a los visitantes de escalar los árboles y provocar la rotura de ramas, como ya había ocurrido.
  En el Pino de la Celia, situado junto a la carretera entre Mula y Calasparra, se ha realizado una poda de ramas secas y se han colocado cables de tipo dinámico, así como un apoyo fijo para evitar que el tronco se colapse como consecuencia de una fisura.
   Junto a todos estos árboles se han instalado paneles explicativos de sus características morfométricas, que también recogen otros datos de interés, como las leyendas que la cultura popular ha generado en torno a ellos.
   Fernández explica que "la Región cuenta con un censo de árboles monumentales compuesto por más de 1.100 ejemplares catalogados según sus dimensiones, estado de conservación y antigüedad". Con el fin de proteger y conservar estas especies, añadió, "se ha elaborado el 'Catálogo de árboles monumentales prioritarios', en el que se incluyen los más importantes".
   El responsable autonómico apunta que "la mayor parte de los ejemplares más relevantes, unos 122, se ubican en lugares antropizados, tales como baldíos, zonas agrícolas y jardines, por lo que es preciso llevar a cabo una protección directa frente a las potenciales amenazas".
   Finalmente, ha destacado que El 55% de estos ejemplares se encuentran principalmente en los municipios de Moratalla (la mayoría), Mula y Caravaca de la Cruz.

Pujante defiende un cambio de modelo sostenible "y no propuestas de fantasía que esperan inversiones extranjeras"

MURCIA.- El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, José Antonio Pujante, ha abogado por "un cambio del modelo productivo de la Región basado la diversificación de la economía y la sostenibilidad, y no en propuestas de fantasía para las que se esperan inversiones extranjeras".

   A juicio de Pujante, la Región de Murcia cuenta con "grandes potencialidades que pueden ser aprovechadas sin necesidad de recurrir a modelos estrambóticos impuestos por sociedades extranjeras", para lo que se necesita, según ha añadido, "la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y productivo".

   Además, ha hecho hincapié en la necesidad de" fomentar la investigación y el desarrollo en las organizaciones empresariales y crear nuevas titulaciones universitarias y de formación profesional para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo para la Región de Murcia, cuyos efectos se notarán a medio y largo plazo".