Marina de Cope sigue siendo un proyecto insostenible, a juicio de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción considera una torpeza que el Gobierno Regional mantenga su empeño en un proyecto tan megalómano como insostenible, ambiental y económicamente.

Ecologistas en Acción considera que una vez que se ha demostrado lo insostenible del “modelo del ladrillazo”, es inconcebible que se siga apostando por este proyecto, que supone continuar con un modelo obsoleto y demostradamente fracasado, como atestigua la actual situación de crisis en la Región de Murcia.

Ecologistas en Acción recuerda al Gobierno Regional, Consejería de Agricultura y Agua, empresarios y promotores que la mal llamada Actuación de Interés Regional de Marina de Cope debe superar aún varios recursos, y justificar el grave impacto ambiental que pretende causar a este importante tramo de costa virgen de la Región de Murcia.

Ecologistas en Acción responde ante el anuncio triunfalista de la resucitación del aberrante proyecto que pretendía ser uno de los mayores complejos turístico-residenciales del mediterráneo, y que fue proyecto estrella de la Comunidad Autónoma en el apogeo del “boom urbanístico”. Modelo que se ha demostrado insostenible, y que tanto ha contribuido a la actual ruina en la que se encuentra la Región de Murcia.

En primer lugar, hay que desmentir un importantísimo error en la información facilitada, ya que la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope NO ha superado todavía ni una sola Evaluación de Impacto Ambiental .

Este proyecto NO cuenta todavía con ninguna de las Declaraciones de Impacto Ambiental necesarias para poder llevar a cabo el mismo.

Por ahora, sólo se han aprobado las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los Ayuntamientos de Águilas y Lorca, para adaptarlos al proyecto, y se está en la fase de redacción del Estudio de Impacto Ambiental del puerto y marina interior.

Es decir, que todavía quedan procedimientos de presentación de alegaciones, y que en base al Estudio de Impacto Ambiental y a las alegaciones presentadas, el órgano ambiental competente decida si finaliza con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa o positiva con condiciones.

Además, este proyecto se basa en un grave e importantísimo cambio legislativo, ya que la Ley del Suelo regional de 2001 supuso la desprotección de 15.000ha (buena parte en la zona afectada por el proyecto) con lo que la Región de Murcia se convirtió prácticamente la única localidad que ha desprotegido enormes áreas de Espacios Naturales Protegidos en España y Europa. Al mismo tiempo, se producía la creación de nuevas e innecesarias infraestructuras, como la autopista Lorca-Águilas o la autopista Cartagena-Vera, que tras su fracaso se pretende que sea rescatada con dinero público.

A todo esto hay que sumar la connivencia política con intereses urbanísticos privados, ya que entre otras cosas, se ha camuflado como Proyecto de Interés Público Regional, seguramente por que dicha figura facilita salvar algunos procedimientos administrativos. Además existe un Consorcio Turístico de Marina de Cope, en el que figuran los dos ayuntamientos implicados y el Gobierno Regional, entre otros, para tratar de impulsar el proyecto. 

Es más, se obvia otro aspecto muy importante y es que además de los permisos ambientales que exige la ley, el proyecto de Marina de Cope tiene todavía importantes escollos legales que solventar:

1      Recurso Contencioso-administrativo contra las Directrices del Litoral de la Región de Murcia.

2      Recurso de Inconstitucionalidad contra Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia que desprotege 15.000 ha.

3      Recurso Contencioso-Administrativo contra la Actuación de Interés Regional de “Marina de Cope”.

Por ello, Ecologistas en Acción considera que este anuncio triunfalista, en el que se anuncia un avance tan peregrino y en el que se confunde el inicio de una Evaluación de Impacto Ambiental con su superación (lo cual está muy lejos de acercarse a la realidad), es otro intento de la administración regional de vender humo a sus ciudadanos y jugar al despiste con eternas promesas de nuevos yacimientos de empleo y riqueza económica, en un momento en el que precisamente se ha demostrado que la obsoleta fórmula que se intenta seguir vendiendo no trae nada más que ruina para el futuro de esta región y corrupción política (la mitad de los ayuntamientos de la Región de Murcia están siendo o han sido investigados por presuntos casos de corrupción, además de la presunta implicación de antiguos altos cargos en casos de corrupción que ocurrieron cuando ocupaban puestos de responsabilidad, como Francisco Marqués en el Caso Cerrichera).

Esta región se merece que el gobierno de Valcárcel se replantee el modelo económico y deje de apostar por insostenibles proyectos megalómanos que esquilman los recursos, se han demostrado ya insostenibles social y ambientalmente, y lo que es peor limitan muchísimo las posibilidades de futuras alternativas para la generación presente y las futuras.

Campañas en defensa del litoral de la Región de Murcia:

http://cabocopevirgen.blogspot.com

http://noalmacropuerto.blogspot.com

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Datos básicos sobre Marina de Cope (Águilas/ Lorca).

Proyecto de una Macrourbanización, que ocuparía un área de 21 millones de metros cuadrados (33% en municipio de Lorca y 77% en el de Águilas). Este proyecto aberrante, y que pretende ser uno de los mayores complejos turístico-residenciales del mediterráneo, es de una gravedad extrema, ya que supone un importantísimo cambio legislativo, creación de nuevas infraestructuras (autopista Cartagena-Vera y autopista LorcaÁguilas) y connivencia política con intereses urbanísticos.

Actualmente siguen en marcha un Recurso Contencioso-administrativo contra las Directrices del Litoral de la Región de Murcia, un Recurso de Inconstitucionalidad contra Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia que desprotege 15.000 ha, y un Recurso Contencioso-Administrativo contra la Actuación de Interés Regional de “Marina de Cope”. A pesar de que llevan varios años en proceso, todavía no se han resuelto ninguno de los tres procesos, y mientras tanto sus promotores continúan con su tramitación:

LORCA: Pleno de 29 diciembre de 2008: aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope. 13 Votos a favor de PP y 12 Votos en contra de PSOE (10) e IU (2).

ÁGUILAS: Pleno de 2 enero de 2009 aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope. 11 Votos a favor de PP (9) y MASd (2) (Movimiento Aguileño Socialdemócrata) y 8 Votos en contra de PSOE (6) e IU (2).

Para finalizar este trámite de modificación de los Planes Urbanísticos, sólo falta la aprobación definitiva por parte de la Comunidad Autónoma.

El proyecto incluye: 9.000 viviendas, 22 hoteles (20.000 plazas hoteleras), instalaciones comerciales y de ocio, un auditorio, cinco campos de golf de 18 hoyos, una marina interior (para 2.000 embarcaciones) y varios centros de alto rendimiento deportivo (10 campos de fútbol, campos de tenis, velódromo…). 

Además habrá nuevos sistemas de vías de comunicación. La inversión prevista asciende a más de 4.000 millones de euros Sus promotores son el Consorcio Turístico Marina de Cope, liderado por altos cargos del gobierno regional y de los ayuntamientos de Águilas y Lorca, junto con los que están los propietarios: Asociación Colaboradora de Propietarios, compuesta por un grupo de sociedades que posee alrededor del 60% de todos los terrenos afectados por la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope. Iberdrola Inmobiliaria, que se ha asociado con Actura y Summa, inmobiliarias de Bancaja y Cajamurcia, respectivamente, para desarrollar los terrenos que poseen en la zona. 

En la asociación se encuentran también Caja Madrid y varias promotoras de distintos puntos de España, como Valleduero (Burgos), Arocasa (Madrid) y Extremalia (Extremadura). El 40% restante esta mayoritariamente en manos de empresas agrícolas y agricultores de la zona.

Según estimaciones de Landmark Developments of Spain, S.L. y Edward D. Stone and Associates Inc, empresas acometedoras del proyecto, la población de Marina de Cope puede llegar a las 50.000 personas. Todo ello conllevaría unas necesidades en el suministro de agua de esta población, junto con el conjunto del resto de las infraestructuras, incluidos campos de golf, de unos 5 hectómetros cúbicos anuales, para lo cuál se ha proyectado la construcción de una desalinizadora propia.

 

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Explicación a grandes rasgos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental:

1. La legislación ambiental estatal y autonómica establecen tipos de proyectos y circunstancias que obligan a determinados proyectos a someterse a una Evaluación de lo posibles impactos ambientales del proyecto. La legislación establece también los aspectos que como mínimo debe contemplar el Estudio de Impacto Ambiental, entre otras cosas se debe plantear un análisis de alternativas (entre ellas la de ubicación).
2. El promotor de un proyecto que entra dentro de los supuestos de la ley, hace una propuesta de estudio de impacto ambiental, que se remite la administración ambiental, y esta realiza una serie de consultas a otras administraciones y determinados colectivos, para que estos le presenten Sugerencias a los contenidos y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental definitivo que debe presentar el promotor. Una vez recopiladas todas las sugerencias, la administración ambiental remite al promotor un informe en le que establece los contenidos y nivel de detalle que debe contener el Estudio de Impacto Ambiental.
3. El promotor realiza un Estudio de Impacto Ambiental observando las directrices remitidas por la administración ambiental. Presenta dicho estudio definitivo ante la administración ambiental.
4. La administración ambiental abre un periodo de exposición pública del estudio de impacto ambiental para que cualquier persona, colectivo u otra administración pueda revisarlo y presentar las alegaciones que considere oportunas. El plazo suele ser de 30 días.
5. Una vez la administración ambiental tiene el estudio de impacto ambiental definitivo, junto a las alegaciones presentadas, debe analizarlo todo y resolver con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es la que finaliza el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

La DIA puede ser Negativa (no se puede hacer el proyecto), Positiva (se puede hacer tal y como se ha planteado) o Positiva con condicionantes (se establecen una serie de modificaciones y/o medidas correctoras que deben llevarse a cabo para poder realizar el proyecto).

Medvedev advierte en Davos sobre la "lección" de la revolución tunecina

DAVOS.- El presidente ruso, Dimitri Medvedev, advirtió este miércoles en la apertura del Foro de Davos (Suiza) sobre la "lección" dada a los Gobiernos del mundo por la revuelta tunecina, en medio del aumento de las desigualdades sociales tras la crisis económica y financiera. 

La 41ª edición de Davos tiene lugar en momentos en que la estabilidad mundial atraviesa un nuevo periodo de turbulencias a raíz de protestas sociales como las de Túnez y Egipto, los problemas por la deuda pública de la Eurozona y la "guerra de divisas".

En ese marco, Medvedev indicó que la revuelta popular en Túnez que terminó en la caída del régimen de 23 años de Zine El Abidine Ben Alí es "una lección sustancial a retener para todas las autoridades, sea cual sea el país del que se habla".

Los gobiernos deben "escuchar lo que el pueblo tiene para decir, porque si no corren el riesgo de perder contacto con la realidad", dijo el presidente ruso ante la élite mundial reunida hasta el domingo en la estación de esquí de los Alpes suizos.

"Espero que la situación en Túnez se estabilice y no haya un efecto contagio en el mundo árabe", agregó.

 Estas protestas están vinculadas al aumento de las desigualdades sociales, según los expertos reunidos en Davos.

"Es el desafío más serio para el mundo. No creo que se le haya prestado suficiente atención", aseguró el miércoles el más alto representante chino en el FMI, Zhu Min.

Las cajas de ahorro españolas, quizá menos "sociales" con la reforma

MADRID.- Las cajas de ahorro, el sector más débil del sistema bancario español, deben refinanciarse con urgencia apremiadas por el Gobierno e incluso convertirse en bancos, pero esta reforma podría amenazar su importante papel social, estiman los expertos. 

Estas fundaciones, que no tienen afán de lucro ni propietarios, ni cotizan en Bolsa, son herederas de los montes de piedad del siglo XVIII y siguen siendo poco conocidas por los inversores extranjeros, aunque engloban a la mitad del sector financiero del país.

Su fin es "distribuir obligatoriamente un 50% de los beneficios a reservas", explica un portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

También dedican de forma voluntaria cerca del 25% de los ingresos a obras sociales: "bibliotecas, centros de Alzheimer, programas de formación para el empleo, ambulancias, centros culturales...", detalla una portavoz de Caja Madrid, la caja más antigua de españa, fundada en 1838.

La acción social "es la esencia de las cajas", asegura la CECA.

En 2009 las cajas destinaron 1.776 millones de euros a ello, lo que según la CECA generó 1.425 millones de riqueza adicional. Sus obras sociales suponen 33.600 empleos directos e indirectos.

Las cajas, que llevan el nombre de la región o provincia de donde son originarias (Caja Canarias, Caja Tarragona, Caja Burgos...) y están controladas por las instituciones locales, durante mucho tiempo trabajaban en sus lugares de origen y se dedicaban a las operaciones bancarias más sencillas.

Les llamaban "bancos para pobres", resume Fernando Fernández, profesor de la IE Business School de Madrid.

A partir de 1978 fueron autorizadas a operar en todas las regiones y ofrecer los mismos servicios que los demás bancos.

Durante el 'boom' inmobiliario español prestaron fondos sin límite hasta que a finales de 2008 el sector cayó y quedaron fuertemente afectadas, el doble que los bancos.

Pero su imagen sigue siendo positiva debido a su acción social: "Es un valor añadido", reconoce la fuente de Caja Madrid, donde uno de cada dos madrileños tiene una cuenta: "Mucha gente de las cajas es cliente por este fin social".

"Los clientes lo valoran mucho en España", corrobora Jorge Salvey, profesor de IESE Business School.

Pero en un momento en que el gobierno ha dado a las cajas hasta otoño para financiarse de forma privada o con una nacionalización parcial para conseguir un total de 20.000 millones de euros, hay "un peligro real" de que estas obras sociales queden amenazadas, estima Alfonso Novales, economista de la Universidad Complutense de Madrid.

La crisis hizo caer los beneficios de la cajas y las fusiones del año pasado, que han reducido estas entidades de 45 a 17, van a "disminuir todavía más" sus ganancias, explicó.

Además, la entrada de inversores privados "afectará evidentemente al reparto de beneficio y por lo tanto al dinero que se dedica a obra social, porque habrá más accionistas", reconoce Caja Madrid.

"La obra social (...) quedará más temprano que tarde a discreción de unos accionistas para los que la prioridad será maximizar sus dividendos particulares", observó el diario Público (izquierda) en un editorial.

Las obras sociales "son vestigios de un país pobre, rural, atrasado, en que el Estado no tiene recursos ni capacidad de hacer acción social", mientras que "en una economía moderna parece lógico que sea el Estado" el que se encargue de ello, según Fernández.

Un juez estima que la entrega de la vivienda permite saldar la hipoteca

MADRID.-   La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.

   El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

   Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

   En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".

   La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

   La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.

   En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las 'hipotecas basura' del sistema financiero norteamericano".

   No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.

   Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la 'dación en pago'.

   La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.

Los manifestantes egipcios prenden fuego a un edificio oficial en la ciudad de Suez

EL CAIRO.- Los manifestantes congregados en la ciudad egipcia de Suez para protestar contra el Gobierno han prendido fuego a un edificio oficial y han lanzado cócteles molotov contra una oficina del gobernante Partido Democrático Nacional, según han informado fuentes de los servicios de seguridad y testigos.

   La Policía ha disparado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Alrededor de 55 personas han resultado heridas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, han indicado testigos.

   Las autoridades de la ciudad, ubicada en el noreste del país, han ordenado el cierre de todos las tiendas, después de que se registrasen varios saqueos.

   Por otra parte, la Policía ha disparado pelotas de goma contra un grupo de manifestantes en El Cairo, mientras un grupo de oficiales vestidos de paisano ha golpeado con porras a algunos de los asistentes con porras.

   "La gente quiere que el régimen caiga", corearon los asistentes a una marcha en la que llegaron a congregarse varios miles de personas.

   Los activistas habían reclamado a los egipcios que continuaran con las manifestaciones por el final del régimen que lidera Hosni Mubarak, un día después de las protestas en el marco del llamado 'Día de la ira', que congregaron a unas 20.000 personas y acabaron con tres manifestantes y un policía muertos. La segunda jornada de protestas se ha saldado con la detención de al menos 500 personas, según una fuente del Ministerio del Interior.

El Gobierno de Túnez pide ayuda a Interpol para detener a Ben Alí y a su familia

TÚNEZ.- El Gobierno interino de Túnez ha solicitado la participación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en la búsqueda y captura del ex presidente Zine al Abidine Ben Alí, de su esposa Leila Trabelsi y de otros miembros de su familia, que escaparon del país el pasado 14 de enero a causa de las revueltas populares que pusieron fin a su régimen.

   La orden de arresto internacional fue anunciada este miércoles por el ministro de Justicia de Túnez, Lazhar Karoui Chebbi, durante una rueda de prensa, en la que precisó que el objetivo del Gobierno es procesar al ex presidente y a su entorno familiar por "posesión de bienes" expropiados y "transferencia de divisas extranjeras al exterior".

   Chebbi mencionó los nombres de siete miembros del clan de Ben Alí que se encuentran actualmente detenidos en Túnez e informó de que Imed Trabelsi, sobrino de Leila Trabelsi, y Sakher al Materi, yerno de Ben Alí --y uno de los empresarios más ricos de Túnez durante el régimen--, han huido al extranjero. Entre los nombres transmitidos a Interpol figura el de un hermano de la esposa de Ben Alí, Belhassan Trabelsi, añadió.

   Por otra parte, el ministro indicó que las autoridades van a juzgar a seis miembros de la guardia presidencial de Ben Alí --entre ellos el general Alí Seriati, jefe de la seguridad presidencial-- por "conspirar contra la seguridad del Estado e incitar a los ciudadanos a enfrentarse unos con otros con las armas" tras el derrocamiento del ex dictador.

   Chebbi precisó que no se tiene prevista ninguna acción legal contra el que fuera ministro del Interior de Ben Alí, Rafik Belhaj Kacem, quien dirigió la represión desde que comenzaron las manifestaciones, a finales de diciembre. Ben Alí le había destituido pocos días antes de abandonar el país.

Los socialistas exigen conocer los verdaderos números del proyecto aeroportuario de Corvera

CARTAGENA.- La diputada socialista, Teresa Rosique, anunció este miércoles que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Obras Públicas, José Ballesta, para que dé explicaciones sobre un informe del Tribunal de Cuentas relativo al futuro aeropuerto de Corvera, en el que dicho organismo detecta irregularidades "que ya fueron denunciadas por el PSOE". 

   Tras lo que Rosique advirtió que "si los ingresos que se van a dar en la explotación del aeropuerto no son los previstos nos podría ocurrir como con el aeródromo de Ciudad Real que ha pinchado económicamente", lo que, explicó, "supondría un problema gravísimo para las arcas de la Comunidad Autónoma".

   Rosique subrayó que "desde el PSOE llevamos tiempo denunciando determinadas actuaciones del Gobierno regional en relación con dicho aeropuerto", y recordó que "el pasado abril advertimos de estas cuestiones al consejero de Obras Públicas, en una comparecencia que realizó a petición nuestra".

   "Advertimos entonces de graves incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto en lo que respecta a la financiación y al plazo de ejecución de las obras", añadió la diputada, y explicó que, en lo que respecta a la financiación, el incumplimiento se ha dado en dos sentidos: "uno, incumpliendo el plazo para garantizar la financiación; y otro, incumpliendo el hecho de que la financiación debía de correr por cuenta y riesgo de la propia empresa, ya que la Comunidad Autónoma ha tenido que avalar con 200 millones de euros la financiación del proyecto".

   Y para que la empresa cumpliera ese compromiso, "fue necesario que el Gobierno regional avalara con 200 millones de euros el préstamo de financiación para la construcción de esa infraestructura".

   Sin embargo, aseguró, "la Comunidad Autónoma sólo abrió expediente sancionador por uno de los incumplimientos, el de la fecha de financiación". Y, siendo considerada por los servicios jurídicos como "infracción grave" y pudiendo poner una multa de hasta 600.000 euros, la fijó en sólo 120.000 euros. No contempló en ese expediente sancionador el otro incumplimiento en materia de financiación, que corría por cuenta y riesgo de la empresa.

   Otro incumplimiento del que advirtió el Partido Socialista fue el de la fecha de finalización de las obras, incumplimiento que el Tribunal de Cuentas advierte como una de las irregularidades. Sin embargo, apuntó Rosique en rueda de prensa, "la Comunidad Autónoma, según la información de que disponemos, no ha abierto a la empresa expediente sancionador por este incumplimiento". Obras, incidió la socialista, que "no sólo no terminaron en julio de 2010, sino que veremos a ver si terminan a lo largo de 2011".

   Todo esto pone de manifiesto, según Rosique, "la facilidad del Gobierno regional cuando tiene que recortar derechos de los empleados públicos y la benevolencia que tiene cuando aborda resoluciones de expedientes".

   Además, en la comparecencia del consejero del mes de abril, "pusimos de manifiesto la incoherencia que suponía el cálculo del número de pasajeros recogido en los informes previos a la adjudicación que era en su fase inicial de 1,5 millones, y en su fase final no superaba los 3 millones de pasajeros"; sin embargo, "el contemplado en la propuesta de concesión que suponía una previsión de 5 millones de pasajeros en 2015 y 14 millones al final de la concesión", señaló.

   Algo que el Tribunal de Cuentas advierte como una cuestión "altamente" preocupante, ya que, según manifiesta en su informe "esta actuación es contraria al principio de eficiencia, economía y racionalidad del gasto público".

   Tras lo que recordó que la Comunidad Autónoma tuvo que aprobar un plan económico-financiero de explotación del aeropuerto que garantizara la viabilidad del mismo. Dentro de ese plan, "el número de pasajeros es fundamental para garantizar los ingresos". De ahí, indicó, que el PSOE advirtiera de esta profunda discrepancia en los informes y que el Tribunal de Cuentas advierta ahora al Gobierno regional.

   De nuevo, señaló la diputada socialista, "se pone de manifiesto la incapacidad e irresponsabilidad del presidente Valcárcel y su gobierno cuando abordan cuestiones de interés general. Valcárcel no da una en el clavo cuando tiene que dar respuestas a los grandes temas en nuestra Comunidad".

   A su juicio, "la actuación del Ejecutivo murciano se pone, una vez más, bajo vigilancia de los tribunales". "Valcárcel es incapaz de abordar con rigor y responsabilidad cuestiones de interés regional como es la construcción de un aeropuerto en nuestra Comunidad", apostilló la socialista.

   Finalmente, Teresa Rosique aseguró que este informe no les sorprende "en absoluto", así como que pedirán copia, y a preguntas de los medios, puntualizó que "podrían haber por ello actuaciones sancionadoras hacia la actuación del Gobierno regional si el Tribunal de Cuentas sigue confirmando, después de las alegaciones del Ejecutivo, irregularidades".

Cespa gestionará finalmente el servicio de limpieza y recogida de residuos del municipio de Murcia los próximos 20 años

MURCIA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado definitivamente la gestión del servicio público de Limpieza Viaria y Recogida y Tratamiento de Residuos a la empresa Cespa para los próximos 20 años por un importe superior a los 50 millones de euros anuales, lo que supone un 3,72 por ciento inferior respecto a lo previsto en el pliego.

   En concreto, la empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el pliego, en cuya oferta se recoge el uso de ecocombustibles en los equipos que producirán menor contaminación acústica, además del mínimo consumo de agua y la reutilización de ésta.

   Igualmente, persigue la potenciación de la recogida selectiva, fomento de la participación ciudadana a través de campañas de concienciación, y continuar siendo referente nacional en tratamiento y revalorización de residuos.

   También se recoge ampliar el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria a las zonas ya consolidadas y de expansión de Murcia y pedanías, mejorando los servicios prestados en pedanías y ofreciendo un tratamiento especial en el casco histórico de la ciudad.

   En lo que respecta al canon por el uso de instalaciones, Cespa ha ofertado 57.546.486 euros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

   Y es que, uno de los principales aspectos que incluye la oferta de Cespa es la renovación de todos los equipos y la creación de nuevas instalaciones con un ligero incremento sobre el canon actual, que es de 48,1 millones de euros.

   En la nueva contrata se especifica que el 90 por ciento de la recogida de residuos en el municipio será de carga lateral, esto es, más segura, precisa y con mejor ubicación de los contenedores. Así, la carga lateral llegará a todo el municipio excepto a zonas, como los carriles de la huerta, donde es imposible su instalación.

   Por otra parte, los puntos de recogida selectiva soterrados se ampliarán, en una primera fase, en 500 más. En el caso de la instalación de estos puntos en el casco histórico de Murcia, se incluirá un detallado estudio arqueológico que permitirá identificar el sitio correcto para su colocación.

   Además, se instalarán 7.200 nuevos contenedores de los cuales el 60 por ciento se destinarán a renovar los existentes, mientras que el 40 por ciento restante serán para crear nuevos puntos de recogida selectiva.

   La recogida de residuos se realizará en horario nocturno tanto en el casco urbano como en las pedanías adyacentes y aquellas de mayor densidad de población, con el fin de disminuir la conflictividad con el tráfico.

   Igualmente, se instalará un sistema de control que permitirá anticiparse al desborde de los contenedores. Para ello, se ha realizado un pormenorizado estudio en el que se establece la capacidad de generación de basuras de cada una de las calles del municipio.

   Otra de las propuestas es la eliminación de los contenedores tipo iglús sustituyéndolos por otros con el fin de uniformizar el diseño de todos los contenedores existentes; y la creación de un sistema especial de recogida y limpieza en el casco histórico.

   Con el fin de eliminar el impacto visual de los contenedores y otorgar mayor espacio al peatón, este nuevo sistema consiste en la distribución de los contenedores en los puntos determinados a las 20.30 horas que, una vez depositados los residuos, serán retirados durante la noche.

   La oferta también incluye la actualización y modernización del servicio de Limpieza Viaria, de forma que se sustituirá en gran parte el barrido manual convirtiéndose en barrido/baldeo mixto manual-mecánico, ya que los operarios trabajarán con accesorios de agua a presión (siempre optimizando este recurso) que repercutirá en un notable incremento del rendimiento y de la calidad del servicio.

   Asimismo, se pretende equiparar el tratamiento y los servicios de las distintas pedanías al que se realiza en los barrios. Para ello, se descentralizará el Parque Logístico de San Ginés creando nuevos parques secundarios y cuartelillos para operarios y maquinaria lo que permitirá ofrecer un servicio más rápido y preciso; reduciendo tiempos muertos y desplazamientos

   De esta forma, se crearán nuevos parques secundarios de más de 2.000 metros cuadrados cada uno en las zonas de Beniaján, Zarandona, Carretera de Alicante, Campo de Murcia, El Palmar, Espinardo y otro en el Polígono Industrial de San Ginés. Se incluye la instalación de otros 40 cuartelillos auxiliares.

   El proyecto presentado por la empresa Cespa incorpora hasta 24 posibles tratamientos y aprovechamiento de los residuos, siendo algunos de ellos el tratamiento mecánico de los objetos voluminosos o la valorización de los aparatos eléctricos y electrónicos.

   Otra de las medidas incluidas es la creación de una manta fotovoltaica sobre el depósito controlado aprovechando así la amplia superficie de ocupada; y la creación de una planta de secado solar de lodos aumentando la capacidad de la planta y, además, una planta de biometanización que aprovecha el metano generado por los residuos para producir energía.

   Así, se llevará a cabo un notable incremento del balance energético del centro mejorando la producción de electricidad con instalaciones fotovoltaicas y eólicas y mejorando ostensiblemente la huella de CO2 del municipio

   Todas las instalaciones se ampliarán con el fin de tener mayor capacidad y en determinados casos se crearán nuevas, como la planta de selección y envases. En el proyecto se incluye un incremento de 90 a 140 hectáreas disponibles para posibles ampliaciones proporcionando un horizonte capaz de dar cobertura para los próximos 50 años.

   Está proyectada la creación de un 'cluster' medioambiental basado en la creación de nuevas oportunidades de negocio derivadas del aprovechamiento de residuos, los subproductos y las sinergias que aparecen al concentrar este tipo de actividades .

   Por último, el 2 por ciento del presupuesto total se invertirá en campañas de concienciación ciudadana; y se establecerá un control informatizado tanto del servicio como de su calidad para resolver con prontitud las demandas del ciudadano.

   Otra de las novedades es la creación de una senda medioambiental para que los escolares y visitantes de la planta de tratamiento puedan conocer su funcionamiento; y la visita de todos los barrios y pedanías para explicar y perfilar el servicio en cada una de ellas.

   Todo el proyecto del nuevo servicio de Limpieza Viaria y Recogida y Tratamiento de Residuos se presentará en una jornada pública que se celebrará en el edificio Anexo al Ayuntamiento.

El SIP liderado por Cajastur y CAM inicia la reestructuración de plantilla y oficinas

OVIEDO.- El proceso de reestructuración de Cajastur enmarcado en la integración plena en el nuevo banco junto con CAM, Caja de Extremadura y Caja Cantabria ha comenzado a ejecutarse este martes con la apertura del periodo de solicitud para la prejubilación y los trámites para la racionalización de la red de oficinas, según ha informado Cajastur. 

   Las medidas que se ponen en marcha forman parte del compromiso de las entidades integrantes del SIP con el Banco de España para mejorar la eficiencia y adecuar la estructura comercial.

   El proceso de prejubilación comienza a ejecutarse una vez que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha recibido el visto bueno de la autoridad laboral.

   Los empleados de la caja que cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo laboral suscrito por amplia mayoría de la representación sindical en el conjunto de entidades del SIP (CCOO, UGT, CSICA, CSI-CSIF y SICAM) podrán a partir de hoy y durante un plazo improrrogable de 30 días presentar su solicitud de acogimiento al programa de prejubilaciones.

   Por otra parte, se ha puesto también en marcha el plan de racionalización de la red de oficinas, que se desarrollará en los próximos meses. El ajuste de la red comercial se realiza a partir de los criterios de solapamiento de oficinas de las entidades integrantes del SIP y de eficiencia.

   El proceso se inicia con el ajuste de las oficinas en el territorio natural de cada caja y la definición final del mismo se irá concretando en los próximos meses en el territorio de expansión y en el mercado natural del resto de entidades participantes en el SIP, con un volumen de reducción de la red de más de 400 oficinas sobre el total de 2.200 que cuenta actualmente el conjunto de entidades. En el primer trimestre del año 2011 Cajastur procederá al cierre de 11 oficinas en su territorio natural.

   El nuevo banco creado por CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria se constituyó el pasado 28 de diciembre de 2010, y, el acuerdo de desarrollo del Contrato de Integración suscrito el pasado 27 de julio de 2010 implica acogerse al ejercicio de la actividad financiera por vía indirecta, figura que está expresamente recogida en la nueva regulación de reforma de la LORCA. Éste fue el primer Grupo que se acogió a esta novedosa figura, que ha resultado del pacto de PSOE y PP para la reforma del sistema de cajas de ahorro español.

   El plan de aportaciones, que se aprueba en virtud del acuerdo de desarrollo, se concreta en la segregación total y la aportación de todos los activos y pasivos afectos al negocio financiero a favor de la Entidad Central del SIP.

   El nuevo grupo consolidable funcionará como una única entidad, en la cual la gestión del negocio minorista en los territorios naturales de cada una de las cajas estará orientada a preservar la identidad individual de las cajas, actuando el grupo como una entidad multi-marca que potenciará el valor de la franquicia local sin entrar en competencia entre las entidades que lo componen en cada uno de sus respectivos territorios naturales.

   La elección de este modelo de integración responde al objetivo de desarrollar el proyecto en las condiciones más adecuadas para afrontar los retos de la actual coyuntura y a fin de implementar de la manera más eficiente posible (incluyendo desde el punto de vista económico, contable, fiscal, legal y regulatorio) los objetivos del SIP.

   El modelo de integración plena permite disponer de la mejor estructura y recursos para cumplir los requerimientos que están planteando los mercados financieros, las agencias de rating, el Banco Central Europeo y el Banco de España.

   El nuevo grupo contará inicialmente con unos recursos propios básicos de 7.400 millones de euros, que se reforzarán con la aportación de 1.493 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

   El grupo nace con  una solvencia y fortaleza financiera contrastada, con un volumen de activos superior a los 130.000 millones de euros, la quinta del país por tamaño, un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros, un ratio de solvencia de 12,1 por ciento y un ratio de recursos propios básicos (Tier 1) del 9,3 por ciento a cierre de 2009, lo que permite hacer frente a los requisitos regulatorios internacionales.

   El tamaño del grupo le permitirá lograr eficiencias y economías de escala que redunden en un mejor servicio para sus clientes, ofreciéndoles los productos y servicios más competitivos en ahorro y financiación.

Esade avisa del riesgo de vender las cajas de ahorros "a precios de saldo"

BARCELONA.- La escuela de negocios Esade avisa del riesgo de que la reforma para recapitalizar el sistema financiero anunciada por el Gobierno derive en la venta de las cajas de ahorros a inversores internacionales "a precios de saldo".

   El profesor del departamento de Finanzas de Esade Jesús Palau abogó por reforzar la solvencia de las entidades con carencias de capital a través de fondos públicos.

   "Existe el riesgo de que los inversores internacionales entren en el capital de las cajas de ahorros a precio de saldo. Podríamos acabar por regalar las cajas a cuatro duros, pero para malvenderlas a un tercero es mejor que nos las quedemos el conjunto de los españoles", argumentó.

   A su parecer, no resultaría un problema para el Estado elevar su deuda por el importe del capital adicional que necesitan bancos y cajas, unos 20.000 millones de euros según las estimaciones realizadas por el Banco de España y que maneja el Gobierno.

   Palau sostiene que el endeudamiento de España es muy inferior al de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, así como sus necesidades de financiación globales para este ejercicio.

   Los 90.000 millones de financiación que necesita España para este año son muy inferiores a las necesidades de Italia (234.000 millones), Alemania (220.000 millones) y Francia (180.000 millones), recordó.  

   En este sentido, alega que no existen condiciones objetivas para que no se puedan sumar a la deuda del Estado los 20.000 millones de euros que podrían ser necesarios para fortalecer la solvencia de las entidades.

   En cualquier caso, el volumen de deuda del Estado no superaría los porcentajes sobre el PIB que registran estos países europeos, enfatizó el profesor de Finanzas de Esade.  

   Sobre si las necesidades de capitalización de 20.000 millones identificadas por el Gobierno se ajustan a la realidad, Palau recalcó que es necesario conocer más en profundidad la calidad de los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros.

   El profesor recordó la existencia de conflictos de intereses entre los bancos internacionales que elaboran informes sobre las carencias de capital en España, país en el que podrían desembarcar como inversores.

   Por otro lado, aclaró que aún se desconocen los nuevos requisitos de capital superiores al 8% que se establecerán para las cajas de ahorros, a falta que el Gobierno detalle el umbral para las entidades que no cotizan y tienen un elevado peso de financiación externa.

El 'core capital' de las cajas de ahorro dependerá de los ejercicios de transparencia

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar se determinará con el "asesoramiento" del Banco de España y los datos que proporcionan los "ejercicios de transparencia" que en estos momentos llevan a cabo las entidades, "con datos que tiene que aportar a final de mes". 

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado ha reiterado que la horquilla se sitúa entre el 9% y el 10%, pero que la cifra definitiva será determinada en el próximo decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que recogerá el plan del Ejecutivo para recapitalizar las entidades.  

   Anteriormente, en declaraciones a TVE, Salgado avanzó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital superior al del resto de entidades, ante las dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.

   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos.  

   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

Las cajas de ahorro pueden necesitar un ratio de capital de entre el 9% y el 10%

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar un ratio de capital de entre el 9% y 10%, aunque el porcentaje definitivo aún no está aprobado.

   La ministra señaló, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el ratio definitivo de capital para estas entidades antes de que se apruebe el decreto ley en febrero, y subrayó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital de entre un 1% y un 2% superior al del resto de entidades.

   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos. 

   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

   "Los analistas han dado cifras sobre las necesidades adicionales de capital del sistema español que van desde 17.000 millones a 80.000 millones, pero no hay base para esta estimación", subrayó Salgado, quien explicó que el nuevo decreto ley no va a recoger esta cantidad, sino que el texto va sólo se referirá a los porcentajes de capital que se exigen.

   La ministra también explicó que las cajas, por su "especial gobernanza", siempre son objeto de mayores críticas que los bancos, pero que si llegado el caso hubiera algún banco que no cumpliera con las condiciones mínimas de capital el camino sería el mismo, es decir, la entrada del Gobierno a través del Frob.

   En este sentido, la ministra insistió en que el dinero que el Estado invierta en el sistema financiero en caso de que no cumplan los niveles de capital no tendrá coste para el contribuyente, e indicó que, a su juicio, el término 'nacionalización' no es acertado para definir la intervención que el Estado.

   "El Estado aportará en forma de capital la cantidad de dinero que las cajas precisen, pero esa participación será temporal. Pasados cinco años desinvertirá y, por tanto, habrá un inversor privado que sustituya al Estado sin coste para el contribuyente. El dinero será reintegrado", subrayó la ministra.

   Respecto al plazo hasta septiembre para lograr el capital necesario, la ministra defendió que "es suficiente" y que no supondrá una dicultad añadida para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía porque las entidades cuentan con el respaldo del Estado a través del Frob.

   "Los ratios de capital están calculados con datos a 31 de diciembre de 2010 por lo que las nuevas exigencias no deberían influir en la gestión del crédito a lo largo de 2011", subrayó la ministra. "Todo lo contrario, debería ir mejor", añadió.

   Asimismo, explicó que con independiencia de que se dé un plazo para que las entidades puedan captar capital de forma privada, al contar con la ayuda del Frob es como si ya cumplieran con los nuevos niveles exigidos, por lo que, a su juicio, la razón de que el crédito no fluya en la actualidad con normalidad es la dificultad de las entidades para financiarse en el mercado mayorista.

   Salgado también defendió que la reforma anunciada el lunes no llega tarde, sino que complementa la ya iniciada por el sector y que ha reducido el número de cajas a 17. Asimismo, subrayó que el hecho de que los SIP hayan tomado la decisión de transferir al banco unidad central el 100% de las activos y pasivos bancarios va a facilitar esta reestructuración adicional.

La recaudación de nuevos impuestos sobre el juego irá a las autonomías

MADRID.- La totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas 'online', previstas en el proyecto de la Ley del Juego, que está ultimando el Gobierno, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según ha afirmado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández. 

   "En principio, toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, por así decirlo, va a las comunidades autónomas. El Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso", ha asegurado Fernández.

   En este sentido, el máximo responsable de LAE ha asegurado que la Administración General del Estado no tiene "vocación recaudatoria"  y ha subrayado que "la voluntad es que todo lo que genere este nuevo mercado sea financiación de comunidades autónomas". Sobre los nuevos tributos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, ha indicado que se trata de "un marco tributario claro y suficiente como para que exista el mercado".

   En cuanto al calendario previsto, Fernández ha señalado que el proyecto de Ley se aprobará previsiblemente en los próximos Consejos de Ministros e "incluso" en el de esta semana. El viceprecidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó a finales de 2010 que la intención del Ejecutivo era aprobar este proyecto en enero de 2011.

   Asimismo, el director general de LAE espera que las primeras licencias, que contempla el anteproyecto de Ley de Juego para las empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas 'online' en España, pueden empezar a entregarse en 2011, después de que el proyecto de Ley supere la tramitación parlamentaria.

   Durante su intervención, Fernández ha afirmado que la intención de la futura Ley del Juego es "regular una realidad fáctica", ya que actualmente en España hay muchos operadores que se dedican al negocio de las apuestas 'online', pero que no tributan en España porque no tienen su sede en otros países y porque en España no hay una regulación que contemple determinadas modalidades de juego, como las apuestas a través de Internet.

   En este sentido, el director general de LAE, aunque no ha querido entrar a valorar en detalle el panorama de las apuestas 'online' en España, porque "no hay cifras oficiales", ha señalado que el 85 por ciento de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España hacia el extranjero, mientras que el 15 por ciento restante se juega en España.

   El objetivo de la nueva Ley del Juego es precisamente "tratar de reordenar ese puzzle", según ha indicado Fernández, quien ha asegurado que la nueva legislación va a respetar el "estatus quo" del sector. Asimismo, ha apuntado que la legislación servirá para dar una mayor protección a los menores y a las personas que sufren de ludopatía frente al juego, y dar garantías a los operadores con licencia de que en el sector se produce "una competencia legítima".

   Sobre este asunto, Fernández ha indicado que actualmente no se produce esa competencia justa, ya que hay operadores con licencia y otros que están actuando sin ella. Por ello, ha anunciado que la futura Ley del Juego incorporará medidas para dotar "de instrumentos" al órgano de regulación y control del sector, la Comisión Nacional del Juego, para "cortar el flujo --de ingresos-- sobre aquellos operadores que no tengan licencia" actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que se anuncian o las compañías que sirven de intermediarios en los sistemas de pago a través de Internet.  

   El borrador del anteproyecto establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.

   Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.

   Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20 por ciento para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.

   El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.

   El texto también obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.

   Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.  

   En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".

   El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.

   Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o 'amañar' los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.

El PSRM asegura que Zapatero "no avala" el recorte de Valcárcel a los empleados públicos

MURCIA.- La candidata socialista a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, aseguró hoy que "los socialistas murcianos y españoles estamos en contra de las medidas tomadas por el presidente Ramón Luis Valcárcel" en la Región de Murcia, porque supone "el recorte a los empleados públicos y a sus derechos sociales".

   Retegui hizo estas declaraciones a preguntas de los medios y en clara referencia a las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoció este lunes que la Región de Murcia "ha cumplido" con el plan de ajuste, plasmado en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aún a costa de "consecuencias sociales delicadas".

   Los socialistas, añadió, "estamos de acuerdo en que el ajuste es imprescindible". Un ajuste, apostilló García Retegui, "que viene obligado por el presidente Zapatero, porque la Región de Murcia con su despilfarro ha sobrepasado todos los límites del déficit".

   Tras lo que señaló que Zapatero, en esa comparecencia, indicó también que la decisión sobre qué partidas presupuestarias se recortan era competencia de la Comunidad Autónoma, lo que, según Retegui, viene a decir que "los socialistas no avalamos el recorte a los empleados públicos ni a sus derechos sociales".

   Lo que sí avalamos, concluyó la candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, "es que hay que hacer un ajuste, pero mantenemos ese no al recorte social y salarial de los empleados públicos".

Entrevista de Punset en 'Redes', de TVE 2, al científico murciano Dr. García Olmo

MURCIA.- Nacido en la carretera de Alcantarilla, Damián García-Olmo, profesor titular de Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid y cirujano del Hospital Universitario La Paz, es uno de los científicos españoles que más resultados ha obtenido con el uso de células madre adultas en el tratamiento de diversas enfermedades.

Actual jefe de cirugía y director de la Unidad de Terapia Celular en el  citado Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, pronunció el jueves de la semana pasada en Murcia,  la conferencia  titulada 'Células Madre, cicatrización y cirugía', invitado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia.

Tres días después aparecía en el programa 'Redes', de divulgación científica, en La 2 de TVE, entrevistado por Eduardo Punset, dando una lección magistral sobre el tema gracias a una didáctica muy elaborada de profesor universitario. Se puede visionar 'pinchando' en el siguiente enlace:

http://www.rtve.es/alacarta/la2/#995373

El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la adjudicación de la concesión del aeropuerto de Corvera

MURCIA.- El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la adjudicación del aeropuerto internacional de la Región que se construye en Corvera. En el anteproyecto de su informe, que está todavía en fase de alegaciones, el Tribunal destaca que el proyecto fue adjudicado con «un alza del 43,62% sobre el presupuesto de licitación» y recuerda que esta circunstancia «implica una infracción» del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado, en el que se recoge que, «si alguna proposición económica excede el precio de licitación, debe ser desechada de la mesa», según 'La Opinión'.

El contrato fue adjudicado a la sociedad promotora del proyecto, Aeromur, que desde 2001 había tramitado los permisos y las autorizaciones previas. El Tribunal recuerda que las obras debían estar acabadas el 24 de julio de 2010, pero en marzo del pasado año sólo se habían ejecutado 17,4 de los 148,2 millones que debían haberse gastado hasta entonces, aunque «no consta la concesión al contratista de prórrogas ni de expedientes de suspensión de las obras que pudieran ampliar esta significativa demora».

El Tribunal no ve claro el criterio seguido para adjudicar el contrato a Aeromur, que dio lugar a un recurso contencioso por parte del grupo constituido por Acciona y la firma murciana Hispa Group. En su informe precisa que el presupuesto de licitación incluido en el contrato ascendía a 185 millones de euros, pero fue adjudicado en 265,9 millones. 

Esta diferencia se debió a las previsiones de Aeromur, «realizadas sobre unas estimaciones de demanda potencial de 5,2 millones de pasajeros para la fase inicial y de 14 millones para la ampliación, ambas muy superiores a las que se habían tenido en cuenta en las actuaciones preparatorias del contrato», que eran de 1,5 millones de usuarios anuales en la primera fase y de tres millones en la segunda.

El Tribunal critica este procedimiento y señala que «la adjudicación del contrato para la construcción del aeropuerto con una capacidad muy superior a las necesidades previstas es contraria, además, a los principios de eficiencia, de economía y de racionalidad del gasto público». Concluye que «la adjudicación del contrato con un importe superior al presupuesto de adjudicación es una infracción del artículo 84» del Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Esta decisión tampoco se considera ajustada a los principios de «transparencia, publicidad y objetividad».

Añade que en la adjudicación, obtuvo mejor valoración técnica el otro grupo, mientras que en la valoración económica logró una puntuación más alta Aeromur. El informe considera esto «incongruente» con el retraso del plan de financiación recogido en el contrato, que no pudo llegar a cumplirse debido a los problemas de la concesionaria para conseguir los 200 millones destinados a costear las obras. 

Estas dificultades obligaron a la Comunidad Autónoma a avalar un crédito por este importe en 2010, después de que la obra sufriera un parón de casi un año, «a pesar de que el acuerdo entre el adjudicatario y las entidades financieras fue calificado como «excelente». Aunque el contrato se firmó en julio de 2007, «por diversas circunstancias, entre las que se invoca la crisis internacional, el compromiso de financiación no llegó a materializarse en el plazo máximo de 18 meses», lo que dio lugar a una sanción de 120.000 euros.