martes, 25 de enero de 2011

Zapatero le vuelve a echar un sospechoso cable a Valcárcel

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció este lunes que la Región de Murcia "ha cumplido" con el plan de ajuste, plasmado en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aún a costa de "consecuencias sociales delicadas".

   En cuanto a la intención de la Generalitat de hacer una nueva emisión de deuda, ha recordado que todas las comunidades autónomas tienen que tener autorización del Ministerio de Economía y que las que tengan déficit excesivo deben presentar planes de ajuste, como han hecho Murcia y Castilla-La Mancha.
   Así, ha señalado que Murcia "ha cumplido" y se ha mostrado convencido de que Cataluña también "lo hará", ya que uno de los mensajes centrales de Mas está siendo el de la contención en el gasto. "Y nosotros vamos a colaborar con Cataluña, como con todas las comunidades autónomas", ha añadido.
   Además, ha recalcado que eso será así aunque las comunidades sean de "otro color político" como es hoy Cataluña y como es también Murcia. No obstante, ha puntualizado que luego cada gobierno autonómico decide en qué partidas y en qué políticas recorta. En la misma línea, ha señalado que todas las comunidades autónomas del PP también han aceptado todas ellas los objetivos de déficit.
   En este sentido, Zapatero ha afirmado este lunes que si Cataluña aprueba el plan de ajuste que necesita para reducir su déficit público podrá volver a emitir deuda.
   El jefe del Ejecutivo ha desvelado que esta misma tarde ha hablado con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para fijar fecha para una primera reunión entre ambos, pero no ha desvelado cuándo se celebrará el encuentro.
   Zapatero ha señalado que es "probable" que Cataluña tenga "cierta desviación" y no cumpla el objetivo de déficit para 2010, pero ha asegurado que ello no afectará al cumplimiento del objetivo del conjunto del Estado.
A continuación, CCOO de la Región de Murcia ha declarado en un comunicado que considera "inadmisibles y fuera de lugar" las declaraciones del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las que "nuevamente vuelve a alabar las medidas de recortes adoptadas por el Gobierno regional en la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Para el sindicato, "es inadmisible e impropio de un presidente de un país democrático el que se alaben medidas que son un claro ataque a los derechos sociales y laborales de los trabajadores y un retroceso de la calidad democrática".
   Por todo ello, ha emplazado al PSOE de Murcia a que se manifieste "si comparte o se desmarca de esas afirmaciones, toda vez que parece que Zapatero no sólo ha entendido la letra, sino también la música de la partitura escrita por el Gobierno de Valcárcel y no le desagrada".

IU preguntará si el Ayuntamiento de Murcia "ha percibido 198 millones de convenios urbanísticos de zona norte"

MURCIA.- La concejala de Izquierda Unida en Murcia, Esther Herguedas, ha presentado una moción al Pleno del próximo jueves por la que solicita información sobre "el pago de los 198 millones de euros que debe percibir el Consistorio por la firma de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio".

   En concreto, ha explicado Herguedas en rueda de prensa, esa cantidad "es el resultado de la valoración del aumento de la edificabilidad atribuida a cada uno de los convenios, tasada en 120 euros por metro cuadrado".
   Según la edil, los compromisos se materializan "en una cesión económica, en la construcción de determinadas dotaciones o en ambas cosas, y para todo ello se establecen unos plazos que dependen del desarrollo de los planes parciales a los que da lugar cada uno de esos convenios".
   En este sentido, ha indicado que a fecha de hoy el Ayuntamiento "debería de haber cobrado cerca de 74 millones de euros de un total de 198.293.396 euros, quedando pendiente el resto".
   "Sin embargo, no tenemos información de si se ha cobrado esta cantidad y si los pagos se han realizado en el momento correspondiente, aunque sí sabemos que algunos compromisos, como la entrega del teatro Circo en 2008 o la del campo de golf municipal de Nueva Condomina, no se han materializado, por lo que se estaría incumpliendo los acuerdos establecidos", ha advertido.
   Herguedas también ha pedido en su iniciativa que la información pública sobre los convenios urbanísticos tenga carácter permanente y no se limite solo al momento de su firma, con el fin de cumplir el derecho de la información establecido en la Constitución y la permanente consulta pública a la que se refiere la Ley del Suelo.
   A su juicio, "el posible incumplimiento de sus cláusulas, unido al hecho de algunos de estos convenios están siendo investigados por la fiscalía y podrían derivarse consecuencias jurídicas, son argumentos a tener en cuenta para proceder a una revisión de estos convenios que responden a un modelo urbanístico que ha demostrado su fracaso".

El TSJ Murcia mantiene la imputación al ex alcalde de Totana por nueve delitos

MURCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha acordado mantener la imputación al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, por nueve delitos, entre los que figura el de cohecho, falsedad documental y malversación de caudales públicos, derivados de la gestión de numerosos convenios urbanísticos y otras operaciones en la localidad, en el marco de la operación Tótem, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   Asimismo, en el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado, se decide acordar el sobreseimiento provisional respecto a Juan Marín Bravo, Francisco Sánchez Martínez, Emiliano Ovide, Vicenta García, Enrique Moya, Antonio Cánovas y Matías Navarro, al no existir indicios concluyentes de actuaciones ilícitas.
   En cuanto a los delitos que se le imputan al ex regidor totanero, se desprenden, según el magistrado, de su gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.
   Para que dicha operación llegara a buen puerto, Morales se involucró en la compra de terrenos a través de personas interpuestas, entre ellas su ex mujer, María del Carmen Jordán, por las que obtendría, a cambio, una "sustanciosa" comisión que se documentó como reconocimiento de deuda de la empresa Inmonuar a Nubia Inversiones por un importe superior a tres millones de euros.
   Por otro lado, Morales también se interesó por la venta de unos terrenos de la sociedad municipal Proinvitosa a favor de Gabriel Martínez, de Huevos Maryper; una operación en la que también participó el presidente de la sociedad, José Miguel Martínez, facilitando la aprobación del negocio.
   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.
   Por todo ello, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de diversos delitos. El primero de ellos, el de cohecho, debido a las comisiones que solicitó mediante personas interpuestas en contratos sobre arrendamientos de servicios para la compra de terrenos.
   La Sala entiende, igualmente, que Morales influyó en su condición de alcalde en la aprobación de actuaciones urbanísticas posteriores, por lo que procede a la imputación de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y prevaricación; y que redactó documentos a sabiendas de su falsedad, como la expedición de certificados municipales falsos para facilitar el acceso a España de dos ciudadanas brasileñas, incurriendo en una presunta falsedad documental.
   El ex alcalde totanero, durante su gestión al frente del Consistorio, también intervino en una operación que se realizó entre Huevos Maryper y Smufirt Kappa, según la cual la empresa Proinvitosa renunciaba al derecho preferente de adquisición de terrenos municipales al precio original enajenados a la segunda y adquiridos por la primera en detrimento del patrimonio de la empresa municipal de la que era, en su condición de alcalde, presidente de la Asamblea General de la misma.
   Por ello, la Sala considera que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación.
   Mientras que los delitos de presunta receptación por blanqueo de capitales y de infidelidad en la custodia de documentos se derivan por utilizar el móvil del Ayuntamiento para hacer llamadas particulares a Brasil, y el envío de una cantidad superior a los 150.000 euros a ese país de una procedencia desconocida y la sustracción y apoderamiento de expedientes oficiales del Consistorio que se encontraron en su domicilio y en la gestoría de la que era propietario, junto con su ex esposa.
   Igualmente, sostiene el magistrado que la pareja de Morales cooperó con éste al exportar dinero a Brasil para la adquisición de un inmueble, manteniendo, de este modo, su imputación por la receptación en la modalidad de blanqueo de capitales.
   La Sala considera también que la ex mujer de Morales, así como el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; el director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera; el gerente de Nubia Inversiones, Joaquín Carmona; y su socio, José Antonio Alcántara; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras, incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.
   El magistrado instructor expone que Gabriel Martínez, de Huevos Maryper, intervino en la solicitud de una comisión encubriendo al ex alcalde; hecho constitutivo de un delito de cohecho; y de haber participado también en una operación entre esta empresa y Smurfit Kappa para conseguir la renuncia de los derechos de miembros del Consejo de Administración de Proinvitosa del derecho de adquisición preferente que la empresa tenía sobre los terrenos, incurriendo en un presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos.
   Finalmente, imputa al presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez Soler, los presuntos delitos de fraude, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación por participar, por indicación de Morales, en dar un tratamiento "subrepticio a la solicitud de Kappa y Maryper para adquirir un solar, con pérdida del derecho de adquisición preferente para la sociedad municipal".
   El Ministerio Fiscal y la acusación personada tiene de plazo diez días para formular el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Más de un centenar de personas se concentra a las puertas de Sanidad al grito de "la solución es la derogación"

MURCIA.- Más de un centenar de personas se ha concentrado este martes, convocadas por las organizaciones sindicales UGT, CSI.F, CCOO, Satse, Sterm-Intersindical, ANPE, SAE y SIDI, a las puertas de la Consejería de Sanidad, para protestar por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas al grito de "la solución es la derogación".

   Los manifestantes, empleados públicos y también pertenecientes al sector sanitario, han coreado consignas como 'Palacios, hermosa, trabaja de otra cosa', 'Valcárcel, cariño, los libros de mi niño', 'Valcárcel, guapetón, trabaja de peón', 'Manos arriba, esto es un atraco', así como portado pancartas en las que se podía leer 'No al despilfarro, no a la Fórmula 1', 'Gobierno regional, no nos toquéis los derechos', 'No a las reformas que recortan derechos', y 'La crisis que la paguen los ricos, banqueros y especuladores'.
   Desde CSIF, el presidente del Sector de Comunidad Autónoma, Juan Miguel López, ha explicado que el objetivo de la protesta es "dar a conocer a los ciudadanos los perjuicios de la ley, ya que su calidad se verá repercutida y mermada".
   Por su parte, el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, ha denunciado públicamente que "no se cubren las necesidades asistenciales, que cada vez están más deterioradas, lo que nos arrastra a pensar que lo que se está pretendiendo es privatizar la sanidad, condicionar a que no exista financiación para la misma y entonces, derivarla a una financiación de tipo privada".
   Mientras que el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José López, ha apuntado que con esta nueva concentración "se pone de manifiesto que se continúa con la campaña de movilizaciones", ya que, ha reprobado, este decreto "es injusto e ilegal".
   Es por ello por lo que ha reclamado que "sea derogado y suspendido para poder sentarnos a negociar desde el principio unas medidas consensuadas para poder sacar a la Comunidad de la crisis".

El presidente del Sindicato Médico hace de vocero de Valcárcel tras el trato preferente a este colectivo

MURCIA.- El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, se ha mostrado dispuesto a suavizar e, incluso, "hacer modificaciones", en los recortes contenidos en la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas con la intención de "mejorar su aplicación" en aspectos tales como la disminución de los salarios de los empleados públicos y la ampliación de la jornada laboral.

   Así lo ha hecho saber el presidente del Sindicato Médico de Murcia (CESM), Francisco Miralles, quien ha dicho que Valcárcel "se ha mostrado dispuesto a desarrollar la Ley de forma que puedan ser mejoradas determinadas cuestiones fundamentales para todos los empleados públicos y, especialmente, para los médicos".
   El presidente murciano ha transmitido esta postura a Miralles en el transcurso de la reunión que ha mantenido con el Consejo de la Profesión Médica, conformado por el Colegio de Médicos, el CESM, sociedades científicas, la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y los estudiantes, aunque Valcárcel ha reconocido que el interlocutor que tiene capacidad de negociación es uno de sus integrantes, el Sindicato Médico de Murcia.
   Miralles ha dicho que la Ley de recortes "especifica que los acuerdos sindicales sean derogados", mientras que el compromiso de Valcárcel es que sean "suspendidos o aplazados temporalmente", y que los cambios "no sean estructurales, sino coyunturales".
   Igualmente, Valcárcel ha mostrado dispuesto a revisar la reducción del sueldo habitual al 75 por ciento cuando el empleado público presente una baja por incapacidad temporal, prevista en la Ley, ya que la incapacidad temporal larga "no puede tener un coste económico, evidentemente", alega Miralles.
   El presidente del CESM ha explicado que los permisos y licencias "tendrán que ser en días hábiles, como han sido toda la vida", y que todo lo que afecta a la formación de los profesionales "no puede ser detraído o descontado de las jornadas laborales".
   Por su parte, la reducción de efectivos, según el anuncio de Valcárcel, "va dirigida sólo a aquellos que fueron contratados con las 35 horas de jornada en vigor, y no a aquellos trabajadores de la administración general que fueron contratados con el esquema anterior de 37 horas y media".
   De esta forma, el objetivo es que "no se despida a gente y que los contratados con la nueva jornada, sean trasladados a otras unidades de la Administración regional, tal y como recoge la Ley".
   Además, Valcárcel y el CESM prevén alcanzar acuerdos en la aplicación de la jornada laboral "sin retirar la jornada de 37,5 horas", pero "reconociendo las particularidades del colectivo médico, que no trabaja a turnos, sino en una modalidad diferente a los otros empleados, que sólo tienen que ajustar los turnos". Así, ambas partes han quedado emplazadas a alcanzar un acuerdo en su aplicación.
   Respecto a los temas económicos, Miralles ha dicho que el Gobierno regional "es sensible al recorte económico y salarial de todos los empleados públicos", pero Valcárcel "reconoce que los médicos son  especialmente afectados por ellos", y que "tiene la voluntad de que alcancemos un acuerdo mejorando esos descensos previstos en la Ley".
   Miralles ha confirmado que "no se han especificado las cantidades, pero ambas partes tienen la voluntad de concretar este principio de acuerdo", a cambio del cual, el CESM "estaría aceptando esta Ley que, por otra parte, se hace "porque no hay más remedio que cumplir los requisitos de déficit para que la Comunidad pueda seguir tendiendo liquidez".
   El presidente del CESM ha considerado que Valcárcel "está dispuesto a negociar con todos los sindicatos y hacer extensivas estas medidas a todos los empleados públicos".
   Respecto al calendario de negociación, Miralles ha dicho que han quedado emplazados por la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, para "continuar el diálogo esta misma tarde, porque Valcárcel expresamente quiere que esto no se dilate en el tiempo y las posiciones se concreten en cuestión de días".
   En este sentido, ha ratificado que el CESM continuará la negociación por su cuenta, al margen de la negociación que emprenden el resto de sindicatos. No obstante, ha pedido a otras organizaciones con una sensibilidad parecida a la suya "que se sumen a esta postura y que apoyen las cuestiones generales que el CESM ya tiene compromiso de negociar y, en otras cosas, se sumen a la postura negociadora".
   "Lo mismo que ellos nos piden que nos sumemos a las manifestaciones, nosotros les pedimos que se sumen a la negociación porque los acuerdos se alcanzan mejor", ratificó.
Sin embargo, los sindicatos han criticado el encuentro que ha mantenido esta mañana el presidente de la Comunidad con los miembros del Consejo de la Profesión Médica.
   Según Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Murcia, "se tiende a equivocar que todos los médicos es el sindicato médico, ya que muchos son afiliados a otras organizaciones e incluso han participado en las protestas porque no están contentos con la manera de proceder que está haciendo su organización".
   Por su parte, Juan Miguel López, presidente del Sector de Comunidad Autónoma de CSIF, ha resaltado que las medidas "afectan a todos los empleados públicos", por lo que ha reprobado que "sindicatos favorezcan a un solo colectivo, ya que va en perjuicio del resto de compañeros".
   "Ellos sabrán cuál es su forma de trabajar", ha declarado el secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, quien ha criticado este encuentro al entender que responde a una "forma de proceder en contra de todos los trabajadores". 
"Agradeceríamos que todos estuviésemos juntos", ha concluido.

UPyD dice que el incremento continuo de la deuda plantea "dudas" sobre la viabilidad de Servicio Murciano de Salud

MURCIA.- El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha expresado hoy su preocupación por el incremento de la deuda del Servicio Murciano de Salud (SMS). A su juicio, "la falta de liquidez está llegando a unos límites que hace poner en duda la propia viabilidad de la Sanidad murciana".

   Para Sánchez, "detrás de este problema está la deficiente gestión que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad. El hecho de que la Región de Murcia haya sido una  de las dos Comunidades Autónomas que  ha incrementado el gasto farmacéutico en el pasado año, de hecho lo ha liderado con un aumento del 2 por ciento, es un síntoma de que las cosas no se hacen adecuadamente. Los más de 650 millones de deuda, son una cifra alarmante".
   Para UPyD, continuó, "ciertas decisiones, como centralizar la logística y la distribución se han tomado demasiado tarde". 
Además, "la demora en los pagos convierte a Murcia en la segunda Región más morosa en los pagos a sus proveedores, con un retraso de 617 días, lo que puede provocar que las empresas se planteen su relación con la Consejería de Sanidad", añadió el coordinador regional de UPyD.
   De hecho, insistió Sánchez, "ya hay algunas clínicas privadas que no quieren renovar sus conciertos con el SMS para aligerar las listas de espera".
   "Este panorama es el que nos lleva a pedir desde UPyD que las competencias en Sanidad, sean exclusivas del Estado", concluyó.

lunes, 24 de enero de 2011

Conspiraciones e investigaciones junto al Segura / Apunte de Argárico

Estos días están pasando muchas cosas, demasiadas, en torno a la pirámide de poder que tiene a la Región de Murcia en un puño. El reducido aparato del partido gobernante no termina de controlar a los notables más inquietos e intenta dar una imagen de unidad ya inexistente. Porque esos notables, sin protagonismo actual la mayoría, desea un cambio radical de personas y planteamientos. Ni Valcárcel ni Miguel Ángel Cámara, ni ningún otro en los aledaños de los anteriores. Se busca claramente una ruptura con el presente de sospecha cierta y corrupción rampante y galopante.

Están a la busca, pues, de un nuevo líder e informando de todo lo que pasa, y no vemos los ciudadanos, al mismísimo Mariano Rajoy, quien a día de hoy y, de cara a eventuales acontecimientos, no puede alegar ignorancia aunque por egoismo político personal siga mirando hacia otro lado, como hace en Valencia con un mas que amortizado Francisco Camps, compañero de frascachelas de distración hídrica de nuestro presidente regional. Él sabra a lo que juega con los murcianos por muy tontos que nos considere.

Entre los poderes ocultos que sustentan a nuestro particular sátrapa hay, al menos, división de opiniones. De una parte, los que piensan que el 'caimán' se debe marchar cuanto antes y, de otra, quienes creen que no hay que precipitarse y conviene esperar a después de las próximas elecciones autonómicas. Los primeros se muestran seguros de que Valcárcel ya resta demasiado mientras los segundos se muestran convencidos de que no lo suficiente como para poner en riesgo una eventual victoria electoral aunque pueda ser fuertemente disminuida por el devenir de unos acontecimientos, a desactivar con urgencia y preferencia a cualquier precio.

Un factor está condicionando todos estos planteamientos: la  inesperada decisión parlamentaria unilateral del PP en la Asamblea Regional de arremeter contra las retribuciones salariales y condiciones laborales de los funcionarios autonómicos ha invertido la tendencia en la intención de voto y ésta cae vertiginosamente por primera vez en quince años al descubrirse la verdadera faz, propósitos e intereses del presidente Valcárcel, hasta suponer un riesgo objetivo para esa pirámide de poder que, desde la sombra, lo sustenta a regañadientes.

Para muestra un botón: la prisa en querer negociar con los sindicatos parece tiene mucho que ver con la idea lanzada en asambleas de funcionarios, bien acogida en principio, de retirar las nóminas de Caja Murcia de, al menos, 40.000 de los 55.000 empleados públicos. Y encierra la necesidad vital de frenar en seco la escalada de movilización y protesta callejera, que amenaza con fijar la atención de los electores murcianos sobre una situación vieja pero muy desconocida del gran público, hoy muy castigado por la crisis, la incertidumbre en el empleo e, incluso, el paro familiar. 

El señuelo del agua para todos se ha vuelto en contra de sus guiñoles porque el deterioro en sanidad y educación lo sufre hoy muy directamente la ciudadanía por una gestión de espaldas a ella por orientada al negocio rápido y codicioso de amiguetes y próximos. Lo de Corvera y la Paramount no son más que otros conejos escuálidos de una raída chistera sin magia, sacados a la desesperada para camelo de los últimos bienpensantes o necesitados de esperanza laica.

Pero como fondo de todo ésto hay que registrar una actividad muy discreta que va teniendo lugar desde hace pocos meses en un chalé de los alrededores de Murcia, en el que se conspira permanentemente para derrocar al sátrapa. A esas reuniones regulares acuden miembros muy politizados de la sociedad civil, homologables con casi todo el espectro político y cuyas opiniones afloran por internet desde un determinado soporte de agitación y propaganda, más de personas que de organizaciones o ideologías, tras una necesaria remoción de recursos económicos procurados desde los sectores con más rencor personal.

Esta especie de sanedrín de descontentos, insatisfechos e impotentes frente a la situación freudiana a que se ha conducido a la Región de Murcia por la tripleta familiar Ramón Luis-Carlos-Antonio, lleva intentándolo casi todo sin suerte aparente y ve en las actuales movilizaciones una inesperada palanca con la que remover una realidad mucho más que putrefacta e inoperante, incluso para los originales mentores del sátrapa. 

Hasta la Iglesia de Cartagena se va apartando discreta e inteligentemente de San Esteban como intuyendo tiempos de mudanza mientras las mafias económicas locales huelen el final de una época por agotada y sin salida en lo político y en lo económico. Sólo hay que analizar el comportamiento en los últimos días de los medios de comunicación del sistema para concluir que algo muy importante se ha desatado en Murcia, hasta desistir Valcárcel de su presencia en la clausura del Año Jubilar de la Vera Cruz para agasajar al cardenal Cañizares, todavía protector de Mendoza el de la UCAM frente a las iras vaticanas. Y es que cuando no hay harina...

Dentro del propio Gobierno autónomo ha aflorado igualmente la conspiración, alimentada por los elementos que se ven mejor situados para una eventual e inesperada decisión preelectoral. ¿Marín o Ballesta es el tapado de Egea Krauel tras descartar a Gómez Fayrén? Mientras, algunos de los hasta ahora más leales, como María De Pedro Reverte, se recelan que van a ser utilizados como moneda de cambio para aplacar a una calle muy agitada todavía. 

Desde este órgano autonómico ejecutivo alguien viene también informando a Génova 13 de la derrota emprendida por un presidente muy desconectado hoy de la realidad circundante y ha convencido a gran parte del poder económico regional más destacado de que al 'muñeco' no le queda mas recorrido. El único aliado que le va porfiando es el beneficiado constructor Miguel del Toro, presidente de la CROEM, animado por los 'especiales detalles', hoy bajo escrutinio de la Justicia, que va teniendo Valcárcel con él a través del oportunista consejero Sotoca.

Valcárcel se sabe rodeado de traidores, con mayor o menor intensidad, con la única excepción de su sobrino político Pedro Alberto Cruz, lanzado al estrellato en los últimos días y su 'delfín' cada día más claro, consciente de que su etapa como presidente está llegando a su fin y antes de que una revuelta palaciega le deponga y pierda el control sobre su propia sucesión, que sabe cercana aunque no inminente. Resistirá hasta quedar convertido en más histrión todavía de como ha aparecido en televisiones nacionales la semana pasada.

Todo lo acontecido en los últimos días no parece, pues, solamente obra de la casualidad, mascando lo que se masca entre bastidores a raíz del sospechoso comportamiento de la consejera de Hacienda, Inmaculada García, como detonante de una situación primigenia y sus extrañas relaciones en Madrid con las actuales autoridades de Economía y Hacienda, departamento de la que ella es precisamente funcionaria en excedencia. La soga la ha procurado esta mujer,  sabiendo como sabe, que de no haber autoinmolación actuará el verdugo montañés. Y esperando también su recompensa de Elena Salgado, más que estrecha colaboradora de Rubalcaba al igual que la Chacón.

Una duda sobrevuela toda esta situación y es la actitud de la Judicatura murciana frente a las presuntas fechorías de un presidente en apuros. Las relaciones de vecindad en Gran Vía 9 y amistad personal del magistrado Andrés Pacheco, recientemente confirmado por el Consejo General del Poder Judicial en su cargo de presidente de la Audiencia Provincial, con Valcárcel son conocidas y son seguidas con mucho interés estos días, no precisamente de vino y rosas para nadie, ante el apagón informativo de todo lo relacionado con 'Trampolín Hills'.

Se sabe que la jueza encargada de instruir el caso de lesiones, que no atentado, al consejero Cruz está indignada con la Policía al mando del delegado del Gobierno, el socialista Rafael González Tovar, por mandarle a un detenido sin pruebas ni siquiera indicios, lo que ha facilitado al propio ministro del Interior, el célebre Rubalcaba, ordenar una investigación desde Madrid con brigadas especializadas y muy escogidas. Se espera que de esas actuaciones deriven acontecimientos mucho mas que sonados en las actuales circunstancias de no correr antes el agua por el Segura, con o sin entubamientos. Ahora veremos cuál es la actitud seguida por la Fiscalía que comanda el, cada vez, más increíble Manuel López Bernal,  veo que muy escocido, entiéndase precavido, por su histórica experiencia personal-profesional.

El 'delfín' Cruz insiste en convertir en convencimiento colectivo su versión de unos hechos de los que no hay más testigos mientras ha sido la hija del delegado del Gobierno, la diputada regional, María González Veracruz, la que con un oportuno artículo sobre el supuesto derroche del consejero Cruz, ha dado pié a cargar sobre la izquierda, y más concretamente, sobre su compañera de partido y candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Begoña García Retegui, todas las culpas de un supuesto atentado, cada vez más improbable, justo cuando las encuestas hacen bajar cinco puntos de golpe la intención de votar al sátrapa.

Las cosas parece que han salido mal para los presuntos muñidores y ahora sólo se espera las consecuencias de la reacción de Rubalcaba y el sector del Gobierno central que apoya a Retegui. No habrá que descartar el cese de González Tovar por mas que la supuesta estrategia pasase por pedir desde el PP su dimisión para así preservarlo de una mas que segura destitución por traidor a su propio partido, a su ministro y al Gobierno que representa. 

El dardo envenenado iba por elevación para el propio ministro del Interior y parece que en Murcia ese veneno lo procuró alguien llegado de Madrid, -¿Pedro Saura?- como envío personal del ministro José Blanco, ese gallego taimado que cada poco viene por Murcia a apuntalar a Valcárcel con falsas promesas de AVE y aeropuertos inviables por orden del poderoso empresario murciano Luis del Rivero, un privilegiado contratista del Ministerio de Fomento y gran beneficiario del aval de 200 millones de euros librado por Valcárcel para la construcción de ese aeropuerto, que se sabe ruinoso de antemano. Así se escribe la Historia.

Cospedal apuesta por suprimir los canales de televisión autonómicos

MADRID.- La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido una racionalización del Estado de las autonomías para reducir gastos innecesarios que ejemplificó en las televisiones públicas, donde apostó por suprimir las autonómicas y remitirlas a las nacionales.

En una entrevista en la Cadena Ser, Cospedal ha afirmado que ella quiere privatizar la televisión pública de Castilla-La Mancha, que, anunció, "va a dejar de funcionar". Desde su punto de vista, "no hay dinero" y, por tanto, "hay que ir a lo importante" y hacer un "esfuerzo de ahorro y racionalización".
Así, abogó por "racionalizar todo lo que se pueda" y "podar todo lo que haya que podar, todo lo que sobre o sea innecesario superfluo". Algo que, aclaró, no tiene por qué significar un "retroceso de las competencias de las comunidades autónomas", sino que "el Estado tiene que cumplir su función", porque no puede ser que "cuanto más autonomista se es, menos Estado existe".
Además, señaló que hablar de 17 defensores del pueblo o 17 consejos consultivos es "algo muy duro con la que está cayendo". Por eso, se mostró partidaria de "dar posibilidades legales para volver atrás" en algunas competencias que han sido trasvasadas", por ejemplo las citadas televisiones autonómicas. Esto no supone, a su juicio, un debate centrado en "autonomías sí, autonomías no", sino el reconocimiento de que "ya se terminó la fiesta, no somos millonarios y no podemos vivir como millonarios".

Recapitalizar las cajas de ahorro españolas mejorará la credibilidad, según Moody's

LONDRES.- Las medidas anunciadas de una nueva ronda de recapitalización de las cajas de ahorro españolas, que esta misma semana podrían recibir un nuevo impulso, contribuirán a mejorar la percepción del propio riesgo de la deuda pública española, dijo el lunes la agencia de calificación Moody's Service. 

"Si cualquiera de las medidas que todavía tienen que ser especificadas tienen éxito en restaurar la confianza del mercado en las cajas, esto también contribuiría a mejorar la percepción del mercado sobre el perfil crediticio del propio Estado, ahora lastrado por la continua preocupación sobre las deudas del sector financiero", explicó la agencia Moody's.
El Gobierno español tiene previsto acelerar esta semana las medidas anunciadas el viernes para avanzar en la reestructuración de las cajas de ahorro con el fin de reforzar su solvencia y aumentar su transparencia ante la inquietud de los mercados sobre su situación.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo el domingo en un acto del PSOE en Guadalajara que uno de los objetivos de la recapitalización de las cajas era reactivar el flujo crediticio hacia familias y empresas.
"Ese es el objetivo de la reforma que vamos a impulsar, que vamos a acelerar esta semana", manifestó Rubalcaba.
Según la agencia Moody's, la estrategia del Gobierno hasta el momento ha sido el reconocimiento gradual de pérdidas en un plazo más prolongado, dando a las cajas tiempo suficiente para provisionar las pérdidas con fondos procedentes de una cuenta de resultados relativamente resistente.
Para Moody's esta estrategia ha demostrado ser insostenible, debido a que ha revelado la dependencia que tienen los bancos de la financiación del Banco Central Europeo (BCE) y amenaza con socavar la percepción crediticia de la deuda soberana.
En cambio, la nueva estrategia del Gobierno apunta a que el foco se está centrando hacia un reconocimiento de las pérdidas potenciales y a una inmediata recapitalización.
Para Moody's el éxito de estas medidas para restaurar la confianza del mercado (y potencialmente atraer el capital privado) depende de que esta recapitalización sea lo suficientemente amplia para eliminar cualquier tipo de riesgo residual significativo principalmente de la cartera crediticia inmobiliaria y de construcción.
El Ministerio de Economía ha convocado una rueda de prensa para las 18.00 horas del lunes a la que asistirán la ministra de Economía, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa que, según una fuente oficial del ministerio, tratará sobre el sistema financiero.
La agencia Moody's contempla en su escenario central unas necesidades de capital de al menos 17.000 millones de euros para las cajas y de hasta 89.000 millones de euros en un horizonte más adverso si se trabaja con hipótesis de ratios de capital Tier-1 del 8 por ciento.
La recapitalización permitiría a las cajas llegar reforzadas a las nuevas pruebas de resistencia europeas que se realizarán antes de finales de mayo y que se prevén más estrictas que las realizadas el año pasado, donde solo hubo siete entidades que no pasaron los tests, cinco de ellas cajas españolas.
Hasta ahora, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha comprometido ayudas a las cajas por valor de 11.600 millones de euros pero las nuevas exigencias del Banco de España en cobertura de riesgo inmobiliario y los requisitos de capital de Basilea III requerirán mayores fondos a las entidades.
En la actualidad el FROB ayuda a las entidades en problemas mediante préstamos, pero el propio organismo reconoció en un documento de la semana pasada que entre las posibles actuaciones para reforzar la solvencia de las cajas se contempla permitir la entrada temporal del Estado de manera directa en su capital.
Para Moody's, la nueva ronda de recapitalización en estas entidades podría obligar a los gobiernos regionales a ceder poder de control sobre las cajas y aceptar estructuras de capital privado en las cajas.
"El riesgo que esto acarrea es que está supeditando estas decisiones de recapitalización al enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, una disputa que ya se ha visto en la implementación de las medidas de austeridad entre dos instancias de gobierno", según Moody's.
Esta disputa podría haber además impedido una reestructuración más drástica de las cajas hasta el momento.
"Si los recientes anuncios son el indicio de un gobierno central más resolutivo con voluntad de tomar medidas decisivas, entonces una recapitalización y una reestructuración podrían en última instancia restaurar la confianza del mercado", agregó Moody's.
Según indicó este fin de semana la prensa, el Banco de España presiona al Gobierno para que obligue a todas las cajas de ahorro a bancarizarse por completo, convirtiéndose en fundaciones que cedan todo su negocio a bancos de nueva creación y no puedan optar, como permite actualmente la ley, a seguir como entidades de crédito propietarias de un banco.

Los sindicatos convocan este martes la séptima manifestación contra los recortes

MURCIA.- Los ocho sindicatos que componen el Comité de Crisis contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas -SATSE, UGT, CCOO, CSI-F, Sterm Intersindical, Anpe Murcia, Sidi y SAE- han convocado este martes la séptima manifestación en protesta por la normativa desde que fue aprobada el pasado 23 de diciembre por la Asamblea Regional.

   En concreto, la manifestación partirá a las 18.00 horas desde la plaza de la Fuensanta de Murcia y recorrerá la Gran Vía hasta llegar a la Consejería de Economía y Hacienda. Los participantes realizarán el trayecto en silencio, portando velas, vistiendo de luto y sin pancartas ni anagramas, con la intención de que "se entierre, definitivamente, la Ley de Medidas Extraordinarias".
   Para ello, los sindicatos convocantes piden a los asistentes que, atendiendo al sentir de la manifestación, vayan de negro y traigan su propia vela con el fin de iluminar toda la Gran Vía de capital murciana. Al finalizar, los participantes realizarán una sentada y guardarán silencio.
   Ante la petición de la Comunidad, que propuso modificar el itinerario, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha decidido mantener el itinerario previsto inicialmente por los convocantes para la manifestación de este martes, día 25, contra los recortes del Gobierno regional, de forma que discurrirá por la Gran Vía de la capital, pasando por delante del domicilio particular del presidente Ramón Luis Valcárcel.
   Previamente, los ocho sindicatos que representan a los empleados públicos de la Región de Murcia mantendrán una reunión este martes, a las 16.00 horas, con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, con la intención de abrir un proceso de diálogo en torno a la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
   El encuentro tendrá lugar dos horas antes de la séptima manifestación convocada por los ocho sindicatos que integran el Comité de Crisis contra la Ley, a las 18.00 horas, que se desarrollará "tal y como estaba previsto" sin sufrir modificación alguna como consecuencia de la reunión, según ha informado el secretario general de CCOO Región de Murcia, Daniel Bueno.

CCOO llama a la participación "masiva" en la manifestación de este martes contra los recortes del Gobierno regional

MURCIA.- CCOO de la Región de Murcia ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores del sector público regional y a la ciudadanía en su conjunto para que participen, de manera "masiva", en la manifestación de este martes en contra de los recortes laborales y sociales contemplados en la Ley de Medidas Extraordinarias aprobada por la Asamblea Regional el pasado 23 de diciembre. 

   Al respecto, el sindicato ha recordado que la ley de recortes "no sólo es lesiva en cuanto a las condiciones laborales y derechos sociales de los empleados públicos, sino que repercutirá de manara muy negativa en la calidad del servicio público que presta la Administración, en especial en las áreas de educación, sanidad y servicios sociales". 

   Asimismo, ha subrayado que los últimos movimientos del Gobierno, convocando a reunión a los sindicatos, "obedecen a la movilización y presión sostenida que se viene sucediendo desde el pasado 22 de diciembre"; por lo que la participación masiva en la manifestación de mañana "es fundamental como apoyo al inicio de cualquier proceso de negociación".

También el Foro Ciudadano


"Los acontecimientos se han precipitado de forma acelerada e imprevisible en las últimas semanas. Nadie podía prever -ni los sindicatos, ni el gobierno regional, ni la oposición, ni la prensa- que la aprobación de la Ley de Valcárcel que imponía recortes sociales y salariales a los empleados públicos iba a desencadenar el más importante conflicto social de los últimos 15 años. Y lo que es aun más importante, en un momento en que el PP murciano carece de alternativa creible y en una fase de ascenso para su partido a nivel del Estado, que el hegemónico poder del PP iba a verse cuestionado en la región", reza una convocatoria del Foro Ciudadano.

"Porque el conflicto de los empleados públicos ha logrado lo que nada ni nadie antes había conseguido: no sólo que la izquierda se haya apropiado por fin de la calle despues de tanto tiempo, sino visibilizar la responsabilidad que tiene el gobierno regional en buena parte de las cosas que nos ocurren en el ámbito público a los ciudadanos de Murcia. Un velo de ignorancia interesada y eficazmente construido ha caido de golpe y ahora se dejan ver las vergüenzas de quienes han logrado con éxito hacernos creer por muchos años que de nada eran responsables. No todo se ha logrado, ni todo ha cambiado así, subitamente, pero una parte muy importante de la ciudadanía ha entendido y ha cambiado su percepción (he calculado que la influencia de los 52.000 empleados públicos alcanza a una cifra máxima de habitantes de la región que puede estar en la tercera parte del total: aun quedarían dos tercios que estarían instalados en el viejo paradigma conservador).

Hay un filosofo francés de izquierdas, Alain Badiou, que elaboró el concepto de "acontecimiento". Según él existen hechos y situaciones inesperadas que por su singularidad alcanzan a tener la fuerza de subvertir la hegemonía o sistema de creencias, desvelando de forma súbita e impredecible lo que estaba invisibilizado, pues todo orden o estructura es más precario de lo que parece y encierra dentro de sí virtualidades negadas que pueden irrumpir abriendo posibilidades alternativas, y con ellas una ampliación del horizonte de lo posible. Yo creo que lo que está ocuriendo en Murcia estas semanas es un verdadero acontecimiento en el sentido de Badiou.

Desde la última y sorprendente por lo masiva, manifestación, han ocurrido muchas cosas: la agresión a Cruz, la culpabilización hacia toda la izquierda de ella, el debate nacional sobre los sucesos de Murcia, la cita a los sindicatos para la negociación, que deben ser vistos como intentos de quebrantar la unidad y la fuerza de las movilizaciones...Si la estrategia de Valcárcel y su gobierno ha logrado sus objetivos lo veremos mañana martes. Por eso es tan importante que la manifestación sea un éxito aun mayor que las anteriores. Y que los sindicatos y los empleados públicos se mantengan firmes en sus reivindicaciones hasta que el gobierno regional rectifique.

Pero también tenemos que tener claro que lo que nos jugamos colectivamente es mucho más de lo que representa un conflicto laboral: es todo un régimen político, una manera de gobernar y de hegemonizar la sociedad, es toda una interpretación de la realidad la que se está cuarteando ante nuestro ojos. Y tenemos que lograr que decline definitivamente. Todos tenemos que estar mañana allí, participando y haciendo posible el acontecimiento, en esa coordenada del tiempo y del espacio (18.00h. Plaza de la Fuensanta) en la que se esta decidiendo el futuro de la región", concluye el Foro en su convocatoria.

El Gobierno exigirá mayor capitalización a las cajas de ahorros y nacionalizará las que no cumplan

MADRID.- El Gobierno exigirá una mayor capitalización a bancos y cajas de ahorros y ayudará temporalmente con fondos públicos a las que no puedan conseguir capital privado en los mercados de aquí a septiembre, anunció este lunes la ministra de Economía española, Elena Salgado. 

El gobierno español fijó hoy en algo menos de 20.000 millones de euros (27.275 millones de dólares) las necesidades para sanear su sistema financiero y anunció una reforma que prevé nacionalizar bancos y cajas de ahorro si no cumplen con nuevos y más exigentes criterios de solvencia. 

La ministra de Economía, Elena Salgado, adelantó las líneas maestras de un plan con el que el que España pretende devolver la calma a los mercados y recuperar credibilidad en el sector de sus cajas de ahorro, cuya solvencia está en entredicho por su exposición al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
"Tenemos que garantizar la confianza en nuestro sector financiero, que hemos tenido y que tenemos que preservar", dijo Salgado en una rueda de prensa extraordinaria. "El objetivo último es garantizar la canalización del crédito hacia las familias y las empresas, y la financiación que acompañe al crecimiento y la creación empleo".
Salgado afirmó que se fijará para todas las entidades un capital básico mínimo del 8% en comparación con el 6% actual. Este ratio mide las reservas y el capital del que un banco puede disponer de forma inmediata frente al valor de las deudas a las que hace frente por sus operaciones.
La media de capital básico del sistema financiero español es del 8,5%, según los últimos datos disponibles, dijo Salgado.
La ministra de Economía explicó que todas las entidades tendrán hasta el próximo septiembre para cumplir el ratio de capital básico que marque el Banco de España, buscando recapitalizarse de forma privada.
Si no lo hacen, el gobierno podrá nacionalizar parcialmente dicha entidad mediante la compra de acciones ordinarias, durante un periodo máximo de cinco años.
Además, se contempla que si las que necesitan ese dinero público son cajas de ahorro, el ejecutivo les obligará a transformarse en bancos.
 El Ejecutivo ha detectado que las entidades financieras españolas necesitan actualmente un monto "no superior a los 20.000 millones de euros", tras un cálculo del Banco de España.
Por eso está elaborando un plan para que cubran estas necesidades y al mismo tiempo "poder restaurar la confianza" en las entidades financieras españolas "eliminando en el mercado cualquier duda" sobre su solvencia, explicó Salgado en conferencia de prensa.
Las nuevas normas permitirán "garantizar la canalización de crédito hacia la economía" española, en un momento en que las necesita, y que "la financiación acompañe al crecimiento y la creación de empleo", ahondó.
"La solvencia de nuestro sistema es notable" y "queremos transmitirla a los agentes internacionales, que conocen menos en profundidad nuestro sistema financiero y de cajas" de ahorros, explicó en referencia a estas últimas entidades, que no cotizan en bolsa y que quedaron fuertemente debilitadas por la crisis.
El Gobierno aumentará el mínimo de 'core capital' o capital básico de bancos y cajas y lo fijará en el "8% para todas las entidades financieras"; éste "podrá ser superior para las que no cotizan" en Bolsa, es decir, las cajas de ahorros, anunció.
Con este requisito "todas las entidades podrán superar los stress test" o pruebas de resistencia exigidas por la Unión Europea (UE), explicó.
Para buscar ese capital básico, las entidades podrán "encontrarlo en el mercado", como está previsto en la ley de reforma de cajas de ahorros aprobada por el Ejecutivo español el año pasado, y para ello tendrán de plazo hasta el mes de septiembre, detalló.
En septiembre "el Banco de España determinará qué entidades no tienen el capital requerido ni una perspectiva razonable de alcanzarlo, y en ese caso, el Gobierno autorizará al FROB a invertir de manera temporal en esas entidades", anunció, en referencia al fondo público que ayudó el año pasado a las cajas.
El FROB invertirá "comprando acciones ordinarias en condiciones de mercado y de acuerdo a la ley europea", apuntó.
La ayuda de este fondo público "tiene un horizonte temporal limitado nunca superior a cinco años", según la ministra, que subrayó que "en caso en que el FROB deba invertir en forma de acciones ordinarias, se exigirá que sea a un banco", es decir, que las cajas con necesidad de fondos del FROB deberán emitir acciones por "el 100% de los activos y pasivos bancarios".
El gobierno español lleva meses reordenando las cajas de ahorro, que en los últimos meses se han reducido de 45 a 17 gracias a varias fusiones. Además, ha invertido cerca de 20.000 millones de dólares en la recapitalización de este sector a través de un fondo público conocido como FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
Salgado agregó que los 27.275 millones de dólares necesarios para sanear el sistema financiero no serán íntegramente costeados por el gobierno a través del FROB y que la cantidad de dinero público dependerá de la aportación privada.
El plan del gobierno será presentado y enviado al parlamento a lo largo de febrero como un decreto legislativo.
España ha comenzado una leve recuperación económica tras dos años de profunda recesión, pero su tasa de desempleo, cercana al 20%, sigue siendo una de las más altas de Europa. Además, una crisis de deuda obligó el año pasado al gobierno a poner en marcha diversas medidas de austeridad para corregir el déficit público y despejar dudas sobre su solvencia.
 El Gobierno español aprobará estas medidas por decreto en febrero, precisó.

La Oficina de Patentes firma un convenio con Navantia para promover la propiedad intelectual

MADRID.-   La subsecretaria de Industria Turismo y Comercio y presidenta de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Amparo Fernández, y el  presidente de Navantia, Aurelio Martínez, han firmado un convenio de colaboración para  fomentar la cultura de Propiedad Industrial que desemboque en un aumento del número de solicitudes de patentes y por ende en una mayor protección de las innovaciones tecnológicas desarrolladas en un sector de tanta tradición en España como es el sector naval, informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

   El convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación que ayude a facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la utilización de los derechos de propiedad industrial por parte de Navantia, una compañía muy activa en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
   Las acciones previstas en el convenio prevén profundizar en el conocimiento y metodología de la propiedad industrial que se traduzca en un aumento de patentes que protejan eficazmente los resultados de I+D+i de la compañía.
   Navantia es la empresa española líder del sector de la construcción naval militar y contratista principal de la Armada Española. Sus actividades, entre otras, incluyen la construcción de buques militares de última generación y de un alto nivel tecnológico, así como sistemas de combate y control de plataforma.
   Esta actividad tecnológica requiere un nivel de protección complejo que aumenta con el nivel de colaboraciones externas que se dan en este tipo de organizaciones y que se materializa en una sólida y creciente cartera de patentes.
   El convenio se desarrolla en el marco de la política de la OEPM de apoyo a las empresas españolas. De hecho, este tipo de convenio  podría generar actuaciones futuras con otras empresas tecnológicamente desarrolladas a las que se preste apoyo en materia de propiedad industrial.
   La Oficina Española de Patentes y Marcas, Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de Propiedad Industrial mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones), diseños industriales (creaciones de forma) y marcas y nombres comerciales (signos distintivos).

La aseguradora AXA se enfrenta al SIP de Caja Murcia por la marca 'Mare Nostrum'

MADRID.- La aseguradora AXA, que es la actual propietaria del distintivo Mare Nostrum desde 1985, se opone a que el SIP de Caja Murcia, Caixa Penedès, Sa Nostra y Caja Granada utilice esta denominación.

De momento, estas entidades cuentan con una autorización provisional para utilizar el distintivo a la espera de la resolución final que tardará varios meses en llegar, según apunta Expansión.

Por otra parte, el fondo de capital riesgo Permira y la aseguradora Axa habrían ofrecido 500 millones de euros para hacerse con Opodo, el portal de viajes propiedad de Amadeus.

Según Financial Times, la intención es la fusionar Opodo con eDreams y Go Voyages, para crear así el mayor portal de viajes de Europa y desafiar así a Expedia y Orbitz.

Cabe recordar que hasta que se unieron para hacer una oferta conjunta por Opodo, Permira y Axa han estado compitiendo por la adquisición de agencias europeas de viajes en Internet de tamaño medio.

Islandia: la revolución silenciada / Anónimo


Recientemente nos han sorprendido los acontecimientos de Túnez que han desembocado en la huida del tirano Ben Alí, tan demócrata para occidente hasta anteayer y alumno ejemplar del FMI. Sin embargo, otra “revolución” que tiene lugar desde hace dos años ha sido convenientemente silenciada por los medios de comunicación al servicio de las plutocracias europeas.  

Ha ocurrido en la mismísima Europa (en el sentido geopolítico), en un país con la democracia probablemente más antigua del mundo, cuyos orígenes se remontan al año 930, y que ocupó el primer lugar en el informe de la ONU del Índice de Desarrollo Humano de 2007/2008. ¿Adivináis de qué país se trata? Estoy seguro de que la mayoría no tiene ni idea, como no la tenía yo hasta que me he enterado por casualidad (a pesar de haber estado allí en el 2009 y el 2010). 

Se trata de Islandia, donde se hizo dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica: a golpe de cacerola, gritos y certero lanzamiento de huevos. Esta ha sido una revolución contra el poder político-financiero neoliberal que nos ha conducido hasta la crisis  actual. 

He aquí por qué no se han dado a conocer apenas estos hechos durante dos años o se ha informado frivolamente  y de refilón: ¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran ejemplo? Y de paso confirmamos, una vez más por si todavía no estaba claro, al servicio de quién están los medios de comunicación y cómo nos restringen el derecho a la información en la plutocracia globalizada de Planeta S.A.

Esta es, brevemente, la historia de los hechos:


  • A finales de 2008, los efectos de la crisis en la economía islandesa son devastadores. En octubre se nacionaliza Landsbanki, principal banco del país. El gobierno británico congela todos los activos de su subsidiaria IceSave, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. A Landsbanki  le seguirán los otros dos bancos principales, el Kaupthing  el Glitnir. Sus principales clientes están en ese país y en Holanda, clientes a los que sus estados tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivale a varias veces su PIB. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota.



  • El gobierno solicita oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos.



  • Las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik  van en aumento. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después, las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir  H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno (y único que yo sepa) que cae víctima de la crisis mundial.



  • El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva Primera Ministra Jóhanna  Sigurðardóttir.



  • A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del PIB del 7%.



  • Mediante una ley ampliamente  discutida en el parlamento se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todos las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el Presidente, Ólafur  Ragnar  Grímsson, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.



  • En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica.



  • El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda.



  • A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol  dicta una orden internacional de arresto contra el ex-Presidente del Kaupthing, Sigurdur  Einarsson.



  • En este contexto de crisis, se elige una asamblea constituyente el pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La asamblea constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.



  • Y para terminar, otra medida “revolucionaria” del parlamento islandés: la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación (Icelandic  Modern  Media Initiative), un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información donde se protegan  fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística; el infierno para EEUU  y el paraíso para Wikileaks.



  • Pues esta es la breve historia de la Revolución Islandesa: dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura  de la constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión. 

    ¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos? ¿Se ha comentado en las repugnantes tertulias radiofónicas de politicastros de medio pelo y mercenarios de la desinformación? ¿Se han visto imágenes de los hechos por la TV? Claro que no. Debe ser que a los Estados Unidos de Europa no les parece suficientemente importante que un pueblo coja las riendas de su soberanía y plante cara al rodillo neoliberal. 

    O quizás teman que se les caiga la cara de vergüenza al quedar una vez más en evidencia que han convertido la democracia en un sistema plutocrático  donde nada ha cambiado con la crisis, excepto el inicio de un proceso de socialización  de las pérdidas con recortes sociales y precarización  de las condiciones laborales. 

    Es muy probable también que piensen que todavía quede vida inteligente entre sus unidades de consumo, que tanto gustan en llamar ciudadanos, y teman un efecto contagio. Aunque lo más seguro es que esta calculada minusvaloración informativa, cuando no silencio clamoroso, se deba a todas estas causas juntas.

    Algunos dirán que Islandia es una pequeña isla de tan sólo 300.000 habitantes, con un entramado político, económico y administrativo mucho menos complejo que el de un gran país europeo, en el que es más fácil organizarse y llevar a cabo este tipo de cambios. Sin embargo es un país que, aunque tienen gran independencia energética gracias a sus centrales geotérmicas, cuenta con muy pocos recursos naturales y tiene una economía vulnerable cuyas exportaciones dependen en un 40% de la pesca. 

    También los hay que dirán que han vivido por encima de sus posibilidades endeudándose y especulando en el casino financiero como el que más, y es cierto. Igual que lo han hecho el resto de los países guiados por un sistema financiero liberalizado hasta el infinito por los mismos gobiernos irresponsables y suicidas que ahora se echan las manos a la cabeza . Yo simplemente pienso que el pueblo islandés es un pueblo culto, solidario, optimista y valiente, que ha sabido rectificar echándole dos cojones, plantándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo.

    El país ya iniciado negociaciones para entrar en la Unión Europea. Espero, por su bien y tal y como están poniéndose las cosas en el continente con la plaga de farsantes que nos gobiernan, que el pueblo islandés complete su revolución rechazando la adhesión. Y ojalá ocurriera lo contrario, que fuera Europa la que entrase en Islandia, porque esa sí sería la verdadera Europa de los pueblos.

    El nuevo gobierno de Túnez enfrenta más protestas y una huelga de maestros


    TÚNEZ.- Miles de manifestantes exigieron este lunes la dimisión del gobierno de transición, llegando a enfrentarse con la policía ante la sede del primer ministro, mientras los maestros cumplían una huelga, acatada masivamente en todo el país, para apoyar el movimiento. 

    Una gran tensión reinaba este lunes delante de las oficinas del primer ministro donde se produjo el enfrentamiento entre policías y manifestantes, mientras la vuelta a clases de la escuela primaria estaba comprometida por una huelga de los maestros.
    Los manifestantes, que exigen desde hace una semana la dimisión del gobierno de unión nacional del que forman parte varias figuras del régimen de Ben Alí, vieron una vez más aumentar sus filas.
    De unos cientos al alba, pasaron a ser miles en las primeras horas de la tarde -"entre 3.000 y 5.000", según un militar- los que protestaban en la explanada de la Kasbah, cerca del palacio en el que se encuentra el despacho del primer ministro tunecino, Mohamed Ghanuchi.
    Otras manifestaciones, a las que se unieron los estudiantes secundarios, desfilaron por la avenida Habib Burguiba, la principal arteria de la capital.
    En la mañana de este lunes, los policías antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que les arrojaron piedras y otros objetos delante de las oficinas del primer ministro.
    Los incidentes se produjeron cuando la policía trataba de evacuar a funcionarios desde la sede del Gobierno.
    El incidente fue breve pero la tensión era importante en la gran explanada donde los militares parlamentaban con los manifestantes para tratar de calmarlos.
    Las puertas del palacio de la sede del Gobierno estaban estrechamente protegidas por militares. Los accesos a la Kasbah fueron cerrados mediante alambradas y cordones del ejército y la policía.
    Más tarde, un grupo de manifestantes destruyó un automóvil de la policía vacío en una calle vecina, después de perseguir a personas que habían confundido con miembros del gobierno que entraban en un edificio oficial.
    Cada vez, los militares, muy populares en Túnez por haberse negado a disparar contra los manifestantes antes de la caída de Ben Alí, los protegieron haciendo barrera con sus cuerpos entre manifestantes y policías. La calma volvió poco a poco.
    Ante las manifestaciones para pedir su dimisión, el Gobierno parecía contar con un agotamiento del movimiento y trataba de poner en marcha el país.
    La semana pasada, el Gobierno de transición había decretado el reinicio de las clases para la enseñanza primaria y para los alumnos de los últimos cursos de segundaria.
    Pero el sindicato de maestros llamó a una "huelga ilimitada" para exigir también la dimisión del Gobierno. La consigna era acatada este lunes por casi todos los maestros tunecinos, según dirigentes sindicales del sector.
    "Según nuestras informaciones, el movimiento es seguido a 90-100% en todo el país. Sólo hay escasos casos de enseñantes no huelguistas", afirmó el secretario general sindicato nacional de docentes de la primaria, Hfayed Hfayed.
    Este lunes, el Gobierno no había comentado la amplitud del movimiento de los docentes.
    El domingo, los manifestantes de la capital habían recibido el refuerzo simbólico de la población del interior que provocó la caída del régimen de Ben Alí.
    Desafiando el toque de queda, vigente entre las 20.00 y las 05.00, cientos de manifestantes durmieron en la explanada de la Kasbah, abastecidos de alimentos y bebidas por los habitantes del vecindario, bajo la vigilancia del ejército.
    "Nos vamos a quedar aquí hasta que este gobierno dimita y huya como Ben Alí", declaró Othmene, de 22 años, un estudiante tunecino miembro de la Unión General de Estudiantes de Túnez (UGET).

    El TSJ de Murcia no modifica el itinerario inicial de la manifestación de los sindicatos para este martes

    MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha decidido mantener el itinerario previsto inicialmente por los convocante para la manifestación de este martes, día 25, contra los recortes del Gobierno regional, de forma que discurrirá por la Gran Vía de la capital, pasando por delante del domicilio particular del presidente Ramón Luis Valcárcel.

       De este modo, deja sin efecto la orden que obligaba a la Delegación del Gobierno a modificar el itinerario de la protesta y levanta la medida provisional que se adoptó en el auto del pasado 21 de enero, según ha informado el TSJ en un comunicado.
       Según el auto dictado, se entiende que "no concurren circunstancias de entidad suficiente como para mantener la medida provisionalísima" que se adoptó previamente, ya que es competencia y responsabilidad de la Delegación del Gobierno, añade, "el mantenimiento del orden público a cuyo fin se ha acreditado la adopción de medidas preventivas específicas".
       También considera que se tiene que tener en cuenta que del "buen orden de las reuniones y manifestaciones" serán responsables los organizadores, quienes, en todo caso, "deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas" y que no se produzcan incidentes.
       Asimismo, ha admitido el recurso opuestos por el Abogado del Estado y demás partes codemandadas --UGT, CCOO y Sterm-- ordenando, así, que se continúe el procedimiento por los trámites especiales de protección de derechos fundamentales.
       La razón se encuentra en que la Comunidad, según la Sala, "no es promotora de la manifestación", por lo que carece de legitimación. Sin embargo, apunta que en lo que respecta a los derechos fundamentales cuya protección se invoca, "se afirma que la legitimación no correspondería a la Comunidad, sino a su presidente de forma personal".
       En los razonamientos jurídicos, la Sala explica que en lo referido al carácter personal de los derechos que se invocan, la Comunidad pretende declarar la vulneración de estos derechos fundamentales por los perjuicios que se puedan derivar por el hecho de que la manifestación transcurra por delante del domicilio de Valcárcel.
       No obstante, destaca la dificultad "de separar la actuación estrictamente particular del presidente de su esfera pública cuando, precisamente, su domicilio ha sido objeto de ataques porque es el presidente del Gobierno regional".
       El Ayuntamiento de Murcia propuso un itinerario alternativo que discurría en torno al Río Segura debido a las "múltiples" quejas que vecinos, comerciantes, trabajadores de la zona y ciudadanos en general habían elevado al Consistorio por "los retrasos en el transporte público, los colapsos de tráfico y las molestias generalizadas que ocasionan estas manifestaciones recurrentes a los usuarios de la Gran Vía".

    Valcárcel recula

    Ramón Luis Valcárcel, ha afirmado que "respeta y acata" la decisión del Tribunal Superior de Justicia.
    Al respecto, ha asegurado que la petición de modificación del itinerario de la manifestación se formuló "por las familias que viven en el mismo edificio" que él.
    "No es por mí, sino por las familias que viven en el mismo edificio, que no tienen nada que ver con el mundo de la política y no les gusta que esto suceda", ha apuntado.  
    "Esa es la razón por la que también vecinos de ese mismo edificio le plantearon al delegado del Gobierno que realizara algún tipo de actuación sobre este tipo de situaciones que se vienen reproduciendo", ha señalado Valcárcel. 
    Valcárcel había afirmado este lunes, cuando aún no se conocía la decisión que ha adoptado la Sala  de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia sobre el itinerario de la manifestación que protagonizarán mañana los sindicatos, que "esto de que no pase" por su casa "no es por Valcárcel, sino por las familias que viven en ese edificio".
       Al respecto, el jefe del Ejecutivo murciano ha precisado que la justificación de que la protesta contra los recortes pase por otro itinerario alternativo no es porque "no pase" por su casa, sino porque "es la casa donde viven 24 familias que nada tienen que ver con el tema de la política o con las medidas que uno u otro tome".
       La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia celebró a las 11.00 horas una vista al objeto de tomar una decisión sobre el itinerario por el que finalmente discurrirá la manifestación de los sindicatos en contra de los recortes del Gobierno regional.
       El motivo responde a la petición del Gobierno regional para que se cambiase el recorrido de la que será la séptima manifestación convocada por las centrales sindicales en contra de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y, de este modo, que no pasase por delante del domicilio particular del presidente, Ramón Luis Valcárcel, que se ha convertido en diana para algunos manifestantes que han lanzado huevos y naranjas contra la fachada.

    CCOO se congratula de la decisión del TSJ pero duda de la legitimidad de la Comunidad al interponer el recurso

    MURCIA.- CCOO ha mostrado su satisfacción por la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia de mantener el itinerario de la manifestación de este martes, que discurrirá finalmente por la Gran Vía, donde vive el presidente Ramón Luis Valcárcel.

       No obstante, CCOO ha manifestado de nuevo sus dudas sobre la legitimidad de la Comunidad Autónoma de interponer recurso que afecta a una persona física, Ramón Luis Valcárcel, algo en lo que coinciden los abogados de CCOO, el abogado del Estado y el Fiscal.

       Por lo tanto, el sindicato "no entiende que el TSJ haya admitido a trámite dicho recurso, que deberá dirimirse en un futuro".