Sanidad dice que "no tiene por qué haber despidos" en el sector en Murcia

MURCIA.- La consejera de Sanidad y Consumo, María Ángeles Palacios, ha señalado que "no tiene porqué haber reducción" de empleos en su departamento como consecuencia de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada en la Asamblea Regional el pasado jueves, y ha anunciado que los interinos que trabajan para la Consejería "deben seguir trabajando". 

   Palacios recordó que su departamento comenzó a aplicar la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales a 35 en 2008 y, durante estos tres últimos años "se ha aplicado una política de austeridad y los contratos se han hecho con cuentagotas", a pesar de que ha aumentado la población. Por ello, confirmó que esos funcionarios "siguen siendo necesarios dentro de Sanidad".

   "Hay más murcianos que atender y no tiene por qué ir nadie a la calle", según la consejera, quien recordó que hay dos nuevos hospitales en marcha que se tendrán que dotar con plantilla, por lo que confirmó que los interinos que trabajan en Sanidad "deben seguir trabajando".

   Palacios indicó que las medidas, que tienen una previsión de ahorro de 100 millones de euros en Sanidad, supondrán "un esfuerzo colectivo importante que, sin embargo, situará a los profesionales sanitarios más cerca de la media nacional en cuanto a retribuciones o jornada de trabajo, pero aún por encima".

   Así, explicó que el ajuste "más significativo" en Sanidad es la relativa a la jornada laboral. En concreto, la Ley de ajustes "atrasa la jornada a la establecida en 2008", aunque precisó que, en ningún caso, se sobrepasan las 37 horas y media semanales, que son las habituales "en cualquier profesión".

   Respecto a la obligación de registrar la hora de entrada y salida al centro de trabajo para los trabajadores de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como para los del SMS, matizó que es una práctica que ya existe en los servicios centrales y que a partir de ahora se implantará de forma paulatina en otras áreas.

   Palacios afirmó que esta ley también implica que los cursos formativos, que en su mayoría se realizaban dentro de la jornada laboral, se hagan ahora fuera de ésta para aprovechar "al máximo" el tiempo de trabajo y atención a los pacientes.

   En cuanto a los permisos y licencias que se otorguen a los empleados por situaciones como matrimonio, enfermedad, intervención quirúrgica o fallecimiento de un familiar, se contarán por días naturales, en vez de por días hábiles, añadió.

   La Consejería también reducirá el complemento que paga a los trabajadores cuando están de baja. Así, seguirá pagando el 100 por ciento del sueldo en caso de riesgo por el embarazo, maternidad, riesgo durante la lactancia natural, paternidad, adopción, acogimiento previo y accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

   Por el contrario, cuando el proceso de baja se deba a una incapacidad temporal por otras causas distintas, Palacios advirtió que la Administración "seguirá pagando un complemento importante pero que no alcanza el 100 por ciento de las remuneraciones de cuando se está trabajando", lo que pretende "acercar la situación de los empleados públicos a los de cualquier otro sector, una reducción del gasto y del absentismo".

   Respecto a la bajada del importe de la Atención Continuada, la consejera señaló que "las guardias del SMS son actualmente las más altas de las 17 comunidades y lo que hacemos es acercarla más a la media nacional, realizando un ejercicio de austeridad, pero no de discriminación, porque sigue estando por encima de la media nacional, sin afectar a la nocturnidad".

   La consejera aseguró que los profesionales sanitarios "son empleados vocacionales" y se ha mostrado convencida en que los recortes "no van a afectar a la calidad del servicio", tal y como ha alertado este martes el Consejo de la Profesión Médica de la Región de Murcia.

   Palacios recordó que el Ejecutivo regional "ya llevó a cabo medidas de austeridad dentro de su Departamento y en el SMS. Así, argumentó que "Sanidad sólo cuenta con tres personas eventuales de gabinete para una organización de 20.000 profesionales, cuenta con cuatro entes y ha adoptado medidas de ahorro y contención del gasto en el SMS que han supuesto un ahorro de 30,2 millones de euros". 

La consejera de Sanidad ha explicado que las medidas se mantendrán en vigor "mientras sea necesario para mantener el bienestar de los ciudadanos", y las justificó porque la Administración autonómica "requiere la autorización del endeudamiento contemplado en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011".    Entre los motivos por las que se han tomado las medidas, citó la "importante disminución en los ingresos ordinarios en la Comunidad y del Estado". 

En segundo lugar, dijo que estas medidas son producto de la "pésima" planificación económico-financiera de los ejercicios presupuestarios anteriores realizados por el Estado, y reclamó la actualización del modelo poblacional, ya que "el Estado todavía sigue sin reconocer a más de 450.000 nuevos ciudadanos de la Región".

Los médicos advierten que los recortes afectarán a la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los murcianos

MURCIA.- El Consejo de la Profesión Médica de la Región de Murcia, ante el plan anunciado por el Gobierno regional para paliar el déficit de la Comunidad Autónoma, manifiesta "su preocupación por los recortes que han empezado a sufrir los facultativos, los cuales soportan el 50 por ciento de las medidas económicas anunciadas" y afirman no entender "una desproporcionalidad tan brutal, en comparación con los demás funcionarios, incluyendo al resto de profesionales sanitarios".

   Formado por el Colegio de Médicos, Sindicato Médico, sociedades científicas, Facultad de Medicina y estudiantes, el Consejo de la Profesión Médica resalta que los facultativos "entienden" que, en la actual situación de crisis, "todos debemos hacer un sacrificio para sacar a nuestra región de la actual situación". Sin embargo, consideran que "el especial acento que se ha puesto en los recortes hacia la profesión médica, provocará una disminución de la calidad de la asistencia sanitaria que se presta al ciudadano".

   El Consejo señala también el compromiso de los médicos para mantenerse "firmes en el desempeño de su trabajo asistencial, cumpliendo con la responsabilidad que la sociedad les ha concedido", pero remarcan que "en esta situación, resulta difícil continuar proporcionando salud, alivio y consuelo con la calidad y dedicación con la que venían haciéndolo".

   Los profesionales de los centros de salud, servicios de urgencias y hospitales constatan "con estupor e indignación contenida cómo, una vez más, se les hace responsables principales de la crisis, modificando tanto las condiciones retributivas como las de trabajo" lo que supone retroceder "en menos de un año, a la situación que había antes de las trasferencias sanitarias".

   En la misma línea, los estudiantes de medicina, futuros médicos, "contemplan con inquietud el panorama que se les presenta a corto y medio plazo, por lo que su decepción va en aumento".

   El Consejo de la Profesión Médica indica también que "los médicos nos desmarcamos de cualquier acción violenta y rechazamos con firmeza las agresiones sufridas hace unos días por miembros del Gobierno regional, así como por representantes del Estado, entre los que se encuentra un miembro de nuestro colectivo (Pedro Manuel Hernandez, senador por Murcia). Los insultos y las agresiones no son el camino y, desde luego, los médicos hablaremos únicamente en nuestras consultas quirófanos".

   En definitiva, "creemos que es un error hacer responsable al médico de la crisis y castigarlo en grado sumo para sacar a la Región de aquella, porque al final será el ciudadano el que sufra las consecuencias, porque no debemos de olvidar que los pacientes confían en sus médicos, aunque la clase política, está claro que no".

El delegado del Gobierno asegura que el diputado regional Pedro Chico "falta a la verdad"

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha asegurado este lunes que el diputado regional del PP, Pedro Chico, además de demostrar un desconocimiento absoluto de aquello sobre lo que habla, lo que es, a su juicio, "especialmente preocupante" por ser el teórico experto del su partido en la materia, "falta a la verdad" con sus declaraciones.

   Y es que, señala, "si el señor Chico tuviera un conocimiento mínimo, por ejemplo, de la regulación legal sobre las manifestaciones, sabría que son un derecho constitucional y que no están sujetas a autorización gubernativa", por lo que, subrayó el delegado, "hablar de ésta como pertinente es un alarde de ignorancia".

   Por otra parte, apunta González Tovar en comunicado de prensa, "el señor Chico falta a la verdad en sus declaraciones", ya que el delegado del Gobierno asegura no haber justificado nunca agresión alguna, "aunque él parece entender como tal las críticas a la política económica del Gobierno regional, lo que, por cierto, deja bastante claro su escaso o nulo talante democrático".

   Asegura que es falso también que desde la Delegación del Gobierno no se adoptara las medidas oportunas en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos del pasado día 22, ya que "la movilización no había sido comunicada".

   Parece una inocentada propia del día, concluyó Tovar, "que el señor Chico parezca haber descubierto hoy que las manifestaciones alteran el tráfico. En fin, que el que parece superado por su ignorancia es el señor diputado del Partido Popular".
El diputado del Grupo Parlamentario Popular Pedro Chico ha exigido al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que abandone el cargo "tras justificar las agresiones a miembros del PP en una manifestación abiertamente ilegal y antidemocrática el pasado 22 cuando aseguró que el Gobierno regional era manirroto".
   Chico ha explicado que el delegado del Gobierno "aún sabiendo, con la suficiente antelación, lo que podía suceder, por la virulencia y violencia desplegada por participantes en la concentración sindical, no acordó la puesta en marcha del dispositivo necesario para garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos y, en concreto, de los miembros del Partido Popular, los cuales fueron gravemente agredidos e insultados como consecuencia de la intolerancia y la ira de unos exaltados".
   El diputado popular ha solicitado a González Tovar "que esclarezca por qué consintió, con la activa participación de la candidata del PSRM, Begoña García Retegui, el asedio y acorralamiento de la vivienda particular del Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel".
   En este sentido, ha indicado que el socialista "fue condescendiente con el colapso de tráfico originado por esta protesta ilícita toda vez que no disponía de la pertinente autorización gubernativa".
   Constituye, a juicio de Chico, "una flagrante abdicación de las obligaciones inherentes de una Delegación del Gobierno, que tiene la atribución, entre otras, de proteger y asegurar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y, también, de los altos cargos y representantes políticos del Partido Popular".
   "Ante circunstancias lamentables como estas, el Delegado del Gobierno ha permanecido impasible y no atajó la violación de la integridad física de las personas que sufrieron el brutal ataque de unos enfurecidos sindicalistas. No obstante, gracias a los pocos efectivos del cuerpo nacional de policía, que se encontraban en el lugar de los acontecimientos, los integrantes del PP pudieron salir ilesos  de ese infierno".
   El diputado popular estima que "si González Tovar es superado por este tipo de situaciones lo más sensato sería que cesara de su actual responsabilidad, por cuanto ser Delegado del Gobierno es algo más que estar permanentemente dándose codazos para salir en la foto".

Medio centenar de personas se concentran en Murcia por la 'Vida para todos'

  MURCIA.- Media centenar de personas se concentraron este martes en la Plaza Cardenal Belluga de Murcia, convocados por la asociación Activa, contra el aborto y en defensa de la 'Vida para todos. ¡Es mi vida!'..., como reza su pancarta.
 
   Y es que, según explica su presidenta, Andrea Edo, "el aborto voluntario es una renuncia a los valores básicos, que convierte a la mujer en un féretro".
   Eco hizo así un llamamiento a hombres y mujeres porque, apuntó, "el niño que va a nacer tiene padre y madre y ambos son responsables de su muerte".
   Reunidos una vez más en esta plaza murciana en el Día de los Santos Inocentes con caretas y con el rostro pintado de blanco, los manifestantes aclararon que acudían a esta concentración con esperanza e ilusión porque "no nos rendimos ante la injusticia y el dolor, ante la indiferencia y el oportunismo político y ante la falta de amor".
   Después de estos años de lucha, continuó Andrea Eco, "hemos llegado a la conclusión de que el aborto voluntario no es un problema de dinero ni un problema de desinformación, que también podría serlo, sino una renuncia a los valores básicos que anteponen la vida a la muerte, el respeto al prójimo y al individualismo, porque prójimo es el ser humano en desarrollo dentro del vientre materno".
   "El aborto voluntario convierte el cuerpo de la mujer en un féretro, la fuente de vida en la fuente de muerte", resaltó la presidenta de la asociación Activa Murcia, al tiempo que recordó que Murcia es la comunidad autónoma con mayor crecimiento de abortos en los últimos 15 años.
   Crecimiento que achacó a las medidas adoptadas por el Gobierno central y a la píldora del día después y motivo también, apuntó, por el que poco a poco hay más clínicas abortivas en la Región. 
   Asimismo, indicó que "estamos aquí para ayudar en lo que podamos, económicamente, anímicamente, pero todo esto no serán más que parches hasta que la sociedad en que vivimos reaccione y se niegue a vulnerar el principio básico del derecho a vivir".
   Por lo que, destacó, "hacemos aquí y ahora un llamamiento a todos los hombres y mujeres de buena voluntad porque ambos están implicados, porque el niño que va a nacer tiene padre y madre y tan responsable es uno como otro de su muerte". "No dejemos que la matanza de inocentes continúe", concluyó.
AES Murcia reivindica el valor a la vida y aclara que "no existe un derecho al aborto"

AES Murcia ha reivindicado este martes, a las puertas de una clínica abortista en la capital, el valor de la vida, diciendo "no" al aborto y proclamando "alto y claro" que no existe un "derecho al aborto", pues, señalan, "lo que sostiene la moral objetiva y lo que figura en el frontispicio de todas las declaraciones de Derechos Humanos es el derecho a vivir".

Por tanto, añaden, "le corresponde a los poderes públicos hacerlo posible y no inculcarlo mediante las leyes que, todos los años, permiten el asesinato legalizado de más de 100.000 inocentes".

   La organización, que ha celebrado también una concentración a las puertas de la clínica Delta Médica de Lorca, pidió, ante estos centros "que cambian vidas por euros y donde la moral se subordina a la caja", que "los poderes públicos dejen de firmar conciertos con estas clínicas, que dejen de subvencionar la muerte".

   "Hay que evitar que con el dinero de nuestros impuestos, con el dinero de quienes defendemos la vida, se continúe privando de la luz a quienes no son más que indefensos santos inocentes", explicaron fuentes de la asociación.

   Nosotros, añadieron, "no queremos ni la llamada Ley Aído, que lleva a la legalidad el aborto libre en España ni la ley de 1985 que defiende, como válida y aceptable, el Partido Popular".

"Defendemos la derogación de toda legislación abortista, de toda legislación que vaya contra la vida", por eso preguntan a los partidos políticos "si están a favor de que existan leyes que permitan el aborto, total o parcial, absoluto o según que casos, en España".

   AES no cree así que exista un aborto posible y una aborto inadmisible, tras lo que denuncia "la política bajo la vitola de progresismo", que, a su juicio, "está desmoronando las bases de nuestros valores morales, y la vida ya no es un absoluto intocable".

   Así exigen que los poderes públicos implementen políticas a favor de la vida, que se pongan en marcha acciones concretas para luchar contra el aborto, que se establezcan programas de ayuda para que miles de madres puedan tener sus hijos y que se protejan de verdad los derechos de la mujer embarazada.

   Además de que se ayude a las familias para que puedan tener los hijos "que les lleguen", que se faciliten y aceleren los procesos de adopción, que se enseñe a los niños que la vida es vida desde el momento de la concepción y que "en definitiva, el dinero público vaya a la vida y no subvencione a los centros en los que se comete el infanticidio". Y es que, concluyen, "merece la pena trabajar por la Vida".

Valcárcel esgrime sus razones para justificar los tan contestados recortes

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha mostrado este lunes su respeto al derecho a la manifestación pues, apuntó, "está reconocido y recogido en la Constitución Española y por otra parte no tiene que haber siempre un punto de coincidencia", aunque, subrayó, "más fácil sería --para el Gobierno-- no hacer nada".

   Valcárcel hacía así mención a la concentración que a esa hora los empleados públicos celebraban por las calles de Murcia contra los recortes del Gobierno regional.

   En este sentido, el presidente aseguró que "desde el Ejecutivo murciano hemos optado por hacer lo que teníamos que hacer, más cómodo sería no hacer nada, pero esa comodidad podría suponer, sin embargo, dejar de garantizar el bienestar de los ciudadanos".

   "Como cualquier empresa, familia o administración en estos años hemos dejado de ingresar como consecuencia de la crisis y sus efectos; es normal", recalcó.

   Pero, apuntó el presidente, "no se quiere entender que las administraciones, igual que las familias o las empresas, también dejan de ingresar, así como que la Administración ingresa en el momento en el que el ciudadanos aporta ese ingreso, si el ciudadano en su crisis económica, lamentablemente, no aporta a la Administración ésta no puede seguir manteniendo el mismo nivel de gasto".

   Una de dos, subrayó, "o tienes una máquina para hacer billetes, y de eso no hay nada, o muy al contrario se tiene que acudir al endeudamiento". Esta Región, recordó el jefe del Ejecutivo murciano, "podría presumir de ser la cuarta comunidad de España que menos endeudamiento tiene y sin embargo, paradojas de la vida, no se le deja endeudarse".

   Con lo que, señaló, "si ingresamos menos, no tenemos máquinas de hacer dinero y el único recurso es endeudarnos porque podemos hacerlo, pero se nos prohíbe desde el Estado, qué hacemos".

   "Hay dos caminos, o seguimos haciendo lo de hasta ahora, con lo cual ponemos en riesgo que el chico que va al colegio encuentre el aula abierta y el profesor para impartir la clase, o que la persona que utiliza la Sanidad deja de hacerlo", enfatizó Valcárcel, quien destacó, "que también se da la circunstancia de que en la Región de Murcia la población ha crecido más que en ningún otro lugar de España".

   "Qué hacemos", se cuestionó el presidente, "a cuántos médicos mandamos a la calle porque no hay forma de pagarles, a cuántos alumnos les decimos que no vayan al colegio porque habría también que reducir profesores, cerrar colegios, o a cuántos guardias jurados ponemos en las puertas de hospitales para que quien vaya a utilizar la Sanidad, no la utilice porque no hay recursos económicos suficientes".

   Se quiere hacer lo mismo que hacíamos antes pero en peores circunstancias. Lo que está claro, continuó el presidente, "es que, a pesar de ello, los quirófanos seguirán abiertos, los hospitales seguirán dando atención a todo el mundo, aunque la población siga creciendo, y seguirán los colegios abiertos".  

   Esto significa, indicó Valcárcel, "una readaptación a la situación, pues todo no puede ser igual, si no hay dinero nadie puede pretender que se gaste lo que no hay. Habrá que establecer la prioridad" y ésta, a su juicio, "es el estado de bienestar de los ciudadanos".

   A partir de ahí, concluyó, "mucho diálogo y firmeza". Todo esto que se está diciendo, advirtió el presidente del Ejecutivo murciano, "es mucho menos de lo que es y llegará el momento de hacer números, de sentarnos y explicarlo a la población".

La Comunidad Autónoma debe 1.823 millones de euros a los contratistas murcianos de obra pública

MURCIA.- Las administraciones públicas deben a las empresas contratistas de obra pública de la Comunidad Autónoma de Murcia una media de 2,5 millones de euros a cada una, tal y como han afirmado en rueda de prensa la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) y la Cámara de Contratistas de Obra Pública.

   La Cámara de Contratistas hizo una encuesta a varias de sus empresas que reflejó que "la media de la deuda con cada una de las compañías se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros", según Belando, quien denunció que se trata de una situación "inviable" que aboca prácticamente al cierre a las empresas de tamaño pequeño y mediano, que son "con las que cuenta la Región de Murcia".

   Se vaticinó hoy para el sector un 2011 de previsiones "muy negativas" en inversión, y extendió esta previsión a la baja al contexto regional, ya que tanto la Comunidad Autónoma como los ayuntamientos no podrán afrontar inversiones de consideración por falta de liquidez.

   Se ha explicado que el endeudamiento de la Comunidad Autónoma a final de 2010 está en 1.823 millones de euros y aún no conocemos los datos de todas las empresas. En los próximos meses, adelantó que la previsión es poder alcanzar los 2.200 millones de euros. Así, dijo que la Comunidad "tiene pendientes de pago certificaciones desde mayo, es decir, las empresas están siete meses sin cobrar".

   Por su parte, los ayuntamientos "tienen un endeudamiento en torno a los 800 millones de euros y deben en general los últimos seis meses y en algunos casos hasta un año y medio", se denunció públicamente hoy, cuando se ha anunciado "más recesión para 2011 que llegará en torno a un siete por ciento, y una posible recuperación muy lenta el año siguiente, porque todo indica que el sector ha tocado fondo".

   Ambos representaciones empresariales mostraron su preocupación por los puestos de trabajo perdidos en esta coyuntura tan negativa. "Desde 2007 se ha perdido el 50 por ciento del empleo que generaba el sector porque, hace tres años había 105.000 ocupados y ahora 55.000 y se pueden perder otros 10.000 en 2011", se afirmó, tras matizar que el año próximo sólo el capítulo de rehabilitación de viviendas demandará mano de obra.

   Se explicó que los distintos ministerios tenían prevista una inversión en la Región de Murcia del orden de los 735 millones de euros de los que "apenas se ha ejecutado el 50 por ciento", mientras que la otra mitad "son obras que se han paralizado, que se han alargado o que se han prorrogado a otros ejercicios".

   Para el 2011, se informó de que se prevé que los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente reduzca sus presupuestos destinados a la Región de Murcia un 43 y un 39 por ciento respectivamente. De hecho, de los 526 millones de euros destinados a nuestra comunidad autónoma, sólo 54 se dirigen a obra pública, "ya que la mayor parte se lo llevan transporte y el ferrocarril", se matizó.

   "Teniendo en cuenta que no se retrasen a otros ejercicios las inversiones previstas para transportes y ferrocarril, las expectativas de inversiones por parte de los ministerios son francamente negativas", según FRECOM, desde donde se cifró en un descenso medio del 28 por ciento de las inversiones del conjunto del Gobierno central.

   En la Comunidad Autónoma, se indicó que las licitaciones que ha habido en 2010 se han situado en torno a los 100 millones de euros, y las previsiones para 2011 son de 211 millones de euros, aunque destacó que "gran parte de estas inversiones son obras que ya están licitadas y que se adjudicarán a principio de año".

   Por este motivo, se indicó que "va a ser difícil que salgan a licitación nuevas obras por parte de la Comunidad Autónoma". Por el contrario, se señaló que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio "está sacando un paquete de obras en colegios e institutos con financiación aplazada al 2012 y 2013", pero se manifestó que las empresas "no tienen capacidad de ejecutar las obras y cobrarlas cuando estén terminadas".

   La licitación de los ayuntamientos en 2010, por su parte, fue de 150 millones de euros, pero se advirtió que en esta cantidad total están incluidos los planes estatales de inversión local, que son la mayoría del conjunto de la inversión". Para 2011, FRECOM estima que las inversiones de las corporaciones locales "van a ser muy escasas, máxima si carecen de capacidad de endeudamiento".

   Se informó de las cifras alcanzadas por el sector en 2010, en el que se iniciaron 2.200 viviendas y se terminaron 7.500, mientras que las escrituras de compraventa corresponden a 18.000 viviendas. Así pues, los empresarios estiman que, si el 2011 se comporta de forma similar al 2010, las existencias o el 'estocage' de viviendas se finalizará en 2011.

   En 2010 se financiaron 488 viviendas de protección oficial y se quedaron sin iniciar por falta de financiación 595. Además, se ejecutaron 4.800 expedientes de rehabilitación en viviendas y comunidades, aunque se dijo que son expedientes de pequeño tamaño y no se incluyeron grandes proyectos en este apartado ni se espera que se incluyan en 2011.

   Por su parte, se cifró en 300 millones de euros la cantidad que se debe a las empresas de obra pública, que suman unas 200 compañías en toda Región de Murcia. La estimación porcentual apunta a que los más morosos son los ayuntamientos, que acumulan en torno a un 40 por ciento de esos 300 millones de deuda total, y que la Administraciones central y regional acumulan un 25 por ciento de deuda cada una.

   Para solucionar la situación, se expuso una iniciativa empresarial para combatir la elevada morosidad de las Administraciones Públicas, que consiste en la edición de una guía en la que se explica cómo reclamar los intereses por mora o tardanza en el pago de las obras del sector público y se explicó que iniciativas de esta índole se han tomado en otras regiones españolas, como Cataluña.

   "Es una guía para que el empresario haga valer sus derechos ante las administraciones públicas, porque muchas empresas están al borde del cierre o del concurso de acreedores por las deudas acumuladas", se aclaró. De hecho, se indicó que un total de 50 empresas de obra pública se encuentran en situación concursal, el 20 por ciento de las 200 empresas murcianas que hacen obra pública.

   Hasta ahora, se dijo que los empresarios "no han reclamado los intereses, quizá, porque eran tiempos de bonanza económica y porque no han querido aprovechar esa situación de ventaja ante la Administración y por la amenaza de que, si piden los intereses, la administración no va a volver a llamarle". Sin embargo, se criticó que en el escenario actual "es prácticamente imposible mantener a las empresas con la demora en el pago de las certificaciones que hay".

   En este sentido, se  manifestó que el interés de demora por retraso en el pago de la Administración "se encuentra en el ocho por ciento, lo que puede ser una buena inversión, pero las empresas, evidentemente, no están en situación de invertir ni tienen suficiente capacidad financiera para financiar a todas las administraciones", se destacó.

   Sobre este particular, los empresarios reclamaron apoyo de las Administraciones para que las entidades financieras les descuenten las certificaciones. "Hay que evitar tensiones, sobre todo entre los ayuntamientos y las empresas pequeñas, que son sus principales acreedores. Ninguna empresa quiere enriquecerse con los intereses de demora, sólo pretenden cobrar", concluyó.

Saura considera "despilfarradora" la gestión de un Valcárcel que debe 1.000 millones de euros a provedores

MURCIA.- El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, Pedro Saura, consideró este lunes "injusto" los recortes del Gobierno murciano porque, a su parecer, son consecuencia de la "mala" y "despilfarradora" gestión de la Administración regional.

   Saura, que aseguró en rueda de prensa que no es una novedad lo que está sucediendo con el "caos" de las cuentas públicas, subrayó que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "es el jefe del Ejecutivo más despilfarrador de entre todas las CC.AA", al tiempo que destacó su "mala" gestión al frente del Gobierno murciano.

   Las consecuencias, según el socialista, "son una menor inversión, el recorte en las políticas sociales y unos empleados públicos como paganos de esa mala administración de las cuentas públicas por parte del presidente Valcárcel".

   "Desde luego es injusto que una vez que los empleados públicos ya han asumido una parte del ajuste de la crisis económica siga recayendo sobre ellos ese despilfarro del Ejecutivo regional", insistió.

   Por lo que respetó las concentraciones llevadas a cabo por los empleados públicos, puesto, que desde su punto de vista, "tienen que defender sus derechos".

   "Aquí se ha malgastado, administrado mal, se han creado consejerías que no debían crearse y sin competencias y se ha malgastado recursos año tras año", recalcó Saura, y "ahora se dan cuenta que no cuadran las cuentas y son los empleados públicos los que tienen que pagar las consecuencias de tener al frente de la Comunidad Autónoma al presidente más ineficaz en la gestión de las cuentas públicas y el más moroso de entre todas las comunidades", continuó.

   Saura aseguró desconocer si la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas será suficiente para que el Ministerio de Hacienda permita a la Comunidad Autónoma endeudarse, aunque matizó que el objetivo claro del Gobierno regional es endeudarse "para tratar de conseguir 500 millones de euros".

A su juicio, Ramón Luis Valcárcel, "es el moroso de 2010" y que "con un Gobierno regional que no sabe de economía ni como administrar eficientemente los recursos, nos enfrentamos a un deterioro del estado del bienestar".

   Saura, que se refirió a los datos sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2010, hechos públicos por el Ministerio de Economía y Hacienda la semana pasada, aseguró que estos datos muestran que "la Región de Murcia está sumida en el caos y el desbarajuste de un Gobierno regional que no sabe hacer cuentas ni llevar las cuentas de la Comunidad Autónoma".

   Y es que, dice, "no hay nadie en el Consejo de Gobierno, ni un solo consejero, que sepa de economía". Y lo más grave, añadió en rueda de prensa, "es que les da igual".

   Pedro Saura lamentó así que el Gobierno regional no haya gastado el dinero de todos los murcianos de forma racional. "En lugar de utilizar los recursos económicos con eficacia, nos encontramos con consejeros que hacen obras donde no se demandan, con un consejero, el de Justicia, con Consejería pero sin competencias y con el sobrino del presidente al que había que darle trabajo y que, convertido en consejero de Cultura, ha gastado con pólvora de Rey".

   En definitiva, subrayó el secretario general de los socialistas murcianos, "es imposible que en este contexto a la Región de Murcia le salgan las cuentas. Es un auténtico caos".

   En estos tres trimestres, apuntó, Murcia ha crecido en gasto corriente un 6,5 por ciento. Aunque, advirtió, que lo más grave es que, mientras el gasto corriente ha seguido aumentando más que en ninguna otra comunidad autónoma, "el pago a los proveedores ha disminuido en un 4,5 por ciento".

   Es decir, apostilló Saura, "que la solución de Valcárcel a no poder pedir prestado, es dejar de pagar a los proveedores, a los que ya les debe 1.000 millones de euros".

   "Valcárcel ha demostrado y sigue demostrando que es el moroso de 2010, de la Región de Murcia y del conjunto de comunidades autónomas", afirmó el socialista quien añadió que Murcia se encuentra en el kilómetro 0".

   Y es que, concluyó, "la Región está en el Km. 0 de la mala gestión de las cuentas públicas, el Km. 0 de la crisis económica y el Km. 0 del caos en la gestión de los recursos públicos".

IU pide que el objetivo de déficit de las CCAA se vincule a su endeudamiento

MURCIA.- IU ha presentado una moción en la Asamblea Regional por la que insta al Gobierno murciano a que solicite la convocatoria "urgente" del consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de que establezca un nuevo objetivo de déficit de las comunidades vinculado al nivel de endeudamiento de las mismas.

   Así lo ha anunciado hoy el portavoz de IU en el Parlamento autonómico, José Antonio Pujante, quien ha indicado que esta iniciativa persigue un reparto "más justo y equitativo" de las cargas para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público establecido por el Ejecutivo central.

   Pujante también ha pedido que este objetivo de déficit, que se sitúa en el 2,4 por ciento para las comunidades autónomas, aumente el uno por ciento al considerar que es "muy bajo" para abordar "con garantías suficientes" el actual contexto de crisis económica de la Región de Murcia.

   El parlamentario de IU ha indicado que el 2010 ha sido un año "difícil" marcado por el incremento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, así como por los recortes "antisociales" que, a su juicio, han aplicado los ejecutivos regional y central en materia social y laboral.

Pujante ha asegurado que el "tijeretazo" del Gobierno regional a los empleados públicos se traducirá en una contracción de la economía y un descenso del consumo, al tiempo que "empeorará la calidad de servicios públicos", entre los que ha destacado la sanidad, la educación y los servicios sociales.   

Además, ha señalado que cualquier modificación del Ejecutivo autonómico no serviría para paliar los problemas económicos de la Región de Murcia "a no ser que se opte por un cambio en la orientación económica a través de una política que no haga recaer sobre los de siempre" el peso de la crisis.

Miles de funcionarios pierden el miedo a Valcárcel mientras algunos apedrean su palacio y su mansión

MURCIA.- Miles de empleados públicos regionales, unos 4.500 según la Policía Local y entre 4.000 y 7.000, según los sindicatos, han participado en la concentración que ha tenido lugar este lunes a las puertas del Palacio de San Esteban -sede del Gobierno regional- y en la posterior manifestación que ha recorrido el centro de Murcia por la Gran Vía Escultor Salzillo y la avenida Teniente Flomesta hasta la Consejería de Economía y Hacienda, en protesta de las últimas medidas de recorte salarial y condiciones de empleo llevadas a cabo por el Ejecutivo murciano.

   La movilización ha transcurrido sin incidentes destacables, salvo algún forcejeo entre manifestantes y la treintena de agentes antidisturbios de la Policía Nacional que protegían el Palacio de San Esteban, así como el lanzamiento de huevos contra la fachada de la sede de la Administración autonómica y el portal de la casa del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, situada en el trayecto que han recorrido los participantes.

   Los manifestantes, convocados por los sindicatos por CSIF, Sterm-Intersindical, ANPE, SATSE, UGT y CCOO, han protestado así contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada en la Asamblea Regional el pasado jueves y con la que la Comunidad Autónoma pretende ahorrar más de 300 millones de euros recortando, entre otras cosas, las condiciones laborales y a las retribuciones de los empleados públicos de la Administración regional.

   Sobre las 11.00 horas, los participantes se concentraron ante la puerta del Palacio de San Esteban bajo las pancartas 'Listas de espera, bajas y jubilaciones sin cubrir, ¿y esto no te afecta a ti?' o 'Por la defensa de la Sanidad Pública', gritado al unísono 'Hay ladrones, detrás de los balcones', 'Valcárcel, cretino, baja el sueldo a tu sobrino' o 'Menos corrupción y más Educación', mientras lanzaban huevos contra la fachada.

   Posteriormente, los concentrados han decidido dirigirse a la plaza de la Fuensanta para, desde allí, emprender una manifestación por la Gran Vía Escultor Salzillo hasta la Consejería de Economía y Hacienda, mientras coreaban eslóganes como 'Menos typical y más sanidad', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Para el ladrillo riqueza, para la enseñanza pobreza' y 'No nos mires, también es tu dinero', con el que incitaban a los ciudadanos unirse a la manifestación.

   A la altura del portal de la casa de Valcárcel, los manifestantes han protagonizado una sentada y han hecho sonar pitos y bocinas, al tiempo que tiraban petardos y arrojaban huevos contra la puerta mientras gritaban con las manos en alto pidiendo la dimisión del presidente regional, y cantaban consignas tales como 'En este piso está nuestro dinero', 'Como el de Ramoncito, queremos un pisito', y 'Del piso de Valcárcel no nos moverán'.

   Tanto el secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, como su homólogo de CCOO, Daniel Bueno, plantearon la posibilidad de nuevas vías jurídicas para evitar la aplicación de la Ley, aprobada el pasado jueves en la Asamblea Regional, y esgrimieron, incluso, la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad.

   En concreto, Bueno explicó que el recurso de inconstitucionalidad se puede poner "por parte de 50 diputados", y mostró su esperanza en que "ojalá" lo apoye algún grupo parlamentario con votos suficientes capaz de llevar a cabo una cuestión de constitucionalidad, que a su juicio "debería ser el PSOE". No obstante, indicó que, si esa vía no es posible, CCOO estudiará "otras con el objetivo de evitar que esta Ley sea de aplicación a partir del 1 de enero".

   Jiménez, por su parte, respaldó la formulación de "todos los recursos jurídicos al alcance del sindicato, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para intentar neutralizar los tremendos efectos negativos de esta Ley".

   Además, ambos líderes sindicales advirtieron que las protestas en la calle van a tener continuidad. En concreto, Bueno anunció una nueva manifestación para el próximo miércoles, 12 de enero, por la tarde aunque otros sindicatos convocantes adelantaron la fecha al próximo miércoles, 29 de enero. Ante la falta de consenso, los sindicatos con representación en el área pública están reunidos para tratar de alcanzar un acuerdo.

En opinión de Bueno, la manifestación de este lunes que ha recorrido las calles del centro de Murcia "es un nuevo acto de protesta contra la premura de una Ley que se ha aprobado de un día para otro", y mostró su esperanza en que la movilización "sea capaz de echar para atrás una Ley que consideramos que vulnera flagantemente los derechos de los trabajadores públicos".

   Específicamente, reprochó que la Ley va contra "la negociación colectiva, que hace desaparecer todos los acuerdos laborales de los últimos 12 años, que produce un nuevo recorte en términos económicos a trabajadores que ya tenían recortado su salario, y que pone en peligro más de 2.000 puestos de trabajo, que corresponden a interinos, fundamentalmente".

   En este sentido, Bueno ha puntualizado que las manifestaciones están siendo "actos de protesta muy espontáneos" y que el clima de indignación de los trabajadores públicos es "enorme". Por ello, adelantó que la gente "va a seguir protestando" y advirtió que "nadie piense que, por haber aprobado la Ley en el Parlamento, las movilizaciones se van a quedar aquí".

   "Los únicos responsables de lo que está sucediendo es el propio Gobierno regional, que ha gestionado mal los presupuestos del año 2010, y sobre su incompetencia, quiere que sus fallos los paguen los trabajadores públicos", según Bueno, quien ha lamentado que "no se puede confiar en un Gobierno que un día aprueba unos presupuestos de la Comunidad y al día siguiente los autoenmienda".

   A su juicio, la peor conclusión es que la Comunidad "no tiene Gobierno", por lo que ha considerado una buena opción "que las elecciones sean pronto, para ver si hay cambios en el Ejecutivo". Asimismo, instó a Valcárcel a "pensar su vocación de seguir al frente del Gobierno, porque ha sido incapaz de gestionar la Comunidad en tiempos de crisis, ha quedado paralizado".

   Jiménez ha señalado que la Ley aprobada es "injusta, castiga doblemente al empelado público y, por ende, también a los servicios públicos de la ciudadanía". Además, reprochó que constituye "la mayor regresión laboral de la historia de la Comunidad".

   El secretario general de UGT Región de Murcia resumió que la Ley "perjudica a 55.000 familias; reduce injustamente y, por segunda vez, salarios a los empleados públicos; amplía la jornada laboral, con lo que va a suponer de la expulsión de muchos empleados públicos como resultado de la reducción de la jornada máxima legal". En concreto, criticó que con la Ley se verán expulsados "entre 2.000 y 3.000 personas".

   "Lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido imponer y no ha dado ninguna posibilidad de negociar", según Jimenez, que ahora tiende la mano de los sindicatos para "plantear alternativas e intentar que la Comunidad pueda negociar todas estas condiciones de trabajo tan perniciosas, para neutralizar sus efectos", matizó.

   En la concentración también estuvo presente la portavoz de la Presidencia de IURM, Esther Herguedas, quien calificó la convocatoria de manifestación como "absolutamente justificada", puesto que la Ley plantea medidas que "recortan derechos laborales y salariales que no sirven en absoluto para salir de la crisis, sino que van a servir para retroceder aún más".

Otra, el miércoles

Las organizaciones sindicales CSIF, Intersindical, ANPE, SATSE, UGT, CCOO y SIDI, han convocado una nueva manifestación el próximo  miércoles, 29 de diciembre, que partirá desde la Plaza Fuensanta de Murcia a las 18.00 horas para protestar por las últimas medidas de recorte a los empleados públicos llevadas a cabo por el Ejecutivo murciano.

   El objetivo es "manifestarse pacíficamente en defensa de unas condiciones de trabajo dignas, por el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva y en defensa de unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía murciana", según informaron fuentes de los sindicatos en un comunicado conjunto.
   Las organizaciones han decidido organizar esta nueva manifestación "tras el éxito de la movilización de este lunes y ante la voluntad manifiesta de los empleados públicos de la Comunidad de continuar la lucha contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de la Finanzas Públicas aprobada por el Gobierno regional".
   Dichas organizaciones están "convencidas de ganar esta batalla, que supone la mayor agresión cometida nunca contra los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica, atentando directamente contra su dignidad".

Fotografías de Juan Oliver

El aeropuerto de Castellón, camino de ser otro fiasco tras el de Ciudad Real

VALENCIA.- El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2009 señala que Aeropuerto de Castellón S.L. (ACSL) se encuentra en uno de los supuestos de disolución previstos en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dado que su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social.

   En concreto, la Sindicatura especifica que, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de la sociedad a 31 de  diciembre de 2009 presenta un valor negativo de 12.789.931 euros, por lo que emplaza a los administradores de la sociedad a adoptar medidas para "reequilibrar su situación patrimonial en los plazos legalmente previstos".

   El informe también concreta que el capital social de ACSL asciende a 827.400 euros, representado por 2.068.500 participaciones de 0,4 euros de valor nominal cada una, propiedad en un 99,85 por ciento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y en un 0,15 por ciento de la Diputación Provincial de Castellón.

   Aeropuerto de Castellón S.L. tiene firmado un contrato con la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.L. para la construcción del aeropuerto de Castellón Costa Azahar, su explotación durante un plazo de 50 años y su financiación parcial. La Sindicatura afirma que el impacto de este contrato en la actividad de la sociedad y en sus cuentas anuales es "muy significativo", por lo que insta a dar "información detallada" del mismo.

   Asimismo, considera que el saldo de los epígrafes correspondientes al inmovilizado material y a subvenciones, donaciones y legados se encuentra "sobrevalorado" en 8,8 millones de euros e insta a reducirlo en esa cuantía.

   Al respecto, argumenta que la concesión realizada por la Diputación de Castellón del uso y explotación de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias "no tiene un carácter gratuito, ya que su contraprestación está constituida por la construcción del aeropuerto y las infraestructuras y vías de conexión, que revertirán a la misma al finalizar el periodo de cesión".

   También indica que al finalizar el ejercicio 2009, Aeropuerto de  Castellón, S.L. ha contabilizado 98,7 millones con cargo al epígrafe de inmovilizaciones materiales por las certificaciones de obra emitidas por la empresa contratada para ejecutar los trabajos de las instalaciones aeroportuarias. La contrapartida del cargo se encuentra contabilizada en los epígrafes de 'Periodificaciones a largo plazo', con 86.815.710 euros; 'Otras deudas a largo plazo', con 3.941.415 euros, y 'Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar', con 7.979.925 euros.

   Sin embargo, la Sindicadura estima que dado que las obras no se integrarán en el patrimonio de ACSL hasta su finalización "no  deberían haberse contabilizado".

   Asimismo, el órgano fiscalizador detecta una serie de "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Entre ellos, señala que las instrucciones de contratación aprobadas por ACSL "no garantizan adecuadamente la efectividad de los principios básicos en la actividad contractual que realice la sociedad" como la adjudicación a la oferta económica más ventajosa o la aplicación del principio de publicidad.

   La Sindicatura también recomienda a la sociedad que en los contratos de patrocinio justifique en sus expedientes la  necesidad del gasto y la determinación del precio contratado, de manera que quede "garantizada la equivalencia de las prestaciones acordadas".

   Por otro lado, detalla que para apoyar la construcción y explotación del aeropuerto, ACSL concedió en 2004 un préstamo participativo a Concesiones Aeroportuarias, S.A. que podía  alcanzar un importe máximo de 44 millones de euros. La cantidad económica dispuesta a 31 de diciembre de 2009 es de 37.360.000 euros, en tanto que ACSL tiene pendiente de atender las solicitudes de disposición de fondos por importe de 2,5 millones de euros realizadas por la prestataria en noviembre de 2009.

   Por otra parte, en septiembre de 2009 finalizó el período de disposición de fondos del crédito sindicado suscrito con diversas entidades financieras por un importe máximo de 46 millones de euros, con el objeto de financiar el préstamo participativo. Debido a que no estaban finalizadas las obras en dicha fecha, quedan por disponer 6.649.870 euros, según especifica la Sindicatura.

   Ante dicha situación, el 10 de noviembre de 2009 ACSL se dirigió al Instituto Valenciano de Finanzas para ampliar el plazo de disposición hasta el 31 de octubre de 2010 "sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de dicho organismo".

   A fecha de junio 2010, Concesiones Aeroportuarias S.A. no ha solicitado que se ejerza la cláusula de indemnización prevista en el contrato de préstamo participativo, señala la Sindicatura. Este órgano considera que estas circunstancias "ponen de manifiesto la difícil situación financiera que presenta actualmente ACSL, además de las posibles repercusiones legales y económicas que se pueden derivar en el futuro".

Juventudes Socialistas califica de "salvajada social" los recortes del Gobierno regional

MURCIA.- Juventudes Socialistas ha calificado de "salvajada social" el "tijeretazo" del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y han indicado que este recorte "evidencia el agotamiento político y el error continuado del PP gestionando el dinero de todos los murcianos en los últimos 16 años", según han informado los jóvenes socialistas en un comunicado. 

   Desde JSRM afirman que "la gran mentira de Valcárcel se está empezando a destapar y este tijeretazo pone en evidencia el agotamiento político y el error continuado del PP al frente del dinero de todos".

   Y es que, según los jóvenes socialistas "el PP ha gobernado con grandes dotes propagandísticas, utilizando pantomimas y farándula para engañar a la ciudadanía y despilfarrando el dinero de todos poniendo por delante intereses personales por encima de los colectivos".

   Asimismo, han considerado que "han tenido una actitud irresponsable durante sus 16 años de gobierno y ahora lo vamos a pagar entre todos".

 Para JSRM, "Valcárcel debe dejar de tirar balones fuera y afrontar la situación con coraje político, dejando de malgastar millones de euros poniendo una pegatina en el peor coche de la Fórmula 1, invirtiendo decenas de millones de euros anuales en una televisión manipulada o en las campañas millonarias que no tienen una eficacia probada".

Agricultura aboga por seguir investigando fórmulas para mejorar la competitividad del sector productor de tomate

MURCIA.- El director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, ha abogado este viernes por "seguir investigando fórmulas para mejorar la competitividad del sector productor de tomate", con motivo de su visita a las instalaciones del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Fundación Cajamar, situado en El Ejido (Almería).

 

   El objetivo del viaje fue conocer de primera mano los nuevos modelos de invernaderos que favorecen la optimización climática, así como las nuevas prácticas de cultivo sin suelo y cultivo robotizado que se desarrollan para mejorar la rentabilidad de las producciones, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   La visita se enmarca en el programa de modernización del sector del tomate y otros cultivos en invernadero que lidera la Comunidad. García Lidón señaló que dicho programa incluye, entre otros aspectos, "una línea de ayudas a los productores de tomate y pimiento de la Región para mejorar la estanqueidad en los invernaderos y reducir la incidencia de plagas".

   El proyecto también se centra en "la optimización de las condiciones climáticas que favorezcan el incremento de la productividad y la acerquen a los umbrales obtenidos en otros países de la Unión Europea, como Holanda".

   En este sentido, el responsable autonómico destacó el plan de mejora de la eficiencia energética de los invernaderos, que propiciará la implantación de los sistemas de cogeneración.

   Se trata de una técnica que, según García Lidón, "permite utilizar la producción de calor que se destina a la calefacción agrícola para incrementar la productividad del cultivo y la obtención de electricidad en un único proceso, vertiendo a la red eléctrica los excedentes que se generan a un precio regulado".

   Otro factor positivo que conlleva la implantación de esta práctica es "la obtención de CO2 de alta pureza, que se obtiene en la filtración de los gases de escape que se generan. Este CO2 es inyectado en los invernaderos para obtener una fertilización carbónica y aumentar así el rendimiento de los cultivos", concluyó el director general.

Se inicia la adecuación biológica de los humedales del entorno del Mar Menor

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua ha iniciado las obras de adecuación biológica de los humedales del entorno del Mar Menor, que pretenden dotar a las salinas de Marchamalo y del Rasall de capacidad suficiente para autoabastecerse de agua marina y posibilitar su mantenimiento, conservación y mejora del hábitat, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   De este modo, el periodo de ejecución de este proyecto abarca hasta 2012 y cuenta con una inversión de 674.000 euros financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además, la dirección de las obras corresponde a la Consejería de Agricultura y Agua.

   Las salinas de Marchamalo se encuentran ubicadas en el litoral sur de la laguna, en las proximidades de Cabo de Palos. Entre las actuaciones a desarrollar allí figuran el acondicionamiento de los canales de distribución de agua, la reposición de compuertas, la integración paisajística de los vallados y controles de acceso a motas, así como la mejora de las instalaciones asociadas a la salinera y la adquisición de nuevos equipos.

   Asimismo, en las salinas del Rasall, ubicadas en el interior del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, se llevará a cabo la mejora del sistema de llenado mediante bombeo, la impermeabilización de las balsas almacenadoras, la adecuación de los canales y la mejora de las balsas cristalizadoras y del servicio de mantenimiento de los procesos biológicos.

   Esto incluye la extracción de la cosecha anual de sal, la formación de técnicos especialistas en salinas y la aplicación de una gestión especializada para garantizar la puesta en marcha de una futura explotación tradicional.

   Así, el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, ha señalado este domingo que entre la singularidad naturalística del conjunto del Mar Menor, "las salinas destacan como enclaves ecológicos de indudable relevancia".

   Y es que, según ha indicado, "las instalaciones salineras proporcionan un hábitat diversificado a numerosas especies de fauna y flora, así como un enclave ideal para el estudio de diversos procesos ecológicos dignos de ser conservados".

   Por otro lado, Fernández ha destacado que "los valores sociales y culturales asociados a estas salinas también suponen un aliciente para su recuperación, pues se trata, quizá, de los últimos reductos donde es posible realizar esta actividad de forma tradicional, por ser explotaciones de pequeñas dimensiones".

   Finalmente, el responsable ha apuntado que "la pérdida de competitividad de las pequeñas explotaciones salineras frente a las grandes supuso la paulatina degradación de las infraestructuras productivas. Sin embargo, en humedales antrópicos como son las salinas es fundamental mantener la actividad productiva para garantizar la conservación de los valores biológicos y culturales asociados".

El PSRM exige la comparecencia de Palacios en la Asamblea para que explique el calendario del hospital de Santa Lucía

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, a fin de que explique en la Cámara el calendario y proceso de puesta en funcionamiento del nuevo hospital de Santa Lucía, así como la situación en la que van a quedar los hospitales Naval y Rosell mientras se produce el traslado total al nuevo hospital.

 

   Así, la diputada regional, Teresa Rosique, exige al Gobierno regional que mientras los tres hospitales estén en funcionamiento, "se garantice la asistencia a los enfermos y los servicios básicos como el de la UCI. No nos vale el argumento de que son muy pocos, pues mientras haya un enfermo que necesite la UCI deberá funcionar", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Rosique recordó que el Grupo Parlamentario Socialista tiene solicitada, desde hace meses, la comparecencia de la consejera de Sanidad en la Asamblea para que explique estas circunstancias. "A la vista de cómo se está produciendo el traslado y cómo se viste un santo para desvestir a otro, le exigimos la comparecencia a Palacios con carácter de urgencia", ha añadido.

   Otra explicación que tiene solicitada el Grupo Socialista a la consejera es que cuente cómo va a garantizar el cumplimiento de la resolución que por unanimidad y a propuesta del PSOE se aprobó en el Parlamento autonómico como consecuencia del Debate del Estado de la Región; resolución en la que se reclamaba que el Rosell quedara como el segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general, algo sobre lo que la consejera aún no se ha pronunciado.

   Finalmente, Rosique ha indicado que todas estas cuestiones merecen "una explicación pormenorizada en sede parlamentaria".

Murcia y Cartagena en la geografía de una contaminación ambiental preocupante

MURCIA.- Murcia es la ciudad española con mayor contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) y está entre las más contaminadas por partículas PM10, sustancias que flotan en el aire y que provocan enfermedades pulmonares y cardiovasculares, recoge hoy 'La Opinión'.

El 79% de las personas que residen en España –36,9 de sus 46,7 millones de habitantes– respira un aire cuya calidad es inferior a los índices de protección a la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según hizo público hace unos días la asociación Ecologistas en Acción basándose en el informe La calidad del aire en el estado español.

Dicho informe señala también que un 14% de la población –6,6 millones de personas– respira aire con un nivel de contaminación que supera los límites que marca la legislación actual en esta materia, que es menos exigente que el baremo aplicado por parte de la OMS.

Los últimos datos oficiales que maneja la organización ecologista sitúan a Murcia en muy mal lugar, pues en los principales apartados analizados, que son la contaminación por partículas PM10 y por dióxido de nitrógeno, la capital murciana aparece a la cabeza.

Las partículas PM10 de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen están dispersas en la atmósfera y al inhalarlas se adhieren a las paredes de las vías respiratorias o viajan profundamente a los pulmones, pudiendo causar problemas a la salud que se manifiestan con tos, resuellos y dificultad para respirar. Además, pueden agravar el asma.

El dióxido de nitrógeno es un compuesto químico que forma parte de un grupo de contaminantes gaseosos que se producen como consecuencia especialmente del tráfico rodado. Su inhalación puede provocar una disminución de la función pulmonar y aumentar el riesgo de aparición de síntomas respiratorios como bronquitis aguda, tos y flema, especialmente en los niños, que son más vulnerables a esta sustancia.

En la Región de Murcia hay 10 estaciones, de las 578 que existen en el país, que miden los índices de contaminación atmosférica en cuanto a partículas PM10, dióxido de nitrógeno, ozono y en algunos casos también de dióxido de azufre.

Según la distribución de esas estaciones, en el territorio autonómico se establecen seis zonas, que son la del Noroeste (estación de Caravaca), la del Guadalentín (Lorca), la del Mar Menor (La Aljorra), la de Cartagena (San Ginés y Mompeán), la del Valle de Escombreras (Alumbres, La Unión y Valle) y la de Murcia (San Basilio y Alcantarilla).

De las dos estaciones que ofrecen datos en la capital y su entorno, la que mejor refleja el estado del aire en Murcia es la de San Basilio. Esta instalación muestra que la contaminación por partículas PM10 tuvo un nivel medio anual de 38 microgramos por metro cúbico, cuando el límite legal está en 40 y la recomendación de la OMS en 20. Solo otra tres capitales superaron esos niveles contaminantes. Son Barcelona, con un tope de 48 microgramos; Granada, con 44; y Zaragoza, con 40.

En cuanto a dióxido de nitrógeno, en San Basilio se detectaron 75 microgramos por metro cúbico, cuando el tope legal es 42. Este valor medio anual dado en Murcia solo fue superado durante todo 2009 por el registrado en una de las 25 estaciones medidoras de Madrid capital, en concreto en la de Marañón, con 82 microgramos por metro cúbico de valor medio anual.

Por lo que respecta a la contaminación por ozono troposférico (O3), constituyente natural de la atmósfera pero que cuando su concentración es superior a la normal pasa a ser un gas contaminante, la palma en la Región se la lleva la zona del Noroeste y el Guadalentín.

En Caravaca de la Cruz y su entorno hubo 162 días en los que se rebasó la recomendación de la OMS (más de 100 microgramos por metro cúbico) y 43 en los que se superó el limite legal (más de 120 microgramos por metro cúbico), mientras que en Lorca eso ocurrió en 152 y 42 días, respectivamente, siendo los niveles más altos de todo el país, aunque es cierto que la mayoría de estaciones no midieron la contaminación por esta sustancia.

En cuanto a la contaminación por dióxido de azufre (SO2), emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite, los niveles más preocupantes en la Región se dan en la zona industrial de Cartagena. 

Allí, en la estación del Valle de Escombreras se rebasó el límite legal de 20 microgramos por metro cúbico en 52 días del año 2009, en la de Alumbres esto ocurrió en 48 días y en la estación de La Unión en 14, siendo estos valores propios de una zona industrial como ésta.

Las eléctricas informarán a Hacienda de los consumos para detectar alquileres no declarados

MADRID.- Las compañías eléctricas deberán informar a la Agencia Tributaria de los consumos eléctricos de los contribuyentes desde el próximo mes de febrero, con la finalidad de detectar alquileres no declarados o actividad industrial o comercial oculta al fisco, según una Orden Ministerial.

Por primera vez, se obligará a las eléctricas a presentar en febrero de 2011 los consumos de luz de este año, además de identificar a los titulares de los contratos de suministro, así como la referencia catastral del inmueble y su localización.

Para ello, Hacienda ha aprobado el modelo 159 de 'Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica', que deberá presentarse todos los años por medios telemáticos y que obligará a las compañías eléctricas a aportar la información de los alrededor de 25 millones de contratos existentes en España.

En la comunicación que facilitarán a la Agencia Tributaria debe figurar tanto el nombre y apellidos o razón social y NIF de los contratantes, como de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, dado que existen miles de contratos de luz donde no coincide el titular con quien realmente paga la factura debido a que, por ejemplo, se trata de una vivienda o local alquilado.

Además, las eléctricas deberán incluir en su comunicación a Hacienda la referencia catastral del inmueble y su localización, la potencia nominal contratada y el consumo anual en kilovatios, la ubicación del punto de suministro y la fecha de alta del mismo.

La medida, que se introdujo en la ley de prevención del fraude fiscal, viene a completar la obligatoriedad que ya introdujo la Agencia Tributaria de incluir la referencia catastral de la vivienda a todos los contribuyentes del IRPF, tanto si viven en régimen de propiedad como de alquiler, precisamente con la misma finalidad: detectar los arrendamientos no declarados.

El precio de los favores de Valcárcel a sus amigos

MURCIA.- "Si recorta el 80% a La 7, puede que GTM, la adjudicataria, le exija una indemnización, dice hoy Valcárcel a 'La Opinión'.
Las condiciones del concurso dicen que puede haber una reducción de hasta el 20%. También se dice que si, por imposibilidad de cumplir, hubiese que poner en marcha otros mecanismos, habría una indemnización. No se cuánto puede ser, pero no son cantidades desorbitadas. Lo que ocurre es que antes cierro una televisión que un colegio o un quirófano".

¿No tiene la sensación de que la televisión no ha calado?, le pregunta el periódico.

"No. Es una televisión joven que ha ido calando, pero hay muchos medios y eso hace que la repercusión sea menor de la deseable. Yo creo que la gente está contenta. Se da un magazine por la mañana con las cosas de la Región, el fútbol de Murcia..."

Y la Champions...

"La Champions ya se ve en la Sexta".

Golpe de Estado social / Toni Carrasco *

Cautivos y desarmados. Así parece ver el Gobierno regional a los empleados públicos. Con alevosía y premeditación, no le ha temblado el pulso para convertir en papel mojado acuerdos firmados con sus representantes en los últimos doce años. A los ojos de cualquier observador neutral, este Gobierno quedaría como incapaz para gestionar una Comunidad autónoma, con nula capacidad de planificación y desleal con el compromiso y la palabra dada.

La Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada en el Parlamento regional el pasado jueves, es el mandoble que confirma la política presupuestaria del Partido Popular. No nos engañaba Mariano Rajoy cuando tomaba como ejemplo al nuevo Gobierno británico: son sus políticas, su deslegitimación de la gestión pública de los servicios y su rendición ante el dios mercado.

Además, el proceso se ha desarrollado en un tono chulesco. Aparte de culpabilizar al personal empleado público del déficit, los muchachos del PP se han permito provocar a las personas que han protestado estos dos días, levantándoles expresivamente el dedo corazón. Todo con una sonrisa cínica, de señoritos de casino provinciano.

Lo peor de todo esto es la inmensa brecha que han conseguido instalar, las ideas y las políticas neoliberales, entre una buena parte de la ciudadanía y quienes tienen como trabajo asegurar la prestación de unos servicios públicos que hoy son considerados como imprescindibles pero que, al mismo tiempo, parecen invisibles.

El personal empleado público no es una especie aparte. Si se le recortan derechos, se le recortan también al conjunto de las personas trabajadoras, y la última reforma laboral es un fiel reflejo de ello. Si se logran mejoras, sirven como ejemplo y horizonte para quienes no las disfrutan. Y también sucede así en el sentido contrario. Aunque se empeñen en no admitirlo, tan trabajadoras son las personas del sector público como las del sector privado, y los avances y retrocesos de unas son las del conjunto.

Amparándose en los muchos mitos que circulan sobre el empleo público, nuestros próceres regionales han profundizado en el ataque que ya iniciara el Gobierno central. Mitos nacidos del interés por destruir el mínimo Estado de Bienestar que disfrutamos, aunque no siempre seamos conscientes.

Es difícil hacer análisis, de una mínima profundidad y objetividad, con este panorama de verdades construidas a base de mentiras repetidas hasta la saciedad. Afirmaciones e ideas que no necesitan justificación, ni demostración. Un panorama aderezado, en esta Región, por una anestesia compuesta de lemas populistas, falsos mitos y posiciones victimistas frente a otros territorios.

Quienes quieren acabar con el Estado Social se empeñan en presentarnos como derechos lo que no son más que privilegios de una minoría, imposibles por tanto de universalizar. En cambio, intentan convencernos de que los derechos sociales y laborales, generalizables al conjunto de la población, son privilegios. El mundo al revés.

El empleo fijo, la jubilación digna, la jornada laboral de 35 horas, un salario suficiente, la salud, una educación de calidad, la atención a las personas mayores, dependientes, niños y niñas, la vivienda… No son privilegios, son derechos que una sociedad avanzada tiene que asegurar y que, por lo que vemos, no se pueden dar por seguros.

Pues bien, no hacen nada más que desprestigiar a quien los consigue, muchas veces a costa de demasiado esfuerzo, sea a través de organizaciones sociales o sindicales, cuando deberían ser vistos como el horizonte mínimo al que debería llegar cualquier persona ciudadana de este país. Lo contrario es tomar como objetivo llegar al esclavismo, que parece ser lo que ha tomado el PP como inspiración.

Es difícil imaginar la cara que debe reflejarse en el espejo del presidente Valcárcel. ¿Se verá con el beatífico rostro de quien se siente satisfecho por la buena acción del día? ¿O se verá como el gobernante contundente, que hace lo que hay que hacer por su tierra, sin entrar en cálculos electorales ni caer en falsos sentimentalismos?

Lo cierto es que se verá sin la careta con la que pretende presentarse, ante nuestra sociedad. Observará el mismo rostro que hemos logrado entrever con unos presupuestos recortados en lo social, a los que ha sumado un ataque sin precedentes contra el personal dependiente de la Comunidad Autónoma, en forma de ley aprobada la víspera de Nochebuena.

Podría recortar en otras cosas como los fastos seudoculturales destinados al autobombo de su Gobierno. Podría recuperar ingresos con una fiscalidad directa a grandes empresas y personas de abultado patrimonio e ingresos insultantes. Podría eliminar empresas públicas destinadas a privatizar servicios y mantener holgadamente a sus amigos, como Gimcarsa. Pero ha elegido disminuir las partidas dirigidas a paliar las condiciones de vida de quienes más necesitados están y a garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía: Sanidad, educación, política social, empleo…

¿Dibujará el señor Valcárcel también un bigotito sobre el vaho del espejo en el que se mira satisfecho? Hagan una prueba con una de sus fotos. El resultado, aunque estremecedor, refleja triste realidad. Y todo se entiende mucho mejor.

(*) Portavoz de La Intersindical