Valcárcel esgrime sus razones para justificar los tan contestados recortes

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha mostrado este lunes su respeto al derecho a la manifestación pues, apuntó, "está reconocido y recogido en la Constitución Española y por otra parte no tiene que haber siempre un punto de coincidencia", aunque, subrayó, "más fácil sería --para el Gobierno-- no hacer nada".

   Valcárcel hacía así mención a la concentración que a esa hora los empleados públicos celebraban por las calles de Murcia contra los recortes del Gobierno regional.

   En este sentido, el presidente aseguró que "desde el Ejecutivo murciano hemos optado por hacer lo que teníamos que hacer, más cómodo sería no hacer nada, pero esa comodidad podría suponer, sin embargo, dejar de garantizar el bienestar de los ciudadanos".

   "Como cualquier empresa, familia o administración en estos años hemos dejado de ingresar como consecuencia de la crisis y sus efectos; es normal", recalcó.

   Pero, apuntó el presidente, "no se quiere entender que las administraciones, igual que las familias o las empresas, también dejan de ingresar, así como que la Administración ingresa en el momento en el que el ciudadanos aporta ese ingreso, si el ciudadano en su crisis económica, lamentablemente, no aporta a la Administración ésta no puede seguir manteniendo el mismo nivel de gasto".

   Una de dos, subrayó, "o tienes una máquina para hacer billetes, y de eso no hay nada, o muy al contrario se tiene que acudir al endeudamiento". Esta Región, recordó el jefe del Ejecutivo murciano, "podría presumir de ser la cuarta comunidad de España que menos endeudamiento tiene y sin embargo, paradojas de la vida, no se le deja endeudarse".

   Con lo que, señaló, "si ingresamos menos, no tenemos máquinas de hacer dinero y el único recurso es endeudarnos porque podemos hacerlo, pero se nos prohíbe desde el Estado, qué hacemos".

   "Hay dos caminos, o seguimos haciendo lo de hasta ahora, con lo cual ponemos en riesgo que el chico que va al colegio encuentre el aula abierta y el profesor para impartir la clase, o que la persona que utiliza la Sanidad deja de hacerlo", enfatizó Valcárcel, quien destacó, "que también se da la circunstancia de que en la Región de Murcia la población ha crecido más que en ningún otro lugar de España".

   "Qué hacemos", se cuestionó el presidente, "a cuántos médicos mandamos a la calle porque no hay forma de pagarles, a cuántos alumnos les decimos que no vayan al colegio porque habría también que reducir profesores, cerrar colegios, o a cuántos guardias jurados ponemos en las puertas de hospitales para que quien vaya a utilizar la Sanidad, no la utilice porque no hay recursos económicos suficientes".

   Se quiere hacer lo mismo que hacíamos antes pero en peores circunstancias. Lo que está claro, continuó el presidente, "es que, a pesar de ello, los quirófanos seguirán abiertos, los hospitales seguirán dando atención a todo el mundo, aunque la población siga creciendo, y seguirán los colegios abiertos".  

   Esto significa, indicó Valcárcel, "una readaptación a la situación, pues todo no puede ser igual, si no hay dinero nadie puede pretender que se gaste lo que no hay. Habrá que establecer la prioridad" y ésta, a su juicio, "es el estado de bienestar de los ciudadanos".

   A partir de ahí, concluyó, "mucho diálogo y firmeza". Todo esto que se está diciendo, advirtió el presidente del Ejecutivo murciano, "es mucho menos de lo que es y llegará el momento de hacer números, de sentarnos y explicarlo a la población".

La Comunidad Autónoma debe 1.823 millones de euros a los contratistas murcianos de obra pública

MURCIA.- Las administraciones públicas deben a las empresas contratistas de obra pública de la Comunidad Autónoma de Murcia una media de 2,5 millones de euros a cada una, tal y como han afirmado en rueda de prensa la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) y la Cámara de Contratistas de Obra Pública.

   La Cámara de Contratistas hizo una encuesta a varias de sus empresas que reflejó que "la media de la deuda con cada una de las compañías se sitúa en torno a los 2,5 millones de euros", según Belando, quien denunció que se trata de una situación "inviable" que aboca prácticamente al cierre a las empresas de tamaño pequeño y mediano, que son "con las que cuenta la Región de Murcia".

   Se vaticinó hoy para el sector un 2011 de previsiones "muy negativas" en inversión, y extendió esta previsión a la baja al contexto regional, ya que tanto la Comunidad Autónoma como los ayuntamientos no podrán afrontar inversiones de consideración por falta de liquidez.

   Se ha explicado que el endeudamiento de la Comunidad Autónoma a final de 2010 está en 1.823 millones de euros y aún no conocemos los datos de todas las empresas. En los próximos meses, adelantó que la previsión es poder alcanzar los 2.200 millones de euros. Así, dijo que la Comunidad "tiene pendientes de pago certificaciones desde mayo, es decir, las empresas están siete meses sin cobrar".

   Por su parte, los ayuntamientos "tienen un endeudamiento en torno a los 800 millones de euros y deben en general los últimos seis meses y en algunos casos hasta un año y medio", se denunció públicamente hoy, cuando se ha anunciado "más recesión para 2011 que llegará en torno a un siete por ciento, y una posible recuperación muy lenta el año siguiente, porque todo indica que el sector ha tocado fondo".

   Ambos representaciones empresariales mostraron su preocupación por los puestos de trabajo perdidos en esta coyuntura tan negativa. "Desde 2007 se ha perdido el 50 por ciento del empleo que generaba el sector porque, hace tres años había 105.000 ocupados y ahora 55.000 y se pueden perder otros 10.000 en 2011", se afirmó, tras matizar que el año próximo sólo el capítulo de rehabilitación de viviendas demandará mano de obra.

   Se explicó que los distintos ministerios tenían prevista una inversión en la Región de Murcia del orden de los 735 millones de euros de los que "apenas se ha ejecutado el 50 por ciento", mientras que la otra mitad "son obras que se han paralizado, que se han alargado o que se han prorrogado a otros ejercicios".

   Para el 2011, se informó de que se prevé que los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente reduzca sus presupuestos destinados a la Región de Murcia un 43 y un 39 por ciento respectivamente. De hecho, de los 526 millones de euros destinados a nuestra comunidad autónoma, sólo 54 se dirigen a obra pública, "ya que la mayor parte se lo llevan transporte y el ferrocarril", se matizó.

   "Teniendo en cuenta que no se retrasen a otros ejercicios las inversiones previstas para transportes y ferrocarril, las expectativas de inversiones por parte de los ministerios son francamente negativas", según FRECOM, desde donde se cifró en un descenso medio del 28 por ciento de las inversiones del conjunto del Gobierno central.

   En la Comunidad Autónoma, se indicó que las licitaciones que ha habido en 2010 se han situado en torno a los 100 millones de euros, y las previsiones para 2011 son de 211 millones de euros, aunque destacó que "gran parte de estas inversiones son obras que ya están licitadas y que se adjudicarán a principio de año".

   Por este motivo, se indicó que "va a ser difícil que salgan a licitación nuevas obras por parte de la Comunidad Autónoma". Por el contrario, se señaló que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio "está sacando un paquete de obras en colegios e institutos con financiación aplazada al 2012 y 2013", pero se manifestó que las empresas "no tienen capacidad de ejecutar las obras y cobrarlas cuando estén terminadas".

   La licitación de los ayuntamientos en 2010, por su parte, fue de 150 millones de euros, pero se advirtió que en esta cantidad total están incluidos los planes estatales de inversión local, que son la mayoría del conjunto de la inversión". Para 2011, FRECOM estima que las inversiones de las corporaciones locales "van a ser muy escasas, máxima si carecen de capacidad de endeudamiento".

   Se informó de las cifras alcanzadas por el sector en 2010, en el que se iniciaron 2.200 viviendas y se terminaron 7.500, mientras que las escrituras de compraventa corresponden a 18.000 viviendas. Así pues, los empresarios estiman que, si el 2011 se comporta de forma similar al 2010, las existencias o el 'estocage' de viviendas se finalizará en 2011.

   En 2010 se financiaron 488 viviendas de protección oficial y se quedaron sin iniciar por falta de financiación 595. Además, se ejecutaron 4.800 expedientes de rehabilitación en viviendas y comunidades, aunque se dijo que son expedientes de pequeño tamaño y no se incluyeron grandes proyectos en este apartado ni se espera que se incluyan en 2011.

   Por su parte, se cifró en 300 millones de euros la cantidad que se debe a las empresas de obra pública, que suman unas 200 compañías en toda Región de Murcia. La estimación porcentual apunta a que los más morosos son los ayuntamientos, que acumulan en torno a un 40 por ciento de esos 300 millones de deuda total, y que la Administraciones central y regional acumulan un 25 por ciento de deuda cada una.

   Para solucionar la situación, se expuso una iniciativa empresarial para combatir la elevada morosidad de las Administraciones Públicas, que consiste en la edición de una guía en la que se explica cómo reclamar los intereses por mora o tardanza en el pago de las obras del sector público y se explicó que iniciativas de esta índole se han tomado en otras regiones españolas, como Cataluña.

   "Es una guía para que el empresario haga valer sus derechos ante las administraciones públicas, porque muchas empresas están al borde del cierre o del concurso de acreedores por las deudas acumuladas", se aclaró. De hecho, se indicó que un total de 50 empresas de obra pública se encuentran en situación concursal, el 20 por ciento de las 200 empresas murcianas que hacen obra pública.

   Hasta ahora, se dijo que los empresarios "no han reclamado los intereses, quizá, porque eran tiempos de bonanza económica y porque no han querido aprovechar esa situación de ventaja ante la Administración y por la amenaza de que, si piden los intereses, la administración no va a volver a llamarle". Sin embargo, se criticó que en el escenario actual "es prácticamente imposible mantener a las empresas con la demora en el pago de las certificaciones que hay".

   En este sentido, se  manifestó que el interés de demora por retraso en el pago de la Administración "se encuentra en el ocho por ciento, lo que puede ser una buena inversión, pero las empresas, evidentemente, no están en situación de invertir ni tienen suficiente capacidad financiera para financiar a todas las administraciones", se destacó.

   Sobre este particular, los empresarios reclamaron apoyo de las Administraciones para que las entidades financieras les descuenten las certificaciones. "Hay que evitar tensiones, sobre todo entre los ayuntamientos y las empresas pequeñas, que son sus principales acreedores. Ninguna empresa quiere enriquecerse con los intereses de demora, sólo pretenden cobrar", concluyó.

Saura considera "despilfarradora" la gestión de un Valcárcel que debe 1.000 millones de euros a provedores

MURCIA.- El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, Pedro Saura, consideró este lunes "injusto" los recortes del Gobierno murciano porque, a su parecer, son consecuencia de la "mala" y "despilfarradora" gestión de la Administración regional.

   Saura, que aseguró en rueda de prensa que no es una novedad lo que está sucediendo con el "caos" de las cuentas públicas, subrayó que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, "es el jefe del Ejecutivo más despilfarrador de entre todas las CC.AA", al tiempo que destacó su "mala" gestión al frente del Gobierno murciano.

   Las consecuencias, según el socialista, "son una menor inversión, el recorte en las políticas sociales y unos empleados públicos como paganos de esa mala administración de las cuentas públicas por parte del presidente Valcárcel".

   "Desde luego es injusto que una vez que los empleados públicos ya han asumido una parte del ajuste de la crisis económica siga recayendo sobre ellos ese despilfarro del Ejecutivo regional", insistió.

   Por lo que respetó las concentraciones llevadas a cabo por los empleados públicos, puesto, que desde su punto de vista, "tienen que defender sus derechos".

   "Aquí se ha malgastado, administrado mal, se han creado consejerías que no debían crearse y sin competencias y se ha malgastado recursos año tras año", recalcó Saura, y "ahora se dan cuenta que no cuadran las cuentas y son los empleados públicos los que tienen que pagar las consecuencias de tener al frente de la Comunidad Autónoma al presidente más ineficaz en la gestión de las cuentas públicas y el más moroso de entre todas las comunidades", continuó.

   Saura aseguró desconocer si la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas será suficiente para que el Ministerio de Hacienda permita a la Comunidad Autónoma endeudarse, aunque matizó que el objetivo claro del Gobierno regional es endeudarse "para tratar de conseguir 500 millones de euros".

A su juicio, Ramón Luis Valcárcel, "es el moroso de 2010" y que "con un Gobierno regional que no sabe de economía ni como administrar eficientemente los recursos, nos enfrentamos a un deterioro del estado del bienestar".

   Saura, que se refirió a los datos sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas en el tercer trimestre de 2010, hechos públicos por el Ministerio de Economía y Hacienda la semana pasada, aseguró que estos datos muestran que "la Región de Murcia está sumida en el caos y el desbarajuste de un Gobierno regional que no sabe hacer cuentas ni llevar las cuentas de la Comunidad Autónoma".

   Y es que, dice, "no hay nadie en el Consejo de Gobierno, ni un solo consejero, que sepa de economía". Y lo más grave, añadió en rueda de prensa, "es que les da igual".

   Pedro Saura lamentó así que el Gobierno regional no haya gastado el dinero de todos los murcianos de forma racional. "En lugar de utilizar los recursos económicos con eficacia, nos encontramos con consejeros que hacen obras donde no se demandan, con un consejero, el de Justicia, con Consejería pero sin competencias y con el sobrino del presidente al que había que darle trabajo y que, convertido en consejero de Cultura, ha gastado con pólvora de Rey".

   En definitiva, subrayó el secretario general de los socialistas murcianos, "es imposible que en este contexto a la Región de Murcia le salgan las cuentas. Es un auténtico caos".

   En estos tres trimestres, apuntó, Murcia ha crecido en gasto corriente un 6,5 por ciento. Aunque, advirtió, que lo más grave es que, mientras el gasto corriente ha seguido aumentando más que en ninguna otra comunidad autónoma, "el pago a los proveedores ha disminuido en un 4,5 por ciento".

   Es decir, apostilló Saura, "que la solución de Valcárcel a no poder pedir prestado, es dejar de pagar a los proveedores, a los que ya les debe 1.000 millones de euros".

   "Valcárcel ha demostrado y sigue demostrando que es el moroso de 2010, de la Región de Murcia y del conjunto de comunidades autónomas", afirmó el socialista quien añadió que Murcia se encuentra en el kilómetro 0".

   Y es que, concluyó, "la Región está en el Km. 0 de la mala gestión de las cuentas públicas, el Km. 0 de la crisis económica y el Km. 0 del caos en la gestión de los recursos públicos".

IU pide que el objetivo de déficit de las CCAA se vincule a su endeudamiento

MURCIA.- IU ha presentado una moción en la Asamblea Regional por la que insta al Gobierno murciano a que solicite la convocatoria "urgente" del consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de que establezca un nuevo objetivo de déficit de las comunidades vinculado al nivel de endeudamiento de las mismas.

   Así lo ha anunciado hoy el portavoz de IU en el Parlamento autonómico, José Antonio Pujante, quien ha indicado que esta iniciativa persigue un reparto "más justo y equitativo" de las cargas para el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público establecido por el Ejecutivo central.

   Pujante también ha pedido que este objetivo de déficit, que se sitúa en el 2,4 por ciento para las comunidades autónomas, aumente el uno por ciento al considerar que es "muy bajo" para abordar "con garantías suficientes" el actual contexto de crisis económica de la Región de Murcia.

   El parlamentario de IU ha indicado que el 2010 ha sido un año "difícil" marcado por el incremento del desempleo, la pobreza y la exclusión social, así como por los recortes "antisociales" que, a su juicio, han aplicado los ejecutivos regional y central en materia social y laboral.

Pujante ha asegurado que el "tijeretazo" del Gobierno regional a los empleados públicos se traducirá en una contracción de la economía y un descenso del consumo, al tiempo que "empeorará la calidad de servicios públicos", entre los que ha destacado la sanidad, la educación y los servicios sociales.   

Además, ha señalado que cualquier modificación del Ejecutivo autonómico no serviría para paliar los problemas económicos de la Región de Murcia "a no ser que se opte por un cambio en la orientación económica a través de una política que no haga recaer sobre los de siempre" el peso de la crisis.

Miles de funcionarios pierden el miedo a Valcárcel mientras algunos apedrean su palacio y su mansión

MURCIA.- Miles de empleados públicos regionales, unos 4.500 según la Policía Local y entre 4.000 y 7.000, según los sindicatos, han participado en la concentración que ha tenido lugar este lunes a las puertas del Palacio de San Esteban -sede del Gobierno regional- y en la posterior manifestación que ha recorrido el centro de Murcia por la Gran Vía Escultor Salzillo y la avenida Teniente Flomesta hasta la Consejería de Economía y Hacienda, en protesta de las últimas medidas de recorte salarial y condiciones de empleo llevadas a cabo por el Ejecutivo murciano.

   La movilización ha transcurrido sin incidentes destacables, salvo algún forcejeo entre manifestantes y la treintena de agentes antidisturbios de la Policía Nacional que protegían el Palacio de San Esteban, así como el lanzamiento de huevos contra la fachada de la sede de la Administración autonómica y el portal de la casa del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, situada en el trayecto que han recorrido los participantes.

   Los manifestantes, convocados por los sindicatos por CSIF, Sterm-Intersindical, ANPE, SATSE, UGT y CCOO, han protestado así contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas aprobada en la Asamblea Regional el pasado jueves y con la que la Comunidad Autónoma pretende ahorrar más de 300 millones de euros recortando, entre otras cosas, las condiciones laborales y a las retribuciones de los empleados públicos de la Administración regional.

   Sobre las 11.00 horas, los participantes se concentraron ante la puerta del Palacio de San Esteban bajo las pancartas 'Listas de espera, bajas y jubilaciones sin cubrir, ¿y esto no te afecta a ti?' o 'Por la defensa de la Sanidad Pública', gritado al unísono 'Hay ladrones, detrás de los balcones', 'Valcárcel, cretino, baja el sueldo a tu sobrino' o 'Menos corrupción y más Educación', mientras lanzaban huevos contra la fachada.

   Posteriormente, los concentrados han decidido dirigirse a la plaza de la Fuensanta para, desde allí, emprender una manifestación por la Gran Vía Escultor Salzillo hasta la Consejería de Economía y Hacienda, mientras coreaban eslóganes como 'Menos typical y más sanidad', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Para el ladrillo riqueza, para la enseñanza pobreza' y 'No nos mires, también es tu dinero', con el que incitaban a los ciudadanos unirse a la manifestación.

   A la altura del portal de la casa de Valcárcel, los manifestantes han protagonizado una sentada y han hecho sonar pitos y bocinas, al tiempo que tiraban petardos y arrojaban huevos contra la puerta mientras gritaban con las manos en alto pidiendo la dimisión del presidente regional, y cantaban consignas tales como 'En este piso está nuestro dinero', 'Como el de Ramoncito, queremos un pisito', y 'Del piso de Valcárcel no nos moverán'.

   Tanto el secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, como su homólogo de CCOO, Daniel Bueno, plantearon la posibilidad de nuevas vías jurídicas para evitar la aplicación de la Ley, aprobada el pasado jueves en la Asamblea Regional, y esgrimieron, incluso, la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad.

   En concreto, Bueno explicó que el recurso de inconstitucionalidad se puede poner "por parte de 50 diputados", y mostró su esperanza en que "ojalá" lo apoye algún grupo parlamentario con votos suficientes capaz de llevar a cabo una cuestión de constitucionalidad, que a su juicio "debería ser el PSOE". No obstante, indicó que, si esa vía no es posible, CCOO estudiará "otras con el objetivo de evitar que esta Ley sea de aplicación a partir del 1 de enero".

   Jiménez, por su parte, respaldó la formulación de "todos los recursos jurídicos al alcance del sindicato, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para intentar neutralizar los tremendos efectos negativos de esta Ley".

   Además, ambos líderes sindicales advirtieron que las protestas en la calle van a tener continuidad. En concreto, Bueno anunció una nueva manifestación para el próximo miércoles, 12 de enero, por la tarde aunque otros sindicatos convocantes adelantaron la fecha al próximo miércoles, 29 de enero. Ante la falta de consenso, los sindicatos con representación en el área pública están reunidos para tratar de alcanzar un acuerdo.

En opinión de Bueno, la manifestación de este lunes que ha recorrido las calles del centro de Murcia "es un nuevo acto de protesta contra la premura de una Ley que se ha aprobado de un día para otro", y mostró su esperanza en que la movilización "sea capaz de echar para atrás una Ley que consideramos que vulnera flagantemente los derechos de los trabajadores públicos".

   Específicamente, reprochó que la Ley va contra "la negociación colectiva, que hace desaparecer todos los acuerdos laborales de los últimos 12 años, que produce un nuevo recorte en términos económicos a trabajadores que ya tenían recortado su salario, y que pone en peligro más de 2.000 puestos de trabajo, que corresponden a interinos, fundamentalmente".

   En este sentido, Bueno ha puntualizado que las manifestaciones están siendo "actos de protesta muy espontáneos" y que el clima de indignación de los trabajadores públicos es "enorme". Por ello, adelantó que la gente "va a seguir protestando" y advirtió que "nadie piense que, por haber aprobado la Ley en el Parlamento, las movilizaciones se van a quedar aquí".

   "Los únicos responsables de lo que está sucediendo es el propio Gobierno regional, que ha gestionado mal los presupuestos del año 2010, y sobre su incompetencia, quiere que sus fallos los paguen los trabajadores públicos", según Bueno, quien ha lamentado que "no se puede confiar en un Gobierno que un día aprueba unos presupuestos de la Comunidad y al día siguiente los autoenmienda".

   A su juicio, la peor conclusión es que la Comunidad "no tiene Gobierno", por lo que ha considerado una buena opción "que las elecciones sean pronto, para ver si hay cambios en el Ejecutivo". Asimismo, instó a Valcárcel a "pensar su vocación de seguir al frente del Gobierno, porque ha sido incapaz de gestionar la Comunidad en tiempos de crisis, ha quedado paralizado".

   Jiménez ha señalado que la Ley aprobada es "injusta, castiga doblemente al empelado público y, por ende, también a los servicios públicos de la ciudadanía". Además, reprochó que constituye "la mayor regresión laboral de la historia de la Comunidad".

   El secretario general de UGT Región de Murcia resumió que la Ley "perjudica a 55.000 familias; reduce injustamente y, por segunda vez, salarios a los empleados públicos; amplía la jornada laboral, con lo que va a suponer de la expulsión de muchos empleados públicos como resultado de la reducción de la jornada máxima legal". En concreto, criticó que con la Ley se verán expulsados "entre 2.000 y 3.000 personas".

   "Lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido imponer y no ha dado ninguna posibilidad de negociar", según Jimenez, que ahora tiende la mano de los sindicatos para "plantear alternativas e intentar que la Comunidad pueda negociar todas estas condiciones de trabajo tan perniciosas, para neutralizar sus efectos", matizó.

   En la concentración también estuvo presente la portavoz de la Presidencia de IURM, Esther Herguedas, quien calificó la convocatoria de manifestación como "absolutamente justificada", puesto que la Ley plantea medidas que "recortan derechos laborales y salariales que no sirven en absoluto para salir de la crisis, sino que van a servir para retroceder aún más".

Otra, el miércoles

Las organizaciones sindicales CSIF, Intersindical, ANPE, SATSE, UGT, CCOO y SIDI, han convocado una nueva manifestación el próximo  miércoles, 29 de diciembre, que partirá desde la Plaza Fuensanta de Murcia a las 18.00 horas para protestar por las últimas medidas de recorte a los empleados públicos llevadas a cabo por el Ejecutivo murciano.

   El objetivo es "manifestarse pacíficamente en defensa de unas condiciones de trabajo dignas, por el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva y en defensa de unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía murciana", según informaron fuentes de los sindicatos en un comunicado conjunto.
   Las organizaciones han decidido organizar esta nueva manifestación "tras el éxito de la movilización de este lunes y ante la voluntad manifiesta de los empleados públicos de la Comunidad de continuar la lucha contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de la Finanzas Públicas aprobada por el Gobierno regional".
   Dichas organizaciones están "convencidas de ganar esta batalla, que supone la mayor agresión cometida nunca contra los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica, atentando directamente contra su dignidad".

Fotografías de Juan Oliver

El aeropuerto de Castellón, camino de ser otro fiasco tras el de Ciudad Real

VALENCIA.- El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat elaborado por la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2009 señala que Aeropuerto de Castellón S.L. (ACSL) se encuentra en uno de los supuestos de disolución previstos en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada dado que su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social.

   En concreto, la Sindicatura especifica que, como consecuencia de las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de la sociedad a 31 de  diciembre de 2009 presenta un valor negativo de 12.789.931 euros, por lo que emplaza a los administradores de la sociedad a adoptar medidas para "reequilibrar su situación patrimonial en los plazos legalmente previstos".

   El informe también concreta que el capital social de ACSL asciende a 827.400 euros, representado por 2.068.500 participaciones de 0,4 euros de valor nominal cada una, propiedad en un 99,85 por ciento de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) y en un 0,15 por ciento de la Diputación Provincial de Castellón.

   Aeropuerto de Castellón S.L. tiene firmado un contrato con la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.L. para la construcción del aeropuerto de Castellón Costa Azahar, su explotación durante un plazo de 50 años y su financiación parcial. La Sindicatura afirma que el impacto de este contrato en la actividad de la sociedad y en sus cuentas anuales es "muy significativo", por lo que insta a dar "información detallada" del mismo.

   Asimismo, considera que el saldo de los epígrafes correspondientes al inmovilizado material y a subvenciones, donaciones y legados se encuentra "sobrevalorado" en 8,8 millones de euros e insta a reducirlo en esa cuantía.

   Al respecto, argumenta que la concesión realizada por la Diputación de Castellón del uso y explotación de los terrenos necesarios para la construcción de las instalaciones aeroportuarias "no tiene un carácter gratuito, ya que su contraprestación está constituida por la construcción del aeropuerto y las infraestructuras y vías de conexión, que revertirán a la misma al finalizar el periodo de cesión".

   También indica que al finalizar el ejercicio 2009, Aeropuerto de  Castellón, S.L. ha contabilizado 98,7 millones con cargo al epígrafe de inmovilizaciones materiales por las certificaciones de obra emitidas por la empresa contratada para ejecutar los trabajos de las instalaciones aeroportuarias. La contrapartida del cargo se encuentra contabilizada en los epígrafes de 'Periodificaciones a largo plazo', con 86.815.710 euros; 'Otras deudas a largo plazo', con 3.941.415 euros, y 'Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar', con 7.979.925 euros.

   Sin embargo, la Sindicadura estima que dado que las obras no se integrarán en el patrimonio de ACSL hasta su finalización "no  deberían haberse contabilizado".

   Asimismo, el órgano fiscalizador detecta una serie de "incumplimientos significativos" de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. Entre ellos, señala que las instrucciones de contratación aprobadas por ACSL "no garantizan adecuadamente la efectividad de los principios básicos en la actividad contractual que realice la sociedad" como la adjudicación a la oferta económica más ventajosa o la aplicación del principio de publicidad.

   La Sindicatura también recomienda a la sociedad que en los contratos de patrocinio justifique en sus expedientes la  necesidad del gasto y la determinación del precio contratado, de manera que quede "garantizada la equivalencia de las prestaciones acordadas".

   Por otro lado, detalla que para apoyar la construcción y explotación del aeropuerto, ACSL concedió en 2004 un préstamo participativo a Concesiones Aeroportuarias, S.A. que podía  alcanzar un importe máximo de 44 millones de euros. La cantidad económica dispuesta a 31 de diciembre de 2009 es de 37.360.000 euros, en tanto que ACSL tiene pendiente de atender las solicitudes de disposición de fondos por importe de 2,5 millones de euros realizadas por la prestataria en noviembre de 2009.

   Por otra parte, en septiembre de 2009 finalizó el período de disposición de fondos del crédito sindicado suscrito con diversas entidades financieras por un importe máximo de 46 millones de euros, con el objeto de financiar el préstamo participativo. Debido a que no estaban finalizadas las obras en dicha fecha, quedan por disponer 6.649.870 euros, según especifica la Sindicatura.

   Ante dicha situación, el 10 de noviembre de 2009 ACSL se dirigió al Instituto Valenciano de Finanzas para ampliar el plazo de disposición hasta el 31 de octubre de 2010 "sin que se haya obtenido respuesta alguna por parte de dicho organismo".

   A fecha de junio 2010, Concesiones Aeroportuarias S.A. no ha solicitado que se ejerza la cláusula de indemnización prevista en el contrato de préstamo participativo, señala la Sindicatura. Este órgano considera que estas circunstancias "ponen de manifiesto la difícil situación financiera que presenta actualmente ACSL, además de las posibles repercusiones legales y económicas que se pueden derivar en el futuro".

Juventudes Socialistas califica de "salvajada social" los recortes del Gobierno regional

MURCIA.- Juventudes Socialistas ha calificado de "salvajada social" el "tijeretazo" del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y han indicado que este recorte "evidencia el agotamiento político y el error continuado del PP gestionando el dinero de todos los murcianos en los últimos 16 años", según han informado los jóvenes socialistas en un comunicado. 

   Desde JSRM afirman que "la gran mentira de Valcárcel se está empezando a destapar y este tijeretazo pone en evidencia el agotamiento político y el error continuado del PP al frente del dinero de todos".

   Y es que, según los jóvenes socialistas "el PP ha gobernado con grandes dotes propagandísticas, utilizando pantomimas y farándula para engañar a la ciudadanía y despilfarrando el dinero de todos poniendo por delante intereses personales por encima de los colectivos".

   Asimismo, han considerado que "han tenido una actitud irresponsable durante sus 16 años de gobierno y ahora lo vamos a pagar entre todos".

 Para JSRM, "Valcárcel debe dejar de tirar balones fuera y afrontar la situación con coraje político, dejando de malgastar millones de euros poniendo una pegatina en el peor coche de la Fórmula 1, invirtiendo decenas de millones de euros anuales en una televisión manipulada o en las campañas millonarias que no tienen una eficacia probada".

Agricultura aboga por seguir investigando fórmulas para mejorar la competitividad del sector productor de tomate

MURCIA.- El director general de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, ha abogado este viernes por "seguir investigando fórmulas para mejorar la competitividad del sector productor de tomate", con motivo de su visita a las instalaciones del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Fundación Cajamar, situado en El Ejido (Almería).

 

   El objetivo del viaje fue conocer de primera mano los nuevos modelos de invernaderos que favorecen la optimización climática, así como las nuevas prácticas de cultivo sin suelo y cultivo robotizado que se desarrollan para mejorar la rentabilidad de las producciones, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   La visita se enmarca en el programa de modernización del sector del tomate y otros cultivos en invernadero que lidera la Comunidad. García Lidón señaló que dicho programa incluye, entre otros aspectos, "una línea de ayudas a los productores de tomate y pimiento de la Región para mejorar la estanqueidad en los invernaderos y reducir la incidencia de plagas".

   El proyecto también se centra en "la optimización de las condiciones climáticas que favorezcan el incremento de la productividad y la acerquen a los umbrales obtenidos en otros países de la Unión Europea, como Holanda".

   En este sentido, el responsable autonómico destacó el plan de mejora de la eficiencia energética de los invernaderos, que propiciará la implantación de los sistemas de cogeneración.

   Se trata de una técnica que, según García Lidón, "permite utilizar la producción de calor que se destina a la calefacción agrícola para incrementar la productividad del cultivo y la obtención de electricidad en un único proceso, vertiendo a la red eléctrica los excedentes que se generan a un precio regulado".

   Otro factor positivo que conlleva la implantación de esta práctica es "la obtención de CO2 de alta pureza, que se obtiene en la filtración de los gases de escape que se generan. Este CO2 es inyectado en los invernaderos para obtener una fertilización carbónica y aumentar así el rendimiento de los cultivos", concluyó el director general.

Se inicia la adecuación biológica de los humedales del entorno del Mar Menor

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua ha iniciado las obras de adecuación biológica de los humedales del entorno del Mar Menor, que pretenden dotar a las salinas de Marchamalo y del Rasall de capacidad suficiente para autoabastecerse de agua marina y posibilitar su mantenimiento, conservación y mejora del hábitat, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

   De este modo, el periodo de ejecución de este proyecto abarca hasta 2012 y cuenta con una inversión de 674.000 euros financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además, la dirección de las obras corresponde a la Consejería de Agricultura y Agua.

   Las salinas de Marchamalo se encuentran ubicadas en el litoral sur de la laguna, en las proximidades de Cabo de Palos. Entre las actuaciones a desarrollar allí figuran el acondicionamiento de los canales de distribución de agua, la reposición de compuertas, la integración paisajística de los vallados y controles de acceso a motas, así como la mejora de las instalaciones asociadas a la salinera y la adquisición de nuevos equipos.

   Asimismo, en las salinas del Rasall, ubicadas en el interior del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, se llevará a cabo la mejora del sistema de llenado mediante bombeo, la impermeabilización de las balsas almacenadoras, la adecuación de los canales y la mejora de las balsas cristalizadoras y del servicio de mantenimiento de los procesos biológicos.

   Esto incluye la extracción de la cosecha anual de sal, la formación de técnicos especialistas en salinas y la aplicación de una gestión especializada para garantizar la puesta en marcha de una futura explotación tradicional.

   Así, el director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, ha señalado este domingo que entre la singularidad naturalística del conjunto del Mar Menor, "las salinas destacan como enclaves ecológicos de indudable relevancia".

   Y es que, según ha indicado, "las instalaciones salineras proporcionan un hábitat diversificado a numerosas especies de fauna y flora, así como un enclave ideal para el estudio de diversos procesos ecológicos dignos de ser conservados".

   Por otro lado, Fernández ha destacado que "los valores sociales y culturales asociados a estas salinas también suponen un aliciente para su recuperación, pues se trata, quizá, de los últimos reductos donde es posible realizar esta actividad de forma tradicional, por ser explotaciones de pequeñas dimensiones".

   Finalmente, el responsable ha apuntado que "la pérdida de competitividad de las pequeñas explotaciones salineras frente a las grandes supuso la paulatina degradación de las infraestructuras productivas. Sin embargo, en humedales antrópicos como son las salinas es fundamental mantener la actividad productiva para garantizar la conservación de los valores biológicos y culturales asociados".

El PSRM exige la comparecencia de Palacios en la Asamblea para que explique el calendario del hospital de Santa Lucía

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia urgente de la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, a fin de que explique en la Cámara el calendario y proceso de puesta en funcionamiento del nuevo hospital de Santa Lucía, así como la situación en la que van a quedar los hospitales Naval y Rosell mientras se produce el traslado total al nuevo hospital.

 

   Así, la diputada regional, Teresa Rosique, exige al Gobierno regional que mientras los tres hospitales estén en funcionamiento, "se garantice la asistencia a los enfermos y los servicios básicos como el de la UCI. No nos vale el argumento de que son muy pocos, pues mientras haya un enfermo que necesite la UCI deberá funcionar", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

   Rosique recordó que el Grupo Parlamentario Socialista tiene solicitada, desde hace meses, la comparecencia de la consejera de Sanidad en la Asamblea para que explique estas circunstancias. "A la vista de cómo se está produciendo el traslado y cómo se viste un santo para desvestir a otro, le exigimos la comparecencia a Palacios con carácter de urgencia", ha añadido.

   Otra explicación que tiene solicitada el Grupo Socialista a la consejera es que cuente cómo va a garantizar el cumplimiento de la resolución que por unanimidad y a propuesta del PSOE se aprobó en el Parlamento autonómico como consecuencia del Debate del Estado de la Región; resolución en la que se reclamaba que el Rosell quedara como el segundo hospital de Cartagena, con los servicios básicos de un hospital general, algo sobre lo que la consejera aún no se ha pronunciado.

   Finalmente, Rosique ha indicado que todas estas cuestiones merecen "una explicación pormenorizada en sede parlamentaria".

Murcia y Cartagena en la geografía de una contaminación ambiental preocupante

MURCIA.- Murcia es la ciudad española con mayor contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) y está entre las más contaminadas por partículas PM10, sustancias que flotan en el aire y que provocan enfermedades pulmonares y cardiovasculares, recoge hoy 'La Opinión'.

El 79% de las personas que residen en España –36,9 de sus 46,7 millones de habitantes– respira un aire cuya calidad es inferior a los índices de protección a la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según hizo público hace unos días la asociación Ecologistas en Acción basándose en el informe La calidad del aire en el estado español.

Dicho informe señala también que un 14% de la población –6,6 millones de personas– respira aire con un nivel de contaminación que supera los límites que marca la legislación actual en esta materia, que es menos exigente que el baremo aplicado por parte de la OMS.

Los últimos datos oficiales que maneja la organización ecologista sitúan a Murcia en muy mal lugar, pues en los principales apartados analizados, que son la contaminación por partículas PM10 y por dióxido de nitrógeno, la capital murciana aparece a la cabeza.

Las partículas PM10 de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen están dispersas en la atmósfera y al inhalarlas se adhieren a las paredes de las vías respiratorias o viajan profundamente a los pulmones, pudiendo causar problemas a la salud que se manifiestan con tos, resuellos y dificultad para respirar. Además, pueden agravar el asma.

El dióxido de nitrógeno es un compuesto químico que forma parte de un grupo de contaminantes gaseosos que se producen como consecuencia especialmente del tráfico rodado. Su inhalación puede provocar una disminución de la función pulmonar y aumentar el riesgo de aparición de síntomas respiratorios como bronquitis aguda, tos y flema, especialmente en los niños, que son más vulnerables a esta sustancia.

En la Región de Murcia hay 10 estaciones, de las 578 que existen en el país, que miden los índices de contaminación atmosférica en cuanto a partículas PM10, dióxido de nitrógeno, ozono y en algunos casos también de dióxido de azufre.

Según la distribución de esas estaciones, en el territorio autonómico se establecen seis zonas, que son la del Noroeste (estación de Caravaca), la del Guadalentín (Lorca), la del Mar Menor (La Aljorra), la de Cartagena (San Ginés y Mompeán), la del Valle de Escombreras (Alumbres, La Unión y Valle) y la de Murcia (San Basilio y Alcantarilla).

De las dos estaciones que ofrecen datos en la capital y su entorno, la que mejor refleja el estado del aire en Murcia es la de San Basilio. Esta instalación muestra que la contaminación por partículas PM10 tuvo un nivel medio anual de 38 microgramos por metro cúbico, cuando el límite legal está en 40 y la recomendación de la OMS en 20. Solo otra tres capitales superaron esos niveles contaminantes. Son Barcelona, con un tope de 48 microgramos; Granada, con 44; y Zaragoza, con 40.

En cuanto a dióxido de nitrógeno, en San Basilio se detectaron 75 microgramos por metro cúbico, cuando el tope legal es 42. Este valor medio anual dado en Murcia solo fue superado durante todo 2009 por el registrado en una de las 25 estaciones medidoras de Madrid capital, en concreto en la de Marañón, con 82 microgramos por metro cúbico de valor medio anual.

Por lo que respecta a la contaminación por ozono troposférico (O3), constituyente natural de la atmósfera pero que cuando su concentración es superior a la normal pasa a ser un gas contaminante, la palma en la Región se la lleva la zona del Noroeste y el Guadalentín.

En Caravaca de la Cruz y su entorno hubo 162 días en los que se rebasó la recomendación de la OMS (más de 100 microgramos por metro cúbico) y 43 en los que se superó el limite legal (más de 120 microgramos por metro cúbico), mientras que en Lorca eso ocurrió en 152 y 42 días, respectivamente, siendo los niveles más altos de todo el país, aunque es cierto que la mayoría de estaciones no midieron la contaminación por esta sustancia.

En cuanto a la contaminación por dióxido de azufre (SO2), emitido por fábricas, centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite, los niveles más preocupantes en la Región se dan en la zona industrial de Cartagena. 

Allí, en la estación del Valle de Escombreras se rebasó el límite legal de 20 microgramos por metro cúbico en 52 días del año 2009, en la de Alumbres esto ocurrió en 48 días y en la estación de La Unión en 14, siendo estos valores propios de una zona industrial como ésta.

Las eléctricas informarán a Hacienda de los consumos para detectar alquileres no declarados

MADRID.- Las compañías eléctricas deberán informar a la Agencia Tributaria de los consumos eléctricos de los contribuyentes desde el próximo mes de febrero, con la finalidad de detectar alquileres no declarados o actividad industrial o comercial oculta al fisco, según una Orden Ministerial.

Por primera vez, se obligará a las eléctricas a presentar en febrero de 2011 los consumos de luz de este año, además de identificar a los titulares de los contratos de suministro, así como la referencia catastral del inmueble y su localización.

Para ello, Hacienda ha aprobado el modelo 159 de 'Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica', que deberá presentarse todos los años por medios telemáticos y que obligará a las compañías eléctricas a aportar la información de los alrededor de 25 millones de contratos existentes en España.

En la comunicación que facilitarán a la Agencia Tributaria debe figurar tanto el nombre y apellidos o razón social y NIF de los contratantes, como de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, dado que existen miles de contratos de luz donde no coincide el titular con quien realmente paga la factura debido a que, por ejemplo, se trata de una vivienda o local alquilado.

Además, las eléctricas deberán incluir en su comunicación a Hacienda la referencia catastral del inmueble y su localización, la potencia nominal contratada y el consumo anual en kilovatios, la ubicación del punto de suministro y la fecha de alta del mismo.

La medida, que se introdujo en la ley de prevención del fraude fiscal, viene a completar la obligatoriedad que ya introdujo la Agencia Tributaria de incluir la referencia catastral de la vivienda a todos los contribuyentes del IRPF, tanto si viven en régimen de propiedad como de alquiler, precisamente con la misma finalidad: detectar los arrendamientos no declarados.

El precio de los favores de Valcárcel a sus amigos

MURCIA.- "Si recorta el 80% a La 7, puede que GTM, la adjudicataria, le exija una indemnización, dice hoy Valcárcel a 'La Opinión'.
Las condiciones del concurso dicen que puede haber una reducción de hasta el 20%. También se dice que si, por imposibilidad de cumplir, hubiese que poner en marcha otros mecanismos, habría una indemnización. No se cuánto puede ser, pero no son cantidades desorbitadas. Lo que ocurre es que antes cierro una televisión que un colegio o un quirófano".

¿No tiene la sensación de que la televisión no ha calado?, le pregunta el periódico.

"No. Es una televisión joven que ha ido calando, pero hay muchos medios y eso hace que la repercusión sea menor de la deseable. Yo creo que la gente está contenta. Se da un magazine por la mañana con las cosas de la Región, el fútbol de Murcia..."

Y la Champions...

"La Champions ya se ve en la Sexta".

Golpe de Estado social / Toni Carrasco *

Cautivos y desarmados. Así parece ver el Gobierno regional a los empleados públicos. Con alevosía y premeditación, no le ha temblado el pulso para convertir en papel mojado acuerdos firmados con sus representantes en los últimos doce años. A los ojos de cualquier observador neutral, este Gobierno quedaría como incapaz para gestionar una Comunidad autónoma, con nula capacidad de planificación y desleal con el compromiso y la palabra dada.

La Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada en el Parlamento regional el pasado jueves, es el mandoble que confirma la política presupuestaria del Partido Popular. No nos engañaba Mariano Rajoy cuando tomaba como ejemplo al nuevo Gobierno británico: son sus políticas, su deslegitimación de la gestión pública de los servicios y su rendición ante el dios mercado.

Además, el proceso se ha desarrollado en un tono chulesco. Aparte de culpabilizar al personal empleado público del déficit, los muchachos del PP se han permito provocar a las personas que han protestado estos dos días, levantándoles expresivamente el dedo corazón. Todo con una sonrisa cínica, de señoritos de casino provinciano.

Lo peor de todo esto es la inmensa brecha que han conseguido instalar, las ideas y las políticas neoliberales, entre una buena parte de la ciudadanía y quienes tienen como trabajo asegurar la prestación de unos servicios públicos que hoy son considerados como imprescindibles pero que, al mismo tiempo, parecen invisibles.

El personal empleado público no es una especie aparte. Si se le recortan derechos, se le recortan también al conjunto de las personas trabajadoras, y la última reforma laboral es un fiel reflejo de ello. Si se logran mejoras, sirven como ejemplo y horizonte para quienes no las disfrutan. Y también sucede así en el sentido contrario. Aunque se empeñen en no admitirlo, tan trabajadoras son las personas del sector público como las del sector privado, y los avances y retrocesos de unas son las del conjunto.

Amparándose en los muchos mitos que circulan sobre el empleo público, nuestros próceres regionales han profundizado en el ataque que ya iniciara el Gobierno central. Mitos nacidos del interés por destruir el mínimo Estado de Bienestar que disfrutamos, aunque no siempre seamos conscientes.

Es difícil hacer análisis, de una mínima profundidad y objetividad, con este panorama de verdades construidas a base de mentiras repetidas hasta la saciedad. Afirmaciones e ideas que no necesitan justificación, ni demostración. Un panorama aderezado, en esta Región, por una anestesia compuesta de lemas populistas, falsos mitos y posiciones victimistas frente a otros territorios.

Quienes quieren acabar con el Estado Social se empeñan en presentarnos como derechos lo que no son más que privilegios de una minoría, imposibles por tanto de universalizar. En cambio, intentan convencernos de que los derechos sociales y laborales, generalizables al conjunto de la población, son privilegios. El mundo al revés.

El empleo fijo, la jubilación digna, la jornada laboral de 35 horas, un salario suficiente, la salud, una educación de calidad, la atención a las personas mayores, dependientes, niños y niñas, la vivienda… No son privilegios, son derechos que una sociedad avanzada tiene que asegurar y que, por lo que vemos, no se pueden dar por seguros.

Pues bien, no hacen nada más que desprestigiar a quien los consigue, muchas veces a costa de demasiado esfuerzo, sea a través de organizaciones sociales o sindicales, cuando deberían ser vistos como el horizonte mínimo al que debería llegar cualquier persona ciudadana de este país. Lo contrario es tomar como objetivo llegar al esclavismo, que parece ser lo que ha tomado el PP como inspiración.

Es difícil imaginar la cara que debe reflejarse en el espejo del presidente Valcárcel. ¿Se verá con el beatífico rostro de quien se siente satisfecho por la buena acción del día? ¿O se verá como el gobernante contundente, que hace lo que hay que hacer por su tierra, sin entrar en cálculos electorales ni caer en falsos sentimentalismos?

Lo cierto es que se verá sin la careta con la que pretende presentarse, ante nuestra sociedad. Observará el mismo rostro que hemos logrado entrever con unos presupuestos recortados en lo social, a los que ha sumado un ataque sin precedentes contra el personal dependiente de la Comunidad Autónoma, en forma de ley aprobada la víspera de Nochebuena.

Podría recortar en otras cosas como los fastos seudoculturales destinados al autobombo de su Gobierno. Podría recuperar ingresos con una fiscalidad directa a grandes empresas y personas de abultado patrimonio e ingresos insultantes. Podría eliminar empresas públicas destinadas a privatizar servicios y mantener holgadamente a sus amigos, como Gimcarsa. Pero ha elegido disminuir las partidas dirigidas a paliar las condiciones de vida de quienes más necesitados están y a garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía: Sanidad, educación, política social, empleo…

¿Dibujará el señor Valcárcel también un bigotito sobre el vaho del espejo en el que se mira satisfecho? Hagan una prueba con una de sus fotos. El resultado, aunque estremecedor, refleja triste realidad. Y todo se entiende mucho mejor.

(*) Portavoz de La Intersindical

Preocupa ahora en Panamá la adjudicación a 'Sacyr' de los contratos de ampliación del Canal

PANAMÁ.- Mensajes de la diplomacia estadounidense filtrados por Wikileaks exponen dudas y el temor del gobierno panameño sobre posibles irregularidades en la adjudicación a un consorcio liderado por Sacyr (la misma empresa que en la Región de Murcia, España, construye el aeródromo de Corvera con un aval de 200 millones de euros de la Comunidad Autónoma) de los contratos de ampliación del Canal de Panamá.

Los trabajos de ampliación han estado en la picota luego de que WikiLeaks publicara que el Gobierno panameño tendría dudas sobre la capacidad del consorcio liderado por una empresa española para realizar las obras, por las cuales ofertó 1.000 millones de dólares menos que sus competidores.    

De acuerdo con mensajes diplomáticos confidenciales enviados a Washington por la entonces embajadora Barbara Stephenson entre el 2008 y enero del 2010, filtrados por el cibersitio WikiLeaks, la diplomática hizo lo que ella misma describe como “lobby implacable” con el fin de que el consorcio estadounidense Bechtel ganase el contrato para la construcción de las nuevas esclusas del canal.

El grupo liderado por la española Sacyr terminó ganando el concurso al ofrecer 3.118 millones de dólares, un precio por debajo de la propuesta de otros dos competidores, entre ellos Bechtel, que ofertó la suma de 4.185 millones para ejecutar la obra.

En uno de los mensajes diplomáticos se señala que, en el marco de una visita de congresistas estadounidenses a comienzos de enero, se le preguntó al presidente panameño Ricardo Martinelli sobre el avance del proyecto de ampliación, ante lo cual el mandatario “hizo una mueca e indicó que estaba un poco preocupado” .

“El dijo que temía que el administrador del canal (Alberto Alemán) podría haber inclinado el concurso hacia el consorcio que incluye a CUSA (Constructora Urbana S.A), dirigida por su primo” , agrega el texto diplomático. El consorcio liderado por Sacyr también lo integran las empresas Impregilo, de Italia, Jan de Nul, de Bélgica. CUSA es una empresa que maneja la familia de Alemán, quien está desligado de esa compañía.

El presidente Martinelli asumió el 1 de julio del 2009 su actual cargo, días antes de que se otorgara la obra de diseño y construcción de las nuevas esclusas, que representa el 55% del costo total de la ampliación de 5.250 millones de dólares y que debe estar lista en el 2014.

Días antes a las impresiones de Martinelli, su vicepresidente y canciller Juan Carlos Varela señaló —de acuerdo al mismo cable enviado por la embajadora— la preocupación por la situación financiera de la compañía española y su capacidad para ejecutar la obra.

Varela, que aspira a la presidencia en el 2014, afirmó que “el proyecto de ampliación es un desastre” , y que “en dos o tres años será obvio que este será un fracaso” .

  “Uno no hace relajo con algo tan importante como el canal. Cuando uno de los licitantes hace una propuesta que está mil millones por debajo del próximo competidor, entonces algo está seriamente mal”, plantea Varela según el mensaje diplomático. “Claro que tengo las mejores esperanzas, pero temo que Alberto (Alemán) ha cometido un gran error” .

Martinelli no ha emitido comentarios sobre el tema, mientras que Varela sólo dice que los textos filtrados por WikiLeaks son un asunto interno de la diplomacia estadounidense.

Al menos ocho mensajes diplomáticos filtrados por WikiLeaks están relacionados a lo acontecido antes, durante y después del proceso de licitación del contrato de construcción de las esclusas.

Villar rechaza otras ofertas y renueva su confianza en Santa Mónica Sports

MADRID.- Santa Mónica Sports y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han llegado a un acuerdo para renovar el contrato de patrocinio de la selección española de fútbol hasta el 31 de diciembre de 2014. El acuerdo quedó cerrado en la noche del pasado miércoles y aunque aún no ha sido rubricado, el entendimiento es total, según www.elconfidencial.com 

La operación rondará los ocho millones de euros fijos por año, pero en el acuerdo se contemplan diferentes cláusulas y variables que podrían variar la cantidad a percibir por la RFEF, que también recibirá un porcentaje de los contratos publicitarios que se formalicen en los cuatro años de vigencia del contrato.

Villar recibió una propuesta de la empresa Sportfive de seis años de duración y 48 millones de euros como montante total del contrato, pero el máximo mandatario de la RFEF se ha decantado por dar continuidad a la relación que mantiene con Santa Mónica desde hace cuatro años. 

 

Jesús Samper, presidente del grupo, no atraviesa su mejor momento al figurar entre los investigados en el caso Umbra, ayudó en su día a Villar cuando peor lo pasaba al frente de la Federación y Villar ahora le devuelve el favor, rechazando otras propuestas que eran más importantes en el aspecto económico. Santa Mónica también se hizo, en su día, con los derechos audiovisuales de la RFEF. En este caso, el contrato está en vigencia y concluye en 2014, por lo que no ha sido objeto de estudio ni renovación en las conversaciones mantenidas en las últimas semanas.

En la actualidad, la Federación cuenta con los patrocinios de Cruzcampo, Iberdrola, Chevrolet, Cepsa, Banesto, Pelayo, el ministerio de industria, Tour España, además de contar con Adidas como esponsor técnico. El contrato con la firma alemana termina en 2014, pero ambas entidades ya están negociando la ampliación del vínculo. Adidas lleva vistiendo 28 años a la selección española y ahora la RFEF quiere que La Roja se equipare a otros combinados que son campeones del mundo. Villar no exige cobrar los 55 millones de euros que percibe Alemania, pero si estar a la altura de Francia o Argentina.

La selección está muy cerca de cerrar un acuerdo que le reportaría cinco millones de euros por la disputa de dos partidos amistosos en el próximo mes de junio. Uno de ellos se celebrará en China, mientras que el segundo de ellos aún no tiene escenario fijo, pero todo apunta hacia cualquier país de riente Medio, que tan de lleno se han metido en el mundo del fútbol, con Qatar y su Mundial de 2022 al frente.

El museo de la Federación, el del fúbol tal y como quieren que se le reconozca, ya está abierto al público en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La muestra recoge documentos de gran valor histórico y hace un amplio recorrido de los 101 años de historia de la Federación. Tanto la Eurocopa como la Copa del mundo cuentan con un espacio propio dentro del museo.

La imposición del Gorguel como única ubicación al puerto y la ZAL

MURCIA.- Ecologistas en Acción considera ilógico que se firmen impulsos para terminales logísticas que a día de hoy son totalmente hipotéticas, e insta a que se respeten todos los trámites y no se adelanten acontecimientos,  ni desde el Ministerio de Fomento ni desde el Gobierno Regional, según un comunicado.

 

Ecologistas en Acción considera vergonzoso que del encuentro entre el Ministro José Blanco y el Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; se firmase el acuerdo para el impulso de la terminal logística intermodal de ZAL El Gorguel, al mismo tiempo que reitera su oposición a que el hipotético puerto en el Gorguel aparezca ya en el mapa del Corredor Mediterráneo elaborado por el Ministerio de Fomento.

 

El colectivo ecologista considera vergonzosa esta actitud de hechos consumados por parte de una administración que debería ser garante del cumplimiento estricto de la legislación vigente, y no entiende cómo es posible que se sigan dando pasos hacía algo que no es seguro que se vaya hacer, por lo que pide que se abstengan de firmas e impulsos que pueden quedar en nada. Esta actitud del Ministerio de Fomento ante el Gorguel propició que Ecologistas en Acción solicitara hace semanas una reunión con el Ministro de Fomento para tratar este asunto, solicitud de la que aún no se ha obtenido respuesta.

 

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha establecido los requisitos para realizar el Informe de Sostenibilidad Ambiental en el que debe de haber un análisis de alternativas completo, proponiendo emplazamientos que maximicen las infraestructuras ya presentes antes de construir nuevas, como es el caso de Escombreras, que en su día se vendió como dársena de contenedores que impulsaría la economía de la Región de Murcia y crearía miles de puestos de trabajo, y sin embargo sigue sin estar terminado. 

 

Es necesario desechar la ubicación del Gorguel y que todas las Administraciones, tanto Ministerio de Fomento, Gobierno Regional y la  propiaAutoridad Portuaria de Cartagena, dejen de imponer la ubicación en el Gorguel a toda la sociedad. No es de ley que cuando no existe un estudio riguroso sobre el proyecto, estas administraciones que deben velar por el cumplimiento de la ley y por el interés general de los ciudadanos frente al interés privado de las empresas y particulares, pongan el Gorguel como única alternativa y sistemáticamente pretendan influir en la opinión pública sin poner todas las cartas sobre la mesa.

 

Ecologistas en Acción considera inaceptable la gestión de este asunto por parte de Fomento, al igual que la actitud del Gobierno y de la Autoridad Portuaria de Cartagena que hacen oídos sordos a la sociedad a la que representan, y están obcecados en ubicar el puerto en el Gorguel sea como sea, cuando existen otras alternativas, como Escombreras, que no han sido debidamente analizadas.  Y, por si fuera poco, el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea todavía tienen que pronunciarse.

 

http://www.noalmacropuerto.blogspot.com

España afronta un difícil 2011: déficit vs crecimiento / Manuel María Ruiz

MADRID.- Quizás no sea tan difícil como hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, pero analistas ven dificultades para que España satisfaga su proyección de crecimiento en 2011, lo que obligaría al Gobierno a acudir a un 'Plan B' para cumplir su objetivo de recorte del déficit fiscal.

El Ejecutivo ha comprometido con Bruselas una reducción del déficit público español el próximo año desde el 9,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) previsto para este año hasta el 6,0 por ciento, lo que debe ser compatible con una proyección de crecimiento del 1,3 por ciento.

"Yo creo que no va a haber más remedio que adoptar el 'Plan B'. Va a ser difícil que se cumpla el objetivo de crecimiento y de ingresos previstos por el Gobierno en 2011 y, por tanto, habrá que dar una vuelta de tuerca a los gastos", dijo Xavier Segura, director del servicio de estudios de Catalunya Caixa.

España ya aplicó un duro ajuste fiscal en mayo al congelar algunos tipos de pensiones para 2011 y rebajar en distintas escalas el salario de los funcionarios.

En opinión de Segura la prioridad económica de España debe orientarse al cumplimento de su objetivo fiscal a fin de no defraudar el crédito de los mercados en su política económica.

La patronal bancaria también coincide en que el cumplimiento del déficit público es esencial para recuperar la confianza de los mercados financieros, según reveló el miércoles un informe de la Asociación Española de la Banca.

También varias voces del Gobierno han dejado claro en reiteradas ocasiones que el objetivo de déficit público es 'incondicional'.

Pese a que el Ejecutivo ha elaborado unos presupuestos austeros para el año próximo, que rebajan el gasto público en un 7,9 por ciento, analistas creen que la debilidad del consumo y el derrumbe del sector inmobiliario - otrora motores del crecimiento - van a frustrar el objetivo oficial de expansión con el consiguiente impacto sobre los ingresos públicos.

Pero la ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha insistido en que, del mismo modo que su pronóstico de PIB para 2010 se va a cumplir pese a la reticencia inicial que generó entre instituciones colaterales y analistas privados, también es verosímil que esta misma circunstancia concurra con la proyección del PIB para 2011.

El Gobierno siempre ha sostenido, contra no pocos pronósticos, que la tasa de expansión de España se contraería un 0,3 por ciento en 2010 y, a pocos días de concluir el año, existe consenso en que los cálculos del Ejecutivo son realistas.

Otros economistas dijeron que el mayor reto al que se enfrenta España en los primeros meses de 2011 es lograr la estabilidad del sistema financiero y corregir los problemas actuales para que el dinero fluya normalmente entre las familias y las empresas españolas, atajando las actuales restricciones.

"Para mí es absolutamente clave una recuperación significativa del flujo del crédito", dijo Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School.

Para Martínez Lázaro, sólo una vuelta al crédito será capaz de normalizar el consumo y la inversión, facilitando la mejora del mercado laboral, que hasta el tercer trimestre del año acumulaba una tasa de paro cercana al 20 por ciento.

"Yo creo que la luz y taquígrafos que exige el Banco de España al sistema financiero va a ser un aspecto fundamental para poner de relieve los activos inmobiliarios que las entidades financieras tienen en sus balances y esto despejará dudas", agregó el profesor de Economía.

Uno de los argumentos que utilizan los mercados para explicar el aumento del diferencial de la deuda soberana de los estados periféricos de la zona del euro apunta a una supuesta falta de transparencia de sus sistemas financieros.

Analistas estaban de acuerdo en que los inversores, sobre todo los extranjeros, se sienten en la actualidad más inquietos por la salud del sistema financiero privado que por el público, cuya transparencia sería ahora más cristalina tras el reciente anuncio de las cuentas regionales a septiembre.

"Estoy absolutamente de acuerdo con que la clave para España está en la estabilidad de su sistema financiero privado y éste tiene que demostrar ahora que es sólido", en opinión de Emiliano Carluccio, coordinador de Coyuntura Económica del Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III.

En el último año, el spread del bono español a 10 años frente a su par alemán se ha ampliado en unos 200 puntos básicos hasta los 260 pb de este jueves.

Sobre esto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que los ataques de los mercados contra la deuda soberana no responden a los fundamentos de la economía nacional.

El Banco de España ha insistido en que el último informe financiero publicado por la entidad pormenoriza los detalles sobre el estado de salud del sistema financiero español. Además, ha afirmado que nada sustantivo ha cambiado en las entidades de crédito desde que se divulgaran las pruebas de resistencia bancaria en julio.

Lista provisional de los casos de corrupción en la Región de Murcia

MURCIA.- A continuación, vamos a enumerar todos los casos de presunta corrupción (no sólo urbanística) denunciados e investigados en la Región de Murcia en los últimos años, lo que supone un claro ejemplo de la generalización de las conductas ilegales o al menos irregulares entre los mandatarios municipales y entre algunos autonómicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de investigaciones están sub iudice, por lo que la situación de los mismos podría variar. 
 

Entre las detenciones destacan la del ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués (que también había sido Consejero de Sanidad y Delegado del Gobierno, y que actualmente sigue dirigiendo HEFAME, una de las empresas más importantes de la Región), imputado por el caso de La Cerrichera en el municipio de Águilas; la del ex-alcalde socialista de Lorca Miguel Navarro, que también fue presidente de la Asamblea Regional, segunda autoridad murciana después del presidente Ramón Luis Valcárcel; y la del concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, por un caso de corrupción que puede tener muchas ramificaciones: el de Nueva Condomina.

Los casos que vamos a enumerar afectan a 23 de los 45 municipios de la Región de Murcia. Casi todos ellos gobernados por el PP, excepto el de Ojós (gobernado por un grupo independiente), y los de Los Alcázares, Ceutí y Lorca (gobernados en su momento por el PSOE). En total, dos ex-alcaldes y otros tres alcaldes en activo han sido, por el momento, detenidos por la Policía y la Guardia Civil.

ABANILLA. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos solicitados por el Grupo Municipal Socialista son verídicos o han sido falseados, para lo cual llamó a declarar en calidad de imputados al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia, José Enrique Pérez González. Este funcionario redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el Pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denunció la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.

ABARÁN. El alcalde de Abarán (PP) y dos concejales, el de Personal y el de Hacienda, así como otros miembros del consistorio, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza, que investiga una presunta malversación de fondos a raíz de una denuncia de UGT.

ÁGUILAS. Hubo tres detenidos (entre ellos, el ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués) y una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez Soto (PP), así como dos ex-directores generales de la Consejería dirigida por Marqués. Se investiga todavía la reclasificación de un espacio protegido: La Cerrichera.

ALCANTARILLA. Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado (PP), al que le pide seis años de prisión por contaminar el río Segura. No hay información reciente de la celebración o archivo del caso.

CARAVACA. El Fiscal Anticorrupción investiga la reclasificación de un terreno en beneficio de la empresa Golden Sky, relacionada con la trama destapada en Librilla.

CARTAGENA. Un juzgado de Cartagena investigaba hasta hace unos meses el intento de reclasificación de la finca de Lo Poyo, en cuya intermediación participó Roca, el principal imputado en la Operación Malaya de Marbella, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 240 millones antes de ser urbanizable. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que era una situación anormal. En el caso de Novo Carthago, terreno aledaño al anterior de Lo Poyo, la empresa investigada por la Justicia es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja Mediterráneo (CAM).

CEUTÍ. Un juzgado investiga al ex-alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, por prevaricación. En estos momentos, este político, que perdió las elecciones municipales de 2007, es senador.

CIEZA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo (PP), por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los cuales se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.

FORTUNA. Un juzgado de Cieza ha decidido imputar al actual alcalde del PP y a dos ediles más, después de que la concejala de su mismo partido, María Dolores García, les acusara públicamente, ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003, a cambio de empleos municipales y vales de comida. En estos comicios, el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.

FUENTE ÁLAMO Y TORRE PACHECO. En esta trama hay 14 imputados, entre ellos Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco. Éste fue detenido junto a un funcionario tras aprobar una permuta que perjudicó económicamente al Consistorio. La magistrada de San Javier sigue investigando en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto, siendo el empresario Facundo Armero (socio fundador de Polaris, junto con Pedro García Meroño, a quien luego vendió su participación en la empresa) el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. 

Los últimos acontecimientos parecen demostrar la presunta existencia de financiación corrupta del PP en el municipio de Fuente Álamo, pese a que inicialmente se había archivado esta parte de la causa. Uno de los escoltas del empresario Armero reconoció haber llevado importantes sumas de dinero a los alcaldes de Fuente Álamo y de Mazarrón. Llama la atención, a modo de curiosidad, que quien fue durante tres años guardaespaldas de Armero, se encargara también de vigilar y ocultar en 2003 a los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que posibilitaron la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

LIBRILLA. En la Operación Biblioteca hubo cinco detenidos, entre los que se encontraban el alcalde, Pedro Martínez, y el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Pedro García, por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de los funcionarios encargados de contratarlas. Al igual que en el punto anterior, en esta operación de la Guardia Civil aparece la financiación corrupta del PP. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de obra pública, Domingo Peñalver fue detenido, y en la declaración ante el juez se auto inculpó del delito de cohecho al asegurar que realizó diferentes pagos al alcalde de Librilla y al concejal de Urbanismo para financiar el Partido Popular de este municipio, entre otras cosas.

LORCA. En la Operación Reciclaje o Caso Limusa, el ex-director de los servicios de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, fue detenido como supuesto autor de un delito de fraude al utilizar las dependencias municipales para la gestión de sus empresas. Unas 70 sociedades están siendo investigadas. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas en relación a esta trama, entre ellas el ex-alcalde socialista Miguel Navarro.

LOS ALCÁZARES. En la Operación Ninette, hay seis detenidos. Entre las dos personas que tuvieron que abonar fianza para eludir la cárcel está el ex-alcalde del PSOE Juan Escudero, que pagó 60.000 euros. En esta operación declaró el cartagenero Juan Antonio Roca, detenido en Marbella como principal acusado en la Operación Malaya, y con importantes intereses en su región natal. En esta trama, hay otros catorce imputados. Entre los detenidos está el empresario Valero Garcerán, que aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en la investigación del ayuntamiento de Torre Pacheco, exigiendo que el alcalde dejara una obra desierta para después adjudicársela modificando el proyecto en su beneficio.

MAZARRÓN. El juez investiga, de momento, a concejales de la oposición por compra de votos. Ellos implicaron, a su vez, a varios miembros del equipo de Gobierno municipal del PP.

MULA. El ex-concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos (PP), fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos que habían sido de su propiedad.

MURCIA. En este municipio, que es la capital de la Región, hay al menos tres causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía lo denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de familia desde su puesto de funcionario. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Y, por último, en la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010, han sido detenidas tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo, e imputadas otras cinco, entre ellas el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.

OJÓS. El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, de los independientes, fue detenido por presunta corrupción de menores (fotografías pornográficas). La familia del joven implicado recibía ayudas sociales del consistorio.

SAN JAVIER. El ex-alcalde de San Javier, José Hernández (PP), fue detenido junto a dos empresarios del municipio. Por el caso de Puertomayor, en el municipio de San Javier, están imputados también los ex-directores generales Antonio Alvarado y Marcos Ortuño Soto, siendo este último concejal del PP de Yecla.

SANTOMERA. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo, Pedro García Balibrea (presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), y contra el ex-alcalde de Santomera, José Antonio Gil Sánchez (PSOE), por delitos medioambientales ocasionados por la explotación de la cantera ‘El Zacacho’ sin licencia.

TOTANA. En la llamada Operación Tótem se investiga una trama de corrupción de la anterior corporación del PP y de la actual, por la presunta exigencia de comisiones ilegales para recalificar terrenos. Hay catorce detenidos y cuatro imputados más. Entre los arrestados estaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que permaneció dos meses en prisión, de la que salió tras abonar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados se encuentra el diputado expulsado del PP Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional. Una docena de imputados en la Operación Tótem, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, según se les ordena en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

ULEA. El alcalde, José Bolarín Cano (PP), fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad de su suegro. Además, se le investiga en relación a la Operación Biblioteca de Librilla.

VILLANUEVA DEL SEGURA. El alcalde, José Luis López de Ayala (PP), fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.

En un comunicado hecho público por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en marzo de 2009, se intentaba acotar el número de casos que hasta ese momento se mantenían ‘vivos’ en cualquiera de las fases judiciales. Entre ellos no se encontraba, claro está, la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010. 

Después de recordar que el número de denuncias archivadas en la Fiscalía a responsables de ayuntamientos del PP había ascendido a 51 hasta esa fecha (21 en 2006, 21 en 2007 y 9 en 2008), la Junta de Fiscales precisaba que en relación al PSOE solo se habían presentado 11 denuncias, siendo archivadas 8 por el Ministerio Público. 

En relación a las querellas formalizadas por la Fiscalía en los distintos Juzgados de Instrucción, las que afectaban a responsables de ayuntamientos gobernados por el PP eran 8 (ahora, con el caso de Nueva Condomina, serían ya 9), lo que sumado a las 3 que afectaban al PSOE hacía un total de 11 (ahora, harían un total de 12). 

Además, hasta marzo de 2009, la Fiscalía había formalizado tres escritos de acusación: uno contra el alcalde de Alguazas, por delito contra la ordenación del territorio, pendiente de celebración de juicio; otro contra el ex-alcalde de Santomera, por delito medioambiental, igualmente pendiente de la correspondiente vista oral; y un tercero contra el alcalde de Mazarrón y otros (entre los que se encontraba un afiliado al PSOE), que tras celebración de juicio dio lugar a una sentencia absolutoria, en contra de la petición de la Fiscalía.

* Los subapartados 4.1 y 4.3 de este capítulo han sido redactados por el periodista Tono Calleja, que actualmente trabaja en el diario El País e investiga sobre la corrupción política en España.

^{(Datos publicados en "El otro estado de la región. Informe 2010". Capítulo sobre la situación política, de la que son autores Antonio Campillo y Tono Calleja)}

... y ahora algunos de los sueldos de los políticos murcianos

GOBIERNO DE LA REGIÓN (PP) 8.000 millones de pesetas año en gratificaciones, asesores personales, material de oficina y llamadas de teléfono.

EDUARDO CONTRERAS (Alcalde Molina. PP)
14.089.234 pesetas sueldo año más gastos protocolo.

FRANCISCO BLAYA (Alcalde Mazarrón. PP)
13.976.424 pesetas sueldo año.

MAZARRÓN. 7 CONCEJALES DEL PP LIBERADOS A RAZÓN DE
7.578.882 pesetas sueldo año cada uno.

FRANCISCO GARCÍA (Concejal PSOE Mazarrón)
En la oposición
7.578.882 pesetas sueldo año.

JOSÉ LUIS LÓPEZ AYALA (Alcalde de Villanueva. 2.000 habitantes.PP)
197.000 pesetas mes. 14 pagas.
Compatible con negocio de asesoría.

JOSÉ BOLARIN (Alcalde Ulea, 800 habitantes. PP)
 690.502 pesetas mes.


MIGUEL ANGEL CANDEL (Alcalde Ricote. 1.300 habitantes.PP)
549.074 pesetas sueldo mes.
166.000 pesetas mes gastos sociales.
A tiempo parcial para atender sus clínicas veterinarias en Archena y Blanca
5 concejales del PP con sueldos de 83.193 pesetas mes.

MIGUEL ÁNGEL CÁMARA (Alcalde de Murcia. PP)
13.000.000 pesetas sueldo año.
60.000.000 pesetas año gastos alcaldía.

JUAN RAMÍREZ (Alcalde Águilas. PP)
10.500.000 pesetas año.

CLARA VALVERDE (Concejala PP Águilas)
5.600.000 pesetas año


RAMÓN ROMÁN (Concejal Águilas PSOE)
En la oposición
4.900.000 pesetas año.

LÁZARO MELLADO (Alcalde Alcantarilla.PP)
12.000.000 pesetas sueldo año.
55.000.000 pesetas protocolo alcaldía.

PILAR BARREIRO (Alcaldesa Cartagena. PP)
249.579 pesetas por cada asistencia a pleno municipal, más sueldo de diputada del Congreso.

ANTONIO TAMAYO (Alcalde de Cieza. PP)
9.117.953 pesetas sueldo año.


MIGUEL NAVARRO (Alcalde Campos del Río. 2.000 habitantes. PSOE)
7.395.858 pesetas sueldo año.