Los trabajadores de Halcón Foods no firmarán un plan de viabilidad que incluya a los actuales gestores de la empresa

MURCIA.- Los trabajadores de Halcon Foods, que se encuentran en huelga indefinida desde el pasado miércoles, han advertido a los responsables del Instituto de Fomento (INFO) que no firmarán ningún Plan de Viabilidad para su empresa que este gestionado por los actuales propietarios. 

 

   Así, los empleados de dicha empresa, que han vuelto a protestar este lunes a las puertas del Palacio de San Esteban --sede del Ejecutivo murciano-- han recorrido las calles de Murcia hasta llegar a la Consejería de Universidad, Empresa e Investigación y, posteriormente, al INFO donde, junto a miembros Federación Agroalimentaria de UGT Murcia (FTA-UGT), han mantenido una reunión con el director y subdirector de este organismo, Juan José Beltrán y Francisco Fuentes, respectivamente.

   Al respecto, el secretario general de FTA-UGT Murcia, Jesús Cámara, ha explicado que en el transcurso de la reunión tanto Comité de Empresa como sindicato han dejado claro que el INFO debe saber "a quién y para qué" se concede el aval, y ha reiterado que "no vamos a firmar ningún Plan de Viabilidad gestionado por los actuales propietarios".

   Por su parte, los responsables del Instituto de Fomento han señalado que, tras la solicitud de nuevas ayudas para Halcon y Cofrusa, "se está estudiando la situación planteada en el marco de los procedimientos legales establecidos y las fórmulas que pudieran servir para favorecer la mejora y continuidad productiva".

   No obstante, también han aclarado que todo ello pasaría por la aceptación del Plan de Viabilidad por parte de los trabajadores; la profesionalización de la gestión; y por la formación de un Consejo de Administración con presencia de consejeros independientes.

   De igual modo, desde el INFO han asegurado que no van a dar ningún paso que perjudique a los trabajadores y que si la valoración del  Plan de Viabilidad por parte del Comité de Empresa es negativa, no se otorgarán los avales. También han aclarado que aún no se ha tramitado ninguna gestión con los bancos para conceder el aval solicitado por Mediterra (propietaria de Halcon) y Cofrusa.

   Finalmente, el secretario general de FTA-UGT Murcia, Jesús Cámara, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno regional tenga claro "cuál será el destino del aval, en caso de que se conceda", según fuentes del sindicato.

El fatuo de Valcárcel pretende ir ahora de 'líder mundial' en temas de agua

MURCIA.- El presidente de la Comunidad y vicepresidente primero del Comité de las Regiones (CdR), Ramón Luis Valcárcel, llevará a la Cumbre Mundial por el Agua de Marsella, que se celebrará en el año 2012, el dictamen sobre la gestión eficaz de este recurso en Europa y en la cuenca del Mediterráneo. 

   El jefe del Ejecutivo regional realizó estas declaraciones hoy en Marsella durante la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) en la que se aprobó en Comisión el Informe que establece la 'Doctrina Valcárcel' sobre la gestión eficaz del agua, y que está basado no sólo en la calidad sino también en la cantidad disponible de este recurso.

   "El Informe ha sido muy bien acogido por los países de la cuenca del Mediterráneo", remarcó Valcárcel, quien añadió que "ahora queda esa andadura para que la Región de Murcia esté representando al ARLEM en la Cumbre Mundial por el Agua que se celebrará en Marsella en 2012".

   Durante su intervención, el presidente subrayó "la necesidad de que la Estrategia del Agua se desarrolle a través de un proceso estructurado y abierto que incluya a los gobiernos nacionales, regionales y locales", y agradeció la confianza depositada en él para la elaboración del Informe sobre Gestión Local en el que se aportan nuevas propuestas surgidas de la experiencia y el trabajo que se ha desarrollado en la Región de Murcia.

   Precisamente, el secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y responsable del agua, Rafiq Husseini, felicitó al presidente murciano por el informe con el que, según indicó Valcárcel, "queremos transmitir un claro mensaje en lo que respecta a la gobernanza de UpM y la capacidad de las autoridades regionales y locales de abordar iniciativas como la de la Estrategia del Agua".

   Además, la Región de Murcia también llevará a la Cumbre Mundial del Agua un proyecto piloto sobre una eficiente gestión de este recurso, que elaborará conjuntamente con el Instituto Euromediterráneo del Agua, según anunció el director de este organismo, Hachmi Kennou, y cuyo objetivo es promover la sensibilización a diferentes escalas sobre el buen uso del agua.

   En este sentido, Valcárcel puso a la Región de Murcia como ejemplo de depuración, reutilización y buen uso de un recurso "porque nosotros vamos más allá de la propia normativa europea", según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

   Una de las novedades que propone el presidente Valcárcel en este Informe es la creación de Comités de Consulta para canalizar la participación pública, asociando a autoridades locales y regionales, los diferentes grupos de usuarios, y administraciones centrales, siempre en estrecha coordinación con la UpM y la Unión Europea.

   El presidente resaltó que la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones "deben ser elementos indispensables", por lo que el objetivo de estos Comités de Consulta sería desarrollar un trabajo en común que dé origen a estrategias de gestión integrada, y, además "representarían una herramienta eficaz para identificar las necesidades específicas de los diferentes territorios".

   Destacó que los principios de subsidiariedad, coordinación, y de gobernanza multinivel "deben guiar la aplicación de la Estrategia", y que su desarrollo "se debe producir desde un enfoque integrado que debe comprender la gestión de la oferta y de la demanda, y atender tanto a aspectos cuantitativos como cualitativos de los recursos hídricos", remarcó el presidente.

   Según Valcárcel, para que se aplique adecuadamente este enfoque integrado "es necesario que los distintos planes se formulen al nivel de las demarcaciones hidrográficas", y aseguró que las autoridades locales "deben integrarse en todos los órganos de planificación y gestión de esas demarcaciones, con responsabilidades diferenciadas y bien definidas".

   Tras lo que subrayó que "a través de la ARLEM vamos a darle a la Estrategia del Agua un firme impulso para, por un lado, no perder el tiempo y aportar desde ya nuestra experiencia e ideas en este sentido, y, por otro, animar y apoyar su aprobación final por parte de la UpM", algo que se producirá el próximo mes de enero.

   La ARLEM es un proyecto común del CdR y de las colectividades territoriales de las tres orillas del Mediterráneo, así como de asociaciones internacionales y europeas que representan a las autoridades locales y regionales activas. Desde su puesta en marcha el pasado mes de enero, se han establecido contactos, el intercambio de las buenas prácticas entre las ciudades y las regiones, así como la promoción de la cooperación intercomunal e interregional.

   Consta de 84 miembros procedentes de la Unión Europea y de sus 16 socios mediterráneos. Todos son representantes de regiones o estructuras locales, y ejercen el más alto cargo al frente de una colectividad local o regional.

   Esta organización se rige por una copresidencia que representa del mismo modo a los socios mediterráneos y a los de la UE. El copresidente del grupo de los socios mediterráneos, actualmente Mohamed Boudra, es asimismo presidente de la región marroquí de Taza-Alhucemas-Taunat. El copresidente por parte de la UE es el Presidente en funciones del CDR, actualmente Mercedes Bresso, cargo que, a partir de 2012, ocupará Ramón Luis Valcárcel.

   El 29 de enero próximo, los miembros de la Asamblea regional y local Euromediterránea (ARLEM) se reunirán en sesión plenaria en un país del Sur del Mediterráneo, en Agadir (Marruecos), todo lo anterior según nota de prensa emitida esta tarde por el oneroso aparato de propaganda del Palacio de San Esteban, sufragado con dinero de todos los murcianos.

IU+LV Murcia dice que las operaciones urbanísticas para remodelar La Paz "tendrán efectos negativos sobre los vecinos"

MURCIA.- La concejala de IU+LV en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha advertido este lunes que las "operaciones urbanísticas realizadas hasta ahora para la remodelación del barrio de La Paz tendrán consecuencias muy negativas para los vecinos, como la subida del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los próximos meses".

   Al respecto, Herguedas ha indicado que el Ayuntamiento aplicará este incremento "tras la revisión del valor catastral de las viviendas en la parte correspondiente al valor del suelo y será de unos 50 euros más por vivienda al triplicarse la superficie edificable del sector debido a una modificación del planeamiento urbanístico municipal".

   "Este es un problema que ya están sufriendo muchos ciudadanos de Murcia, que han visto cómo el cambio de calificación de sus terrenos de rústicos a urbanizables ha supuesto un importante aumento de sus recibos de la contribución aunque sobre ellos no se ha realizado obra alguna", ha explicado la edil.

   Además, ha señalado que la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de La Paz "supedita a este proyecto cualquier actuación que se realice en el barrio, de forma que no se podrá dar licencia para otro tipo de obras como las de mantenimiento o reparación de los edificios existentes, lo que supone condenar a los vecinos al continuo deterioro".

   Por ello, Herguedas ha urgido a las administraciones local y regional a que "no se sigan amparando en un proyecto que saben que no se va a ejecutar para inhibirse de su responsabilidad", al tiempo que ha pedido al equipo de Gobierno de la localidad "una dosis de cordura" para que el proceso se reconduzca desde la iniciativa pública.

Productores de almendra critican que la reducción del 30% en los PGE a sus ayudas supone "un tiro en la nuca"

MURCIA.- Los productores de almendra de la Región de Murcia han advertido "unánimemente" que el Gobierno de España va a reducir un 30 por ciento las ayudas al sector previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 respecto a 2009, lo que representa un "tiro en la nuca" a las subvenciones que han recibido hasta ahora y que permiten la supervivencia de este cultivo.

   En concreto, estas ayudas ponen en peligro los 241 euros por hectárea que reciben anualmente desde 2004, hasta reducirlos "drásticamente", lo que supondrá que sean "inviables la inmensa mayoría" de las más de 10.000 explotaciones de almendro presentes actualmente en la Región y que suman 70.600 hectáreas, es decir, la superficie de cultivo más extensa de toda la Comunidad.

   Y es que, a partir del 1 de enero de 2012, los productores de frutos secos dejarán de recibir los 241 euros de ayuda en una sola partida, y pasarán a recibirlo de forma desglosada: una parte procedente de la Unión Europea, otra ayuda del Ministerio de Media Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), y una última parte de la Comunidad Autónoma.

   De momento, el sector sólo tiene garantizada y comprometida la recepción de los 160 euros que hasta ahora recibían de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, pero critican que la reducción de un 30 por ciento de los PGE pone en peligro el resto de la subvención, hasta los 241 euros, que debería correr a cargo del MARM y de la Comunidad a partes iguales.

   Así lo hicieron saber el conjunto del sector, representado por el presidente de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, el responsable del sector de COAG-IR, Tomás Paredes, el secretario de agricultura de COAG-IR, Pedro García, el secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, y el representante de la organización de productores de frutos sector Aeofruse, Arturo Belmonte, entre otros.

   El temor de los productores es que desconocen si la Comunidad Autónoma "va a quitar la parte correspondiente y proporcional a la que retira el Ministerio" de los PGE, aunque Alarcón criticó que la Comunidad Autónoma "no tiene por qué refugiarse en la decisión del MARM, y puede mantener el nivel de ayudas que ha mantenido los últimos años".

   Además, el representante de COAG advierte que si la UE ve que la Administración regional y nacional "no están dispuestas a apoyar un cultivo que se radica fundamentalmente en España, ellos también se van a desentender del problema". En este sentido, los representantes del sector no descartan ninguna medida para lograr que las administraciones regional y nacional "comprometan sus ayudas".

   Así, dirigen sus reivindicaciones directamente a la ministra del ramo, Rosa Aguilar, para que le dedique "tiempo a estudiar los presupuestos de su departamento y valore las consecuencias que puede tener en el conjunto de productores de almendra de la Región de Murcia y de España", señala Gálvez Caravaca.

   Asimismo, García se dirigió a la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, para que su responsable, Antonio Cerdá, "pueda influir en la sectorial, y se comprometa para que el sector no sufra este varapalo".

   Si los cálculos se realizan sobre las cuantías satisfechas por el pago de la ayuda las reducciones son "aún más relevantes", según el conjunto de los productores, quienes insistieron en señalar que esta disminución se lleva a cabo "cuando se atraviesa una mala situación, ya que los precios del sector de frutos secos han caído drásticamente en los últimos años, hasta un 58 por ciento entre 2005 y 2009".

   "Si a esto le sumamos la reducción de los PGE, el sector sufrirá un grave varapalo en esta campaña", según los productores.

   Los productores y agricultores también están pendientes de la puesta en marcha del denominado 'Artículo 68' que contempla la entrega de una ayuda de tipo agroambiental que "podría permitir la supervivencia de las explotaciones más desfavorecidas, la mayoría de ellas en la Región de Murcia".

   El Ministerio del ramo propuso esta ayuda el 19 de diciembre de 2004 en una reunión con los productores de frutos secos, pero esta subvención "aún está por desarrollar" porque el sector "no se pone de acuerdo, ya que cada zona tiene unas características, y se desconocen qué instrumentos quiere el Gobierno para su puesta en marcha".

   No obstante, los productores han presentado propuestas que "no ha sido tomada en valor por el MARM durante dos años seguidos, lo que supone perder 24 millones de euros que no sabemos si vamos a poder recuperar", denunció Paredes.

   No obstante, a juicio de COAG, el establecimiento de posibles ayudas específicas al sector a través del 'Artículo 68' tal y como se plantea en la aplicación del Chequeo Médico de la PAC para España, "no debe suponer justificación alguna para eliminar el complemento estatal y comunitario de la ayuda actual a la superficie en el sector".

   "Sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad de la puesta en marcha de la citada ayuda del 'Artículo 68', por entrar en posibles conflictos con las ayudas agroambientales de las distintas comunidades autónomas y no cubrir más que una parte reducida de la superficie de frutos secos del Estado", destacaron.

   Específicamente, en los PGE para 2011 la partida destinada al Programa de mejora de frutos de cáscara y algarrobas se sitúa en 12 millones de euros, mientras que en 2010 se presupuestó en 16,3 millones de euros y en 2009 en 17,3 millones de euros. Es decir, en 2011 se reduce el presupuesto en un 26,4 por ciento respecto a 2010 y en un 30,6 por ciento respecto a 2009.

   Gálvez Caravaca, criticó que con la reducción de las ayudas previstas en los PGE, el Ministerio "estaría incumpliendo el acuerdo que firmó con el sector el 22 de diciembre de 2004 en la persona de la anterior ministra, Elena Espinosa".

   En virtud de este acuerdo, el Gobierno español que comprometía a conceder anualmente una ayuda a todas las explotaciones, que cubriera la mitad de la diferencia entre la cifra de 241,50 euros por hectárea y la ayuda comunitaria que correspondiera cada año.

   Además, el Ministerio también se comprometía a conceder un complemento a los agricultores profesionales titulares de explotaciones de frutos secos. El montante total máximo al que se comprometía a aportar el MARM era de 60,375 euros por hectárea.

   Gálvez Caravaca manifestó que el subsector "tiene una gran importancia desde el punto de vista socioeconómico y ambiental en la Región de Murcia". 

De hecho, Paredes señaló que el almendro "ocupa zonas en las que no se puede plantar ningún otro cultivo, y permite mantener la población en las pedanías y pueblos pequeños, las zonas más deprimidas, y lucha contra la desertización, entre otras cosas".

   Alarcón, subrayó que la ayuda que reciben los productores de frutos secos "está plenamente justificada y cumple con todas las exigencias. La función es la de permitir la continuidad de las ayudas en zonas desfavorecidas, es el cultivo más extenso de la Región de Murcia, y es una contribución a la lucha contra la desertificación, contra los incendios, y a las rentas de los productores".

   Belmonte resaltó que toda la producción de almendra "se consume" y España es el tercer país productor de España, a pesar de que "está siendo sobrepasada por California (Estados Unidos) y Australia".

Caixa Penedès, la nueva socia de Cajamurcia en Mare Nostrum, gana un 57% menos hasta septiembre

BARCELONA.- Caixa Penedès, la nueva socia de Cajamurcia en Mare Nostrum, ha obtenido un beneficio neto consolidado de 18 millones de euros hasta septiembre, un 57,31% menos que en el mismo periodo del año anterior, ha informado la caja de ahorros, que ha atribuido el descenso a la "política conservadora de provisiones".

   En este sentido, las dotaciones han sumado 180 millones, cifra prácticamente igual a la de los primeros nueve meses de 2009, ya que el aumento de la morosidad se ha compensado con la reducción de la cartera de inmuebles, han explicado fuentes de la entidad.

   La caja ha mantenido la inversión crediticia en 17.142 millones, y la morosidad se ha situado en el 5,4%, frente al 4,77% de hace un año.

   El ratio de solvencia total es del 14,53%, y todos los márgenes han caído, concretamente un 52,51% el de explotación, un 24,16% el de intereses y un 9,1% el margen bruto.

   La caja ha destacado que el SIP del que forma parte, Mare Nostrum, superó los test de estrés realizados a entidades financieras europeas, con un Tier 1 del 9,7% en el escenario esperado y del 7% en el más adverso, por encima del mínimo recomendado del 6%.

La patronal mantiene una red de asociaciones para captar ayudas

MADRID.- El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, ya iba firmada por 27 patronales (13 territoriales y el resto sectoriales). Al calor de las subvenciones para formación y tras más de tres décadas, las raíces se han bifurcado, subdividido y entrecruzado hasta perderse en unas 5.000 agrupaciones cuyo número exacto no conoce ni la propia CEOE, revela hoy 'Público'. 

Su división mantiene una estructura básica, la misma que las ayudas públicas para la formación: hay patronales sectoriales que funcionan a nivel nacional y patronales regionales. ¿A qué se dedican, qué estructura tienen, qué hacen sus 35.000 empleados? Desde el Gremio de Curtidores de Igualada a la gigantesca Confemetal, desde las que cuentan con una secretaria como única trabajadora a las que replican la estructura de una empresa mediana, todas negocian los convenios colectivos y gestionan los fondos de formación (entre otras subvenciones) que reciben. Luego, desde la labor de lobby de las más grandes, a la asesoría en materia laboral o fiscal a pymes, pasando por servicios conjuntos para los socios, como la depuradora común de los curtidores de Igualada, cada una defiende la relevancia de su función.

No hay duplicidades, aseguran todas las consultadas. Está plenamente justificado que Confemetal, por ejemplo, una de las agrupaciones más fuertes de la CEOE, esté formada a su vez por 15 asociaciones nacionales y 68 regionales. Y que dentro de estas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), por ejemplo, esté formada por otras nueve agrupaciones (Asociación Gallega de Industriales de Ferralla, Asociación Empresarial Gallega de Ascensores...) y la Confederación de Empresas de Albacete (FEDA), por otras 100. Y que dentro de las 83 patronales (15 nacionales y 68 regionales) reunidas en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se incluyan agrupaciones que, como Ancop (Agrupación Nacional de Contratistas de Obras Públicas), reúne a otras 12 patronales más 11 empresas con representación directa. Por cada autonomía existe otra patronal que reúne a tantas subpatronales como provincias, y estas se dividen por subsectores, municipios, etc.

Llegar a asociaciones que estén integradas por empresas (y no por otras asociaciones de menor tamaño) no siempre es fácil. Las excepciones pertenecen a sectores tan poderosos como el sector eléctrico (Unesa), la banca (AEB) y las cajas (CECA), la tecnología (Ametic), la distribución (Anged) o los fabricantes de automóviles (Anfac).

Los fondos estatales destinados a formación que adjudica la Fundación Tripartita a las patronales ascienden a 178 millones de euros. A través de las autonomías disponen de otra cantidad similar, aunque en este caso el reparto no es muy transparente.

Las subvenciones van desde los 20.000 euros al año para formación que recibe la Asociación de Profesionales de España en Cerrajería y Seguridad (Apecs) a los más de 20 millones de euros que reciben las patronales de la Confederación Española del Comercio, el Metal y la Construcción.

La actividad ordinaria (al margen de la formación) de todas las patronales se nutre sobre todo de las cuotas de los socios, que también financian la sede o sedes que casi todas tienen en propiedad.

Apecs, por ejemplo, tiene sede propia a pesar de contar con una secretaria (con un sueldo de unos 15.000 euros al año) como única empleada. Las labores de asesoramiento a sus 90 asociados (todos empresas directamente) las tiene subcontratadas con una asesoría. Los cinco miembros de la junta directiva no cobran salario. Sólo les cubren las dietas, algo también común en las patronales, desde la junta de la CEOE hasta las más pequeñas. Apecs recibe entre 12.000 y 20.000 euros al año de fondos de formación, además de 100.000 euros del Plan Avanza de adaptación a nuevas tecnologías del Ministerio de Industria.

Muy diferente en tamaño es la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas (Femepa), que agrupa a 38 asociaciones, desde los talleres de reparación de automóviles (más de 400 empresas) a las empresas de muebles de oficina (8). Tiene empleadas a 14 personas (un abogado laboralista y otro mercantil y tres ingenieros técnicos que cobran una media de 30.000 euros al año, y el resto, administrativos con un sueldo de unos 15.000 euros). Con los profesores llegan a sumar 40 trabajadores. 

La sede es en propiedad, comprada hace 27 años, parte con las cuotas y parte con bonos vendidos a los socios. El volumen de subvenciones para formación ha sido este año de 800.000 euros. Femepa no sólo está en Confemetal, sino también en la Confederación Canaria de Empresarios.

La Federación Española de Hostelería (FEHR), sectorial que opera a nivel nacional y agrupa a otras 75 patronales, tiene 22 empleados con un sueldo medio de 30.000 euros. Doce de ellos trabajan en el departamento de formación, fin para el que recibe 7,7 millones. Además de al menos una asociación por provincia, la FEHR incluye agrupaciones de subsectores como Fehrcarem, que agrupa a 23 empresas (VIPS, McDonalds, Ikea, Arias, Ribs o Telepizza...).

Fehrcarem tiene cuatro empleados (un abogado, uno para marketing, uno para asuntos internacionales y el secretario general), con un sueldo medio de 25.000 euros al año. Comparte sede con la FEHR, y ha recibido cerca de 200.000 euros para formación este año y fondos del Plan Avanza. Además, cuenta con convenios con otros ministerios como el de Sanidad, que derivó en la salida de Burger King de Fehrcarem ante la amenaza de la entonces ministra de Sanidad y hoy vicepresidenta económica, Elena Salgado, de anular las ayudas si se seguía promocionando el consumo excesivo de comida.

El PP pagó 70.000 euros a Trillo por asesorar en la sombra a imputados del 'Yak-42' y 'Gürtel'

MADRID.- El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, revela hoy 'El País'.

Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas" que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado, el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".

Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas, entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en vísperas de que acudiera a declarar.

Un portavoz del PP ha reconocido a El País la autenticidad de la factura y el hecho de que su destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz, en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.

¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP, como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas". Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.

En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo, letrado del ex tesorero popular Luis Barcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia legal.

Los partidos salvarán de la quiebra a las concesionarias de las autopistas Alicante-Cartagena-Vera

MADRID.- Cinco años más de vida para las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid, con dinero público. Y eso a pesar de que los Presupuestos del Estado de 2011 obedecen a una idea fuerza: la austeridad. El Ministerio de Fomento y el de Economía han acordado ya dar solución a la desastrosa situación económica de las autopistas de peaje con escaso tráfico, según 'El País'. 

Fuentes parlamentarias dan por hecho que, como sucedió el pasado año, el rescate de las constructoras y concesionarias concitará una rara y práctica unanimidad de los partidos. La fórmula de rescate aún está en el aire, pero podría consistir en una cuenta de compensación -por el dinero que dejen de ingresar las concesionarias si las autopistas no alcanzan el tráfico previsto cuando se adjudicaron-, más créditos participativos por importe de hasta 250 millones de euros.

El acuerdo en el seno del Gobierno se refiere a la decisión de intervención estatal en sí y al modo de articular la ayuda a través de la citada cuenta de compensación, según las mismas fuentes. CiU ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado en ese sentido, que se mantiene para buscar una transaccional de cara a aprobar la medida en el Congreso el día 16. Hasta entonces, el Gobierno prevé mantener sigilo sobre los detalles del arreglo.

Las autopistas que se podrían beneficiar de esa cuenta serían en principio las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista del aeropuerto de Barajas, la de Madrid-Toledo, la Alicante-Cartagena, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. En el accionariado de las concesionarias participan las empresas más importantes de la construcción y los servicios (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere).

La enmienda de CiU propone que cuando las autopistas no alcancen el 80% del tráfico previsto en la documentación sobre la que se basó la adjudicación (durante el gobierno del PP), el Estado pague la diferencia. CiU plantea en su texto que esa cuenta de compensación dure entre 10 y 20 años, pero según las fuentes consultadas, finalmente, se optará por un periodo menor: cinco años como máximo, mientras se espera a que escampe el diluvio de malas noticias económicas.

El principal escollo estriba en que según la enmienda de CiU, esa medida computaría como déficit público, de modo que se están aquilatando los mecanismos para que afecte lo menos posible. Incluso se apunta a que tenga un efecto neutro sobre las cuentas públicas, si bien nadie adelanta cómo. El grupo catalán postulaba que las concesionarias se apuntasen como ingreso la diferencia entre su facturación real y el 80% de la prevista cuando se adjudicó la autopista. Si el tráfico real supera el previsto, se apuntaría como menor ingreso la mitad de la diferencia. Cada cinco años se saldaría la cuenta, con intereses. Es decir, si se preveían 20.000 coches diarios y solo hay 10.000, el Estado paga por 6.000 coches hasta el 80% de lo previsto. Si pasan 30.000 vehículos diarios, la concesionaria pagará al Estado por 5.000.

Es improbable que se supere el tráfico previsto. Tanto que los bancos apremian a buscar una solución que dé viabilidad a las concesionarias, que suman una deuda de entre 4.000 y 5.000 millones. Las empresas aducen que el Estado tendría que asumir ese agujero si quiebran, ya que en último término es el dueño de las autopistas. Algunas son reacias a que el Estado asuma el rescate de las autopistas con un coste de unos cientos de millones en los próximos años como mal menor frente a la opción de nacionalizarlas.

Los detalles se cerrarán esta semana. Las cifras finales no serán las de CiU, que ha defendido la cuenta de compensación como "un buen mecanismo" de solución del problema, según el diputado Pere Macías. Ya en los Presupuestos de 2010 se introdujeron mecanismos de ayuda a las autopistas, fruto de una visión expansionista -cuando no especulativa- de las infraestructuras. Pero en forma de créditos participativos (200 millones) y por los sobreprecios que hubo que pagar por las expropiaciones de terrenos que, con la ley del Suelo del PP, pasaron de eventuales trigales a virtuales chalés adosados (al convertirse en urbanizables). El grupo socialista ya ha presentado una enmienda este año para aumentar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial eran solo 135) esos créditos participativos.

El sector concesional, que presume de tener líderes mundiales, no se da por satisfecho con el dinero destinado a los créditos y está a la espera de comprobar si con la cuenta de compensación "se conseguirá refinanciar" a las empresas afectadas, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.

De Ramón quiere saber la situación de solvencia de la CAM de cara a poder devolver el préstamo del FROB

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha solicitado por escrito al Banco de España, con fecha 2 de este mes de noviembre, su intervención sobre entidades “ infracapitalizadas “ o “en situaciones de insolvencia no detectadas”, como a su juicio, pudiera ser presuntamente el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en cuanto al futuro del SIP con Cajastur, que se creará a finales de año o “como muy tarde” a principios de 2011.

El citado letrado recuerda que los beneficios que comunica la CAM a fecha 29 de octubre de este año, de que ha obtenido 142,6 millones de euros, "indica una caída libre del 28,6% de descenso en relación con el ejercicio anterior".

"Tenemos además que los informes de Fitch bajan la nota a la CAM por el ladrillo, además de que debe afrontar vencimientos de deuda en el 2012 cuando no existe “indice” de minimizar la evolución en los años 2010,2011 y 2012, y donde esta Agencia de Calificación fue también la que rebajó la nota a largo plazo,  desde “A” hasta BBB+ con perspectiva negativa, lo que podría suponer otro eventual descenso. Si esto ocurriera, le colocaria a solo un paso de los bonos basura. (información al día 2 de junio del año actual)", explica en su escrito.

A fecha de 19 de septiembre de este año, el SIP de la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria tenía unos activos de 135.329 millones de euros, recuerda, pero solo un 10,25% disponible de liquidez, por lo que, según De Ramón, "habría que valorar el patrimonio inmobiliario de la CAM, teniendo en cuenta que estaba ofertando viviendas con hasta un 60% de descuento a fecha 20.10.2010, sin contar con la depreciación del valor inmobiliario, que espero FROB o Banco de España lo tenga tasado de forma distinta a la que haya declarado dicha entidad".

El propio subgobernador del Banco de España reconoce expresamente que existen problemas para cerrar la fusión con Cajastur (fecha 26 de septiembre de este año), recuerda en su escrito De Ramón, quien desea saber si la CAM cumple con los grados de solvencia requeridos al efecto.

"Si a esto añadimos que no se cumple con el Acuerdo de Basilea sobre provisionalidad de morosidad que, por parte de la CAM es del 6%, y que las ayudas financieras conseguidas del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria), se tendrían que devolver al 7,75% del tipo de interés, por lo que en el caso de esta fusión serían 1.250 millones de euros el cálculo de lo que se habría de añadir al principal", concluye el letrado.

A la vista de todo ello, De Ramón solicita una auditoría a la CAM por parte del Banco de España, para que sea examinada y evaluada pertinentemente, y así poder conceder préstamos a dicho SIP con garantías suficientes de devolución.

Y advierte de que dará traslado de esta petición al Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo si el Banco de España persiste en no remitirle la información, veraz y de exámen preciso al respecto, solicitada ya en anteriores escritos en demanda de transparencia con el objeto de que esas entidades supervisoras a mayor nivel sean las que le informen sobre la viabilidad de la fusión de la CAM en el seno del citado SIP.

Una investigación cifra en 285 millones anuales el negocio de la pesca ilegal de atún rojo en el Mediterráneo hasta 2008

CARTAGENA.- En 1996, un barco de la firma Tuna graso -una empresa conjunta de la japonesa Mitsui y la española Fuentes e hijos- subió a bordo un atún rojo de más de 300 kilos de una de sus granjas. Valía 12.000 euros, más aún en Tokio. Los días de llevar atún fresco a Japón solo unos meses al año eran historia. Las granjas de engorde implicaban que los japoneses podrían tener atún rojo de alta calidad para el sashimi todo el año. Ese día, el atún resbaló por cubierta, hirió a varios miembros de la tripulación y cayó al mar. Fue un revés menor. El engorde se convirtió en un negocio millonario. Lo publica hoy, entre otros medios europeos, 'El País'.

En el cerrado mundo de la pesca del atún rojo, autoridades, pescadores y granjeros forman parte de un sistema viciado en el que todos han colaborado en un amplio fraude, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés). Entre 1998 y 2007, más de uno de cada tres atunes pescados acabaron en el mercado negro, que supuso 285 millones de euros anuales, según la estimación de ICIJ.

El destino del atún descansa en la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que incluye a 47 países y la UE. ICCAT ha fijado la cuota de capturas en 13.500 toneladas este año, frente a las 22.000 en 2009. Sin embargo, la capacidad de las granjas es cinco veces superior a la cuota y muchas de ellas están en países con regulaciones laxas, como Turquía y Túnez.

Las granjas son tan controvertidas que Japón, que compra el 80% del atún del mundo, empieza a poner coto a los excesos. El año pasado, Tokio bloqueó la importación de más de 3.500 toneladas de atunes de granjas del Mediterráneo. Según sus inspectores, algunas granjas alegaban ritmos de engorde biológicamente imposibles y otras exportaban más de lo que oficialmente habían adquirido. "Si no se controlan legalmente las granjas, deberían suspenderse", declaró Masanori Miyahara, delegado de Japón en ICCAT.Espoleados por la demanda japonesa, la industria evolucionó a gran velocidad en los 90. Los cerqueros -cuyas redes rodean los cardúmenes cuando desovan- permiten capturar hasta 3.000 ejemplares de una vez. De los cerqueros, son trasvasados a jaulas y transportados lentamente hasta la granja, cerca de la costa. Allí son engordados con sardina y caballa hasta que alcanzan el punto justo de grasa y color.

Las empresas españolas saltaron a Croacia, Malta, Turquía, Italia, Túnez, Chipre y Libia. La mayoría de los atunes llegaban de cerqueros italianos, franceses y españoles. El líder del mecardo es la española Ricardo Fuentes e hijos. Francisco Fuentes, director general de la compañía los últimos 20 años, convirtió un negocio familiar en una multinacional. En los 60 su padre vendía pescado puerta a puerta y ahora Fuentes viaja por el Mediterráneo en un jet privado. Conocido como Paco-san en Japón, este sagaz empresario muestra poca simpatía por quienes sostienen que el atún rojo está en peligro: "Hay una gran cantidad de atunes pequeños en el Golfo de León".

La industria -con ayuda de la UE- modernizó la flota. La inversión creó un círculo vicioso: una vez que habían comprado un cerquero de varios millones, los pescadores se veían obligados a superar las cuotas para amortizar la inversión. Al ir agotando caladeros, la flota fue al sur. El rico banco de Baleares estuvo a punto de "colapsar por la sobrepesca", recuerda Manel Balfegó, pescador y dueño de una granja en Tarragona. El stock cayó un 75%, aunque hay científicos que ven ahora los primeros signos de recuperación. Parte de la caída se debió a las generosas cuotas de ICCAT, cuyos científicos consideraron demasiado altas. Pero mucho vino de pesca ilegal y no declarada.

Un ex responsable de una gran empresa defiende que a veces hay exceso de atunes por errores de cálculo: "Para los peces que tienes por encima de la cuota hay que encontrar una solución: o los comercias ilegalmente o los guardas para la siguiente temporada". Liberarlos no es una opción.

Para combatir el fraude, ICCAT estableció en 2008 un sistema de control. Los barcos dan un número a cada captura, que debe registrarse en cada eslabón de la cadena. Los documentos son escritos a mano, validados por los países y en ICCAT son introducidos en una base de datos. El sistema acaba con información contradictoria e incompleta. Al 44% de las 4.102 entradas de 2009 les faltaba información relevante. Al menos 96 cargamentos hacia Japón (5.000 toneladas) no podían ser trazados hasta la granja de origen. Jean-Marc Fromentin, del comité científico de ICCAT, define el sistema como "un enredo".

Los datos de granjas son especialmente problemáticos. Al menos un 20% de los atunes sacrificados en ellas carecen de información, son atunes fantasma. Algunas incluso parecen capaces de manufacturar atunes. Más de una docena de instalaciones mataron más ejemplares de los que compraron. "Es incomprensible lo mires como lo mires", comentó Miyahara, el delegado japonés en ICCAT. Entre las granjas que han llamado la atención de las autoridades está la croata Drvenik Tuna, copropiedad de Fuentes. En 2008, esta firma fue obligada a liberar 712 atunes, según ICCAT. La empresa declaró que fue un error de los cerqueros franceses a los que compró el atún. Un año después, Japón rechazó la entrada de 560 toneladas de atunes de una granja de Fuentes en Tunez porque los ejemplares, pescados por una flota argelina, no tenían documentos en regla, según el Gobierno tunecino. Los responsables de Fuentes en Cartagena admiten que hubo problemas con Drvenik en el pasado, pero remitieron a su socio croata, Mladen Milakovic, que no quiso hacer comentarios. Hay casos de otras firmas en Malta, Túnez o Turquía.

Aunque criticada por excesiva por algunos científicos, la reducción de la cuota para 2010 ha hecho caer los ingresos caigan desde los 350 millones de euros en 2008 a los 220 millones, según fuentes del sector. La Comisión Europea amenaza con cerrar la pesquería si no hay control y Japón se muestra dispuesto a apoyar un cierre temporal de las granjas. A final de mes, ICCAT se reúne a fijar las cuotas y decidir si acaba con la carrera del oro del atún rojo.

Este es un extracto de la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y que hoy publican The Sunday Times, BBC y Le Soir, entre otros.

Portmán: la bahía más tóxica del Mediterráneo

LA UNIÓN.- Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. "Mire cómo brilla. Es el mineral que queda". Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista, se narra hoy en 'El País'.

Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.

Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.

Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.

El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.

Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.

En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.

La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.

La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.

El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.

Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".

La dirección federal del PSOE obliga a Saura a dejar todos sus cargos pero él se resiste

MURCIA.- El todavía secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha confirmado que dejará su acta de diputado en la Asamblea Regional y la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en este parlamento si es nombrado director general de la entidad pública de suelo SEPES el próximo miércoles porque, explica, ambos cargos son "incompatibles". Lo que no ha dicho es que la dirección federal del PSOE le obliga también a dejar el liderazgo del PSRM para evitar una indeseable bicefalia de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.

    Saura aseguró, no obstante, que podrá compatibilizar su actual cargo como secretario general del PSRM-PSOE y su nuevo destino como director general de SEPES, extremo no del todo cierto si se marcha a SEPES en Madrid porque su dedicación le impedirá seguir gobernando 'de facto' el PSRM.

   De hecho, recordó que ya lo hizo cuando compatibilizó su cargo como secretario general del PSRM y como portavoz de la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en distintos periodos.

   Al respecto, justificó que su cargo como secretario general del PSRM-PSOE "fue un compromiso con el PSOE en el último congreso del partido", y dijo haberlo asumido "hasta el próximo año 2012 ó 2013".

   Saura se ha referido de esta forma a las declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, que le ha propuesto hoy como nuevo director general de la entidad pública de suelo SEPES, nombramiento que tendrá que aprobar el consejo de administración de la sociedad en su reunión del próximo miércoles.

   En este sentido, Saura ha agradecido la confianza del Gobierno de España, de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y del ministro de Fomento, José Blanco, por pensar en él para poder dirigir SEPES.

   No obstante, quiso dejar claro que "hasta el miércoles no se va a producir el nombramiento oficial en el Consejo de Administración de SEPES", por lo que quiso respetar "la formalidad" y mostró su prudencia en este sentido.

   A su juicio, se trata "de una nueva oportunidad de trabajar por España y por la Región de Murcia", y dijo asumir el cargo en un momento del Gobierno español "que permite incidir directamente en el mercado de suelo de la vivienda, que es un actor directo del Gobierno en la política de suelo industrial y de vivienda".

   Por tanto, dijo aspirar a dirigir ese instrumento que tiene el Gobierno central "de la forma más eficaz y más comprometida, buscando la rentabilidad económica y social".

Crónica de una adjudicación anunciada / Cartas de los Lectores

No salimos de nuestro asombro presenciando la escenificación que está realizando ante los vecinos del municipio de Murcia el equipo de Gobierno Municipal, a cuenta de la adjudicación del contrato de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA”.

Desde el citado equipo de Gobierno están aprovechando la caja de resonancia que representa el diario La Verdad, para repetir un día sí y otro también, que el Ayuntamiento de Murcia se va a ajustar exclusivamente a la legalidad en la adjudicación del citado contrato.

Como advertía el informe publicado por el digital murciaconfidencial el pasado 1 de octubre, el Pliego de Cláusulas era un obstáculo para la concurrencia de ofertas, y así de su lectura se desprendía que:

1.- Ofertando en el subcriterio precio la cantidad de 875.560.916,04 EUR, o una cantidad inferior, se obtienen los 35 puntos que como máximo se pueden obtener en dicho subcriterio. Se vulnera un principio básico de la contratación administrativa: la máxima puntuación para oferta más barata. De los tres subcriterios que integran los criterios objetivos del Pliego, el precio es el más importante por los puntos que otorga. Todos los licitadores procurarán asegurarse los 35 puntos y el subcriterio precio será irrelevante.

2.- La consecuencia inmediata de lo anterior es que los criterios subjetivos, por los que se asignan hasta 49 puntos en el Pliego, se convertirán en determinantes. Así pues, el juicio de valor emitido por la Comisión de funcionarios municipales encargada de su valoración, será crucial para la adjudicación del contrato. Se vulnera el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige una Comisión de expertos ajena al órgano proponente cuando los criterios subjetivos ponderan más que los objetivos. Aquí, de facto, mediante la inutilización del subcriterio precio, ponderan más los subjetivos.

La prueba más palmaria de que nos encontramos ante un Pliego de Cláusulas moldeado para satisfacer intereses ajenos al interés general de los vecinos, y contrario a principios básicos de la legislación de contratos, es el número de ofertas presentadas: DOS.

Si no teníamos suficiente con un Pliego de Cláusulas adulterado, también nos encontramos con una publicidad insuficiente. A tenor del artículo 36 de la Directiva 2004/18/CE y del artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, este tipo de contrato debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. En el primero de ellos aparece publicado el día 6 de julio. En el segundo de ellos, ni siquiera los servicios de asistencia del Servicio de Publicaciones del citado Diario Oficial han sido  capaces de encontrar el anuncio.

A la comedia también se ha sumado el diario La Verdad. El citado diario, el 18 de octubre, en referencia al representante de la UTE VALORIZA-SACYR, titulaba “Un imputado de la “Brugal” pone cara a una oferta al “contrato del siglo” de basuras”. Cabe preguntarse por qué dedica el titular al representante de dicha UTE, cuando resulta que la otra empresa licitadora, CESPA, también se ha visto salpicada por la operación “Brugal”. Sr. Alcalde, ¿cuál es la causa por la que sólo han concurrido a este contrato dos empresas que están involucradas en un caso de corrupción investigado por la fiscalía alicantina?.

El día 22 nos enteramos que el juez David Castillejos, titular del Juzgado de Instrucción nº 8, ha imputado a la Jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia por la operación “Umbra”. Como quiera que en el Pliego de Cláusulas consta la firma de “La Directora de los Servicios Jurídicos”, al equipo de Gobierno Municipal preguntamos si se trata de la misma persona. 

Y para el caso de que se trate de la misma persona. La  firma va precedida de una coletilla que reza así, “examinado el presente Pliego, y a los efectos del preceptivo informe jurídico, se hace constar que el mismo se ajusta a la legislación vigente no existiendo por tanto, inconveniente legal alguno para su aprobación”, por lo que nos vemos obligados a preguntar al equipo de Gobierno Municipal, si dicha coletilla está redactada con el mismo rigor que los informes por los que ha sido imputada su autora.

El día 27 de octubre, el mismo diario La Verdad informa que la Comisión Técnica de funcionarios municipales ha decidido excluir a la oferta de VALORIZA SACYR, al incluir ésta valoraciones económicas en su oferta técnica. En nuestra carta “El Concejal No Tiene Quien Le Oferte”, publicada por murciaconfidencial el pasado 14 de octubre, dijimos en relación a las ofertas  presentadas por CESPA y VALORIZA-SACYR que,  “Una será la adjudicataria y la otra actuará de comparsa para dar credibilidad a la escenificación”.

El portavoz socialista en el consistorio, el concejal Alfonso Navarro, ha exigido que el gobierno local de Murcia  “estudie la posibilidad de suspender y dejar desierto el procedimiento de adjudicación para la contratación del servicio de basuras en defensa del interés público”, según el diario La Verdad.  Al citado edil le ”llama poderosamente la atención  que esta empresa, con amplia experiencia contrastada, cometa un error de principiante, un defecto de forma que, según la Junta de Gobierno, es razón mas que suficiente para no tomar en consideración su oferta”.

Consideramos que existen dos circunstancias por las que le va a ser difícil al Ayuntamiento de Murcia declarar desierto el concurso. La primera, el último párrafo del artículo 135. 1 de la Ley de Contratos del Sector Público: “el órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición  que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego”. La segunda, la propia Cláusula 8. 2 del Pliego de Cláusulas, que ha referenciado  la baja máxima al 10 % del presupuesto de licitación, por lo que ofertando 875.560.914,04 EUR, se obtienen los 35 puntos del subcriterio precio y no se incurre en temeridad. Ofertando un precio menor se obtienen también 35 puntos, pero corriendo el riesgo de que la oferta sea considerada temeraria. No es de esperar que CESPA incurra en el error.

Las circunstancias que rodean la licitación de este contrato de mil millones de euros y 20 años de duración, ponen de relieve que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia constituye un peligro para los intereses generales del vecindario. Confiemos que alguna de las institución a las que hemos apelado les pida responsabilidades por esta burda representación.

Atentamente.

 

Un grupo de contribuyentes.

González Tovar considera que Murcia "gana peso político" con los nombramientos de Saura y Ríos

MURCIA.- El todavía delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha expresado su satisfacción por el anuncio del ministro de Fomento de que propondrá a Pedro Saura García como nuevo director general de SEPES, así como por el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Ministros por el que se designa a Pedro Antonio Ríos nuevo director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, "nombramientos que refuerzan el peso político de Murcia en el nuevo Gobierno de Zapatero".   

   De este modo, González Tovar ha destacado "la experiencia política, preparación  y el compromiso personal de Saura y Ríos con la Región, por lo que creo que estos nombramientos son una buena noticia para Murcia", según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

   Asimismo, ha resaltado la importancia que tanto Sepes como la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar "tienen para el desarrollo y el futuro de la Región" y que la elección de Saura y Ríos para estar al frente de ellas, "es un acierto por el que hay que felicitar al ministro de Fomento y a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino".

   Finalmente, el nombramiento del nuevo director general de Sepes se producirá el próximo miércoles, en la reunión del Consejo de Administración de la Entidad Estatal de Suelo.

La Comunidad obtiene el compromiso de Mediterra de cumplir el plan de para mantener los empleos de Halcon Foods

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha obtenido este viernes el compromiso de la empresa Mediterra, que adquirió Halcon Foods y Conservas Fernández, de cumplir todos los puntos pactados y ponerse al día con su plan de viabilidad para garantizar los puestos de trabajo, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado. 

   Este es uno de los acuerdos a los que se llegó en la mesa de trabajo constituida por la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, representada por el Instituto de Fomento, los alcaldes de Albudeite, Campos del Río, Calasparra y Mula, representantes de los sindicatos UGT y CCOO y la propia empresa.

   Asimismo, en un encuentro de trabajo propiciado por la Consejería en la sede del INFO y que se prolongó durante tres horas, se acordó constituir de forma permanente la mesa de trabajo entre las partes implicadas.

   Estará vigente hasta que se garanticen los puestos de trabajo y hasta que la empresa presente y consulte con los trabajadores el nuevo plan de viabilidad del Grupo Cofrusa/Mediterra, que deberá lograr el respaldo de las entidades financieras y asegurar el mantenimiento del empleo.

   El director del INFO, Juan José Beltrán, indicó al término de la reunión que "el Gobierno regional ha mantenido desde el primer momento una postura proactiva en búsqueda de soluciones encaminadas al mantenimiento de los puestos de trabajo".  

   De hecho, la Consejería ha propiciado conversaciones tanto con Mediterra como con los alcaldes de las localidades afectadas, al igual que con los representantes de los trabajadores.

   Beltrán añadió que "desde el anuncio de cierre de Halcón Foods y Conservas Fernández, hace dos años, la Comunidad ha estado buscando soluciones para evitar la perdida de los puestos de trabajo".

   Asimismo, desde que se concedió el aval a Mediterra para la adquisición de ambas factorías, un experto independiente ha realizado un seguimiento detallado de todos los movimientos de mercancía que se producen en Halcón Foods, según la Comunidad.

   También hay auditores de cuentas externos, tanto de la empresa como del Info, que hacen un seguimiento del aval. Además, técnicos del Info supervisan el proceso.

Expertos advierten de riesgo de abuso y explotación de menores inmigrantes

SANTIAGO DE CHILE.- Un informe realizado por la Cepal y Unicef advirtió hoy de los riesgos a los que los menores inmigrantes de América Latina y el Caribe pueden verse sometidos, tales como explotación, abusos y violación de sus derechos. 

Los especialistas de Unicef, Rut Feuk, Nadine Perrault y Enrique Delamónica, señalaron en su artículo "Los niños y la migración internacional", que millones de niñas y niños están sufriendo severas restricciones en sus derechos humanos debido a su condición de inmigrantes o la de sus padres.

Según este estudio, cerca de 6 millones de personas de América Latina y el Caribe han emigrado dentro de la región, y alrededor de 25 millones lo han hecho a Estados Unidos o Europa.

"Se calcula que 1 de cada 5 inmigrantes es un niño o adolescente que puede estar expuesto a abusos", según datos del Boletín Desafíos número 11 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Unicef.

Las políticas migratorias restrictivas, la xenofobia, la discriminación y el tráfico de personas, son algunos de los riesgos principales con que se pueden encontrar estos menores inmigrantes, especialmente si son indocumentados, precisa el estudio.

Los autores explicaron en el informe que la migración afecta a los niños de diferentes maneras durante su ciclo de vida, ya sea al migrar juntos a sus padres, solos o dejados atrás por uno o ambos de sus padres inmigrantes.

Sin embargo, agregaron que el impacto de esta migración en los menores de edad debe ser analizado en el contexto más amplio de la pobreza y las desigualdades que se dan entre los distintos países y en el interior de los mismos.

La investigación precisa además, que la parte positiva es que los niños que migran en compañía de sus padres, o aquellos que reciben asistencia financiera por medio de remesas, pueden obtener mayores oportunidades de desarrollo en términos de educación, salud y adaptación psicosocial.

En particular, las remesas también pueden ayudar a disminuir el trabajo infantil, agrega.

En tanto, el estudio señala que los principales objetivos pendientes para los Gobiernos de la región en esta materia son generar una política migratoria que proteja los derechos de los niños, especialmente de aquellos que migran de manera irregular.

Lograr el acceso al derecho a la identidad al momento del nacimiento y evitar la detención de niños y adolescentes inmigrantes por causa de su entrada ilegal a los países de destino, son otros de los desafíos a alcanzar, precisa el documento.

Finalmente, los autores entregaron recomendaciones para proteger los derechos de los niños y niñas inmigrantes, así como fomentar los efectos positivos de la inmigración.

Entre ellas mencionaron, evitar los impuestos sobre las remesas e implementar medidas que faciliten las transacciones.

Además, recalcaron la importancia de explorar opciones de cooperación internacional para hacer cumplir las obligaciones económicas de los padres separados o divorciados con sus hijos, aunque vivan en países diferentes.

Reformar las legislaciones nacionales para que incluyan medidas y políticas de protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los niños inmigrantes, son otras de las recomendaciones que recogió el estudio.

El Boletín Desafíos, es una publicación conjunta de la Cepal, organización de las Naciones Unidas con sede en Santiago y Unicef que registra el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio referidos a la infancia y adolescencia.