jueves, 7 de octubre de 2010

Diego de Ramón solicita se sustancie la eventual responsabilidad del Consejo de Gobierno en el escándalo de corrupción

 MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha dirigido un escrito de personación al Juzgado nº 8 de Murcia como acusación popular en las diligencias penales que se siguen a instancias de la Fiscalía del TSJ por varios presuntos delitos contra funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y otros para pedir que se sustancie la eventual responsabilidad del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en la aprobación final de los planes urbanísticos de referencia, ya que por la vía penal no existe todavía una sentencia favorable eximente y esta es preferente y no excluyente de cualquier otra sentencia por la vía civil, ya que no entiende de delitos.

De Ramón inicia así su escrito:

      "Que teniendo noticias de la recepción, en este Juzgado, de dichas actuaciones de la Policia Judicial, sobre el tramado de actuaciones administrativas presuntamente delictivas, ES POR LO QUE AMPLIO LA DENUNCIA, y me persono como ACUSACION POPULAR, ya que el dinero omitido a la Hacienda Pública es superior a 300 millones de euros, que repercuten a todos los murcianos, en base a un informe de la Intervención General del Estado, por la APROBACION DE SEIS CONVENIOS URBANISTICOS, siendo el primero de ellos en el año 2001 y el ultimo en el año 2005. 

      En base a ello, solicita en periodo de instrucción, las siguientes diligencias a investigar por la Policia Judicial UCO de la GUARDIA CIVIL: 

      1.-Que se recaben la aprobación de dichos seis convenios urbanisticos, por la CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y CARRETERAS de la Comunidad Autonoma de dicho años, en cuanto al informe juridico de dicha Consejeria, y la aprobación por medio de la Orden del Consejero que hubiese en ese momento de dichos Convenios. 

      2.-Que se recaben los informes juridicos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma,que son previos a la aprobación por el Consejo de Gobierno, como asi todos los ACUERDOS DE DICHO CONSEJO, que aprobaron dichos Convenios, votos a favor, o en contra de los Consejeros y del Presidente de dicho Consejo de Gobierno.

      Y a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, sobre la preceptiva declaración de impacto medio ambiental, que se dio, cuales fueron sus legitimaciones técnicas o defensivas del medio ambiente. 

      3.-Memoria del Consejo Juridico de la Región de Murcia, sobre la aprobación de dichos acuerdos del Consejo de Gobierno, como asi la justificación legal o legitima de las actuaciones desde su inicio hasta su aprobación final por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma.

      4.-Que se recabe informe al Tribunal de Cuentas Y SU FISCALIA, sobre si se pronuncio en la existencia de responsabilidad penal en dichos seis convenios, o si solo vio, la documentación administrativa, SIN ENTRAR EN LA RESPONSABILIDAD PENAL, o el desequilibrio económico de valores dados en cuanto a la rentabilidad o beneficio obtenido en las recalificaciones de mas de dos millones de metros cuadrados, que pasaron a ser urbanizables solo dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana,los calificase como rústicos, agrícolas no urbanizables. 

      5.-Y solicitar las actuaciones judiciales murcianas, en cuanto a la legitimidad de sus resoluciones finales o archivos, de los procesos que ahora se detectan como presuntamente delictivos. 

      6.-Que por parte de los imputados se les haga declarar, las negociaciones que mantuvieron, en prensa local de aquellos años, con las Autoridades Regionales y las Autoridades Municipales, sobre las compensaciones económicas que iban a resultar a favor de la Comunidad Autonoma, incluido el Club de Futbol Real Murcia, ya que obtuvo el volumen de edificación mas alto el 0,5%.,por la posible construcción de cerca de mas de 20.000 viviendas, y varios centros comerciales conocidos como Nueva Condomina. 

      7.-Que se recaben a los imputados declaraciones de sus fuentes de financiación, en que bancos se encuentran y Cajas de Ahorros, y si hubieron financiaciones, que miembros o representantes politicos de las Cajas de Ahorro dieron el voto favorable para su aprobación en el Consejo, y que garantias se le exigieron". 

      En consecuencia, suplica a dicho juzgado de los de Murcia, tenga por ampliadas la denuncia y medios de prueba que solicita, asi como la personación como acusación popular, en defensa del interes general, que en momentos de crisis, hay que hacer valer, dado el posible agujero de mas de 300 millones que pudieran disminuir la deuda publica regional, dicho sea - señala- con la mas respetuosa petición de justicia.

martes, 5 de octubre de 2010

Valacárcel se olvida ahora de la 'Paramount', su sobrino-consejero y del viaje a Dubai

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha pedido hoy "tranquilidad" ante el nuevo caso de presunta corrupción urbanística por el que se han registrado dependencias del Ayuntamiento de Murcia y ha advertido de que en el Partido Popular "quien la hace la paga", si bien ha confiado en que no haya responsables del partido implicados en el caso.

   Además ha dejado claro que si algún responsable del PP fuera imputado se procedería a "su exclusión inmediata", porque, según Valcárcel, se actuaría "exactamente igual que se ha hecho en todo momento".

   "Hay tres detenidos, pero ninguno de los casos tiene nada que ver con la formación política, con el Partido  Popular. Sí les digo lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos hecho en este partido: Aún cuando no hay imputados en este caso y espero que no los haya, aún cuando colaboramos con la Justicia como siempre hemos colaborado, en este partido, no obstante, quien la hace la paga", ha declarado a los medios a su llegada al pleno del Comité de Regiones de la UE que se celebra en Bruselas.

   El presidente regional ha insistido en que el PP "está haciendo hoy lo que siempre ha hecho, colaborar con la Justicia" y ha pedido "tranquilidad para todos", aunque ha admitido su preocupación por que los casos de corrupción afecten a los partidos políticos, incluido el PP.

   Preguntado por las medidas concretas que adoptaría el PP si alguno de sus miembros se ve implicado en el nuevo caso destapado en Murcia, Valcárcel ha afirmado que se aplicarán las mismas que "en otras ocasiones", esto es "la exclusión inmediata de esos responsables políticos".

Los tres detenidos por corrupción urbanística en Murcia pasarán este miércoles a disposición judicial

MURCIA.- Los tres personas detenidas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo, en el marco de una operación de corrupción urbanística en Murcia, pasarán previsiblemente mañana, miércoles, a disposición del juzgado que instruye la causa. 

   Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha ordenado el registro de las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, además de otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid. 

    Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.

   Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho que "puede haber responsabilidad penal" detrás de la investigación desarrollada por la Fiscalía en el Consistorio murciano por presunta corrupción urbanística, y ha apuntado que el caso puede estar relacionado con algunos de los seis convenios urbanísticos aprobados en la zona Norte del municipio hasta 2006. 

   En concreto, de los siete convenios urbanísticos en la zona Norte, Herguedas rechaza uno por haberse firmado en 2008, y los seis restantes corresponden al proyecto de Nueva Condomina, así como el que ha dado lugar al arreglo del Casino, aprobado en Pleno en mayo de 2005. Además, apunta a tres convenios con varias sociedades firmados el 23 de febrero de 2006.

   Herguedas ha deducido que se trata de una investigación de corrupción por las declaraciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, quien ha asegurado que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta". 

   "Puesto que Berberena ha dicho que desde el punto de vista administrativo todo está bien hecho, no se trata de una investigación de carácter administrativo, sino una investigación de corrupción", según Herguedas, quien ha añadido que la Guardia Civil "no se presenta en un sitio porque le apetezca, sino porque cuanto menos hay pruebas de algún indicio de algún presunto delito".

   Sobre el origen de la investigación, Herguedas reconoció no saberlo con certeza, pero indicó que puede hacer suposiciones "en base a los nombres que se han dado, como el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero, Renato de Noce, ambos relacionados con los convenios urbanísticos de la zona Norte".

   Herguedas subrayó que tanto uno como otro "estaban asociados" con el ex-jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, por lo que indicó que puede tratarse de una investigación derivada del ámbito de la investigación a Peñalver, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas, o de una denuncia que se haya presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.

   Herguedas ha manifestado que IU "está a la espera de confirmar todos los acontecimientos" y determinó que "puede haber nuevas detenciones atendiendo a las que ha habido y a los nombres que han aparecido". Así, ha mostrado su confianza en la Justicia y espera que se le dé "las máximas facilidades para que desarrollen su trabajo con la máxima independencia".

   La concejala lamentó "la imagen que ofrece el municipio de Murcia, que no es buena ni para el Equipo de Gobierno municipal, ni para la ciudadanía de Murcia, puesto que se está ofreciendo una imagen lamentable al resto del país, en la que se ve cómo ha primado durante todos estos años el modelo especulativo en el ámbito urbanístico".

   Igualmente, mostró su preocupación "por la gravedad de las detenciones, especialmente la del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, por tratarse de un funcionario y del número dos de la Gerencia, y que se suma a la imputación que ya existe sobre Peñalver, quien fue responsable técnico de la Gerencia de Urbanismo durante mucho tiempo".

   En este sentido, destacó que Berberena "tiene ahora su número dos detenido, su responsable jurídico detenido, y el que era su responsable técnico imputado", por lo que instó al concejal de Urbanismo a "dar alguna explicación más que el decir que todo estaba muy bien desde el punto de vista administrativo y que él no sabe absolutamente nada".

   Al respecto, estimó que "hay responsabilidades penales, y todo apunta a ello". Por ello, consideró "imposible" que estas cuestiones "hayan podido pasar desapercibidas por la Gerencia, por delante de las narices de todo el mundo, muchos se dieran cuenta y Berberena no se enterara".

   Según precisó, los hechos "parecen apuntar a una relación de estos funcionarios con otros particulares que han podido estar en la cocina de los convenios urbanísticos desarrollados en la zona Norte del municipio, pero también los del Campo de Cartagena, donde siempre aparecen unos nombres, entre ellos, los de los detenidos Pérez Mateos y de Noce".

   Igualmente, recordó que todos estos convenios urbanísticos "tienen su origen en el año 2001, cuando se firmó el convenio de Nueva Condomina, en el que se modificó la Ley para adaptarla a los intereses o necesidades de una serie de personas con interés en la zona, en vez de utilizar la Ley para beneficiar a la ciudadanía".

   Herguedas llama a este convenio, que sólo contó con la oposición de IU municipal, "la madre de todos los convenios urbanísticos", porque todas aquellas modificaciones legales que "dieron importantes plusvalías" se trasladaron "de manera inmediata a otros convenios firmados en años sucesivos".

   "Se recalificó lo que ya estaba recalificado e, incluso, se hicieron planes especiales para recalificar todavía más, generando importantes plusvalías de las que el municipio no se ha beneficiado nada, y sí que se han beneficiado unos cuantos que fueron más listos", resaltó.

   Herguedas pide explicaciones al alcalde del municipio, Miguel Ángel Cámara, por "haber confiado en ellos en aquel momento, y debe de explicar la relación tan amistosa que tiene con el empresario, promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que ahora impulsa como inversor privado la instalación de un parque temático de Paramount Pictures en la Región de Murcia".

   Para la concejala, tanto el concejal Berberena como el alcalde "deben dar explicaciones de por qué tienen imputado al principal responsable técnico del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana en Murcia (PGOU) durante todos estos años, Peñalver, y de la detención del número dos de la Gerencia y responsable jurídico del desarrollo del PGOU". "Son los máximos responsables, junto con el concejal, del desarrollo urbanístico del municipio en todos estos años", censuró.

   Herguedas recordó que, durante el periodo de gestación de la revisión del PGOU en Murcia, el grupo empresarial de Samper "compró unos terrenos rústicos o agrícolas o no urbanizables en el PGOU vigente entonces". 

   La empresa que promueve el proyecto es "Sports Management & Project que, en 1999 tenía un capital social de 9.000 euros y unos beneficios empresariales de 572 pesetas de la época, mientras que los terrenos se vendieron por cuatro millones y medio de eurosy la inversión prevista en los mismos era de 870 millones de euros".

   A partir de ese momento, "se va produciendo el milagro de la recalificación continua y progresiva de forma que, en las sucesivas tramitaciones los terrenos van cambiando de uso, pasando por el económico (industrial) y dotacional (equipamientos) al dotacional-residencial con una edificabilidad de 0,09".

   "Tras la firma de convenios, interpretaciones y demás artimañas contables, primero se admite una edificabilidad de hasta 0,40 metros cuadrados por metro cuadrado en la parte residencialen la última adaptación-modificación del PGOU suprime la parte dotacional de forma que todo el suelo pueda ser de uso residencial y elevando la edificabilidad a 0,50 metros cuadrados por metro cuadrado, y siendo el aprovechamiento urbanístico final y definitivo en el Plan Parcial m0,67 metros cuadrados por metro cuadrado", remarcó.

   A su juicio, "esto es la herencia del empresario Jesús Samper, amigo de Miguel Ángel Cámara y ahora socio del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, en su proyecto estrella de la Paramount, y estas son las consecuencias de un modelo económico que ha generado grandes fortunas para unos pocos y graves consecuencias para la economía".

Su hermano y abogado niega la detención de Samper

MADRID.- El hermano y abogado representante del presidente y máximo accionista del Club Real Murcia, Jesús Samper Vidal, Juan Antonio Samper, negó hoy que su hermano haya estado "detenido en ningún momento" y aseveró que su "hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción urbanística".

   En declaraciones a los medios frente a la casa que en estos momentos investigan los agentes para descubrir presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estado de la Nueva Condomina, en Murcia, Juan Antonio Samper, negó de manera "firme y exhaustiva" que su hermano sea responsable de ningún tipo de actividad ilícita.

   "Mi hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción. Lo digo en términos genéricos y de forma muy firme y exhaustiva. Mi hermano no está detenido ni se ha encontrado detenido en ningún momento", aseveró el letrado.

   En este sentido, aseguró desconocer el motivo por el cual se está investigado al presidente del club granota ya que el auto del juez número 8 de Murcia que dicta la instrucción del registro domiciliario no "detalla" el porqué de esta actuación y denunció que este desconocimiento "produce una indefensión" para su cliente al "no saber por qué se le investiga" ni si guarda relación con el registro al ayuntamiento murciano.

   "Alguna relación debe guardar porque viene del juzgado número 8 (de Murcia), pero insisto en que la falta de concreción del porqué. El auto dictado nos produce una indefensión manifiesta", reprochó Samper. Aún así y tras recalcar que el domicilio es "un lugar inviolable por un principio "constitucional", destacó que cumplirán "escrupulosamente" con el decreto del registro domiciliario.

También el Real Murcia Club de Fútbol ha desmentido que el presidente del equipo, Jesús Samper, se encuentre detenido, aunque ha confirmado que la Guardia Civil ha registrado su domicilio particular y la sede social de Sport Management & Project SL.


   En concreto, el club afirma en un comunicado oficial que los registros se desarrollaron "sin ninguna incidencia y con absoluta normalidad" por miembros de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia.

   Asimismo, el club de fútbol explica que, en este momento, Samper se encuentra "desarrollando con absoluta normalidad su vida cotidiana".

Investigan por presunta corrupción al presidente del Club Real Murcia y detienen a dos profesores de la Universidad más tres funcionarios

MURCIA.- Agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado en Madrid el domicilio y la sede empresarial del presidente y máximo accionista del Real Murcia, el abogado Jesús Samper Vidal (Grupo Santa Mónica), en relación con la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística desplegada en Murcia, informaron hoy fuentes de la investigación, que han precisado que la relación del máximo accionista del club grana estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo urbanístico  y el plan de construcción de Nueva Condomina, al norte del municipio de  Murcia.

   Estas mismas fuentes han precisado que se registra su casa en la capital así como la sede de una de sus empresas en la madrileña calle de Serrano. Se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del nuevo estadio, inaugurado en octubre de 2006, así como un complejo de viviendas.  

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ya ha ordenado la detención de personas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo y profesor universitario, Alberto Guerra así como  el letrado y también profesor universitario Higinio Pérez Mateos. Y  el ingeniero  italiano Renato de Noce, en el marco de una operación de corrupción urbanística.

Posteriormente se ha imputado a los funcionarios municipales Joaquín Peñalver, arquitecto, y  a la esposa de Guerra, Isabel Fernández, destinada en el ámbito más cercano al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara quien, hasta el momento guarda silencio.

La UCO de la Guardia Civil se encuentra desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, a los que se suman otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   No obstante, la concejal de IU+LV en el Consistorio murciano, Esther Herguedas, ha asegurado que los secretarios judiciales se encuentran esperando en dichas dependencias, por lo que aún no han comenzado los registros.
  
   Dos de los detenidos en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en Murcia, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra y el abogado, Higinio Pérez Mateos, son profesores del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

   En concreto, Alberto Guerra es profesor asociado a tiempo parcial y Pérez es profesor asociado de tipo I, según indican sus fichas recogidas en el directorio de la Universidad y según confirmaron fuentes de la institución docente.

   Ambos forman parte del grupo de personal docente e investigador de la universidad, y son profesores del II Máster en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

En síntesis, la UCO ha desplazado a Murcia una docena de efectivos, la denuncia proviene de la Fiscalía Anticorrupción por recalificaciones de suelo rústico advertidas por los grupos de Oposición en el Ayuntamiento, tras señalar en su día que detrás había una pura acción especulativa; tanto Pérez Mateos como De Noce están relacionados con otros casos de presunta corrupción urbanística -caso Peñalver y caso Ulea-, y el concejal de Urbanismo, Berberena, sostiene que lo investigado ahora está respaldado por dos sentencias firmes del TSJ en cuanto que se ajusta a la legalidad.

Precisamente, la policía judicial de la Guardia Civil ha registrado esta misma mañana dos cajas de seguridad en la sede regional de 'Cajamar', una del propio Berberena, y la otra del empresario Francisco Arqués López.

Fernando Berberena, aseguró a su llegada a la Gerencia de Urbanismo que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta", así como que la ciudad de Murcia puede estar tranquila "porque no hay ningún escándalo urbanístico".

   Berberena ha indicado a los medios de comunicación allí congregados que "hemos aportado toda la documentación que se nos ha requerido siempre, pero vamos a esperarnos porque todo está bajo secreto de sumario".

   El concejal, que esperaba que le confirmaran las detenciones, señaló que "hay que dar un voto de confianza" a los detenidos y que el objetivo es "colaborar con la justicia".

"En su día entregamos la documentación necesaria y si tenemos que entregar más, así lo haremos, siempre en permanente colaboración con la justicia porque haremos todo lo que esté en nuestra mano", añadió.

   Asimismo, aseguró desconocer lo que se investiga, y a su salida de las dependencias municipales tras recoger documentación que la Guardia Civil "pueden estimar oportuna para que se la tramiten al juez, que será la encargada de tomar las decisiones que tenga que tomar", ha indicado que no tienen información "de nada", aunque tiene una "buena impresión".

   Tras lo que ha pedido "sentido común y paciencia en honor de las personas y sus familias hasta que no se sepa nada". Así confirmó que agentes de la Guardia Civil están registrando el despacho del gerente de Urbanismo, "que se encuentra de buen ánimo pero decaído y yo siempre puedo estar defraudado pero no sabemos la realidad de los temas", aunque apuntó que no tiene "ni idea" de que haya tres detenidos.

   Berberena, que declaró que el gerente "no tiene nada que ocultar", asegura que éste no está detenido, que todo está bajo secreto judicial. Asimismo, señaló que la Guardia Civil se está llevando documentación sin pedirla, que han aportado a la Fiscalía toda información solicitada e insistió en que van a colaborar con la justicia "y así se lo ha expresado a la Policía para ver si necesitan algo".

   En cuanto a la documentación que los agentes están requisando, el concejal desconoce si está referida a los convenios con la zona Norte y el desarrollo de Murcia o algún expediente concreto. "No sabemos de qué es", sentenció.

   "El Ayuntamiento de Murcia va a estar en plena colaboración con la Policía y los juzgados para que se esclarezca lo antes posible este tema y sufran lo menos posible las personas afectadas", añadió.

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ha ordenado la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística y ya ha requisado tres grandes cajas de documentos, que ya han sido trasladadas al juzgado correspondiente.

   La UCO de la Guardia Civil se encontraba desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   De hecho, dos furgonetas Nissan se encuentran a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y agentes de la Guardia Civil entran y salen de las mismas dependencias. También se encuentra presente el jefe de la Policía Local de Murcia, Ángel Marín.

Orgía especulativa

Un presunto gran fraude a las arcas municipales se encuentra en el trasfondo de todo. El Ayuntamiento de Murcia puede haberse visto perjudicado en cientos de millones al imputar a los terrenos recalificados sucesivamente al norte de la ciudad un valor cuatro o cinco veces  menor al de mercado en los sucesivos convenios urbanísticos firmados desde 2001 a 2005.

Dentro del nuevo PGOU, en 2001 se firmó el primero bajo el asesoramiento experto del abogado urbanista Juan Enrique Serrano al Grupo Santa Mónica y que contemplaba 4.000 viviendas; el segundo convenio se firmó por este mismo grupo en 2005 para poder construir otras 2.500. La primera compensación al municipio era construir el estadio para cederlo a la ciudad, y la segunda, era costear la rehabilitación del edificio del Casino de Murcia. Posteriormente se firmaron cuatro nuevos convenios con varios grupos de empresas para construir hasta 20.000 viviendas más dentro del mismo desarrollo urbanístico del norte.

El Gobierno español promocionará el retorno voluntario de inmigrantes

MADRID.- La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha avanzado hoy que el Gobierno promocionará el retorno voluntario de inmigrantes y que les proporcionará la ayuda necesaria para que puedan reintegrarse en sus países de origen. 

Así lo ha anunciado Terrón durante su comparecencia ante la comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, en la que ha reconocido que han tenido que ampliar el crédito destinado a esta política de retorno.

"Es una política que ha llegado para quedarse y que se enmarca en la movilidad de las personas en el siglo XXI", ha explicado Terrón antes de añadir que el objetivo final del Gobierno es lograr que las medidas relacionadas con el retorno voluntario "sean realmente a favor del país de origen y a favor de las personas".

El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Rafael Hernando, ha asegurado que los programas de retorno voluntario son "un fracaso" y se ha referido a los más de 300 inmigrantes ilegales que han llegado a las costas españolas este fin de semana.

Hernando ha planteado la necesidad de incrementar los contactos con el gobierno argelino, "que se ha convertido en la plataforma de llegada de inmigrantes ilegales a nuestras costas", y ha señalado que los últimos desembarcos "eluden la amplitud" del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

"Lo que ha sucedido en los dos últimos fines de semana no debe hacernos perder el norte en relación a las llegadas irregulares en nuestro país porque no sobrepasan al SIVE", le ha contestado Terrón matizando que esta cuestión no se encuentra dentro de sus competencias sino de las del Ministerio del Interior.

Terrón también ha destacado que las prioridades de su departamento seguirán siendo la gestión ordenada de los flujos migratorios, la cooperación y el diálogo internacional con los países de origen, la lucha contra la inmigración irregular y las políticas de integración que favorezcan la convivencia y la cohesión social.

En materia de Emigración, el Gobierno ha orientado su presupuesto "a continuar garantizando los derechos y las prestaciones de los ciudadanos españoles en el exterior", ha añadido.

En su intervención, la secretaria de Estado ha detallado que Inmigración contará con 7,5 millones de euros, Integración de los Inmigrantes con 141,5 millones de euros y Emigración con 119,2 millones de euros.

En total, el Ministerio de Trabajo e Inmigración destinará para 2011 un presupuesto de 268 millones de euros al desarrollo de políticas de Inmigración y Emigración.

Para Hernando, se trata de un presupuesto "anoréxico", ya que supone un recorte del 42 por ciento con respecto a 2009.

El endeudamiento de los ayuntamientos podría dificultar el objetivo de déficit del Gobierno

NUEVA YORK.- El diario 'Wall Street Journal' advierte de los apuros económicos que atraviesan muchos ayuntamientos españoles debido a su elevado endeudamiento, lo que, en su opinión, pone de manifiesto el "poco espacio" que España tiene para maniobrar su salida de la crisis y puede afectar al Gobierno central en su compromiso de reducir el déficit presupuestario al límite del 3% marcado por la Unión Europea (UE) para 2013.
 
   En un artículo titulado 'Las ciudades españolas pasan apuros bajo una deuda apabullante', el 'WSJ' pone de ejemplo del "próximo frente" de la crisis española a la localidad madrileña de Brunete, que en un esfuerzo por controlar los gastos ha recortado el horario de la biblioteca y el servicio de limpieza de parques. 

   Además, destaca que el Ayuntamiento de este municipio madrileño ha tenido que acordonar los alrededores del consistorio para evitar que las tejas caigan sobre los viandantes en vez de arreglar el tejado y, lo que es "más grave", acumula retrasos de hasta tres años en el pago a proveedores de materiales de construcción y servicios eléctricos y reconoce que, pronto, ni siquiera podrá pagar a sus trabajadores.

   El diario subraya que, en toda España, ciudades que en su momento se beneficiaron de los ingresos derivados del 'boom' inmobiliario ahora están apretando sus presupuestos, recortando servicios y acumulando deuda. De hecho, resalta que, según datos del Banco de España, los 8.000 gobiernos municipales deben a los empresas 13.000 millones de euros, lo que representa más de un tercio de la deuda global, que alcanza 36.000 millones de euros. 

   Los economistas consultados por el diario aseguran que esta situación está ahogando a la economía española y los niveles de empleo. Así, según las previsiones de USB Bank, los ajustes fiscales a todos los niveles amenazan con llevar a España de nuevo a la recesión en el tercer trimestre de 2010, seguido de un tímido crecimiento en el primer semestre de 2011.

   Según Citigroup, en el largo plazo, crece el temor de que el Gobierno tenga que poner en marcha una especie de "rescate local" que tendría consecuencias negativas para la calidad crediticia del país a nivel internacional. Los analistas de la entidad remarcan que  "la crisis de deuda soberana no ha terminado", por lo que cualquier noticia negativa "corre el riesgo de ser magnificada". 

   El diario destaca que el país ya ha intentado reparar sus problemas fiscales mediante la renovación de sus problemáticas cajas de ahorros y la reforma de sus "arcaicas" leyes laborales. Además, señala que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recortado el presupuesto para satisfacer a la Unión Europea y a los inversores internacionales. 


   Asimismo, señala que, aunque el Gobierno ha ofrecido a las ciudades un modesto incremento de su parte de los ingresos por impuestos después de los profundos recortes de este año y el anterior, "abrir mucho más el grifo" pone en peligro el ambicioso compromiso del país con la austeridad. Pero al mismo tiempo, al frenar el gasto, se corre el riesgo de prolongar el "dolor" de las empresas y los trabajadores. 

    En esta línea, el 'WSJ' recuerda que 125.000 empresas, alrededor del 10% de todas las que existen en España, han ido a la quiebra desde que la crisis comenzó en 2008, y la segunda causa más importante del cierre de las pequeñas empresas es el retraso en los pagos por parte de las administraciones públicas, según la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas.

   Por su parte, la patronal de las empresas servicios de limpieza viaria, recogida de basuras y jardinería, Aselip, destaca que los ayuntamientos deben a las empresas que forman parte del sector 3.400 millones de euros, 1.000 más que el pasado año. Además, asegura que, si no cobran no podrán continuar prestando servicios en los que trabajan más de 100.000 personas.

Las rebajas llegan a la Universidad a partir de enero reduciendo la plantilla de profesores

MADRID.- Las amenazas de recorte en el sistema universitario público español suman y siguen. La inestabilidad económica podría arriesgar el trabajo de miles de profesores y de investigaciones que ayudan al país a posicionarse - académicamente - entre los países más desarrollados.

Ante este escenario, las universidades deberán adaptarse. Algunas de las medidas a tomar son el recorte de la planta de profesores que se traduce en mayor carga de trabajo ya que con crisis y todo, las matrículas en los planteles han crecido, según El País.

En tanto, el ministerio de Educación español llamó a las autoridades universitarias a "acelerar los planes de austeridad" y resolver ineficiencias del sistema, consignó el medio. Una de las formas de hacerlo es cerrando aquellos cursos que tienen poca demanda. 

Así lo señaló un documento que el gobierno creó junto a representantes de la comunidad universitaria. El texto sugiere reducir el número de titulaciones de Grado (sustituyen a diplomaturas y licenciaturas) y de máster, eliminando, en este último caso, los de menor calidad.

"Aprobar un modelo de calidad para reducir la oferta de máster en España", propone el texto. Se trata, explica dice Juan José Moreno, director general de Política Universitaria, de concentrar grados con poca demanda en una sola facultad u organizar un buen máster entre varias universidades, citó El País.

La Ley de Cajas no obligará a las entidades a disolver sus órganos de gobierno

MADRID.- El Senado ha aprobado una serie de correcciones pactadas entre PSOE, PP y CiU al decreto ley por el que se reforma la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) aprobado hace dos meses para, entre otras cuestiones, evitar que los cambios en los órganos de dirección de las entidades, al objeto de ajustarlos a la nueva normativa, provocaran en breve su disolución completa y la convocatoria de nuevas elecciones de sus cúpulas directivas.

   Las tres formaciones presentaron un paquete de cuatro enmiendas conjuntas a la Ley que regula el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) que modifican diversos aspectos de la nueva LORCA, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha aprobado con la abstención de la Entesa y el Grupo Mixto. 

   La norma pasará ahora a debatirse en el Pleno de la Cámara Baja este jueves, donde previsiblemente se repetirá el mismo resultado en la votación.  

   Así, se cambia "constitución" por "adaptación" en el texto de la disposición que daba un plazo de dos meses, que se cumplirá en los próximos días, para la transición de la asamblea general y los demás órganos de las cajas a la nueva composición que marca la ley tras la salida de los cargos electos, después de la aprobación de los estatutos y reglamentos de las entidades.  

   Los grupos justifican que, al emplearse el término "constitución", refiriéndose a la "adaptación" de los nuevos órganos, cabría interpretar como necesaria la "disolución completa" de los mismos para la formación de otros de nueva planta, mientras que la voluntad de la norma es que las entidades realicen sólo los ajustes precisos para que, con una configuración adaptada a la nueva regulación, los órganos de gobierno puedan continuar operando sin convocar nuevos procesos de elección.

   Por otro lado, precisa el principio de que los presidentes de las cajas queden sometidos a un deber de dedicación exclusiva que les impida, entre otras cosas, desempeñar cargos retribuidos en otras entidades, de manera que quede restringido sólo a los presidentes ejecutivos. 

   PSOE, PP y CiU señalan que, con la redacción vigente, los presidentes, al igual que los directores generales, deben tener dedicación exclusiva, lo cual puede suponer una "carga excesiva" para entidades de menor tamaño y además impide a los segundos simultanear esa función con otros cargos retribuidos, incluidos, por ejemplo, los que pudieran desempeñar en los sistemas institucionales de protección (SIP) constituidos por las propias cajas. 

   Con esta enmienda, según los grupos, al tiempo que se mantiene el objetivo inicial de reforzar la dedicación exclusiva de los cargos directivos de las cajas de ahorro, se permite la retribución externa de los presidentes de las cajas que, no teniendo carácter ejecutivo en sus entidades, participen en otras actividades.

   Otra de las enmiendas fija en un mínimo del 5% de los derechos de voto el porcentaje de representación de las entidades representativas de intereses colectivos, mientras que el máximo será del 10%.

   Por último, se precisa que los acuerdos de la asamblea general se adoptarán como regla general por mayoría simple de votos de los "concurrentes", recuperando así la redacción previa al decreto de julio para eliminar "cualquier duda" sobre la interpretación del precepto y "garantizar la plena seguridad jurídica".

IURM critica que el PSOE deje sin presupuesto la regeneración de la bahía de Portmán a partir de 2011

MURCIA.- IU de la Región de Murcia (IURM) ha criticado la actitud del PSOE por dejar sin presupuesto la regeneración de la bahía de Portmán a partir de 2011 y apoyar la construcción de un puerto de contenedores en El Gorguel, "sin importarle los daños medioambientales que causará esta obra".
 
   Así lo ha afirmado la responsable de Medio Ambiente de IURM, Victoria Rodríguez, quien ha denunciado que tanto PSOE como PP han incumplido en los últimos quince años las promesas que plantearon en torno a la necesidad de regenerar la bahía para limpiarla de estériles mineros.

   "El PSOE defiende el proyecto faraónico de El Gorguel, auspiciado por el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, y del de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, sin tener en cuenta la destrucción del entorno natural que este proyecto conlleva, haciendo políticas verdes de escaparate", añade en comunicado de prensa.

   Además, ha reprobado que la bahía de Portmán sólo reciba 909.000 euros en los próximos cuatro años, mientras que la futura dársena de El Gorguel, cuya construcción conllevará daños "irreparables" para el medio natural, puede alcanzar un presupuesto en ese mismo periodo de 66,7 millones de euros.

Los autónomos dicen que en Murcia "no se dan condiciones necesarias para generar empleo y riqueza"

MURCIA.- Tras el paréntesis de los primeros meses estivales, que tradicionalmente son fuertes generadores de empleo eventual, señala Yolanda Paredes, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Murcia, ATA Murcia, "los datos de paro muestran que hemos regresado a la senda alcista y que en Murcia no se dan las condiciones necesarias para generar empleo y riqueza en materia de empleo, por lo que seguimos sin rumbo y a la deriva".
 
   "Seguimos con los mismos problemas que hace seis meses, lo que vuelve a poner de manifiesto que aún no hemos tocado suelo y en los próximos meses seguiremos perdiendo autónomos y empresas -ya van 2.177 desde primero de año- y, por lo tanto, continuaremos mes a meses registrando aumentos en las cifras de desempleados", añadió en comunicado de prensa.

   El número de trabajadores afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA, vuelve a descender en agosto por tercer mes consecutivo, perdiendo 83 afiliados (-0,14%), acumulando una pérdida de autónomos, en lo que va de año, de 2177 trabajadores por cuenta propia menos.  

   Un mes más, señala la presidenta de ATA, "el RETA vuelve a verse sensiblemente afectado por la pérdida de empleo autónomo. Las cifras de paro siguen aumentando, autónomos y empresas se siguen viendo obligados a cerrar sus negocios y cesar en sus actividades y el Gobierno sigue sin encontrar una solución para frenar esta sangría".

   En cuanto a los sectores de actividad, un mes más, el sector de la construcción (-73 autónomos) junto con educación (-34) han sido los sectores más afectados en cuanto a la pérdida de empleo autónomo. 

   Los principales sectores, que concentran el groso de autónomos en Murcia también se vio afectado por una pérdida de autónomos son agricultura (-25 autónomos), comercio (-26 autónomos) y transporte (-21 autónomos). 

   "Los grandes problemas del tejido empresarial español continúan sin solucionarse e incluso, en muchos casos, se han visto agravados: la falta de financiación y la dificultad de acceso al crédito, la morosidad y la continua caída del consumo van a seguir provocando lamentables datos de empleo y de cierre de empresas", concluye Paredes.

El PSRM denuncia que el paro en Cartagena "sigue creciendo" por encima de la media

CARTAGENA.- El concejal socialista Ángel Rafael Martínez afirma que el paro "continúa creciendo en Cartagena más que en el resto de la Región. Ya que en el mes de septiembre hubo 268 personas más en paro, lo que supone un 1,5% más que la media regional". 

   Añade en nota de prensa que aparte del dato puntual y coyuntural de septiembre, en los últimos 12 meses el paro en Cartagena ha crecido en 2.600 personas, un 16,8 por ciento frente al ya muy alto 12,1% regional, encontrándose nuestra Región a la cabeza de las comunidades autónomas de España, teniendo de nuevo Cartagena un total de 18.118 parados.

   "El equipo de Gobierno de Pilar Barreiro, a través de su portavoz el concejal Joaquín Segado, ante los relativamente mejores datos de paro de Cartagena del mes de agosto quiso presumir de que se debían a su buena gestión. Ahora, sería un milagro esperar que reconocieran su fracaso a la hora de ayudar a crear empleo en nuestro municipio", señala Ángel Rafael Martínez.

   No obstante, en el lado positivo indica, que siguiendo la tendencia general del resto del país, el paro ha vuelto a descender en la Industria (53 personas) y la Construcción (126 personas), siendo el sector Servicios (aumento de 466 personas), al igual que ha ocurrido a ámbito nacional, el que ha generado el incremento de septiembre. 

   En computo anual, el paro ha descendido un leve 0,83 por ciento en la industria y un 0,12% en la construcción, pero ha aumentado un 22,3 por ciento en los servicios, lo cual, a su juicio, "es clara muestra del fracaso del modelo de Cartagena como ciudad turística".

El número de desempleados sube en 1.696 personas en septiembre en Murcia, un 1,33%

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de septiembre ascendió a 129.231, lo que supone un aumento de 1.696 personas respecto a agosto de 2010, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos relativos, el aumento del paro en el mes de septiembre en la Región fue del 1,33 por ciento respecto al mes de agosto, mientras que en términos interanuales -en los últimos 12 meses- se situó entre las CCAA donde más creció, un 12,11 por ciento, sólo por detrás de la ciudad autónoma de Melilla (18,84 por ciento), y Castilla-La Mancha (12,38 por ciento), casi cuatro puntos más que la media nacional (8,31 por ciento).

   En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en la Región de Murcia en 68.269 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 60.962 personas.

   Por sectores, el paro subió en Servicios en 2.336 personas; seguido del colectivo Sin Empleo Anterior, con 569 personas; mientras que descendió en Construcción, con 855 personas; Industria, con 212; y Agricultura, con 142 personas.

   En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante el mes de septiembre se situó en 23.336 personas, lo que supone un descenso de 575 personas respecto a agosto (-2,40 por ciento). Del total de desempleados extranjeros, 19.460 son extracomunitarios y 3.876 son comunitarios. 

   El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios (9.904), seguido de Construcción (5.808), Agricultura (4.158), Industria (1.938) y el colectivos Sin Empleo Anterior (1.528).

   Mientras tanto, el número total de contratos en la Región de Murcia aumentó en septiembre en relación al mes anterior en 10.553 (un 29,97 por ciento más), situándose en 45.762 contratos totales. En España la contratación descendió un 37,62 por ciento.

   A nivel interanual, la contratación descendió un 0,96 por ciento en Murcia (442 contratos menos) frente a una subida del 2,62 por ciento en el resto del país.

La afiliación media a la Seguridad Social en Murcia pierde 6.862 trabajadores en septiembre

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en septiembre en 518.736 personas, que supone en términos absolutos una caída de 6.862 personas con respecto al mes anterior (-1,31 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En términos medios la afiliación se redujo en 10.631 personas en los últimos 12 meses (-2,01 por ciento). 

   De las 518.736 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 352.527 pertenecen al Régimen General, 94.078 al Régimen de Autónomos, 62.359 al Agrario, 8.665 a empleados del Hogar, 1.106 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.

El tomate une a Canarias, Valencia, Murcia y Almería contra el acuerdo agrícola Unión Europea-Marruecos

MURCIA.- Las comunidades de Andalucía, Valencia, Canarias y la Región de Murcia han ratificado este lunes un manifiesto en el que muestran su rechazo al nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que permitiría al país norteafricano elevar sus exportaciones de las 182.000 toneladas autorizadas actualmente a 285.000 toneladas en el ejercicio 2014-2015, lo que supondría la "desaparición del sector a corto plazo".
 
   Así coincidieron en señalar los responsables de agricultura de las cuatro comunidades autónomas que han suscrito el acuerdo en Murcia, con el que pretenden plasmar su unión en contra del aumento de las exportaciones que recoge el nuevo acuerdo, así como su apoyo a que se respeten los precios de referencia en las aduanas, y a que la UE exija a los cultivos marroquíes los mismos requisitos fitosanitarios que a los europeos.

   En concreto, la declaración, que será presentada a la UE y al Gobierno central, fue ratificada por la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández; la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Eugenia Aguilera; la titular de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, María Pilar Merino; y el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá.

   En rueda de prensa, el consejero murciano destacó que las cuatro comunidades firmantes producen entre todas dos millones de toneladas de tomate, lo que representa el 90 por ciento del total nacional, aunque subrayó que el sector ha sufrido "un paulatino descenso de su producción como consecuencia de los acuerdos firmados entre la UE y Marruecos en 1995", lo que justificó porque "se han exportado muchas más toneladas de las que estaban previstas".

   Como ejemplo de los incumplimientos "continuados" del acuerdo de asociación, Cerdá destacó que en el ejercicio 2008/2009, Marruecos exportó 360.000 toneladas, cuando tenía autorizadas 185.000. "Esto hace que se desequilibren los mercados europeos y, debido a que los costes de producción en Marruecos son muy inferiores a los de las comunidades españolas", matizó.

   La consejera andaluza remarcó la idoneidad del momento para oponerse a la firma del acuerdo de asociación, porque está pendiente de ratificación por parte del Parlamento Europeo, que no tenía esa capacidad en anteriores acuerdos, y de superar ese trámite, pasaría al Consejo Europeo, que tiene que dar la rúbrica definitiva.

   Para poner de manifiesto el "daño que supondría este acuerdo", explicó que Andalucía ha exportado más de 500.000 toneladas de tomate en 2009 y que, detrás de esta producción, "hay agricultores que ponen su esfuerzo para superar cada vez más y llegar a los mercados internacionales", mientras que "no se exige una reciprocidad".

   Si llegar a un acuerdo "es malo", para Aguilera, lo "más lesivo" para Andalucía es su incumplimiento y la no exigencia del principio de reciprocidad en lo que respecta a la entrada de productos". Así, remarcó que evitar el acuerdo no es el objetivo del manifiesto firmado hoy, sino que la UE "abra un debate serio sobre la introducción de productos sin suficientes garantías".

   Por ello, reivindicó que, si la UE tiene entre sus principios la defensa de los intereses de los consumidores, a su parecer "tiene que observar claramente el principio de reciprocidad y la entrada de productos que cumplan todos los requisitos que cumplen los productos europeos". Al respecto, solicitó que la UE establezca la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas, de cara a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

   Así, aunque consideró que acuerdos de asociación "los ha habido, los hay y los seguirá habiendo porque forma parte de la política exterior de la UE", sostuvo que "hay que reivindicar la reciprocidad y que se establezcan mecanismos correctores o planes específicos para los territorios afectados con el fin de mejorar su competitividad".

   De no existir estas medidas, Aguilera dijo que los perjudicados serán "las empresas y cooperativas, así como los agricultores con una pérdida de renta agraria", y no tanto las exportaciones. Sobre todo, indicó que, con este nuevo acuerdo, las producciones andaluzas que se verán afectadas principalmente se encuentran en zonas como Almería, la costa granadina y Huelva.

   Por su parte, Merino hizo hincapié en la importancia del sector del tomate para Canarias, que tiene un siglo de antigüedad y está dedicado íntegramente a la exportación. De hecho, manifestó que Canarias llegó a exportar 360.000 toneladas de este producto en la campaña 1995-1996, aunque actualmente, está exportación se sitúa en torno a 139.000 toneladas de tomate anuales.

   La consejera canaria se preguntó "cómo es posible que se mantengan los precios de entrada en el nuevo acuerdo y no se mejore en absoluto la manera de controlarlos" porque el procedimiento actual del control en las aduanas es "muy complicado y nadie puede llevar a cabo el trabajo para desempeñarlo", justificó.

   Si el acuerdo dañará las exportaciones de Andalucía, Murcia y Valencia, Merino dijo que Canarias resultará "aún más perjudicada porque todas sus exportaciones van en barco y que tiene unos costes añadidos en transporte y empaquetado por ser región periférica de la UE, de forma que sus productos, al llegar al mercado se encuentran muy por encima de los precios de entrada establecidos para Marruecos".

   Por su parte, Hernández remarcó que, en la Comunidad Valenciana, el 55 por ciento de la producción del tomate se dirige a los mercados de exportación, por lo que cualquier acuerdo de asociación con cualquier país tercero tiene un impacto directo. Este impacto, afirmó, se produce desde la firma del primer acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos en 1995, tanto en la superficie cultivable como en volumen de producción, económico y de exportación.

   Hernández insistió en que el nuevo acuerdo va a suponer "un incumplimiento en los precios de referencia y de los contingentes a exportar, de facto, por lo que el efecto en la competencia es directo y supondrá un descenso en los precios de mercado". Además, reprochó que el nuevo acuerdo "va a suponer nuevas inversiones rentables en Marruecos, mientras que el sector en España disminuye".

   Al ser preguntados por qué van a hacer los partidos políticos a nivel europeo, la consejera andaluza dijo que "no se trata de una cuestión de partidos ni de ideologías", puesto que el objetivo es la defensa de los agricultores". Además, reconoció ser "la más autorizada para decir esto", y confesó haber transmitido sus inquietudes a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa.

   Aguilera apuntó que la decisión de aprobar o no el acuerdo "depende de la política exterior de la Unión Europea, y no de la política sectorial". Además, dijo que en el Parlamento Europeo "hay una mayoría clara de derechas, pero cada uno tiene sus intereses, y los del Gobierno andaluz es defender los intereses de los agricultores andaluces".

   Así, aunque reconoció que "va a ser muy difícil para este acuerdo entre la UE y Marruecos", destacó que una posible solución "pasa por tener una acción mucho más potente de la defensa de esos intereses, que pasan por hacer una coalición bien potente entre las 20 regiones más importantes de la zona mediterránea".

   Para tratar de impulsar la oposición a este acuerdo, el jefe del Ejecutivo murciano mantendrá una reunión este martes, 5 de octubre con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, y ese mismo día, se reunirá con el Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento Europeo, así como con el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento, que es miembro del Partido Socialista Europeo.

lunes, 4 de octubre de 2010

Una dictadura sobre el proletariado / Andrés Pedreño *

Los más sorprendente (y a la vez indignante) de la sucesión de hechos desplegados durante estos dos años largos de crisis económica es el giro dado a la atribución de responsabilidades de las causas de la crisis. En un primer momento, y como auténtica novedad histórica, el relato neoliberal se resquebrajó al evidenciarse que en el origen de la crisis estaba la irresponsabilidad de los que hasta entonces se habían erigido como responsables guardianes del orden global (bancos, instituciones financieras, etc.). 

De repente, e insisto en la novedad, volvió a hablarse de política, de supeditar la economía a la política, se problematizó el capitalismo neoliberal, se habló de un retorno de Keynes e incluso de Marx, etc. Todo fue un espejismo. Muy pronto los gobiernos salieron a la ayuda del capital financiero y se inyectaron billones de dólares en salvar bancos. El capital financiero retornó a posiciones de poder e impuso su relato neoliberal de atribución de responsabilidades (por cierto, un relato que llevan repitiendo y aplicando desde hace tres décadas): “la rigidez del mercado de trabajo”, “el excesivo gasto público”, “los costosos sistemas de protección social”.

David Harvey en un reciente libro traducido al castellano bajo el título de “Breve Historia del Neoliberalismo” (Akal) se pregunta sobre si el neoliberalismo ha generado tantos éxitos económicos y sociales como para que su doctrina siga manteniéndose imbatible. Y la respuesta es un no contundente. Las desigualdades globales se han disparado, los episodios de crisis han sido recurrentes generando turbulencias unas veces en el sudeste asiático, otras en México o Japón, y hoy en el centro del Imperio y en Europa. Su imbatibilidad, demuestra Harvey, se debe no tanto a su “eficacia” como a que se trata de un proceso de restauración y acumulación de un poder de clase en manos de una élite económica. 

Un poder de clase que tiende a apropiarse y concentrar cada más porcentaje de la renta nacional en unas pocas manos. Un poder de clase que acumula capital según una lógica por “desposesión”: privatización y mercantilización de las propiedades colectivas de la sociedad (próxima estación: la ampliación de la edad de jubilación y las pensiones); la usura, el endeudamiento de la nación y, lo que es más devastador, el uso del sistema de crédito (la denominada “financiarización de la economía”); “la trampa de la deuda externa” (se calcula que desde 1980 cerca de cincuenta planes Marshall -4,6 billones de dólares- han sido transferidos desde los pueblos de la periferia a sus acreedores en el centro); y la conversión de la fuerza de trabajo en mercancía pura cada vez mas desprovista de protecciones y seguridades (la denominada “precariedad”).

La acumulación por desposesión teorizada por Harvey muestra que la progresiva concentración de la renta en “los de arriba” se hace a costa de “los de abajo”. El neoliberalismo no es un juego de suma cero, sino que es un proyecto de restauración de un poder de clase con capacidad de imponer su visión del mundo hasta en las coyunturas mas adversas (como lo demuestra lo rápidamente que se desprendió de la atribución de responsabilidades de la actual crisis y consiguió restaurar una vez más su relato de las culpas: el gasto público, las pensiones, los derechos laborales y sociales).

Otro libro imprescindible (¿saben nuestros gobernantes leer?) es el de Robert Castel “La metamorfosis de la cuestión social” (Paidós), una crónica del asalariado escrita en los 90, en la que demuestra que la condición salarial en estos tiempos se caracteriza por “la desestabilización de los estables”, “la instalación en la precariedad como único destino social”, y “la manifestación de un déficit de lugares ocupables en la estructura social”. 

Esta triple realidad es la que se reforzará con la aplicación de la actual Reforma Laboral aprobada por el gobierno socialista: golpea a los estables (abaratamiento de los costes de despido, que se une a la precarización del estatuto salarial de los trabajadores de la función pública aplicado desde junio); perpetua la temporalidad y degrada aun mas si cabe los convenios colectivos imponiendo la lógica del contrato entre individuos; y no ofrece ningún impulso de restauración de lugares ocupables y dignos para los millones de desempleados.

A menudo se ha comparado la actual crisis con la “crisis del 29”. Un gran antropólogo e historiador de la economía, Karl Polanyi, demostró que la vía del autoritarismo y del fascismo fue una de las respuestas a la laceración del cuerpo social que había supuesto el despliegue del liberalismo económico. De esta forma Polanyi constató un terrible descubrimiento: dentro del liberalismo económico se acuna el germen del autoritarismo e incluso del fascismo como posibilidad. 

Afortunadamente la salida a aquella crisis que terminó imponiéndose fue por la izquierda: Estado Social, derechos de protección social a los asalariados, estabilidad y derechos de ciudadanía social, etc. Esta salida por la izquierda fue posible por el impulso de la movilización social (amplias luchas obreras, revolución bolchevique de 1917, etc.).

¿Qué dirección tomará la salida a la actual crisis? ¿Existen las condiciones de lucha de clases de los años 20 y 30 que posibilitaron entonces una salida por la izquierda? ¿Será más bien una intensificación del autoritarismo y de la xenofobia la salida más plausible? ¿No está acaso en las prácticas de desposesión del restaurado poder de clase neoliberal la evidencia de una “dictadura sobre el proletariado”?. De las respuestas a estas preguntas depende el futuro del inquietante mundo que nos ha tocado vivir.

(*) Andrés Pedreño, profesor de sociología de la Universidad de Murcia