184 nuevos agentes del Cuerpo Nacional de Policía se incorporan a la plantilla de la Región

MURCIA.- Un total de 184 nuevos agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han incorporado a la plantilla de la Región de Murcia como resultado del último concurso ordinario de traslados, lo que supone un incremento de 150 nuevas plazas de catálogo en la plantilla de dicho cuerpo en la Región de Murcia.

   Del total de los agentes, 104 efectivos serán destinados a Murcia, 25 a Cartagena, 21 a Lorca, 19 a Molina de Segura, 11 a Yecla, tres a Alcantarilla y uno a San Javier, en el puesto fronterizo en el aeropuerto.

   Con esta incorporación, el Cuerpo Nacional de Policía de la Región de Murcia contará con un total de 1.526 efectivos, "lo que supone un incremento del 12 por ciento sobre el año anterior y un 54,64 por ciento sobre el número de agentes con los que se contaba en 2004, coincidiendo con la entrada al Gobierno del presidente Zapatero".

   Desde la Delegación del Gobierno se ha subrayado la importancia que ha tenido "este notable aumento de 506 agentes en tan sólo seis años para incrementar también los niveles de eficacia policial y, por tanto, de seguridad ciudadana", y se ha indicado que el aumento de plantilla ha permitido avanzar en la especialización de las distintas unidades del Cuerpo. 

    Desde la Jefatura Superior de Policía se ha destacado que "es la primera vez que en Murcia se consigue un hito de estas características, ya que nunca se había conseguido un incremento tan importante".

   También se ha recordado la "extraordinaria" inversión realizada por el Ministerio de Interior, superior a los 128 millones de euros, que tiene como objetivo "mejorar o dotar a la Región de Murcia de infraestructuras de seguridad modernas y funcionales, como nunca había conocido y que hoy son un referente en el conjunto del país".  

   Entre ellas, se ha destacado la adaptación de la comisaría en Cartagena a los nuevos criterios operativos policiales, lo que ha supuesto la inversión de 2,7 millones de euros. A esta obra se suman las realizadas para la mejora de las comisarías de Sangonera, Alcantarilla, Lorca, Molina de Segura y Yecla.

   También se han puesto recientemente en funcionamiento el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros con la inversión de 920.000 y 136 plazas; así como el Centro de Inserción Social destinado a internos que se encuentran en proceso avanzado de reinserción o que cumplen su pena en régimen abierto, lo que conlleva una inversión de 8,8 millones de euros.

   De cara al futuro más inmediato, se ha destacado la inminente apertura de la Comisaría de El Carmen, en Murcia, en la que se han realizado obras de ampliación respecto al proyecto inicial, lo que ha supuesto finalmente una inversión de 850.000 euros. 

   También está prevista la finalización del Centro Penitenciario Levante II en Campos del Río, cuya inversión asciende a 114 millones de euros y que contará con 1.008 celdas de dos plazas y 186 celdas complementarias, siendo entonces la instalación mejor dotada del país con este fin, al tiempo que permitirá reagrupar a unos 1.000 presos de la Región que cumplen penas en otros centros penitenciarios.

El consejero Campos comienza a actuar de comisario político para justicia

MURCIA.- El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, destacó hoy la trascendencia que tiene la confesión de la culpabilidad penal en Estados Unidos, país en el que tan sólo se tramita el 2% de las causas ya que el fiscal y la defensa consensuan la declaración de culpabilidad que permite obtener importantes rebajas en la pena, además de agilizar el sistema y propiciar un importante ahorro económico. 

"El estadounidense es muy pragmático y el español tiene una mentalidad muy judicialista", indicó Campos.

Campos abogó hoy por la mediación como "una nueva fórmula de resolución de conflictos que puede ayudar a desjudicializar muchos asuntos, lo que implicaría un importante ahorro de tiempo y recursos, sin que suponga una reducción de las garantías para los ciudadanos". 

 

Campos explicó, según fuentes del Ejecutivo regional que el objetivo es "terminar con la judicialización de los asuntos para acabar con el atasco en los juzgados, lo que necesariamente pasa por un uso adecuado de los sistemas alternativos de resolución de conflictos".

  "La mediación y otras alternativas para alcanzar un acuerdo entre las partes aportan muchas ventajas, ahorra tiempo, recursos y el desgaste de los tribunales, que resolverían sólo los asuntos más importantes", subrayó el consejero.

"Si no existen nuevas leyes y se produce un cambio en la mentalidad de los usuarios del sistema judicial difícilmente se puede potenciar la eficacia de nuestras leyes y se puede dar respuesta a la solución del conflicto en un plazo razonable".

Los socialistas europeos desmienten a Valcárcel en sus teóricos logros a favor del tomate

BRUSELAS.- La delegación de los socialistas españoles en la Eurocámara se ha desmarcado este jueves de la ofensiva lanzada por el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para frenar la renovación del Acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, al asegurar que los eurodiputados del PSOE "no cuestionan la viabilidad" de dicho acuerdo.

   En un comunicado, los socialistas denuncian así que Valcárcel ha hecho un "uso partidista" del encuentro mantenido ayer miércoles en el Parlamento Europeo con el presidente de la delegación socialista en la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar. 

Según el Ejecutivo murciano, Valcárcel habría logrado durante su visita a Bruselas el apoyo de los parlamentarios españoles del PP y del PSOE para impedir el acuerdo con Rabat.

   Sin embargo, López Aguilar ha declarado que durante la reunión "en ningún caso se hizo referencia al voto" del Acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos aunque sí se expresó la preocupación de los socialistas por el sector hortofrutícola español.

   "Desde la Eurocámara velaremos para que el Acuerdo sea satisfactorio en todos sus términos y para que se cumplan las disposiciones de salvaguardia para nuestras producciones sensibles, en especial las referidas a los precios mínimos de entrada, a los contingentes y a los controles fitosanitarios en frontera", ha señalado López Aguilar.

   Además, el eurodiputado ha garantizado que el PSOE vigilará para que la Unión Europea haga un estrecho seguimiento del posible impacto en el mercado comunitario de la entrada en vigor del Acuerdo.

   Valcárcel había asegurado que se estaba "tejiendo una importante ofensiva y actuaciones coordinadas para intentar paralizar este acuerdo en los términos pactados que tanto perjudica a la agricultura regional".

   "Es muy importante tener el compromiso de los parlamentarios españoles del PP y PSOE europeos de que votarán 'no' a ese acuerdo y que intentarán influir en los eurodiputados de otros países", agregó Valcárcel.

UPyD de Murcia considera "absurdas" las razones del alcalde para no apartar al concejal Berberena

MURCIA.- Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Murcia considera que sería positivo para la imagen del Consistorio y de la vida democrática de la ciudad "la temporal exclusión" del concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, a la espera de conocer el resultado de las investigaciones judiciales. Así tacha de "absurdas" las razones del alcalde Miguel Ángel Cámara para no apartar al edil de sus funciones.

   Según explica su portavoz Rubén Juan Serna, "no prejuzgamos al edil, pero consideramos que sería más negativo para el municipio haber mantenido durante meses a una persona que fuera finalmente declarada culpable de los hechos imputados". 

   El daño, añadió en comunicado de prensa, "sería mucho mayor que por haberlo apartado temporalmente, hasta que todo se esclarezca, y siendo finalmente exculpado. En ese caso seríamos los primeros en apoyar la vuelta del Señor Berberena a su labor de concejal". 

   La formación política ha querido dejar claro también su deseo de que el buen nombre de la ciudad no se vea empañado por la corrupción, si bien en el caso de que fuesen condenados los imputados, no se detendrán en la labor de pedir al actual alcalde, Miguel Ángel Cámara, y equipo gubernativo las responsabilidades políticas correspondientes. 

   En cuanto a la justificación del alcalde alegando la no militancia de Berberena en el Partido Popular para no apartarlo, Serna añade que "es completamente absurdo, como si un presidente de fútbol no pudiera echar a su entrenador porque éste no fuera socio del club.

   De esta forma, subrayó, "estamos creando una perfecta coartada a los potenciales corruptos: les valdría con tramitar la baja en su partido para permanecer blindados". 

   "Y es que conviene diferenciar las funciones orgánicas dentro de una formación política, de las que obviamente no se puede apartar al actual concejal, por no desempeñarlas, de las actividades como edil cuyo mayor y único responsable es el actual alcalde", concluye.

Lo peor de “lo” de Murcia es que lo quieren repetir / Vidal Coy

Nueva vorágine legal en Murcia con ocho imputados, detenidos, registros, posibles delitos de cohecho, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, etc. Todo con el leit motiv habitual desde hace unos años en España de estos casos: la especulación inmobiliaria y la urbanización salvaje de lo que haga falta.

Esta vez no es en la costa, sino en la mismísima capital de la Región, y entre los protagonistas están el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia y de Santa Mónica Sports, la empresa que controla los derechos de publicidad de la Real Federación Española de Fútbol, Jesús Samper.

Por en medio aparecen también algún empresario y algún técnico de éxito, algún alto funcionario municipal ya imputado en otro caso similar y alguna “esposa de” que también es funcionaria.

El presidente de la Comunidad, una de las que más especulación urbanística ha registrado en los últimos quince años y una de las que mayor tasa de paro tiene ahora, Ramón Luis Valcárcel,  se ha apresurado a decir que la cosa no tiene nada que ver con el Partido Popular gobernante. Quizá se refiera a que el PSOE opositor votó con el PP hace diez años a favor de los desarrollos urbanísticos origen de este escándalo judicial. 

El alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara, preboste muñidor de los acuerdos con Samperpara esos desarrollos urbanísticos alrededor del nuevo estadio de fútbol, dice que quiere que se aclare todo cuanto antes.

Lo grande del caso es que los mismos que podrían ser considerados responsables políticos de este turbio asunto están en vías de repetirlo con la supuesta instalación en la Comunidad de un macroparque temático bajo etiqueta Paramount Pictures, idea lanzada por el consejero del Cultura, Pedro Alberto Cruz, sobrino político de Valcárcel, fomentada por éste y que tiene como principal pivote empresarial a Santa Mónica Financial Services de la que es dueño….. Adivinen. Sí, han acertado: Jesús Samper.

Resulta que el consejero-sobrino consiguió, previo pago de unos cuantos miles de euros, a través de un grupo de capital con sede en el Golfo Pérsico la franquicia para que la Paramount Pictures ceda su marca para un gran parque temático. Pero, de momento nadie pone un duro.

Samper, cuyas gestiones urbanísticas con el Ayuntamiento de Murcia y el histórico club han dado tan buen resultado como que no se ha desarrollado nada y el equipo está en Segunda B, es el encargado de captar inversores para sumar a los 80.000 euros que pone su empresa y los 10.000 que ponen respectivamente la Consejería de Cultura y la de Universidad y Empresa para completar el capital inicial de 100.000.

Se trata de que empresarios interesados inviertan en la nueva sociedad del parque temático Paramount, a través de la sociedad de Samper, para que haya capital con el que construirlo y desarrollarlo y atraer a decenas de miles de turistas. No importa que Port Aventura (Tarragona) vaya como vaya y que Terra Mítica (Benidorm) esté en la cuerda floja desde que se inauguró. Ni que la Disneyland parisina siga suscitando dudas. En Murcia lo van a hacer mucho mejor y lo van a conseguir.

De momento, el primer problema lo ponen los bancos (CAM, Bancaja y Banco de Valencia, fundamentalmente) que se quedaron con los terrenos y propiedades de Polaris World, el gran y fracasado emblema de la política urbanístico-inmobiliaria del presidente Valcárcel. 

Quieren esos banqueros poner los terrenos que embargaron a Polaris para que se instale la Paramount y ser compensados así por evitar que el gran grupo de Pedro García Meroño –quien, por cierto, vive ahora felizmente en Miami–, principal exponente y protegido de la política urbanística de Valcárcel, fuera a la quiebra, lo que hubiera supuesto una muy mala prensa para la Región.

Ahora parece que la Murcia oficial confía en Samper para revitalizar la misma línea de actuación. Si es que los registros, detenciones e imputaciones de ayer en el Ayuntamiento de Murcia no tienen consecuencias.

http://www.cuartopoder.es/planetaherido/lo-peor-de-lo-de-murcia-es-que-lo-quieren-repetir/397

Cámara ordena que el Ayuntamiento se persone en las diligencias judiciales que afectan a Urbanismo

MURCIA.- El alcalde, Miguel Ángel Cámara, ha firmado este jueves un decreto para la personación del Ayuntamiento en las diligencias abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, que afectan a la Gerencia de Urbanismo.

   De esta forma, el Ayuntamiento ejercitará toda clase de "acciones, excepciones, promoción de incidentes y recursos que procedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de Murcia", informa en un comunicado.

   Las diligencias abiertas por esta causa responden a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.

El director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, investigado en el caso de presunta corrupción urbanística en Murcia, no ha participado este jueves en la reunión que celebra, como cada semana, el Consejo de Dirección de dicha gerencia, y que ha estado presidida por el concejal del ramo, Fernando Berberena.

   

Guerra deberá abonar antes de las 15.00 horas de este viernes 70.000 euros para eludir la prisión dictada por el juez David Castillejos, que investiga esta causa.

   Mientras que Guerra no acuda a su puesto de trabajo, es Ángel Lajarín, el subdirector técnico de la Gerencia, la persona que asume sus funciones, no estando previsto que se cese a Guerra de su condición actual.

El renovado portavoz del PSOE, Alfonso Navarro, ha exigido hoy al alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que asuma su responsabilidad y que, "velando por el interés de los murcianos y por la credibilidad de la institución", aparte inmediatamente de sus funciones "y de forma definitiva" al director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y proceda al cese del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y máximo responsable de Urbanismo, Fernando Berberena, imputado en este proceso judicial.

   Navarro, asegura que, "más allá de las responsabilidades penales que se pudieran concluir respecto a funcionarios y políticos dentro de la Operación Umbra", en este caso, de presunta corrupción urbanística, "la responsabilidad política última es del alcalde de Murcia puesto que, tanto técnicos como políticos, fueron libremente designados e incluidos en listas electorales por vía de la confianza de Cámara, quien es el último responsable de la gestión que se desarrolla en la Gerencia de Urbanismo". 

   A su juicio, "ni el concejal Berberena ni el alcalde son ni pueden mostrarse ajenos a la evolución, decisiones y actuaciones disparatadas de la Gerencia de Urbanismo en los últimos años, es más, ellos por acción, permisión u omisión han sido los actores principales en este proceso de degradación de esta institución".

   Coincide en ello la coordinadora de IU en Murcia, Esther Herguedas, quien pide tanto responsabilidades penales y políticas para los acusados de esta trama.

   Aunque, "de momento y de forma cautelar, respetando la presunción de inocencia de las personas", advirtió, "se debería de suspender en funciones tanto a Alberto Guerra como al edil Fernando Berberena". 

   Asimismo, exige que las competencias urbanísticas del concejal de Urbanismo sean traspasadas a otros miembros del Equipo de Gobierno.

   Según Herguedas, el concejal de Urbanismo "es el brazo ejecutor" de la política urbanística de Miguel Ángel Cámara, "por lo tanto si uno dimite, debe dimitir el otro". 

   De alguna manera,  "los dos van de la mano puesto que Fernando Berberena fue puesto en su cargo con el fin de ejecutar una política urbanística concreta". Por lo tanto, sentenció, "tan responsable es uno como el otro".

   Desde luego, indica, "no es posible que todas estas cosas hayan pasado por delante de las narices de Guerra y Berberena sin que se hayan enterado", igual que tampoco cree que el alcalde no fuera consciente de lo que ocurría en la Gerencia de Urbanismo.

   Por otra parte, el Grupo Socialista valora negativamente la escalada de movimientos que se ha venido produciendo en la Gerencia de Urbanismo a lo largo de los últimos años.  

   Y es que, apunta, desde antes de la aprobación definitiva del PGOU (en 2001), esta institución ha sido y sigue siendo "el centro de la diana" tras los continuos desfiles de altos funcionarios y técnicos. 

   El primero en apartarse fue el jefe del servicio de Planeamiento, Pedro Pina, quien ocupando este cargo presentó alegaciones en contra del Plan General aprobado por el PP, siendo expedientado y apartado de su puesto, afirmaron fuentes socialistas en comunicado de prensa.

   Con la aprobación del convenio de la Nueva Condomina, continúan, "se produce la dimisión del por aquel entonces concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, sustituido por la actual concejal de Personal, Pilar Megía. A ésta le reemplaza quien, en la actualidad, ostenta dicha competencia, Fernando Berberena". 

   Así mismo, advierte el PSOE, "a Pedro Pina le sustituyó por libre designación del alcalde, el arquitecto Joaquín Peñalver, quien pide excedencia en 2006. Está imputado en dos de los casos judiciales abiertos en juzgados penales por corrupción urbanística (Operación Barraca y Umbra)". 

   "Se da la circunstancia, además, de que en los cinco convenios aprobados para la zona norte, figuraban informes técnicos de Peñalver que hacían referencia a la valoración económica de los terrenos, cuando éste es un asunto exclusivo de otro servicio de la Gerencia, en concreto, del de Gestión Urbanística", subrayan las mismas fuentes.

   Producida la marcha del anterior gerente, Pedro Morilla, Alberto Guerra, detenido el pasado martes y sobre el que el juez ha dictado prisión eludible con fianza de 70.000 euros, le sustituye en el cargo.

El 'caso Umbra' destapa de rebote un pelotazo en Ulea del gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia

MADRID.- Alberto Guerra, gerente de Urbanismo de Murcia y detenido el martes, logró en 2005 un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos que había comprado en el municipio de Ulea junto con el abogado Higinio Pérez Mateos, igualmente arrestado. 

Según fuentes de la investigación del caso Umbra citadas por el diario 'Publico', fue Pérez Mateos, vinculado al alcalde de Ulea, José Bolarín (PP), quien negoció el convenio recalificatorio, ahora inviable con la suspensión de pagos de Matinsa-Fadesa, uno de los principales inversores.. 

Poco después de que, con la venta de esos terrenos, ambos y sus esposas obtuvieran una plusvalía conjunta superior a 1,2 millones de euros, Pérez Mateos firmó con el Ayuntamiento de Murcia (PP) uno de los seis convenios ahora investigados.

Higinio Pérez Mateos, como promotor, firmó un convenio con el alcalde de Ulea, el popular José Bolarín, para recalificar 2.701.755 metros cuadrados de secano, en suelo urbanizable sectorizado residencial, en la zona URS-R4, sector Los Juncos de Ulea Golf Resort.

En estos terrenos se pretenden construir 4.406 viviendas con 13.218 habitantes, campo de golf, hotel y servicios. Desde la firma de este convenio, Higinio Pérez se convirtió en el abogado del alcalde de Ulea en los numerosos juicios celebrados por denuncias de la Oposición en el Ayuntamiento. 

Este abogado y empresario actuó en representación de las cuatro empresas que, en mayo de 2005, consiguieron que el ayuntamiento de Murcia les otorgase un plus de edificabilidad cifrado en 138.813 metros cuadrados en el norte de la ciudad. A cambio, garantizaban la rehabilitación del Casino de Murcia. 

En el sumario, declarado secreto por el juez de instrucción nº 8 de Murcia, hay ya diez imputados, entre ellos el edil de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Murcia, Jesús Samper. 

Basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes conocen el caso sospechan que el ayuntamiento perdonó más de 300 millones de euros a los firmantes de los seis convenios investigados.

Presuntamente, el consistorio infravaloró el precio del suelo conveniado, de forma que las compensaciones exigibles a los beneficiarios de los convenios se vieron mermadas.  

Cámara ha defendido la legalidad de todos los procedimientos en los que interviene el ayuntamiento, entre ellos, el convenio de Nueva Condomina, suscrito con ese club de fútbol y las empresas Torre Alcayna y Sport Management Sport & Project, que fue aprobado con el voto a favor de PSOE y PP, y la oposición de IU.

Respecto a los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio, el alcalde ha asegurado que no incrementaban el índice de edificabilidad, sino que éste "era uno u otro en función de lo que los propietarios quisieran desarrollar".

La legalidad de estos acuerdos, ha recordado, fue avalada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que posteriormente hizo lo propio con el caso concreto del convenio de Nueva Condomina. 

Por último, Cámara se ha declarado convencido de que el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, no tiene ninguna vinculación con el caso que se investiga.

Cohecho, blanqueo y prevaricación constituyen la panoplia de delitos atribuidos a los nueve imputados hasta el momento.

La Guardia Civil practicó una docena de registros, el más relevante en la sede de Urbanismo.

Hacienda ha emitido ya informes sobre los tres arrestados. Y esos informes aportan indicios delictivos.

Entre los imputados está Joaquín Peñalver, que fue número tres de Urbanismo hasta que en marzo de 2006 cesó tras verse envuelto en otro caso de corrupción que aún se investiga.

Se ha confirmado igualmente la imputación de otros tres empresarios: Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes (ex yerno del  empresario Tomás Fuertes).  A los tres se les investiga por blanqueo de capitales.

Al concejal Berberana y al ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, se les atribuye prevaricación por haber adoptado, presuntamente, una decisión urbanística injusta a sabiendas de que lo era.

A Jesús Samper se le atribuyen los delitos de cohecho y blanqueo como firmante del primero de los seis convenios urbanísticos bajo sospecha. Abogado de profesión, Samper está citado ante el juez de Murcia el próximo día 15.

En 2007, los socialistas denunciaron públicamente que aquella operación en cadena había producido al ayuntamiento un grave quebranto económico que cifraron en 783 millones.

El consistorio no los ingresó porque valoró el metro cuadrado de los suelos recalificados en "120 euros el metro cuadrado" en pleno boom inmobiliario, según el portavoz municipal del PSOE en Murcia, Alfonso Navarro. La tasadora Arquitasa, a la que el PSOE encargó un estudio, cuantificó el metro en 600 euros.

Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables.

Según el PSOE, el ayuntamiento no sólo recalificó los terrenos de rústicos a urbanos sino que aplicó el coeficiente edificatorio más alto (0,5) y no redactó el plan de desarrollo urbano de la zona.

Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.

Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".

El primero de estos convenios fue el de Nueva Condomina, aprobado por el pleno del ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 y en abril de 2004 el Consejo de Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó la reparcelación de Nueva Condomina, una finca de 2,1 millones de metros cuadrados.

Este plan parcial provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, por Fernando Berberena, ahora imputado también en la causa y que  ha puesto su cargo a disposición del partido.

Ésto favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio, según 'El País'.

 La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria.

La operación policial fue iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, aunque puesta en marcha a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios.

Fue preparada de común acuerdo para este martes el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.

Las detenciones e imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.

Sigue el desplome sostenido del sector industrial murciano: un 2,1% en agosto

MADRID.- La producción industrial en la Región de Murcia en el mes de agosto de 2010 decreció un 2,1 por ciento frente al mismo mes del año anterior, la cuarta mayor caída por comunidades, sólo por detrás de Navarra (-9,8 por ciento), Madrid (-8,5 por ciento) y Baleares (-5,4 por ciento), mientras que para España se registra un aumento del 3,2 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) . 


   En cuanto a las variaciones de los índices según el destino de los bienes, se produce un incremento en la producción de bienes de consumo no duradero con un aumento del 17,9 por ciento seguido de la producción de los bienes de consumo duradero con un 15,4 por ciento, los bienes de equipo con un 9,2 por ciento y los bienes intermedios con un 2,1 por ciento. Por otro lado, se produce un descenso en la energía con un 35,1 por ciento.

   Por ramas de actividad, el mayor aumento lo ha registrado otras industrias extractivas con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior del 110,1 por ciento, seguida de la fabricación de productos de caucho y plásticos con un 29,1 por ciento, la industria de la alimentación con un 25,1 por ciento, otras industrias con un 19,2 por ciento, la industria del cuero y del calzado con un 16,5 por ciento, la fabricación de muebles con un 14,4 por ciento y la fabricación de bebidas con un 13,2 por ciento.

   Por el contrario, se producen los mayores descensos en la industria textil y de la confección con un -39,7%, seguida del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, y refino de petróleo con un -37,8%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos con un -32,1%, la metalurgia y fabricación de productos metálicos con un -12,7%, la industria del papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados con un -9,0 y la industria química y farmacéutica con un -0,6%.

Valcárcel pierde pronto el sentido de la realidad, del momento y de su propio riesgo ante los últimos acontecimientos

MURCIA.- El presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, no cree que la imputación del dueño del Real Murcia y mayor inversor del parque temático de Paramount Pictures en la Comunidad Autónoma de Murcia, Jesús Samper, perjudique "en absoluto" al proyecto.

   Valcárcel, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios, ha explicado que Samper "es una persona que ha dicho 'adelante con la Paramount, cuenten conmigo'", lo que, a su juicio, "es muy bueno" que en estos momentos "un empresario crea en un proyecto como éste", pero "se le puede identificar con una sociedad vehicular, que es un mínimo germen pero necesario sin embargo para, a partir de ahí, esta sociedad se dedique a buscar, encontrar y gestionar las inversiones que puedan venir. Es cosa distinta".

   Según el presidente murciano, esto "es un 0,001 por millón de lo que podría suponer la configuración de esa sociedad". Esto, insistió, "no afecta nada". 

   Por otra parte, advirtió, "no soy juez para poder determinar y concluir si hay causa o delito". Tras lo que manifestó que en estos casos "hay que ser muy cautos".

En una comparecencia más que patética, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que "podría darse la circunstancia" de que la Paramont Pictures se ubique en los municipios de Fuente Álamo o Alhama de Murcia.


    Aunque, advirtió, "esto tiene una gran complejidad". No sé, añadió, "si largo o breve, pero primero hay que ver si estos terrenos son aptos para ser inmediatamente objeto de actuación para llevar a cabo las inversiones o las condiciones de cada consistorio".


Por todo lo anterior, el coordinador regional de IU en Murcia, José Antonio Pujante, ha considerado "muy arriesgado y preocupante" que el Gobierno autonómico participe junto a "un empresario imputado", en referencia a Jesús Samper, en el proyecto de creación de un parque temático de la multinacional Paramount en Murcia.

   Pujante ha hecho estas declaraciones después de que el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, asegurase que el citado proyecto seguirá adelante pese a la imputación de Samper, promotor del parque temático, por su presunta implicación en una supuesta trama de corrupción desarrollada en Murcia.

   A su juicio, Samper "no es el mejor aval" para garantizar el futuro de una obra como la del parque de la Paramount, que ha calificado de "dudosa viabilidad", al tiempo que ha asegurado que esta situación pone de manifiesto la "endeblez"  del proyecto.

En efecto, el consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, ha asegurado que la imputación del empresario, promotor del complejo Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper en la presunta trama de corrupción urbanística en Murcia que investiga la Fiscalía Anticorrupción "no cambia absolutamente en nada" el proyecto de construcción de un parque temático de Paramount Pictures en la Comunidad Autónoma.


   Y es que, la compañía Santa Mónica Sports, de la que es presidente Jesús Samper, es el principal inversor de este proyecto que será impulsado con financiación privada. La noticia de la construcción de este parque se dio a conocer el pasado 10 de septiembre y, de momento, no ha trascendido el lugar en el que se va a ubicar el parque, ni los plazos que se barajan para su construcción.

   El consejero ratificó que la Consejería "sigue trabajando" y que se trata de líneas paralelas "que no se van a encontrar en ningún punto". Además, anunció que, en próximas fechas, el proyecto de Paramount Pictures "seguirá dando buenas noticias y seguirá confirmándose como el gran revulsivo de la economía de la Región de Murcia".

   El proyecto "va a salir sí o sí y no va a haber nada ni nadie que lo detenga", precisó Cruz, quien reconoció haber hablado con Samper, quien está "muy tranquilo".

Libertad bajo fianza para los tres detenidos por presunta corrupción urbanística

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia, David Castillejos, ha decretado la prisión eludible bajo fianza, con importes de entre 70.000 y 120.000 euros, para los tres detenidos en una operación en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Murcia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

   Así, los imputados tienen un plazo máximo hasta mañana viernes, 8 de octubre, para hacer efectiva la fianza. En caso de no hacerse efectiva, se dictará mandamiento de prisión, según el auto dictado por el juez.

   En concreto, la fianza impuesta para el ingeniero y profesor de la Universidad de Murcia, Renato de Noce, supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan, asciende a 120.000 euros, aunque el fiscal Juan Pablo Lozano solicitó la prisión sin fianza.

   De igual modo, el juez ha decretado la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el abogado Higinio Pérez Mateos, para el que el Ministerio Público solicitó una fianza de 240.000 euros.

   Finalmente, el auto contempla la prisión eludible bajo fianza de 70.000 euros para el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, para el que el fiscal solicitó una fianza de 150.000 euros.

   Estas medidas cautelares se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía. Las actuaciones continúan declaradas secretas.

   Alberto Guerra está asistido por el abogado y catedrático de Derecho Penal, Jaime Peris.

 

  Renato de Noce, lo es por el abogado José Antonio García Sánchez mientras Higinio Pérez Mateos es defendido por el letrado Marcelo Sáez Alonso.

  

   En esta causa están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, como presunto autor de un delito de prevaricación; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra, quien no se ha incorporado ya a su puesto de trabajo. Fernández era en 1995 jefa del Servicio de Centralización del Consistorio.

Opinión del ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dicho que el problema no es el Gobierno, la Guardia Civil o los jueces sino «los corruptos», en alusión a las últimas detenciones en Murcia, municipio gobernado por el PP.

«Lo que hay que hacer es atacar el problema en su raíz, el problema no es ningún Gobierno, ni es la Guardia Civil, no es ningún juez, sino que el problema son los corruptos y la corrupción», argumentó el ministro en declaraciones a Radio Nacional de España.

Dicho esto, Caamaño subrayó la «independencia» de los jueces y recordó que cuando un magistrado toma la decisión de investigar un hecho lo  hace en vista a los elementos que tiene y porque considera que existen indicios «suficientes» de que se está cometiendo un delito de corrupción.

«Los jueces tienen su estatuto de independencia plenamente garantizado no sólo por las leyes sino por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en cualquier instancia», recalcó el ministro para matizar que «cuentan con todos los instrumentos que la Constitución les ofrece, como poder del Estado, para hacer valer su independencia y su trabajo».

Finalmente, IU ha convocado una concentración, mañana viernes a las 19 horas en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, contra la corrupción urbanística en este municipio como consecuencia del abuso de los convenios urbanísticos.


Con el lema 'Fuera corrupción', IU lo hace con el objetivo de manifestar su rechazo a la especulación y demostrar "que no todos son iguales ni van a lo mismo".


   En este sentido, la coordinadora de IU en Murcia, Esther Herguedas, ha  dicho que se trata de  ofrecer una respuesta "contundente" contra la corrupción urbanística.

   Al hilo, Herguedas ha denunciado públicamente "el abuso de los convenios urbanísticos", y asegurado que en la zona norte del municipio esta figura ha dado "carta legal a importantes modificaciones del aprovechamiento del suelo, que unos han potenciado políticamente y de las que otros se han beneficiado".

   A su juicio, ha manifestado a través de un comunicado, "esto ofrece una imagen lamentable de las instituciones y de sus representantes que no beneficia a nadie".

   Por último, ha recordado que IU fue la única fuerza política que rechazó el convenio de Nueva Condomina, "manteniendo así una línea de denuncia y rechazo contra la especulación".

Fallece de forma inesperada el ex diputado y ex senador del PP, Antonio Cárceles Nieto

CARTAGENA.- El ex diputado y ex senador del PP, Antonio Cárceles Nieto, ha sido hallado muerto en su casa de Cabo de Palos, en Cartagena, según han informado fuentes municipales. Padre de tres hijos, vivía solo tras divorciarse hace unos años. Y en los últimos meses su estado de salud había empeorado de manera notable por el agravamiento de una diabetes. Tenía imagen entre sus amigos de ser una gran persona, sincero y directo, al sentirse bastante libre para expresarse.

   Cárceles, que fue concejal del Ayuntamiento de Cartagena durante dos legislaturas, entre 1983 y 1987 y 1991 y 1995, nació en Cartagena en 1953, fue concretamente portavoz del Grupo Municipal Popular en la legislatura de 1983 y 1987, y presidente del mismo grupo entre 1991 y 1995.

   En su carrera política también destacan los cargos de diputado en las Cortes Generales entre 1986 y 1989; y 1996 y 2000; y el de Senador por la Región de Murcia entre 1991 y 1996. 

Licenciado en Informática, hasta el pasado mes de mayo fue decano del Colegio de Procuradores de Cartagena, donde presentó su dimisión por problemas de salud y discrepancias morales con respecto a un nuevo sistema de cuotas para los colegiados. Iba a ser relevado a finales de octubre. Estaba en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort como reconocimiento a su labor parlamentaria para la reforma de la Justicia.

El entierro se efectuará mañana jueves tras practicarle la autopsia aunque todos los indicios apuntan a causas naturales como origen del óbito.

Diego de Ramón solicita se sustancie la eventual responsabilidad del Consejo de Gobierno en el escándalo de corrupción

 MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha dirigido un escrito de personación al Juzgado nº 8 de Murcia como acusación popular en las diligencias penales que se siguen a instancias de la Fiscalía del TSJ por varios presuntos delitos contra funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y otros para pedir que se sustancie la eventual responsabilidad del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en la aprobación final de los planes urbanísticos de referencia, ya que por la vía penal no existe todavía una sentencia favorable eximente y esta es preferente y no excluyente de cualquier otra sentencia por la vía civil, ya que no entiende de delitos.

De Ramón inicia así su escrito:

      "Que teniendo noticias de la recepción, en este Juzgado, de dichas actuaciones de la Policia Judicial, sobre el tramado de actuaciones administrativas presuntamente delictivas, ES POR LO QUE AMPLIO LA DENUNCIA, y me persono como ACUSACION POPULAR, ya que el dinero omitido a la Hacienda Pública es superior a 300 millones de euros, que repercuten a todos los murcianos, en base a un informe de la Intervención General del Estado, por la APROBACION DE SEIS CONVENIOS URBANISTICOS, siendo el primero de ellos en el año 2001 y el ultimo en el año 2005. 

      En base a ello, solicita en periodo de instrucción, las siguientes diligencias a investigar por la Policia Judicial UCO de la GUARDIA CIVIL: 

      1.-Que se recaben la aprobación de dichos seis convenios urbanisticos, por la CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y CARRETERAS de la Comunidad Autonoma de dicho años, en cuanto al informe juridico de dicha Consejeria, y la aprobación por medio de la Orden del Consejero que hubiese en ese momento de dichos Convenios. 

      2.-Que se recaben los informes juridicos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma,que son previos a la aprobación por el Consejo de Gobierno, como asi todos los ACUERDOS DE DICHO CONSEJO, que aprobaron dichos Convenios, votos a favor, o en contra de los Consejeros y del Presidente de dicho Consejo de Gobierno.

      Y a la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, sobre la preceptiva declaración de impacto medio ambiental, que se dio, cuales fueron sus legitimaciones técnicas o defensivas del medio ambiente. 

      3.-Memoria del Consejo Juridico de la Región de Murcia, sobre la aprobación de dichos acuerdos del Consejo de Gobierno, como asi la justificación legal o legitima de las actuaciones desde su inicio hasta su aprobación final por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autonoma.

      4.-Que se recabe informe al Tribunal de Cuentas Y SU FISCALIA, sobre si se pronuncio en la existencia de responsabilidad penal en dichos seis convenios, o si solo vio, la documentación administrativa, SIN ENTRAR EN LA RESPONSABILIDAD PENAL, o el desequilibrio económico de valores dados en cuanto a la rentabilidad o beneficio obtenido en las recalificaciones de mas de dos millones de metros cuadrados, que pasaron a ser urbanizables solo dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana,los calificase como rústicos, agrícolas no urbanizables. 

      5.-Y solicitar las actuaciones judiciales murcianas, en cuanto a la legitimidad de sus resoluciones finales o archivos, de los procesos que ahora se detectan como presuntamente delictivos. 

      6.-Que por parte de los imputados se les haga declarar, las negociaciones que mantuvieron, en prensa local de aquellos años, con las Autoridades Regionales y las Autoridades Municipales, sobre las compensaciones económicas que iban a resultar a favor de la Comunidad Autonoma, incluido el Club de Futbol Real Murcia, ya que obtuvo el volumen de edificación mas alto el 0,5%.,por la posible construcción de cerca de mas de 20.000 viviendas, y varios centros comerciales conocidos como Nueva Condomina. 

      7.-Que se recaben a los imputados declaraciones de sus fuentes de financiación, en que bancos se encuentran y Cajas de Ahorros, y si hubieron financiaciones, que miembros o representantes politicos de las Cajas de Ahorro dieron el voto favorable para su aprobación en el Consejo, y que garantias se le exigieron". 

      En consecuencia, suplica a dicho juzgado de los de Murcia, tenga por ampliadas la denuncia y medios de prueba que solicita, asi como la personación como acusación popular, en defensa del interes general, que en momentos de crisis, hay que hacer valer, dado el posible agujero de mas de 300 millones que pudieran disminuir la deuda publica regional, dicho sea - señala- con la mas respetuosa petición de justicia.

Valacárcel se olvida ahora de la 'Paramount', su sobrino-consejero y del viaje a Dubai

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha pedido hoy "tranquilidad" ante el nuevo caso de presunta corrupción urbanística por el que se han registrado dependencias del Ayuntamiento de Murcia y ha advertido de que en el Partido Popular "quien la hace la paga", si bien ha confiado en que no haya responsables del partido implicados en el caso.

   Además ha dejado claro que si algún responsable del PP fuera imputado se procedería a "su exclusión inmediata", porque, según Valcárcel, se actuaría "exactamente igual que se ha hecho en todo momento".

   "Hay tres detenidos, pero ninguno de los casos tiene nada que ver con la formación política, con el Partido  Popular. Sí les digo lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos hecho en este partido: Aún cuando no hay imputados en este caso y espero que no los haya, aún cuando colaboramos con la Justicia como siempre hemos colaborado, en este partido, no obstante, quien la hace la paga", ha declarado a los medios a su llegada al pleno del Comité de Regiones de la UE que se celebra en Bruselas.

   El presidente regional ha insistido en que el PP "está haciendo hoy lo que siempre ha hecho, colaborar con la Justicia" y ha pedido "tranquilidad para todos", aunque ha admitido su preocupación por que los casos de corrupción afecten a los partidos políticos, incluido el PP.

   Preguntado por las medidas concretas que adoptaría el PP si alguno de sus miembros se ve implicado en el nuevo caso destapado en Murcia, Valcárcel ha afirmado que se aplicarán las mismas que "en otras ocasiones", esto es "la exclusión inmediata de esos responsables políticos".

Los tres detenidos por corrupción urbanística en Murcia pasarán este miércoles a disposición judicial

MURCIA.- Los tres personas detenidas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo, en el marco de una operación de corrupción urbanística en Murcia, pasarán previsiblemente mañana, miércoles, a disposición del juzgado que instruye la causa. 

   Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha ordenado el registro de las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, además de otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid. 

    Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.

   Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho que "puede haber responsabilidad penal" detrás de la investigación desarrollada por la Fiscalía en el Consistorio murciano por presunta corrupción urbanística, y ha apuntado que el caso puede estar relacionado con algunos de los seis convenios urbanísticos aprobados en la zona Norte del municipio hasta 2006. 

   En concreto, de los siete convenios urbanísticos en la zona Norte, Herguedas rechaza uno por haberse firmado en 2008, y los seis restantes corresponden al proyecto de Nueva Condomina, así como el que ha dado lugar al arreglo del Casino, aprobado en Pleno en mayo de 2005. Además, apunta a tres convenios con varias sociedades firmados el 23 de febrero de 2006.

   Herguedas ha deducido que se trata de una investigación de corrupción por las declaraciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, quien ha asegurado que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta". 

   "Puesto que Berberena ha dicho que desde el punto de vista administrativo todo está bien hecho, no se trata de una investigación de carácter administrativo, sino una investigación de corrupción", según Herguedas, quien ha añadido que la Guardia Civil "no se presenta en un sitio porque le apetezca, sino porque cuanto menos hay pruebas de algún indicio de algún presunto delito".

   Sobre el origen de la investigación, Herguedas reconoció no saberlo con certeza, pero indicó que puede hacer suposiciones "en base a los nombres que se han dado, como el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero, Renato de Noce, ambos relacionados con los convenios urbanísticos de la zona Norte".

   Herguedas subrayó que tanto uno como otro "estaban asociados" con el ex-jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, por lo que indicó que puede tratarse de una investigación derivada del ámbito de la investigación a Peñalver, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas, o de una denuncia que se haya presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.

   Herguedas ha manifestado que IU "está a la espera de confirmar todos los acontecimientos" y determinó que "puede haber nuevas detenciones atendiendo a las que ha habido y a los nombres que han aparecido". Así, ha mostrado su confianza en la Justicia y espera que se le dé "las máximas facilidades para que desarrollen su trabajo con la máxima independencia".

   La concejala lamentó "la imagen que ofrece el municipio de Murcia, que no es buena ni para el Equipo de Gobierno municipal, ni para la ciudadanía de Murcia, puesto que se está ofreciendo una imagen lamentable al resto del país, en la que se ve cómo ha primado durante todos estos años el modelo especulativo en el ámbito urbanístico".

   Igualmente, mostró su preocupación "por la gravedad de las detenciones, especialmente la del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, por tratarse de un funcionario y del número dos de la Gerencia, y que se suma a la imputación que ya existe sobre Peñalver, quien fue responsable técnico de la Gerencia de Urbanismo durante mucho tiempo".

   En este sentido, destacó que Berberena "tiene ahora su número dos detenido, su responsable jurídico detenido, y el que era su responsable técnico imputado", por lo que instó al concejal de Urbanismo a "dar alguna explicación más que el decir que todo estaba muy bien desde el punto de vista administrativo y que él no sabe absolutamente nada".

   Al respecto, estimó que "hay responsabilidades penales, y todo apunta a ello". Por ello, consideró "imposible" que estas cuestiones "hayan podido pasar desapercibidas por la Gerencia, por delante de las narices de todo el mundo, muchos se dieran cuenta y Berberena no se enterara".

   Según precisó, los hechos "parecen apuntar a una relación de estos funcionarios con otros particulares que han podido estar en la cocina de los convenios urbanísticos desarrollados en la zona Norte del municipio, pero también los del Campo de Cartagena, donde siempre aparecen unos nombres, entre ellos, los de los detenidos Pérez Mateos y de Noce".

   Igualmente, recordó que todos estos convenios urbanísticos "tienen su origen en el año 2001, cuando se firmó el convenio de Nueva Condomina, en el que se modificó la Ley para adaptarla a los intereses o necesidades de una serie de personas con interés en la zona, en vez de utilizar la Ley para beneficiar a la ciudadanía".

   Herguedas llama a este convenio, que sólo contó con la oposición de IU municipal, "la madre de todos los convenios urbanísticos", porque todas aquellas modificaciones legales que "dieron importantes plusvalías" se trasladaron "de manera inmediata a otros convenios firmados en años sucesivos".

   "Se recalificó lo que ya estaba recalificado e, incluso, se hicieron planes especiales para recalificar todavía más, generando importantes plusvalías de las que el municipio no se ha beneficiado nada, y sí que se han beneficiado unos cuantos que fueron más listos", resaltó.

   Herguedas pide explicaciones al alcalde del municipio, Miguel Ángel Cámara, por "haber confiado en ellos en aquel momento, y debe de explicar la relación tan amistosa que tiene con el empresario, promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, que ahora impulsa como inversor privado la instalación de un parque temático de Paramount Pictures en la Región de Murcia".

   Para la concejala, tanto el concejal Berberena como el alcalde "deben dar explicaciones de por qué tienen imputado al principal responsable técnico del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana en Murcia (PGOU) durante todos estos años, Peñalver, y de la detención del número dos de la Gerencia y responsable jurídico del desarrollo del PGOU". "Son los máximos responsables, junto con el concejal, del desarrollo urbanístico del municipio en todos estos años", censuró.

   Herguedas recordó que, durante el periodo de gestación de la revisión del PGOU en Murcia, el grupo empresarial de Samper "compró unos terrenos rústicos o agrícolas o no urbanizables en el PGOU vigente entonces". 

   La empresa que promueve el proyecto es "Sports Management & Project que, en 1999 tenía un capital social de 9.000 euros y unos beneficios empresariales de 572 pesetas de la época, mientras que los terrenos se vendieron por cuatro millones y medio de eurosy la inversión prevista en los mismos era de 870 millones de euros".

   A partir de ese momento, "se va produciendo el milagro de la recalificación continua y progresiva de forma que, en las sucesivas tramitaciones los terrenos van cambiando de uso, pasando por el económico (industrial) y dotacional (equipamientos) al dotacional-residencial con una edificabilidad de 0,09".

   "Tras la firma de convenios, interpretaciones y demás artimañas contables, primero se admite una edificabilidad de hasta 0,40 metros cuadrados por metro cuadrado en la parte residencialen la última adaptación-modificación del PGOU suprime la parte dotacional de forma que todo el suelo pueda ser de uso residencial y elevando la edificabilidad a 0,50 metros cuadrados por metro cuadrado, y siendo el aprovechamiento urbanístico final y definitivo en el Plan Parcial m0,67 metros cuadrados por metro cuadrado", remarcó.

   A su juicio, "esto es la herencia del empresario Jesús Samper, amigo de Miguel Ángel Cámara y ahora socio del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, en su proyecto estrella de la Paramount, y estas son las consecuencias de un modelo económico que ha generado grandes fortunas para unos pocos y graves consecuencias para la economía".

Su hermano y abogado niega la detención de Samper

MADRID.- El hermano y abogado representante del presidente y máximo accionista del Club Real Murcia, Jesús Samper Vidal, Juan Antonio Samper, negó hoy que su hermano haya estado "detenido en ningún momento" y aseveró que su "hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción urbanística".

   En declaraciones a los medios frente a la casa que en estos momentos investigan los agentes para descubrir presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estado de la Nueva Condomina, en Murcia, Juan Antonio Samper, negó de manera "firme y exhaustiva" que su hermano sea responsable de ningún tipo de actividad ilícita.

   "Mi hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción. Lo digo en términos genéricos y de forma muy firme y exhaustiva. Mi hermano no está detenido ni se ha encontrado detenido en ningún momento", aseveró el letrado.

   En este sentido, aseguró desconocer el motivo por el cual se está investigado al presidente del club granota ya que el auto del juez número 8 de Murcia que dicta la instrucción del registro domiciliario no "detalla" el porqué de esta actuación y denunció que este desconocimiento "produce una indefensión" para su cliente al "no saber por qué se le investiga" ni si guarda relación con el registro al ayuntamiento murciano.

   "Alguna relación debe guardar porque viene del juzgado número 8 (de Murcia), pero insisto en que la falta de concreción del porqué. El auto dictado nos produce una indefensión manifiesta", reprochó Samper. Aún así y tras recalcar que el domicilio es "un lugar inviolable por un principio "constitucional", destacó que cumplirán "escrupulosamente" con el decreto del registro domiciliario.

También el Real Murcia Club de Fútbol ha desmentido que el presidente del equipo, Jesús Samper, se encuentre detenido, aunque ha confirmado que la Guardia Civil ha registrado su domicilio particular y la sede social de Sport Management & Project SL.


   En concreto, el club afirma en un comunicado oficial que los registros se desarrollaron "sin ninguna incidencia y con absoluta normalidad" por miembros de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia.

   Asimismo, el club de fútbol explica que, en este momento, Samper se encuentra "desarrollando con absoluta normalidad su vida cotidiana".

Investigan por presunta corrupción al presidente del Club Real Murcia y detienen a dos profesores de la Universidad más tres funcionarios

MURCIA.- Agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado en Madrid el domicilio y la sede empresarial del presidente y máximo accionista del Real Murcia, el abogado Jesús Samper Vidal (Grupo Santa Mónica), en relación con la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística desplegada en Murcia, informaron hoy fuentes de la investigación, que han precisado que la relación del máximo accionista del club grana estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo urbanístico  y el plan de construcción de Nueva Condomina, al norte del municipio de  Murcia.

   Estas mismas fuentes han precisado que se registra su casa en la capital así como la sede de una de sus empresas en la madrileña calle de Serrano. Se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del nuevo estadio, inaugurado en octubre de 2006, así como un complejo de viviendas.  

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ya ha ordenado la detención de personas, entre ellas el director de la Gerencia de Urbanismo y profesor universitario, Alberto Guerra así como  el letrado y también profesor universitario Higinio Pérez Mateos. Y  el ingeniero  italiano Renato de Noce, en el marco de una operación de corrupción urbanística.

Posteriormente se ha imputado a los funcionarios municipales Joaquín Peñalver, arquitecto, y  a la esposa de Guerra, Isabel Fernández, destinada en el ámbito más cercano al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara quien, hasta el momento guarda silencio.

La UCO de la Guardia Civil se encuentra desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, a los que se suman otros registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   No obstante, la concejal de IU+LV en el Consistorio murciano, Esther Herguedas, ha asegurado que los secretarios judiciales se encuentran esperando en dichas dependencias, por lo que aún no han comenzado los registros.

  

   Dos de los detenidos en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en Murcia, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra y el abogado, Higinio Pérez Mateos, son profesores del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.

   En concreto, Alberto Guerra es profesor asociado a tiempo parcial y Pérez es profesor asociado de tipo I, según indican sus fichas recogidas en el directorio de la Universidad y según confirmaron fuentes de la institución docente.

   Ambos forman parte del grupo de personal docente e investigador de la universidad, y son profesores del II Máster en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

En síntesis, la UCO ha desplazado a Murcia una docena de efectivos, la denuncia proviene de la Fiscalía Anticorrupción por recalificaciones de suelo rústico advertidas por los grupos de Oposición en el Ayuntamiento, tras señalar en su día que detrás había una pura acción especulativa; tanto Pérez Mateos como De Noce están relacionados con otros casos de presunta corrupción urbanística -caso Peñalver y caso Ulea-, y el concejal de Urbanismo, Berberena, sostiene que lo investigado ahora está respaldado por dos sentencias firmes del TSJ en cuanto que se ajusta a la legalidad.

Precisamente, la policía judicial de la Guardia Civil ha registrado esta misma mañana dos cajas de seguridad en la sede regional de 'Cajamar', una del propio Berberena, y la otra del empresario Francisco Arqués López.

Fernando Berberena, aseguró a su llegada a la Gerencia de Urbanismo que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta", así como que la ciudad de Murcia puede estar tranquila "porque no hay ningún escándalo urbanístico".

   Berberena ha indicado a los medios de comunicación allí congregados que "hemos aportado toda la documentación que se nos ha requerido siempre, pero vamos a esperarnos porque todo está bajo secreto de sumario".

   El concejal, que esperaba que le confirmaran las detenciones, señaló que "hay que dar un voto de confianza" a los detenidos y que el objetivo es "colaborar con la justicia".

"En su día entregamos la documentación necesaria y si tenemos que entregar más, así lo haremos, siempre en permanente colaboración con la justicia porque haremos todo lo que esté en nuestra mano", añadió.

   Asimismo, aseguró desconocer lo que se investiga, y a su salida de las dependencias municipales tras recoger documentación que la Guardia Civil "pueden estimar oportuna para que se la tramiten al juez, que será la encargada de tomar las decisiones que tenga que tomar", ha indicado que no tienen información "de nada", aunque tiene una "buena impresión".

   Tras lo que ha pedido "sentido común y paciencia en honor de las personas y sus familias hasta que no se sepa nada". Así confirmó que agentes de la Guardia Civil están registrando el despacho del gerente de Urbanismo, "que se encuentra de buen ánimo pero decaído y yo siempre puedo estar defraudado pero no sabemos la realidad de los temas", aunque apuntó que no tiene "ni idea" de que haya tres detenidos.

   Berberena, que declaró que el gerente "no tiene nada que ocultar", asegura que éste no está detenido, que todo está bajo secreto judicial. Asimismo, señaló que la Guardia Civil se está llevando documentación sin pedirla, que han aportado a la Fiscalía toda información solicitada e insistió en que van a colaborar con la justicia "y así se lo ha expresado a la Policía para ver si necesitan algo".

   En cuanto a la documentación que los agentes están requisando, el concejal desconoce si está referida a los convenios con la zona Norte y el desarrollo de Murcia o algún expediente concreto. "No sabemos de qué es", sentenció.

   "El Ayuntamiento de Murcia va a estar en plena colaboración con la Policía y los juzgados para que se esclarezca lo antes posible este tema y sufran lo menos posible las personas afectadas", añadió.

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ha ordenado la detención de cinco personas en el marco de una operación de corrupción urbanística y ya ha requisado tres grandes cajas de documentos, que ya han sido trasladadas al juzgado correspondiente.

   La UCO de la Guardia Civil se encontraba desde las ocho de la mañana registrando las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia.

   Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).

   De hecho, dos furgonetas Nissan se encuentran a las puertas de la Gerencia de Urbanismo y agentes de la Guardia Civil entran y salen de las mismas dependencias. También se encuentra presente el jefe de la Policía Local de Murcia, Ángel Marín.

Orgía especulativa

Un presunto gran fraude a las arcas municipales se encuentra en el trasfondo de todo. El Ayuntamiento de Murcia puede haberse visto perjudicado en cientos de millones al imputar a los terrenos recalificados sucesivamente al norte de la ciudad un valor cuatro o cinco veces  menor al de mercado en los sucesivos convenios urbanísticos firmados desde 2001 a 2005.

Dentro del nuevo PGOU, en 2001 se firmó el primero bajo el asesoramiento experto del abogado urbanista Juan Enrique Serrano al Grupo Santa Mónica y que contemplaba 4.000 viviendas; el segundo convenio se firmó por este mismo grupo en 2005 para poder construir otras 2.500. La primera compensación al municipio era construir el estadio para cederlo a la ciudad, y la segunda, era costear la rehabilitación del edificio del Casino de Murcia. Posteriormente se firmaron cuatro nuevos convenios con varios grupos de empresas para construir hasta 20.000 viviendas más dentro del mismo desarrollo urbanístico del norte.