lunes, 26 de julio de 2010

La crisis, una estafa detrás de otra / Juan Torres *

La Real Academia Española de la Lengua define de dos modos el verbo estafar. Como pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Y en sentido jurídico, como cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio.

1.- Por eso yo creo que el término de estafa es lo que mejor describe lo que han hecho continuadamente los bancos,los grandes especuladores y la inmensa mayoría de los líderes y las autoridades mundiales antes y durante la crisis que padecemos. Los Estados le dieron a los bancos privados el privilegio de crear dinero emitiendo deuda con la excusa de que eso era necesario para financiar la actividad de las empresas y los consumidores. Pero en los últimos treinta años, la banca internacional multiplicó la deuda para financiar los mercados especulativos y para ganar dinero simplementecomprando y vendiendo más dinero, y no para financiar a la economía productiva. Esta es la primera estafa.

2.- Para disponer de recursos adicionales a los que le depositaban sus clientes, la banca ideó formas de vender los contratos de deuda y los difundió por todo el sistema financiero internacional. Pero al hacerlo, ocultaba que millones de esos contratos no tenían las garantías mínimas y que al menor problema perderían todo su valor, como efectivamente ocurrió. Actuando de esa forma y tratando de elevar cada vez más la rentabilidad de sus operaciones, la banca fue asumiendo un riesgo cada vez mayor que ocultaba a sus clientes y a las autoridades y que transmitía al conjunto de la economía. Esta es la segunda estafa.

3.-- Para llevar a cabo esas estafas, la banca recurrió a las agencias de calificación que actuaron como suscómplices corruptos engañando sistemáticamente a clientes y autoridades indicando que la calidad de esos productos financieros era buena cuando en realidad sabían que no era así y que, por el contrario, se estaba difundiendo un riesgo elevadísimo porque eran, como se demostró más adelante, pura basura financiera. Esta es la tercera estafa.

4.- Los grandes financieros consiguieron que los bancos centrales fueran declarados autoridades independientes de los gobiernos con la excusa de que éstos podían utilizarlos a su antojo y de que así era mejor para lograr que no subieran sus precios. Sin embargo, lo que ocurrió fue que con ese estatuto de "independientes" los bancos centrales se pusieron al servicio de los bancos privados y de los especuladores, mirando a otro lado ante sus desmanes. Y así, en lugar de combatir la inflación permitieron que se diera la subida de precios de la vivienda quizá más alta de toda la historia y constantes burbujas especulativas en numerosos mercados. Y lejos de conseguir la estabilidad financiera lo cierto fue que durante su mandato "independiente" también hubo el mayor número de crisis financieras de toda la historia. Esta es la cuarta estafa.

5.- Para generar fondos suficientes para invertir en los mercados especulativos cada vez más rentables, los bancos y grandes financieros lograron, con la excusa de que eso era lo conveniente para luchar contra la inflación, que los gobiernos llevaran a cabo políticas que redujeran los salarios y aumentaran así los beneficios de dichos bancos (que en su mayor parte van a Ahorro en lugar de al Consumo como le pasa a los salarios),y la progresiva privatización de las pensiones y de los servicios públicos. Esta es la quinta estafa.

6,- Cuando el riesgo acumulado de esa forma estalló y se desencadenó la crisis, los bancos y los poderosos lograron que los gobiernos, en lugar de dejar caer a los bancos irresponsables, de encarcelar a sus directivos y a los de las agencias de calificación que provocaron la crisis, por lo contrario, les dieran o prestaran a bajísimo interés varios billones de dólares y euros de ayudas con la excusa de que así volverían enseguida a financiar a la economía. Pero en lugar de hacer esto último los bancos y grandes financieros usaron esos recursos públicos para sanear sus cuentas, para volver a tener enseguida beneficios o para especular en mercados como el del petróleo o el alimentario, provocando nuevos problemas o que en 2009 hubiera 100 millones de personas hambrientas más que en 2008. Esta es la sexta estafa.

7.- Los gobiernos tuvieron que gastar cientos de miles de millones de dólares o euros para evitar que la economía se colapsara y para ayudar a la banca. Como consecuencia de ello tuvieron que endeudarse. Como los bancos centrales están dominados por ideas liberales profundamente equivocadas y al servicio de la banca privada, no financiaron adecuadamente a los gobiernos, como sí habían hecho con los bancos privados, y eso hizo que tuvieran que ser los bancos privados quienes financiaran su deuda. Así, éstos últimos recibían dinero al 1% de los bancos centrales y lo colocan en la deuda pública al 3, al 4 o incluso al 8 o 10% Esta es la séptima estafa.

8.- Como los bancos y grandes financieros no se quedaron contentos con ese negocio impresionante, se dedicaron apropagar rumores sobre la situación de los países que se habían tenido que endeudar por su culpa. Eso fue lo que hizo que los gobiernos tuvieran que emitir la deuda más cara, aumentando así el beneficio de los especuladores y poniendo en grandes dificultades a las economías nacionales. Esta es la octava estafa.

9.- Los gobiernos quedaron así atados de pies y manos ante los bancos y los grandes fondos de inversión y, gracias a su poder en los organismos internacionales, en los medios de comunicación y en las propias instituciones políticas como la Unión Europea, han aprovechado la ocasión para imponer medidas que a medio y largo plazo les permitan obtener beneficios todavía mayores y más fácilmente: reducción del gasto público para fomentar los negocios privados,reformas laborales para disminuir el poder de negociación de los trabajadores y sus salarios,privatización de las pensiones, etc... Afirman que así se combate la crisis pero en realidad lo que van a producir es todo lo contrario porque es inevitable que con esas medidas caiga aún más la actividad económica y el empleo porque lo que hacen es disminuir el gasto productivo y "el combustible" que los sostiene. Esta es la novena estafa.

10.- Desde que la crisis se mostró con todo su peligro y extensión, las autoridades e incluso los líderes conservadores anunciaron que estaban completamente decididos a poner fin a las irresponsabilidades de la banca y al descontrol que la había provocado, que acabarían con el secreto bancario, con los paraísos fiscales y con ladesregulación que viene permitiendo que los financieros hagan cualquier cosa y que acumulen riesgo sin límite con tal de ganar dinero... Pero lo cierto es que no han tomado ni una sola medida, ni una sola, en esa dirección. Esta es la décima estafa.

11.- Mientras está pasando todo esto, los gobiernos, esclavos o cómplices de los poderes financieros, no han parado de - exigirle esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía. - mientras que a los ricos y a los bancos y financieros que provocaron la crisis no les han dado sino ayudasconstantes y todo tipo de facilidades para que sigan haciendo exactamente lo mismo que la provocó. Gracias a ello, éstos últimos están obteniendo de nuevo cientos de miles de millones de euros de beneficiosmientras que cae la renta de los trabajadores, de los jubilados o de los pequeños y medianos empresarios. Esta es la undécima estafa.

12.- Mientras que constantemente vemos que los presidentes de gobiernos reciben instrucciones del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de calificación, de los banqueros o de la gran patronal, la ciudadanía no puede expresarse y se le dice que todo lo que está ocurriendo es inexorable, y que lo que ellos hacen es lo único que se puede hacer para salir de atolladero. Esta es la duodécima estafa.

13.- Finalmente, se quiere hacer creer a la gente que la situación de crisis en la que estamos es el resultado de un simple o momentáneo mal funcionamiento de las estructuras financieras o incluso económicas y que se podrá salir de ella haciendo unas cuantas reformas laborales o financieras. Nos engañan porque en realidad vivimos desde hace decenios en medio de una convulsión social permanente que afecta a todo el sistema social. La verdad es que cada vez hay un mayor número de seres humanos hambrientos y más diferencias entre los auténticamente ricos y los pobres, que se acelera la destrucción del planeta, que los medios de comunicación están cada vez en propiedad de menos personas, que la democracia existente apenas deja que la ciudadanía se pronuncie o influya sobre los asuntos más decisivos que le afectan y que lospoderosos se empeñan en imponer los valores del individualismo y la violencia a toda la humanidad. Esta es la decimotercera estafa.

Lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo a lo largo es la crisis es esto: una sucesión de estafas y por eso no se podrá salir de ella - hasta que la ciudadanía no se imponga a los estafadores impidiendo que sigan engañándola, - hasta que no les obligue a dar cuentas de sus fechorías financieras y - hasta que no evite definitivamente que sigan comportándose como hasta ahora.

(*) Catedrático de la Universidad de Málaga

Familiares de víctimas del Yak piden la declaración de 46 testigos para esclarecer la contratación

MADRID.- Familiares de víctimas del accidente del Yak-42 -que costó la vida a 62 militares españoles en Trazbon (Turquía) en mayo de 2003- representadas por la abogada María Ángeles López, han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska solicitando la declaración de un total de 46 personas para esclarecer las posibles negligencias en la contratación de la aeronave.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 mantiene abierto este procedimiento, cuyos dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

En un escrito de 45 folios, los familiares de dos comandantes fallecidos en el accidente solicitan la declaración de un total de 22 militares españoles en calidad de testigos.

Entiende esta parte que el testimonio de todos ellos servirá para acreditar "la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003", en especial del vuelo UKM 4230, "que carecía como el resto de cualquier tipo de control por parte de la Defensa o la contratista Chapman Freebrorn", un hecho que terminó con el luctuoso acontecimiento.

Entre las testificales, solicitan un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Alejandre Sintes, y el JEMAD entre 2004 y 2008 Félix Sánz Roldán, con el fin de aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, la queja remitida por el teniente coronel del CISET Javier Marino.

El primero ya declaró en la Audiencia Nacional que no tenía constancia de que el escrito llegara a Trillo, mientras que el segundo indicó también en sede judicial que la queja fue cursada con toda seguridad al ministro.

Igualmente, esta parte solicita la comparecencia en la Audiencia Nacional de 15 civiles también en calidad de testigos, entre ellos varias personas que volaron antes del accidente con las tropas destino a Afganistán en aviones ex soviéticos, así como intervinientes en el contrato de los vuelos.

Interesan también la declaración de militares chilenos e italianos testigos de los últimos momentos con vida de los 62 fallecidos. Estos testigos coincidieron con los militares durante la última escala que éstos hicieron en la base aérea militar de Manás (Kirguizistán), y según esta parte son testigos de llamadas a España para solicitar un cambio de avión o la espera de un día para emprender el regreso.

Además, las familias piden al juez que requiera hasta una treintena de documentos a los ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia, a las empresas Iberia Air Europa, RTVE, Cadena Ser, Cope, Onda Cero y al Juzgado de Zaragoza que llevó la vía civil del caso.

El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también mantiene imputados en esta causa al jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó realizar nuevas imputaciones, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.

El tribunal rechazaba de esta forma el recurso de apelación presentado por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y otro grupo de víctimas contra un auto en el que el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la imputación de once altos cargos y militares.

En su auto, el tribunal sostenía "las alegadas malas condiciones" en que se habría realizado el vuelo del Yak-42 "no eran responsabilidad directa de las autoridades militares españolas", que "cedieron" a la agencia Namsa "la provisión de servicios de transporte para las fuerzas españolas", y que las distintas subcontratas, gestionadas por la multinacional Chapman Freeborn, "resultan igualmente ajenas al ámbito penal".

También indicaba la Sala de lo Penal que las quejas presentadas por los militares que habían tomado vuelos de aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética "no afectan a un problema de seguridad, sino que más bien apuntan a un defectuoso cumplimiento de las condiciones" del acuerdo que el Ministerio de Defensa firmó con la OTAN.

El ingeniero lorquino Francisco Ros 'pecó de cierto triunfalismo' en su cargo

MADRID.- Aetic aplaude la elección de Bernardo Lorenzo Almendros como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en sustitución del ingeniero lorquino Francisco Ros, y destaca su "cualificado" perfil profesional, así como su "alto conocimiento" del oficio.

El presidente de la Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic), Jesús Banegas, indicó hoy que el hecho de que el Gobierno haya priorizado el currículum del nuevo cargo por encima de otras cuestiones políticas transmite tranquilidad y confianza en el sector.

"Bernardo Lorenzo es la quintaesencia del funcionario de Estado que aúna un excelente nivel profesional y un alto conocimiento del oficio", indicó Banegas, quien recordó que, en cualquier caso, la elección de Lorenzo, que desde abril de 2008 era director general de Telecomunicaciones, es una decisión que compete al Gobierno.

Respecto a Francisco Ros, que ocupaba el cargo hasta el pasado viernes, Banegas valoró su labor al frente de la Secretaria de Estado, en la que ha tenido que lidiar con una "etapa brillante", derivada del Plan Avanza 1, y con un periodo más "complicado" debido a la segunda edición de dicho programa, que cuenta con un presupuesto más bajo.

"Su labor ha sido francamente buena, y a nivel europeo cuenta con un gran reconocimiento, que ha redundado en un mayor prestigio para el sector en España", manifestó el presidente de la patronal TIC.

Para Banegas "la única pega" de Ros al frente de la Secretaría de Estado ha sido la de ahondar en el aspecto positivo de los logros alcanzados e incidir "mucho menos" en las limitaciones. "Se le puede acusar de cierto triunfalismo en sus intervenciones públicas", añadió.

La CAM da luz verde a la 'fusión fría' con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria

ALICANTE.- El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha dado luz verde a la 'fusión fría' o Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, sólo con el voto en contra de los representantes de los sindicatos, que daría lugar a la tercera caja del país, según una comunicación de la CAM a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El organismo que preside Modesto Crespo ha acordado su incorporación al contrato de integración de aclaraciones que posibilitan que el banco resultante sea gestionado conforme a prácticas de buen gobierno, ha indicado la CAM en un comunicado.

El Consejo de Administración de la caja valenciana ha alcanzado este acuerdo tras valorar las ventajas que la constitución de uno de los grupos de cajas de ahorros con mayor fortaleza y proyección de España supondrá tanto para los clientes, como los empleados y la sociedad en general.

De hecho, la SIP dará lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

Tras esta decisión del Consejo de Administración, el equipo directivo de la CAM dijo estar "muy satisfecho" por la culminación de este proceso "que permite a la entidad alicantina formar parte de uno de los SIP más potentes del mercado financiero español".

"El buen hacer y la flexibilidad de las cajas participantes han posibilitado un acuerdo propio de una entidad moderna, fuerte, solvente y bien posicionada para competir en el actual contexto financiero, y que está llamada a liderar el sector", indicaron desde la dirección de la caja.

Por su parte, Modesto Crespo dijo estar "muy satisfechos" con el acuerdo alcanzado y recordó nuevamente que se convertirán "en el tercer grupo de cajas de este país".

El Banco de España convocó el pasado día 16 una reunión de urgencia para abordar este SIP y dio de plazo hasta el martes para tratar de reconducir la situación después de que el día anterior el consejo de administración de la CAM aceptara la 'fusión fría' pero no ciertos aspectos relativos al Gobierno corporativo.

En concreto, la caja valenciana se negó a aceptar la delegación de funciones en el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, que ocuparía el cargo de consejero delegado del SIP. En este sentido, el consejo de la caja reafirmó la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas "la reciba y administre el Consejo de Administración del banco y, a través de éste, el Consejero Delegado".

Por su parte, Cajastur respondió a la CAM que el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre ambas cajas, Caja Extremadura y Caja Cantabria se debe aceptar en todos sus términos o se rechaza.

Tras estas discrepancias sobre el modelo de gobierno corporativo, el acuerdo alcanzado permite la 'fusión fría' que la CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron crear el pasado 24 de mayo para dar lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

El presidente de Caja de Extremadura, Víctor Bravo, ha calificado hoy de "estupendo" que el consejo de la CAM se haya decidido a favor del SIP, que también acogerá a Cajastur y Caja Cantabria.

Por otra parte, el Consejo de Administración de la caja murciano-alicantina conoció los resultados del primer semestre del año, que la CAM cerró con un resultado atribuido al grupo de 103,5 millones de euros, un 18,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras destinar 495 millones de euros mejorar las coberturas de activos vía provisiones, según ha informado la entidad.

El margen de interés del negocio alcanzó los 474 millones de euros, situándose en niveles previos al inicio de la crisis. En este sentido, la CAM ha subrayado que lo "excepcional" que resultó 2009, en el que el índice aumentó un 46% interanual por efecto de la evolución de los tipos de interés.

El organismo que preside Modesto Crespo mejoró en 0,1 puntos porcentuales su coeficiente de solvencia, que se sitúa en el 11,5% y que supone un exceso de capital sobre requerimientos mínimos de 1.790 millones de euros, un 44%. Durante este semestre, la CAM fortaleció también su estructura de solvencia con un Tier 1 del 9,2%, 0,2 puntos porcentuales por encima de junio de 2009.

Además, durante estos primeros seis meses del año, la entidad siguió manteniendo niveles de morosidad y de cobertura que mejoran la media sectorial. De este modo, el índice de morosidad se sitúa en el 4,6%, un punto porcentual por debajo de junio de 2009 y 0,5 puntos porcentuales mejor que la media del sector de cajas, mientras que el ratio de cobertura se eleva al 81%, 26 puntos mejor que hace un año.

En el capítulo de liquidez, las reservas de CAM le permiten cubrir los vencimientos de deuda de los próximos cuatro años, ya que en lo que resta de 2010 CAM no tiene ningún vencimiento pendiente.

Por otra parte, CAM ha reducido en 2.900 millones de euros la financiación recibida del Banco Central Europeo (BCE) hasta alcanzar la cifra de 2.518 millones en junio de 2010. En Caja Mediterráneo, la financiación del BCE supone un 3,5% sobre el total de activos, frente al 4,1% de media de las cajas y el 5,2% de media de los bancos.

El volumen de recursos en balance de la entidad se situó en 65.810 millones de euros, mientras que los recursos minoristas --equivalentes al negocio básico-- experimentan un incremento del 11% y se sitúan en 32.938 millones de euros, con 3.250 millones más que hace un año. Por el contrario, se observa una reducción del 13% en la financiación mayorista.

El crédito gestionado fue de 58.013 millones de euros, un 4% menos que en 2009, si bien en el trimestre repuntó en 485 millones de euros. El 69% del crédito está cubierto con garantías reales.

En este primer semestre de 2010, la caja valenciana ha formalizado 53.317 nuevas operaciones de crédito por importe de 3.580 millones de euros. Caja Mediterráneo expresó su apoyo a las líneas de financiación públicas habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a través de las cuales ha formalizado más de 8.600 operaciones crediticias por importe de 486 millones de euros.

Durante este semestre, CAM ha continuado desarrollando su política de eficiencia con la reestructuración de su red de oficinas al nuevo escenario económico. A junio de 2010, la red comercial de CAM se compone de un total de 997 oficinas, tras aplicar una reducción de 94 oficinas desde junio del año pasado.

Dos años después del inicio de su cotización en Bolsa, las cuotas participativas CAM siguen mostrando un buen comportamiento en comparación con la media de las entidades financieras cotizadas. En lo que llevamos de año, la cotización de las cuotas CAM se ha revalorizado un 10,43%, muy por encima de los principales índices bursátiles.

El pasado 10 de junio, Caja Mediterráneo hizo efectivo el pago del dividendo complementario con cargo al ejercicio de 2009 por importe de 0,0891 euros por cuota participativa. Las cuotas CAM se incorporaron desde el 1 de julio al índice de cotización 'Ibex Medium Cap', que agrupa valores de mediana capitalización de las cuatro bolsas españolas.

Huermur denuncia ciertas prácticas urbanísticas del alcalde de Murcia

MURCIA.- Huermur y las asociaciones pro-patrimonio denuncian que es ya una práctica habitual y conocida la que usa el Alcalde de Murcia y su concejal de urbanismo de aprobar en julio y agosto aquellas actuaciones urbanísticas donde no conviene que exista mucha publicidad, y cuando la oposición política tampoco va a resultar efectiva, ya que en plenas vacaciones interesa poco lo que digan los políticos.

"Para los asuntos que ahora se aprueben, los afectados y cualquier murciano que pretenda alegar o presentar recurso administrativo sólo tendrán un mes de plazo. Si ya el plazo de un mes para alegar o recurrir un plan parcial, una expropiación o una modificación del Plan General Urbano resulta insuficiente para asegurar una defensa digna, si ese mes es agosto nos encontramos ante la imposibilidad de defensa alguna.

Según las entidades denunciantes, los murcianos afectados por las abundantes actuaciones urbanísticas con los que va cargado este Consejo Rector van a encontrarse con las notificaciones en pleno agosto, y en esa fecha les va a resultar imposible consultar expedientes de centenares de folios, encontrar un profesional que estudie su caso y les aconseje y después, presentar su alegación o recurso administrativo.

El tribunal del Convenio de Aarhus dependiente de la ONU ya ha condenado esta práctica del Ayuntamiento de Murcia por la falta de participación y el ataque a la transparencia que supone la aprobación de asuntos como estos en época vacacional, pero por lo visto, parece que los intereses que mueven al consistorio murciano y en concreto al concejal de urbanismo están muy por encima de lo que dice el mencionado tribunal de la ONU. Huermur y pro-patrimonio van a exigir al Estado Español y a la ONU que se actúe contra el Ayuntamiento de Murcia por hacer caso omiso a las recomendaciones hechas desde el tribunal internacional y van a solicitar que se revisen las subvenciones, acuerdos y premios otorgados al Ayuntamiento de Murcia.

Debido a que el contenido del Orden del Día del Consejo no es demasiado explícito, las asociaciones han realizado unos breves comentarios, desde su punto de vista, a algunos de los asuntos que probablemente van a ser aprobados:

El primero es el expediente 141/09 que trata de la modificación puntual nº 115 del Plan General que afecta al cementerio de Llano de Brujas. Con esta actuación se propone cambiar la calificación de una estación de bombeo que se encuentra en la fachada del cementerio, lo que no se dice en la memoria de esta modificación es que, además afecta a una franja de terreno rústico de huerta no urbanizable que discurre junto a la tapia del cementerio, y que se va a convertir en vial para dar acceso a futuras edificaciones residenciales. Parece ser que con la excusa de arreglar la situación del cementerio las asociaciones sospechan que se beneficia a algún promotor para crearle accesos y viales donde el Plan General de Ordenación Urbana no los ha previsto. HUERMUR presentó alegaciones a la aprobación inicial de esta modificación pero el Ayuntamiento no ha contestado.

Respecto a los Planes Parciales y los Especiales que se van a tratar en el Consejo, llama la atención que se encuentren todos en “aprobación definitiva”, ya que esto significa que no hay posibilidad de alegar y que lo único que resta por hacer a los afectados es recurrirlos en el plazo de un mes, después habrá que ir a los tribunales de justicia.

Según las entidades denunciantes, estas aprobaciones definitivas consolidan los derechos de los promotores, ya que una vez aprobado definitivamente pueden vender el Plan Parcial y especular con él.

Entre los nueve planes parciales que se aprueban de golpe en este Consejo Rector se encuentra el ZM-Ed1 en Espinardo, que limita por el sur con la urbanización Joven Futura donde se hallaron importantes restos arqueológicos, que por Orden de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales se obligó a conservar “in situ”.

Es importante señalar que en la aprobación inicial de este Plan se presentaron alegaciones, ya que no se tenía en cuenta la posibilidad de que al comenzar a remover terrenos se encontrasen restos arqueológicos de la misma importancia que en la urbanización vecina de la que tan sólo le separa un carril de tres metros de ancho. Sin supervisión arqueológica no se puede autorizar este Plan Parcial. El Ayuntamiento tampoco ha respondido a las alegaciones presentadas.

Resulta curioso para las entidades murcianas, que junto al anterior Plan también se apruebe la modificación del Plan Parcial ZA-Ed3 correspondiente a la urbanización Joven Futura, donde se aprueban una serie de cambios en el planeamiento en un vano intento de solucionar las graves deficiencias que este Plan Parcial arrastra y que son objeto de casi una veintena de procesos judiciales vivos, y que se espera comiencen pronto a resolverse en los juzgados después de más de cinco años de espera por parte de los vecinos.

Dentro de las modificaciones introducidas en el Plan Parcial ZA-Ed3 hay que destacar una que deben conocer todos los propietarios de esa urbanización. Se trata de la determinación de aumentar un 5% la edificabilidad del sector para compensar los gastos que los propietarios han tenido que sufragar por la excavación arqueológica y la conservación de los importantes hallazgos. Ese aumento de edificabilidad supone que ahora los propietarios de los pisos deben recibir el importe equivalente al 5% de las 1390 viviendas que componen la urbanización, que resulta ser de 69.5 viviendas adicionales que el ayuntamiento autoriza a edificar para compensar con su venta los gastos arqueológicos.

Según la publicidad de la promotora sobre la venta de las viviendas, el precio a las que las vende es de 154.866,90 euros cada una. Por lo tanto con la venta de las 69 viviendas ahora autorizadas la promotora obtendrá la cantidad de 10.685.816´10 euros. Descontado el coste de la edificación el beneficio de la venta de esos pisos cubre los cuatro millones de euros que aproximadamente costó la excavación arqueológica y por la que cada propietario de piso en Joven Futura ha tenido que pagar 3.000 euros adicionales que ahora la gestora de la cooperativa podrá devolver a los jóvenes.

Huermur también considera importante comentar la rápida tramitación del Plan Parcial ZM-Ac1 en Aljucer, que en este Consejo se aprobará definitivamente, ya que el plazo para presentar alegaciones a la aprobación inicial finalizó hace aproximadamente dos meses. Este plan afecta a vecinos del centro del pueblo de Ajucer, entre los que se encuentran ancianos pensionistas y varias familias propietarias de pequeñas viviendas, que sin entender lo que ocurre, porque no son capaces de creer que alguien va a decirles que se tienen que marchar de sus casas, se ven dentro de estos inhumanos procesos urbanísticos donde, si nadie lo remedia, acabarán con la expropiación de los más débiles incapaces de enfrentarse a los especuladores.

Otro de los asuntos sobre los que conviene meditar, según Huermur, es sobre la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación Forzosa de las viviendas de los afectados por la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Pn7 en el Puntal. Se trata de siete familias entre las que se encuentran varios pensionistas que van a ser expulsados de sus casas para construir lujosas viviendas al borde de la Avenida Juan Carlos I.

Lo más sangrante es que el Plan ZM-Pn7 tiene unas deficiencias tan graves que dio lugar a que la Dirección General de Vivienda y Urbanismo solicitase la revisión de oficio del acuerdo de aprobación definitiva de dicho Plan, sin que dicha revisión se efectuase por parte del Ayuntamiento.

Para las entidades Pro-patrimonio resulta curioso que algunas de las actuaciones que ahora se aprueban definitivamente fueron iniciadas en la época en la que Joaquín Peñalver Motas era el jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en la Gerencia. Este funcionario está siendo investigado por diferentes delitos relacionados con la Administración Pública y el enriquecimiento personal, tras denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Este motivo debería ser suficiente para que el concejal de urbanismo no continúe la tramitación de aquellas actuaciones donde exista una intervención directa de dicho funcionario a través de informes.

Desde HUERMUR se anima a los afectados por los procedimientos urbanísticos del municipio de Murcia que, pese a la crisis económica que los hace inviables siguen tramitándose con el objeto de consolidar los derechos de los especuladores ante el temor de un futuro cambio en el planeamiento general, a que se defiendan, aleguen y recurran porque cuando un Ayuntamiento pone en práctica el ardid de aprobar asuntos como los de este Consejo Rector en plena época vacacional no es por casualidad, es simplemente porque entre esa avalancha pretende camuflar algunos que posiblemente son muy turbios y se pretenden que pasen desapercibidos".

La sanidad pública en el Guadalentín se sustenta sobre la oferta privada de la medicina

LORCA.- La concejala socialista Marisol Sánchez, lamentó hoy que casi el 50% de las camas hospitalarias con las que cuenta el área 3 de Salud, correspondan a un centro privado. Por ello, exigió al Servicio Murciano de Salud que “reoriente” su política de semi privatización de la sanidad y destine más recursos a ampliar la oferta hospitalaria pública.


Sánchez recordó que el Hospital Público Rafael Méndez cuenta con 283 camas hospitalarias para una población de 300.000 personas que residen en los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo, que comprenden dicho área.

Existen 175 más, pero que corresponden al centro médico ´Virgen del Alcázar´, una clínica privada no benéfica. Éstas últimas están destinadas a pacientes de geriatría y larga estancia, según consta en el último catálogo nacional de hospitales, que recoge datos de recursos sanitarios a 31 de diciembre de 2009.

Según Sánchez estos datos ponen de manifiesto que, realmente, los usuarios del área 3 de salud sólo cuentan con una cama pública por cada 1.060 habitantes, lo que, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es “tercermundista”, aseguro la edil. De hecho, la OMS recomienda entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes.

La concejala socialista dijo que incluso teniendo en cuenta las camas de la clínica privada aludida, la ratio para el Área 3 de salud sería de una cama por 655 habitantes.

No obstante, Sánchez recordó que estas plazas concertadas están autorizadas únicamente para enfermos crónicos y ancianos y no para el resto de usuarios por lo que “no deberían incluirse en el cómputo general ya que no están a disposición de cualquier usuario del SMS”.

El PSOE exige a Jódar que explique dónde están los 18 millones de euros que debían haberse destinado al pago de proveedores

LORCA.- El portavoz de Asuntos Económicos y concejal del Partido Socialista en Lorca, Isidro Abellán, destapó hoy que durante 2009, el equipo de Gobierno de Francisco Jódar sólo redujo en dos millones de euros la deuda con proveedores. Sin embargo, hace justo un año el Ayuntamiento accedió a un crédito de 20 millones de euros para hacer frente a esta cuestión.

Por ello, desde el PSOE se preguntan dónde están los 18 millones de euros restantes que no se han destinado al pago de proveedores.

Acerca de esta cuestión, Abellán recordó que en 2009 el Ayuntamiento cerró el ejercicio con 32,2 millones de euros de deuda a proveedores, cuando deberían haberse quedado en 14,5 y haber propiciado un alivio económico para innumerables empresas.

El edil del PSOE manifestó que en noviembre del año pasado ya advirtió que el equipo de Gobierno del PP podría estar utilizando el dinero de ese crédito a cuestiones distintas del pago a proveedores. Por ello, desde entonces ha formulado multitud de peticiones de información que han sido “sistemáticamente ignoradas por el concejal de Hacienda y el Alcalde”.

Además de no cobrar, Abellán alertó que estas empresas tienen que soportar los costes financieros de la renovación de los endosos que les da el Ayuntamiento, ya que están venciendo sin que el consistorio los pague.

Por ello, los proveedores tienen que renovarlos y pagar los intereses que ello supone. En ese sentido, el edil socialista recomendó a Jódar que le pregunte a alcaldes de municipios vecinos “cómo lo hacen para pagar sin problemas en menos de seis meses a las empresas que trabajan para sus ayuntamientos”.

Isidro Abellán aseguró que la “pésima” gestión que está llevando a cabo el actual equipo de Gobierno municipal del PP está “estrangulando” a la mayoría de las empresas que le trabajan al Ayuntamiento. Muchas de ellas, no han podido abonar la paga extraordinaria de Junio a sus trabajadores porque el consistorio no les paga.

Más de 15.000 internautas reclaman 'playas familiares' en Murcia al igual que existen para nudistas

MURCIA.- Miles de personas han solicitado a las autoridades turísticas, a través de Internet, playas y piscinas públicas para el "disfrute de las familias, con especial cuidado para la infancia" en Murcia y otras regiones de Espala, al igual que existen las reservadas para la práctica del nudismo.

En concreto, piden la delimitación de espacios para uso familiar, con unas normas que garanticen "el respeto a los demás usuarios, el amparo de la infancia y la protección del medio ambiente"; el fomento en estos espacio de actividades deportivas al aire libre, especialmente dirigidas a las familias; o la organización en estos espacios de actividades culturales al aire libre -teatro, cine, música, esculturas de arena- dirigidas a las familias.

También promueven la eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y la mejora de accesos a la playa a mayores, bebés y discapacitados, así como la promoción de campañas publicitarias destinadas a dar a conocer a las familias la existencia de dichos espacios para su disfrute.

En menos de 24 horas, la plataforma PlayasFamiliares.org, activada por séptimo año consecutivo por HazteOir.org, ha recibido el apoyo de más de 15.000 internautas para que los ayuntamientos y corporaciones locales de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Cantabria, Murcia, Asturias, País Vasco y los archipiélagos Canario y Baleares pongan en marcha esta iniciativa.

Aumento de fraudes al desempleo en empresas dedicadas a construcción, hostelería y limpieza

MURCIA.- El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y la Inspección de Trabajo, en su labor de control con el objeto de impulsar la reinserción laboral, lucha contra el fraude y la mejora de la gestión en el ámbito de las prestaciones por desempleo, advierten del aumento de fraudes en el empleo en el primer semestre del año como consecuencia de la crisis e investiga por ello a 25 empresas de la Región, a la vez que sospecha de unos 800 trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo.

Así lo anunció el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Fuentes, quien aseguró en rueda de prensa que los sectores principales en los que se incrementa esta práctica en Murcia son en construcción, hostelería y limpieza, "ya que son tres actividades donde los puestos de trabajo no son fijos".

Además Fuentes señaló que ya se ha actuado en una empresa (grupo de cuatro sociedades) con 69 trabajadores que cobraban la prestación por desempleo indebidamente, "quienes deberán devolver el dinero percibido", y se han iniciado actuaciones penales contra los responsables de las empresas.

En concreto, la Inspección ha dado cuenta de que durante el año 2010 ha detectado un total de 281 situaciones irregulares en materia de desempleo. De ellas, 82 corresponden a perceptores de prestaciones a los que se ha identificado mientras trabajaban en el curso de visitas de inspección.

Otros 75 perceptores han causado baja en las prestaciones por anulación de altas en Seguridad Social al haberse comprobado que simularon las relaciones laborales para poder acceder indebidamente a las prestaciones. Y a otros 124 se les han anulado las altas antes de que hubieran solicitados las prestaciones por el mismo motivo que los anteriores. A lo anterior se suma que han hallado a 160 personas extranjeras sin autorización para trabajar.

Además se ha programado una conjunto de sesiones informativas y controles de presencia en las distintas oficinas de empleo y en la D.P. para informar, asesorar de las posibilidades que ofrece el portal REDTRABAJ@ en lo referente no solo a las prestaciones por desempleo sino las potencialidades que ofrece dicho portal para buscar trabajo.

Como consecuencia de estas actuaciones se han iniciado más de 4.000 procedimientos sancionadores que pueden suponer en algunos casos hasta la extinción de la prestación por desempleo.

En este sentido, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha informado que en los seis primeros meses del año han sido inspeccionados 4.825 centros de trabajo. En algunos de ellos han sido detectadas irregularidades que han dado lugar a la liquidación de cuotas impagadas de Seguridad Social por un importe de 26.724.897 euros.

Entre ellas, considera muy preocupante la cantidad de actas levantadas a empresas con 1.321 trabajadores sin dar de alta en Seguridad Social.

A este respecto ha señalado que "estas personas han pasado de la economía irregular a una actividad acogida a todos los derechos que se derivan de la legislación laboral española y de las cotizaciones de cara a sus futuras pensiones" y ha criticado también la competencia desleal de los empresarios que cometen estas irregularidades respecto a aquellos que respetan y cumplen con las normativa laboral.

González Tovar ha informado que, durante el primer semestre el año 2010, se han pagado en la Región de Murcia 507.220.184 euros en prestaciones por desempleo por sus distintas modalidades: prestaciones contributivas, subsidios, Renta Activa de Inserción y Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. En total han sido 709.715 los perceptores que han tenido derecho de acceso a estas ayudas.

En cuanto a las prestaciones realizadas con cargo al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), es decir, el cobro de 420 euros durante un periodo de seis meses, se han beneficiado en este primer semestre de 2010 un total de 18.481 personas.

González Tovar ha recordado que a dicha ayuda pueden acceder aquellas personas en paro, menores de 65 años, que habían agotado la prestación por desempleo y subsidio, no tienen rentas superiores al 75 por ciento del SMI y el compromiso de participación en itinerarios activos de inserción profesional.

En cuanto a la Renta Activa de Inserción, han sido 1.675 los beneficiarios en este primer semestre del año además de 805 personas con minusvalía, 423 víctimas de violencia de género y 9 de violencia doméstica. También se han aportado prestaciones por retorno voluntario de extranjeros a 261 personas.

En el primer semestre de 2010 el Estado ha pagado un total de 1.059.094.569 euros a los pensionistas de la Región de Murcia que en total suman 237.224 perceptores (4.599 más que en el primer semestre de 2009).

De ellos 221.041 pensiones son gestionadas por el INSS, entre los que 32.139 son perceptores por incapacidad permanente, 121.874 por jubilación; 57.782 por viudedad; 8.626 por orfandad y 620 por favor de familiares.

A los anteriores se suman 14.409 perceptores de pensiones mínimas no contributivas. Por su parte el Instituto Social de la Marina gestiona las pensiones del Régimen especial del Mar, al que están adscritos 1.999 pensionistas.

En la Región de Murcia el 42,8% son perceptores de pensiones mínimas (101.593), de los que el 5.9% (14.184) recibe pensiones no contributivas.

La pensión media en la Región de Murcia es de 686,24 euros, y el último incremento en 2009 ha sido del 3,3% (22,43 euros de media de aumento).

González Tovar ha recordado que entre 2004 y 2010 la pensión media ha aumentado un 34,33 por ciento en la Región de Murcia, la subida más importante que este colectivo ha conocido en sólo 6 seis años. Sin embargo, ha subrayado que en ese mismo periodo el incremento mayor se ha producido en las pensiones mínimas, que han aumentado un 47,3 por ciento.

También durante el primer semestre de 2010 el Estado ha pagado un total de 101.862.047 euros en la Región de Murcia a los 24.670 perceptores de subsidios reconocidos en el periodo. De éstos 7.116 personas los han recibido por Incapacidad Temporal (45.774.840 euros); 318 por Lesiones Permanentes No Invalidantes y 2.030 por subsidios por Defunción.

En este apartado se incluyen los distintos subsidios abonados en apoyo de la familia en la Región de Murcia, que en el periodo del primer semestre de 2010 asciende a la cantidad de 56.004.104,16 euros, habiéndose estimado que el beneficio de los mimos ha llegado a más de 15.206 familias murcianas.

En concreto, han sido 5.390 personas las que han percibido el subsidio por maternidad (28.849.655 euros); 4.382 beneficiarias de subsidio por paternidad (3.303.490 euros); 5.251 por subsidio de protección familia, con un aumento del 40,55 por ciento de incremento respecto al año anterior, es decir, 1.515 perceptores respecto al mismo periodo del año 2009 (24.858.090 euros); 22 subsidios por nacimiento del hijo tercero y 161 por parto múltiple.

CGT-CAM insta a Modesto Crespo a no aprobar la fusión fría y continuar en solitario

ALICANTE.- La sección sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en Caja Mediterráneo (CAM) ha instado al presidente de la entidad, Modesto Crespo, a "no aprobar la integración en el SIP de Cajastur" y "seguir apostando por la continuidad de CAM como caja de ahorros líder en el sector", postura que, a su juicio, "en un pasado cercano era defendida por la dirección general y el consejo de administración de la entidad", según ha informado este lunes en un comunicado CGT-CAM.

Los representantes de los trabajadores han informado que han remitido este lunes a Modesto Crespo y al director general de CAM, Roberto López, un escrito, en el que trasladan "la inquietud de la plantilla de la CAM", ante las últimas negociaciones que, en su opinión, conducen "a la desaparición" de CAM.

En el documento enviado a la dirección de la entidad alicantina, CGT-CAM reitera su postura contraria a la integración en el SIP o 'fusión fría' con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, por repercusiones negativas, a su juicio, en las plantillas de las cajas implicadas.

En concreto, CGT apunta a la destrucción de puestos de trabajo, precarización de las condiciones laborales, externalización de servicios, pase de redes de oficinas y departamentos centrales a la banca, entre otros.

"En el caso de aprobar hoy dicha integración, deben saber que la plantilla de la CAM, siempre, ha cumplido con suficiencia y profesionalidad todos los objetivos emanados de la dirección general y aprobados por el consejo de administración", han explicado los representantes de los trabajadores.

Asimismo, CGT-CAM ha señalado que los trabajadores no son los responsables de la situación actual ni los merecedores de "medidas traumáticas" como la que se viven en otras fusiones similares.

domingo, 25 de julio de 2010

¿Venganza de Mendoza contra la Diócesis de Cartagena?

MURCIA.- «La Fundación es un don de Dios, que nos ha costado a mi mujer, a mí y a mi familia muchos sinsabores. Pero siempre quisimos que fuera para bien de la Iglesia». José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, gestora de la Universidad Católica, sorprendía la pasada semana al anunciar una reforma en los estatutos de la fundación para que, «llegado el momento, todos los bienes pasen a la Diócesis de Cartagena y al Vaticano».

La decisión, que podría significar el adiós de Mendoza a la UCAM, ha sido recibida con cautela y escepticismo en la Iglesia murciana. Porque hay muchas lagunas detrás de la noticia. ¿Abandona Mendoza la UCAM? ¿Por qué ahora? ¿Qué se esconde detrás de esta decisión?, se pregunta hoy 'La Verdad'.

En Murcia no sorprende que este hombre hecho a sí mismo, católico, miembro del Camino Neocatecumenal, casado y con 14 hijos, que vivió en las misiones y que ya trató de hacer realidad su sueño de crear una Universidad en Elche antes de recalar en el Monasterio de los Jerónimos, se lo deje todo a la Iglesia. Pero sí causa perplejidad que, después de años de polémica en torno a la titularidad de la UCAM, Mendoza recoja su 'testamento' en los mismos estatutos de la obra.

El propio Mendoza aclara que todo su patrimonio, y el de sus hijos, pasará a manos de la Iglesia cuando finalice «el proyecto educativo. No me voy a ir ni hoy ni mañana, incluso mis hijos podrían seguir si yo falto. Aquí lo que se deja claro es que la Universidad la hicimos para la Iglesia, y que todo lo que hemos invertido -el patrimonio de la UCAM ronda los 60 millones de euros- será para los pobres y para los seminaristas».

Sin embargo, no siempre fue así. Hace menos de dos años, la Santa Sede tuvo que intervenir en el conflicto generado entre Mendoza y el entonces obispo de Cartagena-Murcia, Juan Antonio Reig Pla, por la titularidad de la Universidad.

Tras varios encontronazos, que acabaron con el 'destierro' de Reig a Alcalá, el Vaticano, a través del cardenal Bertone y de la Signatura Apostólica, confirmaba que la Universidad pertenecía a la Fundación San Antonio (Mendoza), y no a la Diócesis. Una gran victoria para un laico frente a un obispo, con el apoyo jurídico de la Conferencia Episcopal -el dictamen definitivo fue elaborado por el asesor jurídico del Episcopado, Silverio Nieto, y firmado por el presidente de los obispos españoles, cardenal Rouco Varela-. Una historia sin terminar.

«En la Iglesia, un laico puede derrotar a su obispo. Pero no humillarle», apuntan desde el Vaticano. Y lo cierto fue que, tras la salida de Reig, muchas cosas cambiaron para Mendoza. En primer lugar, una separación del Camino Neocatecumenal, así como de algunos de sus principales valedores en España y Roma, como el cardenal Cañizares, ahora prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El último gran acto organizado por la Universidad en homenaje a Juan Pablo II estuvo marcado por las polémicas declaraciones del cardenal Castrillón, quien queriendo defender el pasado casi llegó a acusar a Juan Pablo II de complicidad con los abusos sexuales de Marcial Maciel. «Las interpretaciones sesgadas son una muestra más de la presencia del Diablo en el mundo», asegura Mendoza cuando se le pregunta por los escándalos.

En segundo término, la sensación de que su etapa al frente de la UCAM estaba acabada. El nombramiento de José Manuel Lorca Planes como nuevo titular de la Diócesis pareció llevar la calma a Murcia. Mendoza aparecía como claro ganador de la batalla por el poder en la UCAM y, de hecho, en octubre de 2009, obispo y laico suscribían un acuerdo por el que la Diócesis reconocía públicamente que la Universidad pertenecía a la Fundación San Antonio.

El prelado volvía a ejercer de canciller de la Universidad, a la que se garantizaba su catolicidad. De paso, la Diócesis evitaba oficialmente cualquier subsidiariedad sobre la UCAM. Se acababa, o eso parecía, el conflicto generado entre Mendoza y el obispo Reig. Sin embargo, a los pocos días se filtraba que Mendoza estaba meditando seriamente abandonar el barco. Una decisión que, meses después, se está haciendo efectiva.

El obispo perdió la batalla, fue sancionado por la Santa Sede y alejado de Murcia. La apuesta de Juan Antonio Reig fue dura, y la perdió. «Yo hice lo que en conciencia creí que debía hacer. Y estoy muy tranquilo», afirma, desde su nuevo destino en Alcalá de Henares. Es el único obispo de Murcia que no ha vuelto a su sede tras el conflicto ni, por supuesto, ha pisado la Universidad.

«Don Juan Antonio fue un buen obispo y es una gran persona, pero estuvo muy mal asesorado», acierta a decir José Luis Mendoza sobre el anterior prelado murciano. Un combate sobre la titularidad de la Católica que, en realidad, iba más allá, y cuyos orígenes fueron mucho más mundanos: el obispo recibió una serie de informes que alertaban de posibles corruptelas en la gestión de la Universidad, así como de un agujero fiscal que podría superar los seis millones de euros.

Mal aconsejado, el obispo quiso hacerse con las riendas de la Universidad. Midió mal las fuerzas, únicamente acompañado por antiguos empleados de la Universidad y por el PSOE murciano, que presentó una demanda contra la titularidad del centro docente.

El fallecimiento en diciembre de 2008 de su promotor, José Ramón Jara, llevó al archivo de la misma, y el Gobierno regional acababa aprobando los estatutos de la UCAM sin entrar en el debate sobre su propiedad.

Mendoza lo tenía todo muy atado desde que en 1996 el obispo Azagra le cediera el Monasterio de los Jerónimos y le concediera permiso para construir su proyecto universitario. La legislación vaticana -la famosa Ex Corde Ecclesiae- ampara a los laicos a crear iniciativas de educación católica, que sólo precisan del aval diocesano. El Vaticano y la Conferencia Episcopal apostaron fuerte por el laico, quien salió rotundamente vencedor de la batalla. Ureña, Cañizares, Rouco, hasta el secretario de Estado Bertone le dieron la razón.

Antes de que Reig fuera trasladado, José Luis Mendoza, «para evitar el escándalo», propuso entregar la Universidad a la Diócesis, a cambio de una 'compensación' que tasó en 30 millones de euros. Ahora, sin embargo, la ofrece gratis. ¿Por qué?Estamentos eclesiales dudan de la buena voluntad de José Luis Mendoza, y temen que tras la decisión se esconda la 'quiebra técnica' de la Universidad, que ya el año pasado se salvó de la suspensión de pagos gracias al cobro de las matrículas de los más de 6.000 alumnos.

«Ahora volvemos a estar en riesgo, pues al poner por estatutos la herencia, Mendoza le está regalando a la Iglesia no sólo un dineral, sino un posible saco de deudas, que la Diócesis habrá de afrontar si desaparece el presidente», argumentan responsables eclesiales de la Diócesis. Algunas fuentes aseguran que los seis millones de euros de deuda de los que hablaba Reig -apenas el 10% del patrimonio que Mendoza cederá a la Iglesia- se han multiplicado, y que la donación de la UCAM no es más que «un regalo envenenado».

Por si esta situación pudiera darse en el futuro, hace un tiempo que estamentos civiles y eclesiásticos trabajan en torno a un 'plan b' que evite que, llegado el momento, la marcha de Mendoza lleve a la Diócesis a la ruina. Un acuerdo tácito, que según distintas fuentes conoce el propio José Luis Mendoza -él lo niega públicamente, al tiempo que asegura que la Fundación está saneada-, y que conllevaría tres condiciones previas.

Primera: que a la UCAM no se le concediera el campus en Cartagena -Mendoza anunció la pasada semana que se retiraría del proyecto si no se le concedía en exclusiva Magisterio en esa ciudad, que se suma a la no concesión de la Facultad de Medicina-, lo que unido a la no recalificación de los terrenos abriría un agujero económico de difícil solución.

Segunda: que si hubiese alarma social las instituciones de Murcia harían frente, incluso, a la acogida del alumnado de la UCAM.

Y tercera: que entidades eclesiales se pudieran hacer cargo de la Universidad, ahora o cuando Mendoza la ceda, para que ésta no desaparezca. En esta tesitura, el papel del Opus Dei -que hace dos años se negó, pero ahora podría estar sopesando aceptar la solicitud- y de la Universidad San Pablo CEU -cuyo patrocinio aparece en el Año Santo de Caravaca-, se antoja imprescindible.

Desde la Santa Sede, además, han cambiado los vientos. Hasta Cañizares parece haberse alejado del entorno de Mendoza desde que se conociera que la UCAM había concedido óbolos por importe de 23 millones de euros a varios obispos y cardenales, entre los que se encontraba el ex cardenal de Toledo.

Mendoza, no obstante, continúa como miembro del Pontificio Consejo de los Laicos y de la Familia, y ha sido recibido hace pocas fechas por Benedicto XVI. «Todo lo que tengo es para la Iglesia», asegura Mendoza. Una donación de un hombre entregado a la fe… o un regalo envenenado por las deudas.

Un campus clave

José Luis Mendoza aseguró que paralizará la construcción del Campus de Cartegena, en el antiguo cuartel de Los Dolores, si finalmente el Consejo Interuniversitario autoriza impartir Magisterio al Instituto Superior de Enseñanzas (ISEN), un centro privado concertado con la Universidad de Murcia. Esta posibilidad crearía un serio problema a la UCAM, que ha invertido alrededor de seis millones de euros en el antiguo cuartel de Los Dolores para la instalación del campus universitario de Cartagena, donde Mendoza pretende implantar las carreras de Magisterio, Enfermería y Medicina.

Sin embargo, no ha conseguido la autorización para esas titulaciones del Consejo de Universidades, que no tiene previsto reunirse este mes, ni de la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad (Aneca).

En el Gobierno regional se cree que las cuentas empiezan a no cuadrarle a Mendoza con la posible paralización del proyecto de Cartagena, lo que explicaría sus últimos movimientos, incluido la posibilidad de emprender medidas legales contra la Consejería de Universidades en caso de que se autorice finalmente Magisterio al Instituto Superior de Enseñanza (ISEN).

El futuro inmediato del proyecto de José Luis Mendoza en Cartagena está pendiente de que sea debatido en los próximos días por el Consejo Interuniversitario de Murcia. De ahí que las recientes declaraciones del presidente de la UCAM han sido interpretadas desde el Ejecutivo regional como un intento de presión de cara a esa reunión, que será decisiva para los planes de Mendoza.

Entra en concurso de acreedores el popular restaurante 'Ranga'

MURCIA.- Los Juzgados de lo Mercantil de Murcia han declarado en situación de concurso de acreedores a dos empresas de la construcción y a una de seguridad, entre otras, aparte de la sociedad limitada propietaria del popular restaurante 'Ranga', según resoluciones conocidas hoy.

Por uno de estos acuerdos se indica a los acreedores de la constructora "Juconsa 2001" que en la secretaría pueden consultar el plan de liquidación de los bienes y derechos de la misma.

Otra resolución judicial indica que ha sido declarada en concurso de acreedores la mercantil "Valencia Construcciones, S.A.", para la que se ha nombrado administrador judicial a Carlos Conesa Fontes, abogado.

En cuanto al expediente que afecta a la empresa "Segur Hispania, Sistemas de Seguridad" se ha acordado la designación como administrador concursal del economista Carlos Briones.

Por otros dos acuerdos judiciales han sido declarados en concursos voluntarios el "Restaurante Ranga, S.L." y la cooperativa "Verduras Selectas del Campo de Cartagena".

Rosique pide a Valcárcel que dé la cara en la Asamblea y explique la caída estrepitosa de las inversiones regionales

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista exige a Valcárcel y su gobierno “que den la cara en la Asamblea y expliquen la estrepitosa caída de las inversiones públicas de la Comunidad autónoma”.

La responsable de Infraestructuras, Teresa Rosique, señaló que mientras el Ministerio “ha sido honesto y ha dicho la verdad a los ciudadanos, Valcárcel los engaña con promesas de inversiones que carecen de presupuesto”.

Rosique enfatizó que el Ministerio de Fomento ha dado la cara y ha explicado con claridad el recorte de inversión en materia de obra pública, como consecuencia de la crisis económica, al tiempo que ha garantizado, pese a esta situación, infraestructuras básicas e imprescindibles para el paso a la modernidad de nuestra Región, como ocurre con el mantenimiento del compromiso de la llegada del AVE en 2014.

“Por el contrario, Valcárcel y su gobierno están ocultando ante la opinión pública la caída estrepitosa e imparable de la inversión pública desde el año 2008, año en que empezó la crisis”. Rosique dijo que son más de 500 millones de euros los afectados por esta caída, lo que supone una pérdida de creación de puestos de trabajo de unos 8.000 empleos.

Agregó que a esta caída en la inversión pública del Gobierno regional, se suman los incumplimientos sobre infraestructuras prometidas desde hace 10 años como ocurre con la autovía Caravaca-Venta del Olivo-Jumilla.

Rosique recordó que las obras de esa autovía deberían haberse iniciado antes de 2006, fundamentalmente, en el tramo Jumilla-Venta del Olivo que el Ejecutivo autónomo fijó en el Plan Estratégico 2000-2006, con un presupuesto de 336 millones de euros. Esta autovía ni se ha iniciado ni tiene presupuesto para su ejecución.

Para la diputada “este es un claro ejemplo del cinismo de Valcárcel y su gobierno que se rasgan las vestiduras porque el Gobierno de España ha anunciado la paralización de las obras del Reguerón, con un presupuesto de 240 millones de euros, cuando ellos han incumplido el compromiso de construcción de esta autovía con un presupuesto superior”.

El Gobierno regional tiene que explicar también a los ciudadanos en la Asamblea en qué consiste la reprogramación de inversiones que ha comunicado al Gobierno de España; una reprogramación, que según el Ejecutivo regional, “debe adecuar su ritmo de ejecución a las disponibilidades reales de financiación”.

Teresa Rosique concluyó que los recortes en inversiones son medidas difíciles, en absoluto agradables de aplicar y que vienen forzadas por una situación de crisis económica de la que debemos salir cuanto antes.

“No es de recibo es que mientras el Gobierno de España da la cara y le dice la verdad a los ciudadanos, Valcárcel y su gobierno oculten la realidad de sus inversiones y de sus incumplimientos e intenten taparlos con promesas de futuro, vacías de compromiso presupuestario”.

El PSOE denuncia que las campañas del consejero Cruz perjudican al turismo regional

CARTAGENA.- El responsable de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Martínez Bernal, denunció que las campañas del consejero Pedro Alberto Cruz no sólo hacen daño al oído sino que perjudican al turismo regional.

Todos los datos, incluidos las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, así como las que elabora el propio sector turístico ponen en evidencia la nefasta política de promoción turística del Gobierno regional.

Martínez Bernal declaró que “los experimentos del consejero están erosionando los débiles cimientos del sector turístico regional y en lugar de afianzar las políticas puestas en marcha en años anteriores y trabajar conjuntamente con el Ministerio y el sector, utilizando la marca España y destacando y diferenciando nuestros valores autóctonos, lo que hace es despreciar la labor llevada a cabo por sus antecesores, despreciando el trabajo del Ministerio y de los empresarios del sector y erigiéndose en un adalid de la modernidad”.

Martínez Bernal añadió que a eso hay que añadir que el Gobierno regional ha destinado pocos recursos a la promoción turística, al tiempo que se ha invertido el poco dinero que había, en campañas vacuas, con dudosa rentabilidad y hechas a espaldas de los empresarios del sector, que son quienes están arriesgando y llevan reclamando planes estratégicos consensuados que ayuden a superar la situación actual.

Como demuestran los datos del informe de Exceltur, nuestra Comunidad se sitúa a la cola de la cola del ranking español en competitividad turística, siendo superados incluso por aquellas comunidades que no tienen las excelencias y las cualidades que se dan en esta Comunidad tanto naturales como culturales. “Lo que no se puede hacer es cambiar de política turística a capricho, ir por libre y obviar las demandas del sector”.

Agregó que los datos “vuelven a poner en evidencia a un gobierno denostado, desorientado, con un sector que todo el mundo reconoce podría ser uno de los motores que ayudaran a tirar de la economía regional”.

Los socialistas alertan de la desprotección sanitaria del turista en La Manga

CARTAGENA.- Tras los últimos cambios en la organización del SMS (Servicio Murciano de Salud) y la llegada de un nuevo Sub-Director Asistencial para Cartagena, D. Alfonso de Miguel, las promesas del anterior gerente en el sentido de ampliar para este verano los servicios del Consultorio de El Estacio, que desde hace dos años y por iniciativa del Ayuntamiento de San Javier, viene prestando atención médica a los vecinos y turistas de La Manga-Norte, así como de mantener los servicios en los otros centros asistenciales de la zona, a día de hoy están siendo incumplidas, según un comunicado del PSRM-PSOE.

En opinión de Salvador Martínez, responsable socialista en la zona, “ha sido una desagradable noticia conocer que el Centro de Salud El Estacio ha dejado este verano de prestar servicio en jornada de tarde y la UME (ambulancia medicalizada) asignada siempre a La Manga-San Javier ya no presta sus servicios a los vecinos y turistas de La Manga-Norte, con el consiguiente agravamiento en el colapso del Centro Costa Cálida (a 11 km de Veneziola) y la consiguiente rebaja en la calidad de los servicios de urgencia".

Los socialistas también denuncian la eliminación de un médico y un ATS en el Centro Cavanna en la jornada de tarde, así como la necesidad de ampliar en el Centro de Salud de Los Belones el servicio de Pediatría, que en estos momentos de alta incidencia turística “sólo atiende dos horas al día” y es a todas luces muy deficiente. Incluso se tiene constancia del aumento de las reclamaciones de los usuarios ante estos ridículos horarios.

Según Martínez , "ya es hora de que nuestros políticos regionales y locales dejen de aplicar recortes en los servicios sanitario– asistenciales , sobre todo en zonas como La Manga y su zona de influencia, donde ya tenemos todos los hoteles repletos de turistas y la ocupación durante los fines de semana de playas y locales de hostelería roza el completo".

En el mismo sentido, los socialistas se solidarizan con las últimas denuncias de la AAVV-La Manga en el sentido de no comprender como se elimina de esta zona el necesario servicio prestado hasta ahora por la UME medicalizada del 112, con profesionales altamente cualificados con medios propios de una UVI móvil, muy alejados de los medios de los que disponen las ambulancias asistenciales de Protección Civil.

Reclaman la vuelta urgente de la UME a La Manga- Norte, y el refuerzo de los servicios médicos a desplazados en los centros asistenciales de La Manga durante los fines de semana para absorber con las garantías suficientes el aumento de pacientes y la necesaria coordinación con servicios helitransportados que permitan el transporte urgente de enfermos a los hospitales comarcales mientras el Ayuntamiento de Cartagena no soluciona el problema de las caravanas de tráfico a la salida y entrada de La Manga con nueva regulación semafórica y mayor presencia policial.

La paradoja murciana / Patricio Hernández (*)

Uno de los efectos más significativos del estado de las autonomías es la constitución de esferas políticas regionales diferenciadas y con dinámicas propias, dotadas de gran estabilidad por cuanto el poder político, cualquiera que sea su signo, maneja bastante bien los resortes de control social que le permiten mantener su hegemonía por muy largos periodos. Murcia es un buen ejemplo de lo que decimos.

El último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (enero-marzo 2010) ha vuelto a dejar constancia de que el presidente Valcárcel goza de una salud electoral excepcional que lo coloca a la cabeza —inmediatamente detrás del presidente cántabro– de los presidentes mejor valorados, con un 55,5% de aprobación y sólo un 22,7% de ciudadanos que lo desaprueban.

Este hecho no es nuevo y se conocía por diferentes sondeos electorales que vienen señalando la posibilidad de que, después de quince años de gobierno con mayorías absolutas, el PP murciano rompa nuevamente su techo electoral y hunda aun más, —llegando ya a niveles de humillación— a su depauperado rival político más directo. Han de tener muy sólidos motivos los ciudadanos de la región, tenemos sin remedio que pensar, para estar tan satisfechos con su Gobierno autonómico. Pero estos últimos meses se han publicado también diversos y muy solventes estudios que contradicen los fundamentos de esta idea.

Según estos estudios la región de Murcia habría fracasado en los años del gobierno de Valcárcel y el PP en la consecución de nuestro gran objetivo colectivo de acercarnos a los promedios españolas en bienestar y calidad de vida, abandonando nuestra secular pertenencia a la España más atrasada. Es esta contradicción —un amplísimo respaldo político frente a una muy mediocre e incompetente gestión— la que nos permite hablar de ´la paradoja murciana´. Los datos económicos son incontestables.

Citando la literalidad de la última Memoria del Consejo Económico y Social (CES) comprobamos que «la economía murciana no ha podido converger al nivel de desarrollo medio español durante los años expansivos, incluso se ha alejado levemente, y la crisis económica amplía significativamente la divergencia». La renta per cápita murciana, dirá por su parte La Caixa en su reciente diagnostico económico de la región, «sigue encontrándose a una distancia similar a la brecha que la separaba del conjunto de España en 1995, 18 puntos porcentuales».

Valcárcel —aunque la responsabilidad no sea exclusiva de su Gobierno— nos habría conducido finalmente a donde empezó: una aguda crisis económica que esconde otras crisis (la del modelo de desarrollo, donde debemos incluir una crisis ambiental, y una fuerte crisis social) con altas tasas de paro, fuerte precarización social, graves desigualdades y extendida corrupción (que ha alcanzado las mayores cotas desde la recuperación de las libertades).

El paro ha terminado el periodo batiendo todas las marcas —según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2010, un 23,17% y 140.000 parados—, lo mismo que la temporalidad del empleo o la abultada economía irregular. Sin jugar al catastrofismo debemos reconocer que persisten también los datos muy negativos referidos al nivel relativo de los salarios y las pensiones, la productividad, etc.

Hemos fallado también en la lucha contra el fracaso escolar, desarrollamos mal la Ley de Dependencia, perseveramos en mantener tanto las desigualdades de género como los desequilibrios territoriales, vamos a la cola en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC) y la Sociedad del Conocimiento (somos una de las cuatro comunidades que no cumple ninguno de los objetivos de Lisboa, según el Informe E-España 2010 de la Fundación Orange), seguimos lejos de la inversión media española en I+D +i, no levanta cabeza la apuesta turística (ocupamos un triste puesto 13 en el más reciente estudio de competitividad turística de Exceltur), y —después del último ataque de modernidad transgresora— los indicadores culturales regionales nos siguen colocando invariablemente a la cola del país (Anuario de Estadísticas Culturales 2009).

Todo esto vendría a ser confirmado por el que podemos quizás considerar el más completo estudio sobre desarrollo regional español comparado, el Informe Desarrollo Humano en España 1980-2007 que acaba de hacer público Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y que coloca en 2007 a la región en el puesto tercero por la cola (tras Extremadura y Andalucía) en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) , que es el indicador sintético más completo que ha elaborado Naciones Unidas, ya que combina la esperanza de vida al nacer (salud) con la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación (educación), y con el PIB per cápita (bienestar material).

Aunque el IDH ha mejorado para todo el país en estos años, en relación con el nivel promedio español nuestra situación era en 2007 peor que en 1980, y lo razonable es pensar que ha empeorado aun más en estos últimos tres años.

Si añadimos a esto que las previsiones de crecimiento son negativas y peores que las nacionales (por ejemplo, las recientes de Hispalink para 2010), la sola enunciación de los objetivos de la nueva ´estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador´ para 2020 anunciados por la Comisión Europea (75% de los adultos entre 20 y 64 años empleados; 3% del PIB en I+D; reducción de las emisiones en un 30%; abandono escolar inferior al 10%, y al menos un 40% de la población más joven con estudios superiores completos, etc.) aparecen como remotos e inalcanzables para una región con el actual rumbo y ritmo de la nuestra.

La explicación de esta ´paradoja murciana´ hay que buscarla en la hegemonía mediática y social del discurso de la derecha, con sus componentes de populismo hidráulico y victimismo político, en la falta de una correcta información sobre nuestra situación entre los ciudadanos, en la percepción distorsionada que éstos tienen respecto de la atribución de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno según sus competencias, y en otros rasgos de nuestro subsistema político regional, empezando por la debilidad extrema y el autismo político de la principal fuerza de la oposición.

(*) Presidente del Foro Ciudadano, ex concejal del PSOE e IU, y funcionario municipal en Cartagena

CAM, sexta y penúltima oportunidad / Javier Cuartas *

Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) afronta mañana una cita trascendental con su propio futuro y con la estabilidad del sistema financiero español. El consejo de administración de la entidad alicantina, la cuarta caja española en tamaño hasta el reciente proceso de fusiones, volverá a debatir el lunes la aprobación o no del contrato de integración en el grupo de cajas que lidera Cajastur, y del que también forman parte Caja Extremadura y Caja Cantabria, tras haber rechazado el texto el pasado día 15.

Sometida a una fuerte presión y vigilancia por el Banco de España, que le emplaza a decir sí al proyecto con Cajastur, la entidad alicantina negocia «in extremis» una reformulación del artículo que establece el liderazgo ejecutivo y gestor en la caja asturiana para vencer las fortísimas reticencias que el texto suscita entre sus consejeros.

CAM llega a la reunión del lunes sometida a dos tensiones antagónicas muy fuertes. Una, interna, que le impulsa a rechazar la hegemonía asturiana y a no sucumbir al liderazgo rector de una entidad norteña que apenas representa la mitad de su tamaño, y otra, externa, que le emplaza a aceptarla para sortear la crisis económica y reforzar su solvencia en plena etapa de turbulencias.

Las resistencias internas fueron aplastantes en el consejo del día 15, cuando todos sus integrantes (incluido el presidente de CAM, Modesto Crespo, que se sumó al no, en contra de su criterio, para no quedar solo en el máximo órgano gestor de la entidad) rechazaron el texto propuesto.

Pero la presión del Banco de España, que en modo alguno ve factible que CAM continúe en solitario, y el temor a una eventual intervención futura por el supervisor financiero han motivado un cambio gradual de posición en algunos consejeros, sin que exista plena garantía de que el sí vaya a ganar el lunes. Las admoniciones del Banco de España, que en apenas una semana ha llamado al menos dos veces a consultas a la cúpula de CAM, han estrechado el ya escaso margen de maniobra de la caja mediterránea.

Para que el proyecto salga adelante se precisa al menos el respaldo de 11 de los 20 consejeros. Pero el no del día 15 al liderazgo ejecutivo de Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, fue tan rotundo que los sectores minoritarios de CAM más proclives a virar tratan ahora de apurar las horas que restan hasta la sesión del lunes para ganar adeptos al sí, sin saber con certeza cuál será la correlación definitiva de fuerzas. Al tiempo, se trata de consensuar una nueva redacción del artículo que regula los poderes del consejero delegado que permita disipar las suspicacias y temores que se fueron agigantando en las últimas semanas contra lo que se ha llegado a ver como una anexión pura y dura y la entrega de la segunda mayor caja de la Comunidad Valenciana y la tercera más relevante de todo el litoral mediterráneo a Cajastur.

El resultado de la prueba de esfuerzo y resistencia ante un hipotético escenario de empeoramiento de la crisis que difundió el viernes el Comité de Supervisores Financieros Europeos (CEBS) puede actuar como un argumento adicional a favor del sí.

El test evidencia que la fusión virtual de Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, sometida a un escenario de empeoramiento muy adverso de la economía, aún mantendrá una ratio de solvencia del 7,8%, 1,8 puntos por encima del 6% que se adoptó como nivel mínimo. Pero el grupo llega al 7,8% porque la aportación del FROB (1.493 millones) contribuye, según el CEBS, con 1,8 puntos. En caso contrario, la «fusión virtual» hubiese obtenido un aprobado raspado (6%), y ello merced al exceso de solvencia de Cajastur, que con un 12,7% de capital básico duplica los requerimientos, con un superávit de recursos propios de 860 millones. Sin estas dos aportaciones (la del FROB y la de Cajastur), el SIP se hubiera quedado por debajo de la cota mínima.

Todo ello son indicadores que apuntan a que el proyecto de fusión con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria puede ser una buena opción para la entidad alicantina, cuyo mayor problema no es tanto de solvencia como de liquidez. El propio consejo de CAM del día 15 expresó su inequívoca intención de seguir adelante con la integración, pero la resistencia a aceptar el liderazgo ejecutivo de Cajastur y los poderes del consejero delegado, Manuel Menéndez, colocaron el proyecto al borde del precipicio.

Para Cajastur no hay fusión posible si se intenta diluir, socavar o ningunear los poderes ejecutivos que le son inherentes a un consejero delegado. Cajastur se siente fuerte, además, en su exigencia en la medida en que a estas alturas ya es un secreto a voces que el Banco de España exige que Cajastur, y en especial Manuel Menéndez, lidere el que está llamado a ser el quinto grupo financiero del país y el tercero de mayor tamaño entre las cajas de ahorro. Una fuente que conoce las interioridades del Banco de España y el clima que se respira en el señorial edificio de la calle Alcalá, frente a Cibeles, aseguró: «Esta casa tiene plena confianza en Manuel Menéndez y en su gestión en Cajastur y debe ser quien dirija el proceso».

En contra de CAM juega también su tortuoso proceso de noviazgos abandonados. CAM ha estado intentando eludir, una tras otra, todas las alianzas que se le plantearon, mientras el Banco de España, inquieto por esa deriva, ha ido acrecentando sus indicaciones, cada vez más insistentes, para que tome una decisión de integración.

La alicantina CAM nunca vio con buenos ojos la fusión con la valenciana Bancaja, como se llegó a sopesar, porque existen muchas redundancias de red entre ambas y porque las dos entidades reproducen en sus órganos de gestión hegemonías muy distintas de dos sectores enfrentados del PP de la comunidad: los partidarios de Zaplana y los de Camps.

También CAM huyó de Caja Madrid, otra pareja que se le había propuesto y a cuya oferta sí se acabó rindiendo la valenciana Bancaja. La entidad alicantina vio en ello el abrazo del oso y se retrajo. Con Cajamurcia intentó dos veces una unión, pero en las dos fracasó por lo mismo que luego también rompió las conversaciones con BBK y por la misma causa que ahora dio un paso atrás con Cajastur.

CAM, consciente de su tamaño, de su presencia nacional e internacional, de su participación en el capital de tres bancos (dos españoles y uno marroquí), del poderío de sus 999 oficinas -repartidas por todas las comunidades autónomas-, de sus 7.000 empleados, de sus activos por valor de 75.532 millones y de ser la única caja que cotiza en Bolsa (lo hacen sus cuotas participativas), no asume que sus socios potenciales, todos ellos de menor tamaño, le exijan, como precio a la fusión, la renuncia a dirigir el grupo resultante.

Cajamurcia, BBK y Cajastur, mucho más solventes que CAM, aunque más pequeñas, exigieron en todos los casos la dirección del proyecto como condición ineludible para poner su solvencia al servicio de las necesidades coyunturales de la caja alicantina, cuyo raudo crecimiento en la época de bonanza se nutrió en una alta dosis de una elevada exposición al negocio inmobiliario que ahora es su principal debilidad.

Fuentes conocedoras del sentir del Banco de España aseguran que CAM ya ha desistido de demasiadas operaciones de fusión y que el tiempo se agota. Los miembros del consejo de la caja alicantina más temerosos de indisponer al supervisor temen que, de volver a rehusar CAM ahora la integración con Cajastur, Extremadura y Cantabria, se vea abocada a una fusión a muy corto plazo pero impuesta por el supervisor financiero y bajo la amenaza de intervención de la entidad en caso de resistencia. En el sector aún se recuerda la reconvención del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, cuando alertó de forma genérica que actuaría contra aquellas entidades que, precisando fusionarse, no lo hiciese en el plazo convenido.

Frente a la exigencia de la caja asturiana -que cuenta para ello con la anuencia de los dos otros dos socios y con el apoyo del Banco de España- de dirigir el futuro grupo, CAM y amplios sectores alicantinos han invocado la defensa de los valores e intereses provinciales desde una premisa humanamente comprensible: la dificultad de aceptar que una circunstancia crítica sobrevenida por el pinchazo de la «burbuja inmobiliaria» la vaya a obligar a renunciar a la soberanía plena sobre su propio proyecto financiero y la obligue a acatar la dirección de una entidad de mucho menor volumen, que hasta hace unas semanas ocupaba el vigésimo puesto en el «ranking» de cajas de ahorros españolas.

Pero en el sí o no de CAM a Cajastur España se juega más que la autoestima de una comunidad. Tras superar con éxito las pruebas de esfuerzo del comité europeo de supervisores, el sistema financiero español podría volver a quedar bajo sospecha y a expensas de la reacción de los mercados si CAM opta por romper no una fusión menor, sino la que iba a dar lugar al quinto grupo financiero nacional y al tercero de las cajas de ahorros españolas por tamaño. Y con la incertidumbre añadida en ese caso sobre el futuro inmediato de una entidad como CAM, con más de 75.000 millones de activos.

Éste el dilema en el que ahora se debaten los consejeros de CAM en su trascendental decisión del lunes: optar entre lo preferible y lo factible.

(*) Periodista económico asturiano y autor de 'Biografía de El Cortes Inglés'