martes, 27 de julio de 2010

El Gobierno descarta dar más tiempo a las CC.AA. para que devuelvan los anticipos a cuenta

MADRID.- El Gobierno ha rechazado la posibilidad de dar más tiempo a las comunidades autónomas para que devuelvan al Gobierno los anticipos a cuenta que recibieron en 2008 y 2009, tal y como pidieron algunas regiones durante la celebración del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Las comunidades adeudan un total de 5.700 millones de los anticipos recibidos en el año 2008 y casi 20.000 del año 2009, cantidades que tendrán que devolver en un periodo de cinco años, tras el acuerdo de uno de los CPFF del año pasado.

Salgado admitió que, durante el turno de ruegos y preguntas de la reunión algunas comunidades solicitaron al Gobierno que este tiempo se ampliara a diez años, petición que el Gobierno rechazó porque, a su parecer, "no hay razones para cambiar la Ley vigente".

En este sentido, la vicepresidenta económica recordó que la propuesta del año pasado, que ampliaba de cuatro a cinco años el periodo para hacer frente a los pagos, fue firmada y aprobada por todas las comunidades, que ya eran "perfectamente conscientes" de las dificultades presupuestarias.

Además, recordó que el periodo de cinco años ya está contemplado en el objetivo de estabilidad presupuestaria que ha planteado el Gobierno, por lo que no hay razones para cambiar la Ley por una petición que no ha sido general, sino que ha sido planteada por tres o cuatro comunidades.

Las CCAA apoyan la reducción del déficit

MADRID.- Las comunidades autónomas han apoyado unánimemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con la única abstención de Ceuta, la reducción del déficit hasta 1,3 por ciento el próximo año, aunque han pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas que garanticen el cumplimiento de este objetivo de estabilidad presupuestaria.

A la salida de la reunión, las comunidades del PSOE han reconocido la necesidad de realizar este esfuerzo adicional y han valorado el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado para que la economía española transmita confianza en los mercados internacionales, sobretodo habiendo sido posible su aprobación con todos los votos a favor.

Sin embargo, los consejeros de las comunidades 'populares', aunque han apoyado la medida, han criticado la falta de concreción del Gobierno y han censurado que el Ejecutivo no haya aprovechado el encuentro para trasladarles las entregas a cuenta del próximo año, con las que ya podrán elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, se ha comprometido a hacerles llegar estos datos antes del próximo jueves a las tres de la tarde.

Por su parte, el consejero Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha denunciado "el ejercicio de fariseismo" que ha tenido lugar en la reunión del Consejo, ya que "se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo", y ha criticado que el Gobierno haya convocado una reunión en la que "no se ha puesto ninguna medida sobre la mesa para concretar la necesaria toma de decisiones para controlar el gasto y el déficit público".

Dicho esto, ha evitado hacer comentarios sobre la proposición de la ministra, quien ha sugerido "hacer un seminario en noviembre". "Se ha aprobado un objetivo sin medios para cumplirlo y lo dice la única comunidad que tiene sus cuentas cuadradas, porque 16 de las 17 no las tienen, y el Estado tampoco", ha señalado Beteta.

En este sentido, el consejero canario de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, ha remarcado la necesidad de concretar "medidas de ajuste adicionales", a las planteadas por el Gobierno, "con modificaciones en la legislación básica". Sin embargo, según ha explicado, se ha encontrado igualmente con la negativa de la vicepresidenta segunda, quien le ha emplazado a plantear estas consideraciones en los foros sectoriales, considerando que el Consejo no era el lugar adecuado para discutir las mismas.

Respecto al límite máximo de endeudamiento de las comunidades, Soria ha pedido que el cálculo del mismo se realice en base al PIB bruto per capita, y no en relación al PIB bruto en su conjunto, porque "tomarlo en su conjunto supone partir de una posición de desventaja para algunas comunidades", y ha solicitado que se tenga en cuenta que "el endeudamiento medio en Canarias está muy por debajo del endeudamiento medio de otros territorios".

Además, ha reclamado al Ejecutivo que recupere el compromiso incumplido sobre los conceptos del extinto impuesto sobre el tráfico de empresas, por el cual el Gobierno debe compensar al territorio insular con 50 millones de euros. "Un compromiso incumplido, cuyas consecuencias han sido 50 millones menos de ingresos y un ahorro bruto negativo de 26 millones de euros. De esta manera, Canarias no ha podido incurrir en un déficit adicional del 0,25 por ciento para inversiones productivas en el 2010 y tendrá una menor previsión de ingresos", ha argumentado.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera gallega de Economía y Hacienda, Marta Fernández, quien ha afirmado que su comunidad, a pesar de haber vuelto a recibir una negativa ante la petición de aplazamiento de la devolución de los anticipos recibidos en base al sistema de financiación autonómica, "continuará solicitando esta operación, que ya no tiene ninguna consecuencia financiera para España como Estado miembro de la UE", y que resulta "una mera operación de caja".

La consejera de la Xunta ha afirmado que Galicia ha contado con el apoyo explícito de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, pero ha apuntado que, una vez más, la ministra les ha remitido al turno de ruegos y preguntas, en el que Salgado ha defendido que "esto forma parte de una ley, que ha ya ha sido debatida, que no tiene nada que ver con la ley orgánica, y que no está dispuesta a reabrir ese debate".

"Estamos realmente preocupados porque el escenario del 2009 hace pensar que esto sea una especie de círculo vicioso, porque se prevén unos ingresos superiores a los que corresponden a la estimación de crecimiento del conjunto de España, y se ha pedido un poco de prudencia, porque se ha demostrado una vez más que esto es una bomba financiera para las comunidades", ha subrayado.

El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, ha destacado que el compromiso de la comunidad con la estabilidad presupuestaria es "evidente", aunque ha censurado que el Ejecutivo ha incumplido "su compromiso" de llevar a la Conferencia las propuestas de manera que pudieran ser debatidas. "No ha sido así, las propuestas han brillado por su ausencia", ha resaltado.

De la misma manera, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha explicado que ha votado a favor por "responsabilidad" pero "haciendo un acto de fe". "En estos momentos hay que empujar todos en la misma dirección para que España cumpla con los requisitos de Bruselas", ha destacado Del Olmo.

Por su parte, la consejera de Hacienda de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que su voto ha sido un "sí crítico", ya que el objetivo de la comunidad era que el déficit fuera "individualizado" para cada región porque Andalucía tiene un endeudamiento dos puntos por debajo de la media y "siempre ha cumplido" con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

También ha mostrado sus reticencias a este compromiso el conseller de Hacienda de Cataluña, Antoni Castells, quien ha insistido en la necesidad de tomar "medidas adicionales" para lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que éste es "muy ambicioso". A su juicio, se deberán adoptar "medidas que tengan un impacto financiero relevante" para pasar del 2,4 por ciento de déficit al 1,3 por ciento aprobado.

Para el consejero aragonés, Alberto Larraz, lo importante del encuentro es que el acuerdo ha sido apoyado por todas las autonomías más allá de las críticas puntuales, lo que, a su juicio, ofrece una sensación de "confianza" a los mercados. "Es bueno que se siga manteniendo la unanimidad aunque haya pequeñas críticas", ha insistido.

Larraz ha recordado que nunca las CCAA han tenido límites de déficit diferentes y ha apuntado que, para cumplir con esa reclamación de algunas autonomías, sería necesario poner en marcha un proceso de negociación similar al de la financiación autonómica.

En este punto ha coincidido el responsable de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, quien también ha defendido que lo más importante es la unanimidad alcanzada más allá de las posiciones críticas. "Luego ha habido diferentes reflexiones de los consejeros que hay que abordar en el futuro con más tranquilidad", ha explicado.

También se ha referido a la petición de aplazar la devolución de las entregas a cuenta, algo con lo que, según ha reconocido, todas las comunidades estarían "encantadas". En este sentido se ha manifestado el consejero de Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha reconocido que estas devoluciones podrían generar un problema de tesorería.

Por su parte, el conseller de Economía y Hacienda de Baleares, Carles Manera, ha asegurado que la comunidad trabajará "igual que todas" las autonomías con el techo de déficit del 1,3 por ciento del PIB regional en el diseño de sus cuentas públicas en 2011.

Las comunidades podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013

MADRID.- El Consejo de Política ha aprobado los objetivos de estabilidad de cada comunidad autónoma, que podrán incurrir en un déficit del 1,3% en 2011 y 2012 y del 1,1% en 2013, según informó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

Si a dicha senda de consolidación se le incorpora el efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómica el déficit máximo en 2011 pasaría a ser del 3,3% del PIB.

Salgado aseguró que los objetivos han sido aceptados por unanimidad y que, durante el encuentro, diversas comunidades han manifestado su compromiso a la hora de cumplir con la senda de consolidación fiscal poniendo "todo de su parte" para conseguirlo.

"Ese resultado es muy satisfactorio", señaló la vicepresidenta económica, quien adelantó que el Gobierno y las comunidades celebrarán una nueva reunión en el mes de noviembre para comentar las nuevas medidas que se aprueben en Europa.

En este sentido, Salgado se refirió a las conclusiones del grupo de trabajo creado por el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, que apuntan a la mejora de la coordinación y a una nueva forma de presentar los Presupuestos.

Según Salgado, la reunión ha transcendido en un "buen ambiente" y se ha convertido en una "discusión serena y rica en contenidos".

Los objetivos de estabilidad fijados están condicionados a que las comunidades autónomas presenten o actualicen sus preceptivos planes económico financieros de reequilibrio y a que las medidas incluidas en éstos sean declaradas idóneas por el CPFF.

En el caso de que alguna comunidad no cumpliera este requisito, su objetivo de estabilidad presupuestaria se ajustaría a los límites de déficit estipulados en la ley: el 0,75% del PIB regional en 2011 y equilibrio presupuestario en los ejercicios 2012 y 2013.

Dada la necesidad de garantizar el "estricto cumplimiento" de la senda de consolidación fiscal hasta 2013, los importes máximos contemplados en la propuesta aprobada hoy no podrán verse superados por el déficit excepcional derivado de los programas de inversiones productivas, lo que se tendrá en cuenta a la hora de actualizar dichos programas.

Sobre la posibilidad de que alguna comunidad pueda registrar un déficit superior al 1,3% por sus necesidades de financiación, Salgado explicó que esta posibilidad existe, aunque para que sea posible es necesario que otra comunidad registre un déficit un poco inferior que lo compense.

En este sentido, aseguró que ninguna comunidad se ha ofrecido a registrar un déficit menor al 1,3% , tal y como suele pasar en otras ocasiones, al tiempo que resaltó la importancia de cumplir con el objetivo de déficit general, sobre todo un año en el que España atraviesa un procedimiento de déficit excesivo.

Preguntada por las peticiones que hicieron algunas comunidades sobre la necesidad de que el Gobierno adopte más medidas para reducir el déficit, Salgado recordó que las últimas iniciativas ya afectaban a todas las regiones, como la rebaja salarial de los funcionarios o la disminución del gasto farmacéutico.

En este sentido, aprovechó para criticar al Partido Popular por pedir más medidas al Gobierno y no apoyarlas cuando llegan al Parlamento. "Un poco de coherencia", pidió al principal partido de la oposición.

Aún así, recordó que los consejos territoriales siguen trabajando en medidas que permitan mejorar la eficacia del gasto, que es dónde se tienen que discutir estos asuntos y no en el CPFF. "Las propuestas que lleguen desde ahí serán bien recibidas y espero que, si llega el caso, votadas por el PP", indicó.

Por otro lado, Salgado también informó al CPFF del techo de gasto aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que asciende a 122.256 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,7% en comparación con el año anterior.

CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria firman el contrato de integración

MADRID.- Los presidentes de Caja Extremadura, CAM, Cajastur y Caja Cantabria han rubricado el contrato de integración que dará lugar al quinto grupo financiero del país, han informado las entidades en un comunicado.

Los presidentes de las cuatro entidades han manifestado su "satisfacción" por participar en un proyecto que supondrá la creación del tercer grupo español de cajas de ahorros. El acto de signatura ha tenido lugar esta misma tarde en Madrid.

Añade el comunicado que la firma del contrato de integración supone la creación de "una nueva estructura que combina solvencia, eficiencia y flexibilidad con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros, un volumen de negocio en torno a los 160.000 millones, un ratio de solvencia de 12,1% y un Tier 1 del 9,3% a cierre de 2009, lo que garantiza la fortaleza del proyecto".

La Comunidad Autónoma reconoce la quiebra virtual de la mayoría de ayuntamientos murcianos

MURCIA.- La Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) ha acordado este martes, por unanimidad, que el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, remita una carta esta misma semana al vicepresidente tercero del Gobierno de la nación, Manuel Chaves, solicitándole una reunión "urgente" al objeto de que la Comunidad pueda actuar de aval y los 45 ayuntamientos de la Región dispongan de una línea de crédito de hasta 300 millones a partir de 2011 con el fin de que puedan hacer frente a los gastos corrientes.

Así lo han anunciado, al término de la reunión de la Comisión de la FMRM, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, María Pedro Reverte; y el alcalde de Murcia y presidente de la FMRM, Miguel Ángel Cámara, en una rueda de prensa a la que también asistió la primer edil de Cartagena, Pilar Barreiro.

Y es que, la propuesta del jefe del Ejecutivo regional de actuar de aval para que los ayuntamientos dispongan de esta línea de crédito tiene que salvar una dificultad derivada del Real Decreto que aprobó el Gobierno de la Nación, mediante el cual se prohíbe a las entidades locales acudir a créditos para financiar inversiones a partir del 1 de enero de 2011.

Por tanto, el objetivo de esta reunión "urgente es impulsar las modificaciones legislativas precisas que permitan que las CCAA concedan avales crediticios que alivien la situación de asfixia financiera de los ayuntamientos".

Esta medida es una de las incluidas en el Plan de Rescate para los 45 ayuntamientos murcianos que anunció el presidente Valcárcel en el Debate sobre el Estado de la Región y que, aunque "no es la solución definitiva que requieren los consistorios, que es que se aborde de una vez por todas la financiación local por parte del Estado, pues se pretende que se les dé estabilidad a largo plazo", ha incidido Reverte.

Dicho plan de rescate es "a la carta" atendiendo a la situación financiera particular de cada municipio; en definitiva, ha manifestado la portavoz del Ejecutivo regional, "una ayuda adicional y un paso más que se dará desde dicho Gobierno, ya que la situación de los 45 ayuntamientos no es la misma".

De esta forma, ha adelantado que se mantendrá reuniones bilaterales de la Comunidad con cada ayuntamiento al objeto de que los planes sean individualizados.

Así, la Comunidad asesorará a los ayuntamientos para reducir sus gastos, reduciendo costes en sus facturas de proveedores, luz y agua, y en cualquier otro tipo de ahorro. Se trata de que los ayuntamientos hagan sus propios planes de ahorro financiero y tengan mayores recursos.

Como ejemplo orientativo, los municipios cuya población supera los 50.000 habitantes podrían disponer de hasta 15 millones de euros cada uno, en función de las necesidades económicas que precisen, según Reverte.

Otra de las medidas que se incluyen en el referido plan es la de fijar un fondo "incondicionado" para los ayuntamientos de los presupuestos correspondientes a la Consejería de Presidencia, que contemplan algo más de 100 millones de euros al año.

Y es que, actualmente los ayuntamientos reciben de la Comunidad fondos por dos vías: del capítulo 4, para gasto corriente; y del capítulo 7, para gastos de inversión; de tal forma que "las cantidades que les lleguen por esos capítulos de gasto exclusivamente se pueden gastar para esa finalidad".

Sin embargo, lo que se hará respecto al presupuesto correspondiente al ejercicio de 2011 será "incondicionar esos fondos, para que el Ayuntamiento sea el que decida si lo destina a inversión o a sus propios gastos corrientes".

En segundo lugar, del dinero que los ayuntamientos reciben de otras consejerías se analizará qué parte de ese importe podrán recibir de forma incondicionada. Así, Reverte ha indicado que "se está en negociación con los distintos departamentos para que los consistorios puedan utilizar ese dinero y hagan frente a la deuda que tienen con los proveedores y para lo que decidan".

La creación de este fondo incondicionado se suma a otras medidas facilitadas por el Gobierno regional ya en vigor, como el incremento de la dotación destinada a gasto corriente de los ayuntamientos --que se ha duplicado con respecto a 2009-- y la eliminación de la cofinanciación municipal en determinadas actuaciones, de tal modo que obras subvencionadas por la Comunidad no tengan que contar también con fondos locales.

Por último, el alcalde de Murcia ha criticado que "en momentos donde los ayuntamientos ven como el Gobierno de la nación nos va dejando de lado, en los dos últimos ejercicios se ha registrado un 20 por ciento menos de transferencias corrientes a éstos".

Es decir, ha puntualizado, se habla de que en 2009 y este año "los ayuntamiento en el conjunto nacional han recibido 6.000 millones de euros menos en comparación con el ejercicio de 2008", por lo que no ha dudado en afirmar que "es un Gobierno que no está ni se le espera a la hora de echar una mano a los ayuntamientos".

Por contra, ha subrayado el también presidente de la FMRM, el presidente Valcárcel, a través de la Consejería de Presidencia, "pone encima de la mesa una línea especial de financiación y de crédito para posibilitar que los ayuntamientos hagan frente a sus obligaciones".

Jódar sólo ofrecerá bonificaciones fiscales a empresas chinas en Lorca

LORCA.- El portavoz de Asuntos Económicos y concejal del PSOE, Isidro Abellán, ha lamentado que el PP sólo vaya a aplicar bonificaciones fiscales a las empresas chinas. Y es que ayer el Grupo Municipal Popular rechazó en el Pleno la moción en la que los socialistas pedían que dichas facilidades se hicieran extensivas a todas las empresas de similar volumen que pretendan implantarse en el municipio.

En la misma moción el PP también rechazó la realización de un estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de la implantación de la Zona Especial de Inversiones Chinas en el municipio.

Durante la reciente visita de un grupo de empresarios chinos al municipio, el Alcalde, Francisco Jódar, hizo público un acuerdo suscrito con éstos por el que el Ayuntamiento se compromete a establecer políticas preferentes para las empresas de la Zona, tales como bonificaciones de hasta un 75% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Además, y en relación con la Zona Especial de Inversiones Chinas cuya construcción está prevista en la finca El Churtal (La Tova), el consistorio se obliga a prestar asistencia técnica y mediación en lo relacionado con la seguridad pública, permisos de residencia y visados.

Jódar también se ha comprometido a la creación de una zona de libre comercio, a facilitar que los Bancos Chinos puedan abrir sucursales y marcas y a que las empresas de la Zona puedan disfrutar de las políticas preferenciales y subsidios aprobados por el Gobierno de España.

Para Abellán es “inconcebible” que Jódar no esté dispuesto a ser tan “complaciente” con otras empresas de similar o mayor envergadura de nacionalidad distinta a la china. A modo de ejemplo, resaltó que el alcalde del PP niega a los ganaderos lorquinos que promueven el matadero municipal lo que sí está dispuesto a brindar a los empresarios asiáticos.

Recordó que el futuro matadero supramunicipal supondrá una inversión de 40 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo. Sin embargo, el PP ha rechazado cualquier tipo de bonificación fiscal a esta sociedad mientras que se ha comprometido a reducir en un 15% el ICIO y el IAE a empresas chinas que tengan prevista una inversión de sólo tres millones de euros.

Para el portavoz de Asuntos Económicos del PSOE la actitud del primer edil es “inverosímil”, “insultante” y constituye toda una “provocación” para las empresas locales. Abellán aseguró que “Jódar debe ser el único Alcalde de España que pone los intereses de empresas extranjeras por encima de los emprendedores de su propio municipio”.

Abellán censuró duramente que el alcalde del PP no sea capaz de defender a los empresarios locales, al tiempo que aseguró que Jódar “no sabe lo que hace” y advirtió que el “favoritismo” del primer edil por empresas de una determinada nacionalidad puede conllevar consecuencias “nefastas” e “irreversibles” para el tejido empresarial del municipio.

El PP impide que Ballesta dé explicaciones en la Asamblea sobre la caída de la inversión pública del Gobierno regional y sobre Ryanair

CARTAGENA.- El PP ha impedido con su mayoría en la Diputación Permanente que el consejero de Obras Públicas, José Ballesta dé explicaciones en la Asamblea sobre la caída de la inversión pública del Gobierno regional y sobre la reducción de rutas en San Javier de la empresa Ryanair, tal y como había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista.

La diputada regional Teresa Rosique señaló que el PP ha demostrado, una vez más, que no actúa por intereses regionales sino sólo por estrategias partidistas. “Sí al PP le preocupara realmente el recorte de inversiones y la pérdida de puestos de trabajo, habría aceptado que el consejero de Obras Públicas compareciera también en la Asamblea para hablar de la caída estrepitosa de las inversiones del Gobierno regional, además de los recortes anunciados por el Ministerio”.

Desde 2008, sumando la caída de la licitación y la de las inversiones se han dejado de contratar, más de 500 millones de euros en obra pública en la Región de Murcia y se han perdido, como consecuencia de esto, 20.000 empleos. Sin embargo, el PP no considera urgente ni necesario que el Gobierno regional dé explicaciones por ello.

El Partido Popular tampoco ha aceptado que el consejero hable en el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo jueves, de las consecuencias que para el turismo regional va a tener el anuncio hecho por la empresa Ryanair, de suprimir siete rutas, 76 vuelos y alrededor de 120.000 turistas, lo que según la empresa, se traduce en una pérdida de alrededor de 60 millones de euros para la Comunidad autónoma.

“Este tema tampoco preocupa al PP, que sólo está interesado en aquellos temas que puede utilizar para desgastar y arremeter contra el Gobierno de España”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado en la Diputación Permanente estar de acuerdo con la comparecencia del consejero, José Ballesta, en un Pleno extraordinario para dar explicaciones sobre los recortes anunciados por el Ministerio, siempre y cuando, en dicho Pleno el consejero, igualmente, diera explicaciones sobre lo sucedido con Ryanair y la caída imparable de las inversiones públicas del Gobierno regional, lo que no ha sido aceptado por el Grupo Parlamentario Popular.

“Nuestro grupo parlamentario no tiene ningún problema con las explicaciones que el consejero pueda dar en la Asamblea sobre los anuncios hechos por Fomento y recuerda que el Ministerio ha escuchado a la sociedad murciana, ha dado la cara y ha garantizado que, a pesar de la crisis, el AVE llegará a la Región en 2014, tal y como había prometido el Gobierno de España; algo que acaba con la manipulación orquestada desde el PP”.

lunes, 26 de julio de 2010

La crisis, una estafa detrás de otra / Juan Torres *

La Real Academia Española de la Lengua define de dos modos el verbo estafar. Como pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Y en sentido jurídico, como cometer alguno de los delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio.

1.- Por eso yo creo que el término de estafa es lo que mejor describe lo que han hecho continuadamente los bancos,los grandes especuladores y la inmensa mayoría de los líderes y las autoridades mundiales antes y durante la crisis que padecemos. Los Estados le dieron a los bancos privados el privilegio de crear dinero emitiendo deuda con la excusa de que eso era necesario para financiar la actividad de las empresas y los consumidores. Pero en los últimos treinta años, la banca internacional multiplicó la deuda para financiar los mercados especulativos y para ganar dinero simplementecomprando y vendiendo más dinero, y no para financiar a la economía productiva. Esta es la primera estafa.

2.- Para disponer de recursos adicionales a los que le depositaban sus clientes, la banca ideó formas de vender los contratos de deuda y los difundió por todo el sistema financiero internacional. Pero al hacerlo, ocultaba que millones de esos contratos no tenían las garantías mínimas y que al menor problema perderían todo su valor, como efectivamente ocurrió. Actuando de esa forma y tratando de elevar cada vez más la rentabilidad de sus operaciones, la banca fue asumiendo un riesgo cada vez mayor que ocultaba a sus clientes y a las autoridades y que transmitía al conjunto de la economía. Esta es la segunda estafa.

3.-- Para llevar a cabo esas estafas, la banca recurrió a las agencias de calificación que actuaron como suscómplices corruptos engañando sistemáticamente a clientes y autoridades indicando que la calidad de esos productos financieros era buena cuando en realidad sabían que no era así y que, por el contrario, se estaba difundiendo un riesgo elevadísimo porque eran, como se demostró más adelante, pura basura financiera. Esta es la tercera estafa.

4.- Los grandes financieros consiguieron que los bancos centrales fueran declarados autoridades independientes de los gobiernos con la excusa de que éstos podían utilizarlos a su antojo y de que así era mejor para lograr que no subieran sus precios. Sin embargo, lo que ocurrió fue que con ese estatuto de "independientes" los bancos centrales se pusieron al servicio de los bancos privados y de los especuladores, mirando a otro lado ante sus desmanes. Y así, en lugar de combatir la inflación permitieron que se diera la subida de precios de la vivienda quizá más alta de toda la historia y constantes burbujas especulativas en numerosos mercados. Y lejos de conseguir la estabilidad financiera lo cierto fue que durante su mandato "independiente" también hubo el mayor número de crisis financieras de toda la historia. Esta es la cuarta estafa.

5.- Para generar fondos suficientes para invertir en los mercados especulativos cada vez más rentables, los bancos y grandes financieros lograron, con la excusa de que eso era lo conveniente para luchar contra la inflación, que los gobiernos llevaran a cabo políticas que redujeran los salarios y aumentaran así los beneficios de dichos bancos (que en su mayor parte van a Ahorro en lugar de al Consumo como le pasa a los salarios),y la progresiva privatización de las pensiones y de los servicios públicos. Esta es la quinta estafa.

6,- Cuando el riesgo acumulado de esa forma estalló y se desencadenó la crisis, los bancos y los poderosos lograron que los gobiernos, en lugar de dejar caer a los bancos irresponsables, de encarcelar a sus directivos y a los de las agencias de calificación que provocaron la crisis, por lo contrario, les dieran o prestaran a bajísimo interés varios billones de dólares y euros de ayudas con la excusa de que así volverían enseguida a financiar a la economía. Pero en lugar de hacer esto último los bancos y grandes financieros usaron esos recursos públicos para sanear sus cuentas, para volver a tener enseguida beneficios o para especular en mercados como el del petróleo o el alimentario, provocando nuevos problemas o que en 2009 hubiera 100 millones de personas hambrientas más que en 2008. Esta es la sexta estafa.

7.- Los gobiernos tuvieron que gastar cientos de miles de millones de dólares o euros para evitar que la economía se colapsara y para ayudar a la banca. Como consecuencia de ello tuvieron que endeudarse. Como los bancos centrales están dominados por ideas liberales profundamente equivocadas y al servicio de la banca privada, no financiaron adecuadamente a los gobiernos, como sí habían hecho con los bancos privados, y eso hizo que tuvieran que ser los bancos privados quienes financiaran su deuda. Así, éstos últimos recibían dinero al 1% de los bancos centrales y lo colocan en la deuda pública al 3, al 4 o incluso al 8 o 10% Esta es la séptima estafa.

8.- Como los bancos y grandes financieros no se quedaron contentos con ese negocio impresionante, se dedicaron apropagar rumores sobre la situación de los países que se habían tenido que endeudar por su culpa. Eso fue lo que hizo que los gobiernos tuvieran que emitir la deuda más cara, aumentando así el beneficio de los especuladores y poniendo en grandes dificultades a las economías nacionales. Esta es la octava estafa.

9.- Los gobiernos quedaron así atados de pies y manos ante los bancos y los grandes fondos de inversión y, gracias a su poder en los organismos internacionales, en los medios de comunicación y en las propias instituciones políticas como la Unión Europea, han aprovechado la ocasión para imponer medidas que a medio y largo plazo les permitan obtener beneficios todavía mayores y más fácilmente: reducción del gasto público para fomentar los negocios privados,reformas laborales para disminuir el poder de negociación de los trabajadores y sus salarios,privatización de las pensiones, etc... Afirman que así se combate la crisis pero en realidad lo que van a producir es todo lo contrario porque es inevitable que con esas medidas caiga aún más la actividad económica y el empleo porque lo que hacen es disminuir el gasto productivo y "el combustible" que los sostiene. Esta es la novena estafa.

10.- Desde que la crisis se mostró con todo su peligro y extensión, las autoridades e incluso los líderes conservadores anunciaron que estaban completamente decididos a poner fin a las irresponsabilidades de la banca y al descontrol que la había provocado, que acabarían con el secreto bancario, con los paraísos fiscales y con ladesregulación que viene permitiendo que los financieros hagan cualquier cosa y que acumulen riesgo sin límite con tal de ganar dinero... Pero lo cierto es que no han tomado ni una sola medida, ni una sola, en esa dirección. Esta es la décima estafa.

11.- Mientras está pasando todo esto, los gobiernos, esclavos o cómplices de los poderes financieros, no han parado de - exigirle esfuerzos y sacrificios a la ciudadanía. - mientras que a los ricos y a los bancos y financieros que provocaron la crisis no les han dado sino ayudasconstantes y todo tipo de facilidades para que sigan haciendo exactamente lo mismo que la provocó. Gracias a ello, éstos últimos están obteniendo de nuevo cientos de miles de millones de euros de beneficiosmientras que cae la renta de los trabajadores, de los jubilados o de los pequeños y medianos empresarios. Esta es la undécima estafa.

12.- Mientras que constantemente vemos que los presidentes de gobiernos reciben instrucciones del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de calificación, de los banqueros o de la gran patronal, la ciudadanía no puede expresarse y se le dice que todo lo que está ocurriendo es inexorable, y que lo que ellos hacen es lo único que se puede hacer para salir de atolladero. Esta es la duodécima estafa.

13.- Finalmente, se quiere hacer creer a la gente que la situación de crisis en la que estamos es el resultado de un simple o momentáneo mal funcionamiento de las estructuras financieras o incluso económicas y que se podrá salir de ella haciendo unas cuantas reformas laborales o financieras. Nos engañan porque en realidad vivimos desde hace decenios en medio de una convulsión social permanente que afecta a todo el sistema social. La verdad es que cada vez hay un mayor número de seres humanos hambrientos y más diferencias entre los auténticamente ricos y los pobres, que se acelera la destrucción del planeta, que los medios de comunicación están cada vez en propiedad de menos personas, que la democracia existente apenas deja que la ciudadanía se pronuncie o influya sobre los asuntos más decisivos que le afectan y que lospoderosos se empeñan en imponer los valores del individualismo y la violencia a toda la humanidad. Esta es la decimotercera estafa.

Lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo a lo largo es la crisis es esto: una sucesión de estafas y por eso no se podrá salir de ella - hasta que la ciudadanía no se imponga a los estafadores impidiendo que sigan engañándola, - hasta que no les obligue a dar cuentas de sus fechorías financieras y - hasta que no evite definitivamente que sigan comportándose como hasta ahora.

(*) Catedrático de la Universidad de Málaga

Familiares de víctimas del Yak piden la declaración de 46 testigos para esclarecer la contratación

MADRID.- Familiares de víctimas del accidente del Yak-42 -que costó la vida a 62 militares españoles en Trazbon (Turquía) en mayo de 2003- representadas por la abogada María Ángeles López, han presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska solicitando la declaración de un total de 46 personas para esclarecer las posibles negligencias en la contratación de la aeronave.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 mantiene abierto este procedimiento, cuyos dos principales imputados son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas"; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera "responsable de la contratación" del aparato.

En un escrito de 45 folios, los familiares de dos comandantes fallecidos en el accidente solicitan la declaración de un total de 22 militares españoles en calidad de testigos.

Entiende esta parte que el testimonio de todos ellos servirá para acreditar "la dejación de funciones de control y vigilancia de la contratación, aviones y vuelos de tropas a Afganistán e Irak entre 2002 y 2003", en especial del vuelo UKM 4230, "que carecía como el resto de cualquier tipo de control por parte de la Defensa o la contratista Chapman Freebrorn", un hecho que terminó con el luctuoso acontecimiento.

Entre las testificales, solicitan un careo entre el que fuera Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004, Alejandre Sintes, y el JEMAD entre 2004 y 2008 Félix Sánz Roldán, con el fin de aclarar si llegó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, la queja remitida por el teniente coronel del CISET Javier Marino.

El primero ya declaró en la Audiencia Nacional que no tenía constancia de que el escrito llegara a Trillo, mientras que el segundo indicó también en sede judicial que la queja fue cursada con toda seguridad al ministro.

Igualmente, esta parte solicita la comparecencia en la Audiencia Nacional de 15 civiles también en calidad de testigos, entre ellos varias personas que volaron antes del accidente con las tropas destino a Afganistán en aviones ex soviéticos, así como intervinientes en el contrato de los vuelos.

Interesan también la declaración de militares chilenos e italianos testigos de los últimos momentos con vida de los 62 fallecidos. Estos testigos coincidieron con los militares durante la última escala que éstos hicieron en la base aérea militar de Manás (Kirguizistán), y según esta parte son testigos de llamadas a España para solicitar un cambio de avión o la espera de un día para emprender el regreso.

Además, las familias piden al juez que requiera hasta una treintena de documentos a los ministerios de Defensa y Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia, a las empresas Iberia Air Europa, RTVE, Cadena Ser, Cope, Onda Cero y al Juzgado de Zaragoza que llevó la vía civil del caso.

El instructor de caso, Fernando Grande-Marlaska, también mantiene imputados en esta causa al jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

El pasado mes de marzo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó realizar nuevas imputaciones, al considerar que el vuelo era responsabilidad de la agencia de la OTAN Namsa y no de las autoridades militares españolas.

El tribunal rechazaba de esta forma el recurso de apelación presentado por la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y otro grupo de víctimas contra un auto en el que el instructor del caso, Fernando Grande-Marlaska, rechazaba la imputación de once altos cargos y militares.

En su auto, el tribunal sostenía "las alegadas malas condiciones" en que se habría realizado el vuelo del Yak-42 "no eran responsabilidad directa de las autoridades militares españolas", que "cedieron" a la agencia Namsa "la provisión de servicios de transporte para las fuerzas españolas", y que las distintas subcontratas, gestionadas por la multinacional Chapman Freeborn, "resultan igualmente ajenas al ámbito penal".

También indicaba la Sala de lo Penal que las quejas presentadas por los militares que habían tomado vuelos de aviones procedentes de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética "no afectan a un problema de seguridad, sino que más bien apuntan a un defectuoso cumplimiento de las condiciones" del acuerdo que el Ministerio de Defensa firmó con la OTAN.

El ingeniero lorquino Francisco Ros 'pecó de cierto triunfalismo' en su cargo

MADRID.- Aetic aplaude la elección de Bernardo Lorenzo Almendros como nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en sustitución del ingeniero lorquino Francisco Ros, y destaca su "cualificado" perfil profesional, así como su "alto conocimiento" del oficio.

El presidente de la Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (Aetic), Jesús Banegas, indicó hoy que el hecho de que el Gobierno haya priorizado el currículum del nuevo cargo por encima de otras cuestiones políticas transmite tranquilidad y confianza en el sector.

"Bernardo Lorenzo es la quintaesencia del funcionario de Estado que aúna un excelente nivel profesional y un alto conocimiento del oficio", indicó Banegas, quien recordó que, en cualquier caso, la elección de Lorenzo, que desde abril de 2008 era director general de Telecomunicaciones, es una decisión que compete al Gobierno.

Respecto a Francisco Ros, que ocupaba el cargo hasta el pasado viernes, Banegas valoró su labor al frente de la Secretaria de Estado, en la que ha tenido que lidiar con una "etapa brillante", derivada del Plan Avanza 1, y con un periodo más "complicado" debido a la segunda edición de dicho programa, que cuenta con un presupuesto más bajo.

"Su labor ha sido francamente buena, y a nivel europeo cuenta con un gran reconocimiento, que ha redundado en un mayor prestigio para el sector en España", manifestó el presidente de la patronal TIC.

Para Banegas "la única pega" de Ros al frente de la Secretaría de Estado ha sido la de ahondar en el aspecto positivo de los logros alcanzados e incidir "mucho menos" en las limitaciones. "Se le puede acusar de cierto triunfalismo en sus intervenciones públicas", añadió.

La CAM da luz verde a la 'fusión fría' con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria

ALICANTE.- El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha dado luz verde a la 'fusión fría' o Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, sólo con el voto en contra de los representantes de los sindicatos, que daría lugar a la tercera caja del país, según una comunicación de la CAM a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El organismo que preside Modesto Crespo ha acordado su incorporación al contrato de integración de aclaraciones que posibilitan que el banco resultante sea gestionado conforme a prácticas de buen gobierno, ha indicado la CAM en un comunicado.

El Consejo de Administración de la caja valenciana ha alcanzado este acuerdo tras valorar las ventajas que la constitución de uno de los grupos de cajas de ahorros con mayor fortaleza y proyección de España supondrá tanto para los clientes, como los empleados y la sociedad en general.

De hecho, la SIP dará lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

Tras esta decisión del Consejo de Administración, el equipo directivo de la CAM dijo estar "muy satisfecho" por la culminación de este proceso "que permite a la entidad alicantina formar parte de uno de los SIP más potentes del mercado financiero español".

"El buen hacer y la flexibilidad de las cajas participantes han posibilitado un acuerdo propio de una entidad moderna, fuerte, solvente y bien posicionada para competir en el actual contexto financiero, y que está llamada a liderar el sector", indicaron desde la dirección de la caja.

Por su parte, Modesto Crespo dijo estar "muy satisfechos" con el acuerdo alcanzado y recordó nuevamente que se convertirán "en el tercer grupo de cajas de este país".

El Banco de España convocó el pasado día 16 una reunión de urgencia para abordar este SIP y dio de plazo hasta el martes para tratar de reconducir la situación después de que el día anterior el consejo de administración de la CAM aceptara la 'fusión fría' pero no ciertos aspectos relativos al Gobierno corporativo.

En concreto, la caja valenciana se negó a aceptar la delegación de funciones en el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, que ocuparía el cargo de consejero delegado del SIP. En este sentido, el consejo de la caja reafirmó la necesidad de que la soberanía que ceden las cajas "la reciba y administre el Consejo de Administración del banco y, a través de éste, el Consejero Delegado".

Por su parte, Cajastur respondió a la CAM que el contrato de integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) entre ambas cajas, Caja Extremadura y Caja Cantabria se debe aceptar en todos sus términos o se rechaza.

Tras estas discrepancias sobre el modelo de gobierno corporativo, el acuerdo alcanzado permite la 'fusión fría' que la CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron crear el pasado 24 de mayo para dar lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

El presidente de Caja de Extremadura, Víctor Bravo, ha calificado hoy de "estupendo" que el consejo de la CAM se haya decidido a favor del SIP, que también acogerá a Cajastur y Caja Cantabria.

Por otra parte, el Consejo de Administración de la caja murciano-alicantina conoció los resultados del primer semestre del año, que la CAM cerró con un resultado atribuido al grupo de 103,5 millones de euros, un 18,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, tras destinar 495 millones de euros mejorar las coberturas de activos vía provisiones, según ha informado la entidad.

El margen de interés del negocio alcanzó los 474 millones de euros, situándose en niveles previos al inicio de la crisis. En este sentido, la CAM ha subrayado que lo "excepcional" que resultó 2009, en el que el índice aumentó un 46% interanual por efecto de la evolución de los tipos de interés.

El organismo que preside Modesto Crespo mejoró en 0,1 puntos porcentuales su coeficiente de solvencia, que se sitúa en el 11,5% y que supone un exceso de capital sobre requerimientos mínimos de 1.790 millones de euros, un 44%. Durante este semestre, la CAM fortaleció también su estructura de solvencia con un Tier 1 del 9,2%, 0,2 puntos porcentuales por encima de junio de 2009.

Además, durante estos primeros seis meses del año, la entidad siguió manteniendo niveles de morosidad y de cobertura que mejoran la media sectorial. De este modo, el índice de morosidad se sitúa en el 4,6%, un punto porcentual por debajo de junio de 2009 y 0,5 puntos porcentuales mejor que la media del sector de cajas, mientras que el ratio de cobertura se eleva al 81%, 26 puntos mejor que hace un año.

En el capítulo de liquidez, las reservas de CAM le permiten cubrir los vencimientos de deuda de los próximos cuatro años, ya que en lo que resta de 2010 CAM no tiene ningún vencimiento pendiente.

Por otra parte, CAM ha reducido en 2.900 millones de euros la financiación recibida del Banco Central Europeo (BCE) hasta alcanzar la cifra de 2.518 millones en junio de 2010. En Caja Mediterráneo, la financiación del BCE supone un 3,5% sobre el total de activos, frente al 4,1% de media de las cajas y el 5,2% de media de los bancos.

El volumen de recursos en balance de la entidad se situó en 65.810 millones de euros, mientras que los recursos minoristas --equivalentes al negocio básico-- experimentan un incremento del 11% y se sitúan en 32.938 millones de euros, con 3.250 millones más que hace un año. Por el contrario, se observa una reducción del 13% en la financiación mayorista.

El crédito gestionado fue de 58.013 millones de euros, un 4% menos que en 2009, si bien en el trimestre repuntó en 485 millones de euros. El 69% del crédito está cubierto con garantías reales.

En este primer semestre de 2010, la caja valenciana ha formalizado 53.317 nuevas operaciones de crédito por importe de 3.580 millones de euros. Caja Mediterráneo expresó su apoyo a las líneas de financiación públicas habilitadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a través de las cuales ha formalizado más de 8.600 operaciones crediticias por importe de 486 millones de euros.

Durante este semestre, CAM ha continuado desarrollando su política de eficiencia con la reestructuración de su red de oficinas al nuevo escenario económico. A junio de 2010, la red comercial de CAM se compone de un total de 997 oficinas, tras aplicar una reducción de 94 oficinas desde junio del año pasado.

Dos años después del inicio de su cotización en Bolsa, las cuotas participativas CAM siguen mostrando un buen comportamiento en comparación con la media de las entidades financieras cotizadas. En lo que llevamos de año, la cotización de las cuotas CAM se ha revalorizado un 10,43%, muy por encima de los principales índices bursátiles.

El pasado 10 de junio, Caja Mediterráneo hizo efectivo el pago del dividendo complementario con cargo al ejercicio de 2009 por importe de 0,0891 euros por cuota participativa. Las cuotas CAM se incorporaron desde el 1 de julio al índice de cotización 'Ibex Medium Cap', que agrupa valores de mediana capitalización de las cuatro bolsas españolas.

Huermur denuncia ciertas prácticas urbanísticas del alcalde de Murcia

MURCIA.- Huermur y las asociaciones pro-patrimonio denuncian que es ya una práctica habitual y conocida la que usa el Alcalde de Murcia y su concejal de urbanismo de aprobar en julio y agosto aquellas actuaciones urbanísticas donde no conviene que exista mucha publicidad, y cuando la oposición política tampoco va a resultar efectiva, ya que en plenas vacaciones interesa poco lo que digan los políticos.

"Para los asuntos que ahora se aprueben, los afectados y cualquier murciano que pretenda alegar o presentar recurso administrativo sólo tendrán un mes de plazo. Si ya el plazo de un mes para alegar o recurrir un plan parcial, una expropiación o una modificación del Plan General Urbano resulta insuficiente para asegurar una defensa digna, si ese mes es agosto nos encontramos ante la imposibilidad de defensa alguna.

Según las entidades denunciantes, los murcianos afectados por las abundantes actuaciones urbanísticas con los que va cargado este Consejo Rector van a encontrarse con las notificaciones en pleno agosto, y en esa fecha les va a resultar imposible consultar expedientes de centenares de folios, encontrar un profesional que estudie su caso y les aconseje y después, presentar su alegación o recurso administrativo.

El tribunal del Convenio de Aarhus dependiente de la ONU ya ha condenado esta práctica del Ayuntamiento de Murcia por la falta de participación y el ataque a la transparencia que supone la aprobación de asuntos como estos en época vacacional, pero por lo visto, parece que los intereses que mueven al consistorio murciano y en concreto al concejal de urbanismo están muy por encima de lo que dice el mencionado tribunal de la ONU. Huermur y pro-patrimonio van a exigir al Estado Español y a la ONU que se actúe contra el Ayuntamiento de Murcia por hacer caso omiso a las recomendaciones hechas desde el tribunal internacional y van a solicitar que se revisen las subvenciones, acuerdos y premios otorgados al Ayuntamiento de Murcia.

Debido a que el contenido del Orden del Día del Consejo no es demasiado explícito, las asociaciones han realizado unos breves comentarios, desde su punto de vista, a algunos de los asuntos que probablemente van a ser aprobados:

El primero es el expediente 141/09 que trata de la modificación puntual nº 115 del Plan General que afecta al cementerio de Llano de Brujas. Con esta actuación se propone cambiar la calificación de una estación de bombeo que se encuentra en la fachada del cementerio, lo que no se dice en la memoria de esta modificación es que, además afecta a una franja de terreno rústico de huerta no urbanizable que discurre junto a la tapia del cementerio, y que se va a convertir en vial para dar acceso a futuras edificaciones residenciales. Parece ser que con la excusa de arreglar la situación del cementerio las asociaciones sospechan que se beneficia a algún promotor para crearle accesos y viales donde el Plan General de Ordenación Urbana no los ha previsto. HUERMUR presentó alegaciones a la aprobación inicial de esta modificación pero el Ayuntamiento no ha contestado.

Respecto a los Planes Parciales y los Especiales que se van a tratar en el Consejo, llama la atención que se encuentren todos en “aprobación definitiva”, ya que esto significa que no hay posibilidad de alegar y que lo único que resta por hacer a los afectados es recurrirlos en el plazo de un mes, después habrá que ir a los tribunales de justicia.

Según las entidades denunciantes, estas aprobaciones definitivas consolidan los derechos de los promotores, ya que una vez aprobado definitivamente pueden vender el Plan Parcial y especular con él.

Entre los nueve planes parciales que se aprueban de golpe en este Consejo Rector se encuentra el ZM-Ed1 en Espinardo, que limita por el sur con la urbanización Joven Futura donde se hallaron importantes restos arqueológicos, que por Orden de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales se obligó a conservar “in situ”.

Es importante señalar que en la aprobación inicial de este Plan se presentaron alegaciones, ya que no se tenía en cuenta la posibilidad de que al comenzar a remover terrenos se encontrasen restos arqueológicos de la misma importancia que en la urbanización vecina de la que tan sólo le separa un carril de tres metros de ancho. Sin supervisión arqueológica no se puede autorizar este Plan Parcial. El Ayuntamiento tampoco ha respondido a las alegaciones presentadas.

Resulta curioso para las entidades murcianas, que junto al anterior Plan también se apruebe la modificación del Plan Parcial ZA-Ed3 correspondiente a la urbanización Joven Futura, donde se aprueban una serie de cambios en el planeamiento en un vano intento de solucionar las graves deficiencias que este Plan Parcial arrastra y que son objeto de casi una veintena de procesos judiciales vivos, y que se espera comiencen pronto a resolverse en los juzgados después de más de cinco años de espera por parte de los vecinos.

Dentro de las modificaciones introducidas en el Plan Parcial ZA-Ed3 hay que destacar una que deben conocer todos los propietarios de esa urbanización. Se trata de la determinación de aumentar un 5% la edificabilidad del sector para compensar los gastos que los propietarios han tenido que sufragar por la excavación arqueológica y la conservación de los importantes hallazgos. Ese aumento de edificabilidad supone que ahora los propietarios de los pisos deben recibir el importe equivalente al 5% de las 1390 viviendas que componen la urbanización, que resulta ser de 69.5 viviendas adicionales que el ayuntamiento autoriza a edificar para compensar con su venta los gastos arqueológicos.

Según la publicidad de la promotora sobre la venta de las viviendas, el precio a las que las vende es de 154.866,90 euros cada una. Por lo tanto con la venta de las 69 viviendas ahora autorizadas la promotora obtendrá la cantidad de 10.685.816´10 euros. Descontado el coste de la edificación el beneficio de la venta de esos pisos cubre los cuatro millones de euros que aproximadamente costó la excavación arqueológica y por la que cada propietario de piso en Joven Futura ha tenido que pagar 3.000 euros adicionales que ahora la gestora de la cooperativa podrá devolver a los jóvenes.

Huermur también considera importante comentar la rápida tramitación del Plan Parcial ZM-Ac1 en Aljucer, que en este Consejo se aprobará definitivamente, ya que el plazo para presentar alegaciones a la aprobación inicial finalizó hace aproximadamente dos meses. Este plan afecta a vecinos del centro del pueblo de Ajucer, entre los que se encuentran ancianos pensionistas y varias familias propietarias de pequeñas viviendas, que sin entender lo que ocurre, porque no son capaces de creer que alguien va a decirles que se tienen que marchar de sus casas, se ven dentro de estos inhumanos procesos urbanísticos donde, si nadie lo remedia, acabarán con la expropiación de los más débiles incapaces de enfrentarse a los especuladores.

Otro de los asuntos sobre los que conviene meditar, según Huermur, es sobre la aprobación inicial del Proyecto de Expropiación Forzosa de las viviendas de los afectados por la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Pn7 en el Puntal. Se trata de siete familias entre las que se encuentran varios pensionistas que van a ser expulsados de sus casas para construir lujosas viviendas al borde de la Avenida Juan Carlos I.

Lo más sangrante es que el Plan ZM-Pn7 tiene unas deficiencias tan graves que dio lugar a que la Dirección General de Vivienda y Urbanismo solicitase la revisión de oficio del acuerdo de aprobación definitiva de dicho Plan, sin que dicha revisión se efectuase por parte del Ayuntamiento.

Para las entidades Pro-patrimonio resulta curioso que algunas de las actuaciones que ahora se aprueban definitivamente fueron iniciadas en la época en la que Joaquín Peñalver Motas era el jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico en la Gerencia. Este funcionario está siendo investigado por diferentes delitos relacionados con la Administración Pública y el enriquecimiento personal, tras denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Este motivo debería ser suficiente para que el concejal de urbanismo no continúe la tramitación de aquellas actuaciones donde exista una intervención directa de dicho funcionario a través de informes.

Desde HUERMUR se anima a los afectados por los procedimientos urbanísticos del municipio de Murcia que, pese a la crisis económica que los hace inviables siguen tramitándose con el objeto de consolidar los derechos de los especuladores ante el temor de un futuro cambio en el planeamiento general, a que se defiendan, aleguen y recurran porque cuando un Ayuntamiento pone en práctica el ardid de aprobar asuntos como los de este Consejo Rector en plena época vacacional no es por casualidad, es simplemente porque entre esa avalancha pretende camuflar algunos que posiblemente son muy turbios y se pretenden que pasen desapercibidos".

La sanidad pública en el Guadalentín se sustenta sobre la oferta privada de la medicina

LORCA.- La concejala socialista Marisol Sánchez, lamentó hoy que casi el 50% de las camas hospitalarias con las que cuenta el área 3 de Salud, correspondan a un centro privado. Por ello, exigió al Servicio Murciano de Salud que “reoriente” su política de semi privatización de la sanidad y destine más recursos a ampliar la oferta hospitalaria pública.


Sánchez recordó que el Hospital Público Rafael Méndez cuenta con 283 camas hospitalarias para una población de 300.000 personas que residen en los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo, que comprenden dicho área.

Existen 175 más, pero que corresponden al centro médico ´Virgen del Alcázar´, una clínica privada no benéfica. Éstas últimas están destinadas a pacientes de geriatría y larga estancia, según consta en el último catálogo nacional de hospitales, que recoge datos de recursos sanitarios a 31 de diciembre de 2009.

Según Sánchez estos datos ponen de manifiesto que, realmente, los usuarios del área 3 de salud sólo cuentan con una cama pública por cada 1.060 habitantes, lo que, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es “tercermundista”, aseguro la edil. De hecho, la OMS recomienda entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes.

La concejala socialista dijo que incluso teniendo en cuenta las camas de la clínica privada aludida, la ratio para el Área 3 de salud sería de una cama por 655 habitantes.

No obstante, Sánchez recordó que estas plazas concertadas están autorizadas únicamente para enfermos crónicos y ancianos y no para el resto de usuarios por lo que “no deberían incluirse en el cómputo general ya que no están a disposición de cualquier usuario del SMS”.

El PSOE exige a Jódar que explique dónde están los 18 millones de euros que debían haberse destinado al pago de proveedores

LORCA.- El portavoz de Asuntos Económicos y concejal del Partido Socialista en Lorca, Isidro Abellán, destapó hoy que durante 2009, el equipo de Gobierno de Francisco Jódar sólo redujo en dos millones de euros la deuda con proveedores. Sin embargo, hace justo un año el Ayuntamiento accedió a un crédito de 20 millones de euros para hacer frente a esta cuestión.

Por ello, desde el PSOE se preguntan dónde están los 18 millones de euros restantes que no se han destinado al pago de proveedores.

Acerca de esta cuestión, Abellán recordó que en 2009 el Ayuntamiento cerró el ejercicio con 32,2 millones de euros de deuda a proveedores, cuando deberían haberse quedado en 14,5 y haber propiciado un alivio económico para innumerables empresas.

El edil del PSOE manifestó que en noviembre del año pasado ya advirtió que el equipo de Gobierno del PP podría estar utilizando el dinero de ese crédito a cuestiones distintas del pago a proveedores. Por ello, desde entonces ha formulado multitud de peticiones de información que han sido “sistemáticamente ignoradas por el concejal de Hacienda y el Alcalde”.

Además de no cobrar, Abellán alertó que estas empresas tienen que soportar los costes financieros de la renovación de los endosos que les da el Ayuntamiento, ya que están venciendo sin que el consistorio los pague.

Por ello, los proveedores tienen que renovarlos y pagar los intereses que ello supone. En ese sentido, el edil socialista recomendó a Jódar que le pregunte a alcaldes de municipios vecinos “cómo lo hacen para pagar sin problemas en menos de seis meses a las empresas que trabajan para sus ayuntamientos”.

Isidro Abellán aseguró que la “pésima” gestión que está llevando a cabo el actual equipo de Gobierno municipal del PP está “estrangulando” a la mayoría de las empresas que le trabajan al Ayuntamiento. Muchas de ellas, no han podido abonar la paga extraordinaria de Junio a sus trabajadores porque el consistorio no les paga.

Más de 15.000 internautas reclaman 'playas familiares' en Murcia al igual que existen para nudistas

MURCIA.- Miles de personas han solicitado a las autoridades turísticas, a través de Internet, playas y piscinas públicas para el "disfrute de las familias, con especial cuidado para la infancia" en Murcia y otras regiones de Espala, al igual que existen las reservadas para la práctica del nudismo.

En concreto, piden la delimitación de espacios para uso familiar, con unas normas que garanticen "el respeto a los demás usuarios, el amparo de la infancia y la protección del medio ambiente"; el fomento en estos espacio de actividades deportivas al aire libre, especialmente dirigidas a las familias; o la organización en estos espacios de actividades culturales al aire libre -teatro, cine, música, esculturas de arena- dirigidas a las familias.

También promueven la eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y la mejora de accesos a la playa a mayores, bebés y discapacitados, así como la promoción de campañas publicitarias destinadas a dar a conocer a las familias la existencia de dichos espacios para su disfrute.

En menos de 24 horas, la plataforma PlayasFamiliares.org, activada por séptimo año consecutivo por HazteOir.org, ha recibido el apoyo de más de 15.000 internautas para que los ayuntamientos y corporaciones locales de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Cantabria, Murcia, Asturias, País Vasco y los archipiélagos Canario y Baleares pongan en marcha esta iniciativa.

Aumento de fraudes al desempleo en empresas dedicadas a construcción, hostelería y limpieza

MURCIA.- El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y la Inspección de Trabajo, en su labor de control con el objeto de impulsar la reinserción laboral, lucha contra el fraude y la mejora de la gestión en el ámbito de las prestaciones por desempleo, advierten del aumento de fraudes en el empleo en el primer semestre del año como consecuencia de la crisis e investiga por ello a 25 empresas de la Región, a la vez que sospecha de unos 800 trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo.

Así lo anunció el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Fuentes, quien aseguró en rueda de prensa que los sectores principales en los que se incrementa esta práctica en Murcia son en construcción, hostelería y limpieza, "ya que son tres actividades donde los puestos de trabajo no son fijos".

Además Fuentes señaló que ya se ha actuado en una empresa (grupo de cuatro sociedades) con 69 trabajadores que cobraban la prestación por desempleo indebidamente, "quienes deberán devolver el dinero percibido", y se han iniciado actuaciones penales contra los responsables de las empresas.

En concreto, la Inspección ha dado cuenta de que durante el año 2010 ha detectado un total de 281 situaciones irregulares en materia de desempleo. De ellas, 82 corresponden a perceptores de prestaciones a los que se ha identificado mientras trabajaban en el curso de visitas de inspección.

Otros 75 perceptores han causado baja en las prestaciones por anulación de altas en Seguridad Social al haberse comprobado que simularon las relaciones laborales para poder acceder indebidamente a las prestaciones. Y a otros 124 se les han anulado las altas antes de que hubieran solicitados las prestaciones por el mismo motivo que los anteriores. A lo anterior se suma que han hallado a 160 personas extranjeras sin autorización para trabajar.

Además se ha programado una conjunto de sesiones informativas y controles de presencia en las distintas oficinas de empleo y en la D.P. para informar, asesorar de las posibilidades que ofrece el portal REDTRABAJ@ en lo referente no solo a las prestaciones por desempleo sino las potencialidades que ofrece dicho portal para buscar trabajo.

Como consecuencia de estas actuaciones se han iniciado más de 4.000 procedimientos sancionadores que pueden suponer en algunos casos hasta la extinción de la prestación por desempleo.

En este sentido, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha informado que en los seis primeros meses del año han sido inspeccionados 4.825 centros de trabajo. En algunos de ellos han sido detectadas irregularidades que han dado lugar a la liquidación de cuotas impagadas de Seguridad Social por un importe de 26.724.897 euros.

Entre ellas, considera muy preocupante la cantidad de actas levantadas a empresas con 1.321 trabajadores sin dar de alta en Seguridad Social.

A este respecto ha señalado que "estas personas han pasado de la economía irregular a una actividad acogida a todos los derechos que se derivan de la legislación laboral española y de las cotizaciones de cara a sus futuras pensiones" y ha criticado también la competencia desleal de los empresarios que cometen estas irregularidades respecto a aquellos que respetan y cumplen con las normativa laboral.

González Tovar ha informado que, durante el primer semestre el año 2010, se han pagado en la Región de Murcia 507.220.184 euros en prestaciones por desempleo por sus distintas modalidades: prestaciones contributivas, subsidios, Renta Activa de Inserción y Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. En total han sido 709.715 los perceptores que han tenido derecho de acceso a estas ayudas.

En cuanto a las prestaciones realizadas con cargo al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), es decir, el cobro de 420 euros durante un periodo de seis meses, se han beneficiado en este primer semestre de 2010 un total de 18.481 personas.

González Tovar ha recordado que a dicha ayuda pueden acceder aquellas personas en paro, menores de 65 años, que habían agotado la prestación por desempleo y subsidio, no tienen rentas superiores al 75 por ciento del SMI y el compromiso de participación en itinerarios activos de inserción profesional.

En cuanto a la Renta Activa de Inserción, han sido 1.675 los beneficiarios en este primer semestre del año además de 805 personas con minusvalía, 423 víctimas de violencia de género y 9 de violencia doméstica. También se han aportado prestaciones por retorno voluntario de extranjeros a 261 personas.

En el primer semestre de 2010 el Estado ha pagado un total de 1.059.094.569 euros a los pensionistas de la Región de Murcia que en total suman 237.224 perceptores (4.599 más que en el primer semestre de 2009).

De ellos 221.041 pensiones son gestionadas por el INSS, entre los que 32.139 son perceptores por incapacidad permanente, 121.874 por jubilación; 57.782 por viudedad; 8.626 por orfandad y 620 por favor de familiares.

A los anteriores se suman 14.409 perceptores de pensiones mínimas no contributivas. Por su parte el Instituto Social de la Marina gestiona las pensiones del Régimen especial del Mar, al que están adscritos 1.999 pensionistas.

En la Región de Murcia el 42,8% son perceptores de pensiones mínimas (101.593), de los que el 5.9% (14.184) recibe pensiones no contributivas.

La pensión media en la Región de Murcia es de 686,24 euros, y el último incremento en 2009 ha sido del 3,3% (22,43 euros de media de aumento).

González Tovar ha recordado que entre 2004 y 2010 la pensión media ha aumentado un 34,33 por ciento en la Región de Murcia, la subida más importante que este colectivo ha conocido en sólo 6 seis años. Sin embargo, ha subrayado que en ese mismo periodo el incremento mayor se ha producido en las pensiones mínimas, que han aumentado un 47,3 por ciento.

También durante el primer semestre de 2010 el Estado ha pagado un total de 101.862.047 euros en la Región de Murcia a los 24.670 perceptores de subsidios reconocidos en el periodo. De éstos 7.116 personas los han recibido por Incapacidad Temporal (45.774.840 euros); 318 por Lesiones Permanentes No Invalidantes y 2.030 por subsidios por Defunción.

En este apartado se incluyen los distintos subsidios abonados en apoyo de la familia en la Región de Murcia, que en el periodo del primer semestre de 2010 asciende a la cantidad de 56.004.104,16 euros, habiéndose estimado que el beneficio de los mimos ha llegado a más de 15.206 familias murcianas.

En concreto, han sido 5.390 personas las que han percibido el subsidio por maternidad (28.849.655 euros); 4.382 beneficiarias de subsidio por paternidad (3.303.490 euros); 5.251 por subsidio de protección familia, con un aumento del 40,55 por ciento de incremento respecto al año anterior, es decir, 1.515 perceptores respecto al mismo periodo del año 2009 (24.858.090 euros); 22 subsidios por nacimiento del hijo tercero y 161 por parto múltiple.

CGT-CAM insta a Modesto Crespo a no aprobar la fusión fría y continuar en solitario

ALICANTE.- La sección sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en Caja Mediterráneo (CAM) ha instado al presidente de la entidad, Modesto Crespo, a "no aprobar la integración en el SIP de Cajastur" y "seguir apostando por la continuidad de CAM como caja de ahorros líder en el sector", postura que, a su juicio, "en un pasado cercano era defendida por la dirección general y el consejo de administración de la entidad", según ha informado este lunes en un comunicado CGT-CAM.

Los representantes de los trabajadores han informado que han remitido este lunes a Modesto Crespo y al director general de CAM, Roberto López, un escrito, en el que trasladan "la inquietud de la plantilla de la CAM", ante las últimas negociaciones que, en su opinión, conducen "a la desaparición" de CAM.

En el documento enviado a la dirección de la entidad alicantina, CGT-CAM reitera su postura contraria a la integración en el SIP o 'fusión fría' con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, por repercusiones negativas, a su juicio, en las plantillas de las cajas implicadas.

En concreto, CGT apunta a la destrucción de puestos de trabajo, precarización de las condiciones laborales, externalización de servicios, pase de redes de oficinas y departamentos centrales a la banca, entre otros.

"En el caso de aprobar hoy dicha integración, deben saber que la plantilla de la CAM, siempre, ha cumplido con suficiencia y profesionalidad todos los objetivos emanados de la dirección general y aprobados por el consejo de administración", han explicado los representantes de los trabajadores.

Asimismo, CGT-CAM ha señalado que los trabajadores no son los responsables de la situación actual ni los merecedores de "medidas traumáticas" como la que se viven en otras fusiones similares.

domingo, 25 de julio de 2010

¿Venganza de Mendoza contra la Diócesis de Cartagena?

MURCIA.- «La Fundación es un don de Dios, que nos ha costado a mi mujer, a mí y a mi familia muchos sinsabores. Pero siempre quisimos que fuera para bien de la Iglesia». José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, gestora de la Universidad Católica, sorprendía la pasada semana al anunciar una reforma en los estatutos de la fundación para que, «llegado el momento, todos los bienes pasen a la Diócesis de Cartagena y al Vaticano».

La decisión, que podría significar el adiós de Mendoza a la UCAM, ha sido recibida con cautela y escepticismo en la Iglesia murciana. Porque hay muchas lagunas detrás de la noticia. ¿Abandona Mendoza la UCAM? ¿Por qué ahora? ¿Qué se esconde detrás de esta decisión?, se pregunta hoy 'La Verdad'.

En Murcia no sorprende que este hombre hecho a sí mismo, católico, miembro del Camino Neocatecumenal, casado y con 14 hijos, que vivió en las misiones y que ya trató de hacer realidad su sueño de crear una Universidad en Elche antes de recalar en el Monasterio de los Jerónimos, se lo deje todo a la Iglesia. Pero sí causa perplejidad que, después de años de polémica en torno a la titularidad de la UCAM, Mendoza recoja su 'testamento' en los mismos estatutos de la obra.

El propio Mendoza aclara que todo su patrimonio, y el de sus hijos, pasará a manos de la Iglesia cuando finalice «el proyecto educativo. No me voy a ir ni hoy ni mañana, incluso mis hijos podrían seguir si yo falto. Aquí lo que se deja claro es que la Universidad la hicimos para la Iglesia, y que todo lo que hemos invertido -el patrimonio de la UCAM ronda los 60 millones de euros- será para los pobres y para los seminaristas».

Sin embargo, no siempre fue así. Hace menos de dos años, la Santa Sede tuvo que intervenir en el conflicto generado entre Mendoza y el entonces obispo de Cartagena-Murcia, Juan Antonio Reig Pla, por la titularidad de la Universidad.

Tras varios encontronazos, que acabaron con el 'destierro' de Reig a Alcalá, el Vaticano, a través del cardenal Bertone y de la Signatura Apostólica, confirmaba que la Universidad pertenecía a la Fundación San Antonio (Mendoza), y no a la Diócesis. Una gran victoria para un laico frente a un obispo, con el apoyo jurídico de la Conferencia Episcopal -el dictamen definitivo fue elaborado por el asesor jurídico del Episcopado, Silverio Nieto, y firmado por el presidente de los obispos españoles, cardenal Rouco Varela-. Una historia sin terminar.

«En la Iglesia, un laico puede derrotar a su obispo. Pero no humillarle», apuntan desde el Vaticano. Y lo cierto fue que, tras la salida de Reig, muchas cosas cambiaron para Mendoza. En primer lugar, una separación del Camino Neocatecumenal, así como de algunos de sus principales valedores en España y Roma, como el cardenal Cañizares, ahora prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

El último gran acto organizado por la Universidad en homenaje a Juan Pablo II estuvo marcado por las polémicas declaraciones del cardenal Castrillón, quien queriendo defender el pasado casi llegó a acusar a Juan Pablo II de complicidad con los abusos sexuales de Marcial Maciel. «Las interpretaciones sesgadas son una muestra más de la presencia del Diablo en el mundo», asegura Mendoza cuando se le pregunta por los escándalos.

En segundo término, la sensación de que su etapa al frente de la UCAM estaba acabada. El nombramiento de José Manuel Lorca Planes como nuevo titular de la Diócesis pareció llevar la calma a Murcia. Mendoza aparecía como claro ganador de la batalla por el poder en la UCAM y, de hecho, en octubre de 2009, obispo y laico suscribían un acuerdo por el que la Diócesis reconocía públicamente que la Universidad pertenecía a la Fundación San Antonio.

El prelado volvía a ejercer de canciller de la Universidad, a la que se garantizaba su catolicidad. De paso, la Diócesis evitaba oficialmente cualquier subsidiariedad sobre la UCAM. Se acababa, o eso parecía, el conflicto generado entre Mendoza y el obispo Reig. Sin embargo, a los pocos días se filtraba que Mendoza estaba meditando seriamente abandonar el barco. Una decisión que, meses después, se está haciendo efectiva.

El obispo perdió la batalla, fue sancionado por la Santa Sede y alejado de Murcia. La apuesta de Juan Antonio Reig fue dura, y la perdió. «Yo hice lo que en conciencia creí que debía hacer. Y estoy muy tranquilo», afirma, desde su nuevo destino en Alcalá de Henares. Es el único obispo de Murcia que no ha vuelto a su sede tras el conflicto ni, por supuesto, ha pisado la Universidad.

«Don Juan Antonio fue un buen obispo y es una gran persona, pero estuvo muy mal asesorado», acierta a decir José Luis Mendoza sobre el anterior prelado murciano. Un combate sobre la titularidad de la Católica que, en realidad, iba más allá, y cuyos orígenes fueron mucho más mundanos: el obispo recibió una serie de informes que alertaban de posibles corruptelas en la gestión de la Universidad, así como de un agujero fiscal que podría superar los seis millones de euros.

Mal aconsejado, el obispo quiso hacerse con las riendas de la Universidad. Midió mal las fuerzas, únicamente acompañado por antiguos empleados de la Universidad y por el PSOE murciano, que presentó una demanda contra la titularidad del centro docente.

El fallecimiento en diciembre de 2008 de su promotor, José Ramón Jara, llevó al archivo de la misma, y el Gobierno regional acababa aprobando los estatutos de la UCAM sin entrar en el debate sobre su propiedad.

Mendoza lo tenía todo muy atado desde que en 1996 el obispo Azagra le cediera el Monasterio de los Jerónimos y le concediera permiso para construir su proyecto universitario. La legislación vaticana -la famosa Ex Corde Ecclesiae- ampara a los laicos a crear iniciativas de educación católica, que sólo precisan del aval diocesano. El Vaticano y la Conferencia Episcopal apostaron fuerte por el laico, quien salió rotundamente vencedor de la batalla. Ureña, Cañizares, Rouco, hasta el secretario de Estado Bertone le dieron la razón.

Antes de que Reig fuera trasladado, José Luis Mendoza, «para evitar el escándalo», propuso entregar la Universidad a la Diócesis, a cambio de una 'compensación' que tasó en 30 millones de euros. Ahora, sin embargo, la ofrece gratis. ¿Por qué?Estamentos eclesiales dudan de la buena voluntad de José Luis Mendoza, y temen que tras la decisión se esconda la 'quiebra técnica' de la Universidad, que ya el año pasado se salvó de la suspensión de pagos gracias al cobro de las matrículas de los más de 6.000 alumnos.

«Ahora volvemos a estar en riesgo, pues al poner por estatutos la herencia, Mendoza le está regalando a la Iglesia no sólo un dineral, sino un posible saco de deudas, que la Diócesis habrá de afrontar si desaparece el presidente», argumentan responsables eclesiales de la Diócesis. Algunas fuentes aseguran que los seis millones de euros de deuda de los que hablaba Reig -apenas el 10% del patrimonio que Mendoza cederá a la Iglesia- se han multiplicado, y que la donación de la UCAM no es más que «un regalo envenenado».

Por si esta situación pudiera darse en el futuro, hace un tiempo que estamentos civiles y eclesiásticos trabajan en torno a un 'plan b' que evite que, llegado el momento, la marcha de Mendoza lleve a la Diócesis a la ruina. Un acuerdo tácito, que según distintas fuentes conoce el propio José Luis Mendoza -él lo niega públicamente, al tiempo que asegura que la Fundación está saneada-, y que conllevaría tres condiciones previas.

Primera: que a la UCAM no se le concediera el campus en Cartagena -Mendoza anunció la pasada semana que se retiraría del proyecto si no se le concedía en exclusiva Magisterio en esa ciudad, que se suma a la no concesión de la Facultad de Medicina-, lo que unido a la no recalificación de los terrenos abriría un agujero económico de difícil solución.

Segunda: que si hubiese alarma social las instituciones de Murcia harían frente, incluso, a la acogida del alumnado de la UCAM.

Y tercera: que entidades eclesiales se pudieran hacer cargo de la Universidad, ahora o cuando Mendoza la ceda, para que ésta no desaparezca. En esta tesitura, el papel del Opus Dei -que hace dos años se negó, pero ahora podría estar sopesando aceptar la solicitud- y de la Universidad San Pablo CEU -cuyo patrocinio aparece en el Año Santo de Caravaca-, se antoja imprescindible.

Desde la Santa Sede, además, han cambiado los vientos. Hasta Cañizares parece haberse alejado del entorno de Mendoza desde que se conociera que la UCAM había concedido óbolos por importe de 23 millones de euros a varios obispos y cardenales, entre los que se encontraba el ex cardenal de Toledo.

Mendoza, no obstante, continúa como miembro del Pontificio Consejo de los Laicos y de la Familia, y ha sido recibido hace pocas fechas por Benedicto XVI. «Todo lo que tengo es para la Iglesia», asegura Mendoza. Una donación de un hombre entregado a la fe… o un regalo envenenado por las deudas.

Un campus clave

José Luis Mendoza aseguró que paralizará la construcción del Campus de Cartegena, en el antiguo cuartel de Los Dolores, si finalmente el Consejo Interuniversitario autoriza impartir Magisterio al Instituto Superior de Enseñanzas (ISEN), un centro privado concertado con la Universidad de Murcia. Esta posibilidad crearía un serio problema a la UCAM, que ha invertido alrededor de seis millones de euros en el antiguo cuartel de Los Dolores para la instalación del campus universitario de Cartagena, donde Mendoza pretende implantar las carreras de Magisterio, Enfermería y Medicina.

Sin embargo, no ha conseguido la autorización para esas titulaciones del Consejo de Universidades, que no tiene previsto reunirse este mes, ni de la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad (Aneca).

En el Gobierno regional se cree que las cuentas empiezan a no cuadrarle a Mendoza con la posible paralización del proyecto de Cartagena, lo que explicaría sus últimos movimientos, incluido la posibilidad de emprender medidas legales contra la Consejería de Universidades en caso de que se autorice finalmente Magisterio al Instituto Superior de Enseñanza (ISEN).

El futuro inmediato del proyecto de José Luis Mendoza en Cartagena está pendiente de que sea debatido en los próximos días por el Consejo Interuniversitario de Murcia. De ahí que las recientes declaraciones del presidente de la UCAM han sido interpretadas desde el Ejecutivo regional como un intento de presión de cara a esa reunión, que será decisiva para los planes de Mendoza.