sábado, 10 de julio de 2010

Alguien ha metido a Ripoll en un buen lío / Apunte de Argárico

Cuando un amigo común me avisó por teléfono de buena mañana el martes pasado de la toma del Palacio Provincial de Alicante por fuerzas de la Policía Nacional, me vino a la mente alguno de esos episodios a la sudamericana que me trasladó a mi corta experiencia profesional en aquellas latitudes, allá por los años 80. Concluí en segundos que la degradación de la política en nuestros país procuraba ya una plástica propia de otros confines y, lo que es más preocupante, otros niveles y exigencias morales mínimas.

El inductor y el instrumento, político en este caso, no eran propios de un país europeo y lo burdo del método para aniquilar enemigos políticos, tampoco. Así se evidenciaba que la política valenciana ha tocado suelo por lo rastrero de sus últimos métodos, cegados sus actores por la codicia y una sed insaciable de poder.

José Joaquín Ripoll, con el que nunca he cruzado una sola palabra ni al que siquiera conozco personalmente, siempre me ha parecido un político mediocre y sin perfil desde sus tiempos de vicepresidente del Consell. Un auténtico caradura.

Todo el mérito a lo largo de su vida política ha consistido en ser el complaciente amigo del alma de un todavía muy cuestionado Eduardo Zaplana, que normalmente pensaba por él. Fiel hasta lo inimaginable, éste ha sabido recompensarlo siempre pese a su falta de ambición desde una anterior práctica profesional de escaso o nulo perfil por pocos proyectos conocidos como arquitecto.

Sabiendo sus limitaciones, por eso no se lo llevó a Madrid, aparte de que pensaba le sería mucho más útil guardando el feudo de Alicante como verdadera fuente de poder del ex ministro de Trabajo. Y hasta el martes Ripoll había conseguido lograr el encargo pese a los embates constantes del poder y hasta cierta respuesta artera y certera, que han obligado al ataque desde Madrid con el concurso de Valencia.

Nada que ver con su hermano Paco Ripoll, economista y el brillante de la familia, ni con su cuñada, una acaudalada heredera soriana, despierta y ágil desde que apareció por Alicante para estudiar en el CESA. O con su sobrina mayor, la que ahora vive en Chile: una mujer 10 desde que era niña y con uno de los mejores expedientes académicos recientes del ICADE.

Por no hablar de su padre y de su tío, quienes desde una situación radicalmente distinta, levantaron un "Horno de la Esperanza" que, a base de muchos años de trabajo y esfuerzo, les procuró cierta fortuna personal desde la más absoluta honradez. En ese ambiente creció el muchacho. Hasta por tener, tiene un cuñado ex jugador del Hércules. Ese es José Joaquín, un alicantino típico y bonachón, según dicen, hasta promocionar en su día a Mario Flores hasta la presidencia de la Autoridad Portuaria, aunque hoy uno de los conspiradores en la sombra.

Ripoll se ha encontrado casi todo hecho en su vida, tal vez por ser el segundo de tres hermanos y de los menores entre los primos, sin quitarle mérito al haber sido capaz de cursar y acabar la carrera de Arquitectura, que no debe ser nada fácil, incluso tener la suerte de haber encontrado y enamorado a su esposa, la inquientante madrileña Margarita de la Vega, una mujer que no pasa desapercibida y de la que se habla como la otra pieza fundamental en la vida del presidente de la Diputación pese a sus excesos con el dinero público y durante un tiempo beneficiaria de cierto nepotismo en la Universidad 'Miguel Hernández', de Elche.

Y hasta aquí una mínima contextualización del personaje, un joven que lloraba cuando creía que no llevaba bien preparados los exámenes en el colegio de los Jesuitas, donde ahora tiene a sus hijos y trató, sin suerte, de hacerse con el control del APA por si la titularidad se planteaba vender la marca y edificio a los padres.

Pero hace tiempo que ya no llora aunque estoy seguro que alguna lágrima se le puede haber escapado estos días en la intimidad pensando en el trauma de humillación que le puede haber quedado a esos hijos al ser levantados de buena mañana de la cama por la presencia de unos correctos policías que, eso sí, los sentaron en pijama en un sofá y no los dejaron ni ir al baño mientras registraban hasta entre los libros buscando un dinero que no estaba, más allá de los 1.000 euros de bolsillo que casi puede tener cualquiera en su casa para una urgencia.

Dicho ésto toca analizar el por qué y, sobre todo, por qué ahora y a un peón.

A Ripoll apenas le quedan amigos en Valencia y en Génova 13. Todo lo sufrido ha sido por elevación contra Zaplana, el verdadero gran objetivo de las gentes de Rajoy y, de paso, en el cuerpo de un peón residual en Alicante, a batir por la Generalitat desde que se enrocó inesperadamente en la presidencia del PP.

Dos objetivos, pues, por el mismo precio y un ideólogo en la sombra: Federico Trillo, diputado a Cortes por Alicante y gran protector ocasional del ex alcalde Luis Díaz Alperi, aparte de cerebro pensante y verdadero presidente de la Generalitat desde el punto de vista de la estrategia política a seguir en la Comunidad Valenciana. Un personaje que actúa desde Madrid teledirigiendo a su 'cónsul' en Valencia, el inefable y célibe Juan Cotino, otro hijo de obrero acaudalado.

Porque se dice, y debe ser con cierta base, que la 'garganta profunda' que desveló la presunta conspiración para delinquir desde la secretaría nacional de finanzas del PP, hay que buscarla muy cerca del ex alcalde de Benidorm y ex presidente de la Generalitat tras un supuesto pacto de impunidad con el mismísimo Rubalcaba después de la corta persecución judicial por lo de 'Terra Mítica'.

Lo de Rubalcaba es, pues, aquí puro señuelo de Camps porque se ve claramente que estamos ante un ajuste de cuentas interno a causa de la evolución del 'caso Gúrtel', con la impagable contribución del actual vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, el lugarteniente de Trillo, y no casualmente, ex director general de la Policía e implicado en aquella supuesta trama de corrupción por vía familiar y empresarial.

Y alguien dispuesto a mantener el 'statu quo', con un presidente Camps noqueado y a punto de sentarse en el banquillo, para ganar tiempo mientras se asegura a favor de su grupo, el más conservador del PPCV, la sucesión, ya inaplazable, del cadáver político en que se ha convertido el pelele valenciano de don Federico, por otra parte carcelero del propio Rajoy tras apartar del verdadero núcleo de influencia en Génova 13 al más liberal Javier Arenas, gran mentor inicial del registrador de Santa Pola y residuo incrustado de UCD desde la época de Aznar.

Ripoll, cuya presunción de inocencia ha de rebajarse por su condición de político en activo hasta quedar fuera de toda duda y depositario de la confianza de los electores, ha sido víctima necesaria de esa estrategia de altura, sin menoscabo de la investigación en marcha desde el año 2007 a partir de una denuncia de parte interesada, por afectada, e indicios racionales suficientes, emanados de cientos de grabaciones telefónicas y comprobaciones policiales exhaustivas sobre todos y cada uno de los ahora, y antes, implicados.

La activación de repente de ese sumario, para más inri matenido secreto, es lo que escama muy pocos meses después de la llegada - ¿casual?- al juzgado nº 3 de Orihuela de un desconocido magistrado, joven y conservador, de apellido San Martín, del que muy poco se sabe, excepto que cuando tira la piedra trata de esconder la mano para mayor desgaste, impotente, del también presidente provincial del PP.

Pero no elevemos a categoría de anécdota ese meteysaca porque a mi me parece todo muy medido y calculado en sus probables efectos políticos previos a los penales.

Sin perjuicio de la estrategia jurídica del reconocido penalista y eminente catedrático Bernardo del Rosal y de la mecánica procesal en manos del letrado de su confianza personal, Francisco Candela, estoy seguro que la estrategia de la respuesta política ante este ataque la lleva, personal, intensa y muy directamente Eduardo Zaplana, tal vez con el inapreciable y oportuno consejo de su amigo, y no tanto ministro socialista del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Aunque lo que es un desastre, al menos hasta el momento, es la errática e improvisada estrategia de comunicación seguida por Ripoll quien, por falta de destreza en la cuestión, aparece en principio como el villano y no deja ver a quienes mueven los hilos desde detrás de la cortina.

Porque por la boca no siempre muere el pez si es capaz de soltar el anzuelo y volver a nadar a su antojo sin limitaciones funcionales, hasta recuperar la iniciativa y neutralizar a los 'pescadores'.

Si Ripoll no está mintiendo, y es inocente, demostrándolo, puede ser el líder político autóctono que Alicante necesita aunque en otros planos no haya resultado un crack. Su labor al frente de la Diputación, sin el eclipse que tenía en Valencia con Zaplana, dicen quienes la siguen que es la mejor, desde que se inició el actual régimen político, por sus logros tangentes y su maduración como gestor político.

Pero si miente, y es culpable, porque así lo demuestra el intachable fiscal izquierdista Briones, su carrera política habrá terminado para siempre porque los apoyos que aún le quedan irán menguando, dentro y fuera del PP alicantino, cuando su padrino, Zaplana, aparece cada día más vulnerable porque está pendiente todavía de dar determinadas explicaciones donde corresponda, pese a eventuales prescripciones y ciertas garantías emanadas desde Ferraz mediante el olvido pero que ahora hacen de Ripoll un rehén de su propio partido.

Este juez instructor no parece políticamente muy de fiar. Le ha cargado, sin concretarlo todavía, con cinco muy graves acusaciones y que le urgen, no solo a la proclamación unilateral de su inocencia, sino a deshacerse de la carga de la prueba cuanto antes para evitar, a toda costa, terminar aún más criminalizado de lo que ya está y sin posibilidad referencial de salir a defenderse de lo que se le acusa porque ser político le obliga a explicarse y hasta perdir perdón si fuese oportuno.

Una verdadera ratonera, parece que con necesarias complicidades en los ámbitos superiores de la Judicatura valenciana, como muy bien se ha puesto de manifiesto con las secuenciales, y no tan espontáneas, notas del TSJ y del CGPJ. Tiene todo lo vivido por la ciudanía más inquieta las trazas de una conspiración fallera, enmendada de que manera desde Madrid pero con el respeto jurisdiccional obligado hacia el magistrado oriolano y su teórica independencia.

Con todo el reconocimiento profesional que merece la estrategia habitual de los abogados, en la política el silencio sigue sin ser rentable cuando el electorado ya está pendiente de, al menos, una explicación convicente en primera instancia y que no puede esperar más, al margen de la velocidad procesal marcada por San Martín, cuya actuación a partir de ahora obliga a seguir con detalle en sus pasos y en sus tiempos para una mayor comprensión de lo que, en principio, pudiera parecer otra cosa y con otros beneficiarios.

Mantener viva la duda, para obligar a una mal entendida prudencia, que parece ser la estrategia forzada por sus adversarios internos al no concretarse los cargos y mantenerlo en una práctica indefensión, va directamente contra la credibilidad de Ripoll como figura institucional y terminará por conducirle a dimitir si alguien consigue vertebrar un clamor público creciente contra él aunque sea ficticio.

El gran pecado, aparte del original de navegar siempre en política de la mano de su amigo desde la época de las Juventudes de UCD, es haber cercenado el desembarco de las gentes de Camps-Trillo en la provincia de Alicante, ganando con toda legitimidad y no pocas dificultades el último congreso del PP, hasta recién plantar cara al presidente de la Generalidad, sugiriendo públicamente la conveniencia de su dimisión, y destrozar así su imagen pública desde dentro de la propia organización regional sin solución de continuidad.

Ese 'magnicidio' calculado por Zaplana y ejecutado por Ripoll es lo que ha conducido a la esperpéntica situación a la que asistimos sin programa de mano aunque alguno tengamos en nuestro poder su prueba de imprenta recompuesta trocito a trocito por la conducta de los propios actores y hasta figurantes de este sainete malo.

¿Por qué no está imputada la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, vicepresidenta de la Diputación y mano derecha de Ripoll? ¿Qué hacía en Madrid ese martes y habló o no habló con Rajoy si es que estuvo en Génova 13, tal como parece? ¿Por qué hace un mes que se rumoreaba la detención de Enrique Ortíz y por qué su esposa preparó un refrigerio a los policías que registaron su domicilio? Si es secreto el sumario, ¿cómo es que oficiosamente sabemos de que se acusa a cada uno de los once detenidos?

Algo huele a farsa y traición en todo ésto para un solo y gran perjudicado, aparte del denunciante Ángel Fenoll, imputado ahora por nuevos presuntos delitos dentro del mismo sumario.

Atención al comportamiento de algunos medios, muy necesitados, a partir del próximo lunes porque la agonía se puede prolongar durante todo el verano en esta gran partida de ajedrez abierta desde fuera de Alicante por personajes en la opacidad excepto en campaña electoral, cuando se presentan como valedores de Alicante en Madrid al estar vetados en su propia tierra y en la capital de su región.

No todos los médicos murcianos son objetores y se niegan a practicar abortos

MURCIA.- Médicos de la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia han asegurado hoy que todos los médicos que trabajan en hospitales públicos de la Región no son objetores de conciencia para la práctica de abortos, en contra de lo manifestado hace unos días por la consejería de Sanidad.

En su opinión, para decir que todos los ginecólogos que trabajan en hospitales públicos murcianos son objetores respecto a la interrupción voluntaria de embarazos (IVE) tendría que haber algún registro oficial del que fuera garante el Colegio Oficial de Médicos, lo que no existe, y en caso de declararse así no poder realizar abortos en clínicas privadas.

Además, "si un ginecólogo es objetor de conciencia tienen que serlo tanto para la práctica en la sanidad pública como privada", han subrayado.

Han dicho también que en estos últimos 25 años las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo acogiéndose a algunos de los supuestos legales lo han hecho en clínicas concertadas, excepto las que lo han hecho por indicación médica, es decir, por motivos terapéuticos, muchas de las cuales, del área de Murcia, han sido derivadas a Madrid. Este tipo de intervenciones precisan de cuidados hospitalarios que en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca no se ofrecen.

Según estos médicos, en la Región de Murcia "hay hospitales públicos en los que se realizan abortos terapéuticos y, si en el Hospital Virgen de la Arrixaca no se realizan, no es por un problema de objeción de conciencia, sino por una negativa expresa de dicho hospital".

Han informado asimismo de que la cobertura que abona la consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas solo cubre la intervención pero no la sedación y si la mujer la demanda debe abonar 90 euros.

Se quejan asimismo de que a pesar de que la nueva ley data del pasado marzo, los médicos de familia, que hasta ahora son los primeros que asisten a las mujeres que quieren abortar, no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones de la consejería de Sanidad.

"Los médicos de los centros de salud no saben los trámites que hay que seguir desde el pasado lunes", día en el que la ley entró en vigor.

Sobre el contenido de la ley respecto a las jóvenes de 16 y 17 años, han comentado que la experiencia de los médicos de familia en sus consultas es que, en la mayoría de las ocasiones, las menores acuden acompañadas por sus padres o tutores y, cuando surge un conflicto, suele ser porque las menores son las que no quieren abortar, mientras que sus padres insisten en el aborto.

Han criticado asimismo que la píldora del día después no se dispense en los centros de salud y los centros de urgencias murcianos, como sucede en otras comunidades autónomas, "lo que podría evitar algún caso de aborto, facilitaría la anticoncepción postcoital y la información en métodos anticonceptivos efectivos".

Según datos de la consejería de Sanidad, en la Región de Murcia se contabilizaron 4.172 interrupciones voluntarias de embarazo en 2009, el 58 por ciento en mujeres extranjeras.

Desde 2001 la Región de Murcia está entre las cuatro comunidades autónomas españolas con mayor tasa de IVE por cada mil mujeres en edad reproductiva (de 15 a 44 años), junto a Baleares, Cataluña y Madrid, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

El juez imputa varios delitos a tres concejales de Orihuela y a dos empresarios, uno de ellos murciano

ORIHUELA.- El titular del juzgado de primera Instancia nº 3 de Orihuela, en la sesión de ayer viernes, ha imputado en el 'caso Brugal' al empresario Ángel Fenoll y a su hijo por varios delitos, y ha dejado libre con cargos a los ediles de la localidad Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía.

El magistrado ha tomado declaración a estas cinco personas, en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Al empresario murciano Ángel Fenoll, el magistrado le ha imputado cinco delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, tráfico de influencias, amenazas y fraude, según han informado fuentes cercanas al caso.

El instructor ha acordado su ingreso en prisión provisional, eludible con una fianza de 300.000 euros, por los delitos antes mencionados, mientras que a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros.

El TSJCV ha precisado que las imputaciones de Fenoll y de su hijo --ambos empresarios-- han variado con el transcurso del tiempo, en el sentido de que en la actualidad corresponden a otras infracciones penales "iguales o similares" a las que ya se informó al resto de imputados en el día de ayer.

El TSJCV ha explicado que a ambos se le ha concedido un plazo de cinco días hábiles para reunir las cantidades establecidas. Asimismo, a petición del ministerio fiscal, estos importes son adicionales a los ya acordados en el año 2007 con respecto a ambos empresarios "para garantizar su presencia en el proceso y su localización permanente".

En 2007 se les imputó, junto a otras personas, el presunto delito de extorsión con grabaciones, entre otros. La instrucción se enmarcó también dentro de la operación 'Brugal'. Contra los autos dictados este viernes por el magistrado-juez, las partes pueden interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días, según ha apuntado el TSJCV.

Al igual que sucedió en las comparecencias del jueves, ayer viernes se practicaron las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los imputados por la investigación que "no se les podían detallar los hechos imputados" como consecuencia del secreto sumarial, según el comunicado.

No obstante, se les ha expuesto, de "forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, al igual que se hizo con el resto de imputados que declararon el jueves", añade.

En la misma causa, el instructor ha tomado declaración este viernes a los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela implicados en el caso 'Brugal'. En este sentido, el juez ha dictado libertad provisional sin fianza para los ediles Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía, aunque imputados por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios, según han informado fuentes cercanas al caso.

El fiscal había solicitado para cada uno de los ediles oriolanos la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, medida que finalmente ha sido desestimada por el juez.

Los tres ediles salieron del juzgado cerca de las 12.30 horas de este viernes, acompañados de sus abogados. Gines Sánchez ha indicado a la salida de la instalación judicial que no puede decir "de qué está imputado" debido al "secreto de sumario" decretado para las diligencias previas por el juez, y sólo ha añadido que ha quedado "en libertad, sin medidas cautelares".

Tanto la defensa legal de Gines Sánchez como la de Antonio Rodríguez Murcia corre a cargo del Ayuntamiento de Orihuela, mientras que Manuel Abadía se ha proporcionado sus propios abogados.

Ginés Sánchez fue el primero este viernes en llegar a los juzgados de la localidad sobre las 9.00 horas de este viernes, seguido de Antonio Rodríguez Murcia, que acudió a las 10.00 horas. A las 11.00 horas acudió el tercero de los ediles del equipo de Gobierno del PP, Manuel Abadía.

Información sobre el BIC de la red de regadío / Cartas al Director

Estimados amigos/as:

El día 22 de junio el Consejero de Cultura firmó una orden disponiendo la anulación de la incoación de expediente de bien de interés cultural de la red de regadío de la huerta de Murcia como lugar de interés etnográfico. Según esta orden se admite el recurso presentado por el presidente de la Junta de Hacendados y, de esta simple manera, se anula todo el procedimiento abierto (podéis leerla en archivo adjunto).

Desde HUERMUR vamos a presentar recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ya que creemos que el procedimiento llevado a cabo por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales ha sido irregular y no se ha ajustado a la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, al igual que la orden del Consejero de Cultura con la que se ha anulado la incoación.

A lo largo de este corto e irregular procedimiento hemos apreciado que desde la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales tenían mucha prisa por terminar con esta incoación "indeseable", y cuya anulación por la vía legal se estaba complicando demasiado, por lo que han decidido dar carpetazo aún a riesgo de verse envueltos en un procedimiento judicial.

Además, se ha utilizado como excusa el recurso presentado por el presidente de la Junta de Hacendados que nada dice en materia cultural, simplemente defiende su política de entubamiento de acequias, con las que ha destruido cauces y elementos protegidos (rueda de Felices, molino de Oliver), y alega una supuesta complicación burocrática para el uso de la red de regadío si es declarada BIC. Afirmación incierta puesto que el uso de las acequias forma parte del bien y es un valor añadido que resulta fundamental para la conservación de los cauces, estando también declarados BIC otros elementos de la red de regadío (Contraparada, ruedas de Alcantarilla y La Ñora, acueducto de los Arcos) y no necesitando permisos de Cultura para su uso habitual.

En definitiva una muestra más de la política que está llevando a cabo la Consejería de Cultura en materia de protección y conservación, utilizando, a nuestro parecer, la Ley de Patrimonio a su antojo y según convenga a ciertos intereses.

Desde Huermur seguiremos batallando e insistiendo para que finalmente se reconozcan los valores de esta antigua red de regadío dentro de un paisaje cultural de primer orden como es la huerta de Murcia.

Muchas gracias por vuestra ayuda y colaboración, y seguimos en contacto.

Un cordial saludo.

José Antonio Moreno
HUERMUR Huerta de Murcia
huertademurcia@hotmail.com

Lo llaman corrupción… / Miguel Riera

Lo llaman corrupción… cuando su verdadero nombre es Crimen Organizado. ¿Cómo, si no, denominar a esas redes mixtas, formadas por personajes de la vida civil y políticos en activo o ya jubilados que se dedican al saqueo concienzudo del erario público?

Las tramas Gürtel, Pretoria, Palau, la balear , etc., no son simples manifestaciones de la corrupción. Corruptos son los que practican nepotismo, los que miran para otro lado sabiendo lo que pasa en el despacho oficial vecino, los que se llevan un sobre en una operación concreta y aislada, los que piden el 3% para alimentar las finanzas de los partidos. Pura putrefacción que lamentablemente la sociedad española acoge ya con cierta indiferencia y pasividad.

Pero en España hemos sobrepasado de largo ese nivel de podredumbre: han pasado por los juzgados Ministros, Presidentes de Comunidades Autónomas, Consejeros, Presidentes de Parlamentos, Alcaldes… vinculados a “tramas” de la sociedad civil de carácter parasitario o formando parte directamente de ellas, no ya como cómplices necesarios, sino incluso como instigadores y organizadores. Y a eso se le llama Crimen Organizado.

La clase política se defiende como gato panza arriba cuando desde abajo se generaliza acusándola de estar toda ella pringada en la corrupción. Y es verdad: todavía queda gente honrada. Pero esa gente honrada está siendo utilizada como parapeto, a modo de escudo humano, para evitar asumir la enorme responsabilidad que nuestra clase política ha contraído con la ciudadanía, ya sea por acción o por omisión. Si los políticos quisieran, acabarían con la corrupción en cuatro días. Simplemente, no quieren.

Pero volvamos al asunto del Crimen Organizado. España no es el único país en el que las redes mafiosas se han incrustado en la administración del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico. Tenemos muy cerca el caso de Italia. Hace ya muchos años que la Mafia se incrustó en el Estado italiano, obteniendo inestimables “ayudas” políticas desde las más altas instancias del gobierno. Quien haya visto Il divo, la película sobre Andreotti, sabrá de lo que hablo. A la corrupción democristiana siguió la berlusconiana, a pesar de los esfuerzos de algunos jueces (¿se acuerdan de Manos limpias?). El convencimiento entre las gentes de que el asunto no tiene solución, ha permitido al populismo de derechas asentarse en el poder en Italia sin pagar ningún precio por sus delitos.

¿Es este el futuro que nos aguarda a nosotros? ¿Vamos, de tan decepcionados, a seguir votando a los protectores, o cómplices del Crimen Organizado, como en Italia? ¿Nos va a dar igual que ganen unos u otros, porque en el fondo todos son lo mismo?

Parece que sí. Parece que eso es lo que piensan cada vez más personas. ¿Estamos a tiempo de cambiar las cosas? Probablemente sí, siempre que los partidos, o algún partido, se decida a abanderar decididamente la lucha contra la corrupción y empiece a dar ejemplo. Más allá de los discursos. Más allá de la retórica.

De momento, empecemos a llamar a las cosas por su nombre: lo llaman corrupción, pero en realidad es Crimen Organizado.

La crisis y modelos de desarrollo. Lo mucho que nos jugamos / Julia Martínez


Ya en 2006, desde el Foro Ciudadano y otras instancias se realizaba un diagnóstico bastante desolador acerca del modelo de desarrollo por el que se estaba apostando en la Región de Murcia, basado en una inundación de cemento sin límites, y se advertía no sólo de las tremendas consecuencias ambientales, sino de que los supuestos beneficios económicos a corto plazo, que casi todo el mundo aceptaba como un maná que no había que cuestionar, se tornarían más pronto que tarde en fuente de problemas sociales y económicos de todo tipo. Dos años después tales consecuencias eran ya una realidad y hoy se añaden al panorama dibujado por una crisis global, nacional y regional sin precedentes a todos los niveles, desde el financiero al socioeconómico y al ambiental.

Casi nadie quiere recordar las múltiples voces ciudadanas, agrupadas en torno al movimiento La Región de Murcia No se Vende, que denunciaban el desorden social y la sinrazón ambiental del tsunami urbanístico. Casi nadie quiere recordar las múltiples voces de expertos que desde análisis rigurosos, como los que se exponían en el Informe 2006 del Foro Ciudadano, señalaban las falacias de un crecimiento tramposo cuyos cimientos, básicamente especulativos, se desintegrarían como el papel con las primeras lluvias.

Muchas voces que hasta 2006 permanecieron calladas, afirman ahora que la alternancia de vacas gordas y flacas son normales y que lo que tienen que hacer las Administraciones públicas (es decir, lo que tenemos que hacer todos nosotros con nuestros impuestos) es ayudar a recuperar el crecimiento, sacando a flote el sector financiero y reimpulsando el sector de la construcción, a mayor gloria del pelotazo de algunos y el consumismo enfebrecido de todos.

¿Y de dónde se pretenden sacar los recursos necesarios? Obviamente, no con mayores controles y regulaciones al sistema financiero, ni con tasas bancarias ni impuestos a los más ricos y con la lucha contra el fraude fiscal. Los recursos para ese supuesto nuevo crecimiento se pretenden obtener de empezar a desmantelar un Estado del Bienestar que en España hemos construido de forma más tardía y precaria que en el resto de Europa.

Pero esta opción es una huida hacia adelante en la peor de las direcciones, porque supone iniciar la pérdida de conquistas sociales básicas, que se sabría como empieza pero no cómo ni cuándo terminaría, y porque además la etapa dorada del crecimiento no puede volver en plena y creciente crisis global energética, de recursos y de sumideros de residuos.

No podemos —ni debemos— volver al desbocado crecimiento de nuestro pasado reciente que tanto daño ha causado en lo ambiental y también en lo estrictamente económico, comprometiendo incluso las bases del desarrollo futuro trasladando las facturas a las generaciones futuras —y no tan futuras—. Entre estas facturas, la escandalosa emisión de deuda por parte de todas las Administraciones, Ayuntamientos incluidos, no es más que uno de los ejemplos más divulgados. Reimplantar ese crecimiento sería como echar gasolina a la casa en llamas.

Los indicadores de ecoeficiencia muestran que el crecimiento económico de la Región de Murcia en los años recientes ha tenido lugar a base de dilapidar más recursos y producir más contaminación por unidad de PIB, lo que no parece una opción muy inteligente. Estos indicadores y otros como la huella ecológica, que ha aumentado de forma acelerada en los últimos años, señalan la necesidad de reducir de forma sustancial y urgente los flujos de recursos y materiales y la producción de residuos en las actividades económicas así como de reconducir los hábitos de consumo hacia patrones más sostenibles. La actual crisis financiera y económica, con ser la que más atención recibe, forma parte en realidad de una crisis mucho más global, una crisis de sostenibilidad a todas las escalas, en lo ambiental, en lo económico y en lo social.

En nuestro ámbito más cercano, urge un cambio profundo hacia una Región de Murcia más sostenible en las prioridades de los ciudadanos, de los agentes económicos y sociales, de la agenda política y en la toma de decisiones de nuestros poderes públicos. No podemos caer en un segundo error y desaprovechar esta oportunidad para un giro radical en el modelo de desarrollo, que respete, cuide y trate con inteligencia nuestro territorio, nuestros paisajes, nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad, que apueste por diversificar la economía, por hacerla más equilibrada y basada en empleo estable y cualificado, que invierta en investigación y desarrollo y en mejorar sustancialmente la formación de los jóvenes, que se abra a actividades que generen alto valor añadido sin consumir la base de recursos, que preserve nuestra identidad personal y colectiva y nos permita disfrutar una verdadera calidad de vida, alejada de un consumismo exacerbado.

Y todo ello requiere de un Estado del Bienestar saludable, porque la sostenibilidad social (educación, equidad, cualificación laboral, empleo estable...) es imprescindible para este giro en el modelo de desarrollo, justo el Estado del Bienestar que se pretende empezar a desmantelar para satisfacer la voracidad de los mercados financieros y un capitalismo globalizado que nunca tendrá suficiente.

El 29 de septiembre, con motivo de la huelga general, todos tenemos una oportunidad para decir que no a esta huida hacia delante.

viernes, 9 de julio de 2010

La banca exige a Luis del Rivero (Sacyr) ampliar capital en 400 millones para reducir la deuda corporativa

MADRID.- Al sector financiero le aprieta cada vez más el Banco de España y los bancos y cajas empiezan a trasladar esa presión a sus clientes. Uno de los principales es Sacyr Vallehermoso, compañía que arrastra un endeudamiento de 12.015 millones de euros. Varias entidades han exigido al murciano Luís del Rivero, presidente del holding de construcción, energía y servicios, que recapitalice la matriz en 400 millones para hacer frente a la deuda corporativa, según www.cotizalia.com

“Sacyr tiene un evidente problemas de recursos propios”, sostiene el responsable del departamento de créditos de un banco internacional que ha participado en varias financiaciones para activos de la compañía. “Los bancos le han pedido desde hace meses que amplíe capital en al menos 400 millones, pero con la cotización por los suelos es muy difícil”, añade.


En este entorno se comprenden las declaraciones de Del Rivero en la rueda de prensa previa a la reciente junta general de accionistas. El empresario murciano anunció que iba a pedir a la banca que ampliara en un año el vencimiento de los 5.000 millones que les adeuda por la compra del 20% de Repsol, que debería de pagar en diciembre de 2011. Pero sobre todo hizo hincapié en que el objetivo principal es “reducir a cero” su deuda corporativa, la que afecta directamente a la matriz y que actualmente es de 510 millones.


Porque de los 12.000 millones de apalancamiento que soporta el grupo, gran parte es sin recurso contra el accionista, al estilo de lo que hizo ACS cuando compró el 12% de Iberdrola. El problema para Sacyr es que apenas capitaliza ya 1.200 millones de euros, por lo que esos 500 millones suponen el 40% del valor del grupo. Rivero aseguró que ese reto podría conseguirse durante este año o el siguiente. Uno de los "caminos" para lograrlo puede ser la venta de la participación de 16% que Sacyr aún tiene en Itínere y seguir abriendo a fondos de inversión sus concesiones.


Por esa operación, la compañía ingresaría unos 250 millones de euros, una cantidad que le permitiría hacer frente al vencimiento de este año, que asciende a 166 millones. En 2011, Sacyr tiene que abonar 192 millones y otros 149 un año después. “Esa operación no va a ser fácil porque son activos de poco valor y los compradores saben que nadie va a pagar la valoración de Citi”, argumenta un banquero en referencia a los 7.500 millones que desembolsó el fondo de infraestructuras del banco americano a finales de 2009 por el 90% del grupo de concesiones.


Sacyr, que ha declinado hacer comentarios sobre esta información, decidió no pagar dividendos para recapitalizarse pese a ganar más de 500 millones en 2009. La compañía tiene que hacer frente a un total de 875 millones de deuda que expira este año. Pero el obstáculo grande lo tiene en 2011, cuando debe pagar algo más de 6.000 millones. El mercado no confía mucho en las posibilidades de la sociedad, que, como el resto, se va a ver afectada por la paralización del plan de infraestructuras del Gobierno. La cotización de Sacy, que acumula minusvalías latentes de más de 2.000 millones en Repsol, se ha hundido en el primer semestre un 50%, hasta tocar mínimos en más de 14 años.


Ha sido el peor valor del Ibex 35 en la primera parte del ejercicio. Su desplome ha sido mucho mayor al registrado por sus competidores, como FCC, que se ha dejado un 31% Ferrovial, un 26%, y Acciona, un 23% ACS se ha mantenido sin cambios respecto al cierre de 2009 y OHL se ha permitido el lujo hasta de subir. La venta del 4% en manos de Mutua Madrileña ha terminado de matar al valor, que tiene una liquidez reducida.

La acción apenas ha tenido alegrías puntuales en lo que va de año. La más relevante fue cuando comunicó a finales de mayo un acuerdo para refinanciar la deuda de Vallehermoso, su filial inmobiliaria. Sin embargo, tras aquel repunte del 6%, la cotización se ha dejado un 15%.

Adicae denuncia que la nueva LORCA "dilapida a precio de saldo" el patrimonio social de las cajas

MADRID.- Adicae denunció hoy que el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), "dilapida a precio de saldo" el patrimonio social de las cajas de ahorros, según informó la asociación en un comunicado.

La asociación recordó que este patrimonial "ha sido generado durante más de cien años por la sociedad española y, en particular, por los pequeños ahorradores y consumidores". Adicae recordó que las cajas de ahorros representan el 50% del sistema financiero español.

La asociación alertó de que el Real Decreto Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), aprobado hoy, "permitirá el expolio" de las cajas, "a manos de cualquier tiburón financiero, impidiendo la verdadera democratización y modernización necesaria".

Adicae consideró que las cuotas participativas con derechos políticos suponen dejar el gobierno de las cajas y su patrimonio en manos de cualquier inversor privado, especialmente la banca, pero también de los 'hedge funds' y otros "depredadores" financieros.

Además, la asociación explicó que el objetivo de capitalizar las cajas ha llevado al "absurdo" criterio de establecer un "falso" límite a la emisión de cuotas en el 50% del patrimonio de las cajas con el que se pretende mantener un equilibrio "imposible" en los consejos de administración.

Adicae presentará la semana que viene un dossier con sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, entre las que se encuentran limitar la emisión de cuotas a un tercio y mantener la participación de los impositores en los órganos de gobierno de las cajas en un mínimo del 30%.

Por su parte, UGT rechazó hoy el Real Decreto Ley que modifica la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) al entender que supondrá "la bancarización de las cajas" y que "romperá el modelo social" que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y pymes o su naturaleza social.

También el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido que el decreto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) supondrá "la desnaturalización" del sistema de cajas de España, lo que a su vez provocará "un profundo plan de ajuste laboral", que contará con "un profundo rechazo sindical".

Lo cierto es "que se avanza de forma decidida hacia un proceso de desnaturalización" de las cajas y que "vayan bancarizando su función", sea a través "de la creación de Fundaciones que se desprendan del negocio financiero y lo sitúen en la órbita de un banco", sea "por la vía de la salida de los órganos de gobierno de instituciones, impositores trabajadores u otras",

Asimismo, ha argumentado que esta modificación de la naturaleza jurídica de las cajas "generará un profundo plan de ajuste laboral que además ahora tiene una referencia nueva: la reforma laboral aprobada por el Gobierno".

Toxo ha defendido que "se debe dar un mayor control a la ciudadanía" mediante "el refuerzo de la presencia de los impositores y de los trabajadores".

Por ello, ha reclamado que se despejen "las incógnitas" de "las cuotas participativas con derechos políticos, en qué límites las cajas van a repartir dividendos como hacen los bancos y si se va a mantener la obra social" y reclamó que el Gobierno "las resuelve a favor de los intereses de la ciudadanía" y "no como intuimos pactada con la dirección de las cajas y con otros sectores como el de la banca clásica que ven en la caja una oportunidad de negocio".

Finalmente, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) que aprobó hoy el Consejo de Ministros, al considerarla el "escándalo más importante en materia económica de los últimos años", en un ejercicio "antidemocrático" que beneficia ante todo a los "especuladores" del sector privado.

En este sentido, señaló que, gracias a las cuotas participativas con derechos políticos, el capital privado podrá aprovecharse de los 13.500 millones de dinero público que ha costado el saneamiento de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En rueda de prensa, Llamazares denunció que el Gobierno ha actuado "al dictado" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España para "volar" el último baluarte de la "economía mixta y social" que recoge la Constitución con la "privatización" de unas instituciones que desde el siglo XIX han tenido una función social y "redistributiva" de la riqueza.

Asimismo, señaló que la actuación del Gobierno ha sido "antidemocrática" porque no ha contado ni con los representantes de instituciones sociales en los consejos ni con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, sino que sólo se ha guiado por las directrices del FMI y del Banco de España, avaladas por los "presidentes eventuales" de algunas entidades.

Llamazares auguró que el Gobierno se encontrará con el rechazo de comunidades autónomas y ayuntamientos a la medida a través incluso de acciones legales.

El Gobierno regional considera "injusto" que el recorte de Fomento "afecte a obras sin garantía de solución de continuidad"

MURCIA.- La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, consideró hoy "injusto" que el recorte que aplicará el Ministerio de Fomento haga "caer" de la programación obras que "ya están en un estado de ejecución muy avanzado y sin garantías de continuidad, como es el caso de la variante ferroviaria de Camarillas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Reverte indicó que el recorte afectará a infraestructuras que la Comunidad considera "esenciales" para el desarrollo regional y la modernización de las comunicaciones, por lo que criticó que el Gobierno de España "impone una nueva condena a la modernización del entramado ferroviario".

Reverte dijo ser "consciente de la situación de crisis nacional actual" y que el recorte "tiene que afectar a todos", pero solicitó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que "a la hora de decidir los recortes tenga en cuenta la situación de cada una de las comunidades autónomas y las aplique con circunstancias objetivas y no subjetivas".

La portavoz reconoció que le gustaría que los socialistas murcianos "fueran capaces de reivindicar a Zapatero la recuperación de estas infraestructuras, aún siendo conscientes de la situación económica que se vive en el contexto nacional".

Al respecto, confirmó que el Gobierno regional "va a seguir trabajando y luchando por recuperar todos aquellos proyectos que han sido descartados inicialmente por el Ministerio, como la autovía del Reguerón, los arcos norte y noroeste de la ciudad de Murcia y las carreteras proyectadas para una mejor vertebración de la Región de Murcia".

Retegui afirma que Valcárcel sigue despilfarrando el dinero público

CARTAGENA.- La viceportavoz del PSRM en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, afirmó que el Gobierno regional “hace lo contrario de lo que dice en cuanto a ahorro en entes y fundaciones”.

Así, explicó que entre enero y mayo de 2010, en lugar de reducir el presupuesto, éste se ha incrementado en 3,5 millones de euros “y han gastado el 76 por ciento del presupuesto inicial para 2010 en consorcios y fundaciones, al ejecutar 30,6 millones de euros en tan solo 5 meses, lo que representa un 273 % más de todo lo gastado en 2005”.

La diputada socialista criticó que Valcárcel y su Gobierno “no pagan a los proveedores, no pagan las pocas obras que ejecutan, pero sí han encontrado cómo seguir despilfarrando dinero”.

Retegui se refirió a lo declarado por la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, cuando dice que no hay problema por la desaparición de alguno de los entes “porque están duplicados, porque hay una sociedad instrumental que los asume”. Y se preguntó “dónde está, entonces el ahorro si se va a seguir haciendo lo que se hacía con el mismo organismo”. “Si, como dice Barreiro, los consorcios son prescindibles, quitémoslos todos”, añadió.

Por otro lado, explicó que para quedarnos en la media de entes por cada 1.000 habitantes de España, tendríamos que reducir el 75 % de los que tenemos en la Comunidad Autónoma. Y reprochó a Valcárcel “no tener un criterio para suprimir entes, da la sensación de que se han suprimido al tun-tun”.

En la Comunidad de Murcia aumentó el número de entes en un 53 por ciento desde enero de 2005, cuando había 68, hasta enero de 2010, cuando ya eran 104. Además, el coste de entes y fundaciones era en 2005 de 8,2 millones de euros, y en 2010 hay presupuestados 43,8 millones.

“¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde se quedan las falsas promesas de Valcárcel?”, se preguntó finalmente la diputada.

Rosique denuncia una “estrepitosa” caída del 70% en la contratación de obra pública regional

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique manifestó que los datos de SEOPAN a mayo de 2010 confirman “el valcárcerazo” a la contratación de obra pública por parte del Gobierno regional.

El Observatorio de la Construcción (SEOPAN) ha publicado los datos de licitación de Obra Pública a mayo de 2010, donde queda patente que el Gobierno regional licitó tan sólo 31 millones de euros frente a los 109 millones de euros licitados en el mismo período de 2009. Lo que supone “una estrepitosa caída” de la contratación de obra pública por parte del Ejecutivo de Valcárcel.

El Gobierno de España ha licitado a mayo de 2010, un total de 65 millones de euros, el doble que la Comunidad, a lo que hay que sumar las obras del Plan E, licitadas por los ayuntamientos y financiadas por el Gobierno central. Todas las comunidades autónomas licitan el doble que el Gobierno de España, a excepción de la Región de Murcia, donde sucede al revés.

La diputada socialista explicó que esta caída en picado en la contratación de obra pública por parte del Gobierno regional acarreará efectos muy negativos para las empresas de la construcción de nuestra Región; caída que viene produciéndose desde 2008, tal y como se viene denunciando desde el PSOE.

Rosique recordó que en 2008, año en que empieza a manifestarse la crisis, el Gobierno regional contrató 91 millones de euros menos que en 2007 y en 2009 se dejó sin contratar 152 millones de euros del presupuesto de inversiones. A esto hay que sumar que las inversiones para 2010 se han reducido en 157 millones respecto al año anterior.

“Ahora los datos de SEOPAN vuelven a demostrar la caída imparable en la contratación de obra pública por parte del Ejecutivo regional y estos datos quitan toda autoridad moral a Valcárcel y su gobierno para exigir a otros lo que ellos no hacen”.

El PSOE manifiesta su enorme preocupación por estos datos y exige al presidente Valcárcel mayor contratación de obra pública.

Desde 2008 a mayo de 2010, la contratación de obra pública en la Región de Murcia, financiada por el Gobierno de España, es de 1.133 millones de euros. La contratada por el Gobierno regional ha sido de 569 millones de euros.

La Consejería de Obras Públicas está sacando a contratación desde el mes de junio obras millonarias que sólo tienen 10.000 euros de consignación cada una de ellas para 2010.

jueves, 8 de julio de 2010

Rajoy planea un congreso extraordinario del PPCV para relevar a Camps, Fabra y Ripoll

ALICANTE.- El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, planea un congreso extraordinario del PPCV en el mes de septiembre para relevar como líderes a los actualmente imputados en los tribunales: Francisco Camps, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll y sustituirlos por políticos más jóvenes y no salpicados por casos de corrupción, según fuentes de Génova 13 citadas por la Cadena SER.

Según fuentes de la sede nacional, la solución global al problema valenciano pasaría por la convocatoria de un congreso extraordinario que reordenase los equilibrios de poder. En el entorno de Rajoy se apuesta por la incorporación de caras nuevas al PP valenciano, sabedores de que el 'post zaplanismo' ha sido un fracaso que, de no solucionarse, puede complicar las aspiraciones electorales de un Rajoy que en Valencia, por el momento, sigue teniendo su principal granero de votos.

De confirmarse este extremo, parece claro que Francisco Camps no repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2011 pese a la insistencia de los últimos días sobre la confirmación de su candidatura, que Fabra dejará la política debido a su enfermedad y situación procesal, y que Ripoll se quedará solo para enfrentarse a los eventuales cargos presentados contra él en los tribunales de justicia, susceptibles de deparar aún nuevas sorpresas hasta para el propio Eduardo Zaplana al tirar por elevación contra su lugarteniente.

La dirección nacional del Partido Popular es consciente de que tiene que tomar una decisión sobre José Joaquín Ripoll. Dentro de la dirección, en el entorno de la secretaría general, se apuesta por su suspensión de militancia. Sin embargo, el equipo de Rajoy está analizando la decisión judicial sobre el presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Dicen que Rajoy pretende un nuevo reparto de poder a nivel provincial y regional en la Comunidad Valenciana dentro de su partido y que serán muchos los políticos dudosos que tendrán que abandonar a continuación sus actuales situaciones de poder y privilegio en la administración autonómica, por otra parte fuertemente endeudada y hasta 'gripada'.

Al parecer, tiene toda la pinta de ser firme la decisión de Rajoy de afrontar esta inaplazable cirugía política de urgencia porque la situación ya amenaza con dinamitar su propia candidatura a La Moncloa en los comicios de 2012 de seguir pudriéndose la situación de su partido en la Comunidad Valenciana a cuenta de secuenciales casos de probada corrupción, que pueden no haber terminado.

Entre los políticos que ya se barajan para sustituir a Camps, estaría el propio Esteban González Pons, ahora fiel escudero de Rajoy y político alejado de las intrigas de Valencia, el inefable Gerardo Camps, y hasta el castellonense Juan Costa (hermano de Ricardo), quien llegó a competir con Rajoy por el liderazgo nacional del PP. Se descarta absolutamente a Rita Barberá, incluso es más que probable que tampoco opte a su reelección como alcaldesa de Valencia.

El detonante de la imputación de Ripoll, presumiblemente por varios presuntos y graves delitos, ha convulsionado a todo el PP desde Madrid a Valencia y muestra como algo inaplazable una acción decidida de líder y aparato central frente a la recurrente corrupción en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y, ahora, al parecer, la Región de Murcia como trueno gordo de esta corrosiva entrega por capítulos que todavía dicen aguarda muchas sorpresas para la gran militancia honesta del partido conservador fundado por Manuel Fraga.

El Gobierno Zapatero acaba con la naturaleza genuina de las cajas de ahorro para entregarlas a los bancos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

El presidente compareció este jueves tras reunirse con el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para abordar la reforma de la Lorca e insistió en que, a pesar de que el sistema financiero ha demostrado solvencia, las cajas de ahorros mostraban debilidades y carencias que había que fortalecer para su estabilidad en el futuro.

No obstante, matizó que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de "máxima categoría" en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y "la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro".

Respecto a la capitalización, Zapatero explicó que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas. Estos títulos podrán ser emitidos desde el mismo momento en que entre vigor la nueva norma.

En relación a la profesionalización, Zapatero precisó que se limita la presencia de representación política de las cajas porque se establece "la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas", y se "impide" la participación de representates de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración, y se refuerza el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja. De este modos, se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo patrimonio a un banco.

Zapatero recalcó que tras la reforma legal las cajas van a poder disponer de un "abanico extenso" de posibilidades para acceder a las mejoras alternativas de capitalización y que podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad autonómica, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.

Asimismo, insisitiò en que las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciado a su condición de caja.

El presidente expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas, dado el "relevante papel" de las cajas en el sistema financiero español y de la importancia que la reforma tiene no sólo para la solvencia del sistema financiero, sino también para la capacidad del crecimiento económico del país.

"Las cajas van a tener la palabra decisiva sobre su futuro y sobre su posición en el sistema financiero, pero el cambio debe contar, para que sea lo más fuerte posible, con el mayor número de apoyos parlamentarios. Por ello trabajará el Gobierno", añadió.

Zapatero también agradeció la colaboración del PP y de las cajas de ahorros, con quien se ha mantenido "un intenso diálogo", para sacar adelante esta reforma, y avanzó que seguirá profundizando este diálogo con los representantes sindicales y con las comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que el Decreto Ley va a tener un carácter de "largo alcance y de reforma en profundidad" y que ha tenido espacios de encuentros "bastante considerables", que se han intensificado en las últimas semanas entre el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El presidente insistió que el diálogo ha sido "satisfactorio" y en que existe un marco de entendimiento, a expensas de que van a seguir seguir trabajando hasta que el Consejo de Ministros aborde mañana la reforma.

Asimismo, recordó que la reforma se produce tras concluir "con éxito" el proceso de reestructuración financiera mediante fusiones e integraciones, que comenzó hace un año con el Decreto Ley que regula el FROB, que también acordó con el Partido Popular.

En este sentido, consideró que para que esta reestructuración de las cajas de ahorros mantenga la eficiencia, la solvencia y las entidades se adapten al tamaño del mercado actual, exigía una reforma de "más calado" que afectase a su legislación.

Valcárcel considera que la nueva ley es "perversa" y "simplemente intenta dar contenido a un Ministerio"

CARAVACA DE LA CRUZ.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, consideró hoy que la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es "de una perversidad tremenda, una ley que simplemente intenta dar contenido a un ministerio que no tiene contenido: el de Igualdad".

Valcárcel hizo estas declaraciones en un acto en Barranda a preguntas de los medios, y no dudó en criticar una ley que "nadie ha pedido y que permite a niñas de 16 años, menores de edad, abortar; ya no con el consentimiento o sin él de los padres, sino que permite abortar desde el desconocimiento".

A su juicio, es "intolerable" que una niña de 16 años "que no tiene capacidad para votar, porque entiende el Gobierno de España que no hay criterio a esa edad para votar, sí pueda abortar".

Que, argumentó, "una niña de 16 años que no puede tomar una cerveza porque es menor de edad --y aclaró que le parece bien que no pueda--, pero sin embargo sí pueda abortar".

No obstante, Valcárcel reconoció ya anteriormente que Murcia acatará y aplicará "por imperativo legal y no porque estemos de acuerdo con ella" la nueva ley del aborto tras conocer el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos.

El juez imputa diversos cargos y decreta libertad provisional para el presidente de la Diputación de Alicante

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

Una tesis doctoral dice que el franquismo generó un ciudadano "paciente, resignado y estoico"

MURCIA.- El régimen franquista generó el 'homo patiens', un sujeto "paciente, resignado y estoico", según una de las conclusiones de la tesis doctoral presentada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia por Salvador Cayuela Sánchez.

Las conclusiones del estudio, que ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude', indican también que este modelo de persona "estaba sometido a la realidad de sus circunstancias y era una pieza clave en el sostenimiento de la dictadura y la verdadera obra predilecta del régimen".

Para Cayuela Sánchez, el régimen de Franco puede ser dividido en dos etapas diferenciales, la primera de las cuales llegaría hasta el año 1959 y la segunda, desde este año hasta 1975, en que fallece el dictador, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El autor de la tesis doctoral ha analizado la forma de actuar de mecanismos como el Frente de Juventudes, el sindicalismo vertical, los seguros sociales y la política económica del régimen en sus distintas etapas, así como el sistema educativo.

Este trabajo de investigación ha sido dirigido por el profesor Antonio Campillo, recientemente elegido decano de la Facultad de Filosofía.

Por otra parte, un programa de la UMU ha sido seleccionado con el de otras trece universidades españolas para optar al Campus de Excelencia Internacional 2010.

Los programas seleccionados corresponden a los presentados por las universidades de Barcelona, Politécnica de Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Vigo, Murcia, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Pablo de Olavide (Sevilla), Extremadura y la privada Universidad de Mondragón.

El catedrático de Psiquiatría, Aquilino Polaino, apuesta porque el alumno sea "autor de su propia vida"

MURCIA.- El catedrático de Psiquiatría de la Universidad San Pablo CEU, y profesor del Master en Psicología de la Salud y Práctica Clinica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Aquilino Polaino, apostó hoy porque ele alumno "debe ser autor de su propia vida y deben tomar el control de las mismas, como corresponde a personas maduras que toman sus propias decisiones".

El experto ha hecho estas declaraciones este jueves en la UCAM, donde ha impartido una sesión formativa dirigida a los miembros del Cuerpo de Tutores Personales titulada 'La fundamentación antropológica de la tutoría universitaria', enmarcada en el Programa de Formación Continua del Profesorado, según informaron fuentes de la institución docente.

Polaino ha mostrado las claves antropológicas que sustentan y articulan la acción tutorial y ha defendido su importancia de cara a lograr la formación integral de la persona.

Así, ha destacado el papel "fundamental" de las tutorías en el proceso educativo, ha explicado que la libertad personal "no es algo que se pueda delegar y ha afirmado que sustituir en su libertad a las personas a la hora de vivir su propia vida "convierte a estas en seres inútiles".

"Las personas no nacen formadas, sino que deben hacerse, aprender a hacer un uso adecuado de su libertad, y los alumnos no son actores ni espectadores", manifestó.

Polaino ha recalcado que "esta realidad entronca directamente con la labor insustituible de los tutores, que a través del contacto directo, deben orientar, ayudar a la persona a conocerse, supervisar su evolución académica y fomentar el desarrollo de habilidades instrumentales, básicas como escribir, leer y hablar en público, fundamentales en la cultura occidental".

Valcárcel asegura ahora que Murcia aplicará la ley del aborto tras el pronunciamiento del CGPJ

BRUSELAS.- El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, aseguró hoy que su Comunidad acatará y aplicará la nueva ley del aborto tras conocer el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) según el cual la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del PP contra la norma no tiene efectos suspensivos.

"Si no hay efectos suspensivos, hago lo que siempre he hecho en los 15 años que vengo presidiendo la Región de Murcia, acatar todas las leyes. Unas me gustan mucho, otras me resultan indiferentes, otras me gustan menos, otras incluso pueden mermarme mis ingresos en un 15 por ciento. Esto no le gusta a nadie, pero se acatan", afirmó Valcárcel.

"Yo siempre acato la ley", insistió el presidente murciano. "Mi Comunidad no es ni mucho menos una comunidad que actúe en función de que le guste o no la ley", dijo en declaraciones a la prensa antes de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, junto con otros representantes de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas.

Valcárcel había dicho el pasado lunes que "de momento no hay razones" para acatar la nueva ley del aborto porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

El presidente murciano aclaró que cuando pronunció esas palabras "necesitaba conocer" si "hay o no hay un efecto suspensivo" por la admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley.

"Yo no aplico esta ley en tanto no se me aclare si los efectos son o no suspensivos, pero que lo aclaren las instancias judiciales, no las políticas", explicó. Una vez que el CGPJ confirmó este martes a través de su portavoz, Gabriela Bravo, que el recurso no tiene efectos suspensivos, Murcia aplicará la nueva ley.

Al ser preguntado si para él acatar la ley significa enviar a las mujeres a otras comunidades para abortar, Valcárcel aseguró que "esto no se va a hacer". "Ni mucho menos", zanjó.

En Murcia se sigue avanzando para solventar los problemas técnicos que permitan aplicar la nueva norma ya que ninguna de las cinco clínicas privadas están acreditadas para ello porque no ha existido tiempo material, pues el decreto que articula la nueva regulación se conoció el 26 de junio y la ley entró en vigor el 5 de julio, según explicó el Gobierno regional.

"Mi partido no me ha desautorizado en ningún momento. Nadie de la dirección nacional del partido me ha llamado para decirme nada absolutamente ni a favor ni en contra", aseguró el presidente murciano. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo este martes al ser preguntada por la actitud de Murcia que la ley del aborto "ha entrado en vigor y es aplicable".

En todo caso, Valcárcel insistió en su rechazo a la nueva ley, especialmente por permitir a las menores abortar sin tener que informar a sus padres. "Esto nos parece demencial", señaló.

A su juicio, "no hay derecho alguno a que se prive a los familiares más directos, a los padres de esa menor de edad, por lo menos del conocimiento de que su hija va a abortar porque está embarazada".

"Parece que una niña de 16 años no tiene criterio suficiente para poder votar -probablemente sea así, no lo sé- y sin embargo se le dota de criterio para poder abortar. No tiene el más mínimo de los sentidos", insistió.

El presidente murciano atacó además la "hipocresía" del Partido Socialista por haberle criticado "rasgándose las vestiduras" cuando el PSC va a manifestarse en Cataluña porque no está de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que buscará "por la puerta de atrás" alguna posibilidad "para que contentemos a los socialistas catalanes con su estatuto independientemente de lo que diga el TC.

miércoles, 7 de julio de 2010

El Banco de España propone que cada autonomía recaude en función de su gasto

MADRID.- El Banco de España insistió hoy en que las comunidades autónomas deben compartir esfuerzos para lograr reducir el déficit público, y propuso que se establezca una "corresponsabilidad fiscal" para que cada gobierno regional se encargue de recaudar en función de lo que gasta.

Según explicó el director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su intervención en un curso sobre la economía española organizado por la Universidad Complutense, sería "muy bueno" establecer un criterio de este tipo.

Malo de Molina aclaró que el modelo de financiación autonómica es "sostenible", pero matizó que "otra cosa es cómo conseguir mantener la disciplina", en un marco de descentralización de competencias.

En cualquier caso, alabó la disposición autonómica a contribuir en la consolidación fiscal para lograr que el déficit público no supere el 6% del PIB al cierre de 2011.

Con este objetivo, recordó, el Gobierno tiene un programa "ambicioso y detallado", que supondrá una contención del gasto de una "proporción desconocida", pero que si se lleva a la práctica sin desviaciones, tendrá un esfuerzo positivo para la economía, añadió.

Recientemente, Bruselas pidió a España una reducción del gasto en un 1,75% del PIB, que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que se conseguiría en un punto, con la reducción del techo de gasto de los presupuestos, y el 0,75% restante con la colaboración de las autonomías.

La gente de Mazón arremete contra Valcárcel por declarar públicamente que no acatará la Ley

MURCIA.- La Asociación Preeminencia del Derecho ha denunciado al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia por declarar públicamente que "no hay razones suficientes para acatar" la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo "pues no está en su punto final", lo que "podría ser constitutivo de un delito de suspensión ilegítima de disposición general del artículo 506 del Código Penal en vigor", según la denuncia.

Para la Asociación, la conducta de Valcárcel es típica de este artículo 506, que indica que "la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 12 años".

La vicepresidenta de la Asociación, Encarnación Martínez, calificó la conducta de Valcárcel de "inaudita temeridad de un presidente de una Comunidad Autónoma", y añadió que "si la Justicia actúa con seriedad como es lo debido", le puede costar "el cargo y hasta prisión".

Todo ello por "insubordinación contra el texto legal aunque sea de forma temporal hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la petición de suspensión cautelar, ya que carece de todo tipo de atribución para ello", según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

La Asociación considera que "ni Valcárcel tiene cultura de la legalidad ni el Gobierno del Estado ejecuta sus funciones al no llevarle ante los tribunales de justicia por semejante arbitrariedad que reviste indicios de delito".

En concreto, Valcárcel aseguró este lunes que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme por parte del Tribunal Constitucional, según informaron fuentes de la Asociación en un comunicado.

La Asociación Preeminencia del Derecho acompañó la denuncia con recortes de la prensa regional en los que aparecen las citadas declaraciones, y otro en el que una fuente oficial del Gobierno regional reafirmó las declaraciones de Valcárcel diciendo que "mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad aquí no se va a aplicar la ley".

Preeminencia del Derecho, que presentó la denuncia ante el TSJ porque Valcárcel es aforado ante esa sala, justificó que estas declaraciones se ajustan al artículo 506 porque el denunciado "es una autoridad, presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia", y porque "ha proclamado públicamente que suspende la efectividad de una disposición general para lo que carece de todo tipo de atribuciones".

Además, la Asociación Preeeminencia del Derecho manifestó que la petición de suspensión formulada por su partido, el PP, en su recurso de inconstitucionalidad "carece de efectos suspensivos sobre la norma, una vez que fue suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad".

Asimismo, explicó que Valcárcel "es el Jefe del Poder Ejecutivo Regional del que depende la sanidad pública y las demás instituciones sanitarias encargadas de aplicar la Ley del Aborto aprobada por el Parlamento y en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".

La Asociación también esgrimió que La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo (BOE 4 de Marzo) entró en vigor el 4 de julio de 2010, a los cuatro meses de su publicación y, hasta la fecha, Valcárcel "ha impuesto la suspensión de la ley durante cuatro días porque su publica declaración constituye la manifestación explícita de voluntad de hacer inefectiva la Ley citada".

La existencia de recurso de inconstitucionalidad, según la Asociación, "no suspende la eficacia de la ley, como se ha dicho, ni tampoco la petición de suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional efectuada por el PP recurrente, que solo se aplica a los recursos de amparo, no a las leyes, por lo que el denunciado carece de toda atribución para suspender la ejecución de esta Ley".

La Asociación añadió que Valcárcel "está también impidiendo con su temeraria y arbitraria conducta que las mujeres que puedan o deseen acogerse a la interrupción de su embarazo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia puedan ejercitar su derecho legal" lo que "constituiría una conducta de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, es decir de los derechos legales del artículo 542 del Código Penal".

Por todo ello, la Asociación ha solicitado la incoación de diligencias previas para la investigación del hecho que "reviste caracteres de delito", reclamando a la Consejería de Presidencia "la confirmación de la condición de Presidente de la Comunidad Autónoma del denunciado".

Asimismo, ha pedido "la reclamación de dicha Consejería y de la Consejería de Sanidad, de cuantas instrucciones se hayan dictado para la ejecución de suspensión de la ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo, sobre interrupción voluntaria del embarazo".

Igualmente, la Asociación ha solicitado "ser notificada de la apertura o resolución que se dicte en las expresadas diligencias con vistas a ejercer, en su caso, la acción popular".

Se caen de las inversiones de Fomento el AVE a Lorca y la variante ferroviaria de Camarillas

MURCIA.- El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, informó hoy en rueda de prensa acerca de los resultados de las reuniones de trabajo mantenidas hasta el momento con el Ministerio de Fomento para definir los reajustes presupuestarios de infraestructuras estatales en la Región de Murcia que, según destacó, han permitido confirmar la llegada del AVE a la Región en el año 2014.

El Ministerio ha planteado retrasar la conexión por AVE entre Murcia y Almería, así como el retraso 'sine die' de la puesta en funcionamiento de la Variante de Camarillas y de todas infraestructuras en carreteras que desarrolla en la Región. Entre ellas, ha planteado la anulación de la autovía del Reguerón, que es la carretera "más importante" que construye en la Comunidad.

No obstante, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha mostrado su "total" desacuerdo a todas las derogaciones y recortes, por lo que Fomento ha emplazado a los responsables de la Comunidad Autónoma a una próxima reunión, que tendrá lugar en septiembre, para seguir negociando los recortes y posibles soluciones alternativas.

El consejero manifestó que “hace un año el presidente Valcárcel arrancó al ministro de Fomento la fecha de 2014 para la llegada del AVE y, tras los contactos de los últimos días, podemos confirmar que ésta se mantiene, al igual que la construcción de una tercera vía de mercancías de Alicante a Murcia que incluye a la Región en el Corredor Ferroviario Mediterráneo”.

Además, José Ballesta indicó que, tras las conversaciones mantenidas, Fomento continuará con el estudio informativo para la llegada del AVE desde Madrid a través de un segundo corredor ferroviario por Cieza, así como con la tramitación de la conexión por Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, “dos prioridades para el Ejecutivo regional que también se han conseguido salvar del reajuste presupuestario del Ministerio de Fomento”.

El titular de Obras Públicas y Ordenación del Territorio destacó también que se haya conseguido el mantenimiento del Corredor Mediterráneo como proyecto prioritario, la renovación de los trenes de mercancías y media distancia, y la llegada, en 2012, de trenes híbridos de Alta Velocidad por el corredor ferroviario de Cieza, que podrán circular a 180 kilómetros por hora en líneas sin electrificar, y hasta 250 kilómetros por hora en líneas electrificadas, reduciendo en 35 minutos el trayecto entre Murcia y Madrid.

El Ministerio también continuará los acuerdos para la renovación de los trenes de cercanías y de media distancia, que contempla la puesta en servicio de cuatro nuevos trenes de la serie 599 en las líneas Murcia-Valencia y Valencia-Murcia-Cartagena, así como de tres locomotoras de la serie 594 en la línea Murcia-Cartagena.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha transmitido al Ejecutivo regional la necesidad de retrasar la conexión por Alta Velocidad entre Murcia y Almería, así como de la puesta en funcionamiento de la Variante de Camarillas, “a pesar de estar ésta prevista para finales de este año o comienzos del próximo, por lo que hemos insistido a los responsables ministeriales de la importancia de concluirla en los plazos previstos inicialmente”, indicó José Ballesta.

"No tiene sentido retrasar una obra cuya ejecución estaba tan avanzada", según el consejero, quien recordó que "ya se han concluido la parte de la plataforma, que es la base sobre la que tiene que discurrir la vía, y faltaría la superestructura, formada por las vías, los elementos de electrificación, conexión y seguridad, que es la que el Ministerio quiere retrasar".

El Ministerio "también plantea retrasos en el AVE de Murcia a Almería -muchos de cuyos tramos ya están en obras- mediante "deslizamientos de las anualidades y nunca con la rescisión de los contratos". No obstante, Ballesta confirmó que este recorte no afecta a los soterramientos de Murcia, Cartagena y Lorca, que "son una cuestión que no se discute".

En lo que se refiere a las infraestructuras viarias, José Ballesta indicó que “se mantienen cuatro de las cinco actuaciones de carreteras en ejecución por parte del Gobierno central, si bien se baraja una posible rescisión, total o parcial, de las obras de la autovía del Reguerón”.

En este sentido, aseguró que “dada la importancia que tiene para el cinturón regional de autovías el tramo de la autovía del Reguerón que conecta con la de Zeneta-San Javier, hemos logrado el compromiso del Ministerio para que estudien la salvación de este tramo”.

El consejero lamentó que “todas las actuaciones que están actualmente en marcha sufrirán un retraso de entre 12 y 18 meses, así como la suspensión de los compromisos suscritos por el Gobierno central con la Comunidad Autónoma a través del Protocolo de Carreteras firmado en 2006, que será replanteado en las próximas semanas a partir de la disponibilidad presupuestaria y de las prioridades que hagamos llegar en nuestras conversaciones con el Ministerio de Fomento”.

Ballesta manifestó que el Ministerio prevé mantener pero retrasar entre 12 y 18 meses cuatro de las cinco obras que ejecuta en la Región, así como anular la infraestructura restante, que es la autovía del Reguerón, para la que plantea la "rescisión del contrato, que en este momento está adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE)".

Ballesta lamentó que la autovía del Reguerón representa el "mayor contrato" en infraestructuras ferroviarias, porque implica una inversión de 240 millones de euros, y mostró también la "disconformidad del Gobierno regional, que planteó posiciones intermedias como salvar la conexión entre esta autovía con la Zeneta-San Javier, que permitiría darle salida a la ciudad de Murcia".

Entre las obras a derogar se encuentra la denominada 'conexión suroeste' que conecta el puerto de la Cadena a la altura de la antigua venta de la Paloma con la MU-30, así como la autovía A-33 en los tramos Blanca-Abarán y Abarán-Jumilla, que deberían conectar Murcia con el Altiplano, y una obra de "menor calibre" que es la construcción del tercer carril en la A-30 entre Murcia y el inicio del Puerto de la Cadena.

El protocolo firmado hace un año entre el Gobierno regional y el Ministerio también incluía otro bloque de actuaciones en carretera como los arcos norte y noroeste -que nace en Archena y llega a Alcantarilla- de la ciudad de Murcia, que permitirían descongestionar el nudo de Espinardo, y los terceros carriles de la A-7, que Fomento también ha propuesto suspender, lo que generó la consiguiente muestra de disconformidad de la Consejería.

El Ministerio no decidió definitivamente ninguna de los retrasos planteados, sino que emplazó a una futura reunión en septiembre con la Consejería para replantear y estudiar las alternativas que proponga la Comunidad Autónoma, puesto que se trata de un proceso "dinámico y en permanente diálogo".