martes, 6 de julio de 2010

Una nota de la Diputación de Alicante precisa que el presidente Ripoll ha sido puesto en libertad 'sin cargos'

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha salido en libertad "sin cargos", según una nota difundida esta noche por la institución provincial.


Minutos después de que los abogados de Ripoll no precisaran si la puesta en libertad de Ripoll ha sido "con o sin cargos", la Diputación de Alicante, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, ha informado que es "sin cargos" y sin que se hayan adoptado "medidas cautelares" al presidente de la institución. Una nota policial hablaba también de su imputación.

Ripoll ha sido puesto en libertad sobre las 20.00 horas tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, según han informado sus abogados.

"Está bien de ánimo, aunque cansado, pero contento de colaborar" con la investigación y de "estar en libertad", ha dicho uno de los abogados de Ripoll, cuya declaración no se ha prolongado más allá de "los diez minutos".

Desacato de Valcárcel respecto de Génova 13

MURCIA.- La Consejería de Sanidad de Murcia derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazados porque, según un portavoz, este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora.

La resistencia de Murcia, que se hizo pública ayer, continúa pese a las declaraciones de dirigentes del PP como Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy ha dejado bien claro que la ley "es aplicable". "La Ley ha entrado en vigor", ha repetido una y otra vez ante la insistencia de los periodistas en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia ha informado de que en esta comunidad, que se sitúa a la cabeza de España en tasas de abortos por cada mil mujeres, con 16,59, no existe registro de médicos contrarios o favorables a la práctica de abortos porque desde la entrada en vigor de la primera ley reguladora, en 1985, ningún facultativo se ha pronunciado expresamente en ese sentido.

La Consejería de Sanidad ha avanzado que con la nueva ley elaborarán ese registro de objeción de conciencia, y constituirán un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación.

Según Sanidad, en 2009 se contabilizaron en esta región 4.172 abortos, el 58% de ellas en mujeres extranjeras, cuando en 2008 fueron 1.008 más.

La Consejería ha insistido en que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor ayer, ha provocado que hayan dejado de practicarse abortos en esta región porque el Ministerio obliga a las clínicas a que "se reacrediten" y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para tal solicitud.

Así, durante el tiempo que transcurra hasta que vuelvan a acreditarse estos centros ginecológicos, la mujer que reclame interrumpir su embarazo en el sector público será derivada a otra autonomía. "No se va a quedar ninguna mujer murciana sin ser atendida", ha afirmado.

El Ministerio ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley, según la Consejería de Sanidad de Murcia, que reprocha al Gobierno de España la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar.

El mismo portavoz ha subrayado que el Gobierno de Murcia cree "fundamental" proporcionar toda la información posible a las mujeres para que tomen la mejor decisión posible.

También se ha preguntado por las consecuencias "irreparables" que tendría una supuesta sentencia favorable del Tribunal Constitucional a los recursos presentados contra esta ley por el PP y el Gobierno de Navarra.

Gran parte de la CAM se resiste al sometimiento astur

ALICANTE.- Los intentos del presidente de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo, y del director general, Roberto López Abad, de vencer las reticencias de muchos de los consejeros de la entidad de ahorro a dar el sí definitivo a la "fusión fría", mediante un SIP, con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, se estrellaron ayer contra el rechazo del "núcleo duro" de la CAM a aceptar un contrato de integración que, a juicio de consejeros representativos de todos los grupos, concedería a la caja asturiana un poder absoluto sobre el nuevo banco que se crearía, según revela hoy 'Información'.

Crespo y Abad se reunieron ayer durante varias horas con los tres vicepresidentes de la caja -el murciano Ángel Martínez, el valenciano Benito Nemesio y el alicantino Armando Sala-, además de con el ex conseller de Industria Martín Sevilla, catedrático de Economía y presidente de Gesfinmed, sociedad que gestiona el fondo de inversiones de la CAM, y el secretario general del consejo, José Forner.

Fuentes conocedoras de la reunión señalaron que al término de ésta las posiciones seguían estando muy distantes entre la presidencia y la dirección general de la caja, que abogan por aceptar las condiciones que impone Cajastur ante el riesgo de que el Banco de España tome medidas contra la CAM si no se hace así, y el resto de asistentes, que entienden que dichas condiciones son inasumibles.

Como ha venido informando este periódico, el contrato de integración recoge que el presidente ejecutivo de Cajastur, Manuel Menéndez, será consejero delegado del nuevo banco por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si la CAM propone un candidato que no sea aceptado por Cajastur, lo que en la práctica supone el "blindaje" en el cargo de Menéndez hasta el año 2022.

Esta fórmula, como también subrayó 'Información' en su día, figura en el protocolo del SIP al que dieron el visto bueno los consejos de administración de las cuatro entidades. Sin embargo, lo que desató la rebelión en la CAM fue otra exigencia, añadida a la anterior y que no figura en dicho protocolo, por la cual Menéndez obtendría para actuar como consejero delegado plenos poderes de la junta universal del nuevo banco, pero éstos tendrían carácter irrevocable.

La CAM entiende que esta última condición va, incluso, contra las prácticas de buen gobierno que el Banco de España quiere imponer a todas las entidades y no es práctica habitual en las empresas privadas, donde los poderes de los consejeros delegados siempre pueden ser revocados por las juntas de accionistas si lo estiman necesario.

La reunión se celebró ayer en un ambiente de gravedad. Alguno de los asistentes, ante la insistencia del presidente de la CAM en que había que aceptar las condiciones propuestas por Cajasturpara esquivar el riesgo de una intervención, emplazó a Modesto Crespo y a Roberto López a que acudieran al consejo de administración a explicar cuál es en realidad la situación financiera en que se encuentra la CAM.

"Que nos den las cuentas claras y entonces decidiremos", señaló uno de los participantes a la salida del encuentro, tras el que nadie quiso hacer declaraciones públicas.

Aunque todo el mundo confía en que se encuentre una solución y no se produzca una ruptura del SIP, cuyas consecuencias serían imprevisibles, lo cierto es que la semana pasada la cúpula de la CAM avanzó que convocaría a su consejo de administración este próximo jueves, confiando en que la reunión de este lunes con el "núcleo duro" de la entidad serviría para zanjar los desacuerdos.

Y ayer mismo, el presidente de la caja habló de adelantar incluso un día esa convocatoria, y celebrar consejo el miércoles. Sin embargo, la reunión lo que dejó claro es que no existe la seguridad de que el consejo apruebe el contrato de integración en los términos en que se pretende o que, si lo hace, sea en todo caso en medio de una fuerte división y con bastantes votos en contra.

Así que de la reunión se salió sin una convocatoria del consejo, ni para el miércoles ni para el jueves.

Hay que tener en cuenta que, además, en este caso hay posiciones comunes entre consejeros propuestos por el PP y por el PSPV-PSOE, consejeros que en estos momentos, con independencia de colores políticos, están más por el rechazo al SIP que por su aprobación si no se modifican las condiciones en que queda en él la CAM.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, con ascendencia sobre varios de los consejeros designados en su día por el PP, es el único político que ha hecho declaraciones al respecto, pero se mostró muy contundente al tachar de "ridículas" las exigencias de Cajastur.

Por su parte, los miembros del PSPV-PSOE han mantenido en público un tono conciliador, pero en privado han expresado también su oposición a un acuerdo como el que se está planteando.

A diferencia de una fusión tradicional, el SIP no necesita el visto bueno de la Generalitat Valenciana para tener luz verde. Pero sí es condición imprescindible, dado que así se especificaba en los poderes para negociar que en su día se delegaron en el presidente y el director general, que el contrato de integración lo apruebe el consejo de administración, formado por veinte personas.

Al menos la mitad de ellos han expresado en privado en los últimos días su malestar por la situación, y es a ellos a quienes se están dirigiendo las gestiones en las últimas horas para que el SIP sea aprobado.

Queda en libertad con cargos José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha sido detenido hoy, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado nº 3 de Orihuela, en la que también han sido arrestados tres concejales oriolanos.

Así lo ha confirmado su abogado, Fernando Candela, poco después de las ocho de la tarde.

Tras prestar declaración, que no ha durado "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll ha quedado en libertad, aunque sus representantes legales no han precisado si es "con o sin cargos" porque la investigación se halla "bajo secreto de sumario".

La actuación policial también se ha extendido a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus respectivas dependencias empresariales han sido registradas.

El empresario alicantino Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, que se encontraba hoy en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la policía judicial pretendían hacer un registro en algunas de sus dependencias, según su letrado, inmediatamente emprendió regreso a Alicante, adonde ha llegado ya y conocerá si está imputado y si debe personarse en la Comisaría para ser detenido.

La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de once personas y un total de 19 registros efectuados.

Fuentes policiales indicaron esta noche que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación alicantina, Juan José Ripoll, tres concejales y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, encargado del caso.

A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Durante el operativo, que se ha centrado en Orihuela, Alicante y Valencia, se han practicado 19 registros en domicilios particulares, empresas y organismos oficiales como el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial de Alicante, en los que se ha intervenido numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos.

El operativo ha sido realizado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

Han contado con el apoyo de las Unidades de Intervención Policial y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), según informó la Policía en un comunicado.

Detenido un importante empresario

Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han detenido esta noche al empresario alicantino Enrique Ortiz en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en la que ha sido detenido también el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, posteriormente puesto en libertad.

El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha indicado que, sobre las 17.00 horas de este martes, Ortiz se ha personado de forma "voluntaria" ante las fuerzas de seguridad de Alicante "para dar las explicaciones oportunas".

Enrique Ortiz, máximo accionista del club de fútbol del Hércules, se "encontraba fuera", ha apuntado su abogado, aunque no ha especificado dónde estaba, y "ha quedado voluntariamente en un lugar concreto con la Policía" en Alicante y los agentes "han practicado la detención".

A continuación, se han dirigido hacia las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas, en Alicante, situadas en el número 36 de la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio, donde se está realizando un registro por parte de la Policía Judicial.

'La Santa Cena' de Salzillo llegará a Madrid tras un convenio entre la CAM y la Cofradía de Jesús

MURCIA.- Caja Mediterráneo (CAM) y la Cofradía de Nuestro Padre Jesús han firmado un convenio de patrocinio para la restauración de 'La Santa Cena', del escultor murciano Francisco Salzillo, y su posterior traslado a Madrid como parte de una exposición incluida en la Jornada Mundial de la Juventud 2011 que presidirá su Santidad Benedicto XVI.

La cantidad aportada por la entidad bancaria alcanzará la cifra de 100.000 euros.

El objetivo es "exportar la obra de Salzillo fuera de los límites de la Región de Murcia", se explicó desde la CAM, desde donde se señala que formar parte de ese evento, en agosto de 2011, supone por su universalidad, "una gran oportunidad para poner a Salzillo en el escaparate, no sólo nacional, sino más allá de las fronteras estatales".

Desde la Cofradía se muestran "agradecidos y felices" por el esfuerzo de la entidad bancaria, mientras trasladaban este sentimiento a toda la Región. Al mismo tiempo, consideran saldada "la deuda que Murcia mantenía con su escultor más célebre".

La 'Santa Cena' ya ha sido trasladada al Centro de Restauración de Verónicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su completa rehabilitación. Se trata de la primera vez que el famoso paso, de 1.362 kilos de peso, es sometido a un tratamiento de este tipo.

Los estudios realizados para la restauración desvelan que la imagen se encuentra en un "perfecto estado de conservación" y que la intervención se reduce a la limpieza de policromías, apuntan.

Asimismo, se espera la participación en el proyecto de otras instituciones como el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Murcia, el Museo Salzillo y el Obispado.

La coordinación de la exposición ha sido encargada a Isidro Bango, catedrático de Historia de Arte Antiguo y Medieval en la Universidad Complutense, de Madrid. Bango ya desarrolló estas funciones de comisario en muestras similares sobre Saavedra Fajardo y Alfonso X el Sabio.

Un documental de animación digital realiza un recorrido por la Cartagena de hace más de 2.000 años

CARTAGENA.- El director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Diego Pedro García, presentó hoy un corto de animación digital de 11 minutos de duración, que reconstruye la ciudad púnica y romana de Cartagena y recrea algunos de los principales episodios históricos acaecidos en la muralla durante su etapa de esplendor.

En concreto, el audiovisual, que lleva por título 'De Cartagena a Qart Hadast. La Legendaria Muralla Púnica', hace un recorrido por el testimonio púnico más importante de la ciudad portuaria de Cartagena, que es la muralla que data del siglo III antes de Cristo y que coincidió con la fundación de la ciudad en el año 229 antes de Cristo.

El trabajo ha sido realizado por la Fundación Integra, como parte de los contenidos históricos de su portal Región de Murcia Digital.

Las ilustraciones animadas, los recursos digitales tridimensionales y el guión ágil y didáctico sirven para trasportarnos, en un ameno viaje en el tiempo, a la Cartagena de hace más de 2.200 años, según informaron fuentes del Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

El trabajo forma parte de una serie de actuaciones desarrolladas por el Proyecto Región de Murcia Digital de la Consejería de Economía y Hacienda, que incluye acciones de digitalización de contenidos sobre la historia antigua de Cartagena y que tiene por título Carthago Nova. El esplendor de una era.

Según ha explicado Diego Pedro García para fomentar el uso de internet era necesario tener no sólo ordenadores y redes, sino también formación y contenidos de interés, a ser posible de la Región.

El documental, rodado en alta definición y se proyectará además en el centro de interpretación de la Muralla Púnica, ha servido para recostruir el esplendor originario de los restos arqueológicos y facilitar su comprensión.

Por su parte, el concejal de Turismo del municipio, Javier Herrero, ha destacado que la Muralla Púnica es el segundo centro de interpretación más visitado de la ciudad, por detrás del Teatro Romano y ha agradecido a la Fundación Integra el esfuerzo que hace por dotar de una mejor información y contenidos digitales a los recursos turísticos de Cartagena.

La consejera de Economía confirma que la rebaja de calificación de Moody's a la Región va a afectar la emisión de deuda

MURCIA.- La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, confirmó hoy que la rebaja efectuada por la agencia Moody's a la calificación de la Comunidad Autónoma "afecta, evidentemente, a la colocación de deuda pública".

La consejera manifestó que la agencia de calificación ni siquiera ofreció a las comunidades autónomas el informe para presentar alegaciones como en otras situaciones.

La consejera recordó que el 29 de junio de 2009, Moody's rebajó el rating al resto de comunidades autónomas, pero no a la Región de Murcia.

Por eso, justificó que "cuando Moody's anunció hace unos días que va a bajar a España su calificación en tres meses, también rebajó automáticamente la calificación a las comunidades pendientes de bajar, que eran Madrid, Extremadura, Castilla y León y Murcia", que disminuyeron del grado Aa1 al Aa2, mientras que Castilla-La Mancha bajó del grado Aa2 al Aa3.

En este momento, la consejera explicó que su departamento está "intentando jugar con la situación y ver cómo se mueve", pero manifestó que esta semana "Valencia no pudo colocar, Cataluña tampoco hace una semana y media, mientras que Andalucía no está pudiendo colocar el corto plazo".

García manifestó que las autorizaciones de endeudamiento por parte del Gobierno de España a las Comunidades autónomas "se están retrasando". Así, explicó que cuando el Gobierno regional elaboró el presupuesto, tenía autorizado un endeudamiento equivalente al 2,5 por ciento del PIB, es decir, de aproximadamente 738 millones de euros.

La consejera explicó que el 0,75 por ciento, correspondiente a la Ley de Estabilidad, ascendía a 291,8 millones de euros y fueron autorizados hace dos semanas, cuando se tenía que haber autorizado en febrero "a más tardar".

"Si el Gobierno de España hubiera autorizado a la Comunidad en su plazo, esos 291,8 millones de euros estarían colocados y en los mercados de capitales y en unas condiciones muy buenas, que no es el caso actual", lamentó.

Al respecto, confirmó que el endeudamiento que queda pendiente es el del presupuesto de 2010, y que, por tanto, la Comunidad "necesita esos ingresos para poder satisfacer los pagos".

"En la tesorería de la Comunidad Autónoma estamos pendientes de que se nos autorice para ir cobrando y, por tanto, pagar, de forma que vayamos contemporizando los cobros a los pagos", manifestó.

Así, calculó que el Gobierno central autorizará la emisión de unos 400 millones de euros en el mes de octubre y 121 en el mes de febrero, lo que "quiere decir que los pagos correspondientes al presupuesto de 2010 se tendrán que pagar cuando lleguen esos ingresos".

Desde el PPRM recuerdan al PSRM que "abortar no es quitarse un diente"

CARTAGENA.- El secretario del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional y presidente de Nuevas Generaciones, Víctor Manuel Martínez, ha recordado a los responsables del PSOE murciano que "abortar no es quitarse un diente" en referencia a la Ley del Aborto que hoy entra en vigor.

En este sentido, el responsable del PP ha afirmado que "no parece muy razonable que las menores de entre 16 y 18 años puedan abortar sin informar a sus padres con sólo alegar que les causa un conflicto, tal y como prevé esta Ley" y en la misma línea ha señalado que "resulta ilógico que las menores tengan que pedir permiso a sus progenitores para hacerse un tatuaje, pero no para abortar".

A su juicio, la ley presenta muchas lagunas que hay que aclarar y muchas dudas sobre el modo de aplicarla y recuerda que todavía el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre esta Ley que "no responde a una demanda social; que se ha hecho sin consenso, con prisas y de forma improvisada, tal y como ya es habitual en este Gobierno", inquirió

Por último, ha recordado que el Tribunal Constitucional aún tiene que pronunciarse sobre esta Ley, después de haber admitido el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP. En este punto, Víctor Manuel Martínez ha puntualizado que "es la ley más radical de toda Europa, porque instaura el aborto libre y gratuito y reduce a sólo tres días el periodo mínimo de reflexión de la mujer, el plazo más corto de toda la UE".

El Príncipe de Asturias preside la entrega de despachos en la Academia General del Aire de San Javier

SAN JAVIER.- Su Alteza Real el Príncipe de Asturias presidió hoy la entrega de Reales Despachos 2010 de nuevos oficiales, a un total de 61 nuevos tenientes y alféreces del Ejercito del Aire que finalizaron sus estudios en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier.

De entre los oficiales que recibieron sus despachos, 55 eran hombres y seis mujeres. Así, del total, 38 recibieron su despacho de tenientes y pertenecen a la LXI Promoción del Cuerpo General de la Escala Superior de Oficiales.

La teniente Lourdes Losa obtuvo la mejor calificación de la LXI Promoción del Cuerpo General -escala de oficiales- en la Academia General del Aire, con lo que se convierte en la primera mujer en la historia que consigue ser número uno de su promoción en la Academia.

Nacida en Vallesa de la Guareña (Zamora), hace 26 años, Lourdes Losa ha sido la número uno de una promoción formada por 38 tenientes (tres de ellos mujeres). Hace dos años, esta alumna ya fue la primera mujer abanderada de la Academia General del Aire, al ser la mejor de su promoción al finalizar el tercer curso.

Además de la promoción del Cuerpo General, a la que pertenece la teniente, recibieron también los despachos las promociones del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros, cuyos número uno han sido Rubén Lobo Barral y José María Sanz Nogales, respectivamente. José Vinagre Parra también ha obtenido el número uno en la escala técnica de oficiales, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros.

El acto, que dio comienzo pasadas las 11.30 horas con la llegada de S.A.R, se desarrolló en el patio de armas de la Academia General del Aire de San Javier, donde ya se encontraba formado el batallón de alumnos, así como autoridades y un millar de familiares y amigos de los alumnos de la Academia.

Entre las autoridades que asistieron al acto se encontraban la ministra de Defensa, Carme Chacón; el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel; el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán; y el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar; así como el jefe de Estado Mayor de Defensa, José Julio Rodríguez, entre otros.

Tras pasar revista al escuadrón de alumnos, el Príncipe saludó a las autoridades civiles y militares asistentes y, posteriormente, el arzobispo castrense de España, Juan del Río, celebró un acto de acción de gracias.

Inmediatamente después, tuvo lugar el relevo de abanderados, tras el cual don Felipe entregó los Reales Despachos a los tenientes y alféreces número 1 de los diferentes cuerpos y escalas, e impuso las correspondientes condecoraciones; mientras que los demás alumnos recibieron sus despachos de manos del resto de las autoridades militares y civiles presentes.

Seguidamente, el coronel-director de la Academia General del Aire, Juan Antonio Ortega, pronunció una alocución.

Tras sonar el himno del Ejército del Aire, el Príncipe, quien también fue alumno de esta Academia al ingresar en la XLI Promoción durante el curso 1987/88 recibiendo el despacho de teniente el 10 de julio de 1989, dio la orden de romper filas a los nuevos oficiales, quienes lanzaron al aire sus gorras para celebrar su graduación.

Su Alteza Real presenció posteriormente un desfile aéreo, compuesto por una avioneta U-9 'Dornier', una formación de aviones E-25 'Tamiz', y siete cazas C-101 de la Patrulla Águila, que sobrevolaron la avenida principal de la Academia General del Aire, y que concluyó con un desfile del escuadrón de alumnos.

Asimismo, en la misma avenida tuvo lugar un homenaje a los que perdieron su vida por España, depositándose una corona de laurel ante el monumento a los caídos y, a continuación, la banda de la Academia General del Aire interpretó 'La muerte no es el final' y el 'Toque de Oración', se dispararon las tradicionales salvas de ordenanza.

La Fundación Cajamurcia entrega 18.000 euros para un nuevo Carro Custodia de la Vera Cruz

CARAVACA DE LA CRUZ.- La Fundación Cajamurcia ha entregado un total de 18.000 euros a la Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca para contribuir a la realización del Carro Custodia Jubilar, que se exhibió por primera vez el pasado mes de mayo, durante la celebración de las fiestas patronales de este municipio.

La Fundación Cajamurcia mantiene un acuerdo de colaboración con la Cofradía de Caravaca con el objetivo de colaborar en el enriquecimiento del patrimonio artístico de la ciudad, mediante el cual ha realizado dos donaciones de 9.000 euros, cada una de ellas, para poder efectuar el citado trabajo.

El Carro Custodia es una obra de arte de orfebrería, que constituye un referente en la rica historia de las custodias españolas, ya que ha sido comparada con algunas de las más conocidas como las de Toledo, Cuenca, Baeza y Cádiz, según informaron fuentes de la Fundación Cajamurcia en un comunicado.

El proyecto del nuevo Carro Procesional comenzó en 2006 y se aprobó en diciembre de 2007, con lo que se ha conseguido un objetivo deseado por todas las Juntas Participativas de la Cofradía desde principios de siglo XX.

La obra, que refleja una completa catequesis de la historia de la Cruz, mediante iconografía y simbología recogida en el Nuevo Testamento, ha tenido como director artístico al escultor sevillano Luis Álvarez y la creación se ha llevado a cabo en los talleres de los Hermanos Ramos, de la Rinconada de Sevilla.

La Custodia está elaborada con 500 kilogramos de plata repujada que se añaden al resto del armazón que, en total, tiene un peso de 800 kilogramos, y para poder sacarla en procesión se ha creado un complejo mecanismo motriz que funciona a través de sistemas hidráulicos lo que le otorga automatismo a la hora de salvar los obstáculos y las pendientes que encuentra a lo largo de su recorrido.

El nuevo Carro de la Custodia salió por primera vez en procesión el pasado 3 de mayo, una tradición que data del siglo XIV y que se ha mantenido a lo largo de los siglos dando origen a las Fiestas de Caravaca, a cuyo término, se traslada a su actual ubicación en la Basílica Santuario.

El Carro Custodia ha sido calificado como "una nueva joya de la orfebrería religiosa", según la Fundación, que precisó que la nueva obra "sustituye a la anterior que contaba con más de cien años de antigüedad y que, a partir de ahora, será utilizada en las misas de la explanada que se realizan con motivo del jubileo".

La creación de una nueva Custodia era un anhelo de las cofradías desde hace varias décadas que "se ha podido ver cumplido ahora gracias a la contribución de instituciones, como la de la Fundación Cajamurcia, y de empresas locales, así como de la participación de los propios cofrades que han realizado aportaciones para poder afrontar esta costosa obra".

Murcia alega problemas "técnicos, formales y jurídicos" en la aplicación de la Ley del Aborto

MURCIA.- La Consejería de Sanidad y Consumo alegó hoy problemas de naturaleza "técnica, formal y jurídica" a la hora de aplicar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo como, por ejemplo, las dificultades en cómo dar la información que sea precisa a la mujer que decide interrumpir su embarazo y el plazo para la acreditación de las clínicas concertadas que realizan el aborto.

La Consejería asumió no tener "más remedio" que aplicar la Ley, pero indicó que "no se puede aplicar en las condiciones que se dan ahora mismo". Así, estimó que la última opción es "acatarla", y reconoció barajar la posibilidad de derivar a otras comunidades autónomas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y que entren en los nuevos conceptos contemplados por la Ley, como está haciendo Navarra.

La Consejería justificó que ha tenido "apenas una semana" para desarrollar toda la documentación necesaria para aplicar la Ley. No obstante, explicó que se ha creado un comité técnico científico, tal y como estipula la nueva norma y "se ha intentado preparar la información que van a recibir las mujeres en los sobres que se les da antes de interrumpir voluntariamente el embarazo".

La Consejería alegó que la documentación necesaria para aplicar la Ley estaba formada por más de 150 folios, y criticó que, para proceder a su preparación y adaptarla a lo que pide el Ministerio "se debería haber procedido sin tanta prisa, para poder valorar bien qué información dar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente le embarazo".

En la Región de Murcia, donde se practicaron 4.172 interrupciones voluntarias del embarazo en 2009 -lo que supone un descenso frente a los 5.180 de 2008-, el 100 por ciento de los facultativos de ginecología se atienen a la objeción de conciencia, por lo que ningún hospital realiza abortos, y todos los casos se derivan a cinco clínicas concertadas.

Precisamente, la Consejería afirmó que ninguna de estas clínicas concertadas está acreditada todavía porque la Ley "entró en vigor ayer y no hay ninguna solicitud, como es normal, porque las clínicas deben elaborarla". La Comunidad dijo tener un plazo de cuatro meses para acreditar a estas clínicas, lo que supone "un problema" para la implantación de la Ley.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad murciana explicó que "lo deseable" sería "esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto de la aplicación de la Ley, que está recurrida".

"No sabemos si vamos a empezar a aplicar la Ley y, dentro de un tiempo, si el Tribunal la declara inconstitucional, es irreparable lo que se haya hecho hasta el momento", aseveró.

"Los pasos se están llevando a cabo y lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley, pero nos encontramos con que no podemos aplicarla", concluyó.

Saura: 'Valcárcel se ha puesto a la cabeza del sector más reaccionario de la derecha española”

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, explicó que “hay 5.000 razones en la Región de Murcia para aplicar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo”, en referencia a las cerca de 5.000 mujeres que se han tenido que someter a un aborto en el último año.

Para Saura, detrás de cada uno de esos 5.000 casos “hay un drama personal y un drama familiar”, por lo que “la Región de Murcia no puede mantenerse al margen de la Ley, no puede convertirse en una Comunidad sin Ley”.

En opinión del líder socialista, “Valcárcel, con su actitud, demuestra quién es, se pone a la cabeza del sector más reaccionario de la derecha, a la cabeza de la caverna de la derecha española en estado puro”.

Pedro Saura se refirió al argumento de Valcárcel para no aplicar la Ley en la Región, cuando afirma que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

“También está recurrida ante el Constitucional, desde hace muchos años, la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que se aprobó en el Parlamento autonómico. Imagínense que tampoco se aplicara”.

El secretario general del PSRM calificó como “hipócrita” la actitud de Valcárcel y del PP, teniendo en cuenta que durante los ocho años de Gobierno de Aznar, no sólo no se derogó la anterior Ley del Aborto, sino que se produjeron 530.000 interrupciones voluntarias de embarazos en toda España.

Y desde el año 2002, cuando se asumieron en la Región las competencias plenas de Sanidad, hasta 2008, se han realizado más de 15.000 abortos financiados en su mayor parte con los Presupuestos del Gobierno de Valcárcel”.

“Es particularmente grave la actitud de Valcárcel cuando precisamente la Región de Murcia es la primera de España en tasa de abortos con respecto a la población, y la tercera en número neto de abortos sólo por detrás de Madrid y Baleares”, finalizó.

El clúster de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia logra la calificación de 'excelente'

MURCIA.- El Ministerio de Industria acaba de calificar como 'excelente' el Clúster de la Industria Alimentaria de la Región de Murcia (Agrofood).Esta calificación a Agrofood reconoce el mayor potencial de innovación, de internacionalización y de crecimiento que supone esta iniciativa de cooperación empresarial.

El respaldo a la cooperación empresarial y a la I+D+i en el sector alimentario de la Región estaba entre las líneas de priorización del Plan Industrial acordadas en la mesa de impulso empresarial entre el Ejecutivo murciano y las empresas.

Las 19 medias de priorización acordadas por la Comunidad Autónoma y el sector cuentan en seis meses con una ejecución de 85 por ciento. Tres de las medidas son de financiación, cuatro de cooperación, tres de I+D+i, una de formación, cuatro medioambientales, dos de internacionalización y dos de suelo y logística.

Entre las medidas de financiación destaca la puesta en marcha de herramientas dentro del método-acción FinanciaPyme concretas para las empresas agroalimentarias viables, como es la línea los avales de campaña, o la apertura de programas de InfoFinanciación al sector.

Asimismo, y como fue requerido por el sector, se ha impulsado la planta piloto del Centro Tecnológico de la Conserva para dar un paso más en el desarrollo de productos de quinta gama (platos elaborados de alta calidad listos para su consumo) y que obtuvo una subvención del Instituto de Fomento de 300.000 euros.

Las mesas de impulso empresarial son una iniciativa del Gobierno regional promocionadas por Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, a través del Info, y en activa coordinación con las consejerías de Agricultura y Agua y Educación, Formación y Empleo, en las que intervienen los representantes del sector, la patronal y los centros tecnológicos.

El consejero Bascuñana dice a las adolescentes embarazadas que 'el aborto no es la única alternativa'

MURCIA.- El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, consideró hoy que “el aborto no es la única alternativa para muchas menores. Actualmente hay otras, como la entrega voluntaria”. Y anunció que “desde el Gobierno regional estamos dispuestos a ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, a las adolescentes que tengan un embarazo no deseado”.

Sobre entregas voluntarias de recién nacidos, en 2008 se registraron diez, los mismos que en 2009 y cinco en lo que va del presente año. El perfil de las menores, según indicó el consejero, es el de europeas del Este o sudamericanas.

Para ello, Bascuñana adelantó hoy que en su Consejería están en condiciones de formar ‘familias madrinas’, que se responsabilicen de la acogida de jóvenes embarazadas, ayudándolas a superar tal situación y el difícil proceso. Se trataría, según explicó, de propiciar incluso la convivencia en su hogar por si la menor no quiere permanecer en su entorno.

Apuntó el consejero que, obviamente, la situación de estas jóvenes es también responsabilidad de su departamento “y de ahí que se está trabajando para tener dispuesto para finales de verano un programa de apoyo”.

Todo ello, puntualizó, respetando la decisión de la joven madre sobre si se queda con su hijo o prefiere entregarlo a los servicios de la Administración regional. “Ella es la que marcaría el camino, nosotros nos limitaríamos a ayudarla en lo que precisara”, añadió.

El citado proyecto de formación de ‘familias madrinas’ podría estar listo en septiembre próximo. Además, concluyó Bascuñana, las jóvenes madres pueden acogerse a otros programas del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia.

Detenido el presidente de la Diputación de Alicante y registrado el Ayuntamiento de Orihuela


ALICANTE.- La Policía Nacional ha detenido esta mañana al arquitecto, presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, lugarteniente del ex ministro Eduardo Zaplana, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. El empresario de la construcción y presidente del Hércules C.F., Enrique Ortíz, cuyo domicilio al igual que el de Ripoll ha sido registrado sobre las 7 de la mañana por orden del Juzgado nº 3 de Orihuela, se ha entregado ya en una Comisaría de Policía de Pamplona, adonde había acudido a disfrutar de los sanfermines, y también está detenido en espera de ser trasladado a nuestra ciudad en un furgón celular.

La Fiscalía Anticorrupción dirige esta investigación, en colaboración con el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero de 2008. Esta decisión se produjo por unanimidad de los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.

Bernardo del Rosal, abogado de Ripoll junto con el letrado Fernando Candela, ha afirmado que, por el momento, desconocen cuáles son los cargos que se le atribuyen y ha confirmado que su cliente permanece en la Comisaría Provincial a la espera de prestar declaración.

Ripoll ha sido trasladado pasadas las tres y media de la tarde por la Policía Nacional a la Comisaría de Benalúa, después de que los agentes registraran durante varias horas la Diputación de Alicante, donde permanece incomunicado.

El presidente ha salido de su despacho custodiado por los agentes, en calidad de detenido, en dirección a la Comisaría. Iba en un todoterreno de la Policía Judicial en el asiento de atrás, acompañado por varios agentes desde un garaje situado en un edificio colindante a la Diputación de Alicante.

El todoterreno en el que estaba Ripoll iba acompañado de otro vehículo de los agentes y su salida de la Diputación de Alicante se ha llevado a cabo muy deprisa con la presencia de media docena de policías.

El también presidente provincial del PP de Alicante "está muy tranquilo y colabora con la Policía en todo lo que le han pedido y requerido", ha dicho Bernardo del Rosal, que fue Síndic de Gregues de la Generalitat.

Del Rosal ha asegurado que todavía no les han informado de los hechos que han motivado las imputaciones porque están declarados bajo secreto de sumario desde 2007.

"En el auto de la entrada de registro hay indicaciones genéricas, pero no nos han dicho los hechos que motivan las imputaciones", ha explicado Del Rosal, quien ha reiterado que no saben de "qué se le acusa".

Fuentes próximas al caso han explicado que, probablemente, Ripoll prestará declaración en la Comisaría una vez que sean trasladados "otras personas" desde Orihuela.

Los tres concejales detenidos han sido conducidos ya a la Comisaría provincial, en Alicante, para prestar declaración.

Los ediles Manuel Abadía (Servicios e Infraestructuras Urbanas), Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías) y Ginés Sánchez (Medioambiente) han sido introducidos en coches policiales, entre las 15,00 y las 17,00 horas, después de que los efectivos policiales registraran sus respectivas dependencias.

A pesar de que todos ellos ya han sido remitidos a la Comisaria Provincial, los agentes de la Policía Judicial continúan en el interior de las dependencias del Área Municipal de Medioambiente.

Durante el registro, que se ha prolongado durante siete horas hasta la salida de los ediles del edificio consistorial, ha estado presente en todo momento el secretario municipal, Virgilio Estremero, y el teniente alcalde Antonio Rodríguez Barberá.

Los agentes han recogido "diversos archivadores de documentación" que, posteriormente, han introducido en un vehículo policial.

El secretario del consistorio oriolano, Virgilio Estremero, ha estado presente en esta diligencia policial, que ha sido realizada a través de una puerta ubicada en la parte posterior del edificio municipal.

Los agentes, además, han arrestado al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales, y a otros dos ediles del consistorio.

Y han registrado el domicilio del concesionario de la recogida de basuras en este término municipal, Ángel Fenoll, y el de su hijo, donde se ha encontrado abundante material audiovisual relacionado con el caso.

El interrogatorio al empresario oriolano Ángel Fenoll, se produjo también en su domicilio particular en la pedanía de La Aparecida, de la capital de la Vega Baja. El industrial ha sido conducido finalmente con su hijo hasta sus oficinas en un coche oficial donde prosiguen las pesquisas policiales. Se desconoce si ambos también han sido detenidos o si continúan los registros.

Se investigan, entre otros, los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Han sido más de dos años de pesquisas que han incluido intervenciones telefónicas. Unas intervenciones que, según fuentes de la investigación, acumulan una importante carga probatoria contra los detenidos.

La detención de Ripoll se produce en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la propia Diputación y varios municipios de la provincia de Alicante en la comarca de la Vega Baja, entre ellos Orihuela, cuyo Ayuntamiento ya ha sido registrado y donde se ha detenido a tres concejales por su responsabilidad de áreas específicas.

A primera hora de la tarde no se había confirmado la detención de la alcaldesa Mónica Lorente, mano derecha de Ripoll en la dirección provincial del PP, y si esta se encontraba o no en Alicante llamada por Ripoll puesto que es también vicepresidenta de la Diputación aunque no estaba en el Ayuntamiento de Orihuela durante el registro.

Efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante registraron desde primera hora de esta mañana las dependencias de la corporación provincial, en concreto su primera planta donde se encuentra la Presidencia.

Además, los agentes se habían desplazado primero hasta el domicilio del presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, en el residencial barrio de Vistahermosa, donde, al parecer, se han encontrado grandes cantidades de dinero, y desde donde en torno a las 12 del mediodía ha sido conducido a su propio despacho por la Policía, al que entró por un tunel desde una dependencia anexa.

Fuentes policiales advierten de que los registros domiciliarios se realizan por orden judicial cuando existe una imputación. No obstante, las mismas fuentes esperan que Ripoll quede en libertad en todo caso tras las investigaciones en curso.

La operación policial parte de una investigación abierta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con las contrata de basuras en el sur de Alicante, la adjudicación de una planta de reciclaje a una UTE participada por Ortíz y la presunta financiación ilegal del PP en la provincia de Alicante. Pero fue el año 2007 cuando la investigación comenzó a dar sus frutos.

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, del secretario del Consistorio y de varios funcionarios del servicio de contratación. Las dependencias municipales donde se han producido los registros son los servicios de Fomento y Calidad Ambiental y han procedido a precintar algunas de ellas.

A primera hora de la tarde se ha sabido que Ripoll permanecía en su despacho de la Diputación mientras se procedía a diversos registros dentro del propio Palacio Provincial y que estaba acompañado del abogado penalista y catedrático de la Universidad de Alicante, Bernardo del Rosal, y de la propia jueza que ha ordenado registros y detenciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Ripoll iba a ser trasladado posteriormente a las dependencias de la Comisaría Provincial en el barrio de Benalúa.

Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía también han llevado a cabo este martes un registro de las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, que afecta también la Diputación de Alicante, su presidente José Joaquín Ripoll y el Ayuntamiento de Orihuela.

La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, permanece junto a la Policía desde primera hora de esta mañana en el Ayuntamiento de la localidad junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno, en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.

La primera edil ha sido requerida para colaborar en el registro iniciado sobre las 8.30 horas de este martes por los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, quienes han precintado la propia alcaldía y otras dependencias municipales.

Junto a Mónica Lorente, también se encuentran varios ediles de su equipo de gobierno, entre los que se encuentra el edil de Manuel Abadía —concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas, Barrios y Comercio— y Antonio Rodríguez Barberá —edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio y Parajes Naturales—.

También acompañan a Lorente Ginés Sánchez —responsable de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Transporte Urbano—; y Antonio Rodríguez Murcia —delegado de Servicios e Infraestructuras de Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines y alumbrado público—.

Por su parte, el edil David Costa —concejal de Recursos Humanos, Contratación y Calidad y Modernización de la Administración— se encontraba en Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín, y está previsto que vuelva a la localidad en las próximas horas.

Los agentes también han realizado registros en los domicilios particulares de los miembros del equipo de gobierno de Orihuela, y han requisado el vehículo oficial de la primera edil, según han explicado testigos presenciales.

Los agentes entraron en las dependencias de la empresa Ortiz e Hijos a primera hora de la mañana, y requirieron al personal de la compañía que les facilitara documentación.

La labor de los agentes obligó a buena parte de la plantilla a abandonar el edificio y a esperar a las puertas de las oficinas, situadas en el número 36 de la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio, en Alicante, muy cerca del propio Palacio Provincial.

Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar "exclusivamente" uno de los despachos correspondiente a un empleado "con responsabilidades", han informado fuentes próximas a esta mercantil.

La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que "desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial".

El nombre del empresario Enrique Ortiz está también vinculado a la investigación judicial abierta en torno al caso 'Gürtel' después de que un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales identificara a su empresa, Ortiz e Hijos, como una de las que supuestamente financió ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana.

La investigación de esta supuesta trama de corrupción comenzó en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.

El propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en casa del industrial. Fenoll quedó en libertad unas semanas después tras pagar una fianza.

Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido político. En estas nuevas pesquisas, el juez se interesó también por la adjudicación de una planta de basuras en la comarca de la Vega Baja. El concurso para construir esta planta de tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, se paralizó tras la detención del empresario Ángel Fenoll y otros responsables de su empresa.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, decidió el año pasado retomar el proyecto de la planta de basuras y adjudicó la obra al empresario Enrique Ortiz, que también aparece en las investigaciones del caso Gürtel por su supuesta vinculación a la financiación irregular del PP. La investigación judicial ha estado bajo secreto de sumario desde junio de 2007.

Ripoll lidera en Alicante el antiguo sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, y ha sido muy crítico con el actual presidente autonómico y su actuación ante el caso Gürtel. De hecho no ha asistido a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que lo salpican.

Protagonistas de la operación policial

José Joaquín Ripoll, arquitecto e hijo de un popular panadero de la ciudad, fue vicepresidente de Eduardo Zaplana en el Gobierno valenciano. Hostigado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras perder los zaplanistas el control de la dirección regional del PP en 2004, se refugió en la provincia de Alicante, donde ha conseguido mantener la dirección provincial.

Durante los escándalos del caso Gürtel, que han afectado a Camps y a la cúpula regional del PP, Ripoll ha sido quien ha mantenido las posiciones más críticas y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas más alla de la baja de militancia del ex secretario regional Ricardo Costa.

Alicantino, de 52 años, es presidente de la Diputación Provincial desde 2006. El dirigente popular fue elegido en 1991 diputado en Les Corts, cargo que revalidó en las dos siguientes legislaturas. Con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, Ripoll ocupó las consellerías de Administraciones Públicas y Presidencia y fue vicepresidente segundo del Consell. En el breve periodo en que José Luis Olivas presidió el gobierno valenciano, Ripoll actuó como vicepresidente primero de su gabinete.

Tras la elección de Francisco Camps al frente de la Generalitat, Ripoll ha aglutinado en torno a la Diputación de Alicante a los seguidores de Zaplana opuestos a la línea oficial del PP de la Comunitat. En diciembre de 2008 obtuvo la presidencia del Partido Popular de Alicante en liza con Manuel Pérez Fenoll, al que respaldaba Camps, por un puñado de votos.

Ángel Fenoll es un empresario nacido en Santomera (Murcia) que comenzó su fortuna con la explotación del servicio de basuras de la costa de Orihuela en 1987 gracias a sus buenas relaciones con el PP. Fenoll acumula ya tres condenas firmes. Una por comprar votos por correo para el PP en las elecciones municipales de 1991, una segunda por tenencia ilícita de armas y una tercera por falsificar facturas para proteger a Luis Fernando Cartagena, ex consejero del Gobierno valenciano, que se apropió de una donación de unas monjas al Ayuntamiento cuando era alcalde de Orihuela.

Los registros efectuados hoy tienen su origen en una denuncia presentada por el propio Fenoll en la primavera de 2006 después de que el Ayuntamiento de Orihuela decidiese adjudicar la contrata de basuras municipal a la firma Urbaser y dejase la oferta del empresario oriolano en tercer lugar.

Enrique Ortiz ha visto como su más reciente negocio en Alicante, cuyas empresas aparecen en cualquier proyecto o contrata, se cerraba el pasado lunes, con la decisión del Ayuntamiento que preside Sonia Castedo, del PP, de que el nuevo campo del Hércules CF, que él mismo preside, se construya sobre el antiguo, con un coste de 55 millones de euros y financiación a base de plusvalías. Ortiz es propietario del campo desde que lo compró al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros.

Uno de los contratistas más importantes de las Administraciones valencianas, Enrique Ortiz es , además, el promotor del polémico Plan Rabassa, en Alicante, que prevé construir 13.500 viviendas al norte de la ciudad. También fue quien compró la reserva de suelo de Terra Mítica por 85 millones de euros, que permitió levantar la suspensión de pagos que pesaba sobre el parque temático.

Ortiz es uno de los seis empresarios implicados en el sumario del caso Gürtel por participar supuestamente en la financiación ilegal del PP valenciano.

http://alicanteconfidencial.blogspot.com/2010/07/detenidos-el-presidente-de-la.html

lunes, 5 de julio de 2010

Ecologistas advierte que se tramitan estudios urbanísticos en la costa murciana 'en espera de tiempos mejores'

MURCIA.- La portavoz de Ecologistas en Acción en Murcia, Natalia Martínez Galindo, ha advertido hoy en rueda de prensa que se siguen tramitando estudios para la construcción de mas resort en la costa murciana "para cuando vengan tiempos mejores", durante la presentación del balance "Banderas Negras 2010" que han obtenido 18 zonas.

Martínez Galindo ha reconocido que la crisis ha frenado el desmán urbanístico que ha vivido la Región en los últimos años, algunos de los cuales amenazan espacios protegidos, ya que la protección no supone garantía por "la poca conciencia" ambiental de las administraciones.

Indicó que los proyectos urbanísticos de Lo Poyo y Novo Cartago amenazan la laguna costera del Mar Menor a pesar de sus cinco figuras de protección, y que el de Marina de Cope se presenta como uno de los mayores complejos turísticos del Mediterráneo, y recordó que Portmán sigue siendo el punto negro con mas contaminación por metales pesados, y reclamó la demolición de lo construido en Puerto Mayor.

De las banderas azules que se han dado este año subrayó la coincidencia de algunas como Cala Cortina, que Ecologistas la ha designado como bandera negra debido a la recepción de vertidos continuos de petroleros y gaseros pro fugas en el valle de Escombreras que han hecho que esté cerrada al público en varias ocasiones.

Los puntos negros son las playas de La Llana; la Torre Derribada, ambos en San Pedro, así como los puertos y depuradoras de esta localidad y de San Javier; "Golf Torre del Rame" y playa camping Cartagonova (Los Alcázares); cañada Real de La Raya; LIC y ZEPA de La Muela-Cabo Tiñoso, y el camping naturista del Portús.

La Manga del Mar Menor figura con bandera negra en los capítulos de urbanismo, vertido de aguas residuales urbanas y obras en costas y regeneraciones de playas, mientras que en el de vertidos industriales la bahía unionense de Portmán es el punto del Mediterráneo más contaminado por metales pesados.

A ello que se suma la proyectada ampliación del puerto de Cartagena en la bahía de El Gorguel, actuación que supone ocupar 336 hectáreas en medio marino y 2 millones de metros cuadrados en tierra para la zona logística de la terminal, lo que, según los ecologistas, carece de justificación económica y que incluye un túnel en la sierra de la Fausilla, catalogada como LIC y ZEPA.

Además han sido seleccionadas la Punta Aguilones-Isla de Escombreras; las calas Cortina y Reona; la playa de Calnegre; la pedanía de Los Nietos; la depuradora de La Loma-Los Urrutias; el paseo marítimo de Marchamalo, en su fase II, y el plan parcial Novo Cartago.

Además destacan siete puntos negros en la playa Veneziola donde, según los ecologistas, se riega un campo de golf con agua de pozos; en la playa del Pudrimel, también por otro campo de golf, y las playas Punta Brava, Los Urrutias, Mar de Cristal, Vivero y cala Flores.

Otros puntos negros ligados al urbanismo son Hacienda la Loma, donde Atlantia/Progarpi pretende construir 2.000 casas y campo de golf; Llanos del Alamillo, con otras 2.500 viviendas frente a la playa del Mojón; el puerto deportivo y la urbanización Monterverde, de Bayshore Investments, en Bolnuevo; Marina de Cope, con 9.000 casas y dos campos de golf en Ramonete y puntas de Calnegre.

Se remarca también el plan de ordenación de Águilas, "que supondría la urbanización casi completa de la línea de costa del municipio" multiplicando por 7 el número de viviendas y por 12 el de habitantes, recalificando 1.330 hectáreas.

Por otro lado, destacan siete puntos positivos que son el acondicionamiento de la playa de La Llana, la demolición del chiringuito y pantalán de Isla Perdiguera, la ordenación y peatonalización del frente marítimo de Santiago de la Ribera; la restauración ambiental del borde litoral de playa Paraíso; el proyecto de recuperación del espacio litoral de Las Amoladeras, y la depuradora de Los Alcázares, así como la incorporación y adecuación de 6.000 metros cuadrados al dominio público marítimo con la demolición de 80 viviendas en playa Honda.

Los ajustes de presupuesto también afectan al suministro de agua potable de los Canales de El Taibilla

CARTAGENA.- Los ajustes económicos aprobados por el gobierno de la Nación supondrán un recorte del 10% en las inversiones para infraestructuras hidráulicas previstas este año por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, según fuentes de este organismo, que aseguran que se acometerán obras de mejora para automatizar instalaciones con cargo a fondos europeos.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla tendrá que ajustar sus presupuestos, como el resto de organismos dependientes del ministerio de Medio Ambiente, tras los recortes aprobados en Consejo de Ministros.

El Taibilla abastece de agua potable con recursos del trasvase Tajo-Segura, de su propia cuenca y de agua procedente de la desalación a casi ochenta municipios de la región, Alicante y Albacete.

Las inversiones más cuantiosas realizadas en los últimos años por Canales del Taibilla corresponden a las plantas desaladoras construidas en la Región de Murcia y en Alicante, que han permitido completar los recursos hidráulicos destinados al abastecimiento humano en los municipios abastecidos por la Mancomunidad.

El PSRM vigilará si Murcia pone en marcha la nueva ley del aborto

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, mostró su preocupación ante el hecho de que Valcárcel, como presidente de una comunidad autónoma, “llame a la insumisión y al incumplimiento de determinadas leyes”, como ha ocurrido hoy con la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Saura indicó que Valcárcel está actuando de manera arbitraria ya que “acata y hace cumplir sólo algunas leyes, las que le interesan y las que su gobierno elabora, pero otras no”.

Al líder de los socialistas murcianos le preocupa también que lo diga precisamente el presidente de una Región que se sitúa a la cabeza de España en número de interrupciones voluntarias del embarazo, como es el caso de Murcia.

“Hay un drama personal muy evidente detrás de todas esas cifras y la ley del Gobierno de España lo que pretende es dar seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, además de contribuir, sin duda, a disminuir los embarazos no deseados como lo avalan los últimos datos”.

El PSRM va a estar “muy atento” y realizará un “seguimiento exhaustivo” para comprobar si se está haciendo “todo lo necesario” para poner en marcha la ley que hoy ha entrado en vigor, porque “no vamos a consentir que se pisoteen los derechos de las mujeres”.

Asimismo criticó la doble moral del PP, que ahora llama a la desobediencia con una ley que no derogaron cuando ellos estuvieron gobernando.

Al tiempo que reprochó la demagogia de Valcárcel por adoptar esta postura cuando es el máximo responsable de que se desmantelara la red de Planificación Familiar que existía en la Región.

Las feministas del PSRM y los derechos de las mujeres

La secretaria de Igualdad del PSOE en la Región de Murcia, Gloria Martín, advirtió al presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, que su partido va a estar “muy atento” y realizará un “seguimiento exhaustivo” para comprobar si se está haciendo “todo lo necesario” para poner en marcha la ley de Educación Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo en esta Comunidad autónoma y que hoy ha entrado en vigor.

Martín aseguró que de lo contrario, “vamos a emprender las acciones necesarias para exigir se cumpla”. Al tiempo añadió que “nadie, por muy presidente autonómico que sea, puede vulnerar la legislación vigente en nuestro país, ni pisotear los derechos que nos asisten a las mujeres”.

La secretaria de Igualdad del PSRM calificó de “golpe a la democracia” el intento de Valcárcel de boicotear una ley aprobada en las Cortes en unas votaciones “en las que el PP volvió a quedarse sólo”. En ese sentido, Martín mostró su preocupación porque el Partido Popular no crea en el Estado de Derecho.

Además, la dirigente socialista lamentó la actitud “hipócrita” del PP “que ahora pretende montar un circo con una ley que no derogaron cuando ellos estuvieron en el poder”. Martín censuró así el oportunismo y la demagogia de Valcárcel a quien preguntó “cuántos abortos podría haber evitado si no hubiera ordenado desmantelar la red de Planificación Familiar que existía en la Región”.

Por otra parte, la dirigente socialista ha mostrado el convencimiento del Partido Socialista sobre la constitucionalidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ha subrayado que se trata de una ley “necesaria, similar a las ya existentes en Europa y, con toda seguridad, una de las más dialogadas de los últimos lustros, porque es fruto del consenso entre expertos en la materia, las asociaciones de mujeres, el personal sanitario y todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, que nuevamente se quedó sólo en el Congreso, en el Senado y en la sociedad”.

“Esta ley –concluyó- esta avalada por un comité de expertos, informada favorablemente por el Consejo de Estado y estamos seguros de que da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, además de contribuir, sin duda, a disminuir los embarazos no deseados como ya lo avalan los últimos datos”.

La costa murciana sigue igual, o peor, que hace un año, a juicio de ecologistas

MURCIA.- La asociación Ecologistas en Acción ha otorgado 32 banderas negras y 74 puntos negros a las playas del litoral de la Región de Murcia como castigo a su estado de conservación y sus deficiencias en lo que respecta a la calidad ambiental. Entre los espacios evaluados y peor parados, la asociación citó La Manga del Mar Menor, la bahía de Portmán, el Gorguel, Marina de Cope y Cabo de Palos, por ejemplo.

El número de banderas negras -que miden impactos de mayor gravedad como vertidos contaminantes, obras costeras mal gestionadas y agresiones urbanísticas- permanece invariable con respecto al año 2009, en el que la asociación ecologista otorgó otras 32 a la Región de Murcia, mientras que los puntos negros -que miden impactos de menor gravedad y sin ejecutar- sumaron cuatro distinciones más, frente a los 70 del año pasado.

La asignación de estas banderas es el resultado del duodécimo informe de Banderas Negras que realiza la asociación ecologista, titulado 'Caos costero' en 2010, y que pretende analizar el estado del litoral valorando las actuaciones de impacto en el mismo, así como las "tristemente escasas actuaciones" positivas que se desarrollan a lo largo de la costa.

Así lo hicieron saber en rueda de prensa el portavoz de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, Pedro Luengo, y la responsable de Áreas Marinas de la asociación, Natalia Martín, quienes coincidieron en señalar que las principales amenazas que se ciernen sobre el litoral tienen que ver con actuaciones urbanísticas, los vertidos orgánicos, industriales, regeneraciones en playas y la construcción de puertos de interés general y particular.

Martín criticó "especialmente" el urbanismo que, debido a la crisis, "ha sufrido un freno", pero denunció públicamente que se siguen tramitando estudios e informes "a la espera de que vengan tiempos mejores para continuar con el empujón existente hasta ahora" y que es considerado como "insostenible".

Como casos prácticos en la Región, Martín citó La Manga del Mar Menor en toda su extensión que, a pesar de la saturación urbanística que sufre "se sigue construyendo dentro de ella y sigue amenazada por sus dos accesos: por una parte con la proyección de su enlace por San Javier y, por otra, con los proyectos de Lo Poyo y Nuevo Cartago"

Llevar a cabo estas actuaciones, según Martín, supondría "la construcción total de La manga" y representaría un cambio en el paisaje, un consumo elevado de recursos y continuar con el modelo de resort y campos de golf en la Región". Además, ambas actuaciones afectarían a la laguna costera del Mar Menor, que Ecologistas en Acción instó a resguardar porque cuenta con cinco figuras de protección regional, nacional e internacional.

Próxima a esta zona, Martín criticó que se encuentra Cala Reona, que ha recibido muchos años una bandera negra por el emisario que vierte a cierta distancia de la costa que "ha destruido parte de una barrera de Pradera Posidonia Oceánica, no asegura una buena calidad de las aguas y está muy cerca de la reserva de Cabo de Palos e Islas Hormigas", aseveró.

Precisamente, Martín indicó que en esta zona se prevé la construcción de una urbanización entre los límites del Parque Regional de Calblanque, que suponen "recalificar 60 hectáreas de terreno", lo que Ecologistas en Acción criticó por "insostenible", y mostró su confianza en que el Gobierno regional aplique, en este caso, los mismos criterios que se utilizaron "para parar Lo Poyo en su momento".

Martín también citó la actuación en Marina de Cope, que es "de gran envergadura y destrozaría uno de los tramos más largos de costa virgen que perduran en la Región, con el que pretende ser uno de los mayores complejos turísticos del Mediterráneo y que supondría una de las mayores aberraciones llevadas a cabo en el litoral murciano".

La responsable de Áreas Marinas de la asociación ecologista criticó que las administraciones públicas "recurren año tras año realizar tareas como la limpieza y la mal llamada regeneración de la costa, y otro tipo de actuaciones que lo que pretenden, en definitiva, es hacer frente a los elementos naturales y a la erosión que sufre el litoral".

Sin embargo, criticó que, en la mayoría de los casos, estas actuaciones "hacen el efecto contrario, invadiendo el dominio marítimo terrestre y destruyendo zonas de alto valor ambiental, entre otras cosas".

Martín ubicó el ejemplo "más claro" de irresponsabilidad en cuestión de vertidos orgánicos en el Mar Menor, que "ha sufrido una gran presión a lo largo de la historia derivada del urbanismo, de forma que las estaciones depuradoras de aguas residuales no funcionan de forma adecuada y son deficitarias porque no se ha tenido en cuenta el aumento poblacional de la zona en época estival".

En el caso de vertido industriales, Martín citó el caso "histórico de la bahía de Portmán, que es considerado uno de los puntos más negros por contaminación de metales pesados en el Mediterráneo". A pesar de la "deuda histórica" que se mantiene con el pueblo y con la bahía, criticó que "aún sigue el debate, a pesar de que desde hace unos años se realiza el proyecto piloto de recuperación ambiental de los suelos contaminados de la bahía".

El proyecto, según indicó, lleva asociado la construcción de un puerto deportivo y el crecimiento del turismo residencial, y criticó que actuaciones de este tipo "son muy dañinas e irreversibles y, a la larga, no pueden ser asumidas ni económica ni técnicamente".

Por otra parte, citó la actuación en el Valle de Escombreras, con la instalación de la refinería y su posterior unión con la punta de Aguilones, lo que ha supuesto, sostuvo, "un grave impacto en la zona, mermando los fondos marinos y no aprovechando de forma adecuada los recursos, teniendo una bahía contaminada por metales pesados".

En cuestión de puertos, además de Escombreras, Martín citó el proyecto de instalación del 'macropuerto' de El Gorguel, que según denunció "amenaza de nuevo con destruir una zona de gran valor ambiental".

Este macropuerto, a su juicio, no tiene "ningún tipo de justificación económica, sino una serie de intereses que abogan por seguir destruyendo los valores naturales de la Región de Murcia y afectando gravemente a zonas protegidas como las sierra de la Fausilla, que es un lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Además, indicó que esta actuación afectaría al medio marino, también protegido como LIC, con praderas de Posidonia oceánica y coral anaranjado del Mediterráneo, a parte de otros valores geológicos, mineros y culturales que representa la zona. Por ello, pidió que "se deseche este proyecto, que no es necesario en la Región".

Sobre Puerto Mayor, que se encuentra paralizado, Ecologistas en Acción solicitó su demolición, aunque "ya ha tenido una grave afectación en el canal del Estacio y las playas adyacentes, así como en la calidad de las aguas".

Curiosamente, Martín explicó que "muchas de las playas con la distinción de Banderas Azules que otorga anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental tienen a su vez banderas negras por parte de Ecologistas en Acción", e indicó que se trata de casos como el de Cala Cortina, Cala del Pino, Calabardina, las playas de Levante y de Poniente en Águilas, entre otras.

"Creemos que estas banderas azules no tienen rigor porque en su concesión priman criterios basados en servicios que se ofrecen al ciudadano, como los 'lavapies'", según Martín, quien estimó que, para que una bandera sea acreedora de una calidad para tener bandera azul "debe tener en cuenta todos los criterios, como los ambientales".

La Región de Murcia se adhiere al sistema para fomentar la transparencia en la gestión urbanística

MADRID.- La Región de Murcia colaborará con el Ministerio de Vivienda en aumentar la transparencia en la gestión urbanística de la Comunidad a través del Sistema de Información Urbana (SIU), una herramienta digital desarrollada por el Ministerio con el objetivo de incrementar la información disponible en materia de suelo y urbanismo y combatir la corrupción urbanística.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Vivienda y el Ejecutivo murciano para el desarrollo del SIU, según informaron fuentes del Ministerio en una nota de prensa.

Gracias a este convenio, el SIU podrá nutrirse de los datos relativos al planeamiento urbanístico de esta Comunidad Autónoma recogidos en el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA), la base de datos de referencia para la ordenación territorial y la orientación de las distintas políticas sectoriales de esta Comunidad. El Ministerio se compromete a integrar esta información en el SIU en el plazo máximo de un año.

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Murcia no sólo participará en las reuniones del grupo de trabajo del SIU sino que en el plazo límite de un año pondrá a disposición del Ministerio la información sobre planeamiento municipal de SITMURCIA.

Además, actualizará la información publicada, al menos, una vez al año en los municipios de más de 25.000 habitantes y una vez cada dos años en el resto.

El SIU, disponible de manera libre y gratuita en Internet -'http://siu.vivienda.es'-, recoge información relativa al planeamiento urbanístico, la ocupación y usos del suelo, las clases de suelo y las áreas en desarrollo.

Es decir, ayuda a conocer mejor cómo se están transformando el territorio y las ciudades y dónde hay suelo disponible, en qué cantidades y para qué usos.

Incorpora además otros datos estadísticos y censales como superficie, población, densidad de población, número de viviendas o número de hogares.

Valcárcel se rebela en público contra el ordenamiento jurídico del Estado

MADRID.- Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, ha declarado que "no hay razones para acatar la ley", en relación a la reciente legislación aprobada para el aborto en España. Hoy ha entrado en vigor la legislación al respecto (la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) pese a los recursos judiciales pendientes, presentados por el PP en el Tribunal Constitucional.

Valcárcel ha asegurado en Madrid que "no hay razones para acatar" la ley del aborto que hoy entra en vigor, puesto que, a su juicio, la norma "todavía no está en su punto final", porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

Valcárcel, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión en Madrid de la Junta Directiva Nacional del PP, ha indicado que ésta es la opción que maneja su Gobierno ante la aplicación desde hoy de la Ley del Aborto, que el partido ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Por ello, el presidente murciano ha opinado que esta norma no ha llegado todavía a su "punto final", a la espera del pronunciamiento, que se espera inminente, del alto tribunal.

El presidente murciano explicó que el PP ha mantenido su "criterio" en este tema y expresó su confianza en que prospere. "Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo", aseguró Valcárcel.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado en una rueda de prensa que se trata de una ley "de prevención; de seguridad y europea".

Zapatero ha aprovechado una comparecencia de esta mañana para apuntalar su defensa a la nueva legislación sobre la interrupción del embarazo.

El pasado miércoles el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra y abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad.

La nueva Ley del Aborto que hoy entró en vigor, permitirá abortar en las primeras 14 semanas sin que se requiera ningún tipo de justificación.

domingo, 4 de julio de 2010

Neoliberalismo obligatorio / Ignacio Ramonet


Inclina la cerviz, altivo sicambro; adora lo que quemaste y quema lo que adoraste", ordenó el obispo Remigio al bárbaro Clodoveo cuando tuvo éste que convertirse al cristianismo para ser rey de Francia. Y eso mismo parecen haberle exigido al socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero, los jefes de Gobierno del Eurogrupo, en Bruselas, el 7 de mayo pasado, cuando se sumaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los mercados financieros para obligarle a renegar de toda veleidad social, y a convertirse en el acto al credo neoliberal.

Apenas cinco días después, con el fanatismo de los conversos (mas con pretendido " desgarro interior "), el Presidente del Gobierno -que afirmaba, en 2004, "gobernaré para los más débiles", y reiteraba, en 2008, "gobernaré pensando en los que no tienen de todo"- anunciaba un plan de ajuste terriblemente impopular.

Cinco millones de pensionistas, tres millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y medio millón de futuros padres de 2011 padecerán las consecuencias del brutal recorte. Al mismo tiempo, otros jefes de gobierno socialdemócratas, en Grecia y en Portugal, se veían también forzados a ir a Canossa, a retractarse y humillarse, y a acatar las tesis ultraliberales que hasta entonces, en principio, habían combatido.

Insólito cambio. Porque hace menos de dos años, después de la quiebra del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, los partidarios del neoliberalismo estaban derrumbados y a la defensiva. Ellos eran quienes renegaban entonces. La "crisis del siglo" parecía demostrar el fracaso de su ideología de la desregulación, y la necesidad de recurrir de nuevo al Estado para salvar la economía y preservar la cohesión de la sociedad.

Los Gobiernos, incluso los de derechas, recobraban su función de actores primordiales del área económica; nacionalizaban entidades financieras y empresas estratégicas, inyectaban masivamente liquidez en el sistema bancario, multiplicaban los planes de estímulo... Tanto gobernantes como economistas se felicitaban por esas decisiones que correspondían a las lecciones sacadas de la crisis de 1929, cuando se demostró que las políticas de deflación, de austeridad y de restricción del crédito condujeron a la Gran Depresión.

Por eso, en otoño de 2008, todo el mundo anunció el "regreso a Keynes". Estados Unidos lanzó un plan de rescate de los bancos de 700.000 millones de dólares, seguido de otro de 800.000 millones de dólares. Los Veintisiete de la Unión Europea (UE) se pusieron de acuerdo en un paquete de estímulo de 400.000 millones de euros. Y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, constatando, en noviembre de 2008, que "los tres años consecutivos de superávit presupuestario nos permiten ahora incurrir en déficit sin poner en riesgo la credibilidad de las finanzas públicas", anunció un ambicioso Plan de Estímulo a la Economía y al Empleo de 93.000 millones de euros.

Además, en varias Cumbres del G-20, los dirigentes de los Estados más poderosos decidían terminar con los paraísos fiscales, controlar los fondos de alto riesgo ( hedge funds ) y sancionar los abusos de los especuladores causantes de la crisis. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea, declaraba: "Las autoridades políticas no toleraremos nunca más que los especuladores vuelvan a levantar cabeza y nos arrastren a la situación anterior".

Y sin embargo, hemos vuelto a la situación anterior. De nuevo los mercados y los especuladores tienen la sartén por el mango. Y las autoridades políticas se arrodillan. ¿Qué ha ocurrido? El peso de la deuda soberana consentida por los Estados para salvar a los bancos (1) ha servido de pretexto para un espectacular cambio de situación. Sin el mínimo reparo, los mercados y la especulación financiera, apoyados por las agencias de calificación (totalmente desacreditadas hace apenas unos meses), atacan directamente, en el seno de la UE, a los Estados endeudados, acusados ahora de vivir por encima de sus posibilidades. El objetivo principal es el euro. El Wall Street Journal (2) reveló que un grupo de importantes responsables estadounidenses de hedge funds , reunido el 8 de febrero en un hotel de Manhattan, habría decidido aliarse para hacer bajar la moneda única europea a 1 euro frente a 1 dólar. En aquel momento el euro valía 1,37 dólares; hoy ya sólo vale 1,22 y sigue amenazado...

Los mercados quieren su revancha. Y reclaman, con más vigor que nunca, en nombre de la "indispensable austeridad", el desmantelamiento de la protección social y la drástica reducción de los servicios públicos. Los Gobiernos más neoliberales aprovechan para exigir mayor "integración europea" en cuyo nombre tratan de forzar la adopción de dos instrumentos que no existen: un gobierno económico de la Unión y una política fiscal común. Con el apoyo del FMI, Alemania ha impuesto planes de ajuste a todos los miembros de la UE (Grecia, Portugal, España, Italia, Francia, Reino Unido, Rumanía, Hungría, etc.) cuyos Gobiernos, de pronto obcecados por la reducción del gasto público, han acatado sin rechistar. Aunque ello amenace a Europa con caer en una profunda Depresión

En la misma línea, Bruselas desea sancionar a los países que no respeten el Pacto de estabilidad (3). Berlín pretende ir más lejos y añadir una sanción altamente política: la suspensión del derecho de voto en el Consejo europeo. Con un claro objetivo: ningún Gobierno debe salirse del carril neoliberal.

En el fondo, ese es el saldo político de la actual crisis de la deuda soberana: no parece quedar espacio, en el seno de la UE, para ninguna opción de progreso. ¿Admitirán los ciudadanos semejante regresión? ¿Puede aceptarse que quede descartada cualquier solución democrática de izquierdas de impulsar al avance social?


Notas:
(1) Un informe de la Comisión Europea señala que el total de fondos comprometidos para los bancos asciende a 3,3 billones de euros, o sea ¡el 28% del PIB de la UE!, El País , Madrid, 20 de junio de 2010.
(2) The Wall Steet Journal , Nueva York, 26 de febrero de 2010. http://online.wsj.com/article/ SB10001424052748703795004575087741848074392.html
(3) Adoptado en 1997 y que limita a 3% del PIB el déficit público.