MÁLAGA.- La Junta de Andalucía, personada en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha presentado escrito de acusación provisional contra 95 personas, entre ellas el presunto cerebro de la supuesta trama, el cartagenero Juan Antonio Roca, para el que pide un total de 40 años de prisión y multa de más de 78,5 millones de euros.
En el documento, de 220 folios, la Administración andaluza acusa a Roca de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, falsedad, alteración de precios de concursos, tráfico de influencias, desobediencia, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, algunos continuados. Además, se solicitan 67 años de inhabilitación para empleo público.
Asimismo, para el ex alcalde Julián Muñoz se piden 14 años de cárcel, 32 de inhabilitación y multa de 600.000 euros por los delitos continuados de cohecho, malversación y otro de prevaricación; mientras que para la ex alcaldesa Marisol Yagüe se piden 17 años y medio de prisión, 39 de inhabilitación, seis de suspensión de empleo y 4,8 millones de multa por cohecho, malversación, prevaricación y alteración de precios.
Esta acusación considera que Roca supuestamente se valió "del poder de hecho que ostentaba sobre la institución municipal como consecuencia del sometimiento a su voluntad de miembros del Gobierno municipal y de determinados funcionarios municipales, que conscientemente renunciaron a ejercer las funciones de control a que legalmente estaban obligados".
Señala que de los hechos presuntamente cometidos por los acusados "ha resultado un grave perjuicio para el patrimonio municipal de tal entidad que determinó la incapacidad financiera del municipio de Marbella abocando, entre otras causas, a la disolución de la Corporación en fecha 8 de abril de 2006". En este punto, explica varios convenios urbanísticos.
Así, la administración andaluza precisa el dinero que supuestamente recibió Roca de varios empresarios y que luego habría repartido presuntamente entre varios miembros del equipo de gobierno como Yagüe o Isabel García Marcos, para la que pide seis años de cárcel, 27 de inhabilitación, tres de suspensión de empleo y multa de más de un millón por presunto cohecho, cohecho continuado y prevaricación.
Asimismo, nombra a los empresarios que supuestamente pagaron, entre ellos varios responsables de Aifos, a los que acusa de los delitos de cohecho y malversación, por los que pide 12 años de cárcel y multa de 21 millones para cada uno; Cristóbal Peñarroya, para el que pide cuatro años de prisión por cohecho; o Rafael Gómez, para el que solicita la misma pena por el mismo delito, aunque también 10 años de inhabilitación al acusarlo además de prevaricación.
En el escrito se analizan otras operaciones en las que habrían participado supuestamente promotores como Carlos Sánchez, para el que piden 19 años de cárcel y multa de unos 25 millones; o José Ávila Rojas, para el que se piden 21 años de prisión, multa de 55 millones e inhabilitación para el ejercicio del comercio durante tres años. Además se especifican las adjudicaciones para la explotación de la estación de autobuses y el servicio de grúa.
Esta acusación considera también que el que fuera jefe de la Policía Local Rafael del Pozo "omitió conscientemente la ejecución de ordenes de paralización y precinto de obras que venían ordenadas por la Alcaldía en cumplimiento de resoluciones judiciales", por lo que le acusa de delitos de cohecho, tenencia ilícita de armas, prevaricación, desobediencia, malversación y solicita nueve años de cárcel y 24 de inhabilitación.
También se explica la operación supuestamente llevada a cabo por el ex primer teniente de alcalde Pedro Román junto al presunto cerebro de la trama y otros acusados, de forma que se le acusa de blanqueo, inducción de un delito de malversación y de un delito continuado contra la Hacienda Pública, solicitando 14 años de cárcel e inhabilitación para ejercer el comercio por tres años, entre otras penas.
Asimismo se analizan las transmisiones de propiedades que presuntamente realizó Roca "con el objeto de ocultar el origen de los bienes obtenidos", apartado por el que acusa de blanqueo de capitales a varios supuestos testaferros, entre otros, a Montserrat Corulla, para la que pide siete años de prisión, multa de 43,8 millones e inhabilitación para ejercer la abogacía por cuatro años.
Además, la Junta considera que también "para ocultar el origen de los bienes y efectivo obtenidos ilícitamente así como para rentabilizarlos económicamente", Roca presuntamente compró boletos de juego de azar premiados, por lo que se acusa a la hija y la mujer de éste por un delito de blanqueo; además de supuestamente valerse de determinados marchantes de arte.
En el escrito se señala que con el mismo fin de "ocultar" estas propiedades o "los efectos y bienes obtenidos ilícitamente del Ayuntamiento de Marbella por lo que ha sido condenado ejecutoriamente en sentencia de la Audiencia Nacional", Roca "configuró una organización" para lo que se valió supuestamente de varias personas, como los principales miembros del bufete Sánchez Zubizarreta- Soriano Pastor.
Éstos, según esta acusación, "pusieron a disposición del acusado Juan Antonio Roca Nicolás los servicios de su despacho profesional, radicado en Madrid, facilitándole la constitución de sociedades con las que ocultar el patrimonio ilícitamente obtenido, y prestándose a que profesionales y empleados de su despacho figuraran formalmente como titulares o administradores de dichas sociedades".
La Abogacía del Estado también ha realizado escrito de acusación por este caso 'Malaya' contra cuatro personas, como son Roca, Román, Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman. A estos cuatro los acusa por un delito contra la Hacienda Pública con la agravante de utilizar a personas interpuestas para ocultar la identidad en relación con la operación denominada 'Crucero Banús'.
Por dicha operación, según las conclusiones iniciales de esta parte, Román supuestamente dejó de ingresar en el IRPF en 2002 la cantidad de 1,9 millones de euros; Roca, 465.505 euros, San Agapito, 191.464 euros y Hoffman, 232.752 euros. Cada acusado se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión y multa del duplo de lo presuntamente defraudado.
Pero, además, acusa a Román de otros cuatro delitos contra la Hacienda Pública, puesto que la investigación "ha puesto de manifiesto ganancias patrimoniales que no se corresponden con la renta o el patrimonio declarado" de forma que supuestamente dejó de ingresar varias cantidades en 2001, 2003, 2004 y 2005. Por esto, se solicita dos años de cárcel por cada delito.
También acusa a San Agapito por otro de estos delitos porque supuestamente "existen indicios de una ganancia patrimonial no declarada en 2001", solicitando dos años de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, se insta a que paguen las cantidades que supuestamente defraudaron a la Hacienda Pública.
