Mostrando entradas con la etiqueta Tribunales. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tribunales. Mostrar todas las entradas

martes, 19 de marzo de 2024

El número de asuntos en trámite en los juzgados sigue subiendo en 2023 en la Región y supera los 179.000


MURCIA.- El número de asuntos en trámite en los juzgados sigue subiendo en 2023 en la Región y alcanza los 179.188 a 31 de diciembre, un 27% más que el año anterior, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el año 2023 un total de 219.180 asuntos, cifra que representa un descenso del 1,2% respecto a 2022.

Cabe destacar que, durante los seis primeros meses del año, la fuerte incidencia de la huelga de letrados y funcionarios de la Administración de la Justicia, con el mayor seguimiento de todo el país, lastró de forma decisiva la capacidad de resolución de los juzgados y tribunales de la comunidad (los 179.164 asuntos resueltos supusieron una reducción inter-anual del 13,1%).

Como resultado, a 31 de diciembre de 2023 seguían en trámite un total de 179.188 asuntos, un 27 % más que un año antes, tal y como han aclarado las mismas fuentes.

Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales, hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos sólo creció en el orden Civil (un 1,5%) mientras que en las jurisdicciones Penal, Contenciosa y Social bajó un 3,1%, un 4,9% y un 1,2%, respectivamente.

Así, en el orden Civil, los órganos judiciales registraron 91.067 asuntos en 2023, lo que equivale a un incremento del 1,5% respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 64.293 asuntos, un 17,4% menos que en 2022, y quedaron en trámite 107.816, un 30,1% más. Colocándose los juzgados de Instancia murcianos, con una tasa de 2,70, en los órganos más congestionados de todo el país.

En la jurisdicción Penal ingresaron 110.089 asuntos, con un descenso del 4,9%; se resolvieron 100.520 asuntos, un 9,4% menos respecto a 2022, y quedaron en trámite 49.418 asuntos, lo que supone un incremento del 23,2% respecto al ejercicio anterior.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 6.130 nuevos asuntos supuso una disminución interanual del 4,9%. También se redujo, en 15,1%, el número de asuntos resueltos, que sumaron 5.271. Al final del periodo quedaron en trámite 7.093 asuntos, un 16% más.

El ingreso de 11.849 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un descenso del 1,3% respecto a 2022. El número de asuntos resueltos se situó en 9.080, un 19,1% menos que el año anterior y el de asuntos en trámite, en 14.816, un 22,4% más.

La paralización de los juzgados y tribunales de la Región y la falta de registro de nuevos asuntos durante el primer semestre del año por la huelga hizo que la tasa de litigiosidad anual (141,3) se colocara, por primera vez, por debajo de la media de España en 2023, que fue de 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Sin embargo, la Región de Murcia recuperó su alto nivel de litigiosidad en el cuarto trimestre, colocándose entre las comunidades autónomas con mayor tasa de conflictividad, sólo superada por Canarias.

"Las huelgas han sido la puntilla para la Administración de Justicia regional", según el presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme, quien ha señalado que "la paralización del primer semestre ha venido a coadyuvar para llegar a la dramática situación actual".

"La combinación de una litigiosidad por encima de la media nacional y una de las ratios más bajas de jueces por cada 100.000 habitantes del país, mantenida durante la última década ya determinaban que los tiempos de respuesta judicial sean los peores de todo el territorio nacional", ha subrayado.

"Y ello, a pesar de que el nivel de productividad y resolución de nuestros juzgados se ha mantenido durante todos estos años muy por encima de la media nacional. ¿No sé a qué hay que esperar para que se tomen las medidas necesarias?", se pregunta Pasqual del Riquelme, tras analizar los últimos datos.

Cabe recordar que, en su último informe, la Sala de Gobierno del TSJMU fijó las necesidades mínimas de la Región en once nuevas unidades judiciales: dos juzgados de primera instancia en el partido judicial de Murcia; un juzgado de primera instancia en el de Cartagena; un juzgado de primera instancia e instrucción en Molina de Segura; un juzgado de lo penal en Murcia; un juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un juzgado de vigilancia penitenciaria de ámbito regional; y una sección penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia.

Sin embargo, entre las 70 nuevas unidades judiciales que el Consejo de Ministros decidió crear en toda España durante 2024, solo una --un magistrado para la Sección 3 la Audiencia Provincial-- fue asignada al TSJMU.

El Ministerio de Justicia trasladó en diciembre del 2023 su compromiso de trabajar de forma inmediata para tratar de revertir la situación judicial de la Región con medidas de refuerzo coyunturales, en espera de que para el año siguiente se puedan crear las plazas que no han sido concedidas este año. 

"Esperamos que se convoque la comisión mixta de forma inminente", ha insistido el presidente.

domingo, 17 de marzo de 2024

La Fiscalía Europea investiga las ayudas que el Gobierno de López Miras concedió a la asociación proisraelí 'Zakut'


MURCIA.- Como ya sucediera con la Fiscalía de la Región de Murcia, su homólogo europeo -la Fiscalía Europea- ha abierto diligencias  a raíz de una denuncia contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a la asociación proisraelí Zakut, según ha confirmado el despacho de abogados en Madrid del letrado José Luis Mazón tras recibir ahora la confirmación desde Luxemburgo. 

Zakut, una asociación destinada al impulso de empresas tecnológicas, fue creada el 24 de abril de 2021, y tan solo cuarenta y cinco días después recibió los primeros 500.000 euros en subvenciones en la Región de Murcia. Un año después recibiría la misma cantidad hasta sumar un millón de euros. El letrado interpuso las denuncias a través de la Asociación Preeminencia del Derecho el pasado enero contra el jefe del Ejecutivo Regional por un delito de malversación de fondos públicos.  

El organismo europeo ha solicitado a Mazón que “aporte cuanta documentación o información adicional posea en relación con el fraude denunciado”, según recogía el pasado lunes LasNoticiasRM, un digital en la órbita completa del PSRM.  

La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en base al programa de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

De lo otorgado a Zakut, solo 100.000 euros provenían de fondos regionales, el resto fue aportado por la Unión Europea, motivo por el cual Preeminencia del Derecho también había elevado la denuncia al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea. 

Zakut también se habría beneficiado de otros gobiernos populares, al haber recibido subvenciones en Andalucía y la Comunidad de Madrid, que le otorgaron 1,35 millones y 200.000 euros respectivamente. En ambas comunidades la suma ha sido concedida para cursos de formación.

Mazón se puso sobre la pista del caso al detectar que la Comunidad de Madrid había otorgado el uso y disfrute de 14 viviendas sociales a la asociación, cuestión que coincidió con la publicación de informaciones en la Región de Murcia sobre la concesión de ayudas a este mismo organismo. 

El abogado también denunció que la entidad había recibido la primera ayuda del INFO sin tener registrados sus estatutos.  

Desde el Gobierno regional han defendido que Zakut se trata de “una empresa privada que se presentó a una convocatoria pública y, según criterios objetivos que cumplía, obtuvo la subvención del Instituto de Fomento”. 

Han recordado que puede consultarse en la web del Info la concesión “como todas y cada una de las subvenciones otorgadas”.

 “Todo se ha hecho bajo la normativa vigente y no se trata de una subvención directa, sino de una convocatoria de ayudas. Todo está hecho con criterios públicos incluidos en la convocatoria”, han zanjado.

Desde el Partido Socialista han indicado que, de confirmarse toda esta información, serían hechos “muy graves”, cuyo esclarecimiento debe hacerse con la máxima “rapidez y transparencia”.

 “El PSOE seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para velar por una adecuada gestión de los recursos públicos”.

Por otra parte, han recordado que, el Gobierno de López Miras subvencionó con más de 26.000 euros a la empresa de un corrupto, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuando ya estaba investigado

“Concretamente, a una sociedad sin trabajadores y sin apenas actividad. Es importante recordar que estamos hablando del padre político de López Miras, el que lo eligió a dedo para sucederle y poder mantener la corrupción del PP en la Región, cuando se vio obligado a dimitir y huyó a Miami. Un expresidente regional que ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad”.    

Desde el PSOE de la Región de Murcia han señalado que “el historial de corrupción, despilfarro, trapicheos y mala gestión de los recursos públicos del PP en la Región de Murcia es interminable”. 

La formación ha reaccionado así ante la noticia de que la Fiscalía Europea esté investigando las ayudas que el Gobierno de López Miras concedió a la asociación Zakut y ha recordado que la Fiscalía de la Región de Murcia también ha abierto diligencias por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a dicha asociación. 

La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). Este organismo, según el PSOE, destinó 19,89 millones de euros en subvenciones en 2023 para la creación de 101 empleos temporales.

 “Estamos ante una gestión muy deficiente del dinero de los ciudadanos y ciudadanas. El Gobierno de López Miras está despilfarrando el dinero de todos. Debería utilizar estos recursos para ayudar de verdad a las empresas a generar empleo y apoyar a nuestros autónomos, ya que esta es una de las principales necesidades que tiene la Región de Murcia”.

Al hilo, la formación ha recalcado que sería muy grave que el Gobierno del PP hubiera utilizado estos recursos para beneficiar a sus amigos, “aunque no nos extrañaría, porque no sería la primera vez”. 

“El Partido Popular lleva cerca de 30 años utilizando la administración regional para alimentar a sus redes clientelares”.

sábado, 9 de marzo de 2024

El abogado José Luis Mazón pone a prueba, el deber, la profesionalidad e independencia del juez García Castellón


MADRID.- El abogado José Luis Mazón ha puesto a prueba la profesionalidad, imparcialidad, deber e independencia del controvertido juez Manuel García Castellón con una denuncia ante la Audiencia Nacional, que persigue testimonios únicos sobre la eventual manipulación y/o destrucción de pruebas tras los atentados del 11M en el año 2004, a punto de prescribir cuando se cumplan los 20 años de estos hechos.

En concreto le había pedido al magistrado, que ha archivado la denuncia de la Asociación Preeminencia del Derecho, que se tenga por presentada en este Juzgado y que se investigue a los responsables de tales hechos (destrucción de los trenes).

También que se interese la declaración de las siguientes personas:
 

-El Sr. Juez del Olmo que ordenó (o consintió sin resistencia) hacer desaparecer pruebas que eran cruciales en el caso para esclarecer los hechos, a citar en la Audiencia Provincial de Murcia, donde trabaja.


-Al Sr. Jose María Aznar en la fecha de lo sucedido era el presidente del Gobierno, luego en funciones, y poseedor de información de alto nivel sobre la destrucción de los trenes


-Al Sr. Ángel Jesús Acebes Paniagua, ministro del Interior en el momento de los hechos y, sin duda, poseedor de información sobre la trama de la destrucción de los trenes. A localizar por Policía Judicial.


-Al Sr. Sánchez Manzano, por aquel entonces jefe de los TEDAX


-Al Sr. Fernando Íñiguez, al entonces director de Emfesa, filial de Renfe dedicada a la “enajenación de materiales” 

-Al Sr. Ángel Olaiz Hoyuela, que era director general de mantenimiento integral de Renfe.


-Al Sr. Federíco Jiménez Losantos, a quien el magistrado Gómez Bérmudez le dijo que: “España no está preparada para conocer la verdad".


-Al Sr. Carlos Sánchez de Roda, ingeniero ferroviario, autor de una profunda investigación sobre la destrucción de los trenes y particularmente de uno de ellos, que se salvó de la quema y luego fue rematado.


Las declaraciones que se deriven de los anteriores testimonios o de las investigaciones que de oficio practique el instructor.

OTROSI: Que solicito ser notificado con vistas a estudiar personación como acusación popular.


OTROSI: Proceder ofrecimiento de procedimiento a las víctimas en cumplimiento de la normativa de protección de víctimas.

Anexos

1.Historia de los trenes publicado en web Libertaddigital.com

2.Artículo la paseata.net con Carlos Sánchez de Roda

3.Artículo Federico Jiménez Losantos en El Mundo de 16.11.2015

García Castellón, en su auto del pasado 5 de marzo, ordena incoar y archivar  el presente procedimiento de Diligencias Previas núm. 18/24, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Contra este auto podía interponerse recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante ese Juzgado Central de Instrucción nº 6.

Este pasado jueves, 7 de marzo, 24 horas antes, Mazón ha presentado ese recurso de reforma y, subsidiariamente de apelación, para no dejar prescribir los presuntos delitos de encubrimiento de impunidad de actos terroristas del 11M, que denuncia Preeminencia del Derecho y que publicaremos en las próximas horas.

Podemos denuncia las "sentencias machistas" de la Audiencia de Murcia


MURCIA.- El diputado regional de Podemos Víctor Egío ha denunciado hoy a las puertas del Palacio de la Justicia de Murcia el carácter "machista" de varias sentencias judiciales de la Audiencia de Murcia que, en el último año, "han suspendido las penas de prisión por multas ridículas a los agresores sexuales".

En concreto, Egío se refiere a una sentencia conocida en el mes de diciembre contra un profesor particular por abusar de dos alumnas de 8 y 15 años, profesor que no llegó a pisar la cárcel a pesar de ser condenado a 4 años.

 También a otra sentencia de octubre en el que el agresor solo tuvo que hacer frente a una multa de 1.600€ tras reconocer haber avisado de sus sobrinas. La última de estas sentencias, hecha pública en febrero, suspendía la pena de dos años de cárcel a un joven de 20 años que agredió sexualmente a su prima de solo 5 años, a cambio del pago del tratamiento psicológico de la menor.

"En España y en la Región de Murcia tenemos un problema que se llama justicia machista", ha afirmado Egío. El diputado morado ha asegurado además que "no se trata de una cuestión de formación, sino de ideología". 

Por eso ha asegurado que "desde Podemos vamos a seguir denunciando estas sentencias vergonzantes". 

Además, ha recordado que a nivel estatal una de las líneas de trabajo de su formación es "reformar el acceso a la carrera judicial que, actualmente, se encuentra copada por una élite reaccionaria y machista".

Los presos por violencia de género son el segundo mayor grupo en las cárceles de la Región de Murcia

 MURCIA.- Un total de 268 hombres cumplía condena por violencia de género en los centros penitenciarios de la Región de Murcia a 31 de diciembre de 2023, lo que le convierte en el segundo grupo de reclusos más numeroso según la tipología del delito, por detrás de los cometidos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Así se desprende de los últimos datos publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) a partir de un informe del Ministerio del Interior.

Al cierre de 2023, el número de internos por violencia de género supuso el 15,4% del total de la población reclusa en las cárceles de esta comunidad autónoma, que ascendió a 1.747 personas --1.651 hombres y 96 mujeres--, un 6,2% más que el año anterior

El colectivo más numeroso de los internos en esta comunidad autónoma era, a 31 de diciembre del pasado ejercicio, el penado por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, esto es, los relacionados con hurtos, robos y daños, entre otros.

En concreto, 632 personas --un 36,1% de la población penitenciaria de la Región-- se encontraban privadas de libertad por estas causas, de las que 597 eran hombres y 35, mujeres. El grueso de reclusos de ambos sexos descendió un 2,32% en este caso con respecto al pasado año.

Tras los delitos contra el patrimonio y la violencia de género, las causas que figuran con mayor número de presos son las relacionadas con la salud pública, principalmente por comercio y tráfico de sustancias estupefacientes. Así, un total de 190 personas --171 hombres y 19 mujeres-- se encontraban en prisión por este tipo de hechos delictivos.

Le siguen los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (146 presos de ambos sexos); homicidios y sus formas (106); contra la Administración de Justicia (60); lesiones (51); contra el orden público (41); contra la seguridad vial (34); contra la libertad (28); contra las relaciones familiares (15); contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (12) y falsedades (7).

jueves, 7 de marzo de 2024

La jueza confirma la resolución de no incoar una pieza separada contra el consistorio de Murcia por 'caso Atalayas'


MURCIA.- La titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia ha desestimado el recurso de la representación procesal de familiares de dos de los fallecidos en el incendio acaecido el pasado 1 de octubre en la zona de Atalayas, en Murcia, contra el auto de 16 de noviembre que denegaba la apertura de una pieza separada que investigara la actuación del Ayuntamiento de Murcia por si existió un delito de prevaricación administrativa por omisión.

En el recurso, el letrado insiste en que, de acuerdo con las actas de inspección de marzo de 2018, 15 de diciembre de 2020 y 28 de mayo de 2021, había una situación de riesgo para la seguridad de las personas apreciada por funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y aun así no adoptaron medidas.

La resolución apunta que, como indica la jurisprudencia, para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario una resolución dictada por la autoridad o funcionario objetivamente contraria a derecho, por falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales o por su contenido, de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable y que sea dictada a sabiendas de la injusticia.

Para determinar si a los funcionarios municipales les es imputable un presunto delito de prevaricación, la magistrada ha analizado de forma "extensa y pormenorizada" los expedientes administrativos y los informes técnicos del Ayuntamiento de Murcia, distinguiendo los relativos a las licencias de actividad de los abiertos por denuncias y sanciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras ello, la instructora ha concluido que, de la documentación existente, "no se pueden extraer unos mínimos indicios de criminalidad en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para con la situación urbanística en que se encontraban las salas donde tuvieron lugar los hechos objeto de investigación".

No obstante, la jueza no ha descartado "posibles irregularidades administrativas de tramitación a analizar en otra jurisdicción diferente a la penal como pudiera ser en la jurisdicción contencioso- administrativa en su caso", según ha añadido el TSJMU.

miércoles, 6 de marzo de 2024

Familias de dos de los fallecidos en Atalayas se querellan contra el Ayto de Murcia por "prevaricación por omisión"


MURCIA.- Las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de "prevaricación por omisión".

En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra "tres funcionarios" del Consistorio.

Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una "estrategia" a través de la que "paralizaban" la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos "mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización".

Así lo ha confirmado el abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, quien ha considerado que "no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades". 

Al contrario, a su juicio, "ha habido una trama" y "un sistema de funcionamiento perfectamente organizado en el que participaban", desde su punto de vista, "Navarro Corchón y determinados funcionarios".

Ha señalado que todos ellos, "a través de una estrategia, establecían siempre que la actividad estuviera en funcionamiento, amparándose en una posibilidad que otorga la normativa, la ley 4 del 2009, que permite el funcionamiento" del establecimiento "mientras haya abierto un procedimiento de legalización".

En concreto, la normativa permite el funcionamiento "en determinados casos" y, "aprovechando esas posibilidad, la aplicaban de forma generalizada", según el letrado.

Así, según Muñoz, cuando se abría un procedimiento de cese, esta "trama" respondía diciendo: "oiga, no puede usted cerrar porque hay un procedimiento de legalización".

Cuando se imponía una sanción, respondían que "no pasaba nada" y presentaban el procedimiento de legalización. Ha criticado que, con esa "estrategia", iban "paralizando cualquier incidencia que pudiera surgir".

Incluso, ha lamentado que esta "trama" llegaba "hasta el absurdo", puesto que un procedimiento de legalización "lo paralizaban alegando que iniciaban otro procedimiento de legalización aportando, además, la misma documentación".

Con esta "estrategia", el abogado ha señalado que conseguían paralizar un procedimiento de cese para que el que se había dictado un decreto de ejecución de forma expresa.

Además, Muñoz ha considerado que "había suficientes irregularidades sustanciales como para haber dictado la suspensión de la actividad" de estas discotecas, en cuyo incendio fallecieron 13 personas.

Muñoz ha confirmado que va a presentar esta querella ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia y achaca al Ayuntamiento, al concejal y a los funcionarios el delito de prevaricación por omisión. 

De momento, Muñoz va a presentar esta querella en nombre de las dos familias a las que representa, aunque no cierra la puerta a que se sumen otros afectados si hay "coordinación".

Muñoz ha criticado que se trata de una "trama" porque se trataba de una "forma de operar" que tenía el Ayuntamiento. "Está afectado este caso, pero habrá otros", según Muñoz que, de hecho, ha recordado que solo una semana después del incendio, el Consistorio ya había suspendido la actividad de otros siete locales, cuyos expedientes "estarían en la misma situación".

Ha lamentado que "se produjo una división que hubiera determinado adoptar una adaptación" de las discotecas, según este abogado. "Es más, el local incumplía las normativas de planeamiento, por lo que nunca iba a ser legalizable. Y, en cambio, se permitió que funcionara".

sábado, 2 de marzo de 2024

El Tribunal de Cuentas ve "deficiencias" por 7.665 euros en gastos electorales del 28-M en la Región


 MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha apreciado "deficiencias" por valor de 7.665 euros respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales en los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo en la Región de Murcia, según han informado fuentes del órgano fiscalizador en un comunicado.

Así, en su informe, publicado este viernes, el Tribunal apunta que estos gastos "no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral", al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

En concreto, del montante total, 4.761,41 euros no tenían naturaleza electoral y 2.904 correspondían a gastos con justificación "insuficiente". Por lo tanto, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

El informe fiscalizador apunta que todos los partidos políticos y coaliciones electorales que concurrieron en la Región de Murcia el pasado 28 de mayo presentaron "en plazo" la contabilidad correspondiente a los procesos autonómico y municipal, y lo hicieron a través de la Sede Electrónica de la institución.

En cuanto a los ingresos electorales, las formaciones políticas declararon recursos para financiar la campaña por 1.736.082,59 millones de euros, de los que 682.649,81 euros procedían de adelantos de subvenciones electorales; 694.473,73 de aportaciones realizadas por los partidos; 350.500 de operaciones de endeudamiento y 8.459,05 de aportaciones privadas.

Los gastos electorales que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas han ascendido, en el caso de la Región, a 926.986,59 euros, de los que 140.527,29 correspondían a gastos de publicidad exterior, y 104.729,61 a gastos de publicidad en prensa y radio. Por su parte, el gasto justificado por la realización de actividad del envío de propaganda electoral ha sido de 670.665,27 euros.

El documento añade que ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos previsto, ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 de la LOREG, relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.

Dos partidos --PP y VOX-- declararon gastos por confección de sobres y papeletas de votación, si bien los gastos de franqueo postal han sido declarados en la contabilidad de las elecciones locales. El Tribunal considera que tendrían que haber imputado los gastos a ambos comicios --autonómico y municipal--, al tratarse de gastos comunes a los dos procesos.

También en estos partidos, el órgano fiscalizador ha observado "un exceso de facturación" por sobres y papeletas electorales respecto a los envíos en la propaganda justificados según los albaranes de Correos.

En el caso del PP, el montante ha ascendido a 747.296 unidades de sobres y 909.989 de papeletas, lo que supone, respectivamente, un 72% y un 87% del censo electoral de la Comunidad Autónoma. El exceso, en el caso de Vox, ha sido de 423.897 unidades (+41%).

En relación con los gastos de adquisición de los sobres y papeletas de votación, el informe advierte de una "significativa" variación en los precios facturados por los proveedores a los distintos partidos políticos.

Y es que, apunta, estos precios unitarios facturados a las formaciones fueron "superiores en la mayor parte de los casos" a los de adjudicación del contrato de suministro de papel y sobres de votación para las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia.

Además, ninguna formación política superó el límite máximo de gastos previsto para estas elecciones autonómicas (398.288,28 euros), ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 de la LOREG relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente (79.657,66 euros).

Por otro lado, PSOE y la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde realizaron pagos con posterioridad a los 90 días siguientes al de la votación, lo que supone un "incumplimiento" de lo establecido en la LOREG, por un importe acumulado de 26.583,51 euros.

Estos mismos partidos han incurrido en los supuestos que fundamentan la formulación de propuestas de reducción en relación con las subvenciones electorales. En el caso del PSOE, "por haber realizado pagos desde una cuenta bancaria no electoral" y, además, con posterioridad al plazo fijado; en el segundo, por haber realizado pagos a proveedores "con posterioridad".

Además, una formación política --Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-- no alcanzó los requisitos necesarios para percibir subvenciones electorales, al no obtener representación parlamentaria. Así, no se le ha acreditado el reintegro del adelanto de subvención electoral, por importe de 28.020 euros.

Dadas las cifras recogidas en el documento, el Tribunal de Cuentas ha propuesto al Gobierno de la Comunidad Autónoma recurrir a fórmulas de contratación centralizada de los sobres y papeletas de votación, teniendo en cuenta que los precios facturados a las formaciones políticas resultan "considerablemente superiores" a los precios unitarios de adjudicación en la contratación realizada por el Consejo de Gobierno.

También ha aconsejado vincular el límite máximo de gastos electorales que establece el artículo 35 de la Ley Electoral de la Región de Murcia con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, en lugar de con el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la Comunidad.

viernes, 1 de marzo de 2024

Involucran al murciano Pedro Saura en las investigaciones sobre el 'caso Ábalos'


MADRID.- El presidente de Correos, el murciano Pedro Saura, ha negado contactos con Koldo García para realizar ningún contrato laboral o de otro tipo, después de las investigaciones al ex asesor de José Luis Ábalos, a la vez que ha asegurado que la empresa pública postal "no ha contratado" al hermano de Koldo, Joseba García, ni le consta que "haya tenido nunca el propósito de contratarlo".

De esta manera se ha pronunciado Pedro Saura a través de un comunicado después de que el auto del juez Ismael Moreno señalara, en relación a Joseba, que "se han obtenido indicios de que una vez deja de ser empleado de EMFESA -ente dependiente de ADIF-, por expreso deseo de Koldo pasará a trabajar en Correos --sociedad estatal dependiente del MITMA--".

Asimismo, el instructor destaca una llamada del 28 de diciembre en la que "se ha podido observar que Koldo tiene la capacidad de poner en contacto" a una responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) "con 'Pedro' a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último".

En este sentido, Pedro Saura niega haber mantenido ninguna conversación telefónica sobre este aspecto ni con Koldo García ni con la responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.

"Es más, nunca he mantenido ninguna conversación con Koldo relativa a la celebración de ningún contrato laboral o de otro tipo. Correos no ha contratado a Joseba ni me consta que haya tenido nunca el propósito de contratarlo", reza el comunicado de Pedro Saura.

En el auto del juez también apunta que "Joseba sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos --Pedro Saura--, antes de que se hiciese oficial ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo", añade el magistrado.

Y al respecto, Saura defiende que el 27 de diciembre de 2023 "era ya de conocimiento público" su próximo nombramiento como Presidente de Correos. 
 
Joseba García, hermano del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, habría conocido el nombramiento del murciano Pedro Saura como presidente de Correos antes de que se hiciera oficial su nombramiento, según apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero.

En este sentido, el instructor destaca una llamada del 28 de diciembre en la que "se ha podido observar que Koldo tiene la capacidad de poner en contacto" a una responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) "con 'Pedro' a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último".

"En otro orden de cosas, pero también relacionado con los contactos de Koldo", el juez hace referencia a la vida laboral de su hermano Joseba García. 
 
Sobre este extremo, señala que "se han obtenido indicios de que una vez deja de ser empleado de EMFESA -ente dependiente de ADIF-, por expreso deseo de Koldo pasará a trabajar en Correos --sociedad estatal dependiente del MITMA--".

"Al hilo de lo anterior, Joseba sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos --Pedro Saura--, antes de que se hiciese oficial ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo", añade el magistrado.

miércoles, 28 de febrero de 2024

CC OO denuncia el impago de la CHS de cerca de 30.000 euros al sindicalista Turrión por sentencia judicial


MURCIA.- Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pago de los salarios correspondientes a 6 meses y 5 días, así como la indemnización de 12.000 euros con los que la jueza del Social nº 6 de Murcia condenó al Ministerio en el año 2019 por los daños morales ocasionados tras la anulación de todas las sanciones del expediente disciplinario contra Francisco Turrión, secretario de la sección sindical de CCOO en la Confederación Hidrográfica del Segura, adelanta La Opinión.

Un caso, explica CCOO, que nace después de que en 2017 Greenpeace España publicase un informe encargado al hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, Luis Francisco Turrión Peláez, titulado 'La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después'. En ese documento, Turrión explicó cómo se habían legalizado irregularmente regadíos en los últimos decenios.

También dijo que con 200 hm3 al año de recursos renovables de las aguas subterráneas de los acuíferos de la cuenca del Segura y con otros 200 hm3 /año de agua desalada la Región de Murcia podía prescindir del trasvase Tajo-Segura. 

El entonces Ministerio de Agricultura sancionó a Francisco Turrión a primeros de 2018 con 3 faltas disciplinarias y con la suspensión de empleo y sueldo de 6 meses y 5 días. Sanción cumplida por Turrión y recurrida judicialmente por la vulneración del derecho a la libertad de expresión.

viernes, 23 de febrero de 2024

La CARM interpone una demanda ante el Supremo para "frenar" el "hachazo" al trasvase Tajo-Segura


MURCIA.- El Gobierno regional de Murcia ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas, entre ellas las del Tajo y el Segura, con el fin de "frenar el recorte, o más bien el hachazo, al trasvase que supone el nuevo plan del Tajo".

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que ha indicado que la demanda va acompañada de 15 informes técnicos.

El dirigente regional ha indicado que el plan hidrológico del Tajo conlleva una reducción que puede alcanzar los 100 hectómetros cúbicos al año, "sin que exista ninguna medida alternativa, ni viable, ni realista" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que dirige Teresa Ribera.

Según Ortuño, el Gobierno murciano "deja claro en su demanda que el Ministerio actuó con arbitrariedad porque no existen informes técnicos que justifiquen su decisión y, por lo tanto, actuaron únicamente en base a criterios ideológicos y partidistas".

"Por eso entendemos que el plan del Tajo queda invalidado. Se despreció el impacto económico y social que podemos sufrir en la Región de Murcia, la pérdida de unos 300 millones de euros y la destrucción de casi 6.000 puestos de trabajo, y, además, el Ministerio pasó por alto el impacto medioambiental", ha comentado.

Además, ha aseverado que el Gobierno regional también "deja claro" en su demanda que el Miteco "incumplió la ley y la Constitución", en especial por "la absoluta falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura", lo que conllevó "una situación de inseguridad jurídica".

Igualmente, Ortuño ha manifestado el dirigente regional, el Real Decreto del Ejecutivo de la Nación "contraviene la Constitución, ignora la coordinación hidrológica", al tiempo que es "arbitrario" y conlleva "un impacto social, económico y medioambiental muy negativo para la región".

Asimismo, ha reiterado que la demanda evidencia que "la decisión del Gobierno de España fue arbitraria, que no se tuvo en cuenta el interés general, que se actuó sin aval científico, saltándose las leyes y sin valorar las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y ecológicas".

"Para Teresa Rivera, el trasvase Tajo-Segura no existe en la planificación hidrológica, y lo que hacemos es decirle que sí existe y, por supuesto, explicarle el daño económico, social y ecológico que supone su recorte", ha dicho el dirigente regional, quien ha dicho que espera que el Tribunal Supremo "sea sensible a nuestros argumentos y que frene lo que consideramos todo un atropello".

jueves, 22 de febrero de 2024

Ingresa en prisión el inspector-jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Murcia

 MURCIA.- El inspector-jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia ha pasado este jueves a disposición del juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia junto a otros cinco detenidos, según informaron este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

El juez ha enviado finalmente a prisión provisional a dos de los investigados en una operación contra el tráfico de drogas, uno de ellos el jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia, y ha dejado en libertad a los cuatro restantes, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El citado juzgado ordenó varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier, en el marco de un procedimiento judicial declarado secreto en el que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según se informó al magistrado instructor, se practicaron varias detenciones en la Región y en Madrid, entre ellos la del inspector-jefe del grupo de estupefacientes, J.G., practicada este martes por agentes de la Unidad de Asuntos Internos desplazados desde Madrid.

Estaba previsto que se tomase declaración este jueves por la tarde a los seis arrestados, según las mismas fuentes, tras decretarse el secreto sumarial de las actuaciones.

El TJUE sentencia que España tendrá que convertir a los trabajadores interinos de larga duración en fijos


LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló que los empleos indefinidos no fijos deben considerarse como trabajos de duración determinada, si bien advirtió contra la consecución "abusiva" de contratos públicos en varias administraciones españolas.

El TJUE respondió así a una serie de preguntas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativas a los litigios que oponen a tres trabajadores a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid.

Esas personas trabajaron "durante muchos años", desde 1994 en los dos primeros casos y desde 1998 en el tercero, con contratos temporales sucesivos porque no se convocaron las plazas para cubrir esos puestos de manera permanente.

La corte con sede en Luxemburgo entiende, en virtud del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, la consecución de contratos debe entenderse como contratos de duración determinada ya que pueden equipararse a una renovación tácita y automática de los mismos.

Subraya que una "interpretación restrictiva del concepto de 'sucesivas relaciones laborales de duración determinada' permitiría emplear a trabajadores de forma precaria durante años" y podría llevar a excluir "un gran número de relaciones laborales de duración determinada de la protección de los trabajadores perseguida por la normativa europea".

También podría facilitar, añade el tribunal, la "utilización abusiva de dichas relaciones por parte de los empleadores para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal".

El TJUE subraya que fue la Administración la que no convocó las plazas en plazo y forma. La corte de Luxemburgo destaca que no le corresponde al TJUE pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, sino al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el que debe tomar medidas apropiadas "para evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada", indicó el servicio de prensa del TJUE.

No obstante, con el fin de orientarlo en su apreciación, el tribunal comunitario señala que las medidas esgrimidas por las Administraciones y por el Gobierno español, como la garantía de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, son "razones objetivas" que "justifican" ese tipo de contratos.

Sin embargo, añade que los plazos establecidos para convocar esas plazas ocupadas provisionalmente son medidas adecuadas "para evitar que se perpetúe la situación de precariedad de dichos trabajadores, al garantizar que las plazas que ocupan se cubran rápidamente de manera definitiva".

"Por consiguiente, en las situaciones examinadas, la convocatoria de esos procesos dentro de los plazos establecidos puede prevenir, en principio, los abusos derivados de la utilización sucesiva de relaciones laborales de duración determinada a la espera de que dichas plazas se cubran de manera definitiva", considera el TJUE.

miércoles, 21 de febrero de 2024

El TSJ rechaza dos recursos que han retrasado en Cartagena el proyecto del Cine Central tres años


CARTAGENA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha resuelto dos recursos que han mantenido paralizado el proceso de adjudicación del proyecto de la rehabilitación del Cine Central durante tres años. Los recursos fueron presentados por el arquitecto que quedó en segundo lugar en el concurso.

El demandante impugnaba dos actos: la Orden de la Consejería de Educación que declaraba ganador de un concurso a UTE Pedro Pitarch - Manuel Burgos Arquitectos, SLP, y una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que previamente había rechazado un recurso anterior.

La orden de la Consejería que establecía el ganador del concurso es de marzo de 2021. Un mes más tarde, el segundo clasificado presentó el primer recurso que ha venido seguido de iniciativas ante el Tribunal de Recursos Contractuales y el TSJ, que acaba de resolver en su contra.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha lamentado que se hayan perdido tres años en un proyecto clave que va a suponer una inyección de vida al Casco Histórico en una zona que aúna planes de gran poder de dinamización, como el Anfiteatro.

La Resolución del TSJ que confirma la legalidad de todo el proceso, impone las costas a la parte demandante.

domingo, 18 de febrero de 2024

El PP se reafirma, con el archivo definitivo del 'Caso Auditorio': "Todo el dinero se destinó a su construcción"

 MURCIA.- El archivo definitivo por parte del Tribunal de Cuentas de la denuncia contra la gestión de la subvención para la construcción del Teatro Auditorio ratifica "lo que siempre hemos defendido desde el Partido Popular: que todo el dinero fue destinado a la construcción del edificio", han afirmado en un comunicado.

El auto del Tribunal de Cuentas constata que las cantidades abonadas corresponden a prestaciones efectivamente realizadas, sin que haya habido ningún perjuicio económico en los fondos del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y que, por su parte, la Comunidad Autónoma dio por justificada la subvención concedida al Ayuntamiento para la construcción del Teatro Auditorio.

Por tanto, el máximo órgano de fiscalización en España de la aplicación del presupuesto y dinero público "confirma que la subvención se invirtió correctamente y que la gestión fue impecable desde el punto de vista económico". 

El Tribunal de Cuentas manifiesta "no haber lugar a la incoación del proceso judicial contable en el procedimiento".

El Partido Popular de la Región de Murcia destaca que el Tribunal de Cuentas haya confirmado definitivamente que la gestión de la subvención se hizo conforme a la Ley, y que no haya que atribuir ninguna responsabilidad contable a quienes gestionaron las cuentas públicas municipales, que no sufrieron daño ni menoscabo alguno.

Así, manifiesta una vez más "su plena confianza en la Justicia y rechaza las campañas de persecución política que han venido sufriendo dirigentes del PP por parte de partidos que utilizan la Justicia para intentar conseguir lo que son incapaces de conseguir en las urnas".

El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia del 'Caso Auditorio' contra la gestión de la subvención del Ayuntamiento lumbrerense

 PUERTO LUMBRERAS.- El Tribunal de Cuentas ha archivado definitivamente la denuncia contra la gestión de la subvención por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la construcción del Teatro Auditorio. En el acta de liquidación se demuestra que el Consistorio invirtió todo el dinero de la subvención en la construcción del Teatro Auditorio, han informado fuentes municipales.

Tras la documentación contable presentada ante este tribunal sobre la ejecución de la subvención, se ha justificado y demostrado que el cien por ciento del dinero se invirtió en la obra. 

Tal y como se expone en el auto del Tribunal de Cuentas: "se ha constatado que las cantidades abonadas por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras corresponden a prestaciones efectivamente realizadas, que se efectuaron conforme a acuerdos válidos y eficaces en el momento en que se efectuaron los abonos, sin que consten indicios de la existencia de un perjuicio económico en los fondos del mencionado Ayuntamiento".

"Asimismo, según consta en el acta de liquidación provisional, la Comunidad Autónoma dio por justificada la subvención concedida al Ayuntamiento para la construcción del 'Teatro Auditorio'", añaden desde el Consistorio.

Es decir, el máximo órgano de fiscalización de la aplicación del presupuesto y dinero público en España confirma que la subvención se invirtió correctamente y que se realizó una actuación económicamente irreprochable. El Tribunal de Cuentas manifiesta "no haber lugar a la incoación del proceso judicial contable en el procedimiento".

"Nos da mucha tranquilidad que un órgano tan importante en el Estado como el Tribunal de Cuentas confirme que la gestión económica se hizo conforme a la Ley y que no encuentra ninguna responsabilidad contable que afecte a los gestores de las cuentas públicas municipales. De hecho, en el texto se manifiesta que no cabe apreciar la existencia de un daño real y efectivo a los fondos públicos", han subrayado.

Finalmente, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras indica que, a partir de ahora, va a seguir trabajando "para poner en marcha esa importante infraestructura cultural, poniéndola a disposición de los lumbrerenses. Esta es una construcción que puede ayudar a la economía y a la vida cultural y turística del municipio".

jueves, 15 de febrero de 2024

'Abogados Cristianos' denuncia por corrupción de menores a los responsables del carnaval de Torrevieja

 


VALENCIA.- La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Torrevieja contra los responsables del desfile de Carnaval en el que salieron varias niñas vestidas con lencería erótica.

La organización de juristas presenta la denuncia contra la concejal de Fiestas, Rosario Martínez (PP), el presidente y el secretario de la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, Francisco Pizana y Armando Bueno y las responsables de la comparsa «Osadía».
 
Considera que podrían haber incurrido en un delito de utilización de menores para espectáculos exhibicionistas recogido en el artículo 189 del Código Penal. Solicita además que Fiscalía valore si se han podido incurrir en otros delitos como el abuso de menores (art. 181 CP).
 
Abogados Cristianos solicita además que se retire el premio de 650 euros concedido a la comparsa en la que desfilaban las niñas, que recibió el galardón por quedar en cuarta posición en la modalidad de Disfraz. Un atuendo que incluía pezoneras y ligueros, entre otros elementos.
 
La presidenta de la organización de juristas, Polonia Castellanos indica en un comunicado «que estos hechos mereciesen un premio, nos parece que es algo reprochable y que además entra en el tipo de delito de corrupción de menores. Esperamos que la justicia actúe y que no se permita acabar con la inocencia de los niños y utilizarles de esta manera».
 
A preguntas del digital católico El Debate, fuentes del Consistorio de Torrevieja, gobernado por el 'popular' Eduardo Dolón, aseguraron que «el Ayuntamiento no tiene nada que decir al respecto, ya que solamente colabora con la asociación al igual que con el resto de asociaciones culturales o festivas de la ciudad. La Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja es la que organiza todos los desfiles y todos los actos del Carnaval desde siempre».
 
Por su parte, y lejos de asumir responsabilidades, desde la organización del desfile publicaron un mensaje en redes sociales en el que señalaba que «la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja apoyará siempre a todas las comparsas y participantes de nuestros carnavales. Y defenderemos siempre la libertad en nuestros carnavales». 
 
El mensaje iba acompañado del lema «Hoy somos Osadía», en referencia a la polémica comparsa.

jueves, 8 de febrero de 2024

La Audiencia Provincial revoca la personación de ONGs y ayuntamientos como perjudicados de 'caso Topillo' en representación del Mar Menor

 MURCIA.- La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha revocado la providencia dictada por el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, en la que se hacía ofrecimiento de acciones tanto a la entidad con personalidad jurídica Mar Menor como a los ayuntamientos ribereños y a organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la defensa del medio natural en uno de los procedimientos del conocido como 'caso Topillo', según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

En concreto, se trata de una de las 39 causas en que se dividió la segunda pieza del caso, en la que se denunciaba el daño al ecosistema del Mar Menor por los vertidos de salmuera procedentes de nuevas desalobradoras con las que, presuntamente, se abastecían diferentes explotaciones agrícolas. Actuación posterior a la que será enjuiciada en la pieza principal, dividida en dos partes, y pendiente de señalamiento en la Audiencia Provincial.

En la providencia de septiembre del 2023 objeto de recurso, se establecía que tanto el comité de representantes del Mar Menor, como los municipios ribereños y las ONG interesadas, podían comparecer en el procedimiento para mantener la acción, por considerarlos perjudicados directos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, por la que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca.

Sin embargo, la Sala estima ahora el recurso de apelación interpuesto por una de las empresas denunciadas y revoca la resolución. La recurrente alega que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) solo permite la personación al directamente ofendido o perjudicado, circunstancia esta que no se da ni en los ayuntamientos ribereños, ni en las ONG dedicadas a la defensa del medio natural.

Asimismo, añade que hay que distinguir entre los que son víctimas y perjudicados directos, que se puede personar en la causa como acusación particular, y la acción pública que corresponde a todos los ciudadanos españoles, denominada acción popular, y que en su caso se debería haber ejercitado previamente mediante querella o denuncia.

En su fundamentación jurídica, la Sala argumenta que artículo 6 de la Ley 19/2022 es equivalente al artículo 101 que regula el ejercicio de la acción popular por cualquier ciudadano o entidad en la LECr, por lo que por el mismo no se justificaría el llamamiento. Y, por tanto, centra su análisis en la Ley del Mar Menor y en cómo se concreta la representación de la personalidad jurídica a la laguna y su cuenca.

En este punto, los magistrados subrayan que si el artículo 3 de la citada Ley 19/2022 establece un comité de representantes, una comisión de seguimiento y un comité científico para ejercer la tutoría del Mar Menor y otorga al primero la función de propuesta de actuaciones de protección, conservación, mantenimiento y restauración de la laguna, "por disposición de la citada ley, dicho comité de representantes sería el que en nombre del Mar Menor, como directamente perjudicado, actuaría como acusación particular".

Entienden, por tanto, que "su llamada --la del comité de representantes-- podría resultar procedente si es que hubiese sido reglamentariamente constituido, algo que no consta y sin que sea posible tenerlo como tal por la mención que al mismo se contiene en la Ley 19/2022".

En cuanto a los ayuntamientos ribereños y las ONG, agregan que conforme a lo dispuesto en la LECr, "no serían perjudicados directos, más allá de lo que lo sería cualquier ciudadano, y por lo tanto sólo es posible el ejercicio de su acción a través de la acción popular, que no ha sido ejercitada".

Por ello, la Sala concluye que "no siendo posibles los llamamientos efectuados" según el artículo 782.2 de la LECr, el juez debe decidir sobre las peticiones formuladas por quienes eran parte en la causa antes de las personaciones producidas a raíz de la providencia recurrida.

Así, concluida la instrucción, y dictado auto de transformación abreviado, deberá atenerse a la solicitud de apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que formule el representante del Ministerio Fiscal. Contra esta resolución no cabe recurso ordinario.

miércoles, 7 de febrero de 2024

El abogado de las familias de dos víctimas de Atalayas lamenta que "todo el mundo se lava las manos"

 MURCIA.- El abogado de dos de las familias de las víctimas del incendio de la discoteca 'Teatre', Pedro López Graña, ha dicho este martes que aclarar la responsabilidad del suceso que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Atalayas no será fácil porque "todo el mundo se lava las manos", pero ha expresado su confianza en que los damnificados finalmente obtengan "como mínimo una compensación".

En declaraciones a los medios de comunicación en la Ciudad de la Justicia, López Graña ha indicado que los familiares de los fallecidos sufren "un enorme dolor y además una perturbación" porque "no entienden" que, cuando "en teoría las cosas deberían ser claras", los implicados "se lavan las manos".

 "Todo el mundo dice yo no fui, fue el otro", ha comentado al respecto.

Según el letrado, "al final va a suponer un esfuerzo de investigación y de determinación" aclarar quiénes son los responsables de este suceso, que acabó con la vida de 13 personas. 

"Ahora mismo la situación es verdaderamente adversa y con un horizonte oscuro", ha lamentado López Graña.

El abogado ha considerado que el "dueño en la sombra" de la sala 'Teatre' es M.M, considerado por la Policía Nacional como responsable de esta discoteca, y quien ha acudido este martes a declarar ante el Juzgado nº 3 de Murcia en calidad de investigado.

Así, ha dicho que M.M. "se ha acogido a su derecho a declarar solamente a las preguntas de su abogado", algo que ha considerado "legítimo y lógico". De esta forma, el investigado "rechaza todo tipo de responsabilidad, se limita a que él únicamente era un mero arrendador del negocio a otras personas".

El objetivo del investigado, según el abogado, es "excusarse y exculparse de cualquier tipo de responsabilidad", si bien su criterio él es "claramente el dueño del negocio, el dueño en la sombra".

Y esta opinión, ha manifestado, "no solamente es nuestra, sino de casi todas las personas que han intervenido a lo largo de las declaraciones y de la instrucción del procedimiento, y también es una convicción clara de los investigadores han determinado que es el auténtico dueño, el dueño que no quería figurar como tal pero que era el verdadero gestor y el dominador de todo el negocio".

"Obviamente él puede decir en su defensa lo que crea conveniente, pero yo creo que las pruebas objetivas, los testimonios, desmienten esta exculpación", ha concluido el letrado.

El supuesto responsable de 'Teatre' se desvincula de la gestión de la sala y afirma que solo era el arrendador

 MURCIA.- El que la Policía Nacional considera responsable de la discoteca 'Teatre' de Murcia, donde el pasado 1 de octubre perecieron 13 personas a causa de un incendio, ha dicho a la salida de los juzgados que hace cinco años cedió la gestión de la sala y desde entonces no tiene "nada que ver" con su explotación, aunque ha aclarado que sí era el arrendador de la nave en el momento del suceso.

M.M. ha acudido a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado nº 3 de Murcia en compañía de su abogado, Manuel Maza, casi dos horas después del momento en el que estaba citado porque se ha visto inmerso en un atasco por las protestas de los agricultores en la zona del Puerto de la Cadena, entre Murcia y Cartagena.

En declaraciones a los medios de comunicación, el investigado ha indicado que "en todo momento" su abogado ha colaborado con la investigación. "No es cierto que yo haya estado en busca y captura", ha aclarado, para manifestar a continuación que "por circunstancias" ha permanecido en los últimos meses en el extranjero, "pero siempre a disposición de la Justicia".

"Siento mucho lo que ha acontecido, ha sido un daño tremendo para todos. Cuando yo creé esta sala, con mucha ilusión, fue para crear un espacio de divertimento", ha comentado M.M., quien ha indicado que siente "muchísimo lo que ha acontecido" y ha manifestado que él no tiene "nada que ver" con la explotación de la sala, porque desde hace cinco años estaba "totalmente al margen".

"Haber creado la sala, haberla construido en su día" le generó "un vínculo que hoy en día no existe", ha dicho M.M. en la puerta de la Ciudad de la Justicia donde minutos antes ha acudido a declarar, aunque solo ha contestado a las preguntas de su letrado. Según el investigado, el dueño de 'Teatre' es el propietario de las instalaciones.

Por su parte, Maza ha explicado que "la única vinculación" de su cliente tanto con la discoteca 'Teatre' como con la otra sala afectada, 'La fonda Milagros', es "como arrendador de la nave que él en su día reformó para poder hacerla con esta finalidad como sala de ocio".

Según el abogado, "lo único" que ha hecho M.M. "es pagar a los propietarios de la nave reformada" con el dinero que los explotadores de ambas discotecas, a su vez, le pagan. "Él no tiene nada que ver con la explotación, de tal forma que ni siquiera tenía conocimiento de que esa noche se iba a hacer la fiesta 'We Are Remember' ni la ha organizado, ni ha organizado absolutamente nada en ninguna de esas salas desde hace ya cinco años".

Por tanto, su cliente "no es el dueño del local", sino unos hermanos. Ellos, ha afirmado, "son los que arrendaron a mi cliente y éste lo que hizo es modificar y, sobre una nave totalmente expedita, creó lo que es ahora la sala 'Teatre' y 'La fonda Milagros', haciendo para ello un esfuerzo económico enorme", que ha cifrado en un millón de euros.

Así, "la estuvo explotando desde 2007, en su inauguración, hasta 2018", año en el que "decidió dejarla en manos de otra persona y con la única idea de traspasar el local por un precio que obviamente le pudiese reponer en parte" el dinero invertido, pero las personas explotadoras no llegaron a abonarle "el traspaso completo".

Maza ha insistido en que "la única relación" que tenía su cliente era la de cobrar la mensualidad para poder así hacer frente al pago al propietario. Además, con los trabajadores no tenía "ninguna relación".

"No es lo mismo ser propietario que el explotador; los explotadores son los que hicieron la fiesta y son los que ocasionaron o pudieron tener alguna responsabilidad de los hechos sucedidos", ha apostillado el letrado.

Preguntado sobre la orden de cierre que pesaba sobre las salas, Maza ha dicho que "los explotadores, los inquilinos, los subarrendadores, los que estaban explotando las salas, eran conocedores" de esta situación, porque "si no, no lo hubiesen alquilado".

A su parecer, "el Ayuntamiento de Murcia permitía que esas salas estuviesen abiertas, como así lo acreditan, por ejemplo, inspecciones que se han hecho o incluso sanciones de la Policía Local".

En cualquier caso, ha indicado que M.M. "no tiene ninguna responsabilidad porque ni siquiera sabía que ese día se iba a hacer esa fiesta, ni, por supuesto, que iba a haber maquinaria de fuego frío que él jamás la ha utilizado mientras era explotador".

"Es decir, no es que lo alquilase para subarrendarlo, sino para explotarlo hasta que él decidió no seguir vinculado", ha comentado Maza, quien ha subrayado que los arrendatarios de ambas salas eran C.P., J.I. y J.B. "Eran esas tres personas, explícitamente, los que le pagaban y, además, así consta documentado en las actuaciones".

"En definitiva, los únicos que podrían tener algún tipo de responsabilidad desde mi punto de vista por estos hechos son exclusivamente los explotadores, con los que mi cliente, la única vocación que tenía era cobrarles una mensualidad para a su vez poder pagar el arriendo del local a los propietarios", ha enfatizado.

Respecto a su estancia en el Caribe en los últimos meses, Maza ha sostenido que su cliente "tiene negocios allí", pero eso no le ha impedido estar a disposición de la Justicia. De hecho, ha dicho, "se encontraba en España en el momento de la sucesión de los hechos", aunque no en las discotecas, "porque no tenía vinculación".

"En el momento que lo supo estuvo aquí y estuvo a disposición de la Policía y de quien pudiese llamarlo, pero tuvo que atender sus negocios en el extranjero y viniendo aquí en el momento que fue requerido por la Policía. Él va a estar aquí cada vez que sea requerido y en cualquier momento a disposición, tanto de la Justicia como de la Policía, como de quien pueda ser llamado con respecto a este asunto", ha aclarado el abogado.